Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01835-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01835-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-01835-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01835-02 (5903-2024)1
Demandante: Julián Camilo Guzmán Cano
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª de
1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia del veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), proferida
por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia2, mediante la cual,
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3.
1.1. Pretensiones.
1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i)
1
Expediente hibrido.
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Sala de decisión integrada por los magistrados Gerardo Orrego Lombana (ponente), Eva del Pilar Plata Sarmiento y Laura
Eugenia Ochoa Giraldo.
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Cuaderno principal de primera instancia. Folios 1 a 12.
2
Número Interno: 5903-2024
Demandante: Julián Camilo Guzmán Cano
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
la Resolución No. DESAJMR 14-4895 del primero (1) de octubre de dos mil catorce
(2014), por medio de la cual el Director Ejecutivo Seccional de Administración
Judicial de Antioquia, negó el reconocimiento de la prima especial de servicios como
un adicional al salario básico, y la consecuente reliquidación de las prestaciones
sociales sobre la base del 100% de la asignación mensual; (ii) la Resolución No.
DESAJMR 14-5088 del cuatro (4) de noviembre de dos mil catorce (2014) que
resolvió el recurso de reposición propuesto contra el acto administrativo
previamente identificado; y (iii) el acto ficto o presunto derivado del silencio
administrativo negativo frente al recurso de apelación interpuesto el veintinueve (29)
de octubre de dos mil catorce (2014), contra el acto primigenio.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó, de forma principal, que se ordene a la entidad demandada: (i)
reconocer y pagar la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 «la cual nunca se le ha reconocido, conforme a lo ordenado por la Ley y en los términos
definidos por el Consejo de Estado, durante todo el tiempo que desempeñó el cargo de Juez de la
República», mientras subsistan las condiciones que dan origen a ella; (ii) reliquidar y
pagar las prestaciones sociales percibidas por el demandante «teniendo en cuenta el
100% de la asignación salarial sin descontar el 30% por [concepto de la prima especial de
servicios]»; (iii) reajustar y pagar las diferencias frente a los aportes realizados al
Sistema de Seguridad Social; (iv) indexar y actualizar las sumas que resulten a favor
del señor Guzmán Cano, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor; y
(v) condenar en costas procesales a la parte demandada.
3. De forma subsidiaria, solicitó que, como consecuencia de la declaratoria de
nulidad de los actos enjuiciados y a título de restablecimiento del derecho, se ordene
a la demandada: (i) reconocer y pagar la prima especial creada por el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, que nunca se le ha reconocido, con base en lo establecido por la
ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado, durante su vinculación como juez y
magistrado; (ii) reliquidar las prestaciones sociales y demás conceptos percibidos
«por no tener en cuenta la verdadera base salarial para su cálculo, teniendo en cuenta el 100% de
la asignación salarial sin descontar el 30% por prima »; y (iii) reajustar y pagar los aportes
realizados al Sistema de Seguridad Social.
1.2. Los hechos.
4. Narró que el accionante se vinculó al servicio de la Rama Judicial, el quince (15)
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Número Interno: 5903-2024
Demandante: Julián Camilo Guzmán Cano
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de agosto de dos mil doce (2012), en calidad de juez de circuito, siendo su último
cargo el de Juez Catorce (14) Administrativo del Circuito de Medellín.
5. Explicó que el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 estableció la prima especial de
servicios para los servidores de la Rama Judicial, cuyo reconocimiento fue
reglamentado anualmente por el Gobierno Nacional mediante los respectivos
decretos salariales. Sostuvo que dicho emolumento, pese a ser habitual, periódico
y constituir una retribución directa del servicio, fue establecido « sin carácter salarial»,
lo que implicó que, en la práctica, se redujera el salario básico en un 30%, en lugar
de adicionarse a este.
6. Adujo que, como consecuencia de dicha interpretación, las prestaciones sociales
y demás conceptos laborales fueron liquidados sobre una base salarial inferior a la
que legalmente correspondía. Agregó que, mediante sentencia del veintinueve (29)
de abril de dos mil catorce (2014), proferida dentro del proceso con radicado
11001032500020070008700, el Consejo de Estado declaró la nulidad de las
disposiciones que regularon la prima especial de servicios entre los años 1993 y
2007, por considerar que el 30% debía calcularse sobre el salario básico y
adicionarse a este.
7. Manifestó que, a partir de lo anterior, tiene derecho al reconocimiento y pago de
la prima especial de servicios, en un porcentaje no inferior al 30% ni superior al 60%
del salario básico, con efectos retroactivos desde el primero (1º) de enero de mil
novecientos noventa y tres (1993), sin aplicación de la prescripción trienal.
Asimismo, solicitó el reajuste de las prestaciones sociales y demás conceptos
laborales que hubieren sido reconocidos y pagados deficitariamente, teniendo en
cuenta la incidencia salarial de la referida prima especial.
1.3. Concepto de la violación.
8. La parte demandante alegó que los actos administrativos enjuiciados infringieron
los artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 13, 25, 29, 48, 53, 125, 150 (numeral 19) y 209 de la
Constitución Política de Colombia; el Convenio 95 de 1949 de la Organización
Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 54 de 1962; la Ley 4ª de 1992; el
artículo 152 de la Ley 270 de 1996; el Decreto 1042 de 1978; el Decreto 717 de
1978; el Decreto 610 de 1998; y el Decreto 1239 de 1998.
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Número Interno: 5903-2024
Demandante: Julián Camilo Guzmán Cano
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
9. En dicho sentido, sostuvo que los actos demandados vulneraron las normas
constitucionales y legales invocadas, al desconocer el carácter salarial de la prima
especial de servicios prevista en la Ley 4.ª de 1992 y liquidarla como parte del
salario básico, en lugar de adicionarla a este. Señaló que, dicha interpretación
desmejoró el ingreso real del servidor y redujo la base para la liquidación de sus
prestaciones sociales, contrariando los fines de la Ley 4.ª de 1992, particularmente,
la remuneración percibida de forma periódica y habitual. Al respecto, invocó, entre
otras, las sentencias del Consejo de Estado del veintinueve (29) de abril de dos mil
catorce (2014), rad. 1686-07, y del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010),
radicado No. 25000-23-25-000-2005-05159-01, como precedentes sobre la forma
de liquidar dicho emolumento y los efectos salariales de la referida prima especial.
10. Alegó que, la actuación de la entidad demandada configuró desviación de poder,
por cuanto, al desconocer el carácter salarial de la prima especial, se apartó de los
fines perseguidos por la Ley 4.ª de 1992 y afectó derechos mínimos e irrenunciables
del actor, particularmente su remuneración y las prestaciones derivadas de ella.
