Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01545-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01545-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-01545-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
21 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 23 33 000 2015 01545 01 (0782-17)
Demandante: Rito Luciano López Asprilla
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 23 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Rito Luciano López Asprilla, por
conducto de apoderada, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las Resoluciones 43198 del 2 de septiembre de 2008; 17000 del 4 de mayo de 2009;
UGM 32821 del 14 de febrero y UGM 040325 del 28 de marzo de 2012, proferidas por
la entonces Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, hoy UGPP, por medio de las
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
cuales se le negó el reconocimiento de una pensión gracia de jubilación.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó que se condene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP
a lo siguiente: i) reconocer una pensión gracia de jubilación liquidada con base en
todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio y en cuantía de
$ 1.726.811, con efectos fiscales desde el 15 de junio de 2010; (ii) realizar los
ajustes de valor sobre el valor de la mesada, de conformidad con el índice de precios
al consumidor; (iii) pagar los intereses de que tratan los artículos 187 y 192 de la
Ley 1437 de 2011; (iv) dar cumplimiento al fallo en las condiciones previstas en el
artículo 192 del C.P.A.C.A.; y (v) condenar en costas a la parte demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Rito Luciano López Asprilla nació el 26 de octubre de 1954 y laboró como
docente del orden territorial en el departamento del Guainía y del departamento de
Antioquia, de manera interrumpida, desde el 3 de junio de 1977 hasta la fecha de
interposición de la demanda, para un total de 20 años, 4 meses y 21 días, función
que ha desempeñado con honradez, consagración e idoneidad.
ii) El demandante cumplió 50 años de edad el 26 de octubre de 2004 y 20 años de
servicio el 15 de octubre de 2010; sin embargo, el 23 de mayo de 2008 [sic] elevó
la primera solicitud de reconocimiento de la mesada pensional de gracia, la cual fue
negada por medio de la Resolución 43198 del 2 de septiembre de ese año, a partir
del argumento de que no cumplía con el requisito del tiempo mínimo de servicio.
iii) El 27 de octubre de 2008, el señor López Asprilla interpuso recurso de reposición
contra la Resolución 43198, antes citada; el recurso fue resuelto negativamente por
medio de Resolución 17000 del 4 de mayo de 2009.
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
iv) El 15 de enero de 2011, el demandante presentó una nueva solicitud de
reconocimiento de la pensión gracia, para lo cual aportó una nueva certificación del
tiempo de servicio prestado hasta el 5 de noviembre de 2010 en el departamento
de Antioquia. La demandada profirió la Resolución UGM 032821 del 14 de febrero
de 2012, en la que descartó todo el tiempo de servicio al departamento de Antioquia
«por ser una vinculación de naturaleza departamental - cofinanciada».
v) El 16 de marzo de 2012, el interesado radicó recurso de reposición contra la
anterior negativa, decisión que fue confirmada por conducto de la Resolución UGM
40325 del 28 de marzo de 2012, con la que dio por agotado el trámite administrativo
[sic].
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 48, 29 y 53 de la Constitución Política; 10 del
Código Civil; 10 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de
1933; la Ley 91 de 1989; y el Decreto 081 de 1976. Como desarrollo del concepto
de la violación se expusieron los siguientes argumentos:1
i) Los educadores de primaria, del sector oficial, que completen un tiempo de 20
años de servicio tienen derecho a percibir una pensión ordinaria de jubilación y, en
los términos de la Ley 114 de 1913, una pensión gracia, las cuales son compatibles
entre sí; la última mesada citada no depende de ningún tipo de aportes, sino que es
una prestación netamente sufragada por el tesoro nacional, razón por la que solo
hay lugar a estudiar si el trabajador cumple con los requisitos fijados en la norma,
es decir, sin importar la administradora de pensiones a la que se encuentre afiliado
o las cotizaciones que haya realizado.
