Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2015-01360-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2015-01360-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2015-01360-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad
Radicación 05001-23-33-000-2015-01360-01 (29780)
Demandante ANA MARÍA BUILES RESTREPO Y OTROS
Demandada DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Temas Contribución de valorización. Cargos nuevos en la apelación.
Contestación demanda. Alcance recurso de apelación.
Cumplimiento requisitos de estudio de prefactibilidad,
delimitación de la zona e inscripción de la obra en el plan de
desarrollo departamental. Falta de ejecutoria de acto
administrativo. Falsa motivación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 12 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, que resolvió lo siguiente1:
PRIMERO: Negar en primera instancia las pretensiones de la demanda de nulidad simple
interpuesta por los señores Ana María Builes Restrepo, Luisa Fernanda Diez, Luis Javier
Franco Agudelo y Jorge Andrés Londoño, contra el departamento de Antioquia. Lo anterior,
de conformidad con las consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas de primera instancia, de acuerdo con la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO: Por secretaría, archívese el expediente, (…)
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante el Convenio Interadministrativo 005 del 25 de enero de 1996, el Ministerio
de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y el Departamento de Antioquia,
acordaron transferir a esta última la «VÍA IDENTIFICADA SEGÚN LA NOMENCLATURA VIAL,
RESOLUCIÓN NÚMERO 3700 DEL 8 DE JUNIO DE 1995, COMO RUTA 25 TRAMO 10: MEDELLÍN (VARIANTE DE
BELLO) – LOS LLANOS, SECTOR MEDELLÍN K.0 – EL HATILLO K24+400 (PUNTO DE INTERSECCIÓN ENTRADA A
BARBOSA». Este acto tuvo varias modificaciones y adiciones.
El 16 de mayo de 1997 la Asamblea Departamental de Antioquia profirió la
Ordenanza 01, «Por medio de la cual se decreta la ejecución y cobro de una obra por el sistema
de la contribución de valorización» del proyecto denominado «Desarrollo vial Aburra Norte –
Doble Calzada Bello – El Hatillo»
El 25 de enero de 2005 el gobernador expidió la resolución 0707, en la cual se
distribuyó la valorización del proyecto «DOBLE CALZADA BELLO – EL HATILLO».
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Demandante: Ana María Builes Restrepo y otros
Posteriormente se profirió la Ordenanza 27 del 28 de diciembre de 2010 decretando
cobro de la valorización como mecanismo de cofinanciación para el proyecto
«DESARROLLO VIAL DEL ABURRÁ NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO HATILLO CISNEROS»
Seguidamente, la gobernación emitió la Resolución 030555 del 14 de marzo de
2012 que modificó la resolución 0707 de 2005 aprobando cambios de sujetos
pasivos, suspensión condicionada de saldos, entre otras cosas.
Finalmente, el 4 de agosto de 2014, el secretario de Infraestructura Física del
Departamento de Antioquia profirió la resolución 120105 que distribuyó y asignó la
valoración del «PROYECTO DESARROLLO VIAL DEL ABURRÁ NORTE “DOBLE CALZADA HATILLO – BARBOSA
• PRADERA»2.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad contemplado en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), los señores Ana María Builes Restrepo, Luisa Fernanda Diez
Fonnegra, Luis Javier Franco Agudelo y Jorge Andrés Londoño Correa formularon
las siguientes pretensiones3:
Solicitamos en ejercicio de la acción de nulidad que en sentencia definitiva que haga tránsito
a cosa juzgada se declare que son nulas las Ordenanzas número 01 del 16 de mayo de 1997,
“Por medio de la cual se decreta la ejecución y cobro de una obra por el sistema de la
contribución de valorización”, y 027 del 28 de diciembre de 2010, “Por medio de la cual se
decreta el cobro de la contribución de valorización como mecanismo de cofinanciación para la
ejecución del desarrollo vial del ABURRÁ Norte y Obras complementarias”, expedidas por la
Asamblea Departamental de Antioquia; toda vez que los actos administrativos son contrarios
a la Constitución Política y a la ley, en los términos que se expresan más adelante.
Igualmente en ejercicio de dicha acción de nulidad, que en sentencia definitiva que haga
tránsito a cosa juzgada se declare que son nulas las Resoluciones 0707 del 25 de enero de
2005, modificada por la Resolución 030555 del 14 de marzo de 2012, y la Resolución 120105
del 04 de agosto de 2014, emanadas de las Secretaría de Infraestructura Física del
Departamento de Antioquia.
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 1, 2, 6,
121, 123 (inciso 2), 124, 150 (numeral 12), 209, 300 (numeral 4), 317, 338 y 345 de
la Constitución Política; 88 de la Ley 5 de 1992; 12, 15, 16 y 17 de la Ley 105 de
1993; 6 de la Ley 812 de 2003; 2 del Decreto Ley 1604 de 1966; y 3 de la Resolución
066 de 1994 del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES.
De manera preliminar, la demandante refirió que las carreteras sobre las cuales
recae la contribución se tratan de vías de carácter nacional, que, si bien fueron
transferidas al departamento mediante convenios interadministrativos, no perdían
su naturaleza. En su lugar, se debió adelantar un plan de expansión vial presentado
por el Ministerio de Transporte al Consejo Nacional de Política Económica y Social
CONPES.
2
Dichos actos pueden consultarse en Samai. Índice 11. Link 05001233300020150136000. 02MediosMagneticos y carpeta
primera instancia, en el PDF 008 escrito subsana demanda.
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Samai, índice 11. Link expediente. 01PRIMERA INSTANCIA. PDF demanda.
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También se refirió a la naturaleza de la contribución de valorización, su marco legal,
así como la infraestructura vial, los mecanismos de transferencia y naturaleza de
las vías4.
1. Infracción de normas superiores
Explicó que, por mandato constitucional, le corresponde al Congreso la creación de
leyes en materia fiscal y parafiscal, autonomía de la cual también gozaban los entes
territoriales, pero dentro de los límites de la ley. Así, según el artículo 317 de la Carta
Política, solo los municipios pueden gravar la propiedad inmueble, sin que sea un
impedimento para cobrar la contribución por valorización, lo que permite tanto a los
departamentos como a los municipios la concreción de factores para la
determinación de la obligación en cabeza de la asamblea o el concejo, y no a la
autoridad administrativa, quien debe limitarse a la distribución del costo de la obra
en función del grado de beneficio de los predios de la zona de influencia.
Sin perjuicio de lo anterior, el problema versa respecto de las contribuciones de
valorización por obras nacionales, pues si bien existía una ley que definió el sistema
y método, esto es el Decreto Legislativo 1604 de 1966, es necesario otra ley que
establezca el costo y la zona de influencia por ser estos los elementos estructurales
de la obligación que no pude delegarse a autoridades administrativas so pena de
desconocer el principio de legalidad.