Asimismo, planteó falsa motivación, al considerar que las razones expuestas en los
actos acusados no se correspondían con el ordenamiento jurídico ni con la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia.
1.4. La contestación de la demanda4.
11. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que al
señor Guzmán Cano se le ha reconocido y pagado la prima especial de servicios
conforme a lo previsto en la Ley 4.ª de 1992, por lo que acceder a lo pretendido
implicaría reconocer un mayor valor por concepto de remuneración, cuya
financiación requeriría la asignación de recursos por parte del Ministerio de
Hacienda.
12. Argumentó que, en desarrollo de las facultades conferidas al Gobierno Nacional
por el artículo 150, numeral 19, literales e) y f), de la Constitución Política y la Ley
4.ª de 1992, se expidió el Decreto 57 de 1993, cuyo artículo 6.º estableció
expresamente que la prima especial de servicios no tendría carácter salarial.
4
Cuaderno principal de primera instancia. Folios 8 a 15.
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Demandante: Julián Camilo Guzmán Cano
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
13. Señaló que la Ley 332 de 1996 modificó dicha naturaleza no salarial únicamente
para efectos pensionales y que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-
279 de 1996, avaló la exclusión de la prima especial de servicios de la base de
liquidación de las primas de servicios, navidad y vacaciones, así como, del auxilio
de cesantías y la bonificación por servicios prestados. En ese sentido, afirmó que
sobre dicho aspecto operó la cosa juzgada constitucional.
14. Sostuvo que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional 5 y del
Consejo de Estado6, no resulta procedente incluir el 30% correspondiente a la prima
especial de servicios en la base de liquidación de las prestaciones sociales
reclamadas.
15. Añadió que la sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014),
mediante la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad de las disposiciones de los
decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional entre mil novecientos
noventa y tres (1993) y dos mil siete (2007), que atribuían carácter no salarial a la
prima especial de servicios, no produjo efectos retroactivos ni comprendió los
decretos expedidos entre dos mil ocho (2008) a dos mil catorce (2014), cuyas
disposiciones, por tanto, conservaban su fuerza obligatoria.
16. Por otra parte, manifestó que la entidad se encontraba sometida a restricciones
presupuestales que impedían asumir las cargas económicas derivadas de las
pretensiones de la demanda.
17. Añadió que, según concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
sentencia proferida por el Consejo de Estado el veintinueve (29) de abril de dos mil
catorce (2014), por la cual se declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos
salariales de los años 1993-2007, no es un título constitutivo de gasto, hecho éste
que impide modificar administrativamente la forma en la que se liquida la prima
especial de servicios.
18. Finalmente, señaló que el reconocimiento de los derechos reclamados debía
analizarse a la luz de las reglas de prescripción previstas en los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969.
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Al respecto citó las sentencias C- 279 de 1996, C- 052 de 1999 y C- 681 de 2003.
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La demandada se apoyó en la sentencia del 2 de abril de 2009, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
el asunto identificado con radicado No. 1831-2007.
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Número Interno: 5903-2024
Demandante: Julián Camilo Guzmán Cano
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
19. Propuso como excepciones las denominadas «ausencia de causa petendi» y
«legalidad de los actos acusados».
1.5. La sentencia de primera instancia7.
20. Mediante sentencia del veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024),
la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, sin condena en costas. Al respecto, dispuso:
«Primero: Declarar no probadas las excepciones de “ausencia de causa petendi”,
“legalidad de los actos acusados” y “prescripción” propuestas por la demandada.
Segundo. Inaplicar los artículos que establecen que se considerará como Prima, sin
carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de entre otros, los
Jueces de la República, contenido en el artículo 8 de los Decretos 0874 de 2012, 1024 de
2013, y 194 de 2014, conforme lo expuesto.
Tercero. Declarar la nulidad de la Resolución No. DESAJMR 14-4895 del 1° de octubre de
2014 "Por medio de la cual se resuelve una petición" expedida por el Director Ejecutivo
Seccional de Administración Judicial de Medellín; de la Resolución No. DESAJMR 14-5088
del 4 de noviembre de 2014 "Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se
concede apelación", expedida por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial
de Medellín; y del acto ficto o presunto, derivado del silencio administrativo negativo por no
resolver el recurso de apelación presentado contra la Resolución No DESAJMR14-4895 del
1° de octubre de 2014, en tanto negaron al actor la reliquidación y pago de prestaciones
sobre el 100% del salario – incluyendo el 30% descontado a título de prima especial-, y el
pago la prima como adición al salario.
Cuarto. A título de restablecimiento del derecho se condena a la RAMA JUDICIAL-
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a: i) reliquidar las prestaciones sociales de Julián Camilo
Guzmán Cano, desde el 15 de agosto de 2012 y mientras ostente la calidad de Juez,
teniendo en cuenta como factor salarial el 30% descontado por concepto de prima especial,
esto es, sobre el 100% del salario; ii) reconocer y pagar al señor Julián Camilo Guzmán
Cano, la prima especial de servicios como adición al salario, desde el 15 de agosto de 2012
y mientras ostente la calidad de Juez, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente; y iii) realizar los
descuentos de ley y aportes propios para el sistema general de seguridad social, en las
proporciones correspondientes, respecto de las diferencias ordenadas y no cotizadas,
conforme lo expuesto.
Las sumas de dinero cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia a favor del
demandante se actualizarán en su valor, conforme lo expuesto en esta sentencia.
Quinto. Ordenar a la entidad demandada dar cumplimiento al presente fallo en los términos
previstos en el artículo 187 (inciso final), en el artículo 192 y en el numeral 4 del artículo 195
de la Ley 1437 de 2011.
Sexto. No condenar en constas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la
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SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00036.
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Número Interno: 5903-2024
Demandante: Julián Camilo Guzmán Cano
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
parte considerativa de esta providencia. […]»
21. En sus consideraciones, el Tribunal señaló que la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 constituye un incremento del salario
básico de los servidores beneficiarios, conforme a la sentencia de unificación SUJ-
016-CE-52-2019 del Consejo de Estado. En consecuencia, concluyó que los
beneficiarios tienen derecho a su reconocimiento como adición al salario y a la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de la asignación básica,
incluido el 30% que había sido descontado bajo dicho concepto.
