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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2015-00877-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-00877-01

Fecha
31 de mayo de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-00877-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2023 por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. 20 Código General del Proceso, “artículo 365 (…) 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.”. 17 Expediente 05001-23-33-000-2015-00877-01 (70.702) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Repetición - apelación de sentencia 2º) Condénase en costas de segunda instancia a la parte actora y fíjanse agencias en derecho a su cargo en cuantía equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta providencia en favor de la demandante Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. 3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2015-00877-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

31 de mayo de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, treinta y uno (31) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-33-000-2015-00877-01 (70.702)
Demandante: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL
Demandado: LUBIER VERA LÓPEZ
Medio de control: REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CADUCIDAD DEL
MEDIO DE CONTROL JURISDICCIONAL – NO
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 94 DEL CGP

Síntesis del caso: se dirige la demanda de repetición en contra del exagente de la Policía
Nacional Lubier Vera López quien, el 6 de mayo de 2006, condujo el vehículo automotor
oficial de placas no. 05-339 y se vio involucrado en un accidente de tránsito en el que perdió
la vida el señor Wágner Alexis Urrego; por este hecho la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional fue declarada patrimonialmente responsable y condenada a pagar la
correspondiente indemnización por cuyo monto se repite. La Sala confirma la decisión de
primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada1 en
contra de la sentencia del 25 de septiembre de 20232 proferida por la Sala Quinta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable al señor LUBIER
VERA LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.633.249, por
la condena impuesta por el Juzgado 9 Administrativo de Medellín el
11/4/2007, aclarada mediante providencia de 1/12/2009 y confirmada el
16/11/2012 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO: CONDENAR a LUBIER VERA LÓPEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.633.249, a reintegrar la suma de setecientos
ochenta y nueve millones novecientos sesenta y un mil quinientos ochenta
y cuatro pesos ($789.961.584 COP), a favor de la NACIÓN –MINISTERIO
DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL con Nit. 800141397-5, de
conformidad con lo expuesto en los acápites 56 a 60 de la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: SIN COSTAS.

1 Documento “026ED_22APELACIONDEMANDADO.pdf” expediente digital, índice 2 SAMAI.
2 Documento “024ED_20SENTENCIAPRIMERAIN.pdf” expediente digital, índice 2 SAMAI.

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Expediente 05001-23-33-000-2015-00877-01 (70.702)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Repetición - apelación de sentencia

CUARTO: RECURSOS. Contra la presente decisión procede el recurso
de apelación ante el Consejo de Estado” (fl. 14 documento
“024ED_20SENTENCIAPRIMERAIN.pdf” expediente digital, índice 2
SAMAI - mayúsculas sostenidas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 20 de abril de 2015 (fl. 1 cdno. ppal.), la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional a través de apoderado judicial promovió
demanda en ejercicio del medio de control judicial de repetición (fls. 1 a 12 cdno.
ppal.) en contra de Lubier Vera López en la cual se formularon las siguientes
pretensiones:

“1. DECLÁRESE al señor LUBIER VERA LÓPEZ identificado con
cedula de ciudadanía número 79.633.249, responsable a título de
DOLO o CULPA GRAVE en razón a los hechos antes descritos acaecidos
06 de mayo de 2006, en el municipio de San Pedro de los Milagros,
Antioquia, que dio lugar a la condena en proceso de reparación directa
bajo radicado 05001-33-31-009-2007-00094-01, mediante Sentencia
Condenatoria de Primera Instancia de fecha 04 de noviembre de 2012,
proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Medellín, siendo
confirmada el 16 de noviembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala de Descongestión, Sala Quinta de Decisión, quedando
debidamente ejecutoriada el 30 de noviembre de 2012, dentro expediente
05001-33-31-009-2007-00094-01 en el cual se acordó reconocer los
perjuicios causados al demandante Diana María Giraldo Londoño y otros.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración, se
CONDENE al señor agente retirado LUBIER VERA LÓPEZ identificado
con cedula de ciudadanía número 79.633.249, a pagar la suma de
($595.604.074.48) de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON
CUARENTA CENTAVOS, como lo dispuso la resolución de pago número
1488 del 18 de noviembre de 2013, documento expedido por la Dirección
Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, y como consta en el
certificado de pago siendo cancelada 19 do noviembre de 2013,
expedido por la señora Tesorera General de la Policía Nacional, dineros
que fueron consignados a la demandante Wágner Alexis Urrego y otros,
a la cuenta de ahorros número 10597086585 Banco Bancolombia S.A, tal
como aparece suscrito en el certificado de pago de fecha 19 de
noviembre de 2013 expedido por la señora Tesorera General de la
Policía Nacional, que adjunto en original al presente medio de control de
repetición, documentos que acreditan en cumplimiento de la obligación a
favor del demandante.

