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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01983-01

Fecha
21 de abril de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01983-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, de 3 de agosto de 2017, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso 27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez. 28 Se puede ver, entre otras, la sentencia de 14 de julio de 2016, radicado 2013-00270-03 (3869-2014). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicación: 05001-23-33-000-2015-01983-01 (4171-2017) Demandante: Yonny Adelmo Vásquez Jiménez de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Yonny Adelmo Vásquez Jiménez contra la E.S.E. Hospital Francisco Valderrama de Turbo (Antioquia), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las respectivas anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-01983-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

21 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01983-01 (4171-2017)
Demandante: Yonny Adelmo Vásquez Jiménez
Demandado: E.S.E. Hospital Francisco Valderrama de Turbo (Antioquia)

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral subyacente o
encubierta, prescripción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, de 3 de agosto
de 2017, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011), el ciudadano Yonny Adelmo Vásquez Jiménez, mediante apoderado,
formuló demanda en orden a declarar la nulidad del oficio sin número de fecha 17 de abril
de 2015, por medio del cual el gerente de la E.S.E. Hospital Francisco Valderrama de Turbo
(Antioquia) le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral y el pago de
las respectivas acreencias laborales derivadas de esta.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i)
declarar que entre las partes existió «un contrato de trabajo realidad del 6 de septiembre
de 2010 al 8 de septiembre de 2011»; ii) que su último salario como empleado de la E.S.E.
fue de «$3.950.000»; iii) que el contrato de trabajo terminó de manera injusta el 8 de
septiembre de 2011; iv) condenar a la parte demandada al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de dicha relación laboral, tales como cesantías, intereses
a las cesantías, primas, vacaciones, indemnización por despido injustificado e
indemnización moratoria por no pago de prestaciones sociales; v) indexar las sumas
dejadas de cancelar; y, vi) condenar en costas a la parte demandada.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01983-01 (4171-2017)
Demandante: Yonny Adelmo Vásquez Jiménez

1.1.2. Hechos:

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) Entre el 6 de septiembre de 2010 y el 8 de septiembre de 2011, el señor Yonny Adelmo
Vásquez Jiménez laboró, en calidad de médico, en la E.S.E. Hospital Francisco Valderrama
de Turbo (Antioquia), mediante continuas órdenes de prestación de servicios.

ii) Las actividades por las que fue contratado las realizó personalmente y, por ellas, percibió
una remuneración económica mensual.

iii) Durante el tiempo en que estuvo contratado, cumplió con un horario de labores según
un cuadro de turnos previsto por la entidad demandada.

iv) «En cualquier momento» recibía órdenes e instrucciones «impartidas de la dirección de
la Entidad».

v) El 25 de marzo de 2015, presentó derecho de petición ante la E.S.E. Hospital Francisco
Valderrama, donde solicitó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las
prestaciones sociales y de las indemnizaciones correspondientes.

vi) El 17 de abril de 2015, a través de oficio sin número, el gerente de la E.S.E. negó el
reconocimiento de la relación laboral y de las demás peticiones.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Se citan como normas violadas los artículos 53 de la Constitución Política y 23 del Código
Sustantivo del Trabajo.

Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte demandante sostuvo lo
siguiente:

i) El acto administrativo objeto de la demanda debe ser anulado, pues fue expedido en
contraposición de los presupuestos legales y constitucionales que, a partir del artículo 53
superior, establecen la primacía de la realidad sobre las formas.

ii) El motivo que sustenta el acto demandado no se ajusta a la realidad, en tanto el señor
Vásquez Jiménez, conforme a las actividades y funciones que le fueron asignadas,
desarrolló de manera permanente y subordinada una actividad laboral bajo el ropaje de los
contratos de prestación de servicios.

iii) La vinculación entre las partes reúne todos los requisitos para que se declare una
verdadera relación laboral, ya que al actor se le asignaron funciones y un horario laboral,
prestó sus servicios de manera personal, recibió una contraprestación económica y fue
objeto de una continua subordinación en el desarrollo de sus actividades; razones
suficientes para que se le reconozcan las prestaciones sociales y las indemnizaciones
reclamadas.