Lo anterior porque con ocasión a la sentencia C-155 de 2003, que declaró la
inexequibilidad de la expresión «nacional» contenida en el artículo 2 del Decreto
Legislativo 1604 de 19665, se despojó al ejecutivo de las amplias facultades que
tenía respecto de las contribuciones nacionales, siendo el único competente para
definir el sistema y método el Congreso. Sin embargo, hasta la presentación de la
demanda no se había dictado norma alguna sobre valorización nacional,
subsistiendo únicamente las facultades de determinación de los entes
departamentales y municipales.
Es por ello que la facultad del Ministerio de Transporte y del INVIAS, para el decreto,
determinación y recaudo de la contribución de valorización quedó anulada, por lo
que el tributo por la red nacional de carreteras – vías, no podía ser decretada por la
Asamblea Departamental de Antioquia como se hizo en los actos demandados, sino
que debía estar consignada en una ley.
2. Falta de competencia departamental
Siguiendo con los argumentos anteriores, concluyó que en el caso específico la
Asamblea Departamental de Antioquia excedió sus facultades al expedir unas
ordenanzas fijando parámetros para el cobro de la contribución de valorización
respecto a carreteras que no son propiedad del departamento sino de la Nación.
Además, el artículo 4 del Decreto 1735 del 2001, ratificó el carácter nacional dentro
de la categoría transversal a las vías «Cruce Ruta 25 (Hatillo)-Cisneros» y «Cisneros-Puerto
Berrío-Cruce Ruta 25» las cuales hacen parte de los tramos gravados con la
contribución discutida. Y, aun cuando en el Convenio 005 del 25 de enero de 1996
4
Sobre esto último citó el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 15 de junio de 2006, M.P. Luis Fernando
Álvarez Jaramillo en el que se dio respuesta a las consultas 1746 y 1747
5
ARTÍCULO 2. El establecimiento, la distribución y el recaudo de la contribución de valorización se harán por la respectiva
entidad nacional, departamental o municipal que ejecuten las obras, y el ingreso se invertirá en la construcción de las
mismas obras o en la ejecución de otras obras de interés público que se proyecten por la entidad correspondiente.
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y el convenio sin número del 24 de abril de 1996 se acordó transferir al
departamento la vía identificada como «Ruta 25 tramo 10: Medellín (variante de Bello)-Los
Llanos, Sector Medellín K 0-El Hatillo K 24+400 (punto de intersección entrada a Barbosa», insistió
que este no era el mecanismo idóneo.
En su lugar, debía tenerse en cuenta el artículo 15 de la Ley 105 de 1993 que
estableció el procedimiento en el cual el Ministerio de Transporte debe presentar al
CONPES los planes de expansión vial para su aprobación, sin que a la presentación
de la demanda existan registro de decretos que cumplieran con los requisitos de
dicha normativa.
Lo anterior implicaba que las vías conservaran su carácter de nacionales y solo el
congreso era competente para fijar la contribución.
3. Falsa motivación
Insistió en que, si bien los factores para cada obra pueden ser determinados por la
asamblea o los concejos, no tiene competencia para ello cuando la contribución de
valorización es en vías de carácter nacional. Así, la Asamblea Departamental de
Antioquia motivó falsamente los actos demandados al citar como fundamento
normas que no le permitían decretar y distribuir las contribuciones de valorización
por obras nacionales, pues no contaba con una ley que delimitara previamente los
elementos estructurales de la obligación, lo cual tampoco podía ser delegado a
autoridades administrativas departamentales en virtud del principio de legalidad.
4. Expedición irregular de la Ordenanza 27 del 28 de diciembre de 2010
Explicó que esta ordenanza decretó la segunda valorización con fundamento en el
estudio de prefactibilidad de la resolución distribuidora 0707 del 25 de enero de
2005, que asignó una obligación para un tramo diferente que fue decretado en la
Ordenanza 01 de 1997 y que cuenta con una zona de influencia menor.
Si bien se pretendía cumplir lo dispuesto en el artículo 6 de la Ordenanza 04 de
2007 (Estatuto de Valorización del Departamento de Antioquia), el estudio de prefactibilidad
era de una zona de citación o de influencia beneficiada diferente, lo que daba lugar
a que el monto distribuible fuera mayor al que correspondía.
Sumado a ello, no se cumplió la verificación por parte del secretario general de los
requisitos formales de los proyectos de ordenanza, en los términos del artículo 53
de la Ordenanza 18 de 2004 (reglamento interno de la Asamblea de Antioquia),
puntualmente con la inscripción en el plan de desarrollo del ente territorial, máxime
cuando en el plan 2008 – 2011 «Antioquia para Todos. Manos a la Obra», no se contempló
que el proyecto «Hatillo –Barbosa–Pradera–Cisneros», fuera financiada por valorización,
como si ocurría con otras vías.
Resaltó que en la exposición de motivos de la Ordenanza 027 de 2010 solo se hizo
alusión a que se trataba de un tramo que fue plasmado en la resolución decretadora
original, de lo que se concluye una doble valorización por el mismo proyecto.
Además, en las actas 01, 02 y 03 de diciembre de 2010 no se mencionó la
incorporación al plan de desarrollo.
Otra irregularidad es que no se realizó por parte de la Asamblea una audiencia
pública ni socialización del proyecto de la Ordenanza, como lo consagra su
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reglamento interno o a la Ley 5 de 1992; así se dejó la carga de difusión o publicidad
en los representantes o delegados de los propietarios.
5. Pérdida de fuerza de ejecutoria
Por disposición del numeral 3 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos pierden su ejecutoria si pasados 5 años de estar en firme la
autoridad administrativa no ha realizado actuaciones tendientes a su ejecución, lo
cual ocurrió con la resolución 0707 del 25 de enero de 2005.
6. Falsa motivación de la resolución 120105 del 4 de agosto de 2014
Esto obedecía a que la Ordenanza 027 de 2010 decretó una valorización sobre el
proyecto «Desarrollo vial del Aburrá Norte y obras complementarias, tramo Hatillo–Pradera-
Cisneros», mientras que la resolución en cuestión asigna y distribuye una valorización
para el tramo «Hatillo–Pradera», por lo que la gobernación entregó un estudio de
prefactibilidad y aprobó en la ordenanza un tramo diferente. Así, se tiene que fue
aprobada con información que no coincide.
Sumado a esto, mediante la resolución 0707 de 2005 ya se había pagado la
contribución de valorización, lo que daba lugar a una doble imposición tributaria con
la expedición de la resolución 120105 de 2014.
Oposición de la demanda
El Departamento de Antioquia controvirtió las pretensiones de la demanda con
fundamento en lo siguiente6:
Se refirió al contenido de los actos y sostuvo que las ordenanzas 01 de 1997 y 027
de 2010 establecieron el cobro de la contribución por valorización de acuerdo a las
competencias que rigen la materia, por lo que debían considerarse como actos de
carácter general; mientras que las resoluciones 0707 de 2005, 30555 de 2012 y
120105 de 2014 se trataban de actos administrativos de carácter particular,
debidamente ejecutoriados y en firme desde la fecha de su expedición, por lo que
no podían hacer parte del medio de control de nulidad de que trata el artículo 137
de la Ley 1437 de 2011.
