Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01920-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01920-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-01920-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
31 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-2019)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 24 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual se inhibió para resolver de fondo el asunto.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora María Eleyda Pérez Liñán, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: i) 60597 del 27 de diciembre de 2007; ii) RDP022940
del 20 de mayo de 2013; iii) RDP008241 del 10 de marzo de 2014, por medio de las
cuales se le negó el reconocimiento de la pensión gracia; iv) RDP013993 del 2 de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
mayo de 2014, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la última
decisión y la confirmó; y v) RDP030978 del 10 de octubre de 2014, con la que se
negó nuevamente la prestación. Los mencionados actos fueron proferidos por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer la pensión
gracia de jubilación a partir del día que cumplió el estatus, es decir, 50 años de
edad y 20 años de servicio, en cuantía del 75% del salario y con la totalidad de los
factores salariales devengados durante el último año de labor; ii) pagar el valor de
las mesadas pensionales y «adicionales» desde la fecha de adquisición del
estatus de pensionada; iii) actualizar el monto de la condena conforme lo autoriza
el artículo 187 del CPACA; iv) cancelar los intereses moratorios de que trata el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993; v) dar cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA; y vi) pagar las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora María Eleyda Pérez Liñán nació el 10 de enero de 1956, por lo
que cumplió 50 años de edad el 10 de enero de 2006.
ii) Se vinculó al servicio docente mediante el Decreto 0054 del 19 de octubre
de 1979 en el empleo de institutora en la Institución Educativa Alfonso López.
iii) Laboró por más de 20 años en la docencia oficial a través de los siguientes
nombramientos a) Decreto 725 del 17 de mayo de 1985; y b) Decreto 2297 del 14
de agosto de 1985, expedidos por el gobernador de Antioquia para prestar
servicios de enseñanza primaria como directora rural, respectivamente.}
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
iv) Solicitó en varias oportunidades ante la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada, mediante los actos
administrativos enjuiciados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 13, 23, 25, 53 y 58 de la Constitución
Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 3 y 6 de la Ley 116 de 1928; 3 del Decreto
2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso que los
actos administrativos atacados desconocieron sus derechos y vulneraron
expresamente las normas señaladas, pues la UGPP estaba en la obligación de
reconocer la prestación gracia al haberse demostrado que la señora Pérez Liñán
sumó más de 20 años de servicio a la docencia a través de vinculaciones de orden
departamentales y/o nacionalizadas, y 50 años de edad.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:1
i) Los actos administrativos que incumben a este proceso fueron debidamente
motivados, pues se fundamentaron en la aplicación correcta de las normas que
regulan la pensión gracia y a su vez tuvieron en cuenta los elementos fácticos de
la parte demandante para concluir que no existe razón para reconocer la
prestación deprecada.
ii) La demandante no cumplió con los requisitos de la Ley 91 de 1989, pues no
demostró que tuviese vinculación alguna con la docencia departamental, municipal
1 Folios 111 al 114.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
o distrital a 31 de diciembre de 1980, por ende, se evidencia que no hay lugar a
reconocer lo pretendido, ya que se excedería el ámbito de aplicación de la norma.
Propuso las excepciones de ausencia de vicios en los actos administrativos
demandados, inexistencia de la obligación y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia escrita proferida el 24
de septiembre de 2018, se inhibió para resolver de fondo el asunto, con sustento
en las siguientes consideraciones:2
i) En el sub judice la actora radicó solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia el 8 de marzo de 2007, la cual fue resuelta negativamente por
Cajanal mediante la Resolución 60597 del 21 de noviembre de 2007,
argumentando que el tiempo de servicio en el cargo de institutora municipal no se
puede tener en cuenta para el reconocimiento de la pensión. La anterior decisión
no fue objeto de recursos.
ii) El 4 de marzo de 2013, la señora Pérez Liñán solicitó otra vez el
reconocimiento del a pensión gracia, petición que fue resuelta negativamente por
la UGPP mediante la Resolución RDP022940 del 20 de mayo de 2013,
argumentando que se desestimaron los tiempos correspondientes al período del
22 de octubre de 1979 al 30 de diciembre de 1984, por cuanto el tiempo de
servicios fue certificado por el alcalde del municipio de Apartadó y este no es el
competente para hacerlo. Ese acto no fue objeto de recurso alguno.
iii) El 31 de enero de 2014, volvió a peticionar la prestación gracia, la cual fue
negada con la Resolución RDP008241 del 10 de marzo de 2014. En esa
oportunidad el argumento principal se concretó en que se presentaban
inconsistencias en los tiempos de servicio prestados entre 1985 y 1987, teniendo
2 Folios 142 al 147. Con ponencia del magistrado Jairo Jiménez Aristizábal.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
en cuenta que las certificaciones allegadas reportaban diferentes tipos de
vinculación. En contra de dicha determinación se interpuso recurso de reposición
el cual fue resuelto de manera desfavorable mediante la Resolución RDP013993
del 2 de mayo de 2014.
iv) En una nueva oportunidad, el 27 de junio de 2014, la actora solicitó el
reconocimiento prestacional, que de igual modo fue denegado a través de la
Resolución RDP030978 del 10 de octubre de 2014. Frente a este acto
administrativo tampoco se interpusieron los recursos que procedían.
v) Teniendo en cuenta ello, no se puede perder de vista que el recurso de
apelación es considerado como obligatorio en el sentido de que, si es procedente
para agotar la vía gubernativa, se debe interponer.
vi) Así las cosas, ante la jurisprudencia emitida entorno a la obligatoriedad de
interponer el recurso de apelación contra las decisiones mediante las cuales le
fueron negadas las solicitudes de reconocimiento de la pensión gracia y bajo el
entendido de que la parte demandante no realizó el agotamiento previo del
reclamo administrativo, en tratándose del ejercicio de la acción subjetiva de
nulidad y restablecimiento del derecho, dicha circunstancia genera ineptitud
sustantiva de la demanda, lo que conlleva necesariamente una decisión inhibitoria.