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Demandante: Yonny Adelmo Vásquez Jiménez

1.2. Contestación de la demanda

La E.S.E. Hospital Francisco Valderrama de Turbo, por conducto de apoderado, se opuso
a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:1

i) Por estar intervenida y no contar con el personal de planta suficiente, la E.S.E. se vio en
la necesidad de suscribir con el demandante un solo contrato de prestación de servicios por
el «término estricto de un año».

ii) El contrato así pactado le sirvió al actor para acreditar la prestación de su año de servicio
social obligatorio.

iii) La entidad estaba imposibilitada para nombrar empleados públicos, ya que al estar
intervenida, «solamente podía suscribir contratos de prestación de servicios». Por ello, el
demandante nunca ocupó vacante alguna de la planta de cargos de la E.S.E. y, por lo
mismo, no cabe alegar la terminación de su vínculo laboral, porque este nunca existió.

iv) No es cierto que durante el cumplimiento del contrato de prestación de servicios se hayan
configurado los elementos de una relación laboral, pues si bien hubo una prestación
personal de la labor contratada, en lo que respecta a la remuneración, esta se dio mediante
honorarios pactados y, en el caso de la subordinación, nunca existió, toda vez que el objeto
contractual estaba conformado por la realización temporal de actividades con amplia
autonomía e independencia para el contratista.

v) No hay lugar a asimilar las actividades desarrolladas por el actor con una relación laboral,
cuando lo que realmente existió fue una relación de coordinación con la E.S.E. para el
correcto y efectivo cumplimiento del objeto contractual convenido, el cual estuvo amparado
por lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

vi) En ese orden de ideas, propuso como excepciones i) falta de causa para demandar, ii)
inexistencia de la obligación, iii) imposibilidad de existencia de la relación laboral; iv) la
innominada y, v) imposibilidad de condena en costas.

1.3. La sentencia apelada

Es objeto del recurso de apelación la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad, de 3 de agosto de 2017,2 a través de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, de conformidad con los siguientes argumentos:

i) Como cuestión previa, cabe resaltar que el demandante agregó en los folios 69 siguientes
la copia de una petición presentada el 16 de enero de 2012, en la cual, además de reclamar
algunos rubros salariales, también solicitó el pago de otros conceptos prestacionales, pero
no el reconocimiento de la existencia de una relación laboral. En respuesta, la entidad negó
el pago de las prestaciones sociales, porque entre las partes se había suscrito un contrato
de prestación de servicios.

1
Folios 138 al 150.
2
Folios 214 al 223.

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Demandante: Yonny Adelmo Vásquez Jiménez

Comoquiera que la acción contencioso-administrativa no fue presentada contra el anterior
acto, el cual ni siquiera fue mencionado en la demanda, y dado que éste no contiene la
solicitud principal de reconocimiento de una relación laboral, resulta impertinente su análisis
en el proceso.

ii) Sin embargo, en aras de una interpretación pro actione, la petición de reconocimiento de
las prestaciones sociales presentada el 16 de enero de 2012, «en el mejor de los casos»,
habría tenido la virtualidad de interrumpir el término prescriptivo por un tiempo igual, esto
es, por 3 años más; por lo que la demanda debió ser presentada hasta el mes de enero de
2015, y no el 21 de septiembre de 2015, como en efecto ocurrió.

iii) Ahora bien, de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968; el artículo 102
del Decreto Nacional 1848 de 1969; la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencias
C-916 de 2010 y C-072 de 1994; el artículo 187 la Ley 1437 de 2011; y la sentencia del
Consejo de Estado de 9 abril de 2014, expediente 2011-00142-01, si se finiquitó una
relación que inicialmente se pactó por contratos de prestación de servicios, el interesado
debe reclamar la declaración de la existencia de la relación laboral, ante la Administración,
dentro de los 3 años siguientes a la finalización del vínculo contractual.

iv) Así las cosas, puesto que la relación contractual entre las partes se terminó el 8 de
septiembre de 2011, y el actor presentó la petición de reconocimiento de la relación laboral
el 25 de marzo de 2015, es claro que entre ambas fechas transcurrieron más de tres años,
lo que hace efectiva la configuración del fenómeno prescriptivo.

v) Las razones anteriores llevan a concluir que el derecho a reclamar la existencia de la
relación laboral, por parte del demandante, se halla prescrito y, por ende, deben negarse
las súplicas de la demanda.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Del demandante:

El señor Yonny Adelmo Vásquez Jiménez, por conducto de apoderado, interpuso recurso
de apelación,3 el cual sustentó de la siguiente manera:

i) La sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia es violatoria de los principios de
justicia rogada e igualdad, comoquiera que no podía haber otorgado la excepción de
prescripción sin haber sido solicitada por la demandada; menos aún, cuando con ello se
favoreció la vulneración de los derechos constitucionales del trabajador, cuya relación
laboral se disfrazó por contratos de prestación de servicios.