ii) En los actos administrativos demandados, la UGPP desestimó el tiempo de servicio
que el señor Rito Luciano López prestó en el sector educativo del departamento de
1 Folios 103 al 113.
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
Antioquia, por ser un cargo pagado con recursos cofinanciados entre esa entidad
territorial y la Nación, sin tener en cuenta que es el nombramiento el que fija la
naturaleza jurídica de la vinculación, según lo preceptuado en la Ley 91 de 1989.
iii) El cargo de docente desempeñado por el demandante es de carácter
nacionalizado, lo que quiere decir que es tiempo plenamente computable para el
reconocimiento de la pensión gracia. Los demás requisitos son ampliamente
demostrativos y no hay razón fáctica o jurídica válida para que la entidad
demandada se haya sustraído del deber de reconocer el derecho reclamado.
1.2. Contestación de la demanda
La UGPP, por medio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la
demanda y expuso las siguientes razones de defensa:2
i) Los actos demandados fueron expedidos por autoridad competente, con absoluto
respeto de la ritualidad en su expedición y ejecutoria y los argumentos guardan
absoluto apego a las normas que son aplicables al caso particular; lo anterior quiere
decir que la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la
que están revestidos.
ii) Los tiempos válidos para calcular la pensión de gracia no son suficientes para
completar los 20 años de servicio que exige la norma, pues no pueden ser tenidos
en cuenta aquellos periodos en los que laboró en cargos administrativos o como
docente nacional. Lo anterior se debe a que aquellos nombramientos en los que
intervino la Nación no son aptos para dicho cómputo.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Primera de Oralidad, profirió sentencia
de primera instancia el 23 de noviembre de 2016, en la que accedió a las
2 Folios 126 al 129.
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
pretensiones de la demanda, pues declaró la nulidad de las Resoluciones UGM
32821 del 14 de febrero y UGM 40325 del 28 de marzo de 2012; y, entre otras, ordenó
el reconocimiento de una pensión gracia en favor del demandante en cuantía del
75 % del salario promedio devengado durante el año anterior al cumplimiento de
todos los requisitos legales, con inclusión de los factores de sueldo y primas de
vacaciones y navidad.
Las razones del anterior reconocimiento son las siguientes:
i) El señor Rito Luciano López tiene derecho a que le sea reconocida una pensión
gracia de jubilación, debido a que su vinculación al servicio docente oficial se
produjo el 3 de junio de 1977, en una entidad territorial (departamento del Guainía)
por un lapso de 3 años, 8 meses y 6 días, lo que quiere decir que cumple el requisito
de contar con una vinculación territorial o nacionalizada antes del año 1980 [sic].
ii) El demandante también se vinculó al servicio educativo del municipio de Medellín,
por un periodo de 2 años, 3 meses y 28 días, a través de contratos de prestación
de servicios, los cuales son completamente válidos para efectos del reconocimiento
de la pensión gracia, según la actual posición del Consejo de Estado. 3 Además,
están acreditados otros 16 años de servicio como docente departamental
cofinanciado, los cuales tienen vocación de integrar el cómputo del tiempo de
servicio necesario para el reconocimiento de la mesada, pues así se consideró en
el antecedente jurisprudencial citado.
De acuerdo con lo anterior, el accionante cuenta con más de 20 años de servicio
como docente oficial del nivel territorial o nacionalizado.
iii) Al expediente se aportó constancia de una sanción de 3 días de salario impuesta
al accionante por incumplimiento en la hora de ingreso a su jornada laboral; sin
embargo, ese hecho no fue valorado en los actos administrativos demandados ni
fue objeto de reproche en sede judicial. La mentada infracción no es de tal gravedad
3 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado 66001 23 33 000 2013 00384 01
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Radicación: 05001 23 33 000 2015 01545 01 (0782-17)
Demandante: Rito Luciano López Asprilla
como para impedir el reconocimiento del derecho pensional pretendido.
iv) Se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por la norma, esto es, 50 años
de edad, un mínimo de 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado
y no se observan sanciones disciplinarias graves que impidan el otorgamiento del
derecho prestacional pedido.