Explicó que en la ordenanza 01 de 1997 se decretó la ejecución y cobro de
valorización del proyecto «Desarrollo Vial del Aburrá Norte Doble Calzada “Bello–el Hatillo”»,
por lo que con la resolución 0707 del 25 de enero de 2005 el gobernador distribuyó
y asignó la contribución para los predios ubicados dentro de la zona de influencia.
Posteriormente, con la Ordenanza 27 de 2010 se decretó la ejecución y cobro por
de la contribución para el «Desarrollo Vial del Aburrá Norte, Doble Calzada “Hatillo – Barbosa
– Pradera”», a su vez, y con la resolución 120105 del 4 de agosto de 2014, se
distribuyó y asignó el tributo para los inmuebles de la zona de influencia.
Así las cosas, afirmó que se tratan de dos proyectos totalmente diferentes: doble
calzada Bello – el Hatillo y doble calzada Hatillo - Barbosa – Pradera.
Transcribió el oficio 201500058731 del 18 de septiembre de 2015 proferido por la
dirección de Planeación de la Secretaría de Infraestructura Física, en el que se
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Samai, índice 11. Link expediente 01PRIMERA INSTANCIA. PDF Contestación
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mencionó la naturaleza y propiedad de las carreteras en el territorio y se refirió
específicamente a la vía Hatillo–Barbosa–Pradera.
Planteó que la resolución 0707 de 2005 opera de manera diferente para cada sujeto
pasivo, y que en el «Juzgado de Ejecuciones Fiscales, de la Secretaría de Hacienda
Departamental», se han realizado acuerdos de pago y refinanciaciones de las deudas,
insistiendo que no debía ser parte de este proceso. También destacó que la pérdida
de ejecutoria no viciaba de nulidad una decisión administrativa.
Puso de presente que los proyectos se encuentran inscritos en el «numeral 4.3
(INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y COMUNICACIONES) de la línea estratégica No. 4 (DESARROLLO TERRITORIAL)
del plan de desarrollo del Departamento de Antioquia 2008 – 2011». Así mismo, resaltó que
varias acciones de tutelas instauradas en contra del segundo proyecto fueron
declaradas improcedentes en segunda instancia al considerar que la resolución
distribuidora fue notificada en debida forma y garantizó el derecho al debido
proceso.
Afirmó que los actos son válidos dado que en su expedición y publicación no se
evidencia alguna irregularidad que contraríe o afecte el resultado técnico de los
actos administrativos.
Propuso como excepciones: i) la inepta demanda por indebida escogencia de la del
medio de control contra los actos que consideró que eran de carácter particular7; ii)
la presunción de legalidad de los actos demandados; iii) la inexistencia de causales
para su anulación y iv) la ausencia o falta de causa para demandar.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, negó las
pretensiones de la demanda por lo siguiente8:
En relación con la excepción de inepta demanda, precisó que la resolución que
liquida y distribuye la contribución de valorización es un acto de carácter general en
cuanto a esa asignación, mientras que es de carácter particular aquella parte de la
asignación directa e individual al contribuyente, ante lo cual, el examen de legalidad
debía adelantarse a la luz de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho si
lo cuestionado es la asignación directa.
Así, precisó que solo analizaría en sede de nulidad simple los cargos que fueran
contra las decisiones de carácter general, excluyendo lo relacionado a la creación,
modificación o extinción de situaciones jurídicas de carácter particular, que son
susceptibles de demandarse en otro medio de control.
Luego, transcribió apartes de los actos e indicó que en la audiencia inicial se requirió
a la Contaduría General de la Nación para que informara si las vías objeto de debate
eran parte del inventario de bienes fiscales de la Nación, lo cual fue atendido
mediante oficio del 25 de noviembre de 2016, en el sentido de remitir la solicitud al
Ministerio de Transporte por ser la entidad competente para ello. Dicha cartera
ministerial atendió la petición en escrito del 30 de noviembre de 2016, indicando
que las carreteras se trataban de bienes de uso público, y acto seguido, señaló la
información para varios tramos viales.
7
En la audiencia inicial celebrada el 1 de noviembre de 2016, se dijo que la excepción de inepta demanda sería resuelta
en la sentencia.
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Posteriormente, puso de presente que en otro proceso9, el Tribunal indicó que el
Departamento de Antioquia era el titular de las vías por las que se estableció la
contribución de valorización, decisión que fue confirmada por el Consejo Estado10
al considerar que un oficio del Ministerio de Transporte no refutaba la valoración
probatoria efectuada en primera instancia sobre los documentos de carácter
contractual que obraban en el expediente, ni mucho menos la conclusión a la que
llegó.
Advirtió que dicha tesis, se venía manejando con anterioridad, pues incluso al
resolver una apelación de auto en el proceso antes mencionado11, la alta
corporación indicó que la contribución de valorización del proyecto de desarrollo vial
del Aburrá Norte era del Departamento de Antioquia.
Descendiendo al caso concreto, manifestó que el oficio proveniente del Ministerio
de Transporte sobre el dominio del tramo vial objeto de debate, no especificó las
razones por las cuales unas vías estaban a cargo del departamento y otras en
cabeza de la Nación. Y las pruebas allegadas al expediente tampoco ofrecían
certeza de que el tramo de las carreteras en discusión estuviera bajo la
responsabilidad de la Nación al momento en que se expidieron los actos
demandados.
Refirió que en otra sentencia del tribunal12 confirmada por el Consejo de Estado13 se
avaló la posición de que el Departamento de Antioquia era la entidad encargada de
asignar la contribución de valorización del proyecto de desarrollo vial del Aburrá
Norte debido a que era propietario de la obra al finalizar el contrato de concesión.
Así, los cargos de la demanda, que se sustentaban principalmente en el carácter
nacional de los tramos viales materia de las obras a financiar con la contribución,
no estaban debidamente soportados en las pruebas allegadas, lo que impedía
acceder a la nulidad solicitada al tratarse de un asunto en cabeza de la parte
demandante. Bajo ese contexto se relevó de analizar cualquier otro argumento
planteado por la entidad en defensa de la legalidad de los actos.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas debido a que no se probaron los
gastos asumidos por la demandada como potencial beneficiario de la misma,
además, porque el medio de control tampoco carecía de fundamento legal para su
presentación.
Recurso de apelación
La demandante apeló la sentencia de primera instancia, por lo siguiente14:
Alegó una falta de congruencia y coherencia por parte del tribunal, para lo cual
sostuvo se desconoció la realidad procesal, ya que durante el trámite se tuvo por no
contestada la demanda, lo que se evidenciaba con los actos previos a la audiencia
inicial, en la misma diligencia y en los alegatos de conclusión, sin embargo, en la
sentencia se dispuso lo contrario y tuvo en cuenta la oposición de la entidad.
Refutó que el tribunal considerara que no estaba probado que las vías objeto de la
contribución fueran del orden nacional, pues en los alegatos de conclusión se
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Sentencia del 24 de agosto de 2022, radicado 05001-23-33-000-2015-0127200, M.P. Beatriz Elena Jaramillo Muñoz.
