Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2015-02002-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2015-02002-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2015-02002-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2015-02002-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
9 de junio de 2022
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante AMTEX S.A.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Renta 2011. Inspección Tributaria. Firmeza de la declaración.
Atribución costos indirectos de producción. Deducciones. Pagos al
exterior por comisiones. Pago de honorarios. Pagos por seguros
de vida a empleados y ejecutivos
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 20 de noviembre de 2019 (fls.1112 a 1132), proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR que el Tribunal está inhibido para conocer respecto al requerimiento
especial demandado, por las razones expuestas.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expresado en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandante. Las agencias
en derecho serán fijadas de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.»
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 19 de abril de 2012, la sociedad presentó la declaración del impuesto de renta
del año gravable 2011, en la que liquidó el tributo por el sistema de renta presuntiva,
y registró un saldo a favor de $1.344.951.000.
Mediante Requerimiento Especial Nro. 112382014000098 del 21 de agosto de
2014, la DIAN propuso a la actora la modificación de la declaración del impuesto
sobre la renta del año gravable 2011, rechazando costos de ventas por
$230.141.000 por considerar que había un imputación errónea de los costos
indirectos de fabricación CIF, gastos por honorarios pagados a abogados por
$290.847.000; gastos por seguros de vida colectiva y a ejecutivos de $39.492.348;
erogaciones por indemnización por daño de vehículo de $13.400.000; pagos de
asistencia técnica de $88.823.360; pagos a personas no inscritas en el RUT por
$17.247.668; y, comisiones pagadas al exterior en la suma de $847.693.971.
No obstante, los anteriores rechazos no se generó un mayor impuesto de renta dado
que se mantuvo la determinación del tributo por el sistema de renta presuntiva.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
Previa respuesta al requerimiento especial, la DIAN notificó a la contribuyente el 22
de mayo de 2015 la Liquidación Oficial de Revisión Nro.112412015000063 del 20
de mayo de 2015 en los términos propuestos en el requerimiento especial, pues
aunque la contribuyente manifestó en la respuesta a dicho acto previo, que
aceptaba el rechazo de la indemnización por daño de vehículo por $13.400.000 y
una parte de los pagos a personas no inscritas en el RUT equivalente a $2.940.000,
no corrigió la declaración en ese sentido.
La contribuyente prescindió del recurso de reconsideración y acudió directamente a
la jurisdicción contenciosa.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
pretensiones (fls.918 a 920 c2):
«A. PRINCIPAL.
1. A título de nulidad.
Respetuosamente solicito ante su Honorable Despacho se sirva declarar la Nulidad Absoluta
de la Liquidación Oficial de Revisión No. 112412015000063 del 20 de mayo de 2015 proferida
por la Dirección de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín,
en razón a que la Declaración del Impuesto sobre la Renta presentada por mi poderdante se
encuentra en firme desde el 1 de junio de 2014, y el Requerimiento Especial como Acto
Administrativo preparatorio de la discusión que nos ocupa, fue notificado en forma
extemporánea el 23 de agosto de 2014, momento en que la Declaración Privada ya se
encontraba en firme y era inmodificable por la Autoridad Tributaria (Anexos 6, 7, 19 , 20, 21
22 y 72).
2. A título de Restablecimiento del Derecho
Como Restablecimiento del Derecho, solicito respetuosamente a los Honorables Magistrados,
se sirvan declarar la firmeza de la Declaración Privada del Impuesto sobre la renta del período
gravable 2011 presentada por mi representada, la cual se concretizó en virtud del paso del
tiempo desde el pasado 1 de junio de 2014.
B. SUBSIDIARIA.
1. A título de Nulidad.
Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados se sirvan declarar la Nulidad
Absoluta de la Liquidación Oficial de Revisión No. 112412015000063 del 20 de mayo de
2015, proferida por la Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de
Medellín - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, en razón a que dicho Acto
Administrativo fue expedido a partir de una transgresión de las disposiciones constitucionales,
legales y normativas que rigen el particular, puesto que la Compañía determinó su renta líquida
conforme la normativa aplicable.
En caso que (sic) se acepten parcialmente los argumentos expuestos en el presente Medio
de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, solicito respetuosamente a su
Honorable Despacho se sirva declarar la Nulidad Parcial del Acto Administrativo Demandado,
derivada de los fundamentos de derecho aceptados.
2. A título de Restablecimiento del Derecho.
Respetuosamente solicito a su Honorable Despacho que como consecuencia de la Nulidad
Absoluta del Acto Administrativo demandado, se sirva ordenar la declaratoria de la firmeza de
la declaración privada del impuesto sobre la renta presentada por AMTEX para el año gravable
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
2011 mediante Formulario No. 1102601529657 presentada el 19 de abril de 2012 y, se archive
del proceso de forma definitiva, en razón a que la Compañía obró conforme con la normativa
aplicable.
En caso que (sic) se acepten parcialmente los argumentos expuestos por AMTEX durante
este proceso, solicito respetuosamente a su Despacho que determine el importe relacionado
con el exceso de renta presuntiva que se originó en la declaración del impuesto de renta del
año gravable 2011 presentada por la Compañía el 19 de abril de 2012.
C. PRETENSIÓN COMÚN A TODAS - COSTAS DEL PROCESO Y AGENCIAS EN
DERECHO.
Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que, teniendo en cuenta que el Acto
Administrativo demandado, procuró modificar una Declaración del Impuesto sobre la Renta
que se encuentra en firme, y adicionalmente en las modificaciones acotadas contradijo el
ordenamiento jurídico en forma flagrante, se condene en costas a la parte Demandada, como
consecuencia de la declaratoria de Nulidad Absoluta o Parcial del Acto Administrativo
demandado.
Las costas y agencias en derecho se solicitan de conformidad con el contenido normativo
determinado en los artículos 188 del CPACA y 361, 363, 364, 365, y 366 del Código General
del Proceso, y en concordancia con los numerales 3.1., 3.1.2., y 3.1.3., del Acuerdo 1887 de
2003.»
A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas vulneradas los
artículos 95 numeral 9° de la Constitución Política; 164, 165, 167 y 240 del Código
General del Proceso; 58, 62, 107, 121, 683, 705, 706, 714, 730, 742 a 746, 750,
752, 753 y 779 del Estatuto Tributario; 63 del Decreto 2649 de 1993; y, 1° de la
Resolución 2996 de 1975.
El concepto de la violación de esas disposiciones se resume así (fls.916 a 1000):
1. Firmeza declaración privada
Dijo que los actos demandados se encuentran viciados de nulidad porque la
declaración se encuentra en firme, debido a que la inspección tributaria que fue
decretada en realidad no se dio. Por esa razón, no tuvo la virtualidad de suspender
el término de notificación del requerimiento especial.
Discutió que, a pesar de que la Administración practicó varias visitas de verificación
al contribuyente, en las que constató los hechos determinantes de la investigación
que fueron cuestionado, posteriormente, expidió un auto de inspección tributaria que
se limitó a solicitar copia de unos documentos que ya habían sido aportados por la
sociedad y, otros que no eran relevantes en la investigación.
Advirtió que la solicitud de esos documentos no constituye una inspección tributaria,
porque no tuvo por objeto verificar la declaración de la compañía, ni constatar los
hechos determinantes de la investigación, dado que, desde antes de la expedición
del auto de inspección tributaria, la Administración ya había expuesto en forma clara
y expresa los conceptos a glosar.
Por la misma razón, es manifiesto que la DIAN incurrió en una aplicación indebida
a los artículos 706 y 779 del Estatuto Tributario y dejó de aplicar los artículos 705 y
714 ibidem. Los primeros, porque el terminó para notificar el requerimiento especial
no se suspendió, razón por la que la liquidación privada quedó firme luego del 31
de mayo de 2014, y los segundos, porque la Administración pretendió modificar una
declaración tributaria en firme. Asimismo, constituye una falsa motivación que se
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
alegue por parte de la Administración la suspensión del término para notificar el
requerimiento especial cuando en realidad la inspección Tributaria no se practicó.
2. Rechazo deducción por comisiones de venta en el exterior
Manifestó que los actos demandados también están falsamente motivados porque
el rechazo de la deducción por pagos de comisiones de venta en el exterior por
$847.693.971 a las empresas Amtex Uruguay (AUY) y Transpacific Trading
Company -TTCI- (en adelante, agente principal) se sustentó en que tal agencia
comercial había sido constituida única y exclusivamente para «evadir» impuestos en
Colombia. Y, que esos pagos no eran necesarios porque la contribuyente
desarrollaba directamente su actividad generadora de renta en países como
Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil o Indonesia sin contar realmente con un agente
de ventas.
Señaló que de conformidad con el contrato de intermediación y representación
comercial, las sociedades que fungieron como agente principal se comprometieron
a desarrollar todas las funciones de intermediación y representación comercial que
requiriera la demandante, en forma directa o a través de terceros, en las
jurisdicciones de Venezuela, Perú, Chile, Brasil y Ecuador, entre otros países, en
los cuales realizarían la promoción de ventas, manejo de clientes, así como la venta
y distribución de los productos. Adicionalmente, el agente principal estaría en la
obligación de coordinar el asesoramiento técnico que brindaría la demandante a los
clientes finales.
Precisó que las operaciones se realizaron mediante tres canales de distribución y
comercialización:
El primero “ventas directas al exterior”, por el cual desarrolla aproximadamente el
38% del volumen de la operación internacional, bajo este canal la demandante
enajena y despacha en forma directa los productos a los clientes finales, los cuales
son obtenidos y acordados por las oficinas comerciales del agente principal Amtex
S.A. Uruguay (AUY), quien las coordina y dirige en su calidad de representante y
agente comercial. Señala que, este canal se utiliza para casos en que se enajenan
cantidades que ocupen un contenedor completo de producto.
El segundo canal, que involucra el 62% del volumen de la operación comercial
internacional, se utiliza para ventas de menor volumen individual y bajo ese
esquema, las funciones de la demandante se circunscriben a la producción de los
bienes a enajenar y al desarrollo de las visitas técnicas que requieran los clientes
finales. Señala que vez realizados los contactos comerciales por parte de las
Oficinas Comerciales, éstas compran los productos a comercializar a la
demandante, y posteriormente, se encargan según las definiciones previas del
agente principal de revender los productos a los Clientes Finales.
Y el tercer canal , que aunque no fue utilizado en el año 2011, se concreta en la
venta en forma directa a AUY de los productos que ésta sociedad requiera y, esta
posteriormente los enajena directamente, sin desarrollar ninguna actividad
comercial como agente o representante, por lo que no se le paga comisión de venta
alguna.
Adujo que todo lo expuesto, también lleva a desvirtuar que no es cierto que esta
expensa no cumpla con el requisito de necesidad del artículo 107 del Estatuto
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
Tributario, pues la disposición aplicable era la consagrada en el artículo 121 ibidem,
que se circunscribe a determinar que la deducibilidad de la expensa es procedente
en los casos en que se demuestre la relación de causalidad con la actividad
generadora de renta.
Indicó que los presupuestos del citado artículo 121 en concordancia con artículo 1°,
de la Resolución 2996 de 1975 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se
verifican cumplidos en el sentido que: (i) se incurrió en un erogación por pagos al
exterior derivada de la enajenación de mercancías fuera del país en desarrolló del
objeto social de la compañía, lo cual lleva a un incremento de los ingresos de la
demandante en Colombia; (ii) el comisionista receptor del pago se encuentra
ubicado en el exterior; (iii) el pago de la comisión estaba atado a las ventas de
mercancía en el exterior realizadas en virtud de las gestiones directas o indirectas
realizadas por el comisionista, pues de no gestionarse y realizarse la venta no se
generaría la comisión; (iv) una vez cumplida la gestión de intermediación y
representación, concretizada la venta en el exterior y recibido el pago por la misma,
la demandante pagó la comisión generada, y (v) el porcentaje de la comisión
pactada entre la demandante y su agente fue del 5% del valor de la operación de
venta de la mercancía en el exterior.
En cuanto a la acreditación de los requisitos generales de deducibilidad del artículo
107 del Estatuto Tributario, advirtió que la necesidad de contratar un agente
comercial se concreta en que adicional a que la Compañía se encuentra ubicada en
la ciudad de Medellín, sin la gestión del agente comercial se vería en la obligación
de adelantar en forma directa la labor de mercadeo, generando un impacto
financiero operativo a los costos y gastos de la compañía en forma superior a las
comisiones pagadas, afectando así el recaudo.
Dijo que otro argumento de rechazo de la deducción, está referido al testimonio
rendido por un accionista de la demandante, el 24 de abril de 2007, antes de la
existencia de AUY, que señala que la estructura de los pagos al exterior no tenía
sustancialidad de negocios. Frente a lo cual advirtió, que además, de la
improcedencia de la prueba testimonial para rechazar la deducción, se evidencia
que la demandada se fundamenta en una especulación lanzada en el año 2007,
para cuestionar una deducción del año 2011, lo cual es manifiestamente
improcedente, al no ser posible acreditar un hecho futuro y posterior con un
testimonio anterior.
En lo referente a los supuestos indicios de simulación que se plantean en la
actuación demandada, manifestó que no están probados en el proceso, así:
• Indicio 1: Contrariamente a lo que la Administración ha interpretado de los
informes de AUY, los reportes trimestrales que esta envía a la demandante
demuestran claramente que la primera desarrolló claros esfuerzos para
atender a los clientes existentes y para obtener clientes nuevos. Que en un
reporte trimestral no aparecen los detalles técnicos pormenorizados, porque
se enfoca en resumir actividades y transmitir los movimientos del mercado. Y
los detalles técnicos y desarrollo de clientes se evidencia en la muestra de
mensajes que se ha aportado al expediente.
• Indicio 2: No es un indicio sino una interpretación personal del funcionario a
cargo, la apreciación referida a que las oficinas comerciales son compradoras
de los productos de la demandante y no subagentes de esta, pues los reportes
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
trimestrales dan cuenta que el mercado de CMC ha sido invadido con
productos de origen chino a precios más bajos, de manera que dichas oficinas
podrían adquirir esos productos, pero no lo hacen porque existe una obligación
contractual del agente principal y este impone a sus subagentes que
distribuyan los productos de Amtex S.A. y no de otro fabricante.
