Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-00876-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-00876-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2015-00876-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
14 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00876-01 (71384)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Demandado: Norbey de Jesús Díaz Quintero
Proceso: Repetición
ACCIÓN DE REPETICIÓN-Competencia en vigencia del CPACA. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Régimen legal
aplicable por hechos ocurridos en vigencia de la Ley 678 de 2001. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos y
condiciones para su ejercicio. PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE EN REPETICIÓN-Causales previstas en el
artículo 6 de la Ley 678 de 2001. CARGA DE LA PRUEBA EN ACCIÓN DE REPETICIÓN-En vigencia de la Ley
678 de 2001, le corresponde al demandante acreditar la presunción y al demandado desvirtuarla. CONDENA
EN COSTAS-No procede porque la acción de repetición ventila un asunto de interés público.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia del 17 de enero de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones.
SÍNTESIS DEL CASO
El 27 de noviembre de 2004, agentes de la Policía Nacional hirieron de muerte a
Juan Camilo Bedoya Castaño. El 9 de octubre de 2012, la jurisdicción de lo
contencioso administrativo profirió sentencia condenatoria, ya que la víctima falleció
por el uso de un arma de dotación oficial y en atención al proceder errático de los
agentes de fuerza pública.
La entidad pagó la condena y demandó a Norbey de Jesús Díaz Quintero en
repetición, al considerar que su conducta fue gravemente culposa y derivó en la
condena impuesta. Alegó que, al ser el agente de mayor veteranía, debió supervisar
el operativo e investigar cualquier irregularidad.
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00876-01 (71384)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Demandado Norbey de Jesús Díaz Quintero
Asunto: Repetición
ANTECEDENTES
Demanda
El 20 de abril de 2015, la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional presentó
demanda de repetición contra Norbey de Jesús Díaz Quintero, para que se hicieran
las siguientes declaraciones y condenas:
«PRIMERO: DECLARESE (sic) al señor NORBEY DE JESUS DIAZ QUINTERO
identificado con (…) C.C. 15.922.760, responsable a título de DOLO o CULPA
GRAVE en razón a los hechos antes descritos acaecidos el 27 de noviembre de
2004, en la calle 85 del barrio campo Valdés, que dio lugar a la condena en proceso
de reparación directa bajo radicado 05001-23-31-000-2005-04728-01, mediante
Sentencia condenatoria de Segunda Instancia de fecha del 09 de octubre de 2012,
quedando debidamente ejecutoriado el 16 de noviembre de 2012, proferido por el H
Tribunal Administrativo de Antioquia, en el cual se acordó reconocer los perjuicios
causados al actor Margarita del Carmen Castaño y otros.
SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración, se CONDÉNE (sic)
al señor NORBEY DE JESUS DIAZ QUINTERO identificado con (…) C.C.
15.922.760, a pagar la suma de ($288.635.506.34) DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SIES (sic)
PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS, como lo dispuso la resolución de
pago número 1661 del 04 de diciembre de 2013, documento expedido por la
Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, que acreditan los pagos
que realiza la entidad a favor del demandante José Orlando Duarte Gómez y otros,
según Certificado de Pago de fecha 13 de diciembre de 2013 expedido por la señora
Tesorera General de la Policía Nacional, dineros que fueron consignados a nombre
del apoderado judicial de la parte actora legalmente constituido Dra. GIOVANNA
MARLEY MACIAS BEDOYA, a la cuenta de ahorros número 00847996056 Banco
Bancolombia S.A, documentos que acreditan en (sic) cumplimiento de la obligación
a favor del demandante.
TERCERO: Que se tenga en cuenta todo el conjunto probatorio que reposa en el
expediente número 05001-23-31-000-2005-04728-01, en el cual se acordó
reconocer los perjuicios causados al actor Margarita del Carmen Castaño y otros,
ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual fue allegado en debida forma y
valorada en su integridad por el Juez natural, toda vez que estas son conducentes,
pertinentes, necesarias y fueron valoradas para la toma de la decisión y demás
pruebas trasladadas que se encuentren dentro del plenario y que gozan de plena
validez.
CUARTO: Que la sentencia que ponga fin al presente proceso sea de aquellas que
reúna los requisitos exigidos dentro del título IV artículos 98 y 99 numerales 1 y 2
de la Ley 1437 de 2011 y 488 del C.P.C., es decir, que en ella conste una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, a fin de que preste mérito ejecutivo.
QUINTO: Que el monto de la condena que se profiera en contra del señor NORBEY
DE JESUS DIAZ QUINTERO identificado con (…) C.C 15.922.760 (sic).
SEXTO: Que se me reconozca personería jurídica para actuar como apoderada de
la parte demandante en este proceso.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00876-01 (71384)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Demandado Norbey de Jesús Díaz Quintero
Asunto: Repetición
SEPTIMO: Que se condene en costas a los demandados (sic), de conformidad al
(sic) artículo 188 de la Ley 1437 de 2011»1.
Hechos
La parte demandante señaló que, el 27 de noviembre de 2004, Juan Camilo Bedoya
Castaño se movilizaba en motocicleta en el barrio Campo Valdez de la ciudad de
Medellín, junto con otras cuatro personas. Los jóvenes no portaban casco o chaleco
reflectivo. Al advertir la presencia de unos agentes policiales, emprendieron huida y
tomaron rumbos separados. Durante ese recorrido, el señor Bedoya Castaño fue
impactado en dos ocasiones por los agentes que se encontraban en las patrullas
referidas, sin previa advertencia de pare. El joven fue trasladado a la Policlínica
Municipal, donde falleció.
Los familiares de Juan Camilo Bedoya Castaño interpusieron demanda de
reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con
fundamento en los hechos antes descritos. El proceso referido concluyó con
sentencia de segunda instancia dictada el 9 de octubre de 2012, dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones, al determinar
que la víctima falleció por proyectiles de arma usados por la fuerza pública y calificar
el «proceder errático de los militares (sic)». Como consecuencia de ello, la Policía
Nacional pagó a los accionantes la suma de $288.635.506,34.