10
Sentencia del 27 de abril de 2023, exp 27231, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
11
Auto del 16 de noviembre de 2016
12
Sentencia del 11 de diciembre de 2019, radicado 05001-23-33-000-2015-01460-00, M.P. Liliana Navarro Giraldo
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Fallo del 31 de marzo de 2022, exp 25250, M.P. Milton Chaves García
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Samai del Tribunal. Índice 57
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demostró lo contrario, toda vez que estas fueron entregadas a la ANI, quien a su vez
las concedió a VINUS en la resolución 2018 del 3 de diciembre de 2015.
Resaltó cuáles hechos fueron aceptados por la administración15, y que, si bien debe
tenerse como no contestada la demanda, debe considerarse como una confesión.
Posteriormente, afirmó que el Tribunal equiparó el rol de administrador de las vías
con el de propietario y responsable de estas, puesto que el primero es el
departamento y el segundo era la Nación. En ese sentido, era necesario analizar el
origen de los recursos de cada una de las entidades.
Consideró que la sentencia era superflua en su argumentación y contradecía los
reparos presentados sobre la contribución por valorización en vías nacionales, que
solo fue posible con la Ley 2010 de 2019. Además, porque en este caso se
configuraba el fenómeno de la prevalencia de la realidad sobre las formas, pues las
vías están en poder de la Nación y no del departamento.
Alegó que se omitió valorar los conceptos 1746 y 1747 de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, sobre la infraestructura vial a cargo de la
Nación y las entidades territoriales, los cuales fueron señalados en la demanda.
También se desconocieron los artículos 300 y 317 de la Constitución Política, de
conformidad con los cuales en materia de contribuciones departamentales y
municipales, la concreción de los factores de la obligación compete a las asambleas
y concejos, y no a las autoridades administrativas, como en este caso, la Secretaría
de Infraestructura del Departamento, pues solo debía limitarse a distribuir el costo
de la obra en función del grado de beneficio de los predios de la zona de influencia.
Como en la demanda, indicó que los actos se fundamentaron en el artículo 2 del
Decreto Legislativo 1604 de 1966, sin embargo, en sentencia C-155 de 2003 se
declaró la inexequibilidad de la expresión «nacional» contenido en esa norma, por lo
que se despojó al ejecutivo de las amplias facultades para el recaudo de la
contribución, considerando que el único competente para definir el método y sistema
era el Congreso, cosa que «hasta el momento no ocurre». En ese sentido, también
expiraron las facultades del Ministerio de Transporte, del INVIAS, y del Departamento
de Antioquia, para cobrar una obligación respecto de una obra de carácter nacional
sin contar con una ley para ello.
Advirtió que, con la expedición de la Ley 1819 de 2016 (artículos 239 a 254) se
introdujo una nueva normativa sobre la contribución nacional de valorización,
definiéndola como un gravamen al beneficio adquirido por las propiedades
inmuebles y recuperación de los costos y participación de los beneficios generados
por obras de interés público. Y aunque no se ha definido en que zonas se haría
efectivo el cobro, se dispuso que la base gravable sería el costo del proyecto de
infraestructura y los gastos de recaudo de los recursos, sin embargo, la
interpretación del tribunal «solo lo hace respecto a nivelar el origen de los recursos pero no la
responsabilidad de la vía»
Afirmó que la sentencia de primera instancia desconoció las pruebas que
demostraban que las vías objeto de debate eran de orden nacional, pues
precisamente era la ANI la encargada de la adjudicación de nuevos tramos, tal como
ocurrió cuando entregó al «Consorcio Estructura Plural Vías del Nus VINUS”, mediante
Resolución 2018 del 3 de diciembre de 2015 por la modalidad de contratación
directa como alianza público privada, la construcción de nuevo tramo de la doble
15
Hechos 1a 5, 10, 13 a 15, 19 y 21
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calzada, lo que demostraba que no había perdido la naturaleza vial por convenio,
pues de acuerdo con la Ley 105 de 1993 la devolución de la misma debía obedecer
a un plan de expansión.
Así mismo, transcribió apartes del oficio del 2 de marzo de 2015 expedido por el
director de infraestructura del Ministerio de Transporte que demostraban la
naturaleza de vía nacional y que era necesario un plan de expansión ante el CONPES.
Dijo que la doble calzada Hatillo – Pradera no era un proyecto diferente, sino que
se trataba de un único proyecto que se venía ejecutando por etapas, cuestión
diferente era su desnaturalización por las firmas de otrosíes al contrato de
concesión.
Sumado a lo anterior, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 1735 de 2001,
las vías «Cruce Ruta 25 (Hatillo)-Cisneros» y «Cisneros-Puerto Berrío-Cruce Ruta 45» eran
nacionales dentro de la categoría de transversal de las vías que hacen parte de los
tramos gravados con la contribución aquí discutida.
Indicó que el tribunal no se pronunció sobre la expedición irregular de la ordenanza
27 de 2010, ni desarrolla ninguna decisión sobre la Resolución 0707 de 2005 que
también fue objeto de demanda.
Señaló que dicho acto no cumplió, o lo hizo de manera deficiente, con todos los
requisitos exigidos en la Ordenanza 04 de 200716, esto es, con el estudio de
prefactibilidad, puesto que cobija una zona de citación diferente, dando un mayor
monto a distribuir, y con la inscripción en el plan de desarrollo departamental, para
lo cual reiteró los argumentos de la demanda al respecto, como las actas de la
asamblea y la falta de audiencia pública o socialización del proyecto de ordenanza
Adicionalmente, advirtió que el estudio técnico y socio económico, que fue la base
de la contribución y el derrame de la valorización por la obra doble calzada Bello –
Hatillo – Barbosa – Pradera, se fundamentó en el POT del municipio de Barbosa el
cual no se encuentra ni sancionado ni publicado, y en ese sentido, tampoco es
vinculante para los sujetos pasivos de la contribución por valorización.
Insistió en la pérdida de ejecutoria de la resolución 0707 de 2005 debido a que la
autoridad administrativa dejó transcurrir más de 5 años sin realizar acciones
tendientes a su cumplimiento, así como lo relacionado a la falsa motivación en la
expedición de la resolución 120105 del 4 de agosto de 2014 por tratarse de un tramo
diferente al dispuesto en la ordenanza 027 de 2010, por lo que el estudio de
prefactibilidad es de una zona diferente a la decretada. Además, se trata de una
doble imposición de la contribución ya que había sido cobrada con la resolución
0707
Finalmente, la parte demandante señaló la existencia de una «prueba desconocida»
consistente en la resolución 2018 de 2015.
Oposición a la apelación
La parte demandada guardó silencio.
Intervención del Ministerio Público
El agente de dicha entidad tampoco se pronunció.
16
Estatuto de la Contribución de Valoración del Departamento
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Problema jurídico
Le corresponde a la Sección decidir el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de las
ordenanzas 01 del 16 de mayo de 1997 y 027 del 28 de diciembre de 2010,
proferidas por la Asamblea Departamental de Antioquia; así como de las
resoluciones 0707 del 25 de enero de 2005, modificada por la resolución 030555
del 14 de marzo de 2012; y la resolución 120105 del 4 de agosto de 2014, proferidas
el gobernador de Antioquia y el secretario de Infraestructura Física de la
gobernación, respectivamente.
