Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-01978-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-01978-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2015-01978-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
9 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 05001233300020150197801 (62507)
Demandante: JORGE IVÁN SÁNCHEZ Y OTROS
Demandado: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Tema: Responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional por supuestas amenazas de muerte de agente estatal
contra civil que posteriormente fue hallado sin vida. No se
probaron las circunstancias en las que falleció el ciudadano. No
se acreditó una falla del servicio.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 23 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La noche del 29 de julio de 2013, Anderson Montoya Rivera se encontraba en
casa de su novia cuando llegó un vehículo a recogerlo en el cual el joven se subió
y al día siguiente su cadáver fue hallado en la vereda Palestina del municipio El
Peñol, Antioquia. Dos días antes, el joven había sufrido amenazas de muerte y
persecución por parte del patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez.
Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional es patrimonialmente responsable por la muerte de Anderson Montoya
Rivera, pues las amenazas y persecución del patrullero de la Policía Nacional
Diego Fernando Pérez contra la víctima pusieron en peligro su vida, al punto que
esta fue ultimada de forma violenta.
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Radicado: 05001233300020150197801 (62507)
Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 11 de septiembre de 20151, Jorge Iván Sánchez, Gloria Cecilia Rivera
Atehortúa, Juan Pablo Montoya Rivera, Manuela Montoya Rivera, María Diocelina
Atehortúa Gallego, Diocelina Sánchez, Doris Eugenia Rivera Atehortúa, Flor María
Rivera Atehortúa, Martha Inés Rivera Atehortúa, Jesús Eduardo Rivera Atehortúa
y Gustavo Alberto Rivera Atehortúa, mediante apoderado judicial y en ejercicio del
medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional para que se le declarara
patrimonialmente responsable por la muerte de Anderson Montoya Rivera,
ocurrida el 30 de julio de 2013, en la vereda Palestina, municipio El Peñol,
Antioquia.
Como pretensiones de su demanda, los actores solicitan condenar a la entidad
accionada a pagarles, por perjuicios morales, el equivalente a 300 SMLMV para
Jorge Iván Sánchez y Gloria Cecilia Rivera Atehortúa y 200 SMLMV para cada
uno de los demás demandantes; y, por “daño a la vida de relación”, la suma de
700 SMLMV para Jorge Iván Sánchez y Gloria Cecilia Rivera Atehortúa, 500
SMLMV para Juan Pablo Montoya Rivera, Manuela Montoya Rivera, María
Diocelina Atehortúa Gallego y Dioselina Sánchez y 300 SMLMV para cada uno de
los demás demandantes.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que en fecha
indeterminada del año 2010, Anderson Montoya Rivera fue capturado y procesado
por el delito de porte ilegal de armas de fuego, pero el 5 de febrero de 2013 recibió
el beneficio de libertad condicional por su buena conducta.
Manifiesta que Anderson Montoya Rivera no tenía una buena relación con el
patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez quien constantemente,
1 Páginas 97 a 119 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
cuando lo veía en la calle, le exigía una requisar, revisar sus documentos y
públicamente señalaba que Anderson Montoya Rivera tenía antecedentes
judiciales.
Sostiene que el 28 de julio de 2013, sin precisar dónde, el patrullero de la Policía
Nacional Diego Fernando Pérez se le acercó nuevamente a Anderson Montoya
Rivera para requisarlo, razón por la que este le reclamó que dejara de acosarlo, lo
cual desencadenó la furia del uniformado quien sacó una navaja y lo amenazó de
muerte delante de varias personas, diciéndole “que no le diera papaya, que lo iba
a matar” y luego se marchó.
Indica que, el 29 de julio de 2013, en compañía de sus padres, Anderson Montoya
Rivera acudió a la estación de policía del municipio de Guatapé para informarle al
comandante sobre el incidente ocurrido el día anterior con el patrullero de la
Policía Nacional Diego Fernando Pérez. Luego de una larga conversación con
este último, con el comandante de la estación y con el intendente jefe del
patrullero, el superior se comprometió a tomar los correctivos del caso.
Asegura que, la noche del 29 de julio de 2013, Anderson Montoya Rivera se
encontraba en casa de su novia en el municipio de Guatapé cuando llegó un
vehículo con personas que preguntaron por él, Anderson salió a ver quién lo
buscaba, se subió al vehículo, al parecer bajo presiones y el automotor emprendió
la marcha con él a bordo.
Señala que, el 30 de julio de 2013, un campesino halló el cadáver de Anderson
Montoya Rivera en la vereda Palestina, municipio El Peñol, Antioquia, el cual tenía
varios impactos de arma de fuego.
La parte demandante considera que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional es patrimonialmente responsable por la muerte de Anderson Montoya
Rivera, pues las amenazas y persecución del patrullero de la Policía Nacional
Diego Fernando Pérez contra la víctima pusieron en peligro su vida, al punto que
esta fue ultimada de forma violenta.
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
2. Contestaciones
El 23 de octubre de 20152, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la
demanda y el 26 de mayo de 20163 admitió su adición4 y ordenó su notificación a
las entidades demandadas y al Ministerio Público.
2.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional5 manifestó que no
existía prueba de que Anderson Montoya Rivera falleció por acción u omisión
alguna de la Policía Nacional. Propuso las excepciones de “hecho de un tercero”,
“inexistencia de configuración de elemento de responsabilidad: imputación”, “falta
de legitimación en la causa por pasiva” y la innominada. Frente al dictamen
aportado en la adición de la demanda señaló que debía valorarse con mayor
rigurosidad6.
3. Audiencia inicial
El 2 de agosto de 20167 el Tribunal Administrativo de Antioquia realizó la
audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso, decretó pruebas y fijó el
objeto del litigio.
Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se
circunscribiría a determinar “si existe merito para declarar la responsabilidad
patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con ocasión
de la muerte del señor Anderson Montoya Rivera, ocurrida el 30 de Julio de 2013,
2 Páginas 134 y 135 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
3 Páginas 282 a 284 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
4 La cual consistió en agregar como prueba un dictamen pericial psicológico de los demandantes
(Páginas 154 a 226 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
5 Páginas 227 a 240 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
6 Páginas 288 y 289 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
7 Páginas 306 a 314 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
en el Municipio de El Peñol - Ant.-, luego de haber recibido persecución y acoso
de parte de un agente de la entidad policial demandada. Asimismo, deberá
determinar esta Corporación sobre la posibilidad de otorgar la indemnización de
perjuicios invocada por los actores en el escrito genitor de la Litis”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 13 de marzo de 20188 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. Los demandantes9 y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional10
reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta,
respectivamente.
4.2. El Ministerio Público guardo silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 23 de agosto de 201811 el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró probada de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que no se allegó al proceso ningún medio de
convicción que de forma directa o indirecta vinculara al patrullero Diego Fernando
Pérez con la muerte de Anderson Montoya Rivera y/o en el encubrimiento de esta.
Igualmente, advirtió que aún en el evento de que el patrullero de la Policía
Nacional Diego Fernando Pérez hubiera provocado el enfrentamiento con la
8 Páginas 659 y 660 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
9 Páginas 677 a 694 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
10 Páginas 664 a 669 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
11 Páginas 2 a 20 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACION
SENTENCIA(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai.
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
victima el 28 de julio de 2013, tal situación no sería suficiente para imputar el daño
a la responsabilidad patrimonial del Estado, pues la Administración no responde
por los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus funcionarios
y agentes, dado que para ello debía acreditarse que estos actuaron en ejercicio de
la función estatal y que así lo percibió la víctima para comprometer el servicio
público, exigencia que claramente no se constató en el sub examine, toda vez que
según lo narrado por los testigos, el patrullero de la Policía Nacional Diego
Fernando Pérez no estaba en servicio, iba vestido de civil, no llevaba consigo
arma de dotación oficial y en ningún momento actuó prevalido de su condición de
autoridad pública.
6. Recurso de apelación
El 6 de septiembre de 201812 la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 11 de septiembre de 201813 y admitido el 20 de febrero de 201914.
6.1. La parte actora15 insistió que en el proceso se demostró que el patrullero de la
Policía Nacional Diego Fernando Pérez cuando amenazó de muerte públicamente a
Anderson Montoya Rivera, puso en riesgo su vida, pues incentivó a que otras
personas que tuvieran enemistad con este atentaran contra él, lo cual, en efecto,
ocurrió tan solo dos días después de las amenazas. Agregó que las intimidaciones
que el referido patrullero realizó el 28 de julio de 2013 contra la víctima lo fueron
en calidad de funcionario al servicio de la demandada, además, su persecución
contra Anderson Montoya Rivera la realizó vistiendo su uniforme, como lo
confirmaron los testigos.
12 Páginas 25 a 35 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACION
SENTENCIA(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai.
13 Página 36 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACION SENTENCIA(.pdf)
NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai.
14 Páginas 49 y 50 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACION
SENTENCIA(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai..
15 Páginas 25 a 35 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACION
SENTENCIA(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai.
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7. Trámite en segunda instancia
El 9 de mayo de 201916 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y
al Ministerio Público para que emitiera concepto.
7.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional17 y la parte actora18
reiteraron los argumentos señalados en la primera instancia.