22. Indicó que, comoquiera que los decretos salariales posteriores al año dos mil
siete (2007) reprodujeron las disposiciones anuladas que atribuían carácter no
salarial al 30% de la asignación básica, resultaba procedente inaplicar -con efectos
inter partes- los artículos correspondientes de los Decretos 874 de 2012, 1024 de
2013 y 194 de 2014. Así, reconoció al demandante el derecho a la reliquidación de
sus prestaciones y al pago de la prima especial como adición al salario, además
estableció que el derecho sobre el referido emolumento estaba restringido al
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo respectivo.
23. En relación con la prescripción, consideró que, conforme a la sentencia citada,
el término debía contabilizarse desde la presentación de la reclamación
administrativa, con un alcance de tres años hacia atrás. Como el actor presentó su
reclamación el veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce (2014) y empezó a
devengar la prima especial el quince (15) de agosto de dos mil doce (2012),
determinó que no había operado la prescripción.
24. En consecuencia, declaró no probadas las excepciones propuestas, inaplicó las
disposiciones reglamentarias que atribuían carácter no salarial al 30% de la
asignación básica y declaró la nulidad de los actos que negaron la reliquidación. A
título de restablecimiento, ordenó reliquidar las prestaciones del demandante sobre
el 100% del salario y reconocer la prima especial como adición a este, desde el
quince (15) de agosto de dos mil doce (2012), junto con los aportes
correspondientes a seguridad social.
25. Finalmente, no condenó en costas a la parte demandada, pues, estableció que
no estaban «acreditadas las condiciones legales exigidas para su imposición».
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Número Interno: 5903-2024
Demandante: Julián Camilo Guzmán Cano
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
1.6. El recurso de apelación8.
26. Mediante memorial del trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024), la
entidad demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia, para lo cual
formuló los siguientes reparos concretos.
27. Sostuvo que, el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 facultó al Gobierno Nacional
para establecer la prima especial de servicios, equivalente al 30% del salario básico
y sin carácter salarial, regulación que fue desarrollada mediante los decretos
salariales expedidos anualmente. En ese sentido, afirmó que la Administración se
limitó a aplicar el régimen salarial vigente y que, aunque la sentencia de «unificación»
del Consejo de Estado modificó la interpretación sobre la forma de liquidar dicho
emolumento, sus efectos debían armonizarse con las normas presupuestales que
regulan el reconocimiento y pago de las obligaciones a cargo del Estado.
28. Argumentó que el cumplimiento de la condena en relación con las diferencias
salariales y prestacionales causadas con anterioridad al primero (1) de enero de dos
mil veintiuno (2021) resultaba presupuestalmente inviable, toda vez que, no existía
apropiación destinada a atender tales obligaciones. Explicó que la Administración
no puede comprometer ni disponer de recursos públicos que no hayan sido
previamente incorporados al presupuesto, ni ordenar gastos sin el correspondiente
certificado de disponibilidad y registro presupuestal. Por ello, advirtió que el
cumplimiento de la sentencia en tales condiciones podría generar consecuencias
de carácter disciplinario, fiscal y penal para los funcionarios responsables.
29. Precisó que, la situación presupuestal expuesta se circunscribe a las diferencias
originadas con anterioridad al primero (1) de enero de dos mil veintiuno (2021),
pues, a partir de abril de ese año la entidad comenzó a reconocer y pagar la prima
especial de servicios equivalente al 30% como un valor adicional a la asignación
básica, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021 y de la sentencia
de unificación del Consejo de Estado. En consecuencia, sostuvo que no existía
controversia respecto de la forma de pago adoptada con posterioridad a dicha fecha.
30. Finalmente, señaló que acceder a las pretensiones en los términos ordenados
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SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00039- Archivo “15_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf)”.
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Número Interno: 5903-2024
Demandante: Julián Camilo Guzmán Cano
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
por el Tribunal implicaría imponer a la Administración el reconocimiento de
obligaciones para las cuales no se contaba con respaldo presupuestal, con
desconocimiento de las reglas que gobiernan la ejecución del gasto. En tal sentido,
solicitó que se «revise» la condena impuesta, particularmente en lo relacionado con
las diferencias causadas con anterioridad al primero (1) de enero de dos mil
veintiuno (2021).
1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.
31. Mediante el auto del tres (3) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)9, el
conjuez ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia concedió, en el efecto
suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada.
32. A través de auto del veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026), el
despacho sustanciador de esta Corporación, admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada, conforme a lo previsto en el artículo 247 del
CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el asunto ingresó
al Despacho para fallo.
33. El agente del Ministerio Público no se pronunció, pese a que fue debidamente
notificado.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
34. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 10 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
9
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00040.
10
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
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Demandante: Julián Camilo Guzmán Cano
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2.2. Problema jurídico.
35. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
(i) ¿La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia erró al
ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales del demandante
sobre el 100% de su asignación básica, al incluir el 30 % correspondiente
a la prima especial de servicios como parte adicional de su remuneración?
(ii) ¿Se debe revocar o modificar la condena impuesta en primera instancia,
respecto de los conceptos causadas con anterioridad al primero (1) de
enero de dos mil veintiuno (2021), ante la ausencia de disponibilidad
presupuestal por parte de la demandada, para atender dichas
obligaciones?
(iii) ¿El reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como un valor
adicional a la asignación básica, efectuado por la entidad a partir de abril
de dos mil veintiuno (2021), conforme al Decreto 272 de 2021, incide en
el alcance temporal de la condena impuesta en primera instancia?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1. Alcance de la competencia del Gobierno Nacional para regular el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.
36. El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia señala que, le
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas,
ejercer distintas funciones, entre las que se destaca la relacionada en el numeral
19, literal e), ibidem, del siguiente tenor: «dictar las normas generales, y señalar en ellas los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos (…) e) fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y la Fuerza Pública». Este esquema se materializa a través de las denominadas leyes
marco, en virtud de las cuales se le reserva al Congreso de la República la
determinación de la política general, y al Ejecutivo, por su parte, la regulación
particular de la materia, así como, su aplicación concreta -vía decreto-11.
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Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-465 de 1992.
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Número Interno: 5903-2024
Demandante: Julián Camilo Guzmán Cano
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
37. Al respecto, se ha dicho que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
derivadas del artículo 150.19 Constitucional (distintas a la prerrogativa prevista en
el artículo 189.11 superior), y con observancia de los criterios definidos por el
legislador en la ley marco, asume una potestad reglamentaria especial 12 , con
arreglo a la cual regula una materia, al amparo de un amplio margen de decisión,
restringido por los principios, parámetros y directrices generales que impone el
legislador13. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que, entre la
potestad reglamentaria del ejecutivo, y la extensión de la ley habilitante, existe una
relación inversamente proporcional, puesto que «ante menos cantidad de materia regulada
en la ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria»14.