• Indicio 3: Debido a que el producto CMC requiere de una venta técnica por ser
un aditivo en las aplicaciones de los clientes, la asesoría técnica en asuntos
complejos es realizada directamente por la demandante y no por el agente
principal o el local, pero eso no demerita el acompañamiento que hace el
agente local a las ventas durante todo el proceso de asesoría al cliente, en el
entendimiento del proceso productivo del cliente, reunirse con el cliente para
entender y transmitir a la planta el problema específico que encuentra el cliente
en la aplicación, estar presente en los ensayos que hace el cliente con las
muestras enviadas y coordinar en su caso con el cliente la visita de uno de los
ingenieros de Amtex S.A. en caso que la solución técnica requiera una
apreciación directa del personal técnico de mi representada.
• Indicio 4: No es cierta la supuesta falta de prueba de que las relaciones entre
la demandante y los subagentes comerciales son promovidas por AUY, pues
con la respuesta al requerimiento especial se entregaron las declaraciones
notariales originales de los representantes legales de las oficinas locales que
demuestran que AUY les paga una comisión por las ventas directas que la
actora hace al territorio asignado a cada una de ellas.
• Indicio 5: Es errada la apreciación en cuanto a que se pagó a un asistente
técnico una comisión de $158.170.772 calculada sobre las ventas
supuestamente generadas por la agencia comercial, pues tal comisión no es
una cifra liquidada sobre las ventas de la agencia comercial, sino que
corresponde al salario del ingeniero químico Sinforoso Valencia, en virtud de
un contrato laboral suscrito en el año 2006, cuyo objeto era la contratación del
profesional como director técnico en la línea de resinas acrílicas y de polímeros
funcionales, es decir, labores de investigación y desarrollo y escalamiento en
planta, actividades distintas al servicio de agente comercial.
• Indicio 6: Es un error el «indicio» de viajes de técnicos de ventas de Amtex S.A.
por $133.393.914, toda vez que las personas que realizaron esos viajes son
14 empleados con funciones administrativas de la compañía, salvo un
empleado que tiene funciones en laboratorio, lo cual se comprueba con los
contratos laborales que se adjuntados a la demanda, y con el objeto principal
de tales viajes que siempre estuvo acorde a las funciones de los cargos y en
nada tuvieron que ver con una labor de ventas.
Finalmente, discutió que la DIAN señale que el pago por concepto de comisiones al
exterior incidió en un 92,54% las pérdidas de la contribuyente en el año gravable
2011, toda vez que dicha entidad tomó el valor de las comisiones y lo comparó
indebidamente con el valor total de la pérdida del año 2011, el cual había estado
influenciado por la totalidad de costos y gastos. Así, la pérdida antes de impuesto
se genera tras una operación en la cual se toma la totalidad de los ingresos, y se
detrae la totalidad de los costos y los gastos, en donde adicionalmente se encuentra
claramente el pago por comisiones, por lo que para medir el impacto del gasto por
comisiones en la pérdida, tiene tomarse la proporción de rubro en la totalidad de
costos y gastos del periodo.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
3. Deducción por honorarios pagados a abogados
El acto de liquidación oficial también adolece de interpretación errónea del artículo
107 del Estatuto Tributario, dado que las erogaciones relacionadas con los
honorarios pagados a firmas de abogados constituyeron expensas que cumplieron
a cabalidad los supuestos de dicha norma, así:
• La factura Nro. 158 del 18 de febrero de 2011 por $30.000.000 de la firma de
abogados Ortiz Gutiérrez & Asociados y corresponde a los servicios de
representación de la compañía dentro del proceso de tutela e incidente de
nulidad iniciado por el señor Elio Sala. Era, entonces, una obligación legal y
empresarial de la demandante intervenir dentro de dichos procesos judiciales
en la defensa de sus intereses propios, lo que demuestra la necesidad del
gasto el cual tiene injerencia directa en su actividad económica y es
proporcional al ser el egreso inferior al 1% sobre el valor total discutido en el
Tribunal de Arbitramento.
• Las facturas Nros. 159 del 18 de febrero de 2011 y 27143 del 01 de septiembre
de 2011, expedidas por las firmas de abogados Ortiz Gutiérrez & Asociados y
Posse Herrera Ruiz, respectivamente, corresponden a la prestación de
servicios de asesoría y representación en el proceso civil de responsabilidad
de administradores en contra de los señores Manuel de Bernardi Cámpora y
Gustavo Adolfo Restrepo.
• Las facturas Nros. 24694 del 01 de abril de 2011, 26110 y 26109 del 16 de
junio de 2011 de la firma de abogados Posse Herrera Ruiz se encuentran
relacionadas con los servicios de asesoría jurídica y acompañamiento para: (i)
la elaboración de conceptos jurídicos en pago de dividendos; (ii) la asesoría
jurídica en una inspección practicada por la Superintendencia de Sociedades;
y (iii) asesoría jurídica en el tema de los pasivos pensionales a cargo de Amtex
S.A. a efectos de solicitar la autorización de la Superintendencia de
Sociedades para efectuar la conmutación pensional.
Además, los gastos de $290.847.000 por asesorías legales, cotejados contra la
renta bruta de $85.824.742.000 arrojan una participación del 0.34%, lo que los hace
claramente proporcionales.
Adicionó que el acto liquidatorio incurre en falsa motivación cuando señala que,
salvo la factura Nro. 25730, estas se generaron por la defensa de los
administradores de Amtex S.A., pues las únicas facturas por honorarios causados
en la defensa de los administradores de la Compañía son las Nro. 27143 y 159, las
demás obedecen a descripciones diferentes.
4. Deducción por servicios de asistencia técnica
Afirmó que también es una falsa motivación de la liquidación oficial que se
argumente por la DIAN, sin soporte probatorio, que la asistencia técnica pagada al
señor Hugo De Notta, no fue prestada a la demandante, sino a Amtex Argentina.
Eso, porque el señor Hugo De Notta es un ingeniero químico experto en el negocio
de los polímeros, cuya especialidad radica en las emulsiones y dispersiones
producidos por la actora y Amtex Argentina (Latinoquímica S.A.) es una empresa
cuya actividad económica radica exclusivamente en la producción de
carboximetilcelulosa de sodio CMC, que no es una emulsión ni una dispersión por
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
lo que es claro que la asistencia de ese profesional no tenía relación con la planta
de Argentina.
Lo anterior se soporta en los documentos en los que consta el interés de actora en
la prestación de dichos servicios y la prestación efectiva de los mismos, así como,
algunos correos de la Coordinadora de Investigación y Desarrollo de Planta 2 de
Amtex S.A. con otros funcionarios de la compañía, que ejemplifican los distintos
temas desarrollados por Hugo de Notta.
5. Deducción por honorarios pagados a miembro de junta directiva, y por
servicios de transporte
Afirmó que la liquidación oficial es nula porque los honorarios pagados a Camilo
Ernesto Montoya miembro de la junta directiva por valor de $13.400.000 son
deducibles del impuesto sobre la renta, y no deben cumplir los requisitos del artículo
177-2 del Estatuto Tributario, en la medida que se tratan de pagos por operaciones
no gravadas con IVA.
Adicionó que el pago por servicios de transporte al señor Sebastián Ortega Mejía
obedeció a un error de contabilización del gasto, dado que en vez de imputarse al
tercero COODESCO BPO S.A.S. que tiene la clave de tercero 99630, se imputó al
tercero 99600 (Sebastián Ortega Mejía). Agregó que adjunta póliza que contiene la
contabilización de todos los gastos de la factura 000065, la cual permite ver que no
hay forma de introducir un elemento adicional y que la diferencia de la póliza con la
factura se da por el valor de las retenciones que se agregan en el lado crédito y
débito por el valor de COP$21.694.818.
6. Deducción de seguros de vida
Dijo que son deducibles los seguros de vida colectivos y de los ejecutivos por
tratarse de erogaciones incurridas de acuerdo con las obligaciones legales y
corporativas asumidas por la demandante.
En el caso de los seguros de vida colectivos, estos se derivan de la convención
colectiva de empleados de Amtex S.A., cuyo cumplimiento es obligatorio para el
empleador, beneficio que fue extendido a aquellos trabajadores que no suscribieron
la convención colectiva y que tienen un pacto colectivo con la compañía, brindando
a estos una situación de igualdad, y un incentivo de productividad.
En lo que se refiere a los seguros de vida de los ejecutivos, señaló que son
obligaciones asumidas por la Compañía junto con el pago de honorarios a los
miembros de la Junta Directiva. Y, precisó que no es posible separar los honorarios
y los seguros de vida a ejecutivos, dado que este último es un complemento a dicha
contraprestación. Adicionó, que estos gastos son proporcionales, toda vez que
equivalen al 0.05% de la renta bruta de la compañía.
7. Costos indirectos de fabricación
Indicó que no procede el rechazo de costos indirectos de fabricación CIF por
$230.141.000. Manifestó que, la DIAN determinó, sin sustento legal alguno, que la
Compañía distribuyó de forma errada los costos indirectos de fabricación (CIF)
contraviniendo con ello la normativa contable aplicable y los artículos 58 y 62 del
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
Estatuto Tributario, al considerar que dichos CIF se deben distribuir teniendo en
cuenta únicamente las unidades producidas y no las unidades vendidas.
Además señaló que los costos solicitados como deducibles por la actora de
$66.976.952.000 son menores al que arroja los cálculos aportados por el
representante legal que ascienden a $67.982.883.000.
8. Allanamiento conceptual
Por último, en la liquidación oficial de revisión se exigió a la compañía el
cumplimiento de un imposible respecto del allanamiento de una parte de las glosas,
toda vez que no se puede corregir una declaración tributaria en firme, como
tampoco, el pago de un impuesto que no se generó y de sanción e intereses de
mora inexistentes como quiera que en el debate sobre un menor exceso de renta
presuntiva no tienen lugar esa clase de rubros.
Oposición a la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la actora (fls.1023 a 1052) sustentada en lo
siguiente:
Señaló que la inspección tributaria decretada de oficio cumple los presupuestos
para suspender el término de notificación del requerimiento especial, toda vez que
fue debidamente practicada, mediante el traslado y solicitud de pruebas
documentales, lo que se dio dentro de los tres meses siguientes a la notificación del
auto que la decretó. De manera que, la notificación del requerimiento especial
efectuada el 23 de agosto de 2010 fue oportuna, antes de que operara la firmeza
de la declaración.
Procede el rechazo de costos de ventas por $230.141.000 porque son el resultado
de un cálculo incorrecto por parte de la contribuyente del factor de distribución de
los costos indirectos de fabricación, toda vez que están distribuidos con base en las
unidades vendidas y no las producidas, contraviniendo los artículos 58 y 62 del
estatuto tributario y reprodujo el análisis efectuado sobre este particular en el
requerimiento especial.
Manifestó que el cálculo CIF se hace sobre horas mano de obra, horas maquina o
unidades producidas, y que técnicamente no es aceptable asignar los CIF sobre las
unidades vendidas Añadió que los CIF se utilizan para acumular los gastos
indirectos de manufactura, quedado excluidos los gastos de venta y los gastos
generales y administrativos, porque son costos no relacionados con la producción.
De la verificación realizada sobre la declaración de renta del año gravable 2011 se
estableció la improcedencia de deducciones por la suma de $1.297.504.000 que no
guardan relación de causalidad con la actividad productora de renta, incumpliendo
con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
Los conceptos comprendidos en esta glosa son:
i) Comisiones por ventas en el exterior por valor de $847.694.000, que
corresponde a un gasto no necesario, porque las pruebas recaudadas en el
curso de la investigación dejaron en evidencia que las empresas Amtex de los
distintos países compraron a la demandante los productos que, luego por su
cuenta comercializaron en sus mercados nacionales. Sin dejar de lado que,
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
para la vigencia 2010-2011 las ventas de Amtex S.A. decrecieron hasta dar
pérdida operacional.
Tales medios de prueba son el informe de la Superintendencia de Sociedades
respecto de las irregularidades advertidas dentro de la investigación
administrativa adelantada en contra de Amtex S.A.; visitas a la contribuyente
en las que se solicitó la contabilidad, soportes de orden interno y externo que
respaldan la declaración de renta del año gravable 2011, los soportes de las
comisiones por ventas en el exterior, relaciones de exportaciones a AUY;
exhortos a Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay; y, el traslado de pruebas
de la investigación cambiaria realizada a Amtex S.A. De ahí que, no es cierto
que el único sustento probatorio de este rechazo sea la declaración del
accionista de la actora (Elio Sala Ceriani).
ii) Pagos por honorarios: Este rubro asciende a $290.847.000, lo cual no tiene
relación de causalidad con la actividad productora de renta. Señala que no son
gastos necesarios para la producción de la renta de la actora, puesto que a
excepción de la factura 25730, todos los honorarios pagados corresponden a
la defensa de personal de la compañía en los procesos promovidos por el
señor Elio Sala Ceriani, en los que Amtex S.A. actúa como tercero vinculado,
no como demandada, tal como se señala en el «Anexo del Informe a la Junta
Directiva y de la Administración».
iii) Seguros de Vida: la sociedad registra en su contabilidad un gasto de
$28.413.794 y $11.078.554, el primero por seguros de préstamos de vivienda
empleado, y el segundo por seguro de vida para altos ejecutivos y accionistas
de la compañía. Erogaciones que luego de la verificación del pacto y la
convención colectiva que establecen esos pagos se concluyó eran
improcedentes como deducción porque no tienen relación de causalidad con
la actividad productora de renta.
iv) Asistencia técnica: se registra gastos por estos conceptos por valor de
$27.285.895 y $80.649.802, los cuales corresponden a pagos realizados a
diferentes profesionales especializados en el tema de productos químicos, en
algunos de ellos se infiere que el servicio no fue prestado a Amtex Colombia
sino a Amtex Argentina, por lo cual dicho gasto no sería procedente. Se
estableció que el valor total pagado al señor Hugo Tomás De Notta por el año
2011 fue de $88.823.360, con base en los valores registrados en la
contabilidad, no de $7.755.000 inicialmente informado a la actora.
v) Costos y deducciones con miembros de junta directiva y servicio de transporte:
Verificados los terceros a los cuales la sociedad le realizó pagos se detectaron
pagos por valor de $17.247.668, por no cumplir con los requisitos establecidos
en el literal c) del artículo 177-2 del Estatuto Tributario. Se precisa que este
hecho fue objeto de confesión en la respuesta al requerimiento especial en
que la actora manifestó allanarse.
