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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2015-01963-01

Fecha
27 de octubre de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2015-01963-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2015-01963-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

27 de octubre de 2022

Radicado: 05001-23-33-000-2015-01963-01 (25222)
Demandante: Ana Isabel Gaviria Jaramillo y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01963-01 (25222)
Demandante: Ana Isabel Gaviria Jaramillo y otros
Demandada: Fondo de Valorización de Medellín – FONVALMED

Temas: Contribución de valorización. Determinación del beneficio por la
realización de obras públicas. Carga de la prueba.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
del 23 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
resolvió (f. 327 vto.):

Primero: Prosperan las excepciones de fondo planteadas por la parte demandada: inexistencia de
violación de norma superior e inexistencia de causal de nulidad.

Segundo: Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.

Tercero: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandante. Las agencias en derecho
serán fijadas de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Resolución nro. 94, del 22 de septiembre de 2014 (ff. 3 a 13), expedida por el director
de la demandada, identificó las obras del proyecto «El Poblado», determinó la zona de
influencia de las mismas y distribuyó, entre los propietarios y poseedores de los predios
allí ubicados, el valor de la contribución de valorización generada por el desarrollo de las
obras públicas. Esta decisión, se confirmó con las Resoluciones nros. 24471 del 13 de
mayo de 2015, 20600 y 20599 del 27 de abril de 2015 (ff. 50 a 90).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(ff. 98 y 99):

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01963-01 (25222)
Demandante: Ana Isabel Gaviria Jaramillo y otros

Que previo el trámite respectivo se declare:

1.) La nulidad de los actos administrativos proferidos por el Fondo de Valorización del municipio de
Medellín que a continuación se describen:

a) Resolución nro. 094 del 22 de septiembre de 2014 mediante la cual se distribuye la contribución
de valorización del proyecto valorización el Poblado, y

b) Resoluciones nros. 24471 del 13 de mayo de 2015, 20600 del 27 de abril de 2015 y 20599 del 27
de abril de 2015, notificadas los días 28 de mayo de 2015, 12 de mayo de 2015 y 12 de mayo de
2015, mediante las cuales se resuelven los recursos de reposición interpuestos por los demandantes
contra la Resolución nro. 094 del 22 de septiembre de 2014.

En caso de que ese honorable Tribunal no considere procedente declarar la nulidad del acto
complejo demandado, se solicita modificar la Resolución nro. 094, del 22 de septiembre de 2014, en
el sentido de disminuir el valor de la contribución a cargo del inmueble de propiedad de los
demandantes, considerando que el proyecto de valoración el Poblado incluye la prolongación de la
doble calzada de la Loma de los Balsos hasta la transversal superior y la ampliación de la avenida
43 en doble calzada, que son dos obras que no generan un beneficio directo y exclusivo para la zona
afectada con la valorización. Obras que tienen una representatividad importante dentro del valor total
de la contribución de valorización, que es de $458.362.761.892, ya que solo estas dos obras tienen
un presupuesto de ejecución del orden de los $196.616.000.000, es decir, equivalente al 42.89% del
total de la contribución, de manera que su eliminación de la distribución de valorización rebajaría
casi a la mitad el valor de la valorización que se exige pagar por el inmueble de propiedad de los
actores.

2.) Declarada la nulidad de la actuación administrativa descrita, se restablezca el derecho de los
demandantes decretando la improcedencia del pago de dicha contribución y la devolución con los
intereses de mora y corrientes a que haya lugar, de la contribución que hayan pagado.

3.) Declarada la nulidad de la actuación administrativa descrita y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, solicito condenar en costas a la entidad demandada
en virtud de su actuación.