De manera preliminar se advierte que con el recurso la parte actora puso de
presente la existencia de la resolución 2018 del 3 de diciembre de 2015, que a su
juicio demostraba que la vías objeto de debate eran del orden nacional, pues
mediante dicho acto, la ANI, como encargada de la adjudicación de nuevos tramos
entregó a «Consorcio Estructura Plural Vías del Nus VINUS”, tales vías como alianza público
privada, lo que también dejaba en evidencia que las carreteras no perdían su
naturaleza por un mero convenio que obedecía a un plan de expansión. En la
apelación también se identificó dicho acto como prueba desconocida.
Sin embargo, nada se dirá sobre el asunto, pues se trata de una prueba que solo se
allegó con el recurso de apelación, y por esa misma razón, mediante auto del 19 de
diciembre de 202517, se negó su incorporación al proceso18.
Además, se resalta que no hay lugar a pronunciarse sobre los argumentos
planteados con ocasión de la expedición de la Ley 1819 de 2016 y relacionados
con la base gravable de la contribución, pues esta norma fue proferida con
posterioridad a la presentación de la demanda19 y el reparo planteado corresponde
a un cargo independiente de nulidad sobre el cual la parte demandada ni el tribunal
se pronunciaron. Lo mismo ocurre con lo relacionado a la Ley 2010 de 201920,
norma expedida luego de la emisión de los actos y presentación de la demanda.
Finalmente, se destaca que en el cargo de irregularidades se planteó una
inconformidad sobre la falta de publicación del Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) de Barbosa, aspecto que tampoco fue invocado en la demanda.
En consecuencia, la Sección se abstendrá de pronunciarse sobre esos aspectos,
pues ha sido constante la jurisprudencia en señalar que no le es permitido a las
partes la inclusión en sede de apelación de argumentos desconocidos o ajenos al
debate inicialmente propuesto, siendo esto un requisito de las normas que regulan
el derecho procesal administrativo y las garantías al debido proceso21.
Precisado lo anterior, se resolverá i) el presunto desconocimiento de la realidad
procesal relacionado con la oposición a la demanda; ii) la propiedad de las vías
objeto de debate; iii) la expedición irregular la Ordenanza 27 del 28 de diciembre de
17
Samai. Índice 21.
18
Se pone de presente que si bien en el escrito de contestación de excepciones la parte demandante menciona que allega
la mentada resolución, esta no fue aportada al proceso.
19
La demanda se radicó ante el tribunal el 3 de julio de 2015 (página 79 PDF de la demanda) y la Ley 1819 fue publicada
en el diario oficial 50.101 del 29 de diciembre de 2016.
20
La ley fue publicada en el diario oficial 51.179 del 27 de diciembre de 2019.
21
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 23 de febrero de 2023, exp 26454 y del 30 de abril de 2026, exp 30862,
ambas con ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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2010; iv) el desconocimiento de la resolución 0707 de 2005 y su pérdida de fuerza
de ejecutoria; y v) falsa motivación de la resolución 120105 del 4 de agosto de 2014.
2. Análisis del caso concreto
2.1. Desconocimiento de la realidad procesal
Según la parte demandante, durante el trámite procesal se tuvo por no contestada
la demanda, lo que constaba en los actos previos a la audiencia inicial, en la misma
diligencia y en los alegatos de conclusión, sin embargo, en la sentencia apelada el
a quo dispuso lo contrario y tuvo en cuenta la oposición presentada por el
departamento.
Para resolver lo anterior se encuentra que la gobernación se opuso a las
pretensiones de la demanda y presentó excepciones22, de las cuales se dio traslado
desde el 15 al 20 de junio de 201623. Por su parte, los demandantes radicaron
memorial pronunciándose al respecto24, pero sin mencionar la presunta
extemporaneidad de la contestación.
Posteriormente, mediante auto del 22 de agosto de 201625, el Tribunal fijó como
fecha para audiencia inicial el 1° de noviembre de ese año, sin embargo, nada se
dijo sobre la contestación de la demanda. Así, la audiencia fue celebrada en dicha
fecha, y en el acta se dejó consignado lo siguiente26: «se advierte que la respuesta a la
demanda fue allegada dentro del término procesal oportuno tal como consta entre los folios 381 a
388, y como en la misma se consignaron excepciones, a estas excepciones se les dio traslado el 15
de junio de 2016, según se observa a folio 401 del plenario. (…)», además esta afirmación
coincide con lo dicho en la grabación de esa diligencia a partir del minuto 4:2327.
Contra esta decisión no se presentó recurso alguno.
En consecuencia, no resulta incoherente que en la sentencia de primera instancia
se valorara la oposición a la demanda presentada por el Departamento de Antioquia,
pues en ninguna actuación procesal se indicó que fuera extemporánea, más allá de
las afirmaciones planteadas en los alegatos de conclusión de primera instancia28 y
ahora con el recurso de apelación, máxime cuando no se instauró recurso contra lo
decidido en la audiencia inicial sobre la oportunidad de la oposición.
A lo anterior se suma una contradicción por parte de la parte apelante, pues sostiene
que la oposición a la demanda es extemporánea, pero pretende que algunos de los
hechos aceptados en ella se tomen como ciertos al tratarse de una «confesión». Por
lo anterior, no prospera este cargo de apelación.
2.2 Propiedad de las vías sobre las cuales recae la valorización
La sentencia del tribunal negó las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso
que las pruebas recaudadas en el proceso no ofrecían certeza de que los tramos
de las vías por los cuales se estableció la contribución estuvieran bajo la
responsabilidad jurídica de la Nación al momento en que se expidieron los actos
22
Consultar en Samai. Índice 11. Link expediente. 01PRIMERA INSTANCIA. 011ContestaciónDeLaDemanda.pdf
23
Ibidem, 012Traslado.pdf
24
Ibidem. 013ContestaciónDeExcepciones.pdf
25
Ibidem. 015AutoQueFijaFechaParaAudiencia.pdf.
26
Ibidem. 018 ActaDeAudiencia.pdf.
27
Consultar en Samai. Índice 11. 14RECIBEMEMORIAL_TestigoDocumentalCE2(.pdf). Carpeta 02MediosMagneticos.
CDAudienciaInicial.05001233300020150136000 01-11-2016 JJAL.mpg.
28
Consultar en Samai. Índice 11. Link expediente. 01PRIMERA INSTANCIA. 027AlegatoDeConclusionEscrito.pdf
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acusados. Indicó que «el oficio remitido por el ministerio de transporte sobre el nivel de dominio
del tramo vial objeto de la contribución de valorización en torno a la cual se demanda la simple
nulidad, señala que hay unas vías que están a cargo del departamento y otras a cargo de la nación,
pero sin especificar ¿por qué? Ni ¿cuáles son las razones jurídicas que sustentan esa tipología?
(…)». Es decir, que la decisión se basó en que las pruebas allegadas no fueron
suficientes para desvirtuar los actos.