Así las cosas, la actuación oficial no desconoció las nomas que la demandante
invoca, por lo que se pide se nieguen las súplicas de la demanda y se confirme el
acto demandado.
Sentencia apelada
El Tribunal (fls.1112 a 1132) negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la actora a partir de las siguientes consideraciones:
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
Manifestó que siendo el requerimiento especial un acto no sujeto a control judicial
se inhibía para pronunciarse sobre su legalidad. De otra parte, halló infundado en
cargo de la firmeza de la declaración, toda vez que operó la suspensión del término
para notificar el requerimiento especial porque la Administración notificó en término
el auto de inspección tributaria y, dentro de los tres meses subsiguientes a la referida
notificación, visitó a la contribuyente y le requirió el pacto y la convención colectiva
fundamento de los pagos realizados por seguros de vida para sus empleados y
ejecutivos, así como, copia de las facturas y de la contabilización de las comisiones
pagadas por ventas en el exterior durante el año gravable 2011.
Indicó que, como consecuencia de la falta de firmeza de la declaración, resulta que
tiene plena validez el allanamiento que la actora manifestó en la respuesta al
requerimiento especial sobre el pago de la indemnización por daño en vehículo
ajeno y parte de lo pagado a personas no inscritas en el RUT.
En cuanto al pago de comisiones por ventas en el exterior, encontró que la prueba
consistente en la declaración del señor Elio Sala Ceriani (ex accionista fundador de
la actora) ante el Tribunal de Arbitramento, demuestra la estructura que se organizó
para trasladar dinero de la contribuyente de Colombia a una jurisdicción con menor
tasa de tributación a través de la creación de la sociedad panameña Transpacific
Trading. Co. Inc (TTCI). Hecho que no podía ignorarse siendo esta la compañía con
la que la contribuyente inicialmente suscribió el contrato de representación y
comisión, y para lo que, luego con cláusulas similares contrató a AUY. Todo lo que
bien pudo ser una práctica de evasión de la demandante, que no se desdibuja con
el hecho de que la AUY se constituyó con posterioridad a la referida declaración del
señor Elio Sala, toda vez que lo que la DIAN cuestiona es la aparición de una figura
de evasión desde la aparición de la TTCI.
Asimismo, dijo que consta en el expediente que la actora no logró demostrar con
claridad qué ventas se hicieron a través de AUY, tampoco se ha puesto en
conocimiento de la DIAN los documentos que acreditan la gestión adelantada por
esa sociedad uruguaya. Aunado a que en el plenario obran diversas pruebas que
son tenidas en cuenta como indicios que valorados en su integridad llevan a la
conclusión que los pagos por comisiones al exterior son un acto evasivo de la
contribuyente, ya que dejan en evidencia que los distribuidores o agentes de los
diferentes países hacen la misma actividad que se argumenta realiza AUY y por la
que a esta se pagan comisiones, con adición que los asesoramientos técnicos en el
exterior los realiza Amtex S.A. enviando a sus ingenieros y asistentes
correspondiendo a una labor propia del agente AUY.
Encontró que los pagos por honorarios por litigios y asesoría legal rechazados por
la DIAN en la suma de $290.846.990 debía mantenerse por corresponder a pagos
hechos por la empresa a voluntad, sin que fueran necesarios para generar la renta
de la compañía.
Procede el rechazo de pagos a miembros de la junta directiva y por servicios de
transporte porque no cumplen los requisitos del artículo 177-2 del Estatuto
Tributario, en tanto se hicieron a personas no inscritas en el RUT. Sumando a que
hubo un allanamiento por la contribuyente al respecto de Juan Carlos Blandón
Palacio y Eladio Agudelo Echavarría, y que, frente a Sebastián Ortega Mejía no se
presentó la corrección una vez conocida la glosa.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
No podía aceptarse el pago a profesionales en materia de productos químicos, dado
que la factura del ingeniero Hugo Tomás De Notta, si bien está dirigida a la
demandante señala como concepto la prestación de sus servicios en Buenos Aires
Argentina, con lo cual este gasto está mejorando la rentabilidad de una empresa
diferente a la contribuyente, por lo tanto, se advierte incumplidos los requisitos del
artículo 107 del Estatuto Tributario.
Los pagos por seguro de vida a empleados y ejecutivos de la compañía no son
deducibles porque no cumplen el requisito de causalidad ni de necesidad para
desarrollar la actividad productora de esta.
Halló la razón a la Administración en cuanto a que los CIF fueron distribuidos con
base en un cálculo erróneo porque fueron consideradas las unidades vendidas, lo
que no es correcto, toda vez que los costos en referencia afectan solamente las
unidades producidas.
Respecto al argumento de la actora en cuanto a que no es cierta la influencia del
pago de comisiones por ventas en el exterior en un 92.54% de la pérdida del
ejercicio 2011, el a quo advirtió que esto no es el fundamento de la glosa y se trata
de un señalamiento contenido en el informe para apertura de investigación de la
División de Fiscalización, por lo que esa indicación no incide en la decisión que
culminó en el acto administrativo demandado y, de prescindirse de ella, en nada
cambia las glosa planteadas ni conduce a la nulidad de la actuación demandada.
Condenó en costas a la actora por ser parte vencida en el proceso.
Recurso de apelación
La parte demandante (fls.1135 a 1188) controvirtió la sentencia de primera instancia
a partir de la siguiente argumentación:
Acusó el fallo apelado de incongruente, por considerar que el Tribunal incurrió en
un erróneo entendimiento del caso, al señalar que se había demandado del análisis
del requerimiento especial, pues el acto cuestionado fue la liquidación oficial de
revisión, y no el acto previo. De ahí que esa manifestación resta certeza jurídica a
la decisión adoptada en primera instancia.
Sostuvo que la declaración tributaria se encuentra en firme porque la inspección
tributaria con la que se pretendía suspender el término para notificar el
requerimiento especial no se practicó realmente, dado que tan sólo se requirió
información que ya se encontraba en poder de la DIAN o era de su conocimiento
desde que inició la investigación en el año 2012; haciendo a renglón seguido un
recuento de cada una de las seis visitas y de la información recabada por la
demandada en tales oportunidades. Manifestó que desde el 14 de abril de 2014 la
demandada fue expresa en señalar y delimitar en puntual y concretamente los
valores que iba a cuestionarle a la demandante, en lo que respecta al seguro de
vida colectiva y vida ejecutivo, lo cual acredita que conocía el contenido de la
convención colectiva y además que, en la correspondiente acta de visita se
determinó que se rechazaría la deducción de las comisiones por ventas pagadas al
exterior, de manera que el único propósito de la inspección tributaria ordenada 28
de mayo de 2014 era dilatar el término de firmeza de la liquidación privada.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
Añadió que carece de asidero jurídico y fáctico el argumento esgrimido por el
Tribunal en el sentido de afirmar que en la documentación allegada por la Compañía
no obran los documentos correspondientes a las facturas de las comisiones por
ventas en el exterior ni su contabilización, pues en los folios de 158 al 196 del
expediente administrativo remitido por la contribuyente, que corresponden a los
folios 964 a 985 del expediente judicial, consta que desde el 24 de febrero de 2014
las copias de las facturas con las comisiones y el respectivo soporte de lo liquidado
por Amtex Uruguay, en los períodos comprendidos entre el 1 de julio de 2011 al 31
de diciembre de 2012, habían sido suministrados por la actora.
Reiteró que se cumplen los requisitos de deducibilidad de los pagos a comisionistas
en el exterior exigidos por el artículo 121 del Estatuto Tributario y la Resolución 2996
de 1975, los cuales tienen relación de causalidad con la actividad productora de
renta de la compañía ya que AUY desarrolla la actividad comercial que la actora
realiza en otras jurisdicciones. También insistió en que como la norma que aplica a
esta deducción es el citado artículo 121, no debe acreditarse la necesidad del gasto,
razón que hace infundada la consideración del a quo en cuanto que esta erogación
no es procedente porque incumple el requisito de necesidad del artículo 107 ibidem.
Adujo que, el Tribunal desconoció la realidad de la operación comercial de Amtex
S.A. con AUY y se fundamentó en dos elementos probatorios inconducentes,
impertinentes y superfluos, como son la investigación cambiaria de la División de
Fiscalización de la DIAN Seccional de Medellín, también la declaración del señor
Ceriani del 24 de abril de 2007 sobre hechos acaecidos en el año 2000. Eso, porque
tales elementos de prueba no tenían por objeto la necesidad del pago por
comisiones al exterior, sino validar esos pagos en el marco de la regulación
cambiaria vigente.
Señaló que es procedente la deducción por pagos de honorarios por asesoría legal
y litigiosa, pues a diferencia de lo considerado por el Tribunal, está demostrado en
el expediente que esas expensas tienen relación de causalidad con la actividad
productora de renta de la empresa, dado que, de no incurrirse en ellas,
posiblemente había que destinar gran parte de su renta al pago de los resultados
adversos que de estos pudieran derivarse.
Señaló que esa posición corresponde a la de la Superintendencia de Sociedades,
que ha señalado que el pago por concepto de honorarios a firmas de abogados por
la prestación de servicios legales constituye en una erogación accesoria de las
compañías, determinando con ello una relación de causalidad entre el gasto y la
actividad desarrollada por la sociedad.
Indicó que el a quo evaluó incorrectamente los hechos frente a la deducción
solicitada por pagos de honorarios a miembros de junta directiva, y por servicios de
transporte, al señalar de manera escueta que la Compañía había incumplido los
requisitos del literal c) del artículo 177-2 del Estatuto Tributario. Sobre esta glosa,
se refirió a dos casos específicos: i) al pago rechazado que se encontraba a nombre
de Sebastián Ortega Mejía, precisando que ya se había explicado que se trataba de
un error de contabilización, dado que correspondía al tercero COODESCO BPO S.A
y ii) al pago efectuado por honorarios al señor Camilo Ernesto Montoya Zuluaga,
como miembro de junta directiva, señalando que el mismo no se encontraba
gravado con IVA conforme con el artículo 5° del Decreto 1372 de 1992, luego no
podía exigirse la inscripción de estas personas en el RUT para la aceptación de la
deducción.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
Manifestó que en relación con los pagos efectuados al ingeniero Hugo De Notta, el
Tribunal se equivocó al avalar el rechazo de la Administración bajo la interpretación
de que como la prestación de los servicios se dio desde Argentina, la beneficiaria
de estos no fue la demandante sino Amtex Argentina, desconociendo de ese modo
la actividad comercial de la actora, puesto que los servicios prestados por ese
tercero consistieron en la asistencia técnica requerida para la optimización de los
procesos de producción de emulsiones y dispersores de polímeros sintéticos, de
ninguna manera útiles a la empresa de Argentina en tanto sólo produce CMC en
polvo, y por tanto, carece de las propiedades químicas anotadas.
En relación con los pagos realizados al ingeniero Sinforoso Valencia por
$158.170.772, afirmó que obedecen a la contraprestación derivada del desarrollo
de nuevos productos o la sustitución de materias primas (ahorros), y no a la
comercialización de estos. Su función principal era el trabajo en laboratorio o planta
piloto de la empresa Amtex S.A (planta 2), para el desarrollo de nuevos productos
de conformidad con las necesidades de la empresa acorde a las necesidades de
sus clientes y la sustitución de materias primas, y no en la venta de los mismos a
nivel nacional ni a nivel internacional, como lo infirió la demandada.
Reiteró lo expresado en la demanda sobre el pago de seguros de vida a empleados
y ejecutivos de Amtex S.A. en el sentido que los primeros se derivan de una
obligación de la convención y el pacto colectivo, y los segundos, porque «al ser el
seguro ejecutivos pagado de forma conjunta con los honorarios devengados por los miembros de
junta Directiva, no es posible, como lo quiere asumir la Autoridad Tributaria, separar los honorarios
pagados en efectivo de los seguros de vida ejecutivos, toda vez que como bien se demostró, este
es un seguro complementario que ofrece la Compañía con la finalidad de brindar una
contraprestación adecuada por las labores de administración que desarrollan dichas personas.»
Expresó sobre los costos de ventas rechazados que al no haber cuestionado la
DIAN el valor total de los CIF del período en discusión era inocuo el rechazo
realizado respecto del porcentaje de distribución de estos, y que, el cálculo de tales
costos indirectos de fabricación se realizó con estricto apego a los artículos 58 y 62
del Estatuto Tributario.
Se opuso a la condena en costas porque esta no fue solicitada por la demandada
ni se encuentra demostrada su causación en el expediente, lo que corresponde a
una decisión extra petita del fallador de primera instancia.
Se mantuvo en lo manifestado en cuanto que, al haber operado la firmeza de la
declaración no era posible modificarla a efectos de materializar el allanamiento
expresado en la respuesta al requerimiento especial, sobre la improcedencia de la
deducción de la indemnización por daño en vehículo ajeno y de una parte de los
pagos efectuados a personas no inscritas en el RUT.
Alegatos de conclusión
La demandante insistió en lo expuesto en el recurso de apelación (SAMAI índice
17).
La demandada ratificó lo argumentado en la contestación y en los alegatos de
primera instancia (SAMAI índice 18).