vii) En suma, declaró probada de oficio la excepción de falta de agotamiento de
la vía gubernativa por ausencia de reclamo administrativo previo, lo que genera
ineptitud sustantiva de la demanda, en consecuencia, se inhibió de emitir
pronunciamiento de fondo.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la señora María Eleyda Pérez Liñán interpuso recurso de
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Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:3
i) El debido agotamiento de la vía gubernativa debe estudiarse en el momento
de admitir la demanda, igualmente la parte demandada puede alegarlo en la
contestación, o máximo debería alegarse por petición de parte o de oficio en la
audiencia inicial para garantizar el debido proceso. Así las cosas, el Tribunal al
indicar en el trámite de la referida audiencia que no existían vicios o
irregularidades que debieran subsanarse y/o que dieran origen a la nulidad de lo
actuado o a una sentencia inhibitoria, sin duda alguna generó la expectativa de
que iba a emitir una decisión de fondo basada en el principio de confianza
legítima.
ii) Nótese que el elemento que echa de menos el fallador es un requisito
formal que no afecta el derecho sustancial de las cosas. «Cuando existe una clara
supremacía de derechos, es perfectamente posible inaplicar la normatividad por
vía de excepción con la finalidad de mantener un orden jurídico y garantizar los
derechos».
iii) Debe tenerse en cuenta que la señora Pérez Liñán siempre actuó ante la
UGPP en nombre propio, esto es, sin representación de abogado, razón por la cual
siempre creyó que su insistente petición de reconocimiento prestacional algún día
sería positiva, empero el resultado fue desafortunado «pues la UGPP no accedió y
como es obvio NUNCA va a acceder a dicha solicitud, y afirmo tal situación ya que
como es evidente las resoluciones fueron contestadas de manera negativa, la
contestación de la demanda igualmente. Por lo que no puede presumir ahora el
tribunal que fuere necesaria la negación del recurso de apelación».
iv) Es claro también que la entidad desconoce el requisito de agotamiento de
vía gubernativa toda vez que no lo alegó o actuó de mala fe haciendo incurrir a la
señora Pérez Liñán en error.
3 Folios 153 al 160.
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Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
v) El Tribunal creó una expectativa legitima en una persona de la tercera edad
«pues su falta de acuciosidad no le permitió ver los errores o la ineptitud de la
demanda y dejó transcurrir el proceso durante tres largos años para finalmente
expedir un fallo inhibitorio y no puede mi representada ahora soportar las cargas
procesales de los errores que comete la administración en la prestación del
servicio, menos cuando se trate de derechos tan importantes como la seguridad
social, que al final lo que busca es garantizar en las personas una expectativa en
su calidad de vida, entre otras cosas proteger las contingencias propias de la
edad».
vi) En ese orden, solicitó fuera expedida una decisión de mérito.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. La demandante
La señora María Eleyda Pérez Liñán, por conducto de apoderado descorrió el
término para alegar y reiteró los argumentos invocados en la demanda para
aseverar que sí le asiste derecho a beneficiarse de la pensión gracia que
reclama.4
1.5.2. La demandada
La UGPP, solicitó que fuera confirmada la sentencia de primera instancia teniendo
en cuenta que no se agotó el trámite del recurso de apelación en sede
administrativa.5
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6
4 Índices 11, 12, 13, 14 y 20 de la Plataforma Samai.
5 Índice 18 de la Plataforma Samai.
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Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
En los términos del recurso de apelación interpuesto, incumbe a la Sala
determinar si la omisión de la parte actora en interponer recursos contra las
Resoluciones expedidas por la UGPP mediante las cuales se le negó el
reconocimiento de la pensión gracia, como requisito de procedibilidad para acudir
ante esta jurisdicción, daba lugar a emitir un pronunciamiento inhibitorio, como en
efecto ocurrió en el trámite de la primera instancia.
2.1.1. Para resolver ese interrogante debe precisarse que el agotamiento de los
recursos en la actuación administrativa constituye un presupuesto procesal
necesario para acceder a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, el cual
cumple con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales al debido
proceso y defensa de las personas frente a la administración y la oportunidad para
que ésta reevalúe sus actos administrativos, y si es del caso, adicione, aclare,
modifique o revoque su decisión inicial.
El artículo 67 del CPACA, al regular la notificación personal de las decisiones
administrativas, estableció que en la diligencia de notificación se debe entregar al
interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación
de la fecha y hora, indicándosele los recursos que legalmente proceden, las
autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para su ejercicio, en los
siguientes términos:
Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su
6 Folio 202.
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Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el
interesado para notificarse.
En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y
gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos
que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los
plazos para hacerlo. (Negrillas fuera de texto).
De acuerdo con ello, el legislador estableció a cargo de la administración el deber
de indicarle a la parte interesada con toda precisión los recursos que conforme al
ordenamiento jurídico resultan procedentes ejercer contra la decisión
administrativa.
En ese orden, los artículos 74 y 76 del CPACA previeron los recursos que proceden
contra los actos administrativos y la oportunidad para presentarlos,
respectivamente. Los artículos en mención estipulan lo siguiente:
Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra
los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,
adicione o revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el
mismo propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los ministros, directores de Departamento
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos
constitucionales autónomos.
[…]
Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación, según el caso.
Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo,
salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
[…]
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.
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Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
De esta manera, el recurso de reposición tiene como finalidad poner en
consideración de la autoridad administrativa que profirió el acto, los argumentos
necesarios para que lo modifique, lo revoque, lo aclare o lo adicione y, por su parte
el de apelación es considerado como obligatorio, en el sentido de que es ineludible
su ejercicio para agotar la actuación administrativa. En este caso, la
reconsideración del asunto objeto de discusión, se pone en manos del inmediato
superior administrativo de quien expidió el acto.
Por otro lado, el numeral 2 del artículo 161 del CPACA, estableció lo siguiente:
Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda
se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
[…]
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán
haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren
obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá
demandar directamente el acto presunto.