ii) El juez adoptó la calidad de parte dentro del proceso, lo cual viola la Constitución y la
Convención Americana de Derecho Humanos, que en su artículo 8 establece la necesidad
de que toda persona tenga un juez independiente e imparcial.

iii) Existe error de derecho en la decisión, pues, al momento de resolverse el caso, no se
tenía un término establecido por la ley para reclamar la declaración, y se utilizó el de la

3
Folios 226 al 236.

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prescripción, el cual solo aplica para derechos adquiridos. Además, el artículo 282 del CGP
exceptúa del reconocimiento de oficio la excepción de prescripción.

iv) Se presenta error de hecho por falso juicio, porque «a la hora de considerar la decisión
se omitió la advertencia o salvedad del CGP de que no podía declararse de oficio la
excepción de prescripción».

v) Asimismo, la sentencia incurre en error de hecho por valoración defectuosa del material
probatorio y falso juicio de raciocinio, en razón de que el tribunal no debió «argumentar otra
prescripción con relación de la caducidad que solo tiene que ser vista frente al medio de
control (...)»; además, [se itera] «quien pretenda apararse por la prescripción debe pedirla,
y en caso de que no lo haga, no podrá cobijarse con ella».

1.4.2. De la parte demandada

Guardó silencio.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. Del demandante

Mediante memorial adjunto visible en el índice 31 del aplicativo Samai, el señor Yonny
Adelmo Vásquez Jiménez, por conducto de apoderado, reafirmó lo sostenido en el recurso
de alzada y, en ese sentido, solicitó tener en cuenta las motivaciones allí expresadas,
revocar la sentencia de primer grado y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la
demanda.

1.5.2. De la demandada

Guardó silencio.

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para
conocer del presente litigio, en segunda instancia. Por su parte, en atención al contenido
del artículo 328 del CGP, el juez de alzada únicamente debe pronunciarse respecto de los
argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante, apelante único en la
alzada, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la excepción de
prescripción podía ser declarada de oficio, como lo consideró el a quo para negar las
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pretensiones de la demanda, o, por el contrario, su estudio requería de su invocación por
la parte demandada.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Término de prescripción y momento a partir del cual se inicia. Reiteración de
jurisprudencia

En lo atinente a la prescripción de derechos laborales en el orden administrativo, el Decreto
3135 de 1968 – que previó la integración de la Seguridad Social entre el sector público y el
privado, y reguló el régimen prestacional de los empleados públicos y los trabajadores
oficiales- estableció, en su artículo 41, lo siguiente:

Artículo 41.- Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este
Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación
se haya hecho exigible.

Asimismo, debe señalarse que el precepto fue posteriormente reglamentado por el Decreto
1848 de 1969, que en su artículo 102 precisó y reiteró el mismo lapso:

Artículo 102.- Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de
1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha
en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual. (Negrillas fuera del texto)

Ahora, si bien lo expuesto no deja de ser un conjunto limitado de normas, ha tenido la
virtualidad de generar un amplio debate al interior de esta corporación, por las variadas
interpretaciones de que puede ser objeto.

De hecho, a día de hoy, pueden identificarse cuatro momentos, tesis o posiciones en lo
que concierne a la jurisprudencia del Consejo de Estado frente al tema de la prescripción
en el contrato realidad: i) la prescripción trienal se cuenta desde terminación de último
contrato de prestación de servicios;4 ii) la prescripción trienal se cuenta desde la sentencia
constitutiva de la relación laboral;5 iii) la prescripción trienal se cuenta desde la sentencia
declarativa, pero el contratista debe reclamar sus derechos a la administración dentro de
los 3 años siguientes a la terminación del último contrato;6 iv) la prescripción trienal se