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
Concepto del Ministerio Público
El Procurador delegado ante esta Sección del Consejo de Estado (SAMAI índice
19) consideró que debe revocarse parcialmente el fallo apelado, toda vez que el
requerimiento especial no fue demandado y por ello el Tribunal no debió
pronunciarse a ese respecto, y porque encontró que eran deducibles: i. los pagos
por honorarios miembros de junta directiva porque al no estar gravados con IVA no
les era exigible el requisito del literal c) del artículo 771-2 del Estatuto Tributario; ii.
lo pagado profesional Hugo De Notta por cuanto la factura sólo refiere la prestación
del servicio en Buenos Aires no que el beneficiario de este hubiera sido Amtex
Argentina; y, iii. el pago por seguros de vida colectivos en tanto constituye un pago
laboral que se da por mera liberalidad del empleador y a falta de un acuerdo de las
partes no puede excluirse del salario. Además, que la condena en costas no
procede dado que este asunto es de interés público y su causación no está probada
en el expediente. Con los restantes cargos denegados manifestó su conformidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide el recurso de apelación formulado por la demandante contra la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y condenó a la actora
en costas.
En tal sentido le corresponde a la Sala definir si: i. el fallo apelado fue incongruente;
ii. la declaración investigada se encontraba en firme a la fecha de notificación del
requerimiento especial; iii. se cumplen los requisitos de deducibilidad de los pagos
por comisiones de venta al exterior; iv. son deducibles los honorarios por asesoría
legal; v. es deducible lo pagado como honorarios a miembro de la junta directiva y
servicio de transporte Camilo Ernesto Montoya y Sebastián Ortega; vi. son
deducibles los pagos de seguros de vida colectivos a empleados y ejecutivos; vii.
era procedente rechazar costos de ventas por una atribución incorrecta de los
costos indirectos de fabricación CIF; viii. efectividad del allanamiento de la actora
respecto de la indemnización por daño en vehículo ajeno y de una parte de los
pagos efectuados a personas no inscritas en el RUT que se concretan en Eladio
Echavarría Agudelo y Juan Carlos Blandón Palacio; y, ix. si procedía condenar en
costas a la demandante.
1. Congruencia de la sentencia de primera instancia
La apelante sostuvo que la sentencia de primera instancia es incongruente, porque
a pesar de que el requerimiento especial no fue objeto de demanda, el Tribunal
señaló que así había sido, declarándose inhibido para emitir un pronunciamiento
sobre ese acto.
Para la Sala es claro que el fallo apelado no es congruente en ese aspecto, pues
no estuvo en consonancia con las pretensiones de la demanda, según lo exige el
artículo 281 del Código General del Proceso, motivo por el cual le asiste razón a la
apelante y prospera este cargo del recurso, pero con la claridad que la consecuencia
de esta determinación no es la revocatoria de la sentencia apelada, en tanto esta
decisión no limitó el estudio adelantado por el a quo sobre los restantes cargos de
la demanda y puntalmente, sobre la alegada firmeza de la liquidación privada, como
pasa a analizarse:
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
2. Firmeza declaración privada
La apelante señala que la declaración investigada se encuentra en firme debido a
que no hubo una práctica efectiva de la inspección tributaria, toda vez que la DIAN
se limitó a solicitar información que ya había sido aportada o era irrelevante en el
proceso, como la relativa al pacto colectivo y a las facturas de comisiones al exterior,
que fue allegada por el contribuyente desde el 24 de febrero de 2014. Por tanto, el
único propósito de la inspección tributaria fue dilatar el término de firmeza de la
liquidación privada.
Verificado el expediente, la Sala encuentra que la existencia del pacto colectivo
había sido informada a la administración con anterioridad al 14 de abril de 2014,
fecha en que se realizó visita al contribuyente en la que se requirió de forma expresa
la copia del pacto colectivo sustento de los pagos realizados por seguros de vida a
empleados y ejecutivos.
No obstante, consta en el expediente que ese documento solo fue aportado en la
visita del 29 de mayo de 2014 (fls.553 a 554 ca1), practicada en desarrollo del Auto
de Inspección Tributaria Nro. 112382014000075 del 27 de mayo de 2014 (fls 554 a
555). Diligencia en la que además, se obtuvo explicación respecto del beneficio de
los seguros de vida, como el número de empleados de la empresa en 2011,
beneficiaros de la póliza para ejecutivos y si los seguros eran asumidos en partes
iguales por el empleador y el trabajador o solo por la compañía, todo lo cual se
verifica en el acta de esta visita, y de la inspección tributaria del 21 de agosto de
2014 (fl.1420 vlto ca3).
Así mismo, se destaca que con ocasión a la inspección tributaria, se realizó visita
el 29 de mayo de 2014, en la que se requirió copia de las facturas y de la
contabilización de las comisiones pagadas a AUY desde junio de 2011, que hasta
ese momento no hacían parte del expediente de fiscalización del impuesto sobre la
renta del año gravable 2011. Esa documentación solo fue allegada por medio del
auto de traslado de pruebas del 5 de agosto de 2014 (fl.592 ca1), que fue expedido
dentro de la inspección tributaria, por medio del cual se aportó a este proceso el
expediente de fiscalización aduanera seguido al contribuyente, que contiene la
comunicación del 24 de febrero de 2014 con la que se aportaron las respectivas
facturas (fls.115 a 117 cp1), y que se advierte, corresponde al documento al que se
refiere la actora, cuando aduce que ya había aportado la documentación solicitada.
De modo que, no le asiste razón al demandante cuando sostiene que la información
y documentos requeridos fueron allegados al expediente desde la comunicación del
24 de febrero de 2014, porque esa prueba fue presentada en la investigación
aduanera y solo fue allegada a este proceso, con ocasión del auto de traslado de
pruebas del 5 de agosto de 2014, expedido en desarrollo de la inspección tributaria.
Así las cosas, para la Sala, sí se dio una práctica efectiva de la inspección tributaria,
por cuanto se encuentra probado en el expediente que, si bien se realizaron
constataciones en visitas previas, la Administración con este medio de prueba
recaudó soportes e información del contribuyente y terceros, que son pertinentes
para la investigación del impuesto de renta del año 2011.
En ese entendido se cumple con el requisito establecido en el artículo 779 del
Estatuto Tributario, relativo a la práctica efectiva de la inspección tributaria, y cuyo
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
alcance ha sido precisado por la Sala1 en sentencias del 24 de junio de 2021, exp.
25403 y del 9 de julio de 2021, exp. 24039, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez, así:
«En este sentido, la suspensión se condiciona a la existencia real de la inspección tributaria, de modo
que, mientras no inicien las actividades propias del encargo, acordes con el artículo 779 del E.T., no
puede entenderse realizada la diligencia ni suspendido el término de notificación del requerimiento
especial.» Es por esto que, se ha señalado que «una de las condiciones para que opere la
suspensión de los dos años con que cuenta la autoridad tributaria para notificar el requerimiento
especial es que el auto que decreta la inspección tributaria se notifique al contribuyente y se inicien
efectivamente las actividades propias de esa diligencia dentro los tres meses siguientes»2 (se
subraya).
Así las cosas, el recaudo de las anteriores pruebas justifican y demuestran la
práctica de la inspección tributaria, y en esa medida, la misma tuvo la virtualidad de
suspender el término de notificación del requerimiento especial.
En ese orden, no le asiste razón a la parte apelante y no prospera el cargo
propuesto.
3. Deducción por comisiones de ventas al exterior por $847.693.971
La actuación demandada desconoció gastos por comisiones de ventas al exterior,
solicitados por el servicio de intermediación y representación comercial prestado por
la empresa Amtex S.A. de Uruguay, bajo la consideración de que tales pagos no
eran necesarios para que la demandante generara renta, incumpliendo así el
artículo 107 del Estatuto Tributario y que la finalidad de la figura del agente de
comercialización, era “evadir la carga impositiva de Colombia”, para lo cual hizo referencia a
que tal operación se encontraba estructurada con Transpacific Trading Inc. -TTCI-,
sociedad panameña, que conforme con la prueba testimonial obrante en el proceso,
fue creada para girar utilidades al exterior.
El Tribunal avaló el desconocimiento de este gasto al concluir sobre la práctica de
una figura de evasión a través del agente de comercialización en el exterior Amtex
Uruguay, dado que en el expediente no están acreditadas las ventas realizadas a
través de la sociedad uruguaya, ni la gestión adelantada por esta.
Para la apelante, la conclusión del Tribunal parte de dos elementos probatorios
inconducentes, impertinentes y superfluos, como son la investigación cambiaria de
la División de Fiscalización de la DIAN Seccional de Medellín, también la
declaración del señor Ceriani del 24 de abril de 2007 sobre hechos acaecidos en el
año 2000. Eso, porque tales elementos de prueba no tenían por objeto establecer
la necesidad del gasto por comisiones al exterior, sino validar esos pagos en el
marco de la regulación cambiaria vigente. Además, señaló que se cumplen los
requisitos de deducibilidad de los pagos a comisionistas en el exterior exigidos por
el artículo 121 del Estatuto Tributario y la Resolución 2996 de 1975.
Adicionalmente reiteró que, conforme con el artículo 121 ibidem, la necesidad del
gasto no es un requisito exigible para la procedencia de la deducibilidad de gastos
incurridos en el exterior. También señaló que AUY contaba con todos los activos y
personal para desarrollar y adelantar la actividad de comercialización y mercadeo
requerida por parte de Amtex dentro del marco de sus ventas internacionales,
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 24 de junio de
2021, exp. 25403, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencias del 9 de julio de
2021, exp. 24039, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
constituyéndose como evidente prueba de ello el pago de la necesaria
contraprestación pactada en forma de comisión y el aumento de los ingresos de la
empresa colombiana, influido en gran parte por la labor de promoción y
comercialización realizada por AUY a través de las entidades ubicadas en los
demás territorios.
Para dilucidar este debate, partirá la sala de verificar los antecedentes obrantes en
el proceso:
Informó la actora que, en el año 2011 la operación económica realizada con AUY
se desarrolló bajo los canales 1 y 2 de distribución y comercialización, los que
explica de la siguiente manera:
«Así las cosas, en primer término se observa que de conformidad con el contrato de
intermediación y representación comercial suscrito entre mi representada y las dos empresas
que fungieron como agente principal durante el 2011 (Anexo 25 y 26), éstas se
comprometieron a desarrollar todas las funciones de representación comercial que requiriera
la demandante en las jurisdicciones de Venezuela, Perú, Chile, Brasil y Ecuador, entre otros
países en los cuales realizaría la promoción de ventas, tanto manteniendo los clientes
existentes y evitando que migren a la competencia, como procurando acrecentar los
compradores del producto.
Adicionalmente del tenor del citado acuerdo, se evidencia que el agente principal se obligó a
gestionar y determinar el alcance de las actividades propias de la comercialización, como la
venta y distribución de los productos de la Compañía en las mencionadas jurisdicciones.
Finalmente, conforme con los compromisos contractuales pactados, se observa que el agente
principal estaría en la obligación de coordinar el asesoramiento técnico que brindaría la
demandante a los Clientes Finales. Lo anterior por cuanto la infraestructura y experiencia de
la demandante en forma de laboratorios y conocimientos de procesos de producción, como
planta industrial, es muy superior a la infraestructura y experiencia que el agente pueda tener.
(…)
1. Canal 1 de distribución y comercialización. “ventas directas al Exterior” (…)
Bajo este Canal la Compañía enajena y despacha en forma directa los productos a los clientes
finales, lo cuales son obtenidos y acordados por las Oficinas Comerciales, coordinadas y
dirigidas previamente por el agente principal en ejecución de sus obligaciones como
representante y agente comercial de la demandante.(…)
2. Canal 2 de distribución y comercialización.(…)
En el Canal 2 de distribución y comercialización, el agente principal a través de las diferentes
Oficinas Comerciales soportó el desarrollo de la operación, ya que bajo este modelo las
funciones de mi poderdante se circunscriben a la producción de los bienes a enajenar y al
desarrollo de las visitas técnicas que requieran los Clientes Finales, según sea coordinado por
el agente principal y por las Oficinas Comerciales dependientes de ésta.» 3
Para soportar la anterior estructura de distribución y comercialización aportó los
siguientes documentos:
i) Contrato de representación y comisión mercantil celebrado el 9 de diciembre
de 1971 entre QUÍMICA AMTEX LTDA. y TRANSPACIFIC TRADING CO. INC.
y el Contrato de intermediación y representación comercial, suscrito entre
AMTEX S.A. domiciliada en Colombia (QAC) y AMTEX S.A. con domicilio en
Uruguay (AUY). Con certificación notarial de firmas emitida en Uruguay del 24
de junio de 2011. En este último se designó a AUY en calidad de representante
comercial a fin de que «presente o intermedie en la prestación de servicios de representación
comercial y promoción de ventas de QAC, para mantener y acrecer las ventas de QAC y en la
3 Folios 22 a 26 c2
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
comercialización, venta y/o distribución de los productos que QAC produce actualmente»4. Y las
facturas de AMTEX S.A. expedidas a AUY por comisiones al exterior del año
20115.
ii) Certificaciones emitidas por el Revisor Fiscal de Amtex S.A. de Colombia el 21
de noviembre de 2014 en la que se informa que la contabilidad «refleja ingresos
operacionales por $19.885.607.941, por concepto de ventas al exterior a través de agencias
comerciales»6, asimismo que: «refleja ingresos operacionales por concepto de ventas directas a
clientes del exterior por valor de $11.945.790.393.»7.
iii) Correos de lineamientos de ventas y comercialización por parte del
representante legal de Amtex Uruguay, a las oficinas comerciales8.
iv) Declaraciones ante Notaría de los representantes legales de las oficinas
comerciales de las oficinas comerciales, en las que se informa haber recibido
comisiones en virtud de un contrato de sub-agencia comercial con Amtex
Uruguay con ocasión de ventas de Amtex Colombia9.
v) Declaración ante Notaría del representante legal del Amtex Uruguay en la que
informa el pago a los agentes comerciales por concepto de comisiones por
ventas de Amtex S.A. de Colombia10.
vi) Cuadro y certificaciones en los que se relacionan las ventas directas a las
oficinas comerciales y ventas nacionales, en los que se indica el valor,
kilogramos y facturas para el año 2011.11
vii) Informes trimestrales del 1° de julio a 31 de 2011 rendidos por Amtex Uruguay
de su gestión comercial12. También adjuntó gastos de viaje y nomina causados
por Amtex Uruguay, pruebas realizadas en el exterior a las oficinas
comerciales, y peritazgo contable de la empresa Deloitte Asesores sobre las
comisiones pagadas en el año 2011 por ventas realizadas en el exterior, en el
que se concluyó que esas erogaciones estaban debidamente registradas en
la contabilidad de la compañía Amtex S.A. de Colombia.