Por consiguiente, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo
particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la
ley fueren obligatorios, por lo que se constituye en un requisito de procedibilidad
para acceder a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, el previo
agotamiento del procedimiento administrativo.
Sobre el particular, esta Corporación se pronunció sobre el presupuesto procesal
de agotamiento de los recursos administrativos al considerar que: «la exigencia en
comento recae en relación con el recurso de apelación y tiene como propósito
satisfacer la necesidad de usar los recursos legales obligatorios para impugnar los
actos administrativos, de manera que la administración tenga la oportunidad de
revisar sus propias decisiones con el objeto de revocarlas, modificarlas o
aclararlas antes de que el juez, con ocasión de la puesta en marcha del aparato
judicial, estudie su legalidad».7
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 30 de julio de 2018, Rad.
25000-23-42-000-2015-06524-01(3894-17), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
No obstante, debe tenerse en cuenta que la obligación indicada se encuentra
supeditada a que en el acto administrativo se informe con total claridad al usuario
sobre la procedencia de los recursos.
Adicionalmente, la exigencia del mentado precepto no puede dejar de lado
situaciones particulares que vulneren o desconozcan derechos fundamentales de
los usuarios de la administración de justicia, relacionados con reconocimientos
prestacionales para la contingencia de la vejez. Esta Corporación al respecto ha
señalado lo siguiente:
La lectura anterior, amerita una reflexión que facilite la concordancia entre la
obediencia al presupuesto gubernativo y el funcionamiento y plena vigencia de los
principios y derechos constitucionales, pues como se señaló inicialmente, en la
práctica contencioso administrativa, la inobservancia del ejercicio obligatorio del
recurso de apelación a que se reduce finalmente el agotamiento de la vía
gubernativa, declina procesalmente la aspiración del administrado de ventilar el
asunto en sede judicial de manera exitosa, bien por el rechazo inicial de la demanda
que acaece en ausencia del mismo o bien por la resolución inhibitoria de la
controversia, situación que choca frente a la realidad jurídica de derechos como la
seguridad social de prevalente amparo constitucional como el discutido en el sub
examine en donde la pretensión se encuentra dirigida a la realización del derecho
jubilatorio de la actora, en tanto la exigencia de dicho presupuesto obstruye la
vigencia del mismo en contravía de claros preceptos supralegales que imponen al
Estado su garantía.
En efecto, en el ordenamiento constitucional el derecho a la seguridad social goza
de un especial tratamiento y protección en virtud de la entidad jurídica que
representa. El artículo 48 de la Carta Política, consagra particularmente la
seguridad social como un derecho inalienable e irrenunciable de las personas, cuya
garantía y eficacia compromete directamente al Estado, en tanto permite el
desarrollo de conceptos que constituyen pilares esenciales del Estado Social de
Derecho como lo son el respeto a la dignidad humana y la protección de los
derechos fundamentales del individuo como expresión obligatoria de la
trascendencia de dicho concepto dentro del ordenamiento jurídico. 8
Frente al caso particular de las personas de la tercera edad, la seguridad social
como derecho constitucional, adquiere una connotación ius fundamental en razón
de la debilidad manifiesta de dicho grupo poblacional, pues ha de entenderse que su
capacidad laboral se encuentra prácticamente agotada y que su condición física
luego de una vida de labor representa una situación desventajosa frente a los
demás individuos, de manera pues que la efectividad del mismo, involucra y
8 Corte Constitucional. T-528-07, T-558-97, T-299 de 1997, T-305-98, T-169-98, T-137-00, T-190-
00, T-1154-00, C-130-04, C-425-05.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
compromete directamente la vigencia de una serie de derechos como la dignidad
humana, la vida, la integridad física y el mínimo vital, que hacen necesario un
amparo especial, convirtiéndolo en un derecho de aplicación inmediata respecto a
tales individuos, cuya expresión formal se encuentra consignada en los artículos 13
y 46 de la Carta Constitucional, en donde se señala como un imperativo para el
Estado la protección y asistencia a las personas de la tercera edad y la garantía de
su derecho a la seguridad social.
De acuerdo con lo anterior, es forzoso concluir que la exigencia contenida como
requisito de acceso a la vía judicial en el artículo 135 del C.C.A. en armonía con el
contenido de los artículos 50, 51, 62 y 63 ibidem, limita la eficacia material del
derecho a la seguridad social de las personas de la tercera edad, en tanto impide su
definición judicial y retarda su efectividad en contravía del prevalente amparo que al
respecto consagran las normas constitucionales citadas exigible y vinculante tanto
para las autoridades administrativas como para las judiciales; razón por la que en el
sub lite, el conjunto normativo que instituye el sistema de vía gubernativa como
presupuesto procesal debe ser inaplicado atendiendo a la cláusula de excepción
contenida en el artículo 4° Superior, que impone la aplicación en rigor del
ordenamiento constitucional de manera preferente en caso de incompatibilidad con
la inferior.
Así las cosas, esta Corporación es consciente de que la sentencia inhibitoria no es
la manera normal de concluir un asunto contencioso, máxime cuando se
encuentra de por medio la resolución de un derecho pensional, razón por la
que en el sub lite, resulta necesario revisar el tema a la luz del ordenamiento
constitucional en aras de examinar en estos casos la imperatividad de dicho
presupuesto procesal.
2.2.2. Teniendo esto en consideración, la Sala observa que la parte demandante
pretende la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones: i)
60597 del 27 de diciembre de 2007; ii) RDP022940 del 20 de mayo de 2013; iii)
RDP008241 del 10 de marzo de 2014, por medio de las cuales se le negó el
reconocimiento de la pensión gracia; iv) RDP013993 del 2 de mayo de 2014, que
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la última decisión y la confirmó;
y v) RDP030978 del 10 de octubre de 2014, con la que se negó nuevamente la
prestación, que fueron proferidas por la entidad previsional demandada.