TERCERO: Que se tenga en cuenta todo el conjunto probatorio que
reposa en el expediente número 05001-33-31-009-2007-00094-01, en el
cual se acordó reconocer los perjuicios causados al actor Wagner Alexis
Urrego y otros, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual fue
allegado en debida forma y valorada en su integridad por el Juez natural,

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Expediente 05001-23-33-000-2015-00877-01 (70.702)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Repetición - apelación de sentencia

toda vez que estas son conducentes, pertinentes, necesarias y fueron
valoradas para la toma de la decisión y demás pruebas trasladadas que
se encuentren dentro del plenario y que gozan de plena validez.

CUARTO: Que la sentencia que ponga fin al presente proceso sea de
aquellas que reúnan los requisitos exigidos dentro del título IV artículos
98 y 99 numerales 1 y 2 de la Ley 1437 de 2011 y 488 del C.P.C., es decir,
que en ella conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a
fin de que preste mérito ejecutivo.

QUINTO: Que el monto de la condena que se profiera en contra del señor
LUBIER VERA LÓPEZ identificado con cedula de ciudadanía número
79.633.249.

SEXTO: Que se me reconozca personería jurídica para actuar como
apoderada de la parte demandante en este proceso.

SÉPTIMO: Que se condene en costas a los demandados, de conformidad
al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.” (fls. 4 a 5 cdno. ppal. - negrillas y
mayúsculas sostenidas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las súplicas la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 6 de mayo de 2006, aproximadamente a las 4 pm, en la vía que conduce al
municipio de Enterríos (Antioquia), el entonces agente activo de la Policía Nacional
Lubier Vera López, de manera imprudente y en estado de embriaguez condujo la
camioneta oficial de propiedad de la entidad e identificada con placas número 05-
339, la cual colisionó con el motociclista Wágner Alexis Urrego, quien perdió la vida.

2) Por estos hechos se inició un proceso penal por el delito de homicidio culposo en
contra de Lubier Vera López, quien también fue investigado disciplinariamente y
sancionado con destitución del servicio de la Policía Nacional.

3) La familia del fallecido Wágner Alexis Urrego promovió un proceso de reparación
directa que culminó con sentencia de segunda instancia dictada el 16 de noviembre
de 2012 por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia
(radicación no. 05001-33-009-2007-0094-01), a través de la cual se declaró la
responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional,
quien fue condenada a pagar los perjuicios morales y materiales causados.

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Expediente 05001-23-33-000-2015-00877-01 (70.702)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Repetición - apelación de sentencia

3) En cumplimiento de la anterior decisión, la Dirección Administrativa y Financiera
de la Policía Nacional expidió la Resolución no. 1488 del 18 de noviembre de 2013
que ordenó el pago de la condena impuesta en favor de los demandantes en
reparación directa, ese pago se materializó el 19 de noviembre de 2013 con la
consignación de quinientos noventa y cinco millones seiscientos cuatro mil setenta
y cuatro pesos con ocho centavos ($595.604.074,08) en la cuenta de ahorros no.
10597086585 de Bancolombia cuyo titular fue una de las familiares del fallecido
Wágner Alexis Urrego.

4) Si bien la conducción de vehículos automotores es una actividad peligrosa, no lo
es menos que fue la actuación imprudente del hoy exagente Lubier Vera López la
causa del daño por el cual la Policía Nacional fue condenada, en ese sentido se
deben “aplicar las presunciones de dolo o culpa grave, debe entenderse que la
Policía Nacional se encuentra legitimada para acudir en demanda de repetición a
fin de obtener el reintegro de la indemnización pagada a las víctimas por estos
hechos” (fl. 4 cdno. ppal.).

3. Contestación de la demandada

1) La demanda de la referencia fue admitida el 13 de agosto de 2015 (fls. 90 a 91
cdno. ppal.), providencia en la que se ordenó la notificación personal del señor
Lubier Vera López, quien fue notificado por emplazamiento y se encuentra
representado por curador ad litem3.