Por su parte, la DIAN recaudó las siguientes pruebas en la investigación tributaria:
i) En el acta de inspección tributaria del 21 de agosto de 2014, consta que el día
16 de abril de 2012 mediante radicado 11268, la Superintendencia de
Sociedades de Medellín remitió a la Administración las pruebas recaudadas
en distintas declaraciones rendidas por personas naturales sobre presuntas
irregularidades relacionadas con la investigación administrativa que se
encontraba en curso en dicha entidad de supervisión contra la empresa Amtex
S.A. Fue con fundamento en ello, la DIAN seleccionó esta sociedad para ser
investigada bajo el programa post devoluciones.
4 Folios 810 a 816 ca2
5 Folios 964 a 985 ca2
6 Folio 1612 ca2
7 Folio 1685 ca2
8 Folio 1613 a 1675 y 1684 ca2
9 Folio 1676 a 1683 ca2
10 Folio 1684 ca2
11 Folio 256 a 263 cp1
12 Folio 872 a 910 ca2
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
Entre las pruebas recaudadas en la actuación surtida por la Superintendencia,
se advierte la declaración rendida el 24 de abril de 200713 por el socio fundador
de la sociedad demandante, señor Elio Sala Ceriani14, cuyos apartes
relevantes son:
«PREGUNTA # 12: En fotocopia de carta suscrita por usted el 15 de octubre de 1985
dirigida a Transpacific Trading, usted manifiesta haberse reunido con los destinatarios de
la carta en Medellín para tratar asuntos de la actividad del señor Campbell en la Argentina. Teniendo presente la carta, sírvase explicarle al Despacho específicamente cuáles
asuntos se trataron en esa reunión. (…) CONTESTÓ: Esta carta me gustaría contestarla,
si prefieren los señores, en donde digo que Transpacific fue una sociedad armada por
ELIO SALA Y MANUEL DE BERNARDI, para sacar unos dineros que de pronto
necesitábamos el uno y el otro. Entonces esta carta se escribió pero nunca se
mandó a Panamá y se menciona esa carta para crear un precedente en contabilidad,
para crear gastos. Ahora, si quieren insistir en ese tema, hablemos, PREGUNTADO
POR EL TRIBUNAL, ÁRBITRO DOCTOR JUAN GUILLERMO SÁNCHEZ: La suscribo
yo, año 1985.»
(…)
«APODERADO DE LA PARTE CONVOCADA: Que si es cierto que no objetó hasta el
año 2000 (durante 29 años) el contrato con QUÍMICA AMTEX S.A. y TTCI. Si es cierto
que no lo objetó en ese periodo de tiempo. CONTESTÓ: No, no tenía por qué objetarlo,
porque era algo que habíamos acordado que era por el bien de los socios. Solo que si un
socio se quiere adueñar, no estoy de acuerdo. Si ahora llevo 12 años que entra el dinero
y el señor DE BERNARDI se los agarra él, no estoy de acuerdo. Si aparte le pido en una
carta que le mandé, la carta que en Chile le converso en una reunión que él solicitó, o el
gerente de QUÍMICA AMTEX, y le pregunto: “MANUEL, ¿qué pasa con los dineros de
TTCI?”, y el señor me dice que yo ya no tengo nada que ver. Entonces entregó carta de
la reunión en Chile y aquí debo tener con fecha 10 de enero del 2005, y debido a que en
esta reunión hubo una sola persona, tengo la declaración del gerente de QUÍMICA
AMTEX Chile, Vladimir Egaña, que confirma que yo al señor DE BERNARDI le hice esa
pregunta: “¿qué pasa con los dineros de TTCI?”, y él dijo que el señor DE BERNARDI
contestó que yo ya no tenía nada que ver. Esta es, aquí va, fecha 01 de febrero de 2007,
“declaración testimonial del señor Vladimir Egaña”.»
(…)
«APODERADO DE LA PARTE CONVOCADA, doctor Luis Gabriel Botero. PREGUNTA
# 1: Don ELIO, ¿Usted quiere explicar al Tribunal cuál fue la historia de la sociedad TTCI,
que usted dice ser dueño de ella? Cuéntenos cómo se constituyó, quién la formó y cómo
llegó usted a ser dueño de ella. CONTESTÓ: Yo quisiera más bien empezar a decir cómo
nace QUÍMICA AMTEX. PREGUNTADO: No, esa puede ser otra, pero concretémonos
en esta. CONTESTÓ: Okey. TTCI se forma cuando yo empiezo a exportar, que al
comienzo fueron pequeñas cosas e inclusive QUÍMICA AMTEX Medellín empezó a
exportar antes que se fundara Proexpo. ELIO SALA empezó a exportar antes de que se
fundara Proexpo. Cuando después entramos en la etapa de ir a fabricar CMC, que era
porque antes las exportaciones eran unos suavizantes, eran exportaciones chiquitas. Cuando empezamos la idea de CMC, que iba a poder ser una exportación mayor,
pensamos en ir a Panamá a comprar una sociedad a estas agencias que venden la
sociedad por tantos dólares, con cuatro cartas al mes, me pagas tanto, etcétera,
etcétera, que es cómo funciona en Panamá, funcionan en Isla Caimán, funcionan
en Suiza, funcionan Liechtenstein, y en otras que olvido y que usted debe saber
mejor que yo. Se formó esa sociedad, en donde dice que va a ser representante de
QUÍMICA AMTEX, por todo lo que se exporta. Transpacific fue fundada
prácticamente antes que QUÍMICA AMTEX realmente ingresara a las exportaciones,
porque pensamos en el futuro. PREGUNTA # 2: Usted nos quisiera explicar don
ELIO, porque encuentro algo oscuro.
Usted nos dice que la Transpacific no ha
cumplido una función de mercadeo. CONTESTÓ: Nunca. PREGUNTA # 3: ¿Con qué
fin se constituyó entonces? CONTESTÓ: Para llevarse utilidad a Panamá. PREGUNTA # 4: ¿Con qué fin trasladaban por esa vía las utilidades a Panamá?
13 Folios 373 a 407 cuaderno de anexos 1.
14 Folio 372 cuaderno de anexos 1
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
CONTESTÓ: Con las ventas, que yo hacía, se hacían figurar que las ventas las hacía
Transpacific y se le pagaban unas comisiones sobre las ventas. PREGUNTADO:
¿Pero con qué fin hacían eso? CONTESTÓ: Es obvia la respuesta: exporta utilidad,
pago menos impuestos. PREGUNTA # 5: Sírvase decir don ELIO hasta cuándo le
pagaron a usted en Panamá esas utilidades que salieron por esa vía. CONTESTÓ: En
Panamá creo que nunca me pagaron, hace más de diez años que no me paga. Yo estuve
reclamando con el señor MANUEL DE BERNARDI que en estas cuentas de TTCI deben
haber veinticinco millones de dólares y que el 48% es mío, y él me lo negó.»
ii) Visita practicada el 17 de julio de 201215 dentro del proceso de fiscalización de
renta del año gravable 2011, en la que la contadora de la actora suministra el
contrato de agencia comercial suscrito con Amtex Uruguay, el cual tuvo por
objeto “designar a AUY en calidad de representante comercial, a fin de que preste y/o
intermedie en la prestación de servicios de representación comercial y promoción de ventas,
para mantener y acrecentar las ventas de QAC ”. Además se entrevistó a dicha
profesional sobre las operaciones realizadas en virtud del citado contrato y,
manifestó:
«P/ Amtex Colombia y Amtex Uruguay son vinculados económicos? R/ No, ellos hacen
mercadeo, pero nosotros no tenemos ni inversión en ellos, ni ellos en nosotros. (…) P/
Desde cuándo trabajan con estos contratos? R/ Desde el año 1976 antes era otra
empresa y luego vendió a Amtex Uruguay. P/ Por qué si ya tiene clientes no terminan la
figura? R/ Porque sale más costoso que Amtex Colombia maneje desde aquí el mercadeo
en tantos países y tantos clientes aproximadamente estamos en 11 países. Desde 1976
se suscribió contrato con Transpacific Trading Inc., domiciliada en Panamá y luego esta
sociedad le vendió a Amtex Uruguay. P/ Cómo es la operación que hoy Amtex Uruguay
hace para conseguir los clientes? R/ Inicialmente Transpacific Trading Co. Inc. creó
sociedades en los países que tienen presencia comercial para que en cada país se hiciera
la labor comercial ahí surgieron Química Amtex S.A. Venezuela, Química Amtex Ecuador,
Amtex S.A. Chile, Química Amtex Perú, Química Amtex S.A. Brasil, ellos son quienes a
través de la red comercial consiguen y mantienen los clientes en dichos países Amtex
Colombia no se entiende con los clientes en cada país sino que solo le factura a los
subgerentes comerciales y es a ellos a quien Amtex Colombia le factura, algunos clientes
por estar ubicados en países donde Amtex Uruguay no tenía un subagente pero que
hacen parte del “territorio” se les factura directamente pero igual se liquida la comisión
porque así está pactado en el contrato. P/ si yo estoy ubicada en el “territorio” y quiero
comprarle directamente a Amtex Colombia, lo puedo hacer?. R/ No, porque a nosotros
nos sale más económico que nos compren a través de las agencias comercial (sic) ya
que por lo técnico de nuestro producto toda la asistencia técnica requerida es mejor que
se le dé directamente por los asistentes técnicos del país donde está ubicado.»
iii) Cruces de información mediante exhortos emitidos por el Grupo RILO de la
DIAN con las aduanas de Brasil, Ecuador, Chile, Perú y Uruguay16. De los que
se obtuvo respuesta solamente de Brasil, Ecuador y Chile, advirtiéndose de
estas, que Amtex Uruguay no fue reportada como proveedora de esas
sociedades extranjeras, pero sí la sociedad Amtex Colombia como proveedor
de las empresas Química Amtex Brasil y Chile.
iv) Resultado de la verificación de infracción cambiaria por parte de la División de
Gestión de Fiscalización del Grupo Interno de Control Cambiario de la
Seccional de Impuesto de Medellín17, en relación con las operaciones
realizadas por las empresas en cuestión en los años 2011 y 2012:
«En cuanto a comercializar, vender y distribuir productos de QAC, es lógico que cada
uno de los supuestos agentes de AUY denominados AMTEX CHILE, AMTEX PERÚ,
AMTEX ECUADOR, AMTEX VENEZUELA, etc. realicen esta función dado que ellos
15 Folios 42 a 44 cuaderno de anexos 1
16 Folios 268 a 365 cuaderno de anexos 1
17 Folios 1386 a 1396 cuaderno de anexos 3
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
compran directamente producto a QAC según se observa en el proceso de liquidación
de la citada comisión y es por ello que cada AMTEX de cada país deben realizar la venta
de los mismos (…).
En cuanto al asesoramiento, se observa que dicha actividad la realiza QAC cuando envía
sus ingenieros al exterior, y si se estuviera dentro del cumplimiento del contrato de
agencia comercial sería directa el agente quien preste el servicio (…).
De los correos que obran a folios 1152 al 1190, se tiene que no se evidencia en ninguno
de ellos participación directa o indirecta de AUY, hace relación en su mayoría a
despachos de mercancía, lo que es lógico porque cada AMTEX de cada país es cliente
de QAC (…)
Del análisis de los estados financieros, se debe indicar que además de que no se
evidencian actividades concretas y reales realizadas ITTC (sic) (Panamá) y AUY
(Uruguay) que dan cumplimiento al contrato de representación comercial para con ellos
mejorar las expectativas de crecimiento en ventas de QAC, tampoco se observa para
vigencia 2010-2011 crecimiento, por el contrario se generó disminuciones en ventas y
hasta una pérdida operacional.
(…)
Así las cosas se debe concluir que el pago por comisiones no era necesario para el
desarrollo del objeto social y el que hacer económico del seleccionado, ya que las
exportaciones las realiza directamente QAC y los diferentes subagentes son otro de
tantos clientes, quienes se encargan de buscar sus compradores internos en cada país,
así se evidenció de los informes presentados por RILO donde cada uno de ellos
para nada reporta relación alguna con AUY, por lo tanto las divisas egresadas de
Colombia para TTCI y AUY en nada benefició a QAC ya que a este conoce muy bien
quienes son sus clientes desde hace muchos años, ni a cada uno de los subagentes
porque al parecer no tienen relación con AUY, así que solo AUY fue el beneficiado con
estos giros.»
Previo a la valoración probatoria, la Sala advierte que contrario a lo señalado por el
apelante, la investigación cambiaria y el testimonio del señor Ceriani son pruebas
conducentes, pertinentes y útiles, en tanto dan cuenta de hechos relevantes que se
encuentran en discusión en este proceso.
Así, aunque la investigación sea de tipo cambiaria, esto no impide que se tengan en
cuenta los hechos irregulares constatados en la misma, porque informan
inconsistencias que también tienen efectos en materia fiscal. De modo que, debe
dársele valor probatorio a esta investigación toda vez que corroboró la inexistencia
de las operaciones que informa el socio fundador, las cuales dan origen a las
erogaciones solicitadas en deducción.
A su vez, resulta admisible la prueba testimonial rendida por uno de los socios
fundadores de la actora, por cuanto como ha señalado la Sala18: «La prueba testimonial
constituye un medio de prueba autónomo mediante el cual el juez puede llegar a tener conocimiento
de los hechos relevantes del proceso, en aquellos casos en que no se exija un medio de
comprobación especial. En todo caso, la eficacia del testimonio dependerá de su calidad, contenido,
coherencia y objetividad.»