La entidad pagó la suma ordenada y demandó al intendente Norbey de Jesús Díaz
Quintero, quien era miembro activo de la Policía para la fecha de los hechos. Explicó
que, si bien no se pudo determinar quién accionó el arma de fuego letal, el proceso
contencioso administrativo determinó la existencia de una falla del servicio. En
criterio de la actora, dicha falla recaería en el demandado a título de culpa grave,
por ser el policial más antiguo al mando durante el operativo.
Expresó que, en atención a su cargo y rango, el señor Díaz Quintero debía tomar el
liderazgo de los procedimientos, realizar las anotaciones del caso, acordonar el
lugar de los hechos, implementar la cadena de custodia de los elementos materiales
probatorios y determinar quién disparó su arma de dotación oficial. En línea con lo
anterior, argumentó que –sin perjuicio de su absolución en los procesos penales y
1 Samai, índice 2, documento «004ED_FL111pdf», p. 4-5.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00876-01 (71384)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
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Demandado Norbey de Jesús Díaz Quintero
Asunto: Repetición
disciplinarios– el exservidor demandado habría omitido el cumplimiento de sus
deberes funcionales2.
Contestación de la demanda
El curador ad litem del demandado manifestó que no hay certeza en cuanto a los
hechos que sirven de fundamento a la repetición. Explicó que, conforme a lo
expuesto en la sentencia condenatoria de la jurisdicción contenciosa, no fue posible
determinar cuál agente de policía disparó a la víctima. Por ende, se desconoce si la
conducta del demandado fue determinante en la condena emitida. Tampoco se
acreditó la negligencia del demandado o que su supuesta omisión incidió en la
ocurrencia del daño.
Señaló que las imputaciones efectuadas en la demanda no guardan relación con
los hechos que derivaron en la condena al Estado y que, por el solo hecho de
tratarse del funcionario más antiguo, no es posible derivar la culpa grave o el dolo3.
Sentencia de primera instancia
El 17 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia en
la que negó las pretensiones de la demanda. Constató el cumplimiento de los
presupuestos objetivos de la repetición –la existencia de una condena contra el
Estado, el pago efectuado y la condición de exagente–. No obstante, el Tribunal no
encontró que la culpa grave aducida en la demanda contara con respaldo
probatorio, en atención a que: (i) el fallo condenatorio se emitió con fundamento en
la falla anónima, sin identificar en quién radicó la conducta defectuosa; (ii) no está
probada la antigüedad del demandado al momento de los hechos, o que fuese el
agente más veterano entre los demás policiales; (iii) el solo hecho de la antigüedad
no permite acreditar el dolo o culpa en la comisión de la conducta; (iv) la ausencia
de cadena de custodia es un hecho posterior al accionar de las armas, y (v) la parte
demandante no se ocupó del recaudo del expediente en el cual se emitió la
sentencia condenatoria4.
2 Samai, índice 2, documento «004ED_FL111pdf».
3
Samai, índice 2, documento «010ED_FL107134pdf», p. 21-33.
4 Samai, índice 2, documento «022ED_08Sentenciapdf».
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Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
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Demandado Norbey de Jesús Díaz Quintero
Asunto: Repetición
Recurso de apelación
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Además de reiterar los argumentos expuestos en la demanda, esgrimió
que el Tribunal incurrió en una imprecisión «al no admitir que la condición de
superior y comandante del Demandado compromete su responsabilidad».
Expresó que no había discusión en cuanto a la antigüedad y veteranía de Norbey
de Jesús Díaz Quintero, además de su inexcusable omisión en cuanto al mando del
procedimiento. Indicó que, por su amplia trayectoria policial, le era exigible al
demandado un mayor nivel de prudencia y discreción en el manejo de su personal
y de la situación. Añadió que, conforme al artículo 91 de la Constitución, el mandato
superior no exime de responsabilidad al agente que infringe el orden constitucional5.
Trámite de segunda instancia
El 19 de abril de 2024, el Tribunal concedió el recurso de apelación6 y, el 14 de
noviembre siguiente, el Despacho lo admitió7. Ejecutoriado ese auto, el expediente
ingresó al despacho del Consejero sustanciador para proferir sentencia, conforme
al trámite previsto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Las partes guardaron
silencio8.
El Ministerio Público conceptuó desfavorable a las pretensiones, en razón a que no
está probada la conducta dolosa o gravemente culposa. Señaló que no es posible
extrapolar los argumentos de la sentencia condenatoria, porque el demandado no
hizo parte de ese trámite y no pudo controvertir las pruebas ahí presentadas. Explicó
que no está acreditado que el agente fuese el miembro más antiguo de quienes
participaron en las labores de patrullaje, aunado a que tal hecho, por si solo, no es
suficiente para endilgar responsabilidad. No obran pruebas que señalen el mando
militar, el armamento de dotación, los hechos que permitan atribuir responsabilidad
o el grado de participación de los integrantes del operativo9.
5 Samai, índice 2, documento «024ED_10ApelacionPoliciapd».
6 Samai, índice 2, documento «025ED_11AutoConcedeRecurso».
7 Samai, índice 4.
8
Samai, índice 11.
9 Samai, índice 10.
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Demandado Norbey de Jesús Díaz Quintero
Asunto: Repetición
CONSIDERACIONES
1. La demanda se presentó el 20 de abril de 2015, por ello, el régimen procesal
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA10, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este código11, en los aspectos no contemplados se
seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
2. En cuanto al régimen jurídico especial de la repetición, se advierte que los
hechos que produjeron la condena ocurrieron el 27 de noviembre de 2004, fecha en
que murió Juan Camilo Bedoya Castaño. Por ende, son aplicables las disposiciones
de la Ley 678 de 2001, que entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario
Oficial nº. 44.509 del 4 de agosto de 2001.