38. Este tránsito hacia un modelo de competencia compartida condujo al fenómeno
jurídico de la «deslegalización». Bajo la vigencia de la reforma constitucional de 1968,
materias como las escalas de remuneración eran de reserva legal estricta. Sin
embargo, con la Carta de 1991, estos asuntos pasaron a la órbita administrativa
regulada por el ejecutivo15. Como se explica en la sentencia C-402 de 2013, esta
potestad regulatoria habilita al Gobierno Nacional para subrogar o sustituir
legislación anterior con fuerza de ley, incluso la expedida con anterioridad a 1991,
siempre que se someta a los criterios definidos en la ley marco correspondiente.
Así, los decretos expedidos por el Gobierno en desarrollo de una ley marco, no se
entienden como los decretos reglamentarios ordinarios del artículo 189, numeral 11,
sino actos administrativos de carácter general que cumplen un mandato
constitucional directo de completar la ordenación de la materia16.
39. En concordancia con lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del doce
(12) de mayo de dos mil veintidós (2022), señaló que, la razón de asimilar esta
dinámica normativa (es decir, la potestad reglamentaria que subyace a la ley) está
radicada en la necesidad de regular ciertas materias, dentro de ellas, el tema
12
En este sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de septiembre de 2009,
radicación: 2003-0025, reiterada en la sentencia del 8 de junio de 2016, radicación 11001-03-24 000-2009-00241-00, actor:
Luis Fernando Jaramillo Duque.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación: 11001-03- 25-000 2012-00582 00
(2171-2012) acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015), demandantes: Anderson Velásquez Santos, Sandra
Mercedes Vargas Florián y Álvaro Rueda Celis.
14
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-432 de 2004.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2011-00167-00 (0580-11) del 19 de febrero de 2018; C.P. César Palomino Cortés.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 25000-23-42-
000-2015-06489-01(0340-20) del 09 de septiembre de 2021; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
12
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Demandante: Julián Camilo Guzmán Cano
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prestacional y salarial de los servidores públicos, de una manera flexible que permita
responder eficiente y rápidamente a situaciones cambiantes, que se podrían ver
amenazadas por la falta de dinamismo que supone el trámite legislativo17.
40. Con el propósito de materializar el mandato contenido en el artículo 150,
numeral 19, literal e), de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley Marco
4ª de 199218, en virtud de la cual, se señalaron los objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de
los sujetos contemplados en el artículo 1º ejusdem, a saber, los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, sin distingo del sector, régimen o
denominación; los empleados del Congreso, la Rama Judicial, el Ministerio Público,
la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General
de la República; los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.
41. Conviene precisar que, de acuerdo con los aportes recogidos en la sentencia C-
244 de 2013, la expresión «régimen salarial», a la que se alude, corresponde al género
que comprende todos los derechos laborales, mientras que el «salario» es sólo una
especie dentro de aquél. Ello faculta al Gobierno para establecer beneficios o primas
que, aunque incrementen el ingreso disponible del trabajador, no tengan
necesariamente incidencia en la liquidación de todas las prestaciones sociales.
42. Dicha providencia precisó que, el concepto de salario, no implica el
reconocimiento automático que todo pago deba ser considerado base para el
cálculo de prestaciones sociales. Por el contrario, el ordenamiento jurídico permite
la creación de bonos, primas o beneficios que aumenten el ingreso disponible del
trabajador, pero a los cuales se les niegue impacto sobre la carga prestacional19.
43. Como se anticipó, el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 definió los objetivos y
criterios que el Gobierno debe tener en cuenta para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores antes mencionados, los cuales corresponden a:
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo
de 2022, Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
18
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2014-00103-00(0209-14) del 30 de septiembre de 2021; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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«ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes
objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte
del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las
calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional,
asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la
Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o
específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad,
productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de
vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.»
44. A su turno, el artículo 3º de la Ley Marco de la referencia señaló los elementos
estructurales del sistema salarial de los servidores públicos, esto es, los pilares que
lo integran, al indicar que, «[…] el sistema salarial de los servidores públicos estará integrado
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se
deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos».
45. Por otra parte, vale la pena destacar que, en el artículo 10º ibidem, la Ley 4ª de
1992 dispuso que, todo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la misma, o en los decretos que dicte
el Gobierno, «carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos ». Este precepto
reafirma la competencia concurrente entre el legislador y el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, en el
entendido que, mientras el Congreso de la República define los objetivos y criterios
generales, el Gobierno regula los aspectos específicos, sin que, a través de dicha
facultad reglamentaria especial, le esté permitido desconocer derechos adquiridos,
desmejorar los salarios y prestaciones sociales, soslayar la carrera administrativa,
o inobservar la política macroeconómica y fiscal del país.
2.3.2. De la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992.
46. En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el legislador
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expidió la Ley 4ª de 1992, la cual, en el artículo 14, creó la prima especial de
servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico,
sin carácter salarial», para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los
magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de
instrucción penal militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.
47. La naturaleza y liquidación de la asignación bajo examen ha sido materia de
estudio por el Consejo de Estado en varias ocasiones. Al respecto, en la sentencia
del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014)20, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda declaró la nulidad de distintos artículos contenidos en decretos
que fijaron el régimen salarial y prestacional de servidores públicos, en punto a la
naturaleza de la prima especial de servicios, al considerar que: «de acuerdo con los
criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional
contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues
como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna
manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos
demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son
contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
48. A su turno, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta Corporación,
mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), analizó la naturaleza y alcance de la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisando que corresponde a
un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la
remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del
trabajador. En el citado pronunciamiento, se ratificó que: (i) la prima especial de
servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios de ésta; (ii) sólo constituye factor salarial para efectos de la
pensión de jubilación; y (iii) todos los beneficiarios tienen derecho a percibirla como
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 29
de abril de 2014, Rad. Nº. 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07).
15
Número Interno: 5903-2024
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un incremento del salario básico, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno, atendiendo el cargo correspondiente.
49. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo
en el sub-lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala de Conjueces, de la
Sección Segunda de la Corporación, en la precitada sentencia:
1) La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2) Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3) Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100%
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.
4) Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
al límite del 80%, en ningún caso, su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5) Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
6) La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar, en ningún caso, el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente
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los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas de la República, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso
y un techo.