2) En escrito presentado el 24 de septiembre de 2017 (fls. 147 a 149 cdno. ppal.),
la curadora ad litem del señor Lubier Vera López contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones, por estimar que i) no existió claridad en el título aducido por la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la autoridad aludió de manera

3 La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en la demanda manifestó que conforme el

sistema de información de talento humano (SIATH) de la MEVAL, el agente retirado Lubier Vera
López tenía como último domicilio registrado la dirección calle 52 A número 55-10 barrio Mirador del
municipio Rionegro (Antioquia) (fl. 12 cdno. ppal.); el a quo mediante auto del 13 de agosto de 2015
ordenó la notificación personal del demandado y ordenó que por secretaría se expidiera la respectiva
citación al lugar del domicilio referido por la demandante (fls. 90 a 91 cdno. ppal.); sin embargo,
Servicios Postales Nacionales SA 4-72 mediante correo certificado refirió que la citación fue devuelta
porque el señor Lubier Vera López no reside en dicha dirección (fls. 96 a 97 cdno. ppal.), de modo
que se ordenó su emplazamiento (fl. 98 cdno. ppal.), en proveído del 19 de mayo de 2017 el tribunal
autorizó que este se hiciera por cualquier medio escrito de amplia circulación nacional (fl. 114 cdno.
ppal.), siendo publicado en el diario El Colombiano en la edición dominical del 3 de septiembre de
2017 (fl. 125 cdno. ppal.).

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Expediente 05001-23-33-000-2015-00877-01 (70.702)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Repetición - apelación de sentencia

indistinta al dolo y a la culpa grave, aspecto este que impide una adecuada defensa
porque “el dolo y la culpa grave son institutos jurídicos autónomos, independientes
y distintos” (fl. 147 cdno. ppal.); ii) las súplicas de la demanda son antitécnicas y se
encuentran fundamentadas en las mismas razones que tuvo otra autoridad judicial
para declarar la responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional, empero, no
explicitan las razones de la repetición; iii) la demandante no demostró ni el dolo ni
la culpa grave, las pruebas aportadas no evidencian ninguna de las dos y, iv)
propuso como excepción la “caducidad del medio de control”, porque, si bien la
demanda fue presentada antes del plazo de los dos años que establece el artículo
164 del CPACA, no es menos cierto que “el artículo 94 del Código General del
Proceso, aplicable al presente trámite por expresa remisión del artículo 306 del
CPACA, establece que la presentación de la demanda impide que se produzca la
caducidad siempre que el auto admisorio de aquella se notifique al demandado
dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación
al demandante (…) la demanda en el presente asunto fue admitida el 26 de agosto
de 2015 y notificada a la parte demandante el 27 de agosto de 2015 (…) mientras
que la notificación a mi representado (…) solo se vino a materializar el 27 de agosto
de 2019, es decir, cuatro años después de la notificación a la demandante” (fls. 148
a 149 cdno. ppal.), de modo que debe declararse que ha operado el fenómeno de
la caducidad.

4. Sentencia de primera instancia

El 25 de septiembre de 2023, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda4 con fundamento en el siguiente
razonamiento:

1) Se encuentran cumplidos los elementos generales para la procedencia del medio
de control jurisdiccional de repetición, esto es, la existencia de una condena en firme
en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, el pago efectivo
a la víctima del daño y la condición del demandado como agente para el momento
de los hechos, asimismo, se demostró que el señor Lubier Vera López fue retirado
del servicio activo de la Policía Nacional, luego de haber sido destituido mediante

4
Documento “024ED_20SENTENCIAPRIMERAIN.pdf” expediente digital, índice 2 SAMAI.

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Expediente 05001-23-33-000-2015-00877-01 (70.702)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Repetición - apelación de sentencia

resolución no. 00470 del 14 de febrero de 2007 de la Oficina de Control Disciplinario
de la Policía Nacional.

2) En relación con el pago, con la resolución no. 1488 del 18 de noviembre de 2013
expedida por la Policía Nacional, el comprobante de egreso del 21 de noviembre de
2013, el comprobante de pago del Sistema de Información Financiera SIIF del 25
de noviembre de 2013, el certificado de la tesorería general del 25 de noviembre de
2014 y el certificado de ingresos y retenciones de Gloria Mary Vélez Agudelo del 26
de noviembre de 2014, se encuentra demostrado de la Policía Nacional pagó a los
demandantes del proceso de reparación directa no. 2007-00094 la suma de
quinientos noventa y cinco millones seiscientos cuatro mil setenta y cuatro pesos
con dieciocho centavos ($595.604.074,18), de los cuales cuatrocientos sesenta y
dos millones novecientos ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cuatro pesos
($462.948.352) corresponden a capital, único por el cual procede el medio de control
de repetición, pues, no se le puede imputar al señor Lubier Vera López la indexación
e intereses pagados por la ahora demandante.

