Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01201-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01201-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-01201-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01201-01 (1149-2023)
Demandantes: Sebastián Álvarez Díaz
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Oportunidad para presentar la demanda. Cómputo de los términos
para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. REVOCA SENTENCIA. Declara probada la
excepción de caducidad del medio de control.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el ocho (8) de agosto de dos mil veintidós (2022), por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Sebastián Álvarez Díaz instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria expedida el 13 de mayo
de 2014 por la Procuraduría Regional de Antioquia, mediante la cual fue sancionado
con destitución e inhabilidad general por el término de once (11) años y de la
decisión disciplinaria expedida el 23 de octubre de 2014 por la Procuraduría
Segunda Delegada para la Contratación Estatal, que modificó la sanción y la fijó en
suspensión e inhabilidad especial por el término de seis (6) meses.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de las sumas
detalladas en la demanda por concepto de perjuicios materiales –daño emergente
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y lucro cesante–, morales y extrapatrimoniales –representados en los daños a su
honra, dignidad y buen nombre–.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia llevó a
cabo el procedimiento de selección por la modalidad de licitación pública LIC-20-21-
2012 para la construcción de la doble calzada desde el intercambio de la carrera 80
hasta el empalme con la vía de acceso oriental del túnel «Fernando Gómez
Martínez», en el sector de Loma Hermosa, y obras complementarias, la cual fue
adjudicada al consorcio COPARCO.
6. No obstante, de manera posterior se revocó el acto de adjudicación, porque
el proponente seleccionado, al llenar el formulario nro. 1 (relación de contratos en
ejecución), necesario para el cálculo de la capacidad residual, suministró datos no
acordes con la realidad, con lo que incurrió en la causal de rechazo nro. 21
contemplada en el numeral 3.16 del pliego de condiciones.
7. Que lo ocurrido se publicó en distintos medios de comunicación y, con
fundamento en una nota de prensa de «El Colombiano», la Procuraduría Regional
de Antioquia inició una indagación preliminar, a la cual el 30 de agosto de 2013
fueron vinculados varios funcionarios de la Secretaría de Infraestructura del
departamento, entre ellos el demandante y, por auto del 19 de diciembre del mismo
año, se adoptó el procedimiento verbal y se citó a audiencia, al considerar que
quienes participaron en el trámite de la referida licitación pública incurrieron en la
falta gravísima del artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, a título de dolo.
8. Que el 13 de mayo de 2014 fue sancionado en primera instancia con
destitución e inhabilidad general por el término de 11 años y modificada por la
Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal por auto del 23 de
octubre de 2014, notificado personalmente el 14 del mismo mes y año, quien, tras
variar la calificación de la falta a grave y del grado de culpabilidad a culpa gravísima,
fijó la sanción en suspensión e inhabilidad especial por el término de 6 meses.
Finalmente, fue suspendido del cargo a partir del 19 de diciembre de 2014.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Considera que en la expedición de los actos demandados se desconoció el
debido proceso, pues la Procuraduría General de la Nación no se pronunció frente
a la totalidad de los argumentos de defensa que se expusieron en la actuación
disciplinaria; de otra forma, habría tenido que analizar el error de prohibición como
causal de exclusión de la responsabilidad y la ausencia de culpa gravísima; tampoco
se valoraron la totalidad de pruebas testimoniales, pues 7 de ellas fueron
desechadas sin argumentos, con lo cual se desconoció el deber de analizar de
manera integral el acervo probatorio.
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10. Agregó que se incurrió en falsa motivación, pues en las decisiones
sancionatorias imperó la posición jurídica de la demandada por encima de la
posibilidad que el artículo 9, inciso 3, de la Ley 1150 de 2007 otorga a las entidades
de revocar el acto de adjudicación, cuando medie un error que vicie el
consentimiento del contratante.