En efecto, la Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la CN
y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello,
los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen –en todos sus aspectos– por
ella12. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y
finalidades de este medio de control, sino que estableció unas presunciones legales
para calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor
público –artículos 5° y 6°–, que admiten prueba en contrario de conformidad con el
artículo 66 del Código Civil13.
10 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
11 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27006 [fundamento
jurídico 2.2].
13 «Artículo 66. Presunciones. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o
circunstancias conocidas. (…) Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son
determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que
legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos
que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. (…) Si una
cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria,
supuestos los antecedentes o circunstancias».
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00876-01 (71384)
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Demandado Norbey de Jesús Díaz Quintero
Asunto: Repetición
Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
3. La jurisdicción contenciosa administrativa conoce de los procesos de repetición
contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan
originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 del CPACA
y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP14, según el cual
conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
Al verificar el factor subjetivo de competencia, la calidad del demandado no es de
aquellas que corresponderían al Consejo de Estado en única instancia –artículo
149.13 del CPACA–15. Por demás, aunque el valor de la pretensión material mayor
($288.635.506,34) no supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.11 del
CPACA16 ($322.175.00017), la Sala acoge las consideraciones expuestas en la
admisión del recurso de apelación. En dicha oportunidad, se expresó lo siguiente:
«Si bien el Despacho advierte que la pretensión mayor de la demanda
-$288.635.506,34- no supera los 500 SMLMV a la fecha de radicación (28 de abril
de 2015) y el Tribunal Administrativo no era competente para conocer del proceso
en primera instancia por el factor objetivo de la cuantía. De conformidad con el
artículo 16 del CGP, la falta de competencia por factores distintos al subjetivo o
funcional es prorrogable cuando no se alegue en tiempo y el juez seguirá conociendo
del proceso. De la revisión del expediente no se evidencia que la parte demandada
excepcionara la falta de competencia por el factor objetivo en la oportunidad
pertinente, es decir, como excepción previa, por ende, el Tribunal siguió conociendo
14 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación […]».
15 «Artículo 149. El Consejo de Estado (…) conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 13. De
la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y
Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la
Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil,
Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales
administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y
entidades del orden nacional […]».
16 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 11. De la repetición que el Estado
ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas,
incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia […]».
17 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2015, $644.350, por 500.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00876-01 (71384)
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Demandado Norbey de Jesús Díaz Quintero
Asunto: Repetición
del proceso. En consecuencia, la competencia se entiende prorrogada y se seguirá
el trámite del recurso de apelación en esta instancia»18 (se destaca).
Medio de control procedente
4. La repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya
conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo
vinculado al proceso respectivo (art. 90 de la Constitución, art. 142 del CPACA,
inciso 1º del art. 2 de la Ley 678 de 2001 y arts. 1668.3 y 1670 del Código Civil).
Demanda en tiempo
5. El término para formular pretensiones, en repetición, es de dos años contados
a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el
artículo 11 de la Ley 678 de 2001 –antes de su modificación por el artículo 42 de la
Ley 2195 de 2022–. En atención a la exequibilidad condicionada dictada por la Corte
Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002, el término de
caducidad corre desde la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más
tardar, del vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA19.
La demanda se interpuso en tiempo –20 de abril de 2015–, porque la sentencia
condenatoria de segunda instancia se notificó a las partes en edicto desfijado el 30
de octubre de 201220 y el pago de la condena se efectuó el 17 de diciembre de
201321. En efecto, el giro se consignó en el plazo de 18 meses previsto en el artículo
177 del CCA y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al pago.
Legitimación en la causa
6. El artículo 90 de la Constitución, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de
2001, establece que la entidad que pagó la condena –por los perjuicios que sufrió
18 Samai, índice 4. Cabe anotar que la Sala, en oportunidades anteriores, ha determinado que la falta de
competencia en razón a la cuantía es prorrogable cuando las partes no la controviertan en tiempo. Ver: Consejo
de Estado. Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de julio de 2024, Rad. 53.145, y sentencia del 28
de octubre de 2024, rad. 69.222
19 Norma aplicable al proceso de reparación directa rad. 05001-23-31-000-2005-04728-01, en el cual se profirió
la sentencia condenatoria, comoquiera que la demanda de ese asunto se interpuso el 9 de febrero de 2005
(Samai, índice 2, documento «006ED_FL3361pdf», p. 4).
20
Samai, índice 2, documento «007ED_FL6267pdf», p. 1.
21 Según el comprobante de egreso No. 1500024652 (Samai, índice 2, documento «005ED_FL1232pdf», p. 41).
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un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor
o exservidor público– estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición.
Según la jurisprudencia, esta habilitación constitucional y legal implica que el Estado
reclama a su agente o exagente, por vía de acción de repetición, en virtud de un
deber-derecho para que se declare responsable al sujeto que, por su actuar doloso
o gravemente culposo, ha causado un daño antijurídico y por el cual el Estado ha
respondido. Se encamina, además, a la protección directa del patrimonio y de la
moralidad pública y, además, estimula el correcto ejercicio de la función pública. Así
las cosas, cuando una entidad pública interpone una acción de repetición, ejerce el
derecho constitucional de acudir a la jurisdicción, para efectos de subsanar el
desmedro patrimonial acaecido en razón del pago indemnizatorio realizado.
Sobre la autonomía de esta acción y de la legitimación del Estado para hacer uso
de este mecanismo, la Corporación ha señalado:
«De otra parte, considerando la autonomía de la acción de repetición, se debe tener
en cuenta que su ejercicio -por parte de las entidades públicas- no se fundamenta
en la figura jurídica de la subrogación, como se ha señalado, debido a que el Estado
no requiere para su interposición sustituir a la víctima indemnizada, pues ejercita un
derecho primigenio, otorgado directamente por la Constitución. Esta autonomía que
se predica de la acción de repetición debe entenderse conforme a lo dispuesto en
el artículo 90 Constitucional, norma que creó un mecanismo procesal netamente
independiente, esto en razón a que no existe otra clase de acción que la reemplace
en sus cometidos. Pero, así mismo, debe considerarse que su procedencia requiere
la condena judicial previa en contra de la entidad pública, y la prueba del pago de la
indemnización respectiva, estableciéndose -ambos- como requisitos de
procedibilidad, que podrán -incluso aportarse al proceso en la etapa probatoria.