A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 29, 83, 95, 150.12,
287, 313, 338 y 363 de la Constitución; 3.⁰ de la Ley 25 de 1921; 683 del ET (Estatuto
Tributario); 1.°, 2.° y 9.⁰ del Decreto 1604 de 1966; 1.⁰ a 8.⁰ y 45 del Acuerdo 058 de 2008,
bajo el siguiente concepto de violación (ff. 97 a 111):

Sostuvo que su contraparte infringió los artículos 8.° y 45 del Acuerdo 058 de 2008 y las
garantías constitucionales a la defensa y capacidad contributiva, al determinar la
contribución de valorización sin demostrar que el inmueble sobre el que se pretende el
pago obtendría un beneficio por la realización del proyecto «El Poblado», ni el porcentaje
de las obras que le era atribuible. Al efecto, explicó que la demandada calculó el beneficio
con el método local de «doble avalúo por muestreo», pero que este se sustentó a partir
de situaciones homogéneas o análogas de predios similares, sin atender a las
características propias del bien que sería gravado. Argumentó que, por el contrario, la
ubicación, destinación y tamaño del predio (i.e. bodega industrial de un nivel localizada
en un barrio diferente al Poblado), evitaban la realización del beneficio. Análogamente,
discutió que la zona de influencia no incluyera inmuebles que, en su opinión, obtendrían
un mayor valor por las obras. En todo caso, defendió que la contribución de valorización
era una forma de financiación subsidiaria improcedente en el sub lite, ya que el municipio
tenía pendiente el cobro de impuestos que le permitirían financiar el monto de las obras.
Por último, pidió que de considerar procedente el tributo, excluyera de su cuantificación
dos de las 23 obras del proyecto a financiar, pues beneficiaban tanto a la zona de
influencia como a los demás habitantes del municipio y de otros entes territoriales.

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Demandante: Ana Isabel Gaviria Jaramillo y otros

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 145 a 169). Al efecto, propuso
las excepciones de mérito que denominó «ausencia de violación de norma superior» e
«inexistencia de causal de nulidad», las cuales sustentó indicando que determinó la
obligación tributaria sub lite siguiendo el procedimiento reglado en el Acuerdo 058 de
2008, decisión que comunicó a la demandante y a los demás interesados. Explicó que
estableció el beneficio conforme con el artículo 8.º, i.e. por el método «doble avalúo por
muestreo», que no exigía calcular el valor de cada predio de la zona de influencia ni el
porcentaje de la obra atribuible, como lo pretendió su contraparte, pues el beneficio real
de cada inmueble se determinaba a partir de avalúos de antes y después del proyecto,
realizados con una muestra de bienes en situaciones homogéneas de los barrios y
veredas de la zona de influencia, siguiendo unos parámetros de confiabilidad, grado de
error y factores de corrección, siendo que estos últimos consideraban las características
de cada inmueble (e.g. físicas, técnicas, jurídicas y normativas). Agregó que en la
metodología aplicada también se realizó un «estudio de capacidad de pago del sector»,
el cual fue publicado para consulta de los interesados, junto con toda la información
relevante para el proyecto y la determinación de la contribución de valorización, lo que,
en su opinión, excluía la infracción de las garantías constitucionales alegadas.
Finalmente, se opuso a la exclusión de las dos obras que identificó la demandante, ya
que, si bien aprovechaban a todos los habitantes del municipio y otras entidades
territoriales, el beneficio directo sobre el valor de los bienes únicamente se percibía por
aquellos que eran parte de la zona de influencia.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda y dictó condena en costas (ff. 317 a 327
vto.) porque, aunque aceptó que la contribución de valorización se causa siempre que
los predios de la zona de influencia obtengan un mayor valor por las obras ejecutadas,
consideró que, en el sub lite, era procedente la obligación tributaria determinada a cargo
de la actora, como quiera que omitió acreditar que el inmueble sobre el que se causó la
contribución no obtuvo un beneficio por la realización del proyecto «El Poblado» o que
este fue inferior al estimado por la Administración. En cambio, juzgó que la demandada
sí probó el beneficio que le era atribuible al predio, a partir de los estudios técnicos y
metodologías que aplicó, las cuales estaban regladas por la normatividad aplicable (i.e.
Acuerdo 58 de 2008) y no exigían que se valuara cada inmueble ni que se le asignara un
porcentaje concreto de las obras. Además, negó la exclusión de las dos obras que
identificó la demandante para el cálculo de la contribución de valorización, pues omitió
aportar algún medio de prueba al plenario que permitiera establecer que no reportaban
beneficios a la zona de influencia sino a la comunidad en general. En suma, considerando
que la actora no desvirtuó el beneficio que su contraparte estimó siguiendo el
procedimiento dispuesto para esos efectos, ni la falta de idoneidad de los métodos
aplicados, declaró probadas las excepciones que propuso la demandada.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión de primer grado (ff. 330 a 337), para lo cual censuró
que el a quo le exigiera demostrar que el inmueble sobre el que se causó la contribución
no obtendría un beneficio por la realización del proyecto «El Poblado», pues ese hecho
estaba acreditado en el plenario, porque esa consideración se extraía de la metodología
que usó la demandada para establecerlo, la cual no consultó las características del
inmueble, sino de una muestra determinada por la metodología «doble avalúo por