3) Respecto de la existencia del dolo o la culpa grave, se advierte que los hechos
que dieron lugar a la demanda de repetición ocurrieron el 6 de mayo de 2006 (fecha
en la cual ocurrió el accidente por el que perdió la vida del señor Wágner Alexis
Urrego), de manera que son aplicables las presunciones de que trata la Ley 678 de
2001 y, en ese sentido, puesto que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional alegó las presunciones de dolo y culpa grave, de conformidad con las
pruebas aportadas al proceso de la referencia “se encuentra probada la culpa grave
del demandado, toda vez que aun cuando no se advierte que su actuar se dio con
la intención de causar un perjuicio, sí muestra un proceder imprudente y negligente;
máxime si se tiene que por la condición de Policía que ostentaba para la época de
los hechos y a sabiendas de la actividad peligrosa que desarrollaba, como lo es la
conducción de un vehículo, estaba en la obligación de guardar el deber de cuidado
que la ley le impone, conducir con prudencia, respetando las formas de tránsito e
incurrió en la hipótesis del artículo 5-4 de la Ley 678 de 2001, como quiera que fue
sancionado penal y disciplinariamente por los mismos daños. Resulta indiscutible
que Lubier Vera López para el 6/5/2006 conducía el vehículo oficial de la Policía
Nacional asignado bajo los efectos del alcohol infringiendo directamente el artículo
151 del Código Nacional de Tránsito y el artículo 37-2 del Decreto Ley 1789 de
2000, ocasionando con ello la muerte del señor Wágner Alexis Urrego y como

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Expediente 05001-23-33-000-2015-00877-01 (70.702)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Repetición - apelación de sentencia

consecuencia de ello un detrimento para la demandante quien tuvo que indemnizar
a los familiares de la víctima por los hechos”5.

4) El demandado no desvirtuó la presunción de culpa grave contenida en el numeral
uno del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 en su texto original, esto es, la violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, en ese sentido, procede la
repetición por el capital pagado, el cual no comprende el pago de indexación e
intereses; en consecuencia, conforme los documentos aportados al expediente se
tiene que la demandada en cumplimiento de la sentencia dictada el 11 de abril de
2007 pagó la suma de $462.984.354 que actualizada a la decisión de primera
instancia (25 de septiembre de 2023) corresponde al valor de $789.961.584.

5) No se condena en costas por la naturaleza del proceso.

6. Recurso de apelación

El 2 de octubre de 2023, la parte demandada interpuso recurso de apelación6 en el
que solo cuestionó la existencia de la caducidad, pues, en su criterio, dicho
fenómeno jurídico procesal operó en los términos del artículo 94 del Código General
del Proceso y, en esa medida, pidió que se revoque la sentencia impugnada, en
concreto dijo lo siguiente:

“1. MOTIVO DE INCONFORMIDAD.

Se reprocha a la Sala de decisión no haberse pronunciado sobre uno de
los fundamentos principales de la oposición que como curadora ad litem
he realizado a las pretensiones de la demanda, que no es otra cosa que
haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad por no haberse
realizado la notificación del auto admisorio de la demanda a mi prohijado
dentro del año siguiente a la notificación por estados de la misma
actuación a la parte demandante.

En la contestación de la demanda, así como en los alegatos de conclusión
se insistió en el asunto, como quiera que esa es la consecuencia jurídica
establecida en el artículo 94 del Código General del Proceso, que clara y
diáfanamente establece que, aplicado en el presente caso, nos
encontramos que la acción o medio de control de repetición, se encuentra
de sobra caducado.

2. PETICIÓN Y ALCANCE.

5 Fl. 12 del PDF documento “024ED_20SENTENCIAPRIMERAIN.pdf” expediente digital, índice 2

SAMAI.
6 Documento 026ED_22APELACIONDEMANDADO expediente digital, índice 2 SAMAI.

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Expediente 05001-23-33-000-2015-00877-01 (70.702)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Repetición - apelación de sentencia

Por lo anterior, respetuosamente solicito al H. Consejo de Estado, revocar
la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegar las pretensiones
de la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad”
(documento 026ED_22APELACIONDEMANDADO expediente digital,
índice 2 SAMAI).

7. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto del 14 de febrero de 2024 (índice 4 SAMAI) se admitió el recurso de
apelación y el 12 de marzo de 2024 (índice 11 SAMAI) ingresó el expediente al
despacho para dictar sentencia, según lo dispuesto en el artículo 247 numeral quinto
de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

2) En la oportunidad procesal, el representante del Ministerio Público rindió
concepto en el cual solicitó confirmar el fallo de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda por estimar que: i) el único punto
de inconformidad con la sentencia de primera instancia radica en la caducidad del
medio de control jurisdiccional de repetición, para la parte demandada el auto
admisorio de la demanda debió serle notificado en el año siguiente de la notificación
del mismo a la parte actora y, como ello no ocurrió se configuró el fenómeno de la
caducidad en los términos del artículo 94 del Código General del Proceso, norma
que aduce es aplicable a esta jurisdicción por remisión directa del CPACA; ii)
contrario a lo dicho por la apelante, la norma aplicable al caso concreto es el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concreto, el
artículo 192 y el numeral 2, literal l del artículo 164 del CPACA; iii) de conformidad
con las disposiciones referidas, el término para presentar la demanda de repetición
es de dos (2) años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago o, a más
tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago
de la condena, el cual, para el caso, fue de diez (10) meses, pues, la sentencia
condenatoria cobró ejecutoria el 30 de noviembre de 2012; en ese sentido, el plazo
para realizar el pago se cumplió el 30 de septiembre de 2013, mientras que este se
realizó el 19 de noviembre de 2013, de modo que los dos años para presentar la
demanda de caducidad vencieron el 1° de octubre de 2015 mientras que esta se
presentó el 15 de abril de 2015, esto es, dentro de la oportunidad legal; iii) el artículo
94 del Código General del Proceso, relacionado con la interrupción de la
prescripción, inoperancia de la caducidad y la constitución en mora, no resulta
“aplicable al caso concreto porque la acción de repetición es una acción especial
que frente a la debida oportunidad de presentar la demanda, se rige de manera

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Expediente 05001-23-33-000-2015-00877-01 (70.702)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Repetición - apelación de sentencia

exclusiva por lo establecido en el numeral 2, literal L del artículo 164 del CPACA”
(fl. 16 del PDF documento índice 10 SAMAI) y, iv) toda vez que el único reparo de
la parte demandada fue el estudio de la caducidad y no hubo ninguna controversia
respecto de los requisitos objetivos y subjetivos de la repetición, la decisión de
primera instancia debe ser confirmada (índice 10 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) prelación de fallo, 2) objeto de la
controversia y anuncio de la decisión, 3) análisis de la impugnación, 4) conclusión
y, 5) condena en costas.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los
términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto
en el cual pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también
autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”7,
de igual manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 19968 permitió que la Altas Cortes
y los Tribunales elaboraran un orden de carácter temático para la elaboración y
estudio preferente de los proyectos de sentencia.

7 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 preceptúa: “ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio

para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al
despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de
prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del
Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. (…).”
8 El artículo 16 A, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, prevé: “Cuando existan razones de

seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves
violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial
trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte
Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha
actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación (…) Las Salas Especializadas
de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el
Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-
Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio
preferente de los proyectos de sentencia (…)”.

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Expediente 05001-23-33-000-2015-00877-01 (70.702)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Repetición - apelación de sentencia

En el asunto sometido a consideración de la Sala, el objeto del litigio corresponde a
una repetición en contra de un exfuncionario público, tema que en virtud de su
naturaleza la Sección Tercera del Consejo en el acta no. 15 del 5 de mayo de 20059
consideró que debía dársele prelación, motivo por el cual, con fundamento en las
normas previamente citadas y la referida acta, la Subsección se encuentra
habilitada para emitir fallo de manera anticipada.

2. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) Presentada la demanda de manera oportuna10, en el marco del recurso de
apelación el objeto de la controversia se contrae a verificar si, como lo predica la
parte demandada, pese a que el medio de control fue incoado dentro de la
oportunidad legal, se configuró el fenómeno de la caducidad de la acción por cuanto
el auto que admitió la demanda no le fue notificado en los términos del artículo 94
del Código General del Proceso.

2) Sobre el particular, la Sala evidencia que la parte demandada fue muy clara en
el recurso de apelación en el sentido de limitarlo a un punto específico, esto es, solo
pidió que se verifique la existencia de la caducidad en los términos del artículo 94
del Código General del Proceso; en otros términos, el apelante en ningún momento
cuestionó la existencia de su responsabilidad patrimonial extracontractual.