11. Que lo ocurrido en el trámite de la licitación pública LIC-20-21-2012 dio
cuenta de que al momento de adjudicar el contrato se presentó una situación que
vició la decisión de la administración, lo que significó que COPARCO obtuvo la
adjudicación por medios ilegales; lo que implicaba que, para su revocatoria, ni
siquiera se requería la autorización del particular. Sumado a ello, la causal de
rechazo de las propuestas estaba clara para los participantes desde la publicación
del proyecto de pliego de condiciones.
12. Señaló que la decisión sancionatoria de segunda instancia se basó en una
norma inaplicable, pues con base en el artículo 97 de la Ley 1474 de 2011 concluyó
que la administración no podía revocar su propio acto y que, en cambio, debía
demandarlo, con lo que dejó de lado el contenido del artículo 9, inciso 3, de la Ley
1150 de 2007, además de desconocer que la interpretación razonable que la
Gobernación de Antioquia realizó de dicha disposición impedía que se impusiera
una sanción disciplinaria.
13. Que también se desconoció el principio de culpabilidad, pues la culpa
gravísima, modalidad exige la desatención elemental, la ignorancia supina o la
violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento y, en su caso, la
revocatoria del acto de adjudicación provino luego de una interpretación razonada
de la Ley 1150 de 2007, con lo que se descarta el tercer supuesto de la forma de
culpabilidad, fundamento de la decisión de segunda instancia.
14. Además, la demandada no analizó la configuración del error de prohibición
como eximente de responsabilidad disciplinaria, pues, ¿de qué manera podía él,
siendo ingeniero, oponerse a los juiciosos argumentos que expusieron los abogados
de la Gobernación? Así, pese a su amplia trayectoria en el sector público, no estaba
en la capacidad de comprender si la interpretación de los profesionales del derecho,
competentes en contratación estatal, resultaba o no adecuada.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
15. La demanda fue admitida el 4 de noviembre de 20151 y notificada a la entidad,
quien se opuso a las pretensiones, al considerar que en el transcurso del
procedimiento disciplinario se garantizaron los derechos del investigado y se
respetó la normativa procesal y sustancial aplicable.
16. Afirmó que la actuación disciplinaria observó el principio de legalidad en la
adecuación típica del comportamiento investigado y que, contrario a lo expuesto por
el demandante, no es posible revocar un acto de adjudicación si este no se obtuvo
por medios ilegales. Que, en ese sentido, la interpretación de los entonces
investigados desbordó el alcance de la causal de revocatoria, porque los errores en
1 Véase olio 144 del cuaderno principal 1.
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que incurrió el adjudicatario eran involuntarios y gramaticales, y no maniobras
engañosas y, en ese sentido, el cometido de la entidad fue subsanar yerros de la
administración en el procedimiento licitatorio.
17. Que el demandante, en su condición de gerente de proyectos estratégicos,
revisó y aprobó con su visto bueno la Resolución que revocó el acto de adjudicación
y declaró desierta la licitación LIC-20-21-2012; acto que contenía una interpretación
forzada del artículo 9, inciso 3, de la Ley 1150 de 2007.
18. Agregó que la culpabilidad se determinó en culpa gravísima tras considerar
la amplia experiencia y trayectoria del demandante, que descartaba la forma grave
de este elemento y, en su lugar, se encontró que su actuación desconoció reglas de
obligatorio cumplimiento, con lo que se agotó el debido análisis del elemento
subjetivo de la responsabilidad.
19. Que en efecto no se otorgó valor probatorio a algunos testimonios, tras
encontrar que entre los declarantes y los investigados existía una cierta solidaridad
institucional (varios eran funcionarios del Departamento), lo que implicaba
parcialidad en sus manifestaciones y que no es cierto que hubiese imperado la
interpretación de la Procuraduría, pues lo que resultó claro fue el desconocimiento
de la normativa contractual y la pacífica línea del Consejo de Estado respecto de la
irrevocabilidad del acto de adjudicación.