7.2. El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 23 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del
Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 6°
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor19 de la demanda, supera la
exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta
Corporación20.
16 Página 57 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACION SENTENCIA(.pdf)
NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai.
17 Páginas 60 a 68 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACION
SENTENCIA(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai.
18 Páginas 98 a 101 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACION
SENTENCIA(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai.
19 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa
impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la
demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que
estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en
la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la
pretensión mayor (…)”.
20 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de 700 SMLMV.
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14021 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque
se reclama la reparación de un daño atribuido a la acción u omisión de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
3. Vigencia del medio de control
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general22, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
21 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido
por la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del
daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a
una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la
misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada
una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del
daño”.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la
solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción23, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten
alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también
como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
resultando como una sanción ipso iure24 que opera por la falta de actividad
23 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.
24 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o
requerir algún reconocimiento o protección de la justicia25, cuya consecuencia, por
demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida
de la facultad potestativa de accionar.
El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo26, señala que el medio de control de reparación directa deberá
ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo
teniendo en cuenta: i) que Anderson Montoya Rivera falleció el 30 de julio de 2013
(hecho probado 7.1.1); ii) que el 29 de julio de 2015 la parte demandante presentó
solicitud de conciliación extrajudicial la cual se declaró fallida el 10 de septiembre
de 201527; y iii) que la demanda se presentó el 11 de septiembre de 201528, esto
es, dentro del plazo establecido en la norma antes citada.
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
26 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,
le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero
de los estatutos mencionados.
27 Páginas 94 y 95 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
28 Páginas 97 a 119 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
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Radicado: 05001233300020150197801 (62507)
Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
4. Legitimación en la causa
Comoquiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis29.
4.1. Gloria Cecilia Rivera Atehortúa (madre), Juan Pablo Montoya Rivera
(hermano), Manuela Montoya Rivera (hermana), María Diocelina Atehortúa
Gallego (abuela), Doris Eugenia Rivera Atehortúa (tía), Flor María Rivera
Atehortúa (tía), Martha Inés Rivera Atehortúa (tía), Jesús Eduardo Rivera
Atehortúa (tío) y Gustavo Alberto Rivera Atehortúa (tío) son las personas sobre
las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están
legitimados en la causa por activa, en razón a que conformaban el núcleo familiar
de Anderson Montoya Rivera, según dan cuenta las copias auténticas de los
correspondientes registros civiles de nacimiento obrantes en el plenario 30.
4.2. Diocelina Sánchez no se encuentra legitimada en la causa por activa, dado
que no se acreditó su parentesco con la víctima, de hecho, verificado su registro
civil de nacimiento31 y el del demandante Jorge Iván Sánchez32, se observa que
es la madre de este último demandante. Sobre su relación con Anderson Montoya
Rivera, la testigo Martha María García López33 señaló que Diocelina Sánchez,
madre de Jorge Iván Sánchez vivía en Medellín y Anderson (víctima) tenía muy
buena relación con ella, pues la visitaba y decía “que ella lo trataba como a un
29 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la
causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas
del libelo petitorio.”
30 Páginas 20 a 25 y 28 a 36 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf)
NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai.
31 Página 26 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”,
índice 36, Samai.
32 Página 16 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”,
índice 36, Samai.
33 Acta audiencia en páginas 616 y 617 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai. Video de audiencia en archivo
“ED_C01_CD8_FOLIO 555-AUDIENCIA DE PRUEBAS, DILIGENCIA DE TESTIMONIOS(.zip)
NroActua 36.zip”, índice 36, Samai.
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Radicado: 05001233300020150197801 (62507)
Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
nieto”. Por su parte, Adriana María Arcila Atehortúa34 señaló que Diocelina
Sánchez era cercana al núcleo familiar de Anderson. No obstante, tales
afirmaciones resultan insuficientes para acreditarla como tercera damnificada,
pues lo señalado por la primera testigo no le constó a ella directamente, sino que
al parecer la víctima se lo dijo y, la otra testigo, solo refirió una cercanía al grupo
familiar de Anderson sin explicar en qué consistía, sin que ninguna ilustrara
específicamente en qué consistía la relación de la demandante y la víctima y cuál
fue su grado de afectación con su muerte.
4.3. Jorge Iván Sánchez no se encuentra legitimado para reclamar perjuicios
derivados de la muerte de Anderson Montoya Rivera, en calidad de padre de
crianza, como se invoca en la demanda, condición frente a la cual esta
Corporación ha señalado que son “beneficiarios de las condenas, dando
importancia al concepto de familia de crianza fundado en las manifestaciones de
solidaridad, fraternidad, apoyo mutuo, cariño y amor entre sus miembros”35.
Ello es así, pues al respecto, el testigo Andrés Felipe Salazar36 declaró que Jorge
Iván Sánchez compartía mucho con la familia de Anderson Montoya Rivera, que
este era como su hijastro y lo vio muy triste por su muerte, que el demandante le
manifestó que le había dolido mucho la muerte de su hijastro. Sin embargo, al
referirse al núcleo familiar de la víctima, dijo que Anderson Montoya Rivera vivía
“con la abuelita, la mamá y los hermanos”.
34 Acta audiencia en páginas 616 y 617 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai. Video de audiencia en archivo
“ED_C01_CD8_FOLIO 555-AUDIENCIA DE PRUEBAS, DILIGENCIA DE TESTIMONIOS(.zip)
NroActua 36.zip”, índice 36, Samai.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 12 de marzo de 2014, exp. 32.712. Ver también: Sala Plena, sentencia del 28 de
agosto de 2014, exp. 26251, CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa y Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, exp. 47334, CP: Ramiro Pazos Guerrero y
Subsección A, sentencia del 17 de mayo de 2016, exp. 41054, CP: Marta Nubia Velásquez Rico.
36 Acta audiencia en páginas 616 y 617 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai. Video de audiencia en archivo
“ED_C01_CD8_FOLIO 555-AUDIENCIA DE PRUEBAS, DILIGENCIA DE TESTIMONIOS(.zip)
NroActua 36.zip”, índice 36, Samai.
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
Por su parte, la testigo Adriana María Arcila Atehortúa37 señaló que Jorge Iván
Sánchez era la pareja de la mamá de Anderson y vivía bajo el mismo techo con
este y su grupo familiar, que Anderson y el demandante tenían una buena
relación, sin entregar más detalles sobre su relación.
A su turno el testigo Alexandro Rivera Jaramillo38 expuso que Jorge Iván Sánchez
era el padrastro de Anderson y que ellos dos se llevaban muy bien, que Jorge “ha
acompañado a doña Gloria en todo momento y le ha colaborado en todo, pero no
sé qué tan triste sea para él”. Dijo que Jorge Iván Sánchez llegó al hogar de
Anderson cuando este era menor de edad y “desde ahí ha estado con doña Gloria
y hasta el momento está con ella”.
Finalmente, Martha María García López39 declaró que el grupo familiar de
Anderson Montoya Rivera lo conformaban “doña Gloria, que es la mamá, Manuela
que es la hermana, Juan Pablo que es el hermano y el novio de doña Gloria que
se me escapa el nombre y esos son los que vivían en la casa con él”, pero luego
recordó el nombre del último referido, que era Jorge Iván Sánchez, de quien
aclaró que no vivía con ellos permanentemente, sino que se quedaba a dormir a
veces, dijo que “sí vivía, pero también vivía en la casa de él”.
Al respecto, estos testigos se consideran imparciales y objetivos, pues se limitaron
a exponer su conocimiento sobre el núcleo familiar de Anderson Montoya Rivera y
lo que conocían de su relación con Jorge Iván Sánchez, debido a su relación de
vecindad, amistad y cercanía que tenían con la víctima.
37 Acta audiencia en páginas 616 y 617 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai. Video de audiencia en archivo
“ED_C01_CD8_FOLIO 555-AUDIENCIA DE PRUEBAS, DILIGENCIA DE TESTIMONIOS(.zip)
NroActua 36.zip”, índice 36, Samai.
38 Acta audiencia en páginas 616 y 617 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai. Video de audiencia en archivo
“ED_C01_CD8_FOLIO 555-AUDIENCIA DE PRUEBAS, DILIGENCIA DE TESTIMONIOS(.zip)
NroActua 36.zip”, índice 36, Samai.
39 Acta audiencia en páginas 616 y 617 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai. Video de audiencia en archivo
“ED_C01_CD8_FOLIO 555-AUDIENCIA DE PRUEBAS, DILIGENCIA DE TESTIMONIOS(.zip)
NroActua 36.zip”, índice 36, Samai.
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Radicado: 05001233300020150197801 (62507)
Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
No obstante, de sus relatos solo puede inferirse que Jorge Iván Sánchez era la
pareja sentimental de la demandante Gloria Cecilia Rivera Atehortúa, sin que se
haya acreditado con certeza que este hubiera sido el padre de crianza de
Anderson Montoya Rivera, pues aunque los testigos afirmaron que se llevaban
bien y que el demandante estuvo triste por la muerte de Anderson, no se probó
que fueran unidos o que se trataran como padre e hijo o tuvieran una relación de
cercanía que permitiera considerar al demandante, al menos, como un tercero
damnificado.