9 Mediante la cual la Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de

repetición podían fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo.
10 El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 dispone que la acción de repetición debe presentarse

dentro del término de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total
efectuado por la entidad pública, igualmente, el literal I) del artículo 164 de la Ley 1437 de
2011 establece que cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de
una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2)
años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago o, a más tardar, desde el vencimiento
del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto
en dicho código. En el caso concreto, la sentencia de segunda instancia proferida el 16 de noviembre
de 2012 por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia quedó ejecutoriada
el 30 de noviembre de 2012 (fl. 78 cdno. ppal.) de manera que el término de los 10 meses previstos
en el artículo 192 del CPACA vencían el 30 de septiembre de 2013, mientras que la condena fue
pagada por la demandante en un solo pago realizado el 19 de noviembre de 2013 (tal como consta
en certificación suscrita por la tesorera general de la Policía Nacional), en consecuencia, el cómputo
de la caducidad se hará a partir del día siguiente del día siguiente del vencimiento de los 10 meses,
esto es, desde el 1° de octubre de 2013 de manera que la demanda debía presentarse a más tardar
el 1° de octubre de 2015 y como fue radicada el 20 de abril de 2015 (fl. 1 cdno. ppal.) lo fue dentro
del término establecido en la norma procesal para el efecto.

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Expediente 05001-23-33-000-2015-00877-01 (70.702)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Repetición - apelación de sentencia

En ese sentido, se debe recordar que el juez de segunda instancia, en virtud del
artículo 328 del Código General del Proceso11 se encuentra limitado al recurso de
apelación, además, tal como fue señalado por el Ministerio Público, en el presente
caso no se cuestionó un aspecto global de la decisión sino tan solo uno en particular,
de manera que la Sala adoptará las siguientes determinaciones: i) confirmará la
decisión de primera instancia en cuanto determinó que no había caducidad del
medio de control, pues, el artículo 94 del Código General del Proceso no es
aplicable al proceso contencioso administrativo por existir norma especial; ii)
confirmará, por no ser materia de apelación, la decisión que declaró la
responsabilidad patrimonial extracontractual del señor Lubier Vera López por estar
demostrados los elementos objetivos y subjetivos del medio de control de repetición
consistentes en la existencia de la condena, el pago de la indemnización por parte
de la entidad demandante, la condición del demandado como exagente del Estado
en ejercicio de funciones públicas y la culpa de la grave del demandado y, iii)
actualizará la condena de primera instancia, pues, esta, no implica una afectación
del apelante único sino que corresponde a la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda.

3. Análisis de la impugnación

1) El tribunal de primera instancia condenó al señor Lubier Vera López a pagar en
favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional la suma de setecientos
ochenta y nueve millones novecientos sesenta y un mil quinientos ochenta y cuatro
pesos ($789.961.584) por encontrar que fue la actuación gravemente culposa del
demandado lo que llevó a que la ahora demandante fuera declarada patrimonial y
extracontractualmente responsable en el proceso de reparación directa no. 2007-
0094 propuesto por Diana María Giraldo Londoño y otros en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

2) El demandado no cuestionó su responsabilidad, por el contrario, tan solo pidió
que se revise la caducidad del artículo 94 del Código General del Proceso, el cual
dispone lo siguiente:

11 Código Procesal vigente para el momento en que se interpuso el recurso de apelación y al que el

CPACA remite en el artículo 306.

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Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Repetición - apelación de sentencia

“ARTÍCULO 94. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN,
INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN MORA. La
presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e
impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de
aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del
término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de
tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados
efectos solo se producirán con la notificación al demandado.

La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento
ejecutivo produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en
mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, y la notificación de la
cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la
mora solo se producirán a partir de la notificación.

La notificación del auto que declara abierto el proceso de sucesión a los
asignatarios, también constituye requerimiento judicial para constituir en
mora de declarar si aceptan o repudian la asignación que se les hubiere
deferido.

Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio
facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo
se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o
procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será
indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos
efectos.

El término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento
escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este
requerimiento solo podrá hacerse por una vez”.