1.4. El recurso de apelación
La UGPP interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia. Las razones son las siguientes:4
i) De acuerdo con las pruebas que fueron aportadas al proceso, el señor Rito
Luciano López desempeñó la labor docente con ocasión de una serie de contratos
de prestación de servicios y luego por nombramiento de una entidad territorial, pero
cofinanciados con recursos de la Nación, por lo que no es posible computar dichos
tiempos para efectos del requisito de los 20 años de servicio, pues hacerlo sería
incurrir en una causal de incompatibilidad [sic].
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La parte demandante alegó de conclusión, mientras que la accionada lo hizo de
manera extemporánea.5
1.6. El Ministerio Público
El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se confirme la sentencia
de primera instancia por considerar cumplidos todos los requisitos legales para el
reconocimiento de la pensión gracia pedida por el señor Rito Luciano López
Asprilla.6
4 Folios 170 al 171 reverso.
5 Folios 217 a 223 y 224 a 228.
6 Folios 233 al 244 reverso.
6
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de
16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».11
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Radicación: 05001 23 33 000 2015 01545 01 (0782-17)
Demandante: Rito Luciano López Asprilla
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 05001 23 33 000 2015 01545 01 (0782-17)
Demandante: Rito Luciano López Asprilla
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la
vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la
última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 05001 23 33 000 2015 01545 01 (0782-17)
Demandante: Rito Luciano López Asprilla
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de
la sentencia transcrita.
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Radicación: 05001 23 33 000 2015 01545 01 (0782-17)
Demandante: Rito Luciano López Asprilla
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicación: 05001 23 33 000 2015 01545 01 (0782-17)
Demandante: Rito Luciano López Asprilla
i) El señor Rito Luciano López Asprilla nació el 16 de octubre de 1954, es decir que
cumplió 50 años de edad el 16 de octubre de 2004.19
ii) El 3 de junio de 1977, el comisario del Guainía, en uso de sus atribuciones legales,
profirió el Decreto 0182, por medio de la cual nombró al señor Rito Luciano López
Asprilla como docente de «enseñanza primaria dependiente del Fondo Educativo
Regional (FER) del Guainía».20
iii) El jefe de personal de la Secretaría de Educación Departamental del Guainía
certificó que el señor Rito Luciano López prestó sus servicios como docente
nacionalizado desde el 3 de junio de 1977 hasta el 8 de febrero de 1981, nombrado
por medio de Decreto 182 del 3 de junio de 1977 y acta de posesión 05 de esa
fecha. Se le aceptó la renuncia al cargo a través del Decreto 025 del 10 de febrero
de 1981.21 La anterior información fue corroborada por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, según formato único para la expedición de
19 Folio 9 reverso.
20 Folio 62 reverso
21 Folio 32.
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
certificado de historia laboral, donde se consignó la calidad de docente
nacionalizado del demandante.22
iii) El demandante se vinculó al servicio docente del municipio de Medellín a través
de órdenes de prestación de servicios del 19 de marzo al 30 de noviembre de 1991;
del 3 de febrero al 30 de noviembre de 1992; y del 1 de febrero al 30 de noviembre
de 1993, para un total de 2 años, 4 meses y 7 días.23
iv) El 17 de febrero de 1994, el gobernador del departamento de Antioquia, en uso
de sus atribuciones legales, profirió el Decreto 654 por medio del cual nombró al
señor Rito Luciano López Asprilla como docente departamental en propiedad, en la
modalidad cofinanciado 70 %-30 %.24
22 Folio 45
23 Folio 10 del cd en folio 135.
24 Folios 90 y 91.
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
v) El 27 de agosto de 1996, el gobernador del departamento de Antioquia, en uso
de sus facultades legales, expidió el Decreto 4311 a través del cual incorporó a la
«planta de cargos con recursos del situado fiscal educativo del departamento y sin
solución de continuidad» a los docentes que venían del programa de cofinanciación,
entre ellos, al señor Rito Luciano López, para prestar sus servicios, en propiedad,
en el Liceo Merceditas Gómez Martínez del municipio de Medellín.25
vii) Al proceso se aportó copia del certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Procuraduría General de la Nación, en donde se indica que el señor
Rito Luciano López Asprilla no registra sanciones ni inhabilidades vigentes;26 sin