4.4. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, dado que se alega
que un uniformado de esa institución fue el responsable de la muerte de Anderson
Montoya Rivera.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional es patrimonialmente responsable por la muerte de Anderson Montoya
Rivera.
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199140 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
40 “Artículo90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho41, que contraría el orden legal42 o que está desprovista de una
causa que la justifique43, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación
reconocida o protegida44, violando de manera directa el principio alterum non
laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin
repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño
antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar,
descripción que, aunque ilustra en términos generales el fenómeno lesivo
indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han
desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y
aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio,
con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros45.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
42 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
44 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
7. Caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 23 de agosto de
2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la
demanda, la parte demandante manifestó que se probó que las amenazas de
muerte del patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez contra
Anderson Montoya Rivera pusieron en riesgo su vida, pues tales amenazas
incentivaron a otras personas que tuvieran enemistad con este para que atentaran
contra él, lo que en efecto ocurrió. Señaló que los testimonios dieron cuenta de la
persecución que el referido patrullero ejerció contra la víctima y de las
intimidaciones que realizó contra esta el 28 de julio de 2013, cuando se
encontraba uniformado.
En este sentido, y comoquiera que sólo la parte actora presentó recurso de
apelación contra la sentencia del 23 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso, exclusivamente habrá lugar a analizar aquellos
aspectos frente a los que la parte actora manifestó su inconformidad en la
alzada46. En vista de lo expuesto, entonces, la Sala analizará exclusivamente los
cargos formulados contra la decisión recurrida, esto es, si se probó que la muerte
de Anderson Montoya Rivera es atribuible a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional o si esta se originó por una causa extraña.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
46 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de
autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
7.1. Hechos probados
Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que la Sala valorará sin restricción
alguna las pruebas documentales trasladadas de la investigación penal No.
05440610850320138036747 por el presunto homicidio de Anderson Montoya
Rivera allegada al plenario48, dado que fueron debidamente solicitadas y
decretadas en el expediente y de ellas se corrió traslado a la entidad demandada,
de manera que ambas partes procesales conocieron su contenido y contaron con
la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas.
Sumado a lo anterior, es menester poner de presente que las entrevistas
efectuadas por agentes de policía judicial recogen las versiones de personas
determinadas que atestiguan de forma directa o indirecta un hecho sobre el cual
se indaga penalmente, de conformidad con las normas que se consideran
infringidas y que constituyen un delito, a fin de obtener información relevante que
permita la reconstrucción de la realidad, adelantar las diligencias y proferir las
decisiones judiciales correspondientes. Sin embargo, como las exposiciones que
las personas rinden ante estos servidores no se realizan bajo la gravedad de
juramento, están a merced de eventuales imprecisiones o tergiversaciones,
situación que, en principio, impide al juez reconocerle a este tipo de medios una
capacidad probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden
tenerse en cuenta en juicio, salvo que en este los deponentes de las declaraciones
allí vertidas ratifiquen lo dicho bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención
a lo dispuesto en los artículos 22049 y 22950 del Código General del Proceso. Así
47 Páginas 353 a 474 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
48 Según el artículo 174 del Código General del Proceso, las pruebas practicadas válidamente en
un proceso judicial pueden trasladarse a otro en copia y son apreciables sin más formalidades,
“siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se
aduce o con audiencia de ella”.
49 “Artículo 220. Formalidades del interrogatorio. Los testigos no podrán escuchar las declaraciones
de quienes les precedan. Presente e identificado el testigo con documento idóneo a juicio del juez,
este le exigirá juramento de decir lo que conozca o le conste sobre los hechos que se le pregunten
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
las cosas, la Sala no otorga valor probatorio a las entrevistas recolectadas por los
investigadores de la Policía Judicial51 .
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se constató que, el 30 de julio de 2013, Anderson Montoya Rivera falleció
en el municipio de El Peñol. De ello da cuenta la copia autentica de su registro civil
de defunción52.
7.1.2. Se probó que, entre el 30 y el 31 de julio de 2013, el patrullero de la Policía
Nacional Diego Fernando Pérez se encontraba laborando en el municipio de
Guatapé, adscrito a la estación de policía de esa localidad. Así consta en el oficio
del 8 de junio de 2015, suscrito por el comandante de dicha estación53 y en las
copias de las minutas de servicios de las primeras fechas mencionadas54.
7.1.3. Se comprobó que, el 31 de julio de 2013, agentes de la Unidad Básica de
Investigación de la SIJIN de Marinilla realizaron la inspección técnica al cadáver
de Anderson Montoya Rivera, diligencia en la que se concluyó que “la muerte se
produjo por heridas por arma de fuego”. De ello da cuenta el acta de la diligencia
y de que tenga conocimiento, previniéndole sobre la responsabilidad penal por el falso testimonio.
[…]”.
50 “Artículo 222. Ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Solo podrán ratificarse en
un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada
sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan, siempre que esta lo solicite.
[…]”.
51 Páginas 358, 377 a 382, 463 a 472 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai.
52 Página 131 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
53 Página 73 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”,
índice 36, Samai.
54 Páginas 74 a 79 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
de la misma fecha55 y la constancia del 28 de agosto de 2013, suscrita por la
Fiscal 63 Seccional de Marinilla56.
7.1.4. Se demostró que, el 31 de julio de 2013, un médico forense del Hospital San
Juan de Dios de El Peñol practicó necropsia al cadáver de Anderson Montoya
Rivera en la cual concluyó que su muerte fue causada por “choque neurogénico,
por trauma severo de cráneo secundario a heridas por arma de fuego de carga
única, heridas esencialmente mortales, los otros órganos sin lesiones”. De ello da
cuenta el informe de la misma fecha57.
7.1.5. Se comprobó que, para el 5 de noviembre de 2013, aun no se había
individualizado al autor y/o autores del homicidio de Anderson Montoya Rivera. De
ello da cuenta la constancia expedida en la misma fecha por el Fiscal 111
Seccional de Marinilla58.
7.1.6. Se probó que el 18 de noviembre de 2013, Gloria Cecilia Rivera Atehortúa
presentó queja contra el patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez
ante el comandante del Departamento de Policía de Antioquia y le solicitó que
iniciara una investigación interna contra dicho funcionario, dado que el 28 de julio
de 2013 este tuvo un altercado con su hijo Anderson Montoya Rivera y lo
amenazó de muerte y dos días después este último fue hallado muerto con signos
de violencia. De ello da cuenta copia del escrito de la misma fecha59.
7.1.7. Consta que, el 26 de noviembre de 2013, el Departamento de Policía de
Antioquia solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interno de esa Seccional,
que investigara al patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez por el
55 Páginas 363 a 369 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
56 Página 398 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
57 Páginas 405 a 409 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
58 Página 436 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
59 Página 442 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
altercado en que se vio involucrado con Anderson Montoya Rivera, días previos a
su muerte. De ello da cuenta el oficio de la misma fecha60.
7.1.8. Se acreditó que, el 2 de diciembre de 2013, Gloria Cecilia Rivera Atehortúa
solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría Regional de Rionegro que
iniciaran las respectivas investigaciones contra el patrullero de la Policía Nacional
Diego Fernando Pérez, por la muerte de su hijo Anderson Montoya Rivera. De ello
dan cuenta los escritos de la misma fecha61.
7.1.9. Se comprobó que, el 22 de mayo de 2015, Gloria Cecilia Rivera Atehortúa
amplió su queja presentada contra el patrullero de la Policía Nacional Diego
Fernando Pérez, ante el Departamento de Policía de Antioquia. De ello da cuenta
el escrito de la misma fecha62.
7.1.10. Se constató que, para el 20 de agosto de 2015, no existía investigación
penal contra el patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez por la
muerte de Anderson Montoya Rivera. De ello da cuenta el oficio de la misma fecha
suscrito por la secretaria del Juzgado 162 de Instrucción Penal Militar adscrito al
Departamento de Policía de Antioquia63.
7.1.11. Se probó que, en fecha indeterminada, la Oficina de Control Disciplinario
Interno del Departamento de Policía de Antioquia se inhibió de adelantar
investigación contra el patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez por
el altercado que al parecer tuvo con Anderson Montoya Rivera el 28 de julio de
2013 y por la muerte de este. Así lo informó en el oficio del 20 de agosto de
201564.
60 Página 70 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”,
índice 36, Samai.
61 Páginas 57 a 59 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
62 Página 72 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”,
índice 36, Samai.
63 Páginas 274 y 275 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
64 Página 276 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
7.1.12. Se demostró que, para el 9 de mayo de 2014, la investigación por el
homicidio de Anderson Montoya Rivera se encontraba en etapa de indagación. De
ello de cuenta el oficio suscrito en la misma fecha por la Fiscal 48 Seccional de
Guatapé65.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración66-67.
65 Página 447 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
36.pdf”, índice 36, Samai.