3) Sobre el particular, la Sala encuentra que la norma transcrita no resulta aplicable
al proceso contencioso administrativo, por lo siguiente: i) el artículo 94 del CGP
regula los eventos en los cuales opera la caducidad a pesar de que la demanda se
presentó en forma oportuna, en concreto, la norma dispone que la demanda
interrumpe el término de caducidad, sin embargo, si el auto admisorio de la misma
no se notifica en el término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la
notificación de la providencia al demandante, los términos de caducidad se
reanudan; ii) el artículo 306 del CPACA indica que en los aspectos no contemplados
en dicho código se seguirá el Código de Procedimiento Civil (hoy Código General
del Proceso) en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y,
iii) en relación con la caducidad, el artículo 164 del CPACA12 es la norma especial

12
Que en su forma original establecía lo siguiente “ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA
PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada (…) 2. En los siguientes
términos, so pena de que opere la caducidad: (…) l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo
pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto,
el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más
tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas
de conformidad con lo previsto en este Código”.

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Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Repetición - apelación de sentencia

que regula las reglas que se deben tener en cuenta para que esta opere en los
medios de control y, tratándose de la repetición, dicha norma debe ser integrada
con el artículo 11 de la Ley 678 de 200113 y el artículo 192 del CPACA14, en ese
sentido, toda vez que el CPACA regula el fenómeno de la caducidad, no procede
aplicar el artículo 94 del CGP.

4) Asimismo, esta Corporación en providencia del 6 de julio de 202015 al referirse
sobre la aplicación del artículo 94 del CGP precisó que este no es aplicable al
proceso contencioso administrativo, por las siguientes razones:

“2. El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término
previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Límite que
está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien
pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar. La caducidad tiene
lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. El
término para formular el medio de control de reparación directa, de
conformidad con el numeral 2 literal i) del artículo 164 CPACA, es de 2
años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u
omisión causante del daño.

3. El artículo 94 CGP dispone que la presentación de la demanda impide
que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio se notifique
al demandado dentro del término de un año contado a partir del día
siguiente a la notificación al demandante. A su vez, el numeral 2º del
artículo 164 CPACA establece que con la presentación de la demanda no
opera la caducidad. Como el CPACA no impone al demandante la carga
procesal de notificar al demandado el auto admisorio de la demanda y
regula de forma íntegra lo relacionado con la contabilización del término
de caducidad, el artículo 94 CGP no aplica en esta jurisdicción”.

13 El texto original de la norma disponía lo siguiente “ARTÍCULO 11. CADUCIDAD. La acción de

repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de
la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Cuando el pago se haga en cuotas, el término
de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias
en derecho si es que se hubiere condenado a ellas (…)”.
14 “ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE

LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago
o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro
del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias
para su cumplimiento. Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses,
contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá
presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada (…)”.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia del 6 de julio de 2020, expediente

no. 64.291, MP Guillermo Sánchez Luque; de igual forma se puede consultar, Consejo de Estado,
Sección Primera, auto de 10 de mayo de 2019; expediente no. 11001-03-24-000-2012-00277-00 MP
Roberto Augusto Serrato Valdés; Sección Primera, auto del 14 de octubre de 2021, expediente no.
11001-03-24-000-2011-00344-00 MP Roberto Augusto Serrato Váldes.

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Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Repetición - apelación de sentencia

5) Por lo anterior, resuelto el objeto de apelación de la parte demandada, la Sala
confirmará la decisión de primera instancia lo cual incluye la condena inicialmente
impuesta por no ser materia del recurso de apelación.

6) En esa perspectiva, la Sala encuentra que el tribunal de primera instancia
condenó al señor Lubier Vera López a pagar en favor de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional la suma de setecientos ochenta y nueve millones
novecientos sesenta y un mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($789.961.584),
consistente en la suma que la demandante pagó a las víctimas como consecuencia
de la condena dictada en su contra por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia en el proceso de reparación directa no. 2007-0094, la
cual se actualiza16 de la siguiente manera17:

Ra = Rh * IPC (final)
IPC (inicial)

Ra = $789.961.584 * 141.48
136.11

Ra = $821.128.241

En consecuencia, se condena al señor Lubier Vera López a pagar a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional la suma de ochocientos veintiún millones
ciento veintiocho mil doscientos cuarenta y un pesos ($821.128.241) que
corresponde al monto actualizado del dinero que la demandante en su momento
pagó en cumplimiento de la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2012 por la
Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en un proceso de
reparación directa adelantado en contra de aquella.

4. Conclusión

Se confirmará la declaración de responsabilidad patrimonial extracontractual del
señor Lubier Vera López por las razones expuestas en esta providencia.