Cabe advertir que en virtud de esta última situación no puede caracterizarse la
acción de repetición como “subsidiaria”, pues la norma Constitucional creó un
mecanismo procesal verdaderamente autónomo, y no accesorio a otra acción o
proceso, sólo que condicionó su procedencia al cumplimiento de ciertos
requisitos»22.
La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional está legitimada en la causa por
activa, porque pagó una condena judicial. Por otro lado, Norbey de Jesús Díaz
Quintero está legitimado en la causa por pasiva al ser el servidor público que, según
la demanda, dio lugar a la condena judicial con su conducta gravemente culposa.
Norbey de Jesús Díaz Quintero integró el escalafón del nivel ejecutivo de la Policía
en el cuerpo de vigilancia entre el 1 de febrero de 1997 y el 3 de enero de 2019,
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, Rad. 16335.
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Asunto: Repetición
según da cuenta el extracto de su hoja de vida obtenido en el Sistema de
Información para la Administración del Talento Humano-SIATH23, de modo que se
encontraba vinculado a la Policía Nacional al momento de los hechos –27 de
noviembre de 2004–.
Problema jurídico
7. Corresponde a la Sala determinar si se reúnen los requisitos para la
procedencia del medio de control de repetición y si, en atención a su antigüedad y
veteranía, la conducta del demandado fue gravemente culposa.
Análisis de la Sala
8. Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales
legalmente admisibles y valorables de hechos24, que prueban la decisión judicial y
los hechos procesales. Sin embargo, no sirven para probar los hechos que le
sirvieron de fundamento. En ese sentido, el juez, para decidir la controversia, debe
fundarse en las pruebas que obran en el proceso (artículo 164 del CGP). Las
providencias del 2 de febrero y 9 de octubre de 2012, proferidas dentro del proceso
de reparación directa en el que se condenó a la demandante, serán valoradas en
esos términos.
Presupuestos para la procedencia de la acción de repetición
9. La procedencia de la acción de repetición –además de la condición de servidor
o exservidor público, que ya fue analizada en el párrafo 6– requiere: (i) la obligación
reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente
culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones
públicas25.
Primer presupuesto: La obligación reparatoria a cargo de la demandante
10. El primer presupuesto para que proceda el medio de control de repetición es
que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como
23 Samai, índice 2, documento «012ED_FL145152pdf», p. 3.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24844.
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27006. Ver también:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42183.
10
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00876-01 (71384)
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consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo,
conforme lo dispone el artículo 2º de la Ley 678 de 2001. La obligación de la entidad
estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se acredita mediante una
sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o
extrajudicial, tal y como lo dispone la norma precitada.
11. Está acreditado que, dentro del proceso de reparación directa promovido por
Margarita del Carmen Castaño y otros contra la Nación-Ministerio de Defensa,
Policía Nacional, el 9 de octubre de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia
profirió sentencia de segunda instancia. La providencia referida declaró
administrativa y extracontractualmente responsable a la entidad de los perjuicios
ocasionados a raíz de la muerte de Juan Camilo Bedoya Castaño el 27 de
noviembre de 2004. En consecuencia, condenó al pago de perjuicios morales, daño
emergente y lucro cesante26.
Segundo presupuesto: El pago
12. Está acreditado que la entidad demandante pagó a Margarita del Carmen
Castaño y otros la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
con apoyo en los siguientes medios de prueba:
12.1. Resolución No. 1661 del 4 de diciembre de 2013, expedida por la Dirección
Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, por la cual se da cumplimiento a
una sentencia a favor de la señora Margarita del Carmen Castaño y otros. Este acto
ordena el pago de $290.414.918,34 a la apoderada Geovanna Macias Bedoya,
apoderada judicial de los beneficiarios con facultad para recibir, en la cuenta de
ahorros No. 008-479960-56 del Banco Bancolombia S.A27.
12.2. Comprobante de egreso No. 1500024652, suscrito por la Tesorera Rocío
Cubillos Rodríguez, donde se puede evidenciar el pago efectuado el 17 de
diciembre de 2013 por valor de $288.635.506,34, que incluye el descuento por
concepto de retención en la fuente por la suma de $ 2.093.426. La suma consignada
proviene de la cuenta contable de sentencias y conciliaciones y encuentra
fundamento en la Resolución 1661 antes referida28.
26 Samai, índice 2, documento «006ED_FL3361pdf», p. 14-58.
27
Samai, índice 2, documento «005ED_FL1232pdf», p. 29-39.
28 Samai, índice 2, documento «005ED_FL1232pdf», p. 41.
11
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00876-01 (71384)
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12.3. Certificación emanada de la Tesorera General de la Policía Nacional, capitán
Rocío Cubillos Rodríguez, en la que se reporta la consignación a Giovanna Marley
Macías Bedoya del valor neto de $288.635.506,34 el 13 de diciembre de 2013, a la
cuenta de ahorros No. 008-479960-56 de Bancolombia. El pago fue ordenado en
Resolución 1661 de 201329.
12.4. Certificado de ingresos y retenciones suscrita por la capitán Rocío Cubillos
Rodríguez, en el que se reporta que la Policía Nacional efectuó el pago de
$288.635.506,34 el 13 de diciembre de 201330.
12.5. Comprobante de orden de pago presupuestal registrado el 12 de diciembre
de 2013 y expedido a la gestión general de la Policía, en la que se certifica el valor
de pago de $288.635.506,34 a favor de Geovanna Marley Macías Bedoya, dirigido
a la cuenta de ahorros No. 008-479960-56 de Bancolombia. El catálogo de gasto
corresponde a sentencias y conciliaciones31.