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muestreo». Así, reiteró que le correspondía a la Administración fijar el beneficio
económico que adquirió o se adquiriría por el predio, así como su porcentaje de
participación en las obras, para luego establecer la contribución de valorización a su
cargo. También insistió en la infracción de las garantías constitucionales y, en la
ubicación, destinación y tamaño del inmueble, como indicadores de que no obtendría un
beneficio. Además, reiteró la petición subsidiaria de excluir del cálculo de la contribución
dos construcciones que, en su opinión, no beneficiaban solo a los bienes de la zona de
influencia sino al municipio en general y a otros entes territoriales. Se abstuvo de formular
cargos contra la condena en costas.

Alegatos de conclusión

La demandante reiteró los expuestos en las anteriores etapas procesales (índice 171). La
demandada y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de
impugnación planteados por la demandante, en calidad de apelante única, contra la
sentencia de primera instancia que negó sus pretensiones y la condenó en costas. Así,
corresponde establecer si la actora realizó el hecho generador de la contribución de
valorización, habida cuenta de que, según manifiesta, no se probó que el inmueble de su
propiedad se beneficiara de la construcción de las obras públicas del proyecto «El
Poblado». En cambio, la Sala precisa que no hará pronunciamiento sobre la petición de
la demandante relativa a que se excluya el valor de dos obras, del cálculo de la
contribución de valorización, por cuanto el a quo verificó que era improcedente acceder
a la misma al no estar acreditado en el plenario que esas construcciones no reportaban
beneficios a la zona de influencia del proyecto sino a la comunidad en general. Y sucede
que esa concreta decisión del tribunal no fue controvertida por la parte actora, que en el
recurso de apelación se limitó a transcribir el argumento que había planteado en la
demanda, pero sin refutar la decisión del a quo. Así, en desarrollo de los principios de
justicia rogada y de congruencia, el fallador de segunda instancia sólo debe estudiar la
apelación respecto a la inconformidad planteada a la sentencia de primera instancia.
También porque según los artículos 320 y 322 del CGP (Código General del Proceso,
Ley 1564 de 2012) el objeto del recurso de apelación consiste en que el superior examine
la cuestión decidida, únicamente, respecto de los reparos concretos formulados por el
apelante contra la providencia apelada (sentencias del 6 de noviembre de 2019, exp.
23476, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 05 de mayo de 2022, exp. 25553, CP:
Myriam Stella Gutiérrez Argüello).

2- Sobre la cuestión debatida, el tribunal consideró que era procedente la obligación
tributaria determinada a cargo de la parte actora, como quiera que esta omitió acreditar
que el inmueble sobre el que se causó la contribución no obtuvo un beneficio por la
realización del proyecto «El Poblado» o que este fue inferior al que estimó la
Administración, a partir de los métodos reglados en el Acuerdo 058 de 2008. Al respecto,
la demandante, en calidad de apelante única, sostiene que estaba relevada de probar
que el valor del bien sobre el que se decretó el cobro de la contribución no aumentará a
propósito de la construcción de las obras que conforman el proyecto mencionado, porque
esa consideración se extraía de la metodología (i.e. doble avalúo por muestreo) en que
se basó la Administración para establecer el beneficio, la cual no consultó las
1 Del repositorio informático SAMAI.