66 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
67 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de
Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin
daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica
como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta
inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este
particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir
daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto,
independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de
él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay
obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de
la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del
derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32,
enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
7.2.1. El daño antijurídico
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento; es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho,
que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique,
violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta
contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra
en términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado es la muerte de Anderson
Montoya Rivera, quien falleció de forma violenta el 30 de julio de 2013 en la
vereda Palestina, municipio El Peñol (hechos probados 7.1.1., 7.1.3. y 7.1.4.). Este
daño tiene el carácter de antijurídico, pues se trata de la afectación de un interés
legítimo protegido por el ordenamiento jurídico (artículo 11 Superior), cuya lesión
no encuentra justificación legal.
7.2.2. La imputación
Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional, es menester establecer si éste les es atribuible
fáctica y jurídicamente.
Así, en aras de resolver el problema jurídico, aunado a los elementos de prueba
que vienen de describirse, en el presente proceso de reparación directa, se
escuchó el testimonio de Marcos Fidel Guerreo Carranza68 intendente de la Policía
Nacional, quien fuera el comandante de la estación de policía de Guatapé para la
época de los hechos y quien declaró que no le constaba que Anderson Montoya
68 Acta audiencia en Páginas 345 a 348 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai. Video de audiencia en archivo
“ED_C01_CD5 FOLIO 300-AUDIENCIA DE PRUEBAS(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai.
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Demandante: Jorge Iván Sánchez y otros
Rivera tuviera enemistad directa con el patrullero de la Policía Nacional Diego
Fernando Pérez o con algún otro miembro de la Policía Nacional. Señaló que en el
2013 tuvo información de que el referido patrullero tuvo un incidente cuando este
iba caminando hacia su casa con su esposa y pasó cerca de Anderson Montoya
Rivera quien se encontraba acompañado de un grupo de jóvenes “y Anderson se
le fue y es entendible por el trabajo que nosotros hacíamos en el Municipio,
Anderson se le fue y lo increpó y el patrullero sencillamente como miembro de la
Policía, estando uniformado, desplazándose a la hora de retirarse de su servicio a
su lugar de residencia, se vio atacado y simplemente lo que hizo fue defenderse y
ese fue el único hecho y evento que ocurrió durante todo el tiempo que duramos
nosotros trabajando en el que el patrullero Pérez tuviera algún inconveniente con
ese muchacho”. Aseguró que no hubo ningún otro evento en que ellos hubieran
tenido algún tipo de problema, pero que dos días después del incidente se
encontró con Jorge Iván Sánchez, quien le comentó sobre lo ocurrido entre el
patrullero y el hoy occiso y el testigo le manifestó que las puertas de la estación de
policía estaban abiertas para que fueran a dialogar al respecto. Señaló que “ellos
fueron al Comando, se reunieron allí y ellos dos como personas libres y adultas,
nosotros servimos como mediadores para que aclararan el hecho, lo hablaron,
llegaron a unos acuerdos claros de no agresión, de que el patrullero Pérez no
tenía nada en contra de él, pero él sí sabía y se le dijo que nosotros como policías
estábamos cumpliendo con nuestro trabajo de hacer requisas, controles,
patrullajes que quizá él de pronto se veía aludido por eso y por estar viviendo este
muchacho ahí él sentía y lo veía como una amenaza, pero que no se sintiera así
porque eso era parte de la dinámica del trabajo de nosotros como policías y de él
en las circunstancias en que él se encontraba, de manera tal que terminada esa
reunión se fueron en buenos términos”. El testigo indicó que el patrullero Diego
Fernando Pérez era su secretario, era el encargado de recibir las denuncias,
realizar los planes metodológicos ordenados por las autoridades judiciales en los
casos en que estas lo solicitaran así como también realizaba labores de vigilancia
y que de ahí surgió la “diferencia” de Anderson Montoya Rivera no solo con el
mencionado patrullero a quien veía como una amenaza sino con toda la Policía,
pues este vivía frente a la casa del hoy occiso, lo veía entrar y salir y Anderson
estaba involucrado en actividades criminales que desde la estación de policía ya
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se habían evidenciado, pues desde abril de 2013 que este salió de la cárcel se
involucró con la banda criminal de microtráfico de drogas “Los Calambanos” en el
municipio de Guatapé, lo cual fue documentado por la estación de policía a través
de entrevistas a personas que habían sido intimidadas con arma de fuego por
parte Anderson Montoya Rivera para que le compraran drogas a la mencionada
banda criminal, hecho que fue reportado a la policía judicial ante la Fiscalía
Seccional de Marinilla. Señaló que toda la información al respecto debía reposar
en la investigación penal por el homicidio de Anderson y estaría relacionada con la
muerte de este, mas no con conducta alguna del patrullero Diego Fernando Pérez.
Aseguró que no recordaba haber escuchado que el patrullero Diego Fernando
Pérez haya amenazado de muerte a Anderson Montoya Rivera, el testigo solo
supo que, en el altercado, según le contó el patrullero Pérez, “Anderson lo invitó a
darse lata o cuchillo y ante esa incitación y agresión que hizo Anderson el
patrullero lo que hizo fue defenderse”. Respecto de la muerte de Anderson
Montoya Rivera, el testigo señaló que, por información que recibió posteriormente,
solo supo que el hoy occiso “estaba en casa de la novia una noche antes, que
llegó un amigo en un carro y él se despidió de la novia de él, una joven de nombre
Martha y que iba a salir con unos amigos y salió con esos amigos y al día
siguiente resultó muerto en el municipio de El Peñol violentamente”, pero que
desconocía los detalles de su muerte.
Por su parte, el patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez 69 quien es
poligrafista de la Central de Inteligencia de esa Institución y se encontraba adscrito
a la estación de policía de Guatapé para la época de los hechos, también declaró
ante el Tribunal a quo y manifestó que sabía quién era Anderson Montoya Rivera
mas no lo conocía personalmente ni era su amigo, solo lo distinguió como un
joven del municipio de Guatapé que falleció en el año 2013 por circunstancias que
son objeto de investigación, “era un muchacho que acababa de salir de la cárcel y
se vio inmerso en situaciones que fueron investigadas por la Fiscalía General de la
Nación”. Indicó que “creía” que una vez requisó a Anderson Montoya Rivera en la
69 Acta audiencia en Páginas 345 a 348 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai. Video de audiencia en archivo
“ED_C01_CD5 FOLIO 300-AUDIENCIA DE PRUEBAS(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai.
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zona rosa del Municipio por controles normales que se hacían a cualquier
ciudadano. Frente al altercado sostenido con Anderson Montoya Rivera el 28 de
julio de 2013 señalo: “yo era vecino contiguo del lugar donde él mantenía con
cierto tipo de ciudadanos y una noche salió, no sé en qué estado se encontraría,
salió a lanzarme improperios, a buscarme problema, pelea, en frente de mi ex
compañera sentimental y el hijo menor de edad de ella, me amenazó, palabras
textuales, que nos diéramos cuchillos, que nos matáramos, a lo que en mi calidad
de funcionario de la Policía Nacional la decisión que tomé fue llamar al
comandante para informarle lo que había sucedido esa noche, yo me estuve en mi
apartamento con ella y al otro día por orden del comandante de la estación pasé
los informes a la Personería Municipal de Guatapé y a la Inspección Municipal de
Guatapé informándoles qué había sucedido con ese joven porque no quería
ningún tipo de problema”. Aclaró que su reacción a la incitación de Anderson
Montoya Rivera fue decirle que no lo amenazara y “simplemente me fui para mi
casa, eso fue exactamente lo que sucedió”. Dijo que no usó ningún tipo de armas
para defenderse del hoy occiso, pues se encontraba de civil, ya había entregado
su turno a las 9:00 pm y no poseía armas de dotación personal. Aseguró que no
amenazó de muerte a Anderson Montoya Rivera. Manifestó que este y sus padres
acudieron a la estación de policía de Guatapé, sin precisar cuándo, y “como
nosotros éramos mayores de edad hablamos y yo le pregunté a él cuál era el
problema que él tenía conmigo, pues dijo que no tenía ningún tipo de problema ni
nada, hablamos nosotros dos delante del comandante y en presencia de la mamá
y ya, eso fue todo, fue una charla, porque nosotros no somos un ente conciliador,
una casa de justicia o una inspección de policía, simplemente hablamos como dos
personas mayores de nuestras diferencias aunque nunca hubo diferencias
exactamente con él hasta ese día que no sé los motivos que lo llevaron a hacer lo
que intentó hacer conmigo”. Aclaró que en la reunión lo único que le manifestó
Anderson Montoya Rivera es que “nosotros ejercíamos una persecución, era todo
lo que él alegaba”. El testigo manifestó que creía que se había convertido en un
problema para Anderson Montoya Rivera porque vivía contiguo a la residencia del
hoy occiso, pues “en ese lugar donde él vivía se estaban cometiendo cierto tipo de
actividades fuera del orden legal, entonces ellos al ver que yo salía en las
mañanas de la casa y por la noche uno siempre está atento a lo que pasa en su
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barrio, entonces muchas veces salían jóvenes de ahí y yo informaba, ‘salieron
personas de esta manera’ y efectivamente se daban capturas porque cargaban
estupefacientes, entonces ellos me comenzaron a ver a mí no como un funcionario
simple de policía sino como tal vez una amenaza para ellos” amenaza en el
sentido de que “tal vez no podían hacer ahí lo que ellos querían porque había
siempre una autoridad que estaba muy pendiente y que no solo lo sabía yo lo
sabía toda la comunidad del municipio de Guatapé”. Señaló que no fue testigo
presencial de los hechos previos ni de la muerte de Anderson Montoya Rivera,
pero por comentarios de la entonces compañera sentimental del hoy occiso supo
que “él como que se monta en un carro con unos desconocidos y se va y al otro
día aparece muerto en otro municipio lejano de Guatapé, eso es lo único que yo
sé”. Aclaró que nunca fue vinculado a la investigación penal por la muerte de
Anderson Montoya Rivera ni tampoco se halló evidencia alguna en su contra en la
investigación disciplinaria a la que fue llamado.