Tercer presupuesto: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente
13. Como se dejó expuesto, el régimen sustantivo que gobierna esta acción de
repetición es la Ley 678 de 2001, de modo que se aplican las presunciones legales
previstas en los artículos 5º32 y 6º33 de esa ley, que califican la conducta del servidor
o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas presunciones inciden
directamente en la carga de la prueba porque, antes de la Ley 678 de 2001, le
correspondía al demandante acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado
a partir de la conducta de este último.
29 Samai, índice 2, documento «007ED_FL6267pdf», p. 5.
30 Samai, índice 2, documento «007ED_FL6267pdf», p. 7.
31 Samai, índice 2, documento «007ED_FL6267pdf», p. 9.
32 «La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades
del servicio del Estado. (…) Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 1. Obrar
con desviación de poder. 2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia
del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento. 3. Haber expedido el
acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven
de sustento a la decisión de la administración. 4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de
dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado. 5. Haber
expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial» –texto
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 2195 de 2002–.
33 «La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una
infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de
las funciones. (…) Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 1. Violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 2. Carencia o abuso de competencia para proferir de
decisión anulada, determinada por error inexcusable. 3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia
para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable. 4. (Aparte tachado inexequible
en sentencia C-455 de 2002) Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a
detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal» –texto anterior a
la entrada en vigencia de la Ley 2195 de 2002–.
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Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba34:
una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en
alguno de los supuestos de hecho que, según la ley, presumen el dolo o la culpa
grave, el demandado, a su vez, tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le
corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la
presunción. El juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente
con el fin de determinar si, no obstante configurarse alguna de las presunciones, el
demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. Además, evaluará los
eventos que no se subsumen en esos escenarios de presunción legal.
La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º de
la Ley 678 de 2001, consideró que estaban ajustados a la Constitución, pues esas
presunciones no implicaban una atribución automática de responsabilidad del
demandado. Al ser mecanismos procesales, le corresponde a la entidad probar el
supuesto de hecho de la presunción alegada y al demandado, mediante prueba en
contrario, desvirtuarlo para eximirse de responsabilidad. Para la Corte, de esta
forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el
debate probatorio35.
Ahora bien, para entender los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, la Sección
Tercera del Consejo de Estado precisó lo siguiente:
«Conviene advertir que la presunción se funda en lo que regular y ordinariamente
sucede: “praesumptio sumitur ex eo quod plerumque fit”. El recto sentido de este
figura, según enseña el profesor Rocha, es el que da su etimología: “prae y sumere,
o el infinitivo del verbo praesumere, presentir, tomar de antemano, porque por la
presunción se toma una cosa como verdadera (sumitur pro vero) antes de que
conste de otro modo, (…) de lo que comúnmente sucede, dada la constancia de las
leyes naturales, físicas, químicas, económicas, sociales, ex eo quod plerumque fit
(de aquello que sucede generalmente) (…) unas mismas consecuencias de unos
mismos hechos, procederes o actitudes semejantes de iguales situaciones”36. La
presunción, entonces, es un juicio que la ley o el juez se forma sobre la verdad de
algo, por la lógica relación que muestra con otro hecho diferente y conocido como
cierto37.
(…)
(i).- La presunción es un juicio lógico del legislador, que consiste en tener como
cierto o probable un hecho, partiendo de otro hecho debidamente probado. Cuando
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, Rad. 30327.
35 Corte Constitucional, sentencia C-374 del 14 de mayo de 2002 [fundamento jurídico 6] y C-778 del 11 de
septiembre de 2003.
36 ROCHA, Alvira, Antonio, De la Prueba en Derecho, Tomo I, Ediciones Lerner, Quinta Edición, Bogotá, 1967,
págs. 554 y 560.
37 Ibíd.
13
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un hecho está amparado con una presunción, se entiende que está exento o no
necesita de prueba, pues, precisamente, el objeto de la presunción es excluir ese
hecho del tema probatorio38 para tenerlo como realizado y verídico dentro del
proceso, dado que, como es la propia ley la que deduce esta consecuencia, se está
seguro de la deducción.
(ii).- Las presunciones pueden ser de derecho (“iuris et de iure”, de derecho y por
derecho); y legales (“iuris tantum”, sólo de derecho). Las presunciones legales
admiten prueba en contrario, mientras que las presunciones de derecho dan certeza
plena y absoluta del hecho y no admiten prueba en contra, pues se fundan en el
orden público.
(iii).- La fuerza de la presunción depende de la certeza del hecho conocido y de su
relación con un hecho desconocido que se establece como consecuencia de la
demostración de aquél. Por lo tanto, para su aplicación siempre se tiene que probar
un hecho, esto es, aquel del cual se deduce o se supone que es cierto otro hecho,
siendo este último el que al final interesa al proceso. En otras palabras, los hechos
en que se apoya una presunción legal se deben establecer o, mejor aún, probar y,
en este caso la presunción opera a favor de quien la invoca, relevándola o
eximiéndola de la prueba del hecho inferido o indicado en la disposición que la
contempla, a menos que la otra parte infirme la conclusión legal probando lo
contrario.
(iv).- Sin embargo, la dispensa de la prueba mediante la aplicación de una
presunción es sólo en parte, porque siempre el que la invoca está obligado a
demostrar el hecho en que la misma se funda o del cual la ley deduce la
consecuencia. De ahí que el profesor Rocha afirme que “[l]a dispensa de la carga
de la prueba para el favorecido con una presunción es, pues, apenas parcial y
respecto del hecho deducido, que es, el que indudablemente interesa demostrar.
Pero no resulta favorecido sino probando otros hechos, aquellos que siendo ciertos,
hacen creíble el segundo hecho39.