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características del predio, sino que se sustentó a partir de una muestra. Así, alegó que
no se causó a su cargo la obligación tributaria y que se infringieron las garantías
constitucionales al debido proceso y capacidad contributiva, porque se omitió determinar
el valor económico que adquirió o se adquiriría por el predio y su porcentaje de
participación en las obras. A su vez, puntualizó que la ubicación, destinación y tamaño
del bien eran indicadores de que no obtendría algún beneficio de las obras. Por su parte,
la demandada aduce que determinó la obligación tributaria sub lite con estricta aplicación
de los métodos dispuestos en el Acuerdo 058 de 2008. También, que le comunicó a la
actora cada decisión que adoptó durante la actuación administrativa. En concreto, explica
que tenía la potestad para fijar el beneficio a partir de los avalúos realizados respecto de
muestras, sin necesidad de calcular el valor de cada predio o el porcentaje de la obra que
le sería atribuible (artículo 8.° ibidem). Asimismo, precisa que al establecer los factores
de corrección tuvo en cuenta las características del inmueble. Y agrega que en la
metodología aplicada también realizó un «estudio de capacidad de pago del sector».

Siguiendo esos planteamientos, le corresponde a la Sala verificar si, la metodología
aplicada por la Administración para establecer el beneficio que se distribuiría entre
predios de la zona de influencia, permitía establecer que el valor del bien de propiedad
de la demandante, sobre el que se decretó el cobro de la contribución, no aumentaría por
la construcción de las obras del proyecto de la litis.

2.1- De conformidad con el criterio que ha fijado esta judicatura, la contribución de
valorización es un tributo que tiene por objeto retribuir o financiar los costos en los que
incurre la Administración al construir o realizar obras de carácter público, exigible
únicamente a aquellos contribuyentes cuyos bienes inmuebles se ven beneficiados por
el ejercicio de dicha actividad administrativa2; planteamiento que es acorde con los
pronunciamientos de la Corte Constitucional en los que se ha destacado que el beneficio
antes mencionado está asociado a un incremento del valor de la propiedad inmobiliaria,
hecho que explica la imposición del tributo3.

En el caso concreto, por medio del Acuerdo 058 de 2008 (vigente para la época de los
hechos), el municipio de Medellín adoptó el Estatuto de la Contribución de Valorización,
en el cual señaló como hecho imponible «la ejecución de una obra o un conjunto de obras
(Proyecto) de interés público, que reporten un beneficio a la propiedad inmueble» (artículo
3.°). A su vez definió como sujeto pasivo a los propietarios o poseedores de los predios
ubicados dentro de la zona de influencia de las obras que serían financiadas por la
contribución (artículo 5.°) y, como base gravable «el costo de la respectiva obra dentro
de los límites del beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados»
(artículo 6.°). Ahora, respecto de los métodos para calcular el beneficio, el artículo 8.° en
el ordinal 5.° expresamente previó el «doble avalúo por muestreo», el cual según la
definición dada por la misma disposición «consiste en avaluar en un mismo periodo o
fecha, la tierra, sin obra (situación actual) y con obra, como si estuviera ésta construida y
en funcionamiento, considerando situaciones homogéneas y/o análogas con los predios
y/o inmuebles similares». Además, esa norma dispone que «la metodología para
seleccionar el número de puntos a valuar de la zona de estudio, se realiza por un sistema
de muestreo, determinando el nivel de confiabilidad y el grado de error esperados».
Siguiendo esos lineamientos, el artículo 11 previó la factorización como proceso para
determinar el beneficio individual asimilado por cada predio, considerando para tal efecto
sus características (e.g. físicas, técnicas, jurídicas y normativas). A su vez el artículo 16
2 Entre otras, en las sentencias del 14 de junio de 2018 (exp. 21654, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez) y del 12 de

septiembre de ese mismo año (exp. 22219, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
3 Sentencias C-903 de 2011 (MP: Luis Ernesto Vargas), C-525 de 2003 (MP: Manuel José Cepeda) y C-155 de 2003