50. Asimismo, la mencionada sentencia reiteró que dicha prima solo tiene carácter
salarial para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional, pero no
constituye factor para la liquidación de las demás prestaciones sociales, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 332 de 1996. De igual manera, la Sala de
Conjueces, fijó una regla clara respecto de la prescripción de las acreencias
derivadas de la prima especial de servicios, en los siguientes términos21: «Para la
contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios se tendrá en
cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación administrativa y, a partir de allí, se
reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más atrás». En igual sentido, precisó que22:
«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se
extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado
se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación
efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.»
51. En la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)23, el
Consejo de Estado determinó que, en materia de la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse
de manera retroactiva desde la fecha de presentación de la reclamación
administrativa, y en los términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo
en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho. Valga anotar que, en materia de
prescripción, no ocurre lo mismo respecto de los aportes pensionales, puesto que,
tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador que se
relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la seguridad social
previsto en el artículo 48 constitucional, 24 como con los principios laborales de
irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad, y
con la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.
52. En tal sentido, esta Corporación ha considerado inadmisible que el paso del
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de marzo
de 2026, radicado25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero
del 2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De
Castellanos (Conjuez).
24
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.
17
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tiempo, o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción,
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, comoquiera que ello podría generar inseguridad sobre la cobertura
del riesgo de vejez del trabajador.
53. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales opera a los tres (3) años
desde su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo
102 del Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso con la
reclamación administrativa. En relación con la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Consejo de Estado ha puntualizado que la
prescripción se cuenta retroactivamente desde la reclamación, tomando como punto
de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y no
desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos salariales. En contraste,
la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse de una obligación
de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social y a los
principios de irrenunciabilidad e igualdad, como se expuso ut supra25.
54. Con fundamento en los derroteros trazados en las citadas providencias, y en la
norma aplicable al caso de autos, se procede a decidir el presente asunto.
2.4. Hechos probados.
55. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:
a) En virtud de la petición del veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce
(2014)26, el señor Julián Camilo Guzmán Cano le solicitó a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia, lo siguiente:
«1. Sírvase reconocer y pagar la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, la cual nunca se me ha reconocido, conforme a lo ordenado por la Ley y en los términos
definidos por el Consejo de Estado, durante todo el tiempo y hacia futuro.
2. Sírvase reconocer la reliquidación de las prestaciones sociales y demás conceptos
percibidos por no tener en cuenta la verdadera base salarial para su cálculo, teniendo en
cuenta el 100% de la asignación salarial sin descontar el 30% por prima y la doceava de la
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de marzo
de 2026, radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02 (2873-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
26
Cuaderno principal de primera instancia. Folios 15 a 18.
18
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bonificación por actividad judicial creada por el Decreto 3131 de 2005 modificado por el
Decreto 3900 de 2008.
3. Como consecuencia de la anterior sírvase reajustar los aportes realizados a las entidades
de seguridad social, causadas por todo el tiempo laborado.
4. Sírvase reconocer la indexación de las sumas reconocidas.» [sic]
b) Por medio de la Resolución No. DESAJMR14-4895 del primero (1) de octubre de
dos mil catorce (2014)27, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Antioquia no accedió a las solicitudes promovidas por la parte actora, para lo
cual sostuvo que:
«En atención a la reliquidación de su remuneración y de las prestaciones sociales teniendo
en cuenta para el efecto, la declaratoria de nulidad de que fueron objeto algunos apartes de
los decretos salariales de los años 1993 a 2007, relacionados con la prima especial (Art. 14
Ley 4 de 1992) aplicables a los funcionarios de la Rama Judicial, es del caso informarles que
si bien es cierto el 29 de abril hogaño se genera tal precedente jurisprudencial por la Sección
Segunda del H. Consejo de Estado dentro de la acción de nulidad Expediente No. 11001-
03-25-000-2007-00087-00, MP. María Carolina Rodríguez Ruiz, esta decisión a la fecha no
se encuentra en firme.
Ahora bien, como quiera que esa decisión comporta la declaratoria de nulidad de algunos
de artículos de los Decretos anuales de salarios (1993-2007), la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, adelanta el estudio y proyección de costos derivados de esta
decisión judicial, para posteriormente solicitar los recursos e instrucciones del caso ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
De otra parte, el pasado 26 de mayo se elevó consulta al respecto al Departamento
Administrativo de la Función Pública, con relación a los efectos de esta declaratoria, frente
a los actuales Decretos de salarios 194 y 204 de 2014.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de
Administración de Justicia, de conformidad con el artículo 99 y 103 de la Ley 270 de 1996
Estatutaria de Administración de Justicia, es un órgano técnico y administrativo, y como
ordenadores del Gasto de la Rama Judicial, se encuentran impedidos para reconocer y
ordenar pagos, si no se cuenta con un soporte presupuestal o asignación básica.
Así las cosas, se tiene que la Dirección Seccional, no puede reconocer este concepto de
manera retroactiva, en razón a que no puede generar ni disponer reconocimientos, ni pago
de nivelaciones salariales, ni prestaciones sociales sin cuenta previamente con la respectiva
disponibilidad presupuestal, que de cuenta de la existencia de los recursos necesarios para
asumir el gasto y cumplir así con los derechos y obligaciones que de la misma se deriven
conforme al marco legal citado, así con los derechos y obligaciones que de la misma se
deriven conforme al marco legal citado, así con los derechos y obligaciones que de la misma
se deriven conforme al marco legal citado, la Constitución Política, La ley Orgánica de
Presupuesto, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, entre otras.
Ahora bien, sin que exista suficiente apropiación que permita reconocer y cancelar los
27
Cuaderno principal de primera instancia. Folios 20 a 22.
19
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valores liquidados y eventualmente causados por los servidores judiciales de manera
retroactiva, no puede la Dirección Seccional acceder a las pretensiones solicitadas.» [sic]
c) Mediante escrito del veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014)28, el
apoderado del señor Julián Camilo Guzmán Cano interpuso recurso de apelación
contra la Resolución No. DESAJMR14-4895 del primero (1) de octubre de ese año.
d) Al plenario se allegó copia de la Resolución No. DESAJMR14-5088 del cuatro (4)
de noviembre de dos mil catorce (2014)29, con arreglo a la cual la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el
acto primigenio y decidió no reponerlo.
e) Mediante certificación del veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019)30,
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia hizo constar
que el señor Guzmán Cano se vinculó a la Rama Judicial desde el veintinueve (29)
de octubre de dos mil siete (2007), ostentando el siguiente cargo, en calidad de
funcionario (se transcribe incluso con errores):
CARGO ESTADO DESPACHO FECHA INI FECHA FIN
FUNCIONARIO
JUEZ PROVISIONALIDAD JUZGADO 014 SIN 15/08/2012 31/12/2014
CIRCUITO 00 SECCIONES
ADMINISTRATIVO DE
MEDELLÍN
f) Certificado de factores salariales expedidos el tres (3) de julio de dos mil
diecinueve (2019) 31 por el coordinador del Grupo de Asuntos Laborales de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia, frente al periodo en
que estuvo vinculado a la Rama Judicial, el cual detalla las contraprestaciones
percibidas, entre el período comprendido entre el quince (15) de agosto de dos mil
doce (2012) y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014), en el cual
se relaciona el pago por concepto de prima especial de servicios, que percibió
cuando se desempeñó como funcionario judicial.