En la parte resolutiva de la Resolución RDP030978 del 10 de octubre de 2014,
última mediante la cual se le negó el derecho se señaló lo siguiente (se precisa
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
que en la parte resolutiva de las Resoluciones RDP022940 de 2013 y RDP008241
de 2014 se hizo la misma afirmación):
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
gracia, solicitada por el (a) señor (a) PEREZ LIÑAN MARIA ELEYDA […]
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a señor (a) PEREZ LIÑAN MARIA ELEYDA,
haciéndole (s) saber que en caso de inconformidad contra la presente providencia,
puede (n) interponer por escrito los recurso de Reposición y/o Apelación ante LA
SUBDIRECTORA DE DETERMINACION DE DERECHOS PENSIONALES (E). De
estos recursos podrán hacerse uso dentro de los diez (10) las siguientes a la
notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.C.A.
Es pertinente indicar que i) la demandante en la etapa administrativa actuó en
nombre propio, esto es, sin representación de apoderado, tal como se desprende
de los derechos de petición que elevó a la UGPP,9 ii) ante la negativa de sus
pretensiones presentaba nuevamente una reclamación sin hacer uso de los
recursos exigidos, salvo en el caso de la Resolución RDP008241 del 10 de marzo
de 2014, respecto de la cual radicó recurso de reposición, el cual fue desatado
desfavorablemente con la Resolución RDP013993 del 2 de mayo de 2014; y iii) en
la demanda solicitó la nulidad de todos los actos administrativos que fueron
expedidos referentes a la prestación deprecada.
Así pues, encuentra la Sala que si bien para demandar la nulidad de un acto
administrativo particular es deber de la parte demandante haber ejercido en sede
administrativa los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios para
impugnar la decisión de la entidad, lo cierto es que la administración se encuentra
obligada a informar de manera clara e inequívoca a la parte actora los recursos
que son procedentes contra el acto acusado, ante qué autoridad y el término para
la interposición.
En ese sentido, tal como lo indicó en reciente pronunciamiento la Subsección B de
esta Sección se advierte que la manera como la autoridad administrativa indicó la
procedencia de los aludidos medios de impugnación no es la establecida en la
9 Cd obrante en el folio 115.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
norma procesal pues, al haber indicado que contra el acto administrativo ahora
demandado se podían «interponer por escrito los recursos de Reposición y/o
Apelación», se halla que no fue precisa la manera en la cual se le informó a la
demandante sobre la procedencia de los medios de impugnación, especialmente
la apelación como recurso de obligatoria interposición a fin de cumplir el requisito
de procedibilidad.10
Aunado a esta interpretación, en este asunto se observa que una vez le fue
asignado al Tribunal administrativo de Antioquia el proceso instaurado por la
accionante, aquel lo admitió, lo cual permitía colegir que la demanda cumplía con
los requisitos de los artículos 161 y siguientes del CPACA, pues, de lo contrario, la
autoridad judicial habría inadmitido la demanda, en los términos del artículo 170
ibidem.
En efecto, repárese en que la satisfacción de las exigencias formales de la
demanda, entre las cuales se encuentra el ejercicio de los recursos que de
acuerdo con la ley fueren obligatorios, corresponde a los aspectos que el juez
debe estudiar de manera minuciosa, al momento de admitir el proceso,
oportunidad procesal adecuada para subsanar los vicios o yerros que, en el futuro,
pudieran impedir emitir una decisión de fondo en el asunto.
De igual modo ocurre en el desarrollo de la audiencia inicial de que trata el artículo
180 del CPACA, en donde en este caso el magistrado sustanciador del proceso
manifestó que no se observaba irregularidad que debiera subsanarse y que
conllevara una decisión inhibitoria.
Así las cosas, la demandante ejerció su derecho constitucional de acceso a la
administración de justicia al promover el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y el juez a cargo del proceso en primera instancia
impartió el trámite correspondiente, esto es, admitió la demanda, lo que supone el
10
Providencia del 23 de marzo de 2023, exp.17001-23-33-000-2019-00456-01 (5351-2022), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar. Ver auto de fecha 15 de octubre de 2019 dentro del proceso con
radicado interno 3802-2019.
14
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud, dio trámite a la audiencia
inicial de que trata el artículo 180 del CPACA en la que desarrolló la etapa de
saneamiento sin manifestación alguna (de oficio o de parte), se pronunció sobre
las excepciones previas, fijó el litigio, decretó pruebas, corrió traslado para que las
partes presentaran alegatos de conclusión y finalmente volvió a revisar las etapas
procesales para concluir que «no observa el despacho la existencia de alguna
irregularidad que de origen a una nulidad o sentencia inhibitoria». Sin embargo, al
momento de resolver el asunto, de manera intempestiva y abrupta, declaró
probada de oficio la excepción de «falta de agotamiento de la vía gubernativa por
ausencia de reclamo administrativo previo, lo que genera ineptitud sustancial de la
demanda».
En esos términos, se insiste, la irregularidad procesal que impedía un
pronunciamiento de fondo debió advertirse en la etapa de admisión de la demanda
o en el trámite de la audiencia inicial, pues, se repite, es en esas etapas donde el
juez debe analizar el cumplimiento o no de los requisitos procesales para
demandar, determinar la existencia de vicios que se hayan presentado y adoptar
las medidas de saneamiento necesarias para evitar los fallos inhibitorios.
Hace énfasis la Sala en que la parte demandada en este proceso no hizo
referencia en ninguna de las etapas del proceso a la presunta irregularidad
procesal, luego dicha circunstancia únicamente se ventiló por parte del juez al
momento de proferir sentencia.