Esos presupuestos se cumplen respecto del testimonio analizado, a partir de lo cual
se deja en evidencia la irrealidad de las operaciones de intermediación comercial, y
del cual se destaca su conexión con el hecho objeto de prueba. No puede perderse
de vista que, el testimonio en cuestión proviene de uno de los socios fundadores de
la demandante, que en tal condición tenía conocimiento de las operaciones
económicas y del manejo administrativo y comercial de la empresa, y cuyas
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 29 de julio de
2021, exp. 24796, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
declaraciones dan cuenta precisa de las circunstancias que, conoció de manera
directa, en las que incluso admite haber participado. Súmese a ello que, que este
medio de prueba tampoco fue tachado de falso ni de sospechoso.
Claro lo anterior, la Sala procede a valorar en conjunto las pruebas allegadas al
expediente:
Del recuento probatorio se destaca, que la investigación tuvo como origen las
irregularidades puestas de presente dentro del proceso seguido por la
Superintendencia de Sociedades a la sociedad AMTEX S.A. de Colombia, que
fueron evidenciadas por el testimonio del propio socio fundador, quien confesó el
hecho de que la empresa Transpacific Trading Inc. -TTCI- fue creada por él y otro
socio de la demandante, con la finalidad de trasladar utilidades a Panamá y pagar
menos impuestos. Así dijo el señor Elio Sala: “Transpacific fue una sociedad armada por
ELIO SALA Y MANUEL DE BERNARDI, para sacar unos dineros que de pronto necesitábamos el
uno y el otro (…)”Se formó esa sociedad, en donde dice que va a ser representante de QUÍMICA
AMTEX, por todo lo que se exporta. Transpacific fue fundada prácticamente antes que QUÍMICA
AMTEX realmente ingresara a las exportaciones, porque pensamos en el futuro”.
Adicionalmente aseguró que Transpacific nunca había cumplido una función de
mercadeo. Y al preguntarle la finalidad de la constitución de la compañía explicó
que era “para llevarse utilidad a Panamá”, para lo que “se hacían figurar que las ventas las
hacía Transpacific y se le pagaban unas comisiones sobre las ventas”, con la finalidad de
“exportar utilidad, pago menos impuestos”
Respecto de lo anterior, deben hacerse dos precisiones, la primera es que no
constituye un simple indicio como lo pretende la actora, sino una prueba testimonial
proveniente de la persona que creó la figura de un agente comercial en el exterior,
ubicada en un país de menor tributación. La segunda es que, si bien la operación
cuestionada no fue efectuada con Transpacific Trading Inc. -TTCI- no puede
perderse de vista que conforme al testimonio de la contadora de la demandante en
visita efectuada el 17 de julio de 2012 al referirse a las operaciones del agente
comercial señaló: “Desde 1976 se suscribió contrato con Transpacific Trading Inc.,
domiciliada en Panamá y luego esta sociedad le vendió a Amtex Uruguay.” y adicionalmente
indicó que los agentes comerciales existentes en los otros países y a los cuales se
refiere igualmente la actora en apoyo de su argumentación, fueron creados por
Transpacific Trading Inc (TTCI), veamos los correspondientes apartes de su
testimonio : “Inicialmente Transpacific Trading Co. Inc. creó sociedades en los países que tienen
presencia comercial para que en cada país se hiciera la labor comercial ahí surgieron Química Amtex
S.A. Venezuela, Química Amtex Ecuador, Amtex S.A. Chile, Química Amtex Perú, Química Amtex
S.A. Brasil (…)”.
Permite lo anterior establecer que tras la formalidad que aduce demostrada la parte
actora con los contratos de intermediación comercial, facturas, certificaciones de los
representantes de las agencias comerciales, informes trimestrales de la gestión
encomendada, los lineamientos de ventas y comercialización por parte de la
sociedad uruguaya, etc., subyace la estructura que fue creada previamente por los
socios fundadores de la demandada que se concretaba en una aparente
representación de Amtex Colombia por una compañía (TTCI) ubicada en una
jurisdicción de menor tributación, a la cual se le pagaba una comisión, con la
finalidad de atenuar el efecto impositivo que le correspondía asumir en el país a
Amtex y a la vez ubicar utilidades en el exterior. No puede perderse de vista que,
Transpacific Trading Inc. -TTCI “vendió” a la sociedad Amtex de Uruguay (AUY),
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
según testimonio de la propia demandante, lo que pone de presente la continuidad
de la operación estructurada.
Corrobora lo anterior el hecho de que, la operación de venta, realizada a través de
los dos canales que identifica la actora para el año 2011 (primer canal para mayor
volumen y segundo para menor volumen), fue realizada directamente por la actora
a sus clientes preexistentes a la entrada en la operación de Amtex S.A. Uruguay -
AUY (junio de 2011), dentro de los cuales se encuentran comprendidas las
compañías Amtex de los otros países, lo que de suyo descarta la consecución de
nuevos clientes por parte de AUY; hecho que fue también constatado en la
investigación cambiaria de las operaciones aquí discutidas. Todo lo cual desvirtúa
que el incremento en ventas y de los ingresos operacionales, sea atribuible a la
intermediación de AUY.
Amén de esto, resulta contradictoria la explicación sobre la razón por la que la actora
vende a las compañías Amtex del exterior, en vez de hacerlo directamente a los
clientes finales, (canal 2 de comercialización), en tanto, según el testimonio de la
contadora de la actora, recaudado el 17 de julio de 2012, esto resulta más
económico porque por lo técnico de los productos de la sociedad demandante, «toda
la asistencia técnica requerida es mejor que se le dé directamente por los asistentes técnicos del
país donde está ubicado». No obstante, la actora ha señalado que en todos los casos
es ella quien presta el asesoramiento técnico, que las agencias, solo coordinan su
prestación por parte de la sociedad productora, hoy actora así: «Es por ello que la
asesoría técnica en asuntos más complejos es realizada directamente desde la fábrica y no por el
agente principal o el local.»19.
Al hilo de lo anterior, no resultaba suficiente acreditar formalmente la operación, en
la medida en que la Administración desvirtuó la realidad de las operaciones, lo que
prevalece sobre la formalidad acreditada. Sobre el particular, ha sido criterio
reiterado de esta Sección en la sentencia del 6 de agosto de 2020, expediente
23579, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez (E):
«A estos efectos, se pone de presente que si bien la factura o el documento equivalente
constituye la prueba documental idónea para soportar la compraventa de mercancías, su
aporte no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la
transacción que esos documentos registran.
Por tal razón, si la Administración requiere al contribuyente la comprobación de la realidad de
esas operaciones, sin que la misma sea soportada, o recauda pruebas que logran probar su
inexistencia, esas operaciones y los beneficios tributarios que se derivan de las mismas, deben
rechazarse.
Para ello, la DIAN cuenta con los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el
Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con las normas tributarias
(art. 742 E.T.).».
Así, aunque formalmente documentada la figura de la agencia comercial, el análisis
integral de las pruebas obrantes en el proceso evidencian la irrealidad de la
operación, su falta de sustancialidad, de lo que deriva en improcedente el pago por
concepto de comisiones que pretende hacer valer la actora.
Finalmente, debe precisarse que no le asiste razón al demandante cuando sostiene
que el requisito de necesidad, no es exigible para la deducibilidad de gastos por
pago de comisiones, lo que concluye a partir de que la disposición hace referencia
a la relación de causalidad, que no a la necesidad.
19 Folio 50 c2
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
No resulta de recibo lo anterior, primero porque el artículo 107 del Estatuto
Tributario, no previó excepción alguna al señalar “Son deducibles las expensas realizadas
durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre
que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias
y proporcionadas de acuerdo con cada actividad” y segundo porque la referencia a la
relación de causalidad que hace el artículo 121 ibídem, tiene otro alcance.
En efecto, el señalamiento de este precepto, en el sentido de que “los contribuyentes
podrán deducir los gastos efectuados en el exterior, que tengan relación de causalidad con rentas
de fuente dentro del país, siempre y cuando se haya efectuado la retención en la fuente si lo pagado
constituye para su beneficiario renta gravable en Colombia”, gravita en torno a la
diferenciación entre los gastos del exterior que tienen relación de causalidad con
rentas de fuente nacional, versus los gastos del exterior que tienen relación de
causalidad con rentas de fuente extranjera, lo que resulta muy relevante, si se tiene
en cuenta que tratándose de los segundos, esto es, de los gastos del exterior para
generar rentas de fuente extranjera se predica su plena deducibilidad, con
prescindencia de que no se hayan sujetado a retención en la fuente, por no haber
obligación de hacerla.
Repárese que, el alcance de la disposición (Art. 121 E.T) es completamente
diferente al del artículo 107 del Estatuto Tributario, contentivo de las condiciones
generales de deducibilidad de cualquier gasto, esto salvo que, el propio legislador
haya relevado la expensa del cumplimiento de alguna de las condiciones de
deducibilidad allí previstas, tal es el caso del gasto de GMF que puede deducirse
con prescindencia de su relación de causalidad20, para dar un ejemplo.
Por todo lo expuesto, no se le dará prosperidad a este cargo de apelación y, en tal
virtud se mantendrá el desconocimiento del gasto por valor de $847.693.971.
4. Deducción de honorarios por asesoría legal por $290.847.000
Concluyó el a quo que, le asistía razón a la DIAN, bajo la consideración de que estas
erogaciones carecían de relación de causalidad con la actividad generadora de
renta de la compañía, que se efectuaron por mera liberalidad de la actora para
procurar, no su defensa, sino la de uno de sus administradores.
La actora se opone a lo anterior, manifestando que la relación de causalidad de los
citados gastos, con la actividad productora de renta de la empresa, se encuentra
demostrada en el proceso, toda vez que de no incurrirse en ellos, posiblemente,
habría tenido que destinarse gran parte de su renta a sufragar los resultados
adversos, que de tales litigios pudieran derivarse.
Al respecto, la Sala destaca que mediante Sentencia de Unificación de la Sección
del 26 de noviembre de 2020, (exp. 21329, C.P. Julio Roberto Piza) se precisó el
alcance y contenido de los requisitos generales de deducibilidad de que trata el
artículo 107 del Estatuto Tributario, con fundamento en las siguientes reglas, que
serán tenidas en cuenta en la presente providencia.
«1. Tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, todas las expensas
realizadas por el contribuyente en desarrollo o ejecución de la actividad productora de
renta. Para establecer el nexo causal entre el gasto y la actividad lucrativa, no es
determinante la obtención de ingresos ni el enunciado del objeto social del sujeto pasivo.
20 Artículo 107 del Estatuto Tributario
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
2. Las expensas necesarias son aquellas que realiza razonablemente un contribuyente en
una situación de mercado y que, real o potencialmente, permiten desarrollar, conservar o
mejorar la actividad generadora de renta (…)»
A efectos de demostrar que el gasto satisface los requisitos del artículo 107 del
Estatuto Tributario, la actora aportó:
• Factura Nro. 158 del 18 de febrero de 2011 por la suma de $30.000.000
expedida por Ortiz Gutiérrez & Asociados Ltda. por «Prestación de asesoría jurídica y
representación judicial ante la Corte Constitucional dentro del incidente de nulidad instaurado dentro de
la acción de tutela radicada con el No. 2.458.581.» (fl.726 cp1B). A esta se acompaña
comunicación y auto admisorio de la acción de tutela promovida por Manuel
De Bernardi Campora contra el laudo y la providencia del 27 de febrero de
2009 que declaró infundado el recurso de anulación instaurado contra dicho
laudo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín. En
ese proceso se vinculó como tercero a AMTEX S.A. (fls.727 a 729 cp1B).
• Factura Nro. 159 del 18 de febrero de 2011 por la suma de $100.000.000
expedida por Ortiz Gutiérrez & Asociados Ltda. por «Prestación de asesoría jurídica y
representación judicial dentro del proceso de responsabilidad civil radicado No.
05001310300620070000800 –(Comisión de Éxito).» (fl.778 cp1B), junto con la propuesta
de prestación de esos servicios profesionales, en cuyo punto 2 se lee «Comisión
de éxito: La suma de cien millones de pesos m/te ($100.000.000.00) más IVA de obtener una sentencia
favorable a los intereses de Amtex S.A. Esta suma deberá ser pagada dentro de los cinco (5) días
siguientes a la presentación de la correspondiente factura.» (fl.780 cp1B). En la demanda se
precisa que corresponde al «proceso civil de responsabilidad de administradores» (fl.64
cp).
• Factura Nro. 27143 del 1° de septiembre de 2011 por la suma de $150.000.000
expedida por Posse Herrera & Ruíz S.A. «Por servicios profesionales prestados, en relación
con el asunto de la referencia, según acuerdo.» - Referencia: 0002-RESPONSABILIDAD
ADMINISTRADORES, Caso: 1267/0002 (fl.781cp1B). Anexa a esta se
encuentra el documento «Términos del Servicio (‘Engagement Letter’) Proceso de
Responsabilidad de Administradores» del 2 de septiembre de 2010, dirigido a Amtex
S.A. (fls.782 y 783 cp1B), así como el Acta de Asamblea Ordinaria de
Accionistas del 30 de abril de 2008 en la que se aprobó que la compañía
asumiera la totalidad de los honorarios de los abogados de cualquier
especialidad, con motivo de la defensa de sus funcionarios o directivos por la
denuncia penal instaurada por el señor Sala Ceriani (fls.818 y 819 cp1B), al
igual que el Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 22 de marzo de
2013, en la que se acordó que la Amtex S.A. asumiría los honorarios de
abogados por las actuaciones relacionadas con la sentencia T-790 de 2010
que declaró la nulidad del laudo arbitral del año 2007. (fls.840 a 842 cp1B).