2.5. Análisis del caso concreto.
56. En el asunto sub examine, el señor Julián Camilo Guzmán Cano pretende la
28
Cuaderno principal de primera instancia. Folios 26 a 28.
29
Cuaderno principal de primera instancia. Folio 90.
30
Folio 100 del expediente físico.
31
Cuaderno principal de primera instancia. Folios 91 a 104.
20
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nulidad de la Resolución No. DESAJMR 14-4895 del primero (1) de octubre de dos
mil catorce (2014), mediante la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia negó el reconocimiento de la prima especial de
servicios como un adicional al salario básico y la consecuente reliquidación de las
prestaciones sociales sobre la base del 100% de la asignación mensual, así como,
de la Resolución No. DESAJMR 14-5088 del cuatro (4) de noviembre de dos mil
catorce (2014), que resolvió el recurso de reposición, y del acto ficto derivado del
silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación. A título de
restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial
de servicios como un adicional al salario, y la reliquidación de sus prestaciones
sociales y demás conceptos laborales sobre el 100% de la asignación salarial.
57. Con base en las pruebas allegadas al plenario, la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y, en consecuencia, declaró la nulidad de los actos enjuiciados. A título de
restablecimiento del derecho, ordenó a la demandada reliquidar las prestaciones
sociales del actor, desde el quince (15) de agosto de dos mil doce (2012) y mientras
ostentara la calidad de juez, teniendo en cuenta como factor salarial el 30%
descontado por concepto de prima especial, esto es, sobre el 100% del salario;
asimismo, dispuso reconocer y pagar la prima especial de servicios como adición al
salario, sin superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, y efectuar
los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social. Para ello, el
Tribunal inaplicó los artículos de los Decretos 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de
2014 que atribuían el carácter no salarial al referido emolumento.
58. Inconforme con la decisión de primera instancia, la entidad demandada
interpuso recurso de apelación, en virtud del cual, solicitó revocar el fallo
impugnado. Como sustento de la alzada, cuestionó que la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo de Antioquia hubiera ordenado reliquidar las prestaciones
sociales del demandante sobre el 100% de su asignación básica, al incluir el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios como un valor adicional a la
remuneración. Asimismo, alegó que las diferencias salariales y prestacionales
causadas con anterioridad al primero (1) de enero de dos mil veintiuno (2021) no
podían ser atendidas por falta de apropiación presupuestal, mientras que, a partir
de abril de ese año, la entidad comenzó a reconocer y pagar la prima como un valor
adicional a la asignación básica. Finalmente, sostuvo que la condena impuesta
21
Número Interno: 5903-2024
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desconocía las reglas que rigen la ejecución del gasto público.
59. Para efectos metodológicos, se abordarán los reparos antes expuestos en el
preciso orden en el que fueron relacionados en el recurso de apelación.
2.5.1. Del derecho a la prima especial de servicios y su alcance.
60. De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, la Sala encuentra acreditado
que el señor Julián Camilo Guzmán Cano se vinculó a la Rama Judicial desde el
veintinueve (29) de octubre de dos mil siete (2007) y que, según la certificación del
veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019), se desempeñó como Juez
Catorce (14) Administrativo del Circuito de Medellín, en provisionalidad, desde el
quince (15) de agosto de dos mil doce (2012) hasta el treinta y uno (31) de diciembre
de dos mil catorce (2014). Aunado a ello, conforme al certificado de factores
salariales expedido el tres (3) de julio de dos mil diecinueve (2019), durante el
periodo en que se desempeñó como Juez de la República, el demandante percibió
la prima especial de servicios, como un porcentaje (30%) del salario o asignación
básica correspondiente.
61. En este punto, debe recordarse que, de acuerdo con la sentencia del dos (2) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019)32, proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de esta Corporación, la prima especial de servicios se erige como
un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos
beneficiarios de esta, entre los que se encuentran, al amparo del artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, «los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para
los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de
salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero de 1993».
En consecuencia, los beneficiarios a los que se aludió en precedencia, tienen
derecho, en los términos precisados por esta Colegiatura, al reconocimiento y pago
de las diferencias que, por concepto de la prima, resulten a su favor, advirtiendo que
la prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la liquidación de la
pensión de jubilación, como en efecto se dispuso en la Ley 332 de 1996.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia del 2 de
septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), C.P. Carmen Anaya de Castellanos.
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62. En punto al carácter salarial limitado del emolumento, esto es, el circunscrito a
los aportes al sistema integral de seguridad social en pensiones, esta Sección, en
la sentencia del quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), reiteró que la
prestación en comento sólo se considera factor salarial para efectos pensionales,
de manera que su reconocimiento en otros ámbitos entraña el desconocimiento del
marco legal y excede la voluntad del legislador. Esta línea se acompasa con la tesis
que, tiempo atrás, respaldó la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996,
en la cual se declaró exequible la expresión «sin que constituya factor salarial» contenida
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el entendido que: «el legislador conserva una
cierta libertad para establecer, que componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución », por lo
que, «[…] el considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no
lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del
especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo,
ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional ».
63. Con base en lo expuesto, es claro que los beneficiarios de la prima especial de
servicios a la que se refiere el pluricitado artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, tienen
derecho, por un lado, a que se reconozca el emolumento como un incremento o
adicional al salario básico, sin que sea dable fraccionar la asignación o, en otros
términos, sustraer el 30% del total, y sin que en ningún caso se superen los topes
máximos fijados por el Gobierno Nacional; y, por el otro lado, a que se reliquiden las
prestaciones sociales sobre la base del 100% del salario básico, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial de servicios.
64. En el sub judice, es dable sostener que, durante el período de vinculación del
demandante a la Rama Judicial, en uno de los cargos que generan el mentado
beneficio, y hasta tanto subsistió la misma, le asistió el derecho al reconocimiento y
pago del incremento pretendido, esto es, a que se le pague un valor adicional a su
salario básico mensual, equivalente al 30% por concepto de prima especial de
servicios, y a que se reliquiden las prestaciones sociales sobre el 100% de la
asignación (sin sumar ni restar el 30% que, en su momento, se sustrajo del ingreso).