A su turno, Andrés Felipe Salazar70 manifestó que conoció a Anderson Montoya
Rivera cuando estaban en el colegio, más de 10 años antes de su muerte y que
eran muy amigos. Sobre los acontecimientos previos a la muerte de Anderson
Montoya Rivera y la relación de este con el patrullero de la Policía Nacional Diego
Fernando Pérez el testigo manifestó: “pues a ver, en los momentos en que yo
estaba con Anderson él llegaba nos requisaba muy bruscamente y nos decía
muchas cosas amenazándonos, incluso con Anderson era con más rabiecita y
Anderson pues le responde pues le da mucha rabia, incluso le decía que no, que
esto no se queda así, que yo a ustedes los voy a mandar a matar, que es que eso
no es sino uno hablar y listo, ustedes saben que yo tengo mucho poder, yo estoy
en la Policía y de civil cuando quieran nos damos a bala y nos la mostraba, que
con esta misma les doy, nos decía así. A Anderson, una vez estando yo con él
llegó el y lo amenazó de muerte, le dijo que no iba a descansar hasta no verlo
muerto, que si no es por él también otra persona lo podía hacer, usted sabe que la
70 Acta audiencia en páginas 616 y 617 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai. Video de audiencia en archivo
“ED_C01_CD8_FOLIO 555-AUDIENCIA DE PRUEBAS, DILIGENCIA DE TESTIMONIOS(.zip)
NroActua 36.zip”, índice 36, Samai.
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Policía es muy grande y eso a ustedes les queda muy pequeño. A la pregunta de
si ocurrió un hecho que generara discordia entre el patrullero de la Policía
Nacional Diego Fernando Pérez y Anderson Montoya Rivera el testigo señaló: “a
la final yo me imagino que por el hostigamiento que nos mantenía demás que
Anderson le dio mucha rabia y se respondieron, pero no tengo el conocimiento de
por qué él llegaba así tan bruscamente con nosotros”. El testigo aclaró que el
patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez no lo amenazó de muerte,
pero sí le dijo que “cuando quiera nos damos a bala”. Indicó que se enteró de la
muerte de Anderson Montoya Rivera al día siguiente de su ocurrencia porque la
hermana de él lo llamó y se lo informó. A la pregunta de si hubo un altercado entre
el patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez y Anderson Montoya
Rivera previo a su muerte el testigo señaló que Anderson una vez le comentó que
dicho patrullero “lo amenazó y le sacó el arma, no me acuerdo donde fue el
momento exacto porque Anderson me lo comentó y también por el colegio hubo
un día que le sacó navaja, hubo una riña ahí entre ellos dos y el patrullero Pérez le
sacó como un arma o una navaja y a Anderson le dio mucha rabia, él llegó
llorando donde la mamá, pero yo no estaba, él fue el que me comentó esos
hechos”. Señaló que este último suceso ocurrió unos dos o tres meses antes de la
muerte de Anderson Montoya Rivera. A la pregunta de qué escuchó sobre cómo
ocurrió la muerte de Anderson Montoya Rivera, señaló que supo que “él estaba
donde unos amigos y que llegó un carro ahí y él se montó, que de ahí se lo
llevaron y ya no volvió”, que un compañero le contó al testigo que Anderson en
esa ocasión les dijo a sus amigos: “ah no ya vengo”.
También Adriana María Arcila Atehortúa71 rindió testimonio y señaló que era
vendedora informal de comidas rápidas, que conoció a Anderson Montoya Rivera
porque él frecuentaba su puesto de ventas, que lo conoció desde niño en el
municipio de Guatapé y tenían una amistad, aunque no muy íntima, que “se
ponían a charlar”. Sobre los hechos que rodearon la muerte de Anderson Montoya
71 Acta audiencia en páginas 616 y 617 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai. Video de audiencia en archivo
“ED_C01_CD8_FOLIO 555-AUDIENCIA DE PRUEBAS, DILIGENCIA DE TESTIMONIOS(.zip)
NroActua 36.zip”, índice 36, Samai.
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Rivera, la testigo declaró: “Yo a Anderson lo conozco hace muchos años, sobre lo
que pasó con el patrullero si fue porque yo vi lo que pasó, o sea cuando lo
agredió, en el momento en que yo estaba trabajando el muchacho llegó al negocio
donde yo estaba, la novia se entró porque yo trabajo en la esquina de una tienda,
entonces la novia entró al negocio a comprar unas cosas y Anderson se quedó al
lado, causalmente el patrullero Pérez vivía a una cuadra de donde yo trabajo, en
ese momento él llegó, o sea él sacó la mascota a hacer sus necesidades, cuando
ve a Anderson parado donde yo estaba él comenzó a decirle palabras soeces,
Anderson en ningún momento le contestó nada y se dejó ir hasta donde yo
trabajaba, le sacó una navaja y después el mismo patrullero llamó a los
compañeros y les dijo que Anderson le había sacado la navaja sabiendo que fue
él, Anderson no tenía un arma en el momento, por qué, porque él estaba ahí, en el
momento tenía las manitos atrás, en ningún momento él lo trató mal, por eso yo
hablo cosas coherentes por lo que yo vi. Causalmente eso fue un domingo, al
lunes a la mamá yo la llamé y le dije lo que había pasado y ella me dijo que iba a ir
a poner supuestamente la demanda, que no se la recibieron como demanda sino
como queja y me dijo que si en algún momento me necesitaban que si podían
contar conmigo y yo le dije que con mucho gusto. Ella fue al Comando y se quejó
con el comandante de la estación y no lo tomó como demanda sino como queja,
por eso estoy yo aquí porque son cosas que yo vi y causalmente al martes él
resultó muerto”. Advirtió que el suceso que ella presenció ocurrió “un domingo” a
eso de las 8:30 pm y el patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez
estaba vestido de civil y le dijo a Anderson “que no le diera tiro porque se lo
tiraba”, palabras que la testigo consideró como una amenaza. Sobre la muerte de
este último, la testigo manifestó: “escuché decir que lo subieron, mas no estoy
segura de sí lo subieron o lo intimidaron, porque usted sabe que si uno no está en
el momento uno no puede asegurar tampoco nada y yo eso no lo vi”.
Igualmente, Alexandro Rivera Jaramillo72 declaró que conocía a los demandantes
hacia aproximadamente 15 años, que fue su amigo y vecino en el municipio de
72Acta audiencia en páginas 616 y 617 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai. Video de audiencia en archivo
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Guatapé. Respecto de las circunstancias que rodearon la muerte de Anderson
Montoya Rivera el testigo manifestó: “lo que yo sé de lo de Anderson eso fue un
domingo, hace 3 años antes de la muerte de él bajó acá al pueblo y estuvo
comprando unas cosas con la novia entonces el ya subió a mi casa y me contó
que había tenido un problema con el patrullero Diego Pérez, me dijo que lo había
amenazado, que había estado ahí, que él estaba comprando unas cosas y que
había llegado a amenazarlo, que había estado ahí ultrajándolo y todo, entonces él
me dijo, ‘pero que yo no quiero problemas con nadie’ me dijo a mí, y yo le dije sí,
mejor no se meta en nada, entonces ya al otro día yo estaba con él en mi casa y la
mamá lo llamó para que bajaran al Comando que a poner como una demanda por
lo que había pasado la noche anterior que fue una amenaza de Pérez contra
Anderson, entonces ellos se dirigieron al Comando y estuvieron hablando con el
comandante Guerrero y con él también, con Pérez, pero entonces estuvieron
como hablando ahí, pero no recibieron ninguna demanda, no quedó nada escrito,
solamente estuvieron hablando entre la señora Gloria y el patrullero Pérez y el
comandante, pero ahí como que la embolataron y no le recibieron nada, entonces
ella le dijo que si al hijo de ella le pasaba algo era por culpa de él, por todo lo que
le había dicho y todo lo que decía pues de él y por la persecución que le mantenía
encima. Eso fue el lunes, ese mismo lunes por la noche Anderson cogió para la
isla de la Fantasía que mi papá es el que la cuida y todo y nosotros nos vamos
para allá a pasear, entonces me dijo vámonos para la isla que no quiero tener
problemas, que vea los problemas que tuve con Pérez que día, yo le dije ah yo no
pudo porque tengo que trabajar y entonces al martes fue cuando él se
desapareció y ya apareció fue muerto”. Precisó que la amenaza más “clara” del
patrullero Diego Fernando Pérez contra Anderson Montoya Rivera fue la que le
hizo en la “tienda de Jaimito que fue el domingo por la noche”. Señalo que la
amenaza consistía en que “se cuidara porque de diciembre no pasaba”. Sobre las
requisas del referido patrullero a Anderson el testigo sostuvo: “en una las requisas
sí estuve yo, él se le iba primero a Anderson, primero lo requisaban a él y luego
disponía requisarnos a nosotros y de civil también, él si lo veía en civil donde lo
viera, si estaba de civil o uniformado no le importaba, de todas maneras, le
“ED_C01_CD8_FOLIO 555-AUDIENCIA DE PRUEBAS, DILIGENCIA DE TESTIMONIOS(.zip)
NroActua 36.zip”, índice 36, Samai.