4
Consejo de Estado: (i) sentencia de 7 de abril de 2005, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, expediente No. 23001-23-31-000-2001-
00686-01, nulidad y restablecimiento del derecho; (ii) sentencia de 7 de abril de 2005, C. P. Jesús María Lemos Bustamante, expediente
No. 23001-23-31-000-2001-00050-01, nulidad y restablecimiento del derecho; y (iii) sentencia de 18 de agosto de 2005, C. P. Jesús
María Lemos Bustamante, expediente No. 23001-23-31-000-2001-00050-01, nulidad y restablecimiento del derecho, entre otras.
5
Consejo de Estado: (i) sentencia de 6 de marzo de 2008, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; radicado: 23001-23-31-000-2002-
00244-01, nulidad y restablecimiento del derecho; y (ii) sentencia de 17 de abril de 2008, C. P. Jaime Moreno García, expediente No.
54001-23-31-000-2000-00020-01, nulidad y restablecimiento del derecho. Cfr. Consejo de Estado: (i) Sentencia de 4 de marzo de 2010,
C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente No. 85001-23-31-000-2003-00015-01; y Sentencia de 15 de abril de 2010, C.P.
Bertha Lucía Ramírez de Páez, expediente No. 08001-23-31-000-2003-00455-01.
6
Consejo de Estado, sentencia de 19 de febrero de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez; radicado: 73001-23-31-000-2000-03449-
01, nulidad y restablecimiento del derecho.

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cuenta desde la sentencia declarativa, pero el contratista debe reclamar sus derechos a la
Administración dentro de los 5 años siguientes a la terminación del último contrato. 7

No obstante lo anterior, esta Sección unificó su criterio y, en la actualidad, «(...) cualquier
asunto que involucre periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que
la Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016, 8 la cual estableció, a efectos de
declarar probada la excepción de prescripción en los contratos de prestación de
servicios»,9 lo siguiente:

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su
vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)

En ese orden de ideas, «la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia
de prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral encubierta
o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no se presenta la
reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3 años siguientes a la
terminación del vínculo develado como laboral».10

2.3.2. Prescripción de oficio en materia contenciosa-administrativa

Ha de comenzar por recordarse que la prescripción «es la institución que, uniendo el tiempo
a otros requisitos o presupuestos, produce como efecto la adquisición o la extinción del
derecho»11. En tal sentido, el artículo 2512 del Código Civil la concibe como «(…) un modo
de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse
poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso
de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales».

Como se observa, la norma civil distingue dos tipos de prescripción: la adquisitiva y la
extintiva; esta última, también conocida como «prescripción en sentido estricto»,12 es
definida por la doctrina como «una causa de extinción del derecho subjetivo cuando éste
permanece inactivo e reconocido, es decir, cuando el titular no lo ejercita ni el obligado lo
reconoce, durante cierto tiempo».13 En el caso de las acciones judiciales, este tiempo,
según el artículo 2535 ejusdem, se cuenta «desde que la obligación se haya hecho
exigible».

Ahora bien, es común que en algunos escenarios se confunda la prescripción con la
caducidad; sin embargo, en materia contencioso-administrativa existen notorias diferencias
que hacen distinguir con claridad ambos conceptos. Así, respecto de la prescripción, la
jurisprudencia ha dicho que «(…) es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un
derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo de acuerdo a las
condiciones descritas en las normas que para cada situación se dicten, bien sea en materia

7
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 8 de mayo de 2014; radicado: 08001-23-31-000-2012-02445-01, nulidad y
restablecimiento del derecho; C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E)
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 0088-2015, CESUJ2, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre de 2021.
10
Ibídem.
11
O'CALLAGHAN, Xavier. Compendio de derecho civil. Tomo 1, 4 Edición, EDERSA, 2002.
12
Ibídem.
13
Ibídem.

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adquisitiva o extintiva».14 Mientras que, sobre la caducidad, la ha considerado como «(…)
el fenómeno jurídico procesal a través del cual el legislador, en uso de su potestad de
configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder
a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia». 15

A este respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 16 ha reconocido lo
siguiente:

El fin de la prescripción es tener extinguido un derecho que, por no haberse
ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; (...) Por ello en la
prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia
real o supuesta del titular; (...)

Como ya se enunció previamente, esta figura crea una verdadera carga procesal, en tanto
que establece una conducta facultativa para el demandante de presentar su acción en el
término que le concede la ley so pena de perder su derecho. Su falta de ejecución genera
consecuencias negativas para éste, que en principio resultan válidas pues es su propia
negligencia la que finalmente permite o conlleva la pérdida del derecho. De allí que si el
titular no acude a la jurisdicción en el tiempo previsto por las normas procesales para hacerlo
exigible ante los jueces, por no ejercer oportunamente su potestad dispositiva, puede correr
el riesgo serio de no poder reclamar su derecho por vía procesal, e incluso de perderlo de
manera definitiva.

[...]