65. No obstante, observa la Sala que, en criterio de la entidad recurrente, el juez de
primer grado incurrió en un error al disponer el reconocimiento y pago de la prima
con carácter salarial. En efecto, revisada la orden impartida por el A-quo, y las
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consideraciones ofrecidas por esa sede judicial, se dotó al emolumento con carácter
salarial, con abierto desconocimiento de lo señalado en la Ley 4ª de 1992, la Ley
332 de 1996 (aclarada por la Ley 476 de 1998), y de lo resuelto por la Corte
Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, fuentes que coinciden en que la prima
en estudio sólo constituye factor salarial para efectos pensionales, naturaleza que
no desconoce el ordenamiento superior, ni los objetivos de la ley marco. En esa
línea, la Sala modificará el numeral cuarto la parte resolutiva en lo pertinente, a
efectos de disponer que la prima especial de servicios sólo goza de carácter salarial
para efectos pensionales.
66. Sin perjuicio de lo anterior, no le asiste razón a la entidad al sostener que no
resultaba procedente el reconocimiento de la prima especial de servicios como un
adicional del salario y/o asignación básica, ni la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de lo devengado. Como se expuso ut supra, al tratarse de
un concepto retributivo de carácter adicional, la prima no puede sustraerse del
salario básico, sino que, por el contrario, debe sumarse a aquel, constituyéndose
así como, un verdadero incremento, adición o sobresueldo. Tampoco puede
detraerse el emolumento para liquidar las prestaciones sociales, comoquiera que
las mismas deben calcularse sobre la base del 100% del ingreso, sin sumar ni restar
el 30% correspondiente a la prima especial de servicios.
67. En adición, para esta Sala, el pago de la prima especial de servicios no
presupone la modificación del régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos, y tampoco acarrea el desconocimiento de los topes fijados por el Gobierno
Nacional. Pues, se destaca que, el reconocimiento del emolumento previsto en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, lejos de modificar el régimen salarial y prestacional
de los servidores públicos, lo condiciona y armoniza con el ordenamiento superior,
habida cuenta que, la ley marco de la referencia fija los objetivos y parámetros que
el Gobierno Nacional debe tener en cuenta al expedir los decretos anuales, sin que
le sea dable contravenir las disposiciones de la norma. En lo que refiere a los límites
remuneratorios, se precisa que, en ningún caso, el pago de los conceptos
reconocidos puede superar los porcentajes o topes máximos fijados por el Gobierno
Nacional, como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
68. Así, es necesario precisar que, aun cuando el Tribunal acertó en la declaratoria
de nulidad de los actos administrativos objeto de control y, parcialmente, en lo
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relacionado con el reconocimiento del derecho en favor del demandante bajo la
reliquidación de los derechos salariales y prestacionales, incurrió en error en lo
dispuesto en el ordinal segundo de la decisión, al inaplicar decretos 0874 de 2012,
1024 de 2013, y 194 de 2014, decisión que será modificada, por cuanto no
constituye un presupuesto jurídico necesario para reconocer el derecho reclamado
y desconoce que el inciso correspondiente del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en
la forma modificada por la Ley 332 de 1996, fue declarado exequible por la Corte
Constitucional mediante la Sentencia C-279 de 1996.
69. Conforme a lo expuesto, la sentencia apelada será confirmada parcialmente, en
cuanto declaró la nulidad de los actos demandados y reconoció el restablecimiento
del derecho a favor del demandante, pero se modificará a efectos de precisar el
alcance de las órdenes impartidas, en punto del restablecimiento del derecho y a la
configuración del término prescriptivo, conforme a las consideraciones expuestas
previamente.
70. Frente al pago de aportes a seguridad social, dado que el fenómeno prescriptivo
no abarca esta materia, la demandada deberá sufragar los aportes a pensión, desde
el quince (15) de agosto de dos mil doce (2012) y, hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil catorce (2014), cuya base de liquidación será el 100% de la
asignación básica, más el 30% correspondiente a la prima especial de servicios,
atendiendo los baremos máximos previstos por el Gobierno Nacional.
71. Finalmente, la Sala precisa que, en cumplimiento de esta providencia, la entidad
demandada deberá: (i) reliquidar las diferencias salariales y prestacionales sobre el
100% de la asignación básica legalmente prevista para el cargo, sin que ello
implique reconocer la prima especial de servicios como factor salarial para todos los
efectos; (ii) verificar que la reliquidación efectuada no conduzca, en ningún caso, a
que la remuneración de la demandante exceda el parámetro fijado por el Gobierno
Nacional para el cargo correspondiente; y (iii) efectuar, si a ello hubiere lugar, los
ajustes en las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
derivados de la recomposición de la asignación básica, teniendo en cuenta que la
prima especial únicamente constituye factor salarial para efectos pensionales y que
las cotizaciones deberán corresponder a la base salarial que legalmente debió
percibir la demandante. Lo anterior, sin perjuicio de verificar, al momento de la
liquidación, si existen pagos efectuados por los mismos conceptos, con el fin de
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evitar un doble reconocimiento.
2.5.2. De las limitaciones presupuestales.
72. En relación con el segundo problema jurídico, formulado por la Sala en punto
del reparo concreto según el cual, la accionada carecería de disponibilidad
presupuestal para asumir las obligaciones reclamadas por el demandante y que se
habrían causado con anterioridad al primero (1) de enero de dos mil veintiuno
(2021), la Sala precisa que, tal reparo tampoco tiene vocación de prosperidad; por
cuanto y en tanto que, la tesis jurisprudencial de esta Sección es pacífica en indicar
que, la falta de recursos no justifica el desconocimiento de derechos salariales y
prestacionales que integran el derecho fundamental al trabajo y al mínimo vital, los
cuales conllevan inmerso la obligación de realizar los aportes al sistema de
seguridad social integral y que deben ser garantizados por el
Estado, respectivamente.
73. De tiempo atrás, la Corte Constitucional también, ha sostenido que la situación
económica del empleador no constituye justificación válida para incumplir el deber
legal y constitucional de retribuir adecuada y oportunamente el trabajo prestado por
sus trabajadores33. En igual sentido, ha reiterado que las falencias presupuestales
o las dificultades económicas no exoneran al empleador público del cumplimiento
de sus obligaciones laborales34.