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montaba la perseguidora”. Señaló que Anderson Montoya Rivera le contó que el
día que el patrullero Diego Fernando Pérez lo amenazó estaba presente su
hermana Manuela Montoya y estaba “esta señora que hace las comidas rápidas”,
que eso ocurrió dos días antes de la muerte de Anderson. Sobre la muerte de
Anderson Montoya Rivera aclaró que: “solo me dijeron que él estaba con la novia
y lo habían recogido en un carro, no sé más, ya nosotros lo estuvimos llamando y
no contestaba y fue cuando al otro día nos informaron que estaba muerto por allá
por Palestina”. Aclaró que las requisas permanentes a Anderson se hacían no solo
por parte del patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez sino por otros
agentes también, pero los otros agentes lo hacían “más normal, no tan arrogantes
ni fastidiosos como era Pérez”.
Finalmente, Martha María García López73 declaró que conoció a Anderson
Montoya Rivera porque fue su pareja durante 5 meses antes de su muerte, pero
ya lo conocía de trato aproximadamente 5 años antes. Señaló que conoció al
patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez porque “era el secretario
del Comando y allá hice las practicas, el servicio social para ser bachiller”. Sostuvo
que el mencionado patrullero “él era muy buena gente hasta que yo comencé a
salir con Anderson, de ahí para allá era una persona muy mala gente, como muy
reacia, como buscando meterle a uno cizaña y decir cosas, algo así”. Aseguró que
no tuvo ninguna relación personal con el patrullero ni ninguna discordia con él
antes de ser la pareja de Anderson Montoya Rivera. Sobre los hechos
relacionados con la muerte de Anderson Montoya Rivera sostuvo: “yo comencé
como la relación más personal con Anderson después de que él volvió de la
cárcel, me lo presentó una amiga que era novia de un amigo de él y así nos
comenzamos a relacionar, comenzamos a salir, apenas el pueblo supo que
teníamos una relación el patrullero Diego Pérez era cercano a mi familia, a mi
mamá, y él le hizo el comentario a mi mamá de que no le gustaba que yo estuviera
con ese muchacho, con Anderson, y cosas así”. Frente a la llamada persecución
73 Acta audiencia en páginas 616 y 617 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai. Video de audiencia en archivo
“ED_C01_CD8_FOLIO 555-AUDIENCIA DE PRUEBAS, DILIGENCIA DE TESTIMONIOS(.zip)
NroActua 36.zip”, índice 36, Samai.
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que el patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez ejercía sobre
Anderson Montoya Rivera, la testigo sostuvo: “íbamos en la moto, nos paraba, una
requisa, íbamos a pie, nos paraba, una requisa, siempre era así y siempre tenía
que ser Pérez el que le pidiera la requisa a Anderson, estuvimos juntos así y
estuvimos juntos más o menos dos, tres meses. Sobre el altercado entre el
patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez y Anderson Montoya
Rivera antes de su muerte la testigo señaló que “un día estábamos en la casa de
él y nos dio por salir a mecatear, nos fuimos en la moto, le dimos una vuelta a la
cuadra y paramos en la tiendita cerca a la casa de él, en la tienda de Lucho, él se
bajó, entramos, compramos ahí mecato y cuando íbamos saliendo que él se subió
a la moto llegó el patrullero Pérez vestido de civil a decirle que arreglaran la cosas
que yo no sé qué, que se parara, entonces le sacó una navaja y le dijo hágale
pues, párese, párese, Anderson se bajó de la moto, se paró y le dijo ‘pero pues
usted de qué está hablando, usted es un patrullero y usted no tiene por qué
estarme sacando navaja’ y se le reía y le decía ‘usted qué va a hacer, guarde eso
que se va a aporrear’, le decía Anderson a él, pero él seguía braveándolo que
arreglaran las cosas, entonces yo le dije que no le prestar atención, se fue Pérez
todo ofuscado, todo bravo porque no quisieron pelear con él, después llegó la
Policía, preguntaron qué fue lo que pasó y ya”. La testigo relató que luego de eso
Anderson y ella se fueron para la casa de esta, que al otro día 29 de julio de 2013
la madre de Anderson lo llamó y le dijo que estaba cansada de la situación con el
patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez y que iba a ir a la estación
de policía de Guatapé a presentar una denuncia, pero el comandante Guerrero no
le quiso recibir la denuncia. Sostuvo que pasó todo el día con Anderson Montoya
Rivera y que como a las seis de la tarde él le dijo que fueran a donde Sandro, un
amigo de él, entonces se fueron en la motocicleta a donde ese amigo, que
Anderson “estaba hablando con los amigos, yo estaba en la Sala viendo televisión
cuando llegó un momento que él me dijo ‘espérame un momentico que yo tengo
que ir a allí’ y yo le dije ‘usted como me va a dejar aquí sola, pues estamos en la
casa de sus amigos’, ‘no, no, espéreme’, y bajó las escaleras entonces yo bajé
detrás de él y le dije ‘no me deje aquí, lléveme o algo’ entonces él me abrazó, me
dio un beso y me dijo ‘yo no me demoro’ y se subió a un carro y se fue, se lo
llevaron, esa fue la última vez que lo vi”. Señaló que a las ocho de la mañana del
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día siguiente la llamó la madre de Anderson y le dijo que a este “lo habían matado,
que lo habían encontrado, que por favor fuera” y se fue con su suegra a la entrada
de la vereda Palestina y de ahí se fueron para la morgue de El Peñol, allí
esperaron la entrega de su cadáver y luego en Guatapé hicieron la velación.
Señaló que en el 2015 el patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez
fue a su casa a hablar con ella “de la situación, de la demanda y de todo eso, fue
de civil” y le preguntó que si podían hablar, que él sabía que ella era testigo en el
proceso por la muerte de Anderson Montoya Rivera y que a él “le querían echar la
culpa” y ella le dijo: “es que usted amenazó a Anderson y es tan de malas que lo
amenazó un día antes de que lo mataran, obviamente usted es un sospechoso
directo”, entonces él le pidió que no hablara mal de él, pues no había matado a
Anderson. La testigo declaró que no sabía exactamente en qué tipo de vehículo se
fue Anderson Montoya Rivera la última vez que lo vio, que el vehículo “era oscuro,
como verde militar o azul turquesa”, que Anderson se fue entre 7 y 8 de la noche,
que en el vehículo “estaba el conductor y me pareció ver a otra persona en la silla
de atrás, él se montó en la silla del copiloto, me pareció ver a alguien porque los
vidrios del carro eran polarizados” y no le vio la placa, no se fijó en eso. Señaló
que Anderson Montoya Rivera sabía que el vehículo había llegado por él porque
“él estaba hablando con Sandro y me dijo que le habían escrito y que iba a bajar,
que le escribieron al pin”. Afirmó que no alcanzó a ver quién conducía el vehículo,
pero que “él estaba tranquilo, era como si hubieran venido unos amigos por él, él
estaba tranquilo”, que Anderson no fue sacado a la fuerza, se subió al carro de
manera voluntaria. Al ser interrogada nuevamente sobre las amenazas del
patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez contra Anderson Montoya
Rivera señaló: “concretamente sí sé que él le dijo que lo iba a matar, pero no sé
exactamente como se lo dijo, no sé cómo explicárselos para no decir palabras que
él no haya dicho, pero concretamente sí sé que él le dijo que lo iba a matar”. Dijo
que Anderson Montoya Rivera era muy querido en el pueblo, que no tenía
enemistades ni supo que alguien lo amenazara ni que se dedicara a actividades
ilícitas.
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Ahora bien, a juicio de la Sala y en los términos del artículo 21174 del Código
General del Proceso, se observa que los testimonios de Andrés Felipe Salazar,
Adriana María Arcila Atehortúa y Alexandro Rivera Jaramillo no presentan
sospechas de parcialidad. Aunque conocían a la víctima, no hay indicios de una
relación especial que pueda interpretarse como un posible conflicto de intereses,
pues se limitaron a testificar sobre su conocimiento de esta y los hechos que le
constaban o que escucharon previos a la muerte de Anderson Montoya Rivera y
de cómo esta habría ocurrido.
Por su parte, los testimonios de Marcos Fidel Guerrero Carranza, Diego Fernando
Pérez y Martha María García López son considerados sospechosos. Esta
sospecha se debe, respecto de los dos primeros, a que para la época de los
hechos y al momento de sus declaraciones trabajaban al servicio de la entidad
demandada, contexto dentro del cual rindieron sus testimonios. En cuanto a la
tercera, debido a que para la época de los hechos era la novia de Anderson
Montoya Rivera, lo cual puede afectar su imparcialidad en cuanto al relato que
realizó sobre su conocimiento de los hechos.