20. Que el artículo 97 de la Ley 1474 de 2011 se encontraba vigente para el
momento de los hechos, por lo que no era una «norma inaplicable», como lo sostuvo
el demandante y que la autoridad no cuestionó la legalidad del acto de revocatoria,
sino que este se hubiese expedido por los investigados sin que se configurara
ninguna de las causas legales para ello
21. Propuso como excepción la inepta demanda2.
22. Se celebró audiencia inicial el 26 de julio de 20163, en la que se declaró no
probada la excepción de inepta demanda, se fijó el litigio y se decretaron pruebas
documentales y testimoniales. Una vez practicadas4, se corrió traslado a las partes
para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su
concepto; luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno
por la demandada.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
23. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del ocho (8) de
agosto de dos mil veintidós (2022)5, negó las pretensiones, tras concluir que el
demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
demandados.
2 Véanse folios 155 a 187 del cuaderno principal 1.
3 Véanse folios 246 a 256 del cuaderno principal 2 y CD en folio 260 del mismo cuaderno.
4 La audiencia de pruebas se celebró el 14 de septiembre de 2016 (véanse folios 261 a 264 del cuaderno
principal 2 y CD en el folio 265 del mismo cuaderno). En esta diligencia se corrió traslado para presentar alegatos
de conclusión.
5 Véanse folios 327 a 357 del cuaderno principal 2 e índice 00028 del radicado 05001233300020150120100.
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24. Consideró que no se vulneró el debido proceso, porque si bien en el acto
de la primera instancia se apreciaba una valoración menor de los testimonios, por
considerar que carecían de credibilidad, la segunda instancia examinó las pruebas
de manera integral y, al contrastar las declaraciones con las pruebas documentales,
explicó por qué las primeras resultaban sospechosas.
25. Que la autoridad disciplinaria se pronunció sobre la totalidad de los
argumentos que constituyeron la defensa del entonces disciplinado y que si bien
propiamente no hay argumentos que directamente se refieran al «error de
prohibición», lo cierto es que la valoración relacionada con la posibilidad de excluir
la responsabilidad se puede extraer de las razones por las que la autoridad
consideró que la actuación del investigado al participar en la revocatoria del acto de
adjudicación no se ajustó a derecho.
26. Agregó que el investigado y su defensa expusieron reiteradamente las
razones que llevaron a la revocatoria del acto de adjudicación, pero que estas no
resultaban suficientes para que se configurara la causal del exclusión del artículo
28.6 de la Ley 734 de 2002, pues lo cierto es que el error en que aparentemente
incurrió el consorcio en su propuesta era fácilmente detectable con el mero
seguimiento de las reglas fijadas en el pliego de condiciones de la licitación.
27. Respecto de la culpabilidad, destacó que en ambas decisiones se descartó
el dolo en el comportamiento y, por el contrario, se expusieron los motivos por los
que se consideraba que la conducta encuadraba en la culpa gravísima y, en esos
términos, se justificó la imposición de la sanción.
28. Que no se configuró la falsa motivación, pues las razones para imponer la
sanción disciplinaria se fundamentaron en las pruebas recaudadas y en la
interpretación de las normas contractuales que consagran como regla general la
irrevocabilidad del acto de adjudicación, salvo que, entre otras situaciones, se
acredite que el acto se obtuvo por medios ilegales y que, al margen de la discusión
sobre la legalidad del acto que revocó la adjudicación de la referida licitación, al
demandante se le reprochó su falta de diligencia y cuidado en el trámite contractual
y que las discusiones en punto a la revocatoria se habrían evitado de desplegarse
una actuación diligente.
29. Se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
30. El demandante6 interpuso recurso de apelación, en el cual manifestó que el
Tribunal realizó una revisión formal de las causales de nulidad, pero no trascendió
a su estudio sustancial que se reclamó en el concepto de violación, pues este no se
sustentó en la omisión de ninguna ritualidad por parte de la Procuraduría General
de la Nación, sino en la ausencia de una valoración adecuada de los argumentos
expuestos en el procedimiento y de las pruebas recaudadas.