(MP: Eduardo Montealegre Lynett), que reiteran el criterio jurisprudencial fijado en las sentencias C-495 de 1998 (MP:
Antonio Barrera Carbonell) y C-144 de 1993 (MP: Eduardo Cifuentes Muñoz).

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señaló las etapas que comprende el procedimiento de aplicación: (i) prefactibilidad, (ii)
decretación, (iii) factibilidad, (iv) distribución, (v) ejecución, (vi) recaudo, (vii) balance final
y (viii) liquidación. En cuanto a la factibilidad, el artículo 45 definió cuales serían las
acciones (i.e. estudios y diseños) a realizar para definir si una obra sería financiable a
través de la contribución, y la forma en que se realizaría su cálculo, identificando los
métodos para el efecto, entre estos el «factor beneficio» con el cual «se asigna la
contribución a cada predio o inmueble en proporción directa al beneficio total, teniendo
en cuenta los atributos y características de cada predio, empleando un coeficiente
numérico».

2.2- A partir de las normas expuestas, la Sala verifica que, contrario a lo alegado por la
demandante, para la determinación del beneficio no se requiere el avalúo individual de
cada predio ni la atribución de un porcentaje de la obra, puesto que, entre las
metodologías que puede desarrollar la Administración, está la de los avalúos por
muestras, que permiten determinar cuál sería el mayor valor que realizarían los predios
de la zona de influencia por las obras, con base en cálculos estadísticos. Tampoco se
comparte por la Sala, el argumento según el cual ese método impide considerar las
características propias de los bienes, ya que, como se vio, estas se valoran como factores
de corrección, antes de establecer el beneficio que se le asignaría a cada uno de los
bienes. Además, ese método no sería contrario al cálculo de la contribución por el «factor
beneficio», pues a estos efectos, se consideraría el beneficio liquidado según la muestra
y, como lo permite el Acuerdo 058 de 2008.

En línea con lo expuesto, en sentencia del 14 de junio de 2018, la Sección consideró que
le corresponde al contribuyente la carga de desvirtuar el beneficio local o general
determinado por la Administración para los inmuebles respecto de las obras a financiar
con la contribución de valorización (exp. 21654, CP: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez). Análogamente, en oportunidades anteriores, la Sala ha avalado el
procedimiento de determinación de la contribución de obra del proyecto «El Poblado», al
encontrarlo ajustado a las etapas antes expuestas4. Asimismo, ha entendido que «la
contribución de valorización podrá distribuirse y cobrarse antes de la ejecución de la obra,
durante su construcción o una vez terminada» (sentencia del 22 de julio de 2021, exp.
25059, CP: Stella Jeannette Carvajal Bastos).

2.3- Para juzgar la ausencia del beneficio que alega la apelante, la Sala tiene por
probados los siguientes hechos relevantes:

(i) Las partes no discuten que el bien inmueble de la demandante, que da lugar al pago
del tributo debatido, está ubicado en la zona de influencia del proyecto «El Poblado».

(ii) A efectos de controvertir la sujeción pasiva del tributo, la demandante aduce que, por
cuenta de la metodología que empleó la Administración, para establecer el beneficio, no
estaría probado el mayor valor del predio de su propiedad, que sustentaría la obligación
tributaria a su cargo.