embargo, también se aportó copia de la Resolución 03 del 26 de mayo de 1978, de
la Supervisión de la Educación del Guainía, en la que se sanciona al demandante
con «3 días de salario por el incumplimiento en la hora de salida».27
2.3.2. Actuación administrativa
25 Folios 81 al 83
26 Folio 15.
27 Folio 89.
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
i) El 2 de septiembre de 2008, la entonces Caja Nacional de Previsión Social expidió
la Resolución 43198, en la que negó el reconocimiento de la mesada pensional de
gracia, solicitada por el demandante a través de requerimiento del 23 de mayo de
2008. Las razones de la negativa fueron los siguientes:28
Que los tiempos comprendidos entre el 19 de marzo de 1991 al 30 de noviembre
de 1991, se deben desestimar por ser realizados mediante contrato de prestación
de servicios en el municipio de Medellín – Antioquia.
Que con los elementos de juicio existentes en el expediente administrativo se puede
establecer que el señor López Asprilla Rito Luciano no cumple con el requisito de
veinte (20) años de servicio al Estado, pues solo cuenta con diecisiete (17) años y
once (11) meses cómo docente nacionalizado en consecuencia y de acuerdo a las
normas legales es procedente negar la prestación solicitada.
ii) El 27 de octubre de 2008, el señor Rito López presentó recurso de reposición
contra la Resolución 43198, al considerar que sí cumplía, para ese momento, con
el requisito de los 20 años de servicio como docente oficial, pues los tiempos
laborados por contratos de prestación de servicios no deben ser excluidos de dicho
cómputo.29
iii) El 4 de mayo de 2009, Cajanal expidió la Resolución 17000, en la que resolvió
negativamente el recurso elevado por el accionante, al insistir en que los tiempos
laborados en el departamento del Guainía y en el departamento de Antioquia sí son
computables para efectos del reconocimiento de la pensión gracia y suman un total
de 17 años y 11 meses, pero no sucede lo mismo con los contratos de prestación
de servicio con el municipio de Medellín entre 1991 y 1993.30
iv) El 14 de enero de 2011, el demandante presentó una nueva solicitud de
reconocimiento de pensión ante Cajanal, en liquidación, al que anexó una
certificación laboral del tiempo servicio al departamento de Antioquia hasta el mes
de noviembre de 2010, con las que consideró tener acreditados los 20 años de
28 Folios 53 al 54.
29 Folios 59 y 60.
30 Folios 53 al 54 reverso.
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
servicios exigidos por la norma.31
v) El 14 de febrero de 2012, Cajanal profirió la Resolución UGM 32821, por medio
de la cual le negó al señor Rito Luciano López una pensión gracia de jubilación, por
dos razones, la primera es que no cumple con los 20 años e servicio exigidos por
la norma, pues no pueden ser tenidos en cuenta aquellos con vinculaciones del
orden nacional; y, la segunda, se relaciona con el origen de los dineros con los
cuales le fueron pagados los salarios mientras laboró en el departamento de
Antioquia, por ser rubros cofinanciados entre el departamento y la Nación.32
vi) El 28 de marzo de 2012, Cajanal en liquidación profirió la Resolución UGM 40325,
en la que confirmó lo decidido en la Resolución UGM 32821 del 14 de febrero de ese
año, al reiterar los mismos argumentos expuestos en el acto recurrido.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
31 Folios 33 al 34.
32 Folio 6.
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Radicación: 05001 23 33 000 2015 01545 01 (0782-17)
Demandante: Rito Luciano López Asprilla
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la
decisión del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor del
demandante.
Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por el demandante en
la docencia oficial se estudiará en tres momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.