Así las cosas, aunque en el presente asunto se observa que la parte demandante
omitió interponer los recursos en el trámite administrativo, lo cierto es que tal
situación en esta etapa del proceso no puede llevar a la declaratoria de la
mentada excepción, pues en ejercicio de la primacía de la realidad sobre lo formal
este requisito debe entenderse saneado desde la audiencia inicial, máxime si se
tiene en cuenta que existen elementos suficientes para que el juez pueda emitir
pronunciamiento de fondo; así como que la señora Pérez Liñán actualmente tiene
67 años, luego no puede exigírsele que soporte una carga desproporcionada
15
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
como sería el agotamiento de un nuevo trámite administrativo para solicitar el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación gracia y, en caso de no estar
satisfecha con la decisión, acuda nuevamente a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.11
En esa línea de interpretación, como se ha dicho en reiterados pronunciamientos
de esta Corporación, es un deber ineludible de los jueces evitar, hasta donde ello
sea posible, las sentencias inhibitorias, por cuanto estas nada resuelven y son el
reconocimiento de un trámite inadecuado del proceso, que bien pudo ser corregido
o subsanado desde el comienzo.
Adicional a lo anterior, no puede perderse de vista que la Corte Constitucional12 ha
precisado que el derecho a la seguridad social en materia pensional asume el
carácter de fundamental, cuando su desconocimiento pueda conllevar la
violación de otros derechos y principios fundamentales, como la vida, la integridad
física, el mínimo vital, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos de la
tercera edad o la dignidad humana, entre otros.
Consecuente con ello la Sección Segunda, bajo ciertas circunstancias ha obviado
exigencias procedimentales (indebido o falta de agotamiento de vía gubernativa)
en la etapa de fallo, en beneficio de esta garantía constitucional, procediendo a
analizar y decidir de fondo,13 porque sería indigno someter a una persona a
11 Véase, entre otras las siguientes decisiones: sentencia del 6 de agosto de 2020, exp. 47001-23-
33-000-2016-00282-01 (5636-2018) M. P. César Palomino Cortés.
12 Entre ellas se pueden mencionar, por mencionar algunas, las sentencias T-491, T-534, T-571, de
1992; T-111, T-110, T-124, de 1.994; T-1730 de 2000, y C-177 de 1998. En la C-177 de 1998 el
Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de señalar: «El reconocimiento y pago de la pensión de
vejez encuentra sustento constitucional en la protección especial que debe brindar el Estado al
trabajo humano en todas sus modalidades (art. 25), pues se impone que el fruto del trabajo
continuado durante largos años sea la base para disfrutar el descanso, en condiciones dignas,
cuando la disminución de la producción laboral es evidente. Así mismo, la pensión de vejez goza
de amparo superior en los artículos 48 y 53 de la Constitución, los cuales establecen que el pago
de la pensión debe realizarse de manera oportuna dentro de los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, propios de la seguridad social en Colombia.»
13 Entre ellas, las siguientes providencias de la Sección Segunda, Subsección A: Sentencia del 25
de julio de 2019, exp. 81001-23-33-000-2013-00165-01(0700-16) M. P. William Hernández Gómez;
sentencia del 7 de noviembre de 2013, exp. 68001-23-31-000-2010-00831-01(0527-13); Sentencia
del 2 de octubre de 2008, radicado interno 2599-07; Sentencia del 25 de noviembre de 2010,
16
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
recorrer un nuevo trámite, con todo lo que comporta, a sabiendas que para cuando
eventualmente a ese ciudadano se le pueda hacer efectivo su derecho, como
podría suceder en el presente asunto, tal vez, ha muerto o se le ha puesto en
circunstancias tales de precariedad que compromete no sólo su mínimo vital, sino
su subsistencia misma y la de su entorno familiar.
2.2.3. La Corte Constitucional ha definido el derecho de tutela judicial efectiva
como «la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de
poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia,
para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los
procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las
garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes».
Por su parte, el Consejo de Estado ha indicado que el mencionado derecho se
compone de tres elementos esenciales: el primero de ellos corresponde al acceso
a la administración de justicia que se traduce en la posibilidad de acudir a la
jurisdicción competente para proponer un conflicto; el segundo, relacionado con el
derecho a obtener una solución de fondo que debe reflejarse en una sentencia
motivada, razonable, congruente y fundada en derecho; y por último, la garantía a
la ejecución de la sentencia que se profiera, por lo que es necesario que ésta se
cumpla en los términos indicados por la autoridad judicial.
Por consiguiente, el acceso a la administración de justicia se erige no solo como el
elemento sine qua non que configura la tutela judicial efectiva, sino que
jurídicamente y desde la óptica constitucional se le ha otorgado la categoría de
derecho fundamental autónomo, pues su correcto ejercicio propende por
garantizar la prestación jurisdiccional a todos los individuos a través del uso de los
mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico con el fin de
radicado interno 0465-09; Sentencia del 17 de agosto de 2011, radicado interno 2203-10; CP Dr.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
17
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
proteger y materializar los demás derechos reconocidos en la Constitución Política
y en la ley.14
En conclusión, de conformidad con el principio pro homine y del principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal consagrado en el artículo 228
de la Constitución Política, con el que se busca garantizar que las formalidades
propias de los procesos judiciales sean interpretadas y empleadas para la
materialización de los derechos de las personas que acceden a la
administración de justicia y de ninguna forma como un obstáculo o impedimento
para el ejercicio y protección de las mismas, se hace imperioso que en el presente
caso se emita una decisión de mérito en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho iniciado por la señora María Eleyda Pérez Liñán, pese a no haber
agotado los medios de impugnación en la actuación administrativa como requisito
de procedibilidad para acudir en sede judicial, máxime porque, como lo ha
indicado esta Corporación, tratándose de personas de la tercera edad debe
prevalecer el ordenamiento jurídico sustancial sobre el procesal.
En ese orden, sin necesidad de argumentos adicionales, la Sala proceda a
abordar de fondo el asunto.
2.2. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en
la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.3. Marco normativo
El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas
primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
14
Providencia del 23 de marzo de 2023, exp.17001-23-33-000-2019-00456-01 (5351-2022), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar.
18
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 192815 y 37 de 193316 consagraron la posibilidad
de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados
en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la
Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 17
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra
pensión o recompensa de carácter nacional».18
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado,
mediante Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la
pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional,
pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba
retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal
15 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de
Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y
demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los
prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la
normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
16 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
17 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia
de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
18 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional.
Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un
mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra
causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.
19
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
prerrogativa eran los educadores locales o regionales».19
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la
finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en
razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes
nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión
del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y
en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta
corporación, en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e
involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la
pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada;
sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de
marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En
similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte
Constitucional.
20
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del
29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,20 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de
1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia,
a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión
20 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
21
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
gracia».21
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia
aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la
Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo
haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación
explicó lo siguiente:22
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que
la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».23
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir
respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron
tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos
para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus
efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
23 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
22
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de
dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en
sentencia del 21 de junio de 2018,24 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:25
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los
entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a
través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene
que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
25 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal
de la sentencia transcrita.
23
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del
29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio
pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o
parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de
participaciones, pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada».26
2.4. Hechos probados
2.4.1. Edad y tiempo de servicios
i) Conforme a la copia de la cédula de ciudadanía, la señora María Eleyda Pérez
Liñán nació el 10 de enero de 1956, es decir, cumplió 50 años de edad el 10 de
enero de 2006.27
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
27 Folio 19.
24
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
ii) Mediante el Decreto 0054 del 19 de octubre de 1979, «Por el cual se hace un
nombramiento», el alcalde municipal de Apartadó (Antioquia), en uso de sus
atribuciones legales, nombró a la demandante como institutora municipal de la
Escuela Alfonso López de ese municipio.28 Tomó posesión del empleo el 22 de
octubre de 1979.29
iii) Mediante tres certificaciones expedidas por la Alcaldía del municipio de
Apartadó y a través de la Resolución 018 del 31 de enero de 1985, se hizo constar
que la demandante laboró al servicio de la entidad territorial como profesora del
nivel básica primaria del 22 de octubre de 1979 al 30 de diciembre de 1984.30
28 Folio 20.
29 Folio 21.
30 Folios 22 al 26.
25
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
iv) Entre el 22 de octubre de 1979 al 30 de diciembre de 1984, la actora prestó
sus servicios con «vinculación nacionalizada» en propiedad y como docente de
básica primaria en la Escuela Alfonso López, según se extrae del Formato Único
para la expedición de certificado de historia laboral núm. 1 del 22 de mayo de
2015, suscrito por la Secretaría de Educación del municipio de Apartadó.31 En
dicho acto se especificó que la entidad de previsión en la que se hicieron aportes
por parte de la docente fue el mismo municipio.
v) Mediante el Decreto 752 del 17 de mayo de 1985, «Por medio del cual se
hacen unos nombramientos en educación primaria», el gobernador del
departamento de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, y en especial de
las conferidas en la Ordenanza 082 del 12 de diciembre de 1984, nombró a la
demandante para prestar sus servicios en enseñanza primaria en el
departamento, particularmente como directora en la Escuela Rural Integrada
Caracolí - Las Playas del municipio de Apartadó, núcleo 1203 a partir del 18 de
abril de ese año.32 Tomó posesión del empleo el 14 de junio de 1985, con
retroactividad a partir del 19 de abril de 1985.33
31 Folio 85.
32 Folios 27 al 31 y cd 115.
33 Folio 32.
26
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
vi) El 13 de abril de 1987, mediante el Decreto 0915, «por medio del cual se
dictan unas disposiciones en la Secretaría de Educación y Cultura», el gobernador
del departamento de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, y en especial
de las conferidas en la Ordenanza 082 del 12 de diciembre de 1984 y en el
Decreto 004 del 7 de enero de 1987, nombró a la demandante como directora en
la Escuela Rural Integrada La Linda del municipio de Apartadó, núcleo 1203.34
34 Cd folio 115.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
vii) El 14 de agosto de 1987, con el Decreto 2297, «por medio del cual se hacen
unos nombramientos en la Secretaría de Educación y Cultura», el gobernador del
departamento de Antioquia, en uso de las atribuciones legales y como presidente
de la junta del FER, nombró a la demandante como directora en la Escuela Rural
Integrada Indigenista Las Playas del municipio de Apartadó, núcleo 1203.35 En las
consideraciones del acto se señala textualmente que «viene de plaza
35 Folios 34 al 36.
28
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
departamental». Tomó posesión del empleo el 4 de septiembre de 1987, con
retroactividad a partir del 13 de julio de 1987.36
viii) Entre el 19 de abril de 1985 y el 31 de diciembre de 2006, la actora prestó sus
servicios con «vinculación nacionalizada» en propiedad y como directiva rural de
nivel primaria, según se extrae del Formato Único para la expedición de
certificado de historia laboral 1157 del 3 de enero de 2007, suscrito por la
Secretaría de Educación del departamento de Antioquia.37
36 Folio 37.
37 Folios 40 y 41.
29
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
ix) Igual información se extrae del formato expedido el 22 de mayo de 2015 por
la misma autoridad, salvo que manifestó que hasta esa fecha continuaba activa en
el servicio.38
x) Según el certificado de salarios emitido el 3 de enero de 2007 por la
Secretaría de Educación de Antioquia, la señora Pérez Liñán devengó entre el 1°
de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2006, los factores salariales de
asignación básica, sobresueldo, prima de vida cara, prima de clima, prima de
licenciado, prima de vacaciones y prima de navidad.39
xi) El 6 de mayo de 2015, el secretario de Educación y Cultura del municipio de
Apartadó, en respuesta al derecho de petición elevado por la actora indicó lo
siguiente:40
38 Folios 86 al 88.
39 Folios 42 al 44.
40 Folios 83 y 84.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
xii) El 27 de agosto de 2015, la Procuraduría General de la Nación certificó que
la actora no registraba antecedentes disciplinarios.41
2.3.1. Actuación administrativa
i) El 8 de marzo de 2007,42 la actora en nombre propio radicó solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue resuelta negativamente por