El a quo también citó varias providencias del Consejo de Estado en las que se
estudió la titularidad de las vías que ocasionaron la contribución demandada,
destacando el análisis probatorio realizado en esas oportunidades, así como la
conclusión de que el departamento era el propietario de la obra al finalizar el contrato
de concesión. También citó un precedente horizontal que tuvo como fundamento la
misma premisa sobre la propiedad en cabeza del departamento, decisión que fue
confirmada por esta corporación.
Los demandantes reprochan que el Departamento de Antioquia carece de
competencias legales y funcionales para determinar y cobrar la contribución por
valorización asignada en los actos demandados, por cuanto las vías sobre las
cuales la liquidó son de propiedad de la Nación y no del ente territorial. Además,
que en virtud del principio de legalidad que rige en materia tributaria, ese tipo de
obligaciones deben estar previamente definidas por el legislador, sin que las
autoridades administrativas puedan asumir competencias sobre la concreción de
los elementos como el sistema y método de cobro
Ahora bien, al revisar dichos reparos del recurso de apelación, se observa que la
parte interesada no controvierte o refuta las conclusiones del a quo.
Esto porque los demandantes insisten en cuales son las autoridades que deben
definir los elementos de la obligación, postura que encontraba respaldo en
conceptos proferidos por la Sala de Consulta del Consejo de Estado29. Sin embargo,
esto no fue objeto de la decisión de primera instancia, pues se insiste, se basó en
la valoración de las pruebas con el fin de determinar si eran nacionales, como se
invocaba en la demanda. Luego, al considerar que no lo eran, era improcedente
analizar si debía intervenir o no una autoridad del orden nacional.
Así las cosas, se evidencia que dichos argumentos no controvierten lo dicho en
primera instancia, tal y como lo exigen los artículos 320 y 328 del Código General
del Proceso. La Corte Constitucional ha asumido la misma posición, pues ha
precisado que la finalidad del recurso de apelación es «controvertir una decisión judicial
y provocar la intervención del superior, con lo que eso implica en términos de desgaste del aparato
judicial, y en merma de la seguridad jurídica, es preciso mostrar razones serias que generen en el
fallador una cierta duda sobre el asunto recurrido, o, al menos, que se planteen de manera clara y
argumentada las razones de la discrepancia»30
Además, en este cargo también se indica que no se valoraron correctamente las
pruebas. Se refirió a la respuesta brindada el 2 de marzo de 2015 por el director de
Infraestructura del Ministerio de Transporte a un derecho de petición, con el que
pretende demostrar que es una vía nacional. Sin embargo, para la Sección el
contenido de dicha respuesta31 no ofrece explicación sobre la realidad del estado
de las carreteras en discusión, sino que de forma genérica afirma que la concesión
29
Se refiere al concepto del 15 de junio de 2006, con radicaciones 1746 y 1747, y que mencionó de manera previa a
identificar los cargos de nulidad de la demanda.
30
Sentencia SU-418 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, reiterada recientemente por la Sección en sentencia del
30 de abril de 2026, exp 30862, M.P. Myriam Stella Gutierrez Argüello
31
Samai. Índice 11. Link expediente. 01PRIMERA INSTANCIA. 004AnexosDeLaDemanda. Páginas 132 y 131 del PDF.
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de una vía nacional a un ente departamental no trae de manera implícita la pérdida
de su naturaleza, empero, no hace referencia a las vías cuestionadas en este
proceso. Por el contrario, se destaca que el funcionario condiciona el asunto a una
revisión de las condiciones de la entrega de las carreteras.
En la apelación también se indicó que el artículo 4 del Decreto 1735 de 2001 se
dispuso que las carreteras «Cruce Ruta 25 (Hatillo)-Cisneros» y «Cisneros-Puerto Berrío-
Cruce Ruta 45» eran nacionales dentro de la categoría de transversal de las carreteras
que hacen parte de los tramos gravados con la contribución aquí discutida.
Revisada la norma se observa que efectivamente esas carreteras están
consagradas en el artículo en cuestión en el numeral 18, transversal Tribugá-
Arauca, sin embargo, se tiene que los actos demandados no se refirieron de manera
específica a esas vías, y en todo caso, la interesada tampoco explica si los tramos
en discusión hacían parte de estas o no.
Además, en la apelación se hizo una transcripción de unas imágenes en las que se
mencionan varios tramos viales y la red a la que presuntamente corresponden
(nacional a cargo del departamento o nacional INVIAS), sin embargo, no identifica
específicamente a que prueba corresponde dicha información.
En consecuencia, los demandantes no lograron demostrar que la titularidad de las
vías que fueron objeto de valorización estuvieran en cabeza de la Nación. No
prospera el cargo de apelación.
2.3. Expedición irregular de la Ordenanza 27 del 28 de diciembre de 2010
En la apelación se indicó el incumplimiento de los requisitos exigidos en la
Ordenanza 04 de 2007 (Estatuto de la Contribución del Departamento), al considerar que
el estudio de prefactibilidad cobija una zona de citación diferente dando un mayor
monto a distribuir, y que no se inscribieron las obras en el plan de desarrollo
departamental. También cuestionó la falta de audiencia pública o socialización del
proyecto de ordenanza. Lo anterior, podía verificarse en las actas 1, 2, y 9 de
diciembre de 2010.
Al respecto debe precisarse, como se indicó en el recurso que sobre estas
presuntas irregularidades nada se dijo en la sentencia de primera instancia.
Ahora, para resolver lo anterior se tiene que el artículo 6 de la Ordenanza 04 de
2007 prescribe que para decretar una obra por el sistema de la contribución por
valorización se debe cumplir con los siguientes requisitos: i) el estudio de
prefactibilidad técnico, financiero, socioeconómico y ambiental; ii) la delimitación de
la zona de citación y iii) la inscripción en el plan de desarrollo departamental.
En cuanto a la primera exigencia se advierte que en el expediente obra una carpeta
denominada «prefactibilidad hatillo-barbosa-pradera» «ESTUDIO PREFACTIBILIDAD BARBOSA
CISNEROS- HATILLO»32, y al consultar la información allí contenida se observa un estudio
en los cuales se analizaron, factores técnicos, socioeconómicos, entre otros
aspectos.
Ahora, en cuanto al incumplimiento del segundo requisito, se observa en el punto 6
del documento, se encuentra la explicación de la localización del proyecto y allí se
32
Samai. Índice 11. 02 Medios magnéticos. CD demanda. Obra Hatillo – Barbosa – Pradera. Prefactibilidad Hatillo – Barbosa
– pradera. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD BARBOSA CISNEROS – HATILLO DM
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identifica la zona de citación así, «La zona de Citación, entendida como el área de estudio,
hace parte de los siguientes municipios, Girardota, Barbosa, Donmatías, Santa Rosa, Cisneros,
Santo Domingo, San Roque, Yolombo, Maceo (…)»33. Ahora bien, el argumento de los
demandantes es que es diferente a la decretada en la ordenanza 27, la cual hace
referencia al desarrollo vía Hatillo- Pradera – Cisneros, pero no identifica con
claridad cuál es la diferencia, siendo su responsabilidad desvirtuar lo que dicen los
actos demandados.
En ese sentido, tampoco tiene vocación de prosperidad este reparo.