2.4.1. Primer periodo. Del 3 de junio de 1977 al 8 de febrero de 1981
De acuerdo con el nombramiento y la certificación aportada al plenario, se encuentra
que, por medio del Decreto 0182 del 3 de junio de 1977, expedido por el comisario
y el secretario de Educación del departamento del Guainía, en uso de sus
atribuciones legales, nombraron al señor Rito Luciano López Asprilla como docente
de primaria, en donde se indicó que los recursos con los cuales se pagaría dicho
salario provenían del Fondo Educativo Regional, tal como consta en el acto
administrativo citado, sin que para tal efecto interviniera autoridad nacional alguna.
De acuerdo con lo anterior, la vinculación como docente en el departamento del
Guainía es plenamente válida para efectos del cómputo del tiempo de servicio para
la pensión gracia, toda vez que el nombramiento tuvo lugar antes del 31 de
diciembre del año 1980, fue realizado por una autoridad territorial, en uso de sus
facultades legales, para el desempeño de la función docente en el área de primaria,
y, en términos del acto de nombramiento, dependiente del Fondo Educativo
Regional.
De acuerdo con lo anterior, no hay prueba que haya sido aportada al plenario que
desvirtúe el carácter nacionalizado del nombramiento efectuado por el
departamento del Guainía en favor del señor López Asprilla en el año 1977.
18
Radicación: 05001 23 33 000 2015 01545 01 (0782-17)
Demandante: Rito Luciano López Asprilla
Adicionalmente, ello fue reconocido en la Resolución UGM 032821 del 14 de febrero
de 2012, en donde Cajanal relacionó el tiempo de servicio entre el 3 de junio de
1977 y el 8 de febrero de 1982 como nacionalizada; así, la discusión propuesta a
través del presente medio de control se ha centrado en la validez de los contratos
de prestación de servicio con el municipio de Medellín y el carácter cofinanciado del
nombramiento en propiedad que efectuó el departamento de Antioquia en el año
1994.
Así las cosas, el periodo comprendido entre el 3 de junio de 1977 y el 8 de febrero
1981 resulta plenamente computable para determinar el derecho a la pensión gracia
reclamada, el cual corresponde a 3 años, 8 meses y 6 días; además, lo anterior
también acredita el requisito de haber ostentado una vinculación nacionalizada con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
2.4.2. Segundo periodo. Los contratos de prestación de servicios con el
municipio de Medellín en 1991, 1992 y 1993
De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso,33 el señor Rito Luciano López se
desempeñó como docente del municipio de Medellín, con ocasión de 3 contratos de
prestación de servicios con el municipio de Medellín, celebrados en los siguientes
lapsos: (i) 19 de marzo al 30 de noviembre de 1991; (ii) del 3 de febrero al 30 de
noviembre de 1992; y (iii) del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1993, para un total
de 2 años, 3 meses y 28 días.
Para la Sala, no hay duda de que dicho tiempo de servicio es de carácter territorial,
toda vez que los contratos de prestación de servicios docentes provinieron de una
autoridad del mismo orden y el pago de los emolumentos causados en esos
periodos tuvo origen en recursos propios.
33 Cd en folio 135
19
Radicación: 05001 23 33 000 2015 01545 01 (0782-17)
Demandante: Rito Luciano López Asprilla
Aunado a ello, el tiempo de servicios prestado por los docentes mediante órdenes
o contratos de prestación de servicios, es computable para a efectos de
acreditar los 20 años de ejercicio de la docencia en el nivel territorial o
nacionalizado requeridos para beneficiarse del derecho pensional reclamado. En
reciente providencia, esta Sala sostuvo lo siguiente:34
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, habida cuenta de que
la labor desempeñada a través de contratos u órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido
ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de
contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos
a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia.
De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando se
trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[...] primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales, es un principio constitucional [...]», y si el intérprete judicial, «[...] en un caso
concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el
carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo
53 de la CP [...]».
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico
régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de
formación y experiencia.
Por tanto, la Sala valida el tiempo laborado por el accionante como docente mediante
contratos de prestación de servicios, para que sea contabilizado con el ejercido en
propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de su caso particular, acceder
al reconocimiento de la pensión gracia.