Cajanal mediante la Resolución 60597 del 21 de noviembre de 2007,
argumentando que el tiempo de servicio en el cargo de institutora municipal no
se puede tener en cuenta para el reconocimiento de la pensión.43
ii) El 4 de marzo de 2013, la señora Pérez Liñán solicitó otra vez en nombre
propio el reconocimiento del a pensión gracia, petición que fue resuelta
negativamente por la UGPP mediante la Resolución RDP022940 del 20 de mayo de
41 Folio 89.
42 Cd folio 115.
43 Folios 50 al 54.
31
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
2013, argumentando que se desestimó el período del 22 de octubre de 1979 al 30
de diciembre de 1984, por cuanto el tiempo de servicio fue certificado por el
alcalde del municipio de Apartadó y este no es el competente para hacerlo.44
iii) El 31 de enero de 2014, volvió a peticionar la prestación gracia a nombre
propio, la cual fue negada con la Resolución RDP008241 del 10 de marzo de
2014.45 En esa oportunidad el argumento principal se concretó en que se
presentaban inconsistencias en los tiempos de servicio prestados entre 1985 y
1987, teniendo en cuenta que las certificaciones allegadas reportaban diferentes
tipos de vinculación. En contra de dicha determinación se interpuso recurso de
reposición46 el cual fue resuelto de manera desfavorable mediante la Resolución
RDP013993 del 2 de mayo de 2014.47
i) En una nueva oportunidad, el 27 de junio de 2014, la actora solicitó el
reconocimiento prestacional, que de igual modo fue denegado a través de la
Resolución RDP030978 del 10 de octubre de 2014, al encontrar que los recursos
con los que fueron sufragados sus salarios provenían del sistema general de
participaciones.48
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala accederá a las
pretensiones de la demanda. Esta conclusión se funda en los siguientes
razonamientos:
i) La señora María Eleyda Pérez Liñán demostró que laboró en el magisterio oficial
por más de 20 años como docente, en plazas clasificadas como territoriales y
44 Folio 55.
45 Folios 56 al 59.
46 Folios 60 al 63.
47 Folios 64 al 68.
48 Folios 69 al 74.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
nacionalizadas. Igualmente, tuvo una experiencia como educadora anterior al 31
de diciembre de 1980, por ende, en lo que respecta al tiempo de servicio, cumple
con los presupuestos previstos por las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 para ser
acreedora del beneficio pensional pretendido.
ii) El tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia corresponde al
siguiente:
Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
22-10-1979 30-12-1984 8 2 5
19-04-1985 22-03-1987 3 11 1
Territorial 23-03-1987 12-07-1987 15 3 0
13-07-1987 22-05-201549 9 10 27
TOTAL 6 3 35
En relación con las vinculaciones antes descritas es oportuno hacer las siguientes
precisiones:
En primer término, el tiempo de servicios acumulado entre el 20 de octubre de
1979 y el 30 de diciembre de 1984, resulta computable para efectos del
reconocimiento prestacional pretendido, por cuanto el nombramiento que fue
efectuado a través del Decreto 054 del 19 de octubre de 1979, en el municipio de
Apartadó es de carácter territorial, pues fue suscrito por una autoridad del orden
territorial (el alcalde del municipio, en uso de sus facultades legales, sin
intervención de ningún otro funcionario). Se advierte que la vinculación en el
municipio fue para prestar servicios en la Escuela Rural Alfonso López, donde la
accionante laboró como institutora municipal de básica primaria, en un empleo que
ya existía en la institución y en la planta del municipio.
Resalta la Sala que el artículo 3 de la Ley 39 de 1903 dispuso que la instrucción
primaria, costeada con fondos públicos, estaría a cargo y bajo la inmediata
dirección y protección de los gobiernos de los departamentos, en consonancia con
49 Fecha de expedición del certificado de la Secretaría de Educación de Antioquia.
33
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
las ordenanzas expedidas por las Asambleas respectivas, e inspeccionada por el
poder ejecutivo nacional.
De las pruebas obrantes en el proceso, detalladas en el acápite de hechos
probados de esta providencia se infiere con claridad que los salarios y demás
emolumentos percibidos por la docente en el referido municipio fueron cancelados
con recursos propios.
Aunado a ello, la afirmación de que la designación tenga carácter territorial
también encuentra respaldo en el artículo 1° de la ley 91 de 1989, en tanto
dispone que son territoriales aquellos «docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
Del mismo modo, la Corte Constitucional, en sentencia C-084 de 1999, al analizar
la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
precisó que antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme a
la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías, nacionales y
territoriales. Particularmente la Corte señaló lo siguiente:
3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la «nacionalización» de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser
cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados
laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los
territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la
Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada
«pensión gracia», de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a
otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la
prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o
reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de
diciembre de 1980, pues la diversidad del empleador (nación o departamento),
permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al
principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público,
situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de
1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada
vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna
[…].
34
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
En consecuencia, de acuerdo con el análisis integral del acto de nombramiento
mencionado, se concluye que la vinculación con el referido municipio es del orden
territorial, interpretación que coincide con los formatos de certificación expedidos
tanto por la entidad nominadora como por el Fomag.
En segundo término, los nombramientos efectuados a través de los Decretos 0752
del 17 de mayo de 1985; 0915 del 13 de abril de 1987; y 2297 del 14 de agosto de
1987, en el departamento de Antioquia tienen carácter territorial, pues fueron
suscritos por el gobernador, y dicho funcionario los profirió en calidad de
representante del departamento, basado en atribuciones legales propias y no en
facultades especiales conferidas por la Nación.
Se advierte que la vinculación fue para prestar servicios en el municipio de
Apartadó, en las Escuelas Rural Integrada Caracolí – Las Playas, Rural Integrada
La Linda, y Rural Integrada Indigenista Las Playas, donde la accionante laboró en
propiedad como docente directora, en un empleo que ya existía en las referidas
instituciones.
El artículo 2 del Decreto Ley 2277 de 1979, vigente para la época de los hechos,
definió la profesión docente en los siguientes términos:
Artículo 2. Profesión docente. Las personas que ejercen la profesión docente se
denominan genéricamente educadores.