Empero, debe destacarse que los testimonios sospechosos serán valorados
conforme lo ha manifestado esta Corporación, es decir, examinados de cara a las
demás pruebas que reposan en el expediente y de acuerdo con las circunstancias
propias del asunto litigioso. En este punto cabe anotar que frente a los testimonios
sospechosos75 y aquellos considerados como de oídas76, esta Corporación ha
destacado que su valoración deberá efectuarse de manera conjunta con los
medios de convicción acopiados en el proceso, pero con especial cuidado para
efectos de someter la versión del declarante a un tamiz particularmente riguroso
con el fin de evitar que los hechos resulten distorsionados.
74 “Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de
las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso”.
75 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262.
76 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, Rad. 17629.
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Pues bien, se observa que, según la apelante, cuando el patrullero de la Policía
Nacional Diego Fernando Pérez amenazó de muerte públicamente a Anderson
Montoya Rivera, puso en riesgo su vida, pues incentivó a otras personas que
tuvieran enemistad el a que atentaran en su contra, lo cual, en efecto, ocurrió tan
solo dos días después de las amenazas. Agregó que las intimidaciones que dicho
patrullero realizó el 28 de julio de 2013 contra la víctima, lo fueron en calidad de
funcionario al servicio de la demandada, además, su persecución contra Anderson
Montoya Rivera la realizó vistiendo su uniforme, como lo confirmaron los testigos.
En primer lugar, en cuanto a la amenaza proferida por el patrullero de la Policía
Nacional Diego Fernando Pérez contra Anderson Montoya Rivera el 28 de julio de
2013, se tiene que Adriana María Arcila Atehortúa, quien manifestó haber
presenciado el suceso, señaló que este ocurrió un domingo aproximadamente a
las 8:30 pm, que al día siguiente la madre de Anderson puso una queja al respecto
ante la estación de policía de Guatapé “y causalmente al martes él resultó
muerto”. Indicó que en esa oportunidad el hoy occiso llegó al puesto de comidas
callejero que esta tenía en el municipio de Guatapé cuando se acercó el ya
mencionado patrullero vestido de civil, quien sacó una navaja y amedrentó a
Anderson diciéndole “que no le diera tiro porque se lo tiraba”, palabras que la
testigo consideró como una amenaza. Según esta testigo, en ese momento
Anderson estaba junto a ella con las manos hacia atrás, que “en ningún momento
le contestó nada”, mientras la novia de este se encontraba dentro de la tienda
contigua haciendo unas compras. También señaló que el referido patrullero llamó
a otros compañeros policías y les dijo que Anderson tenía una navaja.
Sin embargo, la entonces novia de Anderson Montoya Rivera, Martha María
García López, relató el hecho con algunas variaciones, pues declaró que
Anderson Montoya Rivera y ella ingresaron a la tienda juntos “compraron mecato”
y cuando iban saliendo de la tienda Anderson se subió a su motocicleta y llegó el
patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez vestido de civil a decirle
“que arreglaran la cosas, que se parara” entonces sacó una navaja y le dijo
“hágale pues, párese, párese”, entonces Anderson se bajó de la motocicleta y le
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contestó: “pero pues usted de qué está hablando, usted es un patrullero y usted no
tiene por qué estarme sacando navaja y se le reía y le decía usted qué va a hacer,
guarde eso que se va a aporrear”, que luego ella le dijo a Anderson que no le
prestara atención, el patrullero se fue muy enojado y después llegaron otros
policías quienes “preguntaron qué fue lo que pasó y ya”.
De modo que siendo ambas testigos presenciales del hecho solo coinciden en
cuanto a que fue el patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez quien,
vestido de civil, se acercó de forma intimidante a Anderson Montoya Rivera y le
enseñó una navaja, pero no en cuanto a las palabras que el patrullero le dijo a
este, ni a la actitud y respuesta del hoy occiso ni a la razón por la cual después
llegó la Policía, pues una dijo que el patrullero llamó a sus compañeros y la otra
mencionó que la policía llegó a preguntar lo que había pasado.
De hecho, en cuanto a la amenaza de muerte que le habría hecho el patrullero de
la Policía Nacional Diego Fernando Pérez a Anderson Montoya Rivera, la testigo
Adriana María Arcila Atehortúa señaló que el uniformado le dijo a la víctima: “que
no le diera tiro porque se lo tiraba”, mientras que Martha María García López
indicó que las palabras del patrullero fueron: “que arreglaran la cosas, que se
parara”. Incluso, esta testigo agregó: “concretamente sí sé que él le dijo que lo iba
a matar, pero no sé exactamente como se lo dijo, no sé cómo explicárselos para
no decir palabras que él no haya dicho, pero concretamente sí sé que él le dijo
que lo iba a matar”.
De modo que las contradicciones entre las testigos presenciales de la supuesta
amenaza de muerte a la víctima, por su falta de claridad y coincidencia en sus
dichos, no ofrecen certeza de cuál fue exactamente la amenaza ni cómo
ocurrieron los hechos que la rodearon. De ahí que, es esta falta de claridad, mas
no la condición de sospecha antes mencionada sobre la testigo Martha María
García López, la que no permite acreditar la referida amenaza.
Por su parte, el testigo Andrés Felipe Salazar manifestó que una vez el patrullero
de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez amenazó de muerte a Anderson
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Montoya Rivera y le dijo “que no iba a descansar hasta no verlo muerto, que si no
es por él también otra persona lo podía hacer, usted sabe que la Policía es muy
grande y eso a ustedes les queda muy pequeño”; sin embargo, no precisó cuándo
ocurrió esto, a lo que se suma que no se allegó otra evidencia al proceso que
corrobore el dicho del testigo sobre tal suceso. El mismo testigo se refirió a otras
ocasiones en que el uniformado habría amenazado a Anderson Montoya Rivera,
para lo cual señaló que la víctima “una vez” le comentó que dicho patrullero “lo
amenazó y le sacó el arma”, pero advirtió que no recordaba dónde ni el momento
exacto en que ocurrió y agregó que, en otra ocasión, cerca del colegio el ya
mencionado patrullero “le sacó navaja, hubo una riña ahí entre ellos dos y el
patrullero Pérez le sacó como un arma o una navaja y a Anderson le dio mucha
rabia, él llegó llorando donde la mamá”, precisando que este último suceso ocurrió
dos o tres meses antes de la muerte de Anderson Montoya Rivera.
No obstante, en ninguno de esos eventos el testigo estuvo presente ni su dicho se
corrobora con lo declarado por los otros testigos, pues ni siquiera el último suceso
mencionado puede relacionarse con el ocurrido dos días antes de la muerte de la
víctima, dado que según el testigo lo que le comentó la víctima ocurrió unos dos o
tres meses antes de su muerte. Finalmente, a la pregunta de si ocurrió un hecho
que generara discordia entre el patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando
Pérez y Anderson Montoya Rivera el testigo se limitó a hacer una suposición, al
manifestar: “a la final yo me imagino que por el hostigamiento que nos mantenía
demás que Anderson le dio mucha rabia y se respondieron, pero no tengo el
conocimiento de por qué él llegaba así tan bruscamente con nosotros”, pero luego,
el mismo testigo aclaró que el uniformado no amenazó de muerte a la víctima,
aunque sí le dijo que “cuando quiera nos damos a bala”. De ahí que el testigo no
es claro, ni ofrece certeza acerca de cuándo ni cuál fue la amenaza que le habría
hecho el patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez a Anderson
Montoya Rivera.
Por último, el testigo Alexandro Rivera Jaramillo señaló que la amenaza más
“clara” del patrullero Diego Fernando Pérez contra Anderson Montoya Rivera fue
la que hizo dos días antes de su muerte, cuando le dijo que “se cuidara porque de
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diciembre no pasaba”. Sin embargo, su testimonio no resulta creíble ni es
suficiente para probar dicha amenaza, pues esta no le constó al testigo, sino que
se limitó a manifestar que el propio Anderson Montoya Rivera, después de
ocurridos los hechos, fue a su casa y se lo contó, lo cual se contradice con el
dicho de la testigo Martha María García López, quien dijo que después de los
hechos Anderson y ella se fueron para la casa de esta.
Por su parte, los testigos Marcos Fidel Guerrero Carranza y Diego Fernando
Pérez, no solo son sospechosos por su vínculo laboral con la demandada, como
antes se indicó, sino que, además, el último mencionado es el funcionario
directamente implicado en la imputación hecha en la demanda. Igualmente, se
observa que ambos negaron la ocurrencia de una amenaza de muerte de parte del
uniformado contra la víctima y no refirieron otros hechos relacionados con su
deceso que pudieran ser corroborados o que permitan esclarecer la causa de
este.