31. Que en la sentencia se concluyó que la valoración probatoria fue adecuada;
6 Véanse folios 358 a 364 del cuaderno principal 2 e índice 00031 del radicado 05001233300020150120100.
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no obstante, esta no podía limitarse a la enunciación de los documentos y en la
transcripción de lo dicho por los testigos, sino que debía analizar sus dichos y
determinar su trascendencia en la decisión sancionatoria.
32. Agregó que, en punto a su participación en la actividad contractual, su visto
bueno al acto que revocó la adjudicación estuvo instruido por los abogados de la
entidad, quienes eran expertos en la materia, lo que despojaba su actuación del
grado de culpabilidad requerido para sancionarlo, en la medida en que en materia
disciplinaria está proscrita la responsabilidad objetiva.
33. Sumado a ello, con su comportamiento no desconoció ningún deber
funcional, pues la decisión de revocatoria estuvo precedida por un amplio análisis
del grupo jurídico; inclusive, en la sentencia se puede evidenciar el esfuerzo
argumentativo del Tribunal para mantener la validez de los actos y, pese a ello, no
se logró señalar con claridad por qué no le era aplicable la causal de exclusión de
la responsabilidad prevista en el artículo 28.6 de la Ley 734 de 2002.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
34. El 24 de marzo de 20237 fue admitido el recurso de apelación. En esta
providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes
presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.
35. La demandada8 manifestó que la sentencia se debe confirmar porque en las
decisiones disciplinarias se realizó un adecuado análisis detallado y completo de las
situaciones fácticas y jurídicas que dieron lugar a la sanción impuesta al
demandante y que en la providencia apelada se valoró de manera integral el
procedimiento sancionatorio y que la forma de culpabilidad y la posibilidad o no de
aplicar una causal de exclusión de la responsabilidad fueron ampliamente
estudiadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
36. El demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal.
37. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
38. Sería del caso analizar los reproches del demandante en contra de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en relación con el
control que en primera instancia se realizó de la actuación sancionatoria, de la
valoración probatoria, de la forma de culpabilidad imputada al demandante y de la
causal de exclusión de la responsabilidad alegada. No obstante, es necesario
referirse a la oportunidad para el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, para definir si se configuró o no la caducidad.
7 Véase folio 370 del cuaderno principal 2 e índice 00003 de SAMAI.
8 Véase índice 00008 de SAMAI.
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39. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley
1437 de 2011, según el cual en la sentencia se debe decidir sobre todas las
excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el juez encuentre probada, sin
que el silencio de la primera instancia en este sentido impida que esta Sala estudie
y decida en relación con los medios exceptivos, propuesto o no.
Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
40. El artículo 229 constitucional consagra el derecho de toda persona a
acceder a la administración de justicia; garantía que, en todo caso, no se entiende
de manera absoluta. La misma disposición contiene una de las primeras limitaciones
que puede tener, pues señala que la ley debe reglamentar aquellos casos en los
que es posible accionar sin contar con el acompañamiento de un abogado.
41. Adicionalmente, la normativa procesal limita su ejercicio de manera
legítima, al exigir el cumplimiento de ciertos requisitos, como la previa interposición
de los recursos en contra de los actos administrativos, el agotamiento de la
conciliación prejudicial en aquellos asuntos conciliables; la constitución en
renuencia para la acción de cumplimiento; la reclamación previa para la protección
de los derechos e intereses colectivos, o el pago de la condena para el ejercicio de
la acción de repetición (artículo 161 de la Ley 1437 de 2011).
42. Existe una exigencia adicional, relacionada con la oportunidad para
accionar, que impone al interesado la obligación de acudir a la jurisdicción de forma
oportuna, según el medio de control de que se trate, so pena de que las situaciones
que desea debatir queden consolidadas y desaparezca la posibilidad de que el juez
de lo contencioso administrativo las estudie.