(v).- La presunción legal se funda en la más alta probabilidad de certeza pero no
excluye la posibilidad de error en el razonamiento del hecho cierto del cual se parte
para obtener una deducción y tampoco sobre la base conocida cuando la misma
termina resultando falsa o inexacta. Por eso, siempre se permitirá destruirla, esto
es, se otorga a la parte contra quien se hace valer, la posibilidad de probar la
inexistencia del hecho que legalmente se presume, aun cuando fueren ciertos los
antecedentes o circunstancias con fundamento en los cuales lo infiere la ley, como
también cuando éstos terminen siendo falsos. Es decir, la conjetura, suposición o
deducción de ley se puede desvirtuar por la parte a quien no le conviene, pues
admite prueba en contrario, circunstancia que libera de la carga de probar el hecho
presumido a la parte favorecida con la misma y la traslada a la otra parte quien debe
desvirtuarlo.
(vi).- En definitiva, al que desee beneficiarse de una presunción le corresponde
probar el hecho conocido y demostrado, ope legis, se aprovecha del otro hecho que
resulta indirectamente probado, pero siempre con la posibilidad de que la parte
contraria contra quien se aduce pueda desvirtuar el hecho presumido con el objeto
de evitar la operancia de la deducción contenida en la ley.
Así las cosas, la Ley 678 de 2001, al desarrollar el inciso segundo del artículo 90 de
la Constitución Política, en especial, para efectos de determinar si los servidores,
exservidores o particulares que desempeñen funciones administrativas actuaron
con dolo o culpa grave, estableció un listado de hechos en los que se dice presumir,
38 DEVIS, Echandía, Hernando, Tratado de Derecho Procesal Civil, Parte General, Tomo V, De la Prueba,
Editorial Temis, Bogotá, 1967, Pág. 287.
39 ROCHA Alvira, Antonio, Op. cit., p. 558.
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según las reglas de la experiencia, que han obrado bajo esas modalidades de
conducta. Con ello, el legislador buscó que en el caso de que se demostraran las
conductas descritas en los artículos 5 y 6 de la citada ley, el juez tuviera por cierto
que el comportamiento del agente público fue con dolo o culpa grave.
De todos modos, estima la Sala necesario precisar que las denominadas
presunciones son sólo algunas de las hipótesis o eventos de responsabilidad del
agente público, pues pueden presentarse muchos más casos que, pese a que no se
encuentran consagrados en las citadas causales de los artículos 5 y 6 de la Ley 678
de 2001, originan que el Estado repita contra el agente por haber obrado con dolo o
culpa grave en una actuación que produjo un daño antijurídico a un tercero por el
cual se haya visto en la necesidad de indemnizar»40.
14. Merece especial atención la causal de presunción de culpa grave prevista en el
numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 200141, consistente en la violación
manifiesta e inexcusable de normas de derecho, esto es, cuando el daño es
consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una
inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones42.
El fundamento de hecho de esta presunción no solo tiene lugar cuando el acto o la
conducta del agente desconoce el ordenamiento jurídico –es decir, no es una mera
violación normativa–; además, se requiere que el desconocimiento de la norma sea
manifiesto e inexcusable. Esto supone considerar: (i) que la norma exista en el
ordenamiento, (ii) la transgresión de la norma y (iii) evaluar si el demando obró o
expidió el acto administrativo (cuando hubiere lugar) sin una excusa válida. Esto
último se puede analizar a partir de un estudio de interpretaciones posibles de la
norma, de la posición jurisprudencial vigente al momento del acto o conducta, o, si
de la infracción normativa o del comportamiento se permite inferir que el demandado
obró con una negligencia grave (inexcusable) en el curso normal de sus funciones
–en los términos del Código Civil–.
15. Según la demanda y el recurso de apelación, Norbey de Jesús Díaz Quintero
–expolicía– actuó con culpa grave, por ser el policial más antiguo al mando durante
el operativo en el que falleció Juan Camilo Bedoya Castaño. La demanda argumentó
que, en atención a su cargo y rango, el señor Díaz Quintero debía tomar el liderazgo
de los procedimientos, realizar las anotaciones del caso, acordonar el lugar de los
hechos, implementar la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios
y determinar quién disparó su arma de dotación oficial.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 34816.
41
Declarado exequible por la Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002 y sentencia C-455 de 2002.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 34816.
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Previo al estudio de las pruebas allegadas al plenario, la Sala advierte que el juicio
de reproche formulado por la entidad demandante no guarda relación directa con
los hechos que produjeron la condena contra el Estado. Los reparos formulados
refieren a actuaciones posteriores a los hechos en los que se habría provocado la
muerte de Juan Camilo Bedoya Castaño, porque se relacionan con anotaciones,
acordonamientos, cadenas de custodia e investigaciones sobre lo ocurrido. Tales
supuestos de hecho impiden determinar si el daño antijurídico fue consecuencia de
la conducta del exagente policial.
Aunque la argumentación de la parte demandante resulta ineficaz a efectos de
atribuir responsabilidad subjetiva al demandado, ello no releva a la Sala del estudio
de las pruebas aportadas al plenario. Al tenor del artículo 280 del CGP, la motivación
de la sentencia contendrá el examen crítico de los medios probatorios, a efectos de
determinar si estos permiten demostrar la culpa grave alegada.
16. La Sala procede a la valoración de las pruebas documentales recaudadas en la
etapa probatoria, que consisten en las siguientes:
16.1. Certificación emitida el 17 de septiembre de 2014 por Arnubio Solis Henao,
secretario técnico del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de
Defensa Nacional y de la Policía Nacional. Deja constancia que, en agenda No. 035
del mismo día, el Comité decidió repetir contra el subintendente Norbey de Jesús
Díaz Quintero por el total del capital pagado, «toda vez que su conducta se
encuentra incurso en una de las causales que establece la ley, de culpa grave, la
cual dio origen a la condena contra la institución»43.
Este documento encuentra fundamento jurídico en el inciso segundo del artículo 4°
de la Ley 678 de 2001, conforme al cual el comité de conciliación deberá adoptar la
decisión respecto de la acción de repetición y dejar constancia expresa y justificada
de las razones en que se fundamenta. A su vez, el artículo 19.6 del Decreto 1716
de 2009 dispone que los comités de conciliación evaluarán los procesos fallados en
contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la repetición.