Se entiende por profesión decente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este Decreto.
Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de
dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión inspección
escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de
educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás
actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación
Nacional, en los Términos que determine el reglamento ejecutivo.
A su vez, el artículo 32 ibidem dispuso que los cargos directivos allí enlistados
tendrían carácter docente. Textualmente la norma preceptúa:
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
Artículo 32. Carácter docente. Tienen carácter docente y en consecuencia deben
ser provistos con educadores escalafonados, los cargos directivos que se señalan
a continuación, o los que tengan funciones equivalentes:
a) Director de escuela o concentración escolar;
b) Coordinador o prefecto de establecimiento;
c) Rector de plantel de enseñanza básica secundaria o media;
d) Jefe o director de núcleo educativo o de agrupación de establecimientos ;
e) Supervisor o inspector de educación.
A partir de las anteriores disposiciones, esta corporación en forma pacífica y
reiterada ha concluido que a la pensión gracia «también pueden acceder los
directivos docentes, al tratarse de cargos que hacen parte de la profesión de
educador».50
Pese a la contundencia de las pruebas la UGPP en cuatro oportunidades negó la
pensión gracia, teniendo en cuenta, entre otros argumentos que, para la última
designación el gobernador fungía como presidente de la Junta Administradora del
FER. Sin embargo, tal consideración, no es suficiente para no computar la
vinculación con el departamento de Antioquia para obtener la pensión gracia
objeto de controversia.
En el mismo orden, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de unificación
SUJ2-11/18, el hecho de que los recursos para el pago de los emolumentos
presuntamente provinieran del FER -situado fiscal- no determina el tipo de
vinculación de la demandante, debido a que en virtud del nombramiento efectuado
por el entonces gobernador de Antioquia y la plaza ocupada, la actora ostenta el
carácter de docente territorial.
En efecto, en la citada providencia de unificación se concluyó que lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la
acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01(3989-15). En similar sentido pueden consultarse las
siguientes sentencias: i) del 9 de abril de 2014, radicado 05001-23-31-000-2008-00946-01(0443-
13); ii) del 23 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-02645-01(1081-19).
36
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que
estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy Sistema
General de Participaciones.51
Al respecto, esta Sala en reciente pronunciamiento señaló lo siguiente:52
Es oportuno resaltar que el a quo desestimó el referido tiempo en consideración a
que los salarios fueron financiados por la Nación; sin embargo, conforme se expuso
en acápites anteriores, esta corporación unificó su criterio en el sentido de indicar
que tal argumento no podía oponerse para reconocer la prestación en comento,
toda vez que los dineros provenientes del entonces situado fiscal -ahora sistema
general de participaciones- «le pertenecía[n] de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas endógenas y
exógenas».53
De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación».
Adicionalmente, la afirmación de que las designaciones tengan carácter territorial
de igual modo encuentra respaldo en el artículo 1° de la ley 91 de 1989, en tanto
dispone que son territoriales aquellos «docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
De acuerdo con lo explicado, los tiempos laborados como docente por parte de la
señora Pérez Liñán tienen la denominación de territoriales y/o nacionalizados, en
todo caso, no podrían ser, de ningún modo, denominados como nacionales en
atención a que no existe prueba alguna dentro del proceso que dé cuenta de ello,
al paso que sí obra suficiente material probatorio que respalde sus pretensiones.
51 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de octubre de 2022, radicado: 52001-23-
33-000-2014-00540-01 (2892-2016).
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
37
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
De esta manera, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente en plazas del orden territorial y nacionalizado por más de 20 años y
cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980;
por lo tanto, la interesada cumplió el requisito del tiempo de servicio previsto por el
legislador para acceder a la prestación pretendida.
iv) La señora Pérez Liñán cuenta con más de 50 años de edad y durante su
ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias,54 es decir, que
cumple con los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral con
honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento
del beneficio pensional reclamado.
Ahora bien, la accionante cumplió 20 años de servicio en 2010 y los 50 años de
edad, el 10 de enero de 2006, es decir que a partir de ese momento adquirió el
derecho pensional.
Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la
pensión gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores
devengados por la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 10 de enero de 2005 y el 10 de enero de 2006,
con inclusión de los factores salariales devengados en ese período.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».55
54 Aspecto no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera instancia.
55 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de
Estado: i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
Ahora bien, la señora Pérez Liñán consolidó el estatus pensional el 10 de enero de
2006, pero la última reclamación del derecho se verificó el 27 de junio de 2014,
razón por la que operó el fenómeno de la prescripción trienal. En consecuencia,
los efectos fiscales del reconocimiento pensional se decretarán a partir del 27 de
junio de 2011.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de
2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,56
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que
«[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la
convicción de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron
pruebas y se apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de
imponer condena en costas en segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada por
cuanto la demandante acreditó en el proceso los requisitos para ser beneficiaria
de la pensión gracia reclamada.
56
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
40
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 24 de septiembre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró probada de manera oficiosa la
excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa por ausencia de reclamo
administrativo previo y se inhibió para emitir pronunciamiento de fondo, conforme
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone lo
siguiente:
Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones 60597 del 27 de diciembre de
2007; RDP022940 del 20 de mayo de 2013; RDP008241 del 10 de marzo de 2014;
RDP013993 del 2 de mayo de 2014; y RDP030978 del 10 de octubre de 2014,
mediante las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP negó el reconocimiento
de la pensión gracia de la actora.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia de la señora María Eleyda Pérez Liñán,
identificada con cédula de ciudadanía 21.686.946 en cuantía del 75% del
promedio de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su
estatus pensional, comprendido entre el 10 de enero de 2005 y el 10 de enero de
2006.
Cuarto. Declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 27 de junio de 2011.
41
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01920-01 (0509-19)
Demandante: María Eleyda Pérez Liñán
Quinto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo
en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación
de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.
Sexto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
Séptimo. Sin condena en costas.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
AVM
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