16 Se pone de presente que la actualización del dinero no afecta al apelante único, pues, se busca

que no exista una pérdida del poder adquisitivo de la moneda.
17 Donde Ra corresponde a la renta o valor actualizado, Rh es el la renta o capital histórico y el IPC

corresponde al Índice de Precios al Consumidor, el IPC final corresponde al último vigente para el
momento en que dicta esta decisión, esto es abril de 2024 y el IPC inicial corresponde al IPC vigente
en septiembre de 2023, mes y año en el cual se dictó la sentencia de sentencia de primera instancia.

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Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Repetición - apelación de sentencia

5. Condena en costas

1) La Ley 1437 de 2011 reguló el instituto de las costas en materia procesal y
modificó el criterio subjetivo establecido por la Ley 446 de 1998 para acoger uno
objetivo, el cual se aplica con independencia de la conducta procesal de los
litigantes. El nuevo precepto prevé: “salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

2) De la norma objeto de análisis se pueden extraer las siguientes conclusiones: i)
retornó a un criterio objetivo que no atiende a la subjetividad o elemento volitivo de
las partes o sujetos procesales; ii) estableció una regla general según la cual en la
sentencia se dispondrá sobre la condena en costas con independencia, se insiste,
del comportamiento de las partes y, iii) la excepción a la regla general de la condena
en costas, se encuentra prevista para aquellos procesos en los cuales se “ventile
un interés público”, de manera que se debe precisar qué se debe entender por
“interés público” para efectos de la condena en costas.

3) Sobre este punto la Sala reitera lo ya expuesto en ocasión anterior 18 que la
expresión “interés público” necesariamente debe ser asimilada a “acciones públicas,
contencioso objetivo o de mera constitucionalidad y/o legalidad” en atención al
principio de interpretación del efecto útil de las normas19.

En efecto, todos los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción, en últimas,
tienen como finalidad la protección del interés público porque buscan definir
controversias y litigios en los que participan entidades públicas y estas a su vez
procuran la satisfacción del interés general; sin embargo, este entendimiento amplio
o extensivo de la norma conlleva una hermenéutica ad absurdum dado que esta

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de octubre de 2021, MP

Fredy Ibarra Martínez, exp. 63.217.
19 “Si la interpretación conforme a la Constitución de una determinada norma le resta a esta última

todo efecto jurídico, lo que en realidad debería proceder es una declaratoria de inexequibilidad pura
y simple. Ciertamente, en un evento como el mencionado, las dos decisiones -de exequibilidad
condicionada y de inexequibilidad - serían, en la práctica, equivalentes, siendo la última mucho más
acorde con los principios de eficacia del derecho y de seguridad jurídica. Resulta contrario a los
principios mencionados, mantener en el ordenamiento una disposición que carece de toda eficacia
jurídica, pues se contradice el principio del efecto útil de las normas generando, al mismo tiempo,
una circunstancia que puede originar grave confusión e incertidumbre” Corte Constitucional,
sentencia C-499 de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz.

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Repetición - apelación de sentencia

perdería eficacia bajo ese específico entendimiento, pues, no procedería la condena
en costas en ningún proceso que se adelantara ante esta jurisdicción.

De allí que la única forma de imprimirle un efecto útil y eficacia real a la norma es
equiparar “interés público” a “medios de control públicos” (v.gr. nulidad por
inconstitucionalidad, nulidad simple, nulidad electoral, entre otros).

En esa perspectiva, en los procesos contencioso subjetivos en los que se ventilen
intereses particulares o individuales de las entidades públicas o de los particulares
(v.gr. medios de control de nulidad y restablecimiento; controversias contractuales;
reparación directa, repetición, entre otros) procederá la condena en costas a la parte
vencida, sin importar si es demandante o demandada.

4) Por lo anterior, en los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 1)
del CGP, la parte demandada debe asumir las costas de esta instancia porque se
resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación20; la condena incluirá las
agencias en derecho que para esta instancia se fijan en tres (3) salarios mínimos
legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta decisión para el
demandante por cuanto se encuentra representado por su apoderado. Se liquidarán
en forma concentrada en el tribunal de primera instancia.

Los gastos del proceso serán liquidados de manera concentrada por la Secretaría
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según dispone
el artículo 366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2023 por la Sala
Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

20 Código General del Proceso, “artículo 365 (…) 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o

a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión
que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.”.

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Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Repetición - apelación de sentencia

2º) Condénase en costas de segunda instancia a la parte actora y fíjanse agencias
en derecho a su cargo en cuantía equivalente a tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de esta providencia en favor de la demandante
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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