A su turno, la Sección Segunda del Consejo de Estado 17 ha considerado que:

La prescripción se define como la acción o efecto de “(...) adquirir un derecho real o
extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo en las
condiciones prevista por la ley’ o en otra acepción como (...) concluir o extinguirse una carga,
obligación o deuda por el transcurso del tiempo” (...)

Lo anterior significa que para el ejercicio de los derechos, el ordenamiento jurídico prevé un
tiempo determinado dentro del cual debe solicitarse su ejecución, y si transcurre dicho
tiempo y no se solicitó, se traduce en la pérdida de interés para ejercerlo.

Ahora, si bien es cierto que los artículos 2513 del Código Civil y 282 del Código General del
Proceso establecen, como una de las características de la prescripción, que el juez no
puede reconocerla de oficio, sino que tiene que ser alegada por la parte demandada como
excepción, también lo es que el inciso 2.º del artículo 187 del CPACA, norma especial que
rige la materia, instituye que, en el proceso contencioso administrativo, es deber del juez
de primera o de segunda instancia decidir sobre todas las excepciones que encuentre
probadas, aunque ellas no hayan sido propuestas por las partes:

Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se
hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las
pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios
para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los
textos legales que se apliquen.

14
Consejo de Estado, sentencia de 8 de mayo de 2014, C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E), expediente 08001-23-31-000-
2012-02445-01, nulidad y restablecimiento del derecho.
15
Ibídem.
16
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de noviembre 8 de 1999. Exp. 6185. Magistrado ponente: Jorge Santos
Ballesteros.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 9 de mayo de 2013. Consejero ponente: Gerardo Arenas
Monsalve. Expediente 08001-23-31-000-2011-00176-01 (1219-12).

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9

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01983-01 (4171-2017)
Demandante: Yonny Adelmo Vásquez Jiménez

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el
superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la no reformatio in pejus. [Negrillas fuera del texto]

[...]

En definitiva, con base en análisis normativo y jurisprudencial que antecede, puede
concluirse que la prescripción de un derecho sí es posible decretarla de oficio por el juez
del proceso contencioso, sin que sea requisito para su estudio que haya sido propuesta por
la contraparte, dado que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley 1437
de 2011, en la sentencia definitiva, el juez administrativo debe decidir sobre «las
excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada», y, por
tratarse de una norma especial para esta jurisdicción, prima sobre las reglas generales de
otros procedimientos, como lo sería, para este caso particular, el Código General del
Proceso.

2.4. Hechos probados

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. Sobre la relación que alega el demandante

i) Entre el 6 de septiembre de 2010 y el 8 de septiembre de 2011, el señor Yonny Adelmo
Vásquez Jiménez celebró los siguientes contratos de prestación de servicios con la E.S.E:
Hospital Francisco Valderrama de Turbo (Antioquia):

Contrato núm. Inicio Finalización Duración Objeto
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR
PARTE DEL CONTRATISTA, EN SU CALIDAD DE
6 de 31 de
229 de 2010 3 meses y MÉDICO PARA EL S.S.O. Y LAS ACTIVIDADES
septiembre diciembre de
[fs. 50 al 53] 25 días INHERENTES AL S.S.O. EN LA E.S.E. HOSPITAL
de 2010 2010
FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO Y SUS
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ADSCRITOS.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR
PARTE DEL CONTRATISTA, EN SU CALIDAD DE
8 de
006 de 2011 3 de enero 8 meses y MÉDICO PARA EL S.S.O. Y LAS ACTIVIDADES
septiembre
[fs. 58 al 61] de 2011 5 días INHERENTES AL S.S.O. EN LA E.S.E. HOSPITAL
de 2011
FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO Y SUS
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ADSCRITOS.

ii) El 9 de septiembre de 2011, el coordinador de Talento Humano de la E.S.E. Hospital
Francisco Valderrama de Turbo certificó que el señor Yonny Adelmo Vásquez Jiménez i)
fue vinculado mediante contratos de prestación de servicios 229 de 2010 y 006 de 2011, en
virtud de la Resolución 1058 de 2010, que en sus artículos 10 y 15 permite este tipo de
vinculaciones por un año; ii) cumplió con el Servicio Obligatorio, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes. 18

iii) Entre los meses de diciembre de 2010 y septiembre de 2011, el señor Yonny Adelmo
Vásquez Jiménez, junto a otros profesionales, fue incluido en el «Cuadro de turnos personal