Sobre el tercer requisito, esta Sección ha manifestado que no era necesario que en
planes territoriales se identificara de manera precisa la realización de determinada
obra, pues bastaba con que la autoridad territorial de manera general estipulara las
circunstancias de las estrategias de desarrollo que serían objeto de realización. Así,
dijo lo siguiente34:
En ese contexto, para la Sala, el hecho de que dentro del plan de desarrollo se haga referencia
a la forma en que serían intervenidas las redes viales secundarias y terciarias habilitaba al
órgano de representación popular para que decretara la financiación de las obras que se
requerían por el sistema de la contribución por valorización, como en efecto ocurrió, sin que
fuera indispensable que se identificaran e individualizaran de manera concreta las obras y
vías, pues el plan de desarrollo es un documento global, por lo que dependiendo de las
circunstancias (tamaño poblacional, número de personas con necesidades insatisfechas y la
eficiencia fiscal y administrativa), posteriormente se focalizan los sectores que serán objeto
de las estrategias gubernamentales.
En ese sentido se pronunció la Sala en la sentencia del 10 de mayo de 201835, en la que se
decidió acerca de la nulidad de los actos administrativos de distribución de la contribución por
valorización del municipio de Envigado por no estar incluidas algunas de las obras en el plan
de desarrollo municipal. Sobre el particular, se consideró:
«4.6.- La exigencia del artículo 11-1 del Acuerdo Municipal de Valorización (según la cual, los proyectos
de obra que se pretendan financiar mediante la figura de contribución de valorización deben estar
incluidos en el plan de desarrollo municipal) debe interpretarse en armonía con las normas que regulan
los planes de desarrollo municipal, de las cuales se desprende que este, más que una herramienta en la
que se listan de manera exhaustiva todas las obras que se realizarán en el ente territorial determinado
periodo, es un mecanismo de planificación, en el que se definen líneas estratégicas y se hace referencia
a los programas principales y el presupuesto de ejecución de los mismos.
En efecto, de conformidad con la Ley 152 de 1994, los planes de desarrollo municipal se componen de
una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, que se definen “en los términos
y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos
Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que hicieren sus veces, siguiendo los criterios
de formulación, establecidos en la…Ley36”.
Este último-plan de inversiones- debe contener una proyección de los recursos financieros disponibles
para su ejecución y armonización con los planes de gasto público; la descripción de los principales
programas y subprogramas, con indicación de sus objetivos y metas, y los proyectos prioritarios de
inversión; los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los costos de los
programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte general y la especificación
de los mecanismos idóneos para su ejecución37. ».
En el caso concreto se observa que en el Plan de Desarrollo Departamental
2008–2011 «Antioquia para Todos Manos a la Obra», en el punto 4.3. denominado
«infraestructura física y comunicaciones» en el «objetivo específico» se contemplaron varios
33
Ibidem, páginas 64 y siguientes informe final I y páginas 7 en adelante informa final II.
34
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 8 de junio de 2023, exp 27444., M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
35
Exp. 21567, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
36
Artículo 31.
37
Artículo 6 ib. Aunque este artículo se refiere al Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con el artículo 31 ib., los entes
territoriales deben seguir los criterios de formulación establecidos en la ley, entre los que se encuentran las definiciones
de los componentes del plan de desarrollo.
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programas «para mejorar la infraestructura para la conectividad de Antioquia con el resto del país y
el mundo» para lo cual se realizarían los siguientes programas:
Programa 1: Vías para la competitividad en Antioquia
Incluye los proyectos viales estratégicos en los principales corredores del orden nacional y
departamental, con mejoramientos significativos en sus especificaciones técnicas, incluyendo
entre otros, mejoramientos a dobles calzadas. Impacta principalmente las subregiones del
Valle de Aburrá, Oriente, Occidente y Urabá
(…)
Proyectos en ejecución
Desarrollo Vial del Aburrá Norte: tiene programado para el próximo cuatrenio construir 20.5
km y mejorar 8 km en las siguientes obras:
Doble Calzada Niquía – Hatillo
Doble Calzada Hatillo – Barbosa
Intersección de Girardota
Acceso Norte a Copacabana
Mejoramiento tramo Acevedo – Copacabana
Rehabilitación tramo Acevedo – Copacabana
Rehabilitación sitios críticos en tramo Hatillo – Donmatías. (…)
En ese contexto, si bien en el plan de desarrollo departamental no se advierte la
inclusión puntual de la obra desde Barbosa – Pradera - Cisneros, como se dijo, esto
no es un requisito excluyente. Además, se destaca que sí se contempló el proyecto
relacionado con la doble calzada Bello, el Hatillo y Barbosa y la valorización de la
Ordenanza 27 del 28 de diciembre de 2010 se entiende como una ampliación a
dicha obra, de manera que no era algo ajeno, y acredita que en este caso también
se cumplió con este requisito.
Ahora bien, sobre la publicación y socialización del proyecto de ordenanza, la parte
demandante indica que se debían realizar audiencias públicas para este tipo de
actos, para lo cual cita el artículo 88 de la Ley 5 de 199238, sin embargo, tal norma
hace referencia a las sesiones del Congreso y a la difusión mediante programas
semanales de televisión, comunicados periodísticos y transmisión especiales para
informar sobre sus actividades. Así, se tiene que no invoca una norma que rija a las
asambleas departamentales ni que obligue a la práctica de audiencias públicas.
De conformidad con lo expuesto no prospera el cargo de apelación.
38
ARTÍCULO 88. Publicidad, Oficina de Prensa e Inravisión. Las sesiones de las Cámaras y sus Comisiones tendrán la
más amplia publicidad y difusión por las oficinas de prensa y comunicaciones de cada Corporación. A través de programas
semanales de televisión, comunicados periodísticos y transmisiones especiales de radiodifusión el Congreso se
comunicará con el país para informar permanentemente sobre sus actividades.
Las Mesas Directivas de las Cámaras podrán contratar los servicios de televisión y radiodifusión privadas para transmitir
en directo o diferido debates de especial importancia. La Radiodifusora Nacional a solicitud de las Mesas Directivas de
las Cámaras transmitirá gratuitamente debates parlamentarios de especial importancia.
La autoridad estatal de televisión a las que se refieren los artículos 76 y 77 de la Constitución Política garantizará el acceso
gratuito a las Cámaras Legislativas al servicio de televisión abierta y para ello deberá poner a disposición de las Cámaras
sendos espacios semanales de treinta (30) minutos en horas de máxima audiencia o triple A, que se transmitirán en los
canales comerciales mixtos y privados de cobertura nacional, regional y local, con el objeto de informar a la Nación sobre
las actividades desarrolladas por el Congreso y sus miembros.
En el Congreso de la República se creará un informativo que garantice las declaraciones que cada Congresista quiera
consagrar con respecto a sus actividades parlamentarias y opiniones sobre temas relacionados con el ejercicio de su
investidura. Las Mesas Directivas coordinarán lo pertinente para su publicación y asegurarán la emisión del mismo con
una frecuencia no inferior a la de una vez al mes. Se garantizará la inclusión del informativo como inserto en las
publicaciones de los periódicos de amplia circulación nacional.