74. En esta línea, frente a este argumento, la Subsección ya ha tenido oportunidad
de pronunciarse, indicando que la imposibilidad presupuestal no puede conllevar a
la negativa del derecho salarial, puesto que, la entidad demandada tiene el deber
de gestionar los recursos necesarios para cumplir la obligación impuesta en la ley35.
75. Bajo esta línea, nótese que, en sentencia reciente, la Sala sostuvo 36:
«En relación con este argumento la Sala destaca que, de conformidad con lo previsto en el
parágrafo del artículo 334 de la Constitución, ninguna autoridad puede invocar la
33
Cfr: sentencias T-015 de 1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998
34
Cfr. Sentencia T-716/00
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B Consejero ponente: Jorge
Edison Portocarrero Banguera, sentencia del Veintisiete (27) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), Radicado 25000-23-42-
000-2013-05452-02 (6500-20191).
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: Juan
Enrique Bedoya Escobar, sentencia del tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026), referencia: nulidad y restablecimiento del
derecho, radicación: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023), demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez,
demandado: Nación. Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
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sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar la protección de los derechos
fundamentales. En concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional, esta situación
no es una justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales y
prestacionales por parte de las entidades públicas, de tal manera que carece de sustento
legal y jurisprudencial para afectar el derecho reclamado; por lo tanto, le corresponde a la
administración reconocer y pagar los derechos causados a pesar de las dificultades
financieras que se pudieran presentar, para lo cual deberá «cre[ar] una partida presupuestal,
si no existiere, o […] reali[zar] las operaciones necesarias para obtener los fondos, bajo el
entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan de prelación
constitucional».
76. Siendo así las cosas, la Sala colige en grado de certeza que, la alegada
imposibilidad económica y presupuestal de la entidad no constituye una razón válida
para justificar la negativa del derecho reconocido al demandante, pues, se reitera
que las limitaciones financieras no exoneran a la administración del cumplimiento
de sus obligaciones laborales y prestacionales. Por lo tanto, el cargo de la apelación
no tiene vocación de prosperidad.
2.5.3. Del reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como un
valor adicional a la asignación básica, bajo las disposiciones del Decreto 272
de 2021.
77. En el recurso de apelación, la parte demandada estableció que, la controversia
se suscitó respecto de la situación prestacional del demandante previa vigencia del
Decreto 272 de 2021, comoquiera que, a partir de la entrada en vigor de esta norma
la entidad reconoció la prima especial de servicios equivalente al 30% como un valor
adicional a la asignación básica.
78. Ahora, sobre el particular se debe señalar que no le asiste razón a la
demandada, en punto a la limitante a que se debió ajustar la condena impuesta en
primera instancia, toda vez que, en el medio de control se demostró que el
demandante se desempeñó como juez de la República en el periodo comprendido,
entre el quince (15) de agosto de dos mil doce (2012) y el treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil catorce (2014), esto es, previa vigencia del Decreto 272 de
2021. Así, la orden referente al reconocimiento de la prima como adición de salario,
establecido en el ordinal cuarto, no está llamada a limitarse a la vigencia de la norma
en cita, como lo pretende la entidad, pues para la época en que el demandante era
titular del reconocimiento de la prima especial de servicios bajo adición del salario,
aun no se encontraba vigente, el decreto que estableció las pautas de
reconocimiento de la prestación en cita.
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79. Con el propósito de adecuar el alcance de la condena impuesta por el A quo, al
extremo temporal en que tiene derecho el demandante al pago de la prima especial
como una adición al salario, integrando la base de liquidación por el 100% de la
asignación básica, más el 30% correspondiente al referido emolumento, se
modificará el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, a efectos de
precisar que la condena se extiende al periodo durante el cual el señor Guzmán
Cano ejerció el cargo de juez del circuito y tuvo derecho a percibir la prima especial
de servicios, esto es, desde entre el quince (15) de agosto de dos mil doce (2012)
y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014).
2.6. Condena en costas.
80. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
2.7. Conclusiones
81. Con fundamento en las pruebas que fueron valoradas razonada, conjunta e
integralmente, y al amparo del marco normativo y jurisprudencial expuesto, la Sala
encuentra que los reparos esgrimidos por la entidad apelante prosperan de manera
parcial. En tal sentido, se (i) revocará el ordinal segundo, en cuanto dispuso la
inaplicación de los decretos 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014; (ii) se
modificará el ordinal cuarto, con el propósito de precisar que la prima especial de
servicios únicamente constituye factor salarial para efectos pensionales y, que el
reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales se extenderá entre el
quince (15) de agosto de dos mil doce (2012) y el treinta y uno (31) de diciembre de
dos mil catorce (2014); y (iii) en lo demás, se confirmará la providencia,
particularmente en cuanto declaró la nulidad de los actos acusados, reconoció el
derecho al pago de la prima especial de servicios como un valor adicional a la
asignación básica y ordenó la correspondiente reliquidación y el pago de los aportes
al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del veintisiete (27) de
mayo de dos mil veinticuatro (2024), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Antioquia, atendiendo a las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO. MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del veintisiete (27) de
mayo de dos mil veinticuatro (2024), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Antioquia, el cual quedará así:
«Cuarto. A título de restablecimiento del derecho se condena a la RAMA JUDICIAL-
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a: i) reliquidar las prestaciones sociales del señor Julián
Camilo Guzmán Cano, entre el quince (15) de agosto de dos mil doce (2012) y el treinta y
uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014), teniendo como base de liquidación el 100%
de la asignación básica legalmente prevista para el cargo, sin descontar el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios; ii) reconocer y pagar al señor Julián Camilo
Guzmán Cano la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992,
como valor adicional a la asignación básica, desde entre el quince (15) de agosto de dos mil
doce (2012) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014) y sin que, en
ningún caso, la remuneración resultante supere los porcentajes o topes máximos fijados por
el Gobierno Nacional para el cargo correspondiente; iii) efectuar los ajustes que
correspondan en las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones,
entre el quince (15) de agosto de dos mil doce (2012) y el treinta y uno (31) de diciembre de
dos mil catorce (2014), con base en el 100% de la asignación básica más el 30%
correspondiente a dicho emolumento, atendiendo los topes máximos previstos por el
Gobierno Nacional; iv) verificar, al momento de efectuar la liquidación, los pagos que
hubieren sido realizados por los mismos conceptos, con el fin de evitar un doble
reconocimiento.
La prima especial de servicios solo tendrá carácter salarial para efectos pensionales, en los
términos señalados en la parte motiva de esta providencia.
Las sumas reconocidas serán actualizadas en los términos expuestos en la parte
considerativa de esta sentencia.»
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.
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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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