43. La caducidad emerge así como la consecuencia que el ordenamiento
jurídico consagra para el titular del derecho de acción, cuando deja transcurrir el
término para acudir a la administración de justicia. Esta figura, que se traduce en
una limitación temporal legítima del referido derecho, tiene como fin racionalizar su
ejercicio, sin que su configuración represente una lesión o desconocimiento de la
garantía constitucional, como se ha señalado por parte de esta Corporación:
«En efecto, la caducidad se refiere al término de orden público que posee el
interesado para interponer las acciones que tenga a su alcance con el fin de
buscar la protección de sus derechos, es decir, se predica de la potestad de la
acción; su finalidad es precisamente racionalizar ese ejercicio, lo que impone la
obligación de emplearla oportunamente, so pena de que las situaciones
adquieran firmeza y que se extinga la jurisdicción del juez de lo contencioso
administrativo para estudiarlas9. Lo anterior se justifica en la necesidad de
obtener seguridad jurídica10»11.
9 Ver sentencia Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B, 7
de octubre de 2010. Radicación: 25000-23-25-000-2004-05678-02 (2137-09).
10 Ver, entre otras, las sentencias de la Sección Segunda, Subsección B, de: 6 de octubre de 2011 (Expedientes
1130-2011 y 1135-2011) y del 26 de marzo de 2009. Expediente 1134-07 demandante: José Luís Acuña
Henríquez.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 25 de noviembre de 2021. Exp. 25000-23-42-
000-2018-00986-01 (3829-2021). C.P. William Hernández Gómez. En línea con este sentido de la caducidad,
Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 13 de febrero de 2025. Exp. 25000-23-
42-000-2020-00352-01 (5588-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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44. En la Ley 1437 de 201112 se dispuso que cuando se pretenda la nulidad y
restablecimiento del derecho, la demanda se debe presentar dentro de los cuatro
(4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones
que establezcan otras normas. Según lo anterior, el presupuesto para contabilizar
el término de caducidad se compone de dos elementos: (i) la existencia de un acto
y (ii) que se ponga en conocimiento del interesado.
45. Al conocer de actos administrativos proferidos con ocasión de un
procedimiento de naturaleza disciplinaria, mediante los cuales se impone una
sanción de retiro temporal o definitivo del servicio, esta Corporación ha aceptado
que, tratándose de un trámite que por regla general se compone de dos instancias
disciplinarias y de una actuación adicional mediante la cual se ejecuta la sanción,
sea a partir de la última que empiece a transcurrir para el afectado el término con
que cuenta para ejercer el derecho de acción13, previo cumplimiento de los demás
requisitos de procedibilidad.
46. Resulta claro, hasta este punto, que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho debe ejercerse dentro de los 4 meses siguientes a la
puesta en conocimiento del acto administrativo que, en el evento disciplinario, puede
ser el de ejecución de una sanción de retiro temporal o definitivo del servicio. Dicho
término solo se interrumpe con la radicación de la demanda y se suspende cuando
se acude a la conciliación extrajudicial, según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001,
normativa aplicable al supuesto que se examina:
«Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el
término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el
acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en
los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las
constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza
el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra
primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable»
(subrayas de la Sala).
Caso concreto
47. Del análisis del expediente, la Sala extrae que mediante la Resolución
S136126 del 16 de diciembre de 2014 el gobernador de Antioquia ejecutó la sanción
disciplinaria que se impuso, entre otros funcionarios, al señor Sebastián Álvarez
Díaz14. Este acto se notificó personalmente al demandante el 18 de diciembre de
12 Artículo 164, literal d).
13 Este parámetro para el cómputo del término de caducidad puede rastrearse desde antaño, siendo ilustrativas,
entre otras, las siguientes sentencias: Sección Segunda. Sentencia del 26 de marzo de 1992. Exp. 3042. C.P.
Diego Younes Moreno; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 10 de mayo de
2001. Exp. 25000-23-25-000-1998-07588-01 (1511). C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda; Consejo de Estado.
Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de abril de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2010-00085-00
(0795-2010). C.P. Alfonso Vargas Rincón; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del
5 de septiembre de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2010-00177-00 (1295-2010). C.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren; en la providencia de unificación Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 11 de diciembre de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2005-00012-00 (IJ). C.P. Gerardo Arenas
Monsalve; Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 19 de febrero de 2018. Exp. 11001-03-25-000-
2012-00067-00 (0285-2012). C.P. César Palomino Cortés.
14 Véanse folios 2481-2482 del cuaderno 5 del expediente IUS 2013-197817.
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201415.
48. Significa lo anterior que a partir del 19 de diciembre de 2014 inclusive
empezó a correr el término de 4 meses con que contaba para acudir al juez y
demandar los actos que lo sancionaron. En ese orden, el plazo vencía el 19 de abril
de 2015.
49. Ahora bien, el 13 de marzo de 201516 se radicó ante la Procuraduría Treinta
y dos Judicial para Asuntos Administrativos la solicitud de conciliación extrajudicial.
Esta actuación, según dispone el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, suspendió el
término de caducidad del medio de control. En ese momento, restaban treinta y siete
(37) días para cumplirse los 4 meses contemplados por el literal d) del artículo 164
de la Ley 1437 de 2011.
50. La constancia de no acuerdo conciliatorio se expidió el 27 de abril de
17
2015 , por lo cual, a partir del día hábil siguiente, se debían contabilizar los treinta
y siete (37) días que restaban para que caducara la oportunidad para demandar;
lapso que, según lo dicho, se extendía hasta el 3 de junio de 2015.
51. No obstante, según consta en el expediente, la demanda se radicó ante el
Tribunal Administrativo de Antioquia el 11 de junio de 201518, esto es, ocho (8) días
después de vencido el término.
52. Como se indicó previamente, el término de caducidad del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho es de aquellos que solo se suspende con
la solicitud de conciliación extrajudicial y se interrumpe con la presentación de la
demanda, en la medida en que su cómputo se realiza de conformidad con el inciso
7 del artículo 118 de la Ley 1564 de 201219.
53. En ese orden, si el demandante fue notificado del acto que lo suspendió del
servicio el 18 de diciembre de 2014, el término para accionar vencía el 3 de junio
de 2015, en la medida en que cuando acudió se expidió la constancia de no acuerdo
conciliatorio le restaban treinta y siete (37) para radicar la demanda, según se
analizó en los párrafos previos.
54. Para la Sala resulta claro que se acudió a la jurisdicción por fuera del plazo
contemplado en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y en consecuencia, lo procedente es revocar la
sentencia proferida el ocho (8) de agosto de dos mil veintidós (2022) y, en su lugar,
declarar probada la excepción de caducidad.
15 Véase folio 2483 del cuaderno 5 del expediente IUS 2013-197817.
16 Según se relata en la constancia que reposa en el folio 140 del cuaderno principal 1.
17 Ibid.
18 Véase folio 79 del cuaderno principal 1.
19 Ley 1564 de 2012. «Artículo 118. Cómputo de los términos (…) [/]
Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del
correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo mes o año.
Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente. [/]
(…)» (subrayas de la Sala).
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9
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01201-01 (1149-2023)
De la condena en costas en ambas instancias
55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
56. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
57. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
58. En consecuencia, se impondrán costas, en esta instancia, a la parte
demandante, por cuanto, aunque se está revocando la decisión apelada, en su lugar
se está declarando la excepción de caducidad del medio de control. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el ocho (8) de agosto de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar:
Segundo. DECLARAR probada la excepción de caducidad del medio de control.
Tercero. CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte demandante. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Cuarto. RECONOCER personería a la abogada Luz Marina Restrepo Robledo,
identificada con la cédula de ciudadanía 21.460.979 y portadora de la tarjeta
profesional 32.496 del C.S. de la J. para representar los intereses de la Procuraduría
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01201-01 (1149-2023)
General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00013 de SAMAI.
Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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