Incluso, de tomarse por acreditada la amenaza de muerte que habría proferido el
patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez contra Anderson Montoya
Rivera, se observa que esta no guarda relación alguna con las circunstancias que
precedieron su muerte, pues según la testigo Martha María García López, quien
fue la última persona que lo vio, Anderson Montoya Rivera salió la noche anterior
a su muerte de la casa donde estaban ambos de manera voluntaria, que cuando
se subió al vehículo que lo recogió “estaba tranquilo, era como si hubieran venido
unos amigos por él, él estaba tranquilo”, de lo cual no puede inferirse que fue
sacado a la fuerza o que se fue “bajo presiones” como se indica en la demanda,
como tampoco la testigo identificó entre las personas del vehículo al patrullero
Diego Fernando Pérez o a algún otro miembro de la Policía Nacional. Tampoco se
demostraron en este proceso en qué circunstancias falleció Anderson Montoya
Rivera ni quienes fueron los autores de su homicidio, ni en las piezas de la
investigación penal allegada al plenario existe evidencia alguna que relacione tal
crimen con miembros de la Policía Nacional.
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En segundo lugar, en cuanto a que el 28 de julio de 2013, el patrullero de la
Policía Nacional Diego Fernando Pérez realizó amenazas o intimidaciones contra
la víctima en calidad de funcionario al servicio de la demandada, se itera, que no
se acreditó con certeza que el informado hubiera amenazado de muerte a la
víctima dos días antes de su muerte; además, se advierte que en lo que sí
coincidieron las testigos Martha María García López y Adriana María Arcila
Atehortúa del encuentro entre el referido patrullero y Anderson Montoya Rivera, es
que el primero vestía de civil, incluso, estaba en el lugar sacando a su mascota, de
manera que de ello no puede inferirse que el funcionario habría actuado revestido
de su calidad de autoridad pública.
En tercer lugar, frente a la supuesta persecución que el patrullero de la Policía
Nacional Diego Fernando Pérez ejercía contra Anderson Montoya Rivera mientras
vestía su uniforme, el testigo Andrés Felipe Salazar declaró que el uniformado los
“requisaba muy bruscamente” a él y a Anderson, que al hoy occiso “se la tenía
montada”. También la testigo Adriana María Arcila Atehortúa señaló que el referido
patrullero “se la mantenía montada, o sea tenía mucha persecución hacia
Anderson y donde yo estaba trabajando él llegaba a tratar mal a Anderson en los
momentos en que Anderson llegaba a comprarme a mí hamburguesas”.
Igualmente, Alexandro Rivera Jaramillo declaró que “en una las requisas sí estuve
yo, él se le iba primero a Anderson, primero lo requisaban a él y luego disponía
requisarnos a nosotros y de civil también, él si lo veía en civil donde lo viera, si
estaba de civil o uniformado no le importaba, de todas maneras, le montaba la
perseguidora”; sin embargo, aclaró que las requisas a Anderson no solo las hacía
el patrullero Diego Fernando Pérez sino por otros agentes también. Asimismo,
Martha María García López señaló que: “íbamos en la moto, nos paraba, una
requisa, íbamos a pie, nos paraba, una requisa, siempre era así y siempre tenía
que ser Pérez el que le pidiera la requisa a Anderson”.
Al respecto se observa que todos los testigos asociaron la “persecución” del
patrullero de la Policía Nacional Diego Fernando Pérez a Anderson Montoya
Rivera con las requisas que no solo este sino otros agentes de la Policía Nacional
hacían en desarrollo de su labor de vigilancia.
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Pues bien, como lo precisó la Corte Constitucional al examinar la
constitucionalidad del artículo 20877 del Código de Procedimiento Penal, en
ejercicio de la actividad policiva de prevención, los miembros de ese cuerpo de
uniformados pueden realizar labores de registro de personas y de vehículos, dado
que se trata “de procedimientos de rutina autorizados por la ley y los reglamentos,
que son ejecutados por la Policía Nacional con el fin de preservar el orden público,
como quiera que en ellos están comprometidas la tranquilidad y la seguridad
ciudadanas”78.
En cuanto a este tipo de registros personales o requisas, la Corte aclaró que los
servidores de la Policía Nacional están facultados por el artículo 208 del CPP para
realizarlos en el desarrollo de sus funciones preventivas, mas no en el desarrollo
de procesos penales, sin necesidad de contar con autorización judicial, siempre
que la requisa consista en una revisión externa, superficial y no invasiva.
Cabe precisar que ninguno de los testigos señaló que el patrullero de la Policía
Nacional Diego Fernando Pérez o algún otro agente de la Policía Nacional en
servicio hubiera realizado un registro invasivo a la integridad personal de
Anderson Montoya Rivera. Incluso, aunque los testigos Andrés Felipe Salazar y
Alexandro Rivera Jaramillo mencionaron que el patrullero de la Policía Nacional
Diego Fernando Pérez realizaba las requisas “bruscamente” o de manera
“arrogante” contra ellos, no especificaron de qué forma lo hacía respecto de
Anderson Montoya Rivera ni qué actos violentos ejerció contra él durante esos
77 “Ley 906 de 2005. Artículo 208. Actividad de policía. Cuando en ejercicio de la actividad de
policía los servidores de la Policía Nacional descubrieren elementos materiales probatorios y
evidencia física como los mencionados en este código, en desarrollo de registro personal,
inspección corporal, registro de vehículos y otras diligencias similares, los identificarán, recogerán y
embalarán técnicamente. Sin demora alguna, comunicarán el hallazgo a la policía judicial,
telefónicamente o por cualquier otro medio eficaz, la cual sin dilación se trasladará al lugar y
recogerá los elementos y el informe. Cuando esto no fuere posible, quien los hubiere embalado los
hará llegar, con las seguridades del caso, a la policía judicial”. Texto subrayado declarado
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-789 de 2006, en el entendido de
que se trata de una revisión externa, superficial y no invasiva. El texto en cursiva fue declarado
INEXEQUIBLE, en la misma providencia.
78 Corte Constitucional, Sentencia C-789 de 20 de septiembre de 2006.
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procedimientos, como tampoco este elevó queja alguna sobre el particular, que
permitiera establecer que el uniformado se excedió en sus facultades legales.
Tampoco se comprobó que el referido uniformado o algún otro miembro de la
Policía Nacional siguiera permanentemente a Anderson Montoya Rivera en sus
diferentes desplazamientos, que lo hubieran buscado o requerido en su domicilio
sin una orden judicial o detenido sin razón alguna o cualquier otro acto de abuso
de autoridad que revelara un hostigamiento o persecución contra el hoy occiso,
distinto al procedimiento de requisa que los uniformados realizaban en las calles
en ejercicio de la labor preventiva y aleatoria de seguridad ciudadana.
Finalmente, no es por demás precisar, que lo único en lo que coinciden los
testigos es sobre una supuesta animadversión personal que el patrullero de la
Policía Nacional Diego Fernando Pérez al parecer tenía contra Anderson Montoya
Rivera, incluso, que esta estaría provocada por la relación sentimental entre
Martha María García López y la víctima, como esta última lo manifestó.
No obstante, ello implicaría un conflicto de carácter personal entre el uniformado y
la víctima sin relación con el servicio, incluso, las supuestas amenazas dos días
antes de la muerte de la víctima las habría hecho vestido de civil, sin su arma de
dotación de oficial y haciendo una actividad doméstica (sacando a su mascota).
Como consecuencia de todo lo antes expuesto, se concluye que no se probó la
falla en el servicio de la entidad demandada a través del funcionario cuyo
comportamiento fue cuestionado en este proceso, como tampoco se demostró
elemento alguno que vinculara la acción u omisión de la accionada con la muerte
de Anderson Montoya Rivera, cuyas circunstancias, además, se desconocen en
este proceso, lo cual impide la configuración de la responsabilidad endilgada.
Por otra parte, amén de que no está probada la falla del servicio con respecto a la
muerte del señor Montoya Rivera, la inferencia de la demanda sobre la relación
entre las posibles rencillas o inadversión de un agente de Policía con el occiso que
habría incentivado a terceros a terminar la vida del primero, resulta apenas
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especulativa y conjetural, sin que se hubiera aportado al plenario elemento alguno
que lleve a esa conclusión en la medida en que se desconoce quienes perpetraron
el crimen, las circunstancias precisas de como ocurrieron los nefastos
acontecimientos ni las motivaciones de tal crimen. Ahora bien, tampoco podría
decirse que se halla probada alguna actuación relacionada con el servicio que
diera razón de que por cuenta de la posible malquerencia entre ambos se hubiera
puesto en riesgo a la víctima frente a terceros, lo cual conduce también a
desestimar cualquier vínculo causal entre actuación de algún agente del Estado
con el daño concretado en la muerte del señor Montoya Rivera.
Por todo lo antes expuesto, se modificará la decisión adoptada el 23 de agosto de
2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de declarar la falta
de legitimación en la causa por activa de Jorge Iván Sánchez y Diocelina Sánchez
y negar las pretensiones de la demanda.
8. Condena en costas
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con
el artículo 365 numeral 1 del CGP, sería del caso emitir condena en costas a
cargo de la parte actora y en favor de la entidad demandada; no obstante, y como
ya lo ha hecho la Sala en situaciones similares79, no se impondrá erogación
alguna según lo previsto en el artículo 154 del CGP, dado que a los demandantes
se les reconoció amparo de pobreza, mediante auto del 19 de mayo de 202380.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de
junio de 2024, exp. 63022.
80 Índice 28, Samai.
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RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 23 de agosto de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Jorge
Iván Sánchez y Diocelina Sánchez.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
CUARTO: SIN COSTAS.
QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
VF
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