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2.4. Pérdida de ejecutoria de la resolución 0707 del 25 de enero de 2005 y falta
de pronunciamiento sobre este acto.
En el recurso de apelación se indicó que, si bien esta resolución fue demandada, el
tribunal no se refirió de manera específica sobre el acto, ante lo cual se pone de
presente que en la sentencia de primera instancia se hizo una delimitación del
problema jurídico señalando que las resoluciones distribuidoras tienen un carácter
general y a la vez particular, por lo que solo se referiría al primer aspecto por tratarse
del medio de control de nulidad, por lo que no le asiste razón al recurrente.
Ahora, a juicio de la parte demandante dicha resolución perdió fuerza de ejecutoria
porque la autoridad administrativa dejó transcurrir más de 5 años sin realizar
acciones tendientes a su cumplimiento.
Al respecto los artículos 91 y 92 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo regulan la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos
administrativos, al establecer lo siguiente:
Artículo 91. Pérdida de Ejecutoriedad del Acto Administrativo. Salvo norma expresa en
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido
anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por
lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
(…).
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos.
Artículo 92. Excepción de Pérdida de Ejecutoriedad. Cuando el interesado se oponga a la
ejecución de un acto administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo
produjo podrá suspenderla y deberá resolver dentro de un término de quince (15) días. El acto
que decida la excepción no será susceptible de recurso alguno, pero podrá ser impugnado
por vía jurisdiccional.
Sobre el particular, esta Sección en sentencia del 15 de agosto de 2018 (exp 22362,
M.P. Milton Chaves García), expuso lo siguiente39:
La jurisprudencia constante del Consejo de Estado ha considerado que el acto administrativo
existe desde que la Administración ha manifestado su voluntad a través de una decisión, y su
eficacia (efectos) está condicionada a que tal acto se publique o se notifique. En tal sentido,
una vez existe el acto administrativo y se ha notificado o publicado, la Administración queda
facultada para cumplirlo o hacerlo cumplir. Esto es lo que se denomina la fuerza ejecutoria
del acto.
También ha considerado que no puede confundirse la ocurrencia de la pérdida de fuerza de
ejecutoria del acto administrativo con las causales de nulidad del mismo. Las causales de
nulidad se encuentran previstas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo [art.
137, CPACA] y se dan desde la misma formación o expedición del acto, bien sea porque se
aparta de las normas en que debía fundarse, o porque fue expedido por funcionario u
organismo incompetente o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de defensa
o mediante falsa motivación o desviación de poder.
“La pérdida de fuerza ejecutoria es un fenómeno jurídico distinto (…) dicha figura está referida
específicamente a uno de los atributos o características del acto administrativo, cual es la de
la ejecutividad del mismo, es decir, la obligación que en él hay implícita de su cumplimiento y
obedecimiento, tanto por parte de la Administración como de los administrados en lo que a
cada uno corresponda, consagrada en el primer inciso del precitado artículo 66, al disponer
que “salvo norma en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan
39
En dicha providencia se reiteraron: Sentencia del 12 de marzo de 2015, exp 19154, M.P. Hugo Fernando bastidas
Bárcenas y sentencias del 2 de mayo de 2013, exp 18205, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; 11 de octubre de
2012, exp 18778, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, y del 2 de febrero de 2011, exp 10474, M.P. Germán Ayala
Mantilla, entre otras.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01360-01 (29780)
Demandante: Ana María Builes Restrepo y otros
sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso pero perderán su fuerza
ejecutoria en los siguientes casos…”.
(…)
Por tanto, la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo no hace infructuoso el
análisis de legalidad del acto, en la medida en que el juicio de legalidad requiere la
confrontación del acto con las normas superiores a que debía someterse el mismo, a fin de
determinar su adecuación al ordenamiento, lo cual es independiente de su validez.
De lo anterior, se desprende que la fuerza de ejecutoria no está relacionada con la
nulidad del acto, que es lo que pretenden los demandantes, sino con la ejecutividad
de este.
Es por ello que ante esta figura se ha establecido un mecanismo que corresponde
al mencionado en el artículo 92, donde el interesado puede pedir que se decrete la
pérdida de ejecutoria, lo cual lleva a un pronunciamiento de la entidad que es
susceptible de control judicial, por lo que se trata de un procedimiento diferente al
que ahora se cuestiona, en el que las causales de nulidad son las establecidas en
el artículo 137 ibidem y entre las cuales no se encuentra que el acto no se haya
ejecutado. Esto porque «tanto la notificación como la pérdida de fuerza ejecutoria son figuras
que no afectan la validez de los actos administrativos, sino su capacidad de producir efectos
jurídicos»40.
2.5. Falsa motivación en la resolución 120105 del 4 de agosto de 2014
Para la parte demandante este acto asignó y distribuyó la valorización para el tramo
Hatillo – Pradera, cuando la Ordenanza 027 del 28 de diciembre de 2010, que fue
la que le sirvió de base, autorizó la obligación para una ruta distinta (Hatillo –
Pradera – Cisneros), lo que significó que la Gobernación de Antioquia entregara un
estudio de prefactibilidad sobre una zona de citación diferente.
Así mismo, señala que la contribución se pagó con ocasión de la resolución 0707
del 25 de enero de 2005, lo que daba lugar a una doble imposición tributaria.
Para la Sección el primer argumento no tiene vocación de prosperidad. Al efecto,
se reitera que la Ordenanza 027 del 28 de diciembre de 2010, en su artículo primero
dispuso «Decretar la aplicación del sistema de Contribución de Valorización al proyecto
DESARROLLO VIAL DEL ABURRA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO HATILLO CISNEROS, el cual se
viene ejecutando por etapas a través de la Unidad Ejecutora Gerencia para el Desarrollo Vial del
Aburrá-Norte».
Esto denota que no resulta errado que la resolución 120105 del 4 de agosto de 2014
se refiriera al tramo Hatillo – Pradera, pues no se trata de una vía distinta o ajena a
las contempladas en la ordenanza decretadora, sino que para ese efecto la
resolución contempló una parte del tramo, los cuales se insiste, fueron
individualizados en el acto de carácter general.
Tampoco se dará prosperidad al segundo argumento, pues la resolución 0707 del
25 de enero de 2005 en su artículo primero se dispuso «Aprobar la zona de influencia
beneficiada por la obra Desarrollo Vial de Aburra Norte “DOBLE CALZADA BELLO – EL HATILLO” la cual
comprende todas las propiedades ubicadas dentro de los linderos que a continuación se describen
(…)». De esta manera, se observa una diferencia entre los tramos, pues mientras la
resolución 0707 se refiere a Bello – Hatillo, la 120105 indica Hatillo – Pradera, es
decir, no existe una identidad absoluta de los tramos. Se niega el cargo.
40
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 4 de julio de 2024, exp 28478, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Demandante: Ana María Builes Restrepo y otros
Costas
Esta Sección no impondrá condena en costas porque en este proceso se ventiló un
asunto de interés público, según lo prevé el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 12 de septiembre de
2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
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