(iii) Con la Resolución nro. 094, del 22 de septiembre de 2014, la demandada identificó
las obras que conformaban el proyecto «El Poblado», adoptó la zona de influencia,
determinó el monto a distribuir como contribución de valorización entre cada uno de los
inmuebles que se beneficiarían del proyecto y fijó las condiciones y plazos para efectuar
su pago. Concretamente, respecto de la determinación del beneficio señaló que «utilizó
la metodología del beneficio local, mediante el doble avalúo por muestreo, conforme a lo
4Sentencias del 11 de noviembre de 2021 y 05 de mayo de 2022 (exps. 25282 y 25536, CP: Myriam Stella
Gutiérrez Argüello).

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establecido en el numeral 5 del artículo 8 del Acuerdo 058 de 2008», mientras que para
el cálculo de la contribución usó «el método del factor de beneficio, regulado en el literal
e) del numeral 6 del artículo 45» ibidem. Con lo cual, estableció que la capacidad de pago
de los propietarios y poseedores de los bienes de la zona de influencia ascendían a
$1.123.283.742.448, el beneficio del proyecto correspondía a $701.452.741.916 y la
contribución de valorización a distribuir sería de $494.930.717.990. Esa decisión se
notificó por edicto desfijado el 14 de octubre de 2014 (ff. 14 a 20).

(iv) Con oficios del 23 de septiembre de 2014, se le comunicó a cada uno de los sujetos
que integran el extremo activo de la litis la contribución de valorización que le
correspondía al predio sub examine (ff. 92 a 96).

(v) Contra la anterior decisión, interpusieron recursos de reposición (ff. 23 a 48), que
serían decididos por la Administración con las resoluciones aquí demandadas, previo
traslado de un informe técnico en el que se especificaba la forma como se determinó la
obligación tributaria a su cargo. Concretamente, el procedimiento de aplicación del
método del doble avalúo por muestreo para establecer el beneficio (artículo 8.5 del
Acuerdo 058 de 2008), en el cual se realizaron avalúos antes y después del proyecto.
Estos referidos a «puntos seleccionados a través de un muestreo estadístico». Asimismo,
se indicó que el beneficio se individualizó para cada predio de la zona de influencia con
la factorización, la cual consideraba «características físicas, técnicas, jurídicas y
normativas de los mismos» (artículo 11 ibidem). Finalmente, se señaló la forma como se
calculó el beneficio real del inmueble en cuestión y la contribución de valorización
respectiva, precisando que esta se calculó «en proporción directa al beneficio», siguiendo
el «método del factor beneficio» (artículo 45. 6 ejusdem) (ff. 240 vto. a 244).

2.4- Con la demanda con la que acudió ante esta judicatura, la demandante se limita a
señalar que el método que permite determinar el beneficio a través de muestras, impide
que pueda comprobarse que el predio de la litis, efectivamente realizaría un mayor valor
por cuenta de las obras. Asimismo, afirma que por su ubicación, destinación y tamaño,
sería más factible considerar que este no se obtendría. Sin embargo, la actora no aporta
pruebas al plenario que permitan comprobar esas afirmaciones. Así, tal y como lo
consideró el a quo, le correspondía a la apelante única acreditar que no recibió beneficio
por las obras del proyecto (i.e. con el avalúo del predio o un dictamen técnico). Lo anterior
por cuanto, al haberse determinado por la Administración siguiendo el procedimiento
reglado para esos efectos, tenía la demandante la carga de probar que ese beneficio no
era real o que lo era en una cuantía diferente. Como lo señaló la Sala en el fallo del 05
de mayo de 2022, las solas afirmaciones de la demandante no excluyen la realización del
hecho gravado con la contribución de valorizaciones (exp. 25536, CP: Myriam Stella
Gutiérrez Argüello). Ahora, como quiera que la infracción de las garantías
constitucionales se sustentó en la ausencia del beneficio que se encontró debidamente
probado, tampoco sería procedente su reconocimiento en el sub lite. En consecuencia,
no prospera el cargo de apelación.

3- Por no estar probadas en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en ambas instancias, conforme a lo establecido en el artículo 365.8 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01963-01 (25222)
Demandante: Ana Isabel Gaviria Jaramillo y otros

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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