Visto lo anterior, la Sala debe formular las siguientes apreciaciones: (i) este medio
de prueba no respalda los supuestos de hecho que conllevaron a la condena contra
43 Samai, índice 2, documento «005ED_FL1232pdf», p. 27.
16
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00876-01 (71384)
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la Policía, y (ii) tampoco ofrece una argumentación suficiente para determinar y
demostrar la culpa grave del exservidor demandado.
16.2. Sentencia del 9 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, que resolvió la demanda de reparación directa interpuesta por
Margarita del Carmen Castaño y otros contra la Nación-Ministerio de Defensa,
Policía Nacional, para reclamar los perjuicios causados por la muerte de Juan
Camilo Bedoya Castaño44.
La autoridad judicial revocó la sentencia desestimatoria de primera instancia y, en
su lugar, accedió a las pretensiones. Encontró probada una falla del servicio de
carácter anónimo, en atención a que: (i) las declaraciones de los agentes que
participaron en el operativo fueron contradictorias, (ii) otras declaraciones dan
cuenta de que había una patrulla de policía estacionada en el sector, desde donde
se efectuaron los disparos; (iii) es posible determinar que los proyectiles
encontrados en el cadáver corresponden a fusiles típicamente empleados por
agentes de la fuerza pública, y (iv) conforme a una sentencia penal absolutoria, se
determinó que el disparo fue efectuado por un policía de la patrulla, pero no era
posible individualizar al autor material.
Este documento permite acreditar la existencia del proceso de reparación directa
con rad. 05001-23-31-000-2005-04728-01, así como de la condena impuesta a la
entidad demandada –que, actualmente, reclama en repetición–. No obstante,
resulta improcedente en esta instancia retomar las apreciaciones y conclusiones
efectuadas en cuanto al material probatorio recaudado en el proceso de reparación
directa. Además, al revisar la línea de decisión adoptada por el Tribunal, se tiene
que la responsabilidad por falla del servicio fue de carácter «anónima», en términos
del juzgador.
Lo anterior no obsta para reiterar la jurisprudencia relacionada con el valor
probatorio de las providencias condenatorias en sede de repetición. En varias
ocasiones se ha anotado que la sola declaratoria de responsabilidad del Estado no
demuestra automáticamente la conducta dolosa o gravemente culposa del
44 Samai, índice 2, documento «006ED_FL3361pdf», p. 14-58.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00876-01 (71384)
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funcionario, ni es vinculante en el juicio de reproche subjetivo que debe efectuar el
juez de la repetición45.
La Corte Constitucional, en sentencia de unificación, ha señalado la importancia de
que el operador judicial califique en forma independiente la conducta del
demandado, para establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con
el daño que motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso, (ii) si
el comportamiento fue determinante en la ocurrencia de esa afectación, teniendo en
cuenta las funciones contempladas en la ley y el grado de diligencia atribuible al
servidor público en razón de los requisitos del cargo, la jerarquía o la retribución
económica recibida y, iii) cuál fue el grado de participación del agente46.
A partir de lo expuesto, la providencia allegada no tiene conducencia probatoria o
argumentativa para demostrar la culpa grave del demandado.
17. La Sala estima necesario estudiar la etapa probatoria en cuanto al recaudo
de dos medios probatorios solicitados en la demanda y decretados en audiencia
inicial del 16 de mayo de 201947, consistentes en: (i) un exhorto a la estación de
policía de Villahermosa, a fin de que sean remitidos los antecedentes
administrativos relacionados con la muerte de Juan Camilo Bedoya Castaño, y (ii)
el traslado de la totalidad del expediente de reparación directa en el que se profirió
la sentencia condenatoria.
En respuesta al exhorto dirigido a la estación de policía de Villahermosa, dicha
dependencia emitió el oficio DISP3-ESVIH-1.10 del 31 de mayo de 201948, en la
cual informó que el acervo documental de la estación no contiene datos que
indicaran la ejecución de algún procedimiento policial realizado con Juan Camilo
Bedoya Castaño, «teniendo en cuenta que las nomenclaturas relacionadas al
interior de su petición, para la fecha de los hechos y actualmente no codifican en
jurisdicción de esta Unidad Policial».
45 Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, rad. 69450. Ver
también: Consejo de Estado-Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222; Consejo de
Estado-Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, rad. 33450; Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección C, sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp. 43056, y Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2024, rad. 59728.
46 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020.
47 Acta visible en Samai, índice 2, documento «010ED_FL107134pdf», p. 21-33; grabación visible en Samai,
índice 2, documento «014ED_AUDIENCIAINICIALFL13».
48 Samai, índice 12, documento «40_RECIBEMEMORIAL_Folio151_1_20250610135111067».
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00876-01 (71384)
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En cuanto al recaudo del expediente de reparación directa, la Secretaría General
del Tribunal Administrativo de Antioquia emitió el exhorto No. 150/2019 del 23 de
septiembre de 2019, dirigido al Juzgado Décimo Administrativo de Medellín, con el
fin de lograr el recaudo de la prueba decretada49. A su turno, en autos del 6 de
noviembre de 201950 y 3 de marzo de 202051, el magistrado sustanciador requirió a
la parte demandante para que acreditara la entrega del exhorto a su destinatario,
so pena de entenderse el desistimiento de la prueba. Al no acreditarse alguna
actuación posterior, el Tribunal corrió traslado para alegar de conclusión52, de modo
que la demandante desistió del recaudo del expediente referido.
Lo anterior evidencia la imposibilidad de recaudar estos medios de prueba, habida
cuenta que la demandante –parte interesada en su recaudo– (i) desconocía la
dependencia en la que estaban archivados los antecedentes administrativos del
procedimiento en el que falleció Juan Camilo Bedoya Castaño, y (ii) desistió del
recaudo del expediente en el que se profirió la sentencia condenatoria y, por ende,
de las pruebas que sirvieron de fundamento a esa decisión.