• Factura Nro. 24694 del 1° de abril de 2011 por la suma de US$670
($1.253.302) expedida por Posse Herrera & Ruíz S.A. «Por servicios profesionales
prestados, en relación con el asunto de la referencia, según detalle de gastos y tiempos anexos.» -
Referencia: 5-ASESORÍA JURÍDICA, Caso: 1267/0005 (fl.870 cp1B). Que la
actora explica obedece a la asesoría prestada en una inspección practicada
por la Superintendencia de Sociedades.
• Factura Nro. 26110 del 16 de junio de 2011 por la suma de $5.881.250
expedida por Posse Herrera & Ruíz S.A. «Por servicios profesionales prestados, en relación
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
con el asunto de la referencia, según detalle de gastos y tiempos anexos.» - Referencia: 8-
CONCEPTO PAGO DE DIVIDENDOS, Caso: 1267/0008 (fl.871 cp1B).
• Factura Nro. 26109 del 16 de junio de 2011 por la suma de US$2.084
($3.712.438) expedida por Posse Herrera & Ruíz S.A. «Por servicios profesionales
prestados, en relación con el asunto de la referencia, según detalle de gastos y tiempos anexos.» -
Referencia: 5-ASESORÍA JURÍDICA, Caso: 1267/0005 (fl.870 cp1B). La que
sustenta corresponde a la asesoría sobre pasivos pensionales, por lo que
anexa Oficio de la Superintendencia de Sociedades Nro. 300-155117 del 21
diciembre de 2010 sobre la normalización del pasivo pensional a nombre de
Amtex S.A. (fls.873 a 875 cp1B).
De los gastos anteriormente descritos, encuentra la Sala que unos fueron «asumidos»
para la representación de administradores de la compañía, no propendían por la
defensa de la demandante, mientras que otros corresponden a asuntos propios del
actora.
En relación con los primeros, la Sala encuentra que no se demostró de qué manera
su representación litigiosa incidía o repercutía en la actividad desarrollada por
Química Amtex S.A, no resulta suficiente la mera afirmación de potenciales riesgos
futuros para la compañía. No se satisfacen los presupuestos de deducibilidad
consagrados en el artículo 107 del Estatuto Tributario y en tal virtud, se mantendrá
su rechazo
Diferente situación se advierte respecto de los gastos incurridos para la asesoría y
representación judicial del proceso en el que fue vinculada la compañía como
tercero o los relacionados con la asesoría para la gestión de asuntos propios de la
actividad de la compañía, tal es el caso de la inspección practicada por la
Superintendencia de Sociedades, pagos de dividendos y el pasivo pensional, cuya
gestión sólo podía encomendarse a personal calificado, considerada la especialidad
de los temas, satisfaciendo los requisitos de deducibilidad previstos en el artículo
107 del Estatuto Tributario.
En consecuencia, se acepta el gasto por honorarios en cuantía de $40.847.000 y
se mantendrá el rechazo en la suma de $250.000.000.
5. Deducción por pagos a miembros de junta directiva $13.400.000 y por
servicios de transporte por $907.668
Este cargo se concreta en el rechazo de los gastos incurridos con Camilo Ernesto
Montoya Zuluaga, correspondiente a sus honorarios como miembro de la junta
directiva de Amtex S.A por valor de $13.400.000, y con Sebastián Ortega Mejía en
cuantía de $907.668, valor que aduce la demandante contabilizado por error a
nombre de este tercero.
Se advierte que si bien el cuestionamiento se hacía extensivo a los gastos con los
señores Eladio Echavarría Agudelo ($1.440.000) y Juan Carlos Blandón Palacio
($1.500.000), con ocasión de la respuesta al requerimiento especial, la actora
aceptó la glosa, por lo que solo procede señalar que conforme con ese allanamiento
parcial, se mantiene el rechazo de la suma de $2.940.000 en la correspondiente
liquidación que se efectuará en esta instancia.
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
Retomando los pagos discutidos por las partes en este cargo, la Sala observa que
los pagos relativos a Camilo Ernesto Montoya Zuluaga y Sebastián Ortega Mejía se
rechazaron por incumplir el requisito contenido en el literal c) del artículo 177-2 del
Estatuto Tributario21, esto es:
«Artículo 177-2. No aceptación de costos y gastos. No son aceptados como costo o gasto
los siguientes pagos por concepto de operaciones gravadas con el IVA:
(…)
c) Los realizados a personas naturales no inscritas en el Régimen Común, cuando no
conserven copia del documento en el cual conste la inscripción del respectivo
vendedor o prestador de servicios en el régimen simplificado. Se exceptúan de lo
anterior las operaciones gravadas realizadas con agricultores, ganaderos
y arrendadores pertenecientes al régimen simplificado, siempre que el comprador de los
bienes o servicios expida el documento equivalente a la factura a que hace referencia el
literal f) del artículo 437 del Estatuto Tributario.» (Énfasis de la Sala)
Puntualmente sobre el gasto por honorarios como miembro de junta directiva de
Camilo Ernesto Montoya Zuluaga, la demandante argumenta que, tratándose de un
servicio no gravado con IVA, no debía acreditarse la inscripción del beneficiario del
pago en el régimen simplificado de IVA.
Para la Sala, le asiste razón a la apelante, comoquiera que la limitación prevista en
el artículo 177-2 del Estatuto Tributario, se encuentra referida exclusivamente a las
operaciones gravadas con IVA, lo cual o corresponde al caso concreto, puesto que
en los términos del artículo 5° del Decreto 1372 de 1992: «Los ingresos provenientes de la
relación laboral o legal y reglamentaria no están sometidos al impuesto sobre las ventas. Así como tampoco
los ingresos que perciban los socios industriales como contraprestación a su aporte, ni los honorarios
percibidos por los miembros de juntas directivas.» (Énfasis de la Sala)
Por lo anotado, procede aceptar el gasto en cuestión. Prospera este cargo de la
apelación.
En lo que atañe al pago a nombre del señor Sebastián Ortega y que la actora explica
obedece a un error en la contabilización, dado que correspondía al proveedor de
servicios Coodesco BPO S.A.S. La Sala observa que desde la respuesta al
requerimiento especial la actora puso en conocimiento de la Administración esa
justificación para lo cual aportó la factura expedida a su cargo por tales servicios,
así como el registro contable de esos pagos.
Sin embargo, la DIAN no le dio crédito, porque en su criterio, las explicaciones y
pruebas debieron ser remitidas a la actuación administrativa antes de que corriera
el término de respuesta al acto previo en comento, lo cual contraviene el artículo
744 del Estatuto Tributario, en cuanto establece que para estimar el mérito de las
pruebas, éstas deben obrar en el expediente, por alguna de las siguientes
circunstancias: «3. Haberse acompañado o solicitado en la respuesta al requerimiento especial o a su
ampliación», entre otras circunstancias. Por tal razón entrará la Sala a efectuar el
examen correspondiente.
Obra en el expediente, la factura de venta Nro. 000000065 del 30 de noviembre de
2011 correspondiente a los servicios prestados por Coodesco BPO S.A.S. por un
21 Antes de ser modificado por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016, luego sustituido por el artículo 20 de la
Ley 2010 de 2019.
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
total de $179.877.84922, así como el registro contable de esos pagos23, este último
también anexo a la demanda24 con un mayor detalle en el que se aprecian los
códigos de los beneficiarios de los pagos y respalda el dicho de la actora en cuanto
a que por una equivocación en el dígito tres (3) del código 99630 del tercero
Coodesco BPO S.A.S., el cual se introdujo en el sistema como cero (0), registró
dicho pago al señor Sebastián Ortega con código 99600. En ese anexo contable,
se observa además el registro de los diferentes pagos efectuados con cargo a la
póliza de servicios outsourcing por $179.877.849 en medio de los cuales aparece
un único registro a nombre del señor Sebastián Ortega con código 99600 por la
suma de $907.668.
Dado que los documentos aportados son coincidentes con la explicación
suministrada por la actora, la Sala encuentra procedente el gasto.
En consecuencia, prospera el cargo de apelación por los gastos que componían
esta glosa en cuantía de $13.400.000, y de $907.668.
6. Deducción por asistencia técnica por $88.823.360
En el acto demandado, la DIAN desconoció gastos por asistencia técnica en la suma
de $88.823.360, y que correspondían a gastos efectuados a diferentes
profesionales especializados en el tema de productos químicos.
Fundamentó esta glosa la DIAN en que el servicio del ingeniero Hugo De Notta, no
había sido prestado para la sociedad demandante, lo cual determinó a partir del
texto de la factura que señala: «Servicios Profesionales de evaluación fabril para optimización
de Procesos para mejorar la rentabilidad de AMTEX S.A. prestados en Buenos Aires, Rep.
Argentina». Se advierte que, el valor rechazado por este concepto fue $88.823.360,
suma diferente a la señalada en la factura, como se analizará adelante.
Sobre esta glosa, señala el apelante que de acuerdo con las pruebas aportadas, la
calidad de los servicios profesionales prestados por el señor Hugo De Notta no
pueden ser aplicadas a la actividad de Amtex Argentina que solamente se dedica a
la producción de CMC, producto químico que no cuenta con las propiedades sobre
las cuales el referido profesional es especialista, esto es, las emulsiones y
dispersiones.
Para dilucidar este debate, resulta menester partir de la definición de asistencia
técnica, contenida en el artículo 2 del Decreto 2123 de 1975, compilado en el artículo
1.2.1.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 y que consiste en la
asesoría dada mediante contrato de prestación de servicios incorporales, para la
utilización de conocimientos tecnológicos aplicados por medio del ejercicio de un
arte o técnica, lo cual comprende también el adiestramiento para la aplicación de
los conocimientos. Al hilo de esto, ha sostenido la Sección en sentencia del 12 de
febrero de 200425 que: «no es lo mismo la ‘asistencia técnica’ que los ‘servicios técnicos’ pues
la primera se supone que se caracteriza por la transmisión de conocimientos a terceros y la segunda
comprende tan solo la aplicación directa de la técnica por un operario sin transmisión de
conocimientos.».
22 Folio 1688 ca3
23 Folio 1689 ca3
24 Folios 893 a 897 cp1B
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 12 de febrero de
2004, expediente 13623, CP. Juan Ángel Palacio Hincapié.
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
Así, el solo hecho de señalarse como prestado un servicio desde el exterior, no
resulta suficiente para descartar que hubiese tenido como destinatario una entidad
colombiana en tanto, la asesoría técnica no requiere el desplazamiento, no exige la
presencia del técnico.
Para el caso objeto de análisis se observa una factura de venta emitida el 5 de
diciembre de 2011 por el ingeniero Hugo De Notta a la sociedad Amtex S.A. con
domicilio en la calle 46 Nro. 41-69 de Itagüí Colombia, por la suma de US$4.000
(fl.93 ca1), cuyo concepto es: «Servicios Profesionales de evaluación fabril para optimizar
procesos para mejorar la rentabilidad de Amtex S.A. prestados en Buenos Aires, Rep. Argentina.».
También obra la orden de pago expedida por la contribuyente a favor del citado
profesional en la suma de US$4.000 (fl.92 vlto ca1).
A partir de lo anterior, no encuentra la Sala razón para el rechazo de este gasto,
primero porque el soporte pone de presente que el servicio recayó sobre Amtex S.A,
en tanto señala que su finalidad era mejorar la rentabilidad de esa compañía y
segundo, porque se trataba de un servicio calificado contratado con un experto en
las sustancias y el producto que desarrollaba la compañía (explicado esto con
suficiencia por la actora) que se enmarcaba en una asistencia técnica (aspecto no
debatido en el proceso), servicio que como se analizó, era susceptible de ser
prestado desde el exterior.
Ahora bien, respecto del valor de este servicio, da cuenta la factura de que el
honorario del ingeniero en mención, fue US$4.000, equivalente a COP$7.755.000
(liquidado a la TRM de $1.938,83, según folio 249 del cuaderno de antecedentes),
que no la suma de $88.823.360 glosada por la DIAN, por lo que carece de sustento
el rechazo de la suma de $88.823.360. En consecuencia se levantará el valor
glosado por la Administración; así quedará reflejado en la liquidación del tributo que
se realizará en esta providencia.
Prospera el cargo de apelación.
7. Deducción por pagos de seguros de vida por $28.413.794 y $11.078.554
La entidad demandada rechazó gastos por seguros de vida a empleados y a
ejecutivos, por valor de $28.413.794 y $11.078.554 respectivamente, sustentada en
que se trataba de gastos innecesarios para desarrollar la actividad productora de
renta de la contribuyente, que en consecuencia no satisfacían los requisitos del
artículo 107 del Estatuto Tributario.
El Tribunal señaló que los pagos por seguro de vida a empleados y ejecutivos de la
compañía no son deducibles porque no cumplen el requisito de causalidad ni de
necesidad para desarrollar la actividad productora de esta.
Por su parte la apelante sostuvo que el pago de seguros de vida a empleados y
ejecutivos de Amtex S.A. se derivan de una obligación de la convención y el pacto
colectivo, y que el pago de seguro a ejecutivos fue realizado de forma conjunta con
los honorarios devengados por los miembros de junta directiva.
Observa la Sala que la Convención Colectiva y el Pacto Colectivo de Trabajo de
Amtex S.A. para las vigencias 2009 a 2011, pone de presente el artículo 1026 que,
26 Folios 559 y 572 ca1
30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
la actora contrajo la obligación de sufragar los seguros de vida contratados para
todos sus trabajadores.
A este respecto conviene señalar que el artículo 467 del Código Sustantivo del
Trabajo preceptúa que una convención colectiva de trabajo es la que se celebra
entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales y uno o varios sindicatos
o federaciones sindicales de trabajadores para fijar las condiciones que regirán los
contratos de trabajo durante su vigencia. Igualmente. La Sección Segunda de esta
Corporación27 ha indicado respecto de la convención colectiva: «[l]a Sala puede definir
que la convención colectiva es un acto jurídico plurilateral, solemne, de orden público, protegido por
la Constitución Política y el ordenamiento legal, fuente de derecho, vinculante en derechos y
obligaciones en los contratos de trabajo y relaciones laborales de quienes lo suscribieron por el
tiempo que duren aquellas relaciones laborales y mientras estén vigentes los acuerdos colectivos
pactados». (subraya la Sala).