Por consiguiente, el lapso en el que se desarrollen actividades docentes a través de
la figura de la contratación es claramente computable para adquirir la prestación
deprecada, pues «el tiempo requerido para el reconocimiento de la pensión gracia
34 Ver entre otras sentencias del: 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-000-2014-1000-01
(0823-2017);15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000 2007 91356 01 (1465-09); 10 de marzo de
2016, radicado 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-14); del 19 de febrero de 2018, Rad:
25000234200020150003201 (2300–2017); 11 de marzo de 2001, radicado 52001-23-33-000-2016-
00499-01(2298-19); 19 de julio de 2018, radicado 17001-23-33-000-2013-00457-01 (3598-14).
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Radicación: 05001 23 33 000 2015 01545 01 (0782-17)
Demandante: Rito Luciano López Asprilla
no solo es aquel que se deriva de las relaciones regulares y en titularidad, debido a
que se trata de una prestación cimentada en la prestación efectiva de labores de
educador»,35 siempre y cuando la vinculación sea territorial, circunstancia que fue
válidamente demostrada por la actora, pues se desempeñó como maestro en
contratación en entidades educativas del municipio de Medellín.
En consecuencia, de acuerdo con el análisis integral de los medios de prueba, se
concluye que la vinculación con el referido municipio es del orden territorial, pues
los emolumentos fueron cancelados con recursos propios; no se inmiscuyó al
Ministerio de Educación Nacional en la contratación, ni se hizo referencia a la
existencia u ocupación de una plaza nacional; luego es dable afirmar que los
encargos se ejecutaron con el propósito de suplir una demanda del servicio
educativo a nivel territorial.
Así las cosas, el tiempo laborado por órdenes de prestación de servicios con el
municipio de Medellín también es apto para efectos de computar los 20 años de
servicio en el sector educativo territorial; lo anterior implica un tiempo de 2 años, 4
meses y 7 días.
2.4.3. Tercer periodo. Desde el 17 de febrero de 1994 y la incorporación a la
planta de personal del departamento de Antioquia el 27 de agosto de 1996.
Cofinanciación.
En virtud del Decreto 654 del 17 de febrero de 1994, el demandante fue nombrado
como docente, en propiedad, del departamento de Antioquia, bajo la modalidad de
cofinanciado. Dicho nombramiento fue efectuado por el gobernador de ese ente
territorial y el accionante fue designado a una institución ubicada en el municipio de
Medellín, denominada Merceditas Gómez Martínez.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-
000-2014-1000-01 (0823-2017).
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
Si bien en el acto citado se dejó por sentado que la plaza del demandante tenía el
carácter de cofinanciada, ello no implica, como aduce la demandada, que el señor
López Asprilla tuviera la calidad de docente nacional, pues en dicho decreto no
intervino ninguna autoridad del orden nacional, y la cofinanciación no es más que
una de las modalidades previstas en la norma de financiación de la plaza docente,
pero no se refiere de modo alguno a la naturaleza del cargo o de la vinculación.
Así se previó en el artículo 2 del Decreto 196 de 1995, por medio del cual se
reglamentó parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993:
Artículo 2º.- Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente Decreto, los
siguientes términos tendrán el alcance indicado en cada uno de ellos:
Docentes nacionales y nacionalizados: Son aquellos que han venido siendo
financiados con recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado
fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993.
Docentes Departamentales, Distritales y Municipales:
a) Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial
con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen a su planta de personal;
b) Son Igualmente los docentes financiados o cofinanciados por la Nación-
Ministerio de Educación Nacional, mediante convenios y que se encuentran
vinculados a plazas departamentales o municipales (resalta la Sala).
Lo anterior quiere decir que la modalidad de cofinanciación no modifica la naturaleza
jurídica de la vinculación del docente a la entidad territorial; asimismo, el artículo 4
de la mencionada Ley 60 de 1993, dispuso sobre los docentes financiados o
cofinanciados por la Nación-Ministerio de Educación Nacional mediante convenios,
que además de ser afiliados o incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, sus prestaciones estarían a cargo de la respectiva entidad
territorial.