18
Folios 67 y 68.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01983-01 (4171-2017)
Demandante: Yonny Adelmo Vásquez Jiménez

médico» de la E.S.E. Francisco Valderrama como «médico rural por prestación de
servicios».19

2.4.2. En relación con la reclamación en sede administrativa

i) El 16 de enero de 2012, el señor Vásquez Jiménez, mediante derecho de petición dirigido
al gerente interventor de la E.S.E. Hospital Francisco Valderrama, solicitó lo siguiente:

(...) el pago de los honorarios médicos correspondientes al mes de agosto de 2011, los nueve
(9) días del mes de septiembre de 2011, los correspondientes viáticos de los meses de julio
y agosto de 2011. De igual forma el pago de la liquidación, las cesantías y sus
correspondientes intereses, pago de primas, vacaciones, el pago de la Seguridad Social
Integral y novedades generadas, recargos nocturnos, festivos y compensatorios, todo por el
periodo de un (1) año, tiempo en el cual desarrollé mis actividades en dicha institución .20

ii) A través de oficio sin fecha visible, el jefe de la Oficina Jurídica de la E.S.E. Hospital
Francisco Valderrama dio respuesta negativa a las peticiones del señor Vásquez Jiménez
relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales y, respecto de los honorarios
adeudados, le indicó que los del mes de agosto de 2011 ya le habían sido cancelados,
mientras que, para los correspondientes al mes de septiembre, debía, previamente,
acreditar el pago de la Seguridad Social.21

iii) El 25 de marzo de 2015, el demandante, en ejercicio del derecho de petición, solicitó a
la E.S.E. Hospital Francisco Valderrama de Turbo «declarar» la existencia «de un contrato
de trabajo realidad del 6 de septiembre de 2010 al 8 de septiembre de 2011», el
reconocimiento y pago de salarios mensuales como empleado, así como la cancelación de
las demás prestaciones sociales derivadas de la relación laboral y sus correspondientes
intereses moratorios. 22

iv) El 17 de abril de 2015, a través de oficio sin número, el gerente de la E.S.E. Hospital
Francisco Valderrama negó las peticiones al señor Vásquez Jiménez, en razón de que,
según los archivos de la institución, la vinculación que existió entre esta y aquel tuvo
carácter contractual «de conformidad con lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 80 de
1993 [la cual] no genera prestaciones sociales».23

2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

El presente recurso de apelación se formula contra la sentencia del 3 de agosto de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, negatoria de
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada contra
el oficio sin número de fecha 17 de abril de 2015, a través del cual el gerente de la E.S.E,
Hospital Francisco Valderrama de Turbo negó la petición de reconocimiento de una relación
laboral y del pago de las correspondientes prestaciones sociales al señor Yonny Adelmo
Vásquez Jiménez.

19
Folios 74 al 105.
20
Folios 69, 70 y 71.
21
Folios 72 y 73.
22
Folios 106 al 109.
23
Folios 110 y 111.

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Demandante: Yonny Adelmo Vásquez Jiménez

Teniendo en cuenta que los motivos de inconformidad del demandante, en tanto apelante
único, se circunscriben a señalar una presunta falta de competencia del tribunal para
declarar de oficio la excepción de prescripción, es necesario, para resolver la alzada, dar
respuesta al siguiente interrogante.

2.5.1. ¿El juez contencioso administrativo, al momento de dictar sentencia, puede
declarar de oficio la excepción de prescripción, o, por el contrario, este medio
exceptivo solo procede a petición de parte?

Retomando los motivos de la apelación, la parte demandante manifiesta que el a quo no
podía declarar la excepción de prescripción sobre los derechos reclamados, por cuanto la
entidad demandada no la formuló en el escrito de contestación y, en ese sentido, no puede
ser declarada de oficio por ningún juez de la República.

A este respecto, el apelante enfatiza en lo preceptuado por el artículo 282 de la Ley 1564
de 2012,24 bajo el entendido de que los jueces, cuando hallen probados los hechos que
constituyan una excepción, deberán reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las
de prescripción, compensación y nulidad relativa.

Pues bien, a propósito, la Sala de Subsección advierte que el problema jurídico planteado
encuentra respuesta expresa en la norma especial que regula los procesos de conocimiento
de la jurisdicción contencioso-administrativa, esto es, el artículo 184 de la Ley 1437 de
2011, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se
hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas
y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para
fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos
legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie
y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in
pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá
estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.

Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando
como base el Índice de Precios al Consumidor. [Negrillas fuera del texto]

Como se anticipó, el anterior precepto se erige como la norma especial que rige la
jurisdicción contenciosa-administrativa y, por tanto, es de aplicación preferente, en virtud
de lo previsto por el artículo 306 ejúsdem, que solo permite la remisión al Código General
del Proceso en los aspectos no regulados por la Ley 1437 de 2011.

24
ARTÍCULO 282. RESOLUCIÓN SOBRE EXCEPCIONES. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que
constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa,
que deberán alegarse en la contestación de la demanda.
Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada.
Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de
examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella excepción resolverá sobre las otras, aunque quien la
alegó no haya apelado de la sentencia.
Cuando se proponga la excepción de nulidad o la de simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación debatida en
el proceso, el juez se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo
fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario se limitará a declarar si es o no fundada la excepción.

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Demandante: Yonny Adelmo Vásquez Jiménez

Al tenor de la norma trascrita, a diferencia de lo considerado por la parte recurrente, es
evidente que el juez contencioso-administrativo, en este caso el Tribunal Administrativo
Antioquia, contaba con la facultad de declarar de oficio la excepción de prescripción, puesto
que la ley especial aplicable (Ley 1437 de 2011) así lo permite en caso de encontrarla
probada, de tal manera que, aunque en el presente caso la entidad demandada no solicitó
su declaración, sí procedía su análisis al momento de proferir sentencia, como en efecto
ocurrió.

Por su parte, el artículo 182A, adicionado por la Ley 2080 de 2021 a la Ley 1437 de 2011,
en su numeral tercero, respecto de la sentencia anticipada, mantuvo la potestad oficiosa
del juez para declarar probada de oficio, en cualquier estado del proceso, la excepción de
prescripción.25

Para una mejor comprensión del asunto, es preciso recordar que la Ley 1437 de 2011 prevé
la formulación de excepciones previas y de fondo. Las primeras, es decir, las previas, deben
ser resueltas en la audiencia inicial y, las de fondo, en la sentencia, por oponerse a la
prosperidad de las pretensiones.

En el caso bajo estudio, el a quo declaró probada en la sentencia, y de manera oficiosa, la
excepción de prescripción, medio exceptivo que no reviste la naturaleza de previa, pero sí
de perentoria, en tanto no pretende enderezar o subsanar irregularidades procesales, sino
que extingue el derecho reclamado. De hecho, la aludida excepción no se enlista o forma
parte de las excepciones previas de que trata el artículo 100 de la Ley 1564 de 2012.26

Ahora bien, recordando que el recurrente alega que, conforme al artículo 282 del Código
General del Proceso, al juez administrativo le estaba vetado pronunciarse oficiosamente
acerca de la excepción de prescripción, so pena de incurrir en la vulneración de los
derechos de igualdad y justicia rogada, así como en los errores de hecho y derecho por
aplicación indebida de normas, debe precisarse lo siguiente:

i) La Corte Constitucional, en la sentencia C-576 de 2004, respecto del mismo tema en
análisis, determinó lo siguiente: «Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las
normas especiales prevalecen sobre las normas generales. Así lo contempla en forma
general el ordenamiento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 5º de la Ley 57 de 1887
que si en los códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas
disposiciones incompatibles entre sí, “la disposición relativa a un asunto especial prefiere a
la que tenga carácter general”».

25
«Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: (...)
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación,
la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.»
26
ARTÍCULO 100. EXCEPCIONES PREVIAS. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones
previas dentro del término de traslado de la demanda:
1. Falta de jurisdicción o de competencia.
2. Compromiso o cláusula compromisoria.
3. Inexistencia del demandante o del demandado.
4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.
5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.
6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de
comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.
7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.
8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.
9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.
10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.
11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada.

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Demandante: Yonny Adelmo Vásquez Jiménez

ii) En este contexto, desde el punto de vista de la consagración normativa, se tiene que:

Artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 Artículo 282 de la Ley 1564 de 2012

CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia RESOLUCIÓN SOBRE EXCEPCIONES. En
tiene que ser motivada. En ella se hará un cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle
breve resumen de la demanda y de su probados los hechos que constituyen una
contestación y un análisis crítico de las excepción deberá reconocerla oficiosamente
pruebas y de los razonamientos legales, de en la sentencia, salvo las de prescripción,
equidad y doctrinarios estrictamente compensación y nulidad relativa, que deberán
necesarios para fundamentar las alegarse en la contestación de la demanda.
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y Cuando no se proponga oportunamente la
precisión y citando los textos legales que se excepción de prescripción extintiva, se
apliquen. entenderá renunciada.