Los pactos colectivos de trabajo, por su parte, son los acuerdos solemnes que se
suscriben en los mismos términos y bajo las mismas reglas de las convenciones
colectiva del trabajo, pero en relación con trabajadores no sindicalizados (art. 481
ib.)
Para la Sala, lo precisado en precedencia, resulta suficiente para concluir que el
gasto por concepto de los seguros de vida para empleados de Amtex S.A. derivados
de la convención y/o del pacto colectivo, cumplían los requisitos previstos en el
artículo 107 del ordenamiento tributario nacional para su deducibilidad y, muy
específicamente la necesidad y la relación de causalidad, comoquiera que se
correspondía a condiciones laborales de obligatoria observancia. Por lo tanto,
prospera el cargo de apelación sobre este gasto por valor de $28.413.794
Respecto del seguro de vida pagado a los ejecutivos de Amtex S.A., no puede
predicarse lo mismo, habida cuenta que la actora se limitó a aportar la póliza y las
correspondientes cuentas de cobro de este seguro, dejando de lado sustentar y
probar que tales pagos se dieron en acatamiento de un convenio laboral o en
cumplimiento de una obligación empresarial o de política corporativa.
A estos efectos, conviene recordar el criterio jurisprudencial de la Sentencia de
Unificación de la Sección del 26 de noviembre de 2020, exp. 21329, C.P. Julio
Roberto Piza): «4. Los contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades
administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones y carga
argumentativa, conforme a las cuales una determinada expensa guarda relación causal con su
actividad productora de renta, es necesaria y proporcional con un criterio comercial y tomando en
consideración lo acostumbrado en la concreta actividad productora de renta.»
Al hilo de lo anterior, advierte la Sala que, la actora no acreditó la relación de
causalidad y necesidad de la expensa, no se probó la afirmación del apelante en
cuanto a que el seguro de vida a ejecutivos hacía parte del reconocimiento por las
actividades desarrolladas en la junta directiva.
En las condiciones anotadas, la Sala encuentra procedente la deducción por
concepto de seguros de vida para los empleados por valor de $28.413.794; no así
los pagos efectuados por seguros de vida a ejecutivos en la suma de $11.078.554,
por lo que se mantendrá su rechazo.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 11 de mayo de
2017, expediente 68001-23-31-000-2008-00408-02(0330-12), CP. César Palomino Cortés.
31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
8. Costos de ventas - costos indirectos de producción por $230.141.000
Se discute la procedencia de costos de ventas en cuantía de $230.141.000 valor
que la DIAN rechazó a partir de las inconsistencias encontradas en los diferentes
cálculos de los costos que implicaban una indebida distribución de los costos
indirectos de producción por parte de la actora.
El Tribunal consideró que los CIF fueron distribuidos con base en un cálculo erróneo
porque no se limitó a las unidades producidas, lo que origina errores en la
distribución de los costos indirectos de producción y en la determinación de los
costos de ventas, y en esa medida, dio la razón a la Administración.
La apelante controvierte lo anterior, señalando que, efectuó dicho cálculo con
estricto apego a los artículos 58 y 62 del Estatuto Tributario, aunado a que la
Administración no cuestionó el monto total de esos CIF, sino el porcentaje de
asignación de los costos, y que por tanto no es objeto de cuestionamiento la
procedencia del costo.
Verificado el expediente se encuentra que respecto de la distribución de los CIF, el
contribuyente aportó los siguientes documentos:
En visita del 8 de enero de 2013, la contadora de la sociedad allegó el siguiente
cálculo28:
El mismo día se remite correo electrónico en el que se informa29:
COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN 55.854.489.718,70
CIF (GASTOS DE FABRICA) 10.231.765.155,70
% CIF/ COSTOS VARIABLES 18.319%
INVENTARIO INICIAL PRODUCTO EN PROCESO INCLUYE CIF 1.299.174.321,07
INVENTARIO INICIAL PRODUCTO EN TERMINADO INCLUYE CIF 5.840.842.108,08
TOTAL INVENTARIO INICIAL 7.140.016.429,15
INVENTARIO FINAL PRODUCTO EN PROCESO SIN CIF 2.113.980.768,55
INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO SIN CIF 8.038.563.674,36
TOTAL INVENTARIO FINAL 10.152.544.442,91
Valor Máximo de CIF para inventarios 1.859.804.842,83
APLICACIÓN DE PORCENTAJE PARA INVENTARIO FINAL 12.012.349.285,74
COSTO DE VENTAS
TOTAL INVENTARIO INICIAL 7.140.016.429, 15
MAS COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN 55.854.489.718,70
MAS CIF (GASTOS DE FABRICA) 10.231.765.155,70
MENOS TOTAL INVENTARIO FINAL Con Cálculo de CIF (12.012.349.285,74)
Producción 61.213.922.017,81
COSTOS DE VENTAS SOLICITADO EN DECLARACIÓN DE RENTA
TOTAL COSTOS RENGLON 51 DECLARACIÓN RENTA 66.976.952.000,00
MENOS COSTOS COMERCIALIZADOS NACIONAL 3.821.557.972,11
MENOS COSTOS COMERCIALIZADOS EXTERIOR 574.822.350,70
28 Folio 212 ca1
29 Folio 213 ca1
32
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
MENOS COSTOS INMOBILIARIOS 1.969.333.680,85
TOTAL COSTOS DE VENTA (PRODUCCIÓN) 60.611.237.996,34
VALOR DEJADO DE SOLICITAR 602.684.021,47
El 10 de enero de 2013 la sociedad allegó un nuevo escrito suscrito por el
representante legal suplente30:
Costos variables de producción $55.854.489.718,70
CIF (Gastos de Fabrica) $10.231.765.155,70
% CIF / Costos variables 18%
Inventario inicial producto en proceso incluye CIF $1.299.174.321,07
Inventario inicial producto terminado incluye CIF $5.840.842.108,08
TOTAL INVENTARIO INICIAL $7.140.016.429,15
Inventario final producto en proceso sin CIF $2.113.980.768,55
Inventario final producto terminado sin CIF $8.038.563.674,36
TOTAL INVENTARIO FINAL $10.152.544.442,91
APLICACIÓN DE PORCENTAJE PARA INVENTARIO $11.980.002.442,63
FINAL
COSTOS DE VENTAS
Total inventario inicial $7.140.016.429,15
Mas costos variables de producción $55.854.489.718,70
Mas CIF (Gastos de Fabrica) $10.231.765.155,70
Menos total inventario final ($11.980.002.442,63)
TOTAL COSTO DE VENTA $61.246.268.860,92
Se advierte de lo anterior que la información reportada por la actora no fue
consistente, puesto que reportó valores diferentes por los mismos conceptos. Se
observa que, inicialmente informó los CIF por valor de $11.301.308.343,33 y los
costos de producción, base de distribución por valor de $ 54.784.946.528,67,
información que luego modificó así: los CIF en $10.231.765.155,70 y los costos de
producción en $55.854.489.718,70. Tal como lo observó la DIAN, con la segunda
información, disminuyó una parte del valor que había reportado como CIF en cuantía
de $1.069.543.188, valor en el que incrementó los costos de producción.
Repárese que el valor del inventario final, luego de aplicar los CIF es diferente en
dos de los documentos aportados por el actor, en uno es de $12.012.349.285,74,
mientras que en el otro, es de $11.980.002.442.
Lo anterior fue advertido y cuestionado por la DIAN, en los siguientes términos: «el
cálculo presenta diferencias significativas con el primer cálculo, puesto que la sociedad cambió $1.069.543.190
que inicialmente presentaron como CIF, lo llevaron como un mayor valor del costo de producción variable
aumentando la base de distribución de los CIF y por lo tanto disminuyendo el porcentaje de distribución de los
CIF.», sobre el segundo documento constató: «este cálculo y el costo resultante no son
procedentes, toda vez que al aumentar los costos variables y disminuir los CIF obviamente se disminuye el
porcentaje de aplicación de los CIF y se carga un mayor valor a los costos de producción variable incrementando
así el costo de venta.», y frente al tercer documento «este cálculo presenta el mismo procedimiento
del anterior, adicionalmente cuando están valorando el inventario final punto 6.6 le adicionan un valor de CIF de
$1.827.458.000 sin justificación alguna.», no obstante, observa la Sala que, la parte actora no
explicó ni justificó estos cuestionamientos.
30 Folios 227 reverso y 228 ca1
33
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
Dadas las irregularidades anteriores, la entidad demandada realizó el cálculo de
distribución de los CIF, para lo cual partió de la información suministrada
inicialmente por la actora, lo que la llevó a establecer un costo de venta por valor de
$60.381.097.000, que frente al solicitado por el contribuyente de $60.611.238.000
arrojaba un mayor costo de ventas por valor de $230.141.000. Sin embargo, este
cálculo no fue desvirtuado por la parte actora. No confrontó ni reparó en las variables
y el procedimiento de la entidad demandada, como correspondía.
Dadas las inconsistencias en la información remitida por la actora, la que además
no fue respaldada con prueba contable ni siquiera en esta instancia, no encuentra
la Sala mérito para desestimar el cálculo efectuado por la entidad demandada que
no solo no fue desvirtuado por la actora, sino que además encuentra la Sala
razonable y ajustado a la dinámica contable y fiscal.
En consecuencia, se confirmará el rechazo de los costos de venta por valor de
$230.141.000. No prospera el cargo de apelación.
9. Condena en costas
Sobre la condena en costas se precisa que el Tribunal condenó en costas a la
demandante por ser la parte vencida en el proceso, sin embargo, debe tenerse en
cuenta que según el numeral 5° del artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable al caso concreto por expresa remisión del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando en la
sentencia de segunda instancia prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los
fundamentos de su decisión. Aplicando esta regla, no se condenará en costas a la
demandada, además porque no obra prueba de su causación, como lo exige el
numeral 8 del referido artículo 365.
10. Allanamiento de la actora
En lo que concierne al argumento de la apelante en cuanto a que le fue imposible
materializar el allanamiento expresado en la respuesta al requerimiento especial por
haber operado la firmeza de la declaración, lo que resta señalar a la Sala luego de
resolver que la liquidación privada no está en firme, es que ante la aceptación de la
actora frente a la improcedencia de la deducción por indemnización por daño en
vehículo ajeno ($13.400.000) y pagos efectuados a personas no inscritas en el RUT
($2.940.000), estas deben mantenerse en la liquidación que se practicará en esta
instancia.
11. Liquidación
La Sala declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados
porque no procedía el rechazo de los siguientes pagos: i) $40.847.000 por
honorarios por asesoría legal; ii) $13.400.000 por honorarios de miembros de junta
directiva; iii) $907.668 por transporte; iv) $88.823.360 por asistencia técnica; y, v)
$28.413.794 por seguros de vida a empleados.
Y se mantendrá el rechazo de los gastos por concepto de: i) comisiones por ventas
en el exterior en la suma de $847.693.971; ii) honorarios de asesoría legal por
$250.000.000; iii) seguro de vida para ejecutivos por $11.078.554; v) costos de
34
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
venta por $230.141.000; vi) indemnización por daño a vehículo ajeno por
$13.400.000; y, v) pagos a personas no inscritas en el RUT por $2.940.000. Se
aclara que estos dos últimos fueron aceptados por la actora al inicio de la actuación
administrativa.
Se tiene, entonces, como liquidación en esta instancia, la siguiente:
Liquidación
Concepto Liquidación privada Consejo de Estado
Oficial
Total patrimonio Liquido 65.776.291.000 65.776.291.000 65.776.291.000
Total ingresos netos 84.754.895.000 84.754.895.000 84.754.895.000
Costo de venta 66.970.641.000 66.740.500.000 66.740.500.000
Otros costos 6.311.000 6.311.000 6.311.000
Total Costos 66.976.952.000 66.746.811.000 66.746.811.000
Gastos Opera. de
6.774.356.000 6.774.356.000 6.774.356.000
Administración
Gastos Opera. de Ventas 8.899.439.000 7.601.935.000 7.774.327.000
Deducción inversiones en
0 0 0
activos fijos
Otras deducciones 1.963.837.000 1.963.837.000 1.963.837.000
Total deducciones 17.637.632.000 16.340.128.000 16.512.520.000
Renta líquida del ejercicio 140.311.000 1.667.956.000 1.495.564.000
o Perdida líquida 0 0 0
Renta líquida 140.311.000 1.667.956.000 1.495.564.000
Renta presuntiva 1.988.093.000 1.988.093.000 1.988.093.000
Renta líquida gravable 1.988.093.000 1.988.093.000 1.988.093.000
Impuesto sobre la renta
656.071.000 656.071.000 656.071.000
gravable
Descuentos tributarios 164.018.000 164.018.000 164.018.000
Impuesto neto de renta 492.053.000 492.053.000 492.053.000
Total impuesto a cargo 492.053.000 492.053.000 492.053.000
Autorretenciones 1.836.644.000 1.836.644.000 1.836.644.000
Otros conceptos 360.000 360.000 360.000
Total retenciones año
1.837.004.000 1.837.004.000 1.837.004.000
gravable
Sanciones 0 0 0
Total saldo a pagar 0 0 0
Total saldo a favor 1.344.951.000 1.344.951.000 1.344.951.000
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Antioquia. En su
lugar, dispone:
1. Declarar la nulidad parcial de Liquidación Oficial de Revisión
Nro.112412015000063 del 20 de mayo de 2015 mediante la cual la Dirección
Seccional de Impuestos de Medellín de la DIAN modificó la declaración del
impuesto sobre la renta del año gravable 2011.
2. A título de restablecimiento del derecho se declara que la liquidación del
impuesto sobre la renta del año gravable 2011 a cargo de la demandante
corresponde a la practicada por esta Corporación e inserta en la parte motiva
de esta sentencia.
35
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02002-01 (25183)
Demandante: Amtex S.A.
3. Sin condena en costas en ninguna de las dos instancias.
Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (AUSENTE CON PERMISO
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
36
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.