El artículo 280 del CGP impone al juez el deber de calificar la conducta procesal de
las partes en la sentencia. Por otra parte, el artículo 167 del CGP establece el deber
de las partes de probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen. Este deber, en acciones de repetición, implica que la
parte demandante debe acreditar la conducta dolosa o gravemente culposa del
agente demandado o, cuanto menos, las causales de presunción previstas en la
Ley 678 de 2001 [párrafo 13].
La etapa probatoria en primera instancia da cuenta de la inactividad de la Policía
Nacional, autoridad que no colaboró con el recaudo de los medios solicitados en la
demanda. Además, la entidad desconocía la dependencia en la que reposaban los
antecedentes administrativos relevantes para formular la demanda, situación que
no se ajusta al principio de coordinación previsto en el artículo 3.10 del CPACA53.
49 Samai, índice 2, documento «013ED_FL153159pdf», p. 1.
50 Samai, índice 2, documento «012ED_FL145152pdf», p. 13.
51 Samai, índice 2, documento «013ED_FL153159pdf», p. 3.
52 Ibidem, p. 9.
53 «Artículo 3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política,
en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad,
coordinación, eficacia, economía y celeridad.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00876-01 (71384)
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Asunto: Repetición
Esta inacción condujo a la imposibilidad de recaudar medios de prueba cuyo estudio
habría sido relevante, a efectos de determinar la responsabilidad del demandado.
18. Vista la comunidad de la prueba, la Sala arriba a la misma conclusión del
Tribunal y del agente del Ministerio Público: no obran medios probatorios que
determinen alguna conducta activa u omisiva del demandado. Por ende, resulta
imposible estudiar si su conducta era calificable a título de dolo o culpa grave, o si
tenía relación causal con la muerte de Juan Camilo Bedoya Castaño –hecho por el
cual el Estado fue condenado–. Al no estar demostrado el elemento subjetivo de la
repetición, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
Condena en costas
19. El artículo 188 del CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. Conforme al
artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.
Estas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el
expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos del 362 al 366 del CGP.
El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
Respecto de las costas del proceso, el numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone
que «solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación» y la liquidación la hará de manera concentrada
el juzgado o tribunal que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
en los términos del artículo 366 del CGP54.
(…) 10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras
instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los
particulares».
54 «Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00876-01 (71384)
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En algunas oportunidades, la Corporación se ha abstenido de imponer condena en
costas en los procesos de repetición, por considerar que tales controversias
persiguen un interés público55. No obstante, en otros asuntos se ha impuesto
condena en costas, bajo las siguientes razones de derecho:
«…esta Sala ha explicado que la expresión normativa “interés público”
necesariamente debe ser asimilada a “acciones públicas, contencioso objetivo o de
mera constitucionalidad y/o legalidad” en atención al principio de interpretación del
efecto útil de las normas, de modo que en los procesos contencioso subjetivos en
los que se ventilen intereses particulares o individuales de las entidades públicas o
de los particulares (v.gr. medios de control de nulidad y restablecimiento;
controversias contractuales; reparación directa, repetición, entre otros) procederá la
condena en costas a la parte vencida, sin importar si es demandante o demandada,
en los términos establecidos por las normas procesales generales a las que remite
la disposición»56.
En otra oportunidad, esta Subsección ha determinado que el CPACA no establece
una exoneración absoluta de costas a favor del Estado y que la acción de repetición
no persigue, de manera directa, un interés público. Ello bajo las siguientes razones:
«La Sala precisa que, en esta jurisdicción, el Código Contencioso Administrativo
(CCA) exceptuaba la imposición de costas en las “acciones públicas” (artículo 171),
mientras el CPACA exceptúa “los procesos en que se ventile un interés público”
(artículo 188). De esta forma, el legislador colombiano cambió la orientación de la
exoneración a la imposición de costas en lo contencioso administrativo, debido a
que las “acciones públicas”, además de perseguir un interés público —sin que se
discutan derechos subjetivos— tienen otros atributos, como lo son la legitimación
universal (o abierta a cualquier “ciudadano”), la posibilidad de la intervención de
terceros, la coadyuvancia y la imprescriptibilidad. Lo anterior, sin embargo, no
implica que en cualquier asunto, con pretensiones patrimoniales, en el que el
demandante sea un ente estatal se ventile un interés público.
Así, al no haberse decantado claramente el legislador, en el CPACA, por una
exoneración absoluta de costas en contra del Estado, no cabe darle esta
interpretación a su artículo 188, que prevé disponer sobre la condena en costas,
“salvo en los procesos en que se ventile un interés público”, pues tal entendimiento
supondría un criterio subjetivo en materia de costas, relacionado con el fuero de una
de las partes, que el precepto legal no prevé.
Ahora, el medio de control de repetición constituye “una acción civil de carácter
patrimonial”, por el cual el organismo estatal pretende el reembolso de la condena
causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes, para así
garantizar, de forma mediata, “los principios de moralidad y eficiencia de la función
pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella”. Si bien,
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas […]».
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2024, rad. 71254.
Ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, rad. 65825;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2021, rad. 55227, y
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2024, rad. 59728.
56
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2025, Rad. 71907. Ver
también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2024, Rad. 66764.
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Nacional
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Asunto: Repetición
de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público,
este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso»57.
A raíz de lo anterior, procede la imposición de costas en segunda instancia, porque
el recurso interpuesto por la parte demandante no prosperó y la sentencia de
primera instancia fue confirmada en su integridad. Resulta improcedente decretar
agencias en derecho, comoquiera que la parte demandada fue representada por
curador ad litem, quien desempeñó el cargo en forma gratuita como defensor de
oficio (artículo 48.7 del CGP).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de enero de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante,
en favor de la demandada. Sin agencias en derecho de la segunda instancia.
TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, Rad. 56897.
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VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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