En la sentencia se decidirá sobre las Si el juez encuentra probada una excepción
excepciones propuestas y sobre cualquiera que conduzca a rechazar todas las
otra que el fallador encuentre probada El pretensiones de la demanda, debe abstenerse
silencio del inferior no impedirá que el superior de examinar las restantes. En este caso si el
estudie y decida todas la excepciones de superior considera infundada aquella
fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la excepción resolverá sobre las otras, aunque
no reformatio in pejus. quien la alegó no haya apelado de la
sentencia.
Para restablecer el derecho particular, la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo Cuando se proponga la excepción de nulidad
podrá estatuir disposiciones nuevas en o la de simulación del acto o contrato del cual
reemplazo de las acusadas y modificar o se pretende derivar la relación debatida en el
reformar estas. proceso, el juez se pronunciará expresamente
en la sentencia sobre tales figuras, siempre
Las condenas al pago o devolución de una que en el proceso sean parte quienes lo fueron
cantidad líquida de dinero se ajustarán en dicho acto o contrato; en caso contrario se
tomando como base el Índice de Precios al limitará a declarar si es o no fundada la
Consumidor. excepción.

iii) Del análisis del contenido de los preceptos jurídicos citados, la Sala observa que el
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 consagró la facultad al juez administrativo para
pronunciarse, sin límite alguno, sobre las excepciones propuestas o no dentro del proceso.
En cambio, el artículo 282 de la Ley 1564 de 2012 sí restringió la facultad oficiosa respecto
de las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa.

iv) En consecuencia, según el examen normativo abordado y acudiendo al criterio de
especialidad fijado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional a partir del artículo 5.º
de la Ley 57 de 1887, en el sub lite resulta aplicable lo establecido en el artículo 187 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto este
mismo dispuso, de forma específica y referida al proceso ordinario contencioso-
administrativo, la manera en la cual el fallador debe pronunciarse en la sentencia sobre las
excepciones probadas, sin que exista justificación legal para que se tenga que acudir a lo
preceptuado en el artículo 282 de la Ley 1564 de 2012, en tanto la remisión normativa solo
opera cuando la materia no haya sido contemplada en la Ley 1437 de 2011, conforme lo
prevé el artículo 306 ejusdem.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01983-01 (4171-2017)
Demandante: Yonny Adelmo Vásquez Jiménez

En ese orden de ideas, el argumento de apelación presentado por la parte demandante no
está llamado a prosperar y, en consecuencia, la sentencia del Tribunal Administrativo de
Antioquia, de 3 de agosto de 2017, deberá ser confirmada.

2.6. De la condena en costas

Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de 2016, 27 respecto de la condena en costas
en vigencia del CPACA, concluyó que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala que
«salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil», hoy Código General del Proceso, y expuso las siguientes
conclusiones:

• La legislación varió del C.P.C. al CPACA para la condena en costas de un criterio
subjetivo a uno objetivo.
• Toda sentencia «dispondrá» sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con
abstención.
• Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso).
• La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la
posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o
si es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal.
• Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.

Conforme a esa orientación y de acuerdo con la posición fijada por esta Subsección,28 la
Sala considera que en este caso no debe imponerse la condena en costas de segunda
instancia, toda vez que si bien la parte apelante resultó vencida, la demandada no intervino.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos,
fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio, y en el acervo probatorio,
la Sala concluye que el juez contencioso-administrativo sí está facultado para declarar de
oficio la excepción de prescripción, en virtud de lo preceptuado por el Código Administrativo
y de lo Contenciosos Administrativo sobre el particular, razón por la cual debe confirmarse
la sentencia de primera instancia. Sin condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la
autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Oralidad, de 3 de agosto de 2017, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso

27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco
Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
28
Se puede ver, entre otras, la sentencia de 14 de julio de 2016, radicado 2013-00270-03 (3869-2014).

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01983-01 (4171-2017)
Demandante: Yonny Adelmo Vásquez Jiménez

de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Yonny Adelmo Vásquez
Jiménez contra la E.S.E. Hospital Francisco Valderrama de Turbo (Antioquia), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las respectivas anotaciones
en el aplicativo Samai.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente en comisión Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

CBT

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