De la normativa citada se colige que el personal de educadores financiados por la
Nación lo integran docentes departamentales, distritales o municipales, lo cual
depende de las plazas a las que se hayan vinculado, pues así se desprende del
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
literal b del artículo 2 de la Ley 60 de 1993, el cual es claro al indicar que también
son docentes distritales, departamentales y municipales los «financiados o
cofinanciados por la Nación -Ministerio de Educación Nacional, mediante convenios
y que se encuentren vinculados a plazas departamentales o municipales».
Así las cosas, como tantas veces lo ha indicado la Sección Segunda del Consejo
de Estado, y de acuerdo con la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, 36
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia lo esencialmente relevante es
la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada.37 Adicionalmente dicha providencia también fue clara al establecer
la regla de que no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional; o ii) por el argumento de
que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente
en la Nación.
Ahora, a partir del 27 de agosto de 1996, y hasta el 30 de octubre de 2010,38 el
demandante fue incorporado a la planta docente del departamento de Antioquia, por
Decreto 4311 del 27 de agosto de 1996, expedido por el gobernador; actuación
administrativa que no mutó la naturaleza de la vinculación laboral que tuvo lugar a
través del Decreto 654 del 17 de febrero de 1994 y que fue expedido por la misma
autoridad nominadora. En ese sentido, el accionante mantuvo la calidad de docente
territorial, toda vez que la incorporación no puede ser entendida como nuevo
nombramiento o relación laboral.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-11-2018, (3805-2014).
37 máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de
sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos
Regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.
38 Última fecha de labores reportada en la Resolución UGM 32821 del 14 de febrero de 2012.
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
En ese sentido, la relación laboral entre el demandante y el departamento de
Antioquia tuvo origen en un acto proferido por autoridad territorial, sin intervención
alguna de entidades del orden nacional, para desempeñar funciones docentes en
una institución ubicada en el municipio de Medellín y se indicó que sería pagada
con recursos del situado fiscal.
En estas condiciones, los nombramientos como docente del señor Rito Luciano
López se ajustan a los preceptos del artículo 1 de la Ley 91 de 1989 para el personal
y las directrices trazadas por la Corte Constitucional en la Sentencia Sentencia C-
085 de 2002, lo que quiere decir que ha ostentado la calidad de docente territorial
desde el año 1977, cuando se vinculó por primera vez a la docencia oficial. Los
anteriores argumentos y conclusiones han sido también expuestos por esta
Subsección en casos de similares circunstancias fácticas y jurídicas.39
A lo anterior se suma que en ninguno de los actos de nombramiento se especifica
que el demandante ocuparía una plaza docente del nivel nacional. En ese orden de
ideas, el tiempo total de servicio del demandante es el siguiente:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 03-06-1977 08-02-1981 5 8 3
Territorial 19-03-1991 30-11-1991 11 8 0
Territorial 03-02-1992 30-11-1992 27 9 0
Territorial 01-02-1993 30-11-1993 29 9 0
Territorial 17-02-1994 30-11-2010 13 9 16
TOTAL 24 09 22
De esta manera, el demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes
del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, cumplió el requisito del tiempo de servicio
previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida.
39 Ver las siguientes sentencias: (i) del 3 de noviembre de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-
00212-01 (1549-2017); (ii) del 9 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2014-00088-01
(4719-2015); y (iii) del 24 de agosto de 2023, radicado 52001 23 33 000 2014 00491 01 (4910-2016).
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
Además, el accionante cuenta con más de 50 años de edad y durante su ejercicio
como docente no se registraron sanciones disciplinarias relevantes,40 es decir, que
demuestra los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral con
honradez y consagración41 previstos por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento
del beneficio pensional reclamado, razón por la que se confirmará la sentencia
apelada.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,42 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
40 De conformidad con la certificación detallada en el acápite de hechos probados de esta
providencia.
41 Aspecto no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera instancia.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 23 de noviembre de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que accedió a las
pretensiones de la demanda promovida por el señor Rito Luciano López Asprilla en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
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Demandante: Rito Luciano López Asprilla
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
MLBC
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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