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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02007-02

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02007-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria mediante sentencia dictada el 29 de abril de 2024. SEGUNDO. Modificar el numeral segundo de la sentencia apelada, para estarse a lo resuelto en la sentencia del 9 de abril de 2024, proferida dentro del medio de control de simple nulidad, con radicado 11001-03-25-000-2019-00609-00 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Modificar el numeral cuarto de la anterior providencia, el cual quedará 23 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-02007-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2015-02007-02 (5794-2024)
Demandante: Luz Amparo Díaz Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez. Reiteración
jurisprudencial. Subtema 1: imposibilidad presupuestal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida el 29 de abril de 2024 por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Luz Amparo Díaz Pérez, en condición de juez, presentó demanda contra la Nación,
Rama Judicial, Dirección Seccional de la Administración Judicial, para obtener la
nulidad de los actos que le negaron el pago de la prima especial y la reliquidación de
las prestaciones sobre el 100 % de la remuneración mensual. La Dirección Seccional
de la Administración Judicial negó la solicitud al considerar que la prima especial de
servicios no tiene carácter salarial. El Tribunal declaró probada la excepción de
prescripción al encontrar demostrado que la presentación de la solicitud fue el 2 de
octubre de 2014, por lo tanto, las sumas causadas con anterioridad al 2 de octubre de
2011 quedaron afectadas por dicha figura. La demandada interpuso recurso de
apelación para que se revoque la sentencia de primera instancia por considerar que
para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial resulta presupuestalmente
inviable cancelar las obligaciones anteriores al 1 de enero de 2021, toda vez que a la
fecha no se cuenta con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público que permita cubrir el reconocimiento de dichas acreencias
laborales.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Luz Amparo Díaz Pérez, mediante apoderado judicial, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02007-02 (5794-2024)
Demandante: Luz Amparo Díaz Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Nación, Rama Judicial, el 19 de noviembre de 20151, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones:

(i) Inaplicar por inconstitucionales e ilegales, en cuanto desconocen los criterios
que fijan el carácter salarial de la prima especial, las siguientes normas:
Decreto 657 de 2008; Decreto 658 de 2008; Decreto 722 de 2009; Decreto 723
de 2009; Decreto 1405 de 2010; Decreto 1388 de 2010; Decreto 1041 de 2011;
Decreto 1039 de 2011; Decreto 848 de 2012; Decreto 874 de 2012; Decreto
1034 de 2013; Decreto 1024 de 2013; Decreto 194 de 2014; Decreto 204 de
2014 en los artículos que reglamentaron la prima especial para jueces y
magistrados de la república.

(ii) Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMR 14-4940 del 7 de octubre de
2014, por medio de la cual se negó la inclusión del 30 % de la remuneración
mensual devengada por la demandante como base para la liquidación de las
prestaciones sociales durante todo el tiempo laborado y hacia futuro.

(iii) Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMR 14-5100 del 4 de noviembre
de 2014, mediante la cual se resuelve negativamente el recurso de reposición
y se concede el recurso de apelación.

(iv) Declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto que se configuró
por haber operado el silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto
dentro del término de ley por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial el recurso de apelación presentado en contra de la Resolución
DESAJMR 14-4940 del 7 de octubre de 2014.

(v) Condenar a la demandada al pago de la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, liquidada sobre el 100% de la remuneración básica
mensual y como adición a dicha remuneración durante todo el tiempo que
desempeñó el cargo de Juez de la República.

(vi) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales y aportes a
seguridad social con el 100% de su remuneración básica mensual, incluido el
30% de la prima especial durante todo el tiempo que desempeñó el cargo de
Juez de la República.

(vii) Condenar a la entidad accionada a reajustar los conceptos en la forma prevista
en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

(viii) Condenar a la entidad demandada a pagar las costas.

(ix) Ordenar que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos
en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

(x) Como pretensiones subsidiarias solicitó las mismas pretensiones principales.
1
Folio 40 del cuaderno físico.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02007-02 (5794-2024)
Demandante: Luz Amparo Díaz Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, lo
siguiente2:

(i) Que estuvo vinculada a la Rama Judicial desde el 17 de marzo de 1987 y su
último cargo desempeñado fue el de juez promiscuo municipal.

(ii) Señaló que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 estableció la prima especial, la
cual fue reglamentada por el Gobierno nacional, para el caso de jueces y
magistrados, mediante los decretos 51 de 1993; 57 de 1993; 104 de 1994; 106 de
1994; 43 de 1995; 47 de 1995; 34 de 1996; 36 de 1996; 47 de 1997; 76 de 1997;
64 de 1998; 65 de 1998; 43 de 1999; 44 de 1999; 2739 de 2000; 2740 de 2000;
1474 de 2001; 1475 de 2001; 2720 de 2001; 2724 de 2001; 673 de 2002; 682 de
2002; 3568 de 2003; 3569 de 2003; 4171 de 2004; 4172 de 2004; 935 de 2005;
936 de 2005; 388 de 2006; 389 de 2006; 617 de 2007; 618 de 2007; 657 de 2008;
658 de 2008; 722 de 2009; 723 de 2009; 1405 de 2010; 1388 de 2010; 1041 de
2011; 1039 de 2011; 848 de 2012; 874 de 2012; 1034 de 2013; 1024 de 2013; 194
de 2014; y 204 de 2014.

(iii) Sostuvo que la aplicación que hace el ejecutivo de la norma no implica la
adición de la prima al salario básico, sino una reducción de este en un 70%, lo que
evidencia que no se ha pagado la prima creada por la Ley 4a de 1992. Además,
señaló que el cálculo de las prestaciones sociales se ha efectuado sobre una base
salarial inferior a la que realmente corresponde, ya que se ha descontado un 30%
del salario básico.

(iv) Indicó que mediante sentencia del 29 de abril de 2014 en la acción de nulidad
simple con radicado 11001032500020070008700, el Consejo de Estado declaró
la nulidad de las normas que regulaban la prima especial del 30%, hasta el 2007.
Así mismo, precisó que la sentencia es constitutiva del derecho y, por lo tanto, el
reconocimiento y pago de la prima se debe realizar con efectos retroactivos al 1
de enero de 1993 sin hacer aplicación a la prescripción trienal.

(v) Afirmó que es procedente el reconocimiento y pago de la prima especial en
un monto no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico. Adicionalmente
el reajuste de las prestaciones y demás conceptos causados y pagados
deficitariamente con la incidencia salarial de la prima atrás citada.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La actora citó como normas violadas las siguientes: la Constitución Política,
artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 93, 125, 150, numeral 19, inciso 1 y literal e) y
209; el Convenio 95 de 1949 de la OIT, aprobado por la Ley 54 de 1962; la Ley 4 de
1992; la Ley 270 de 1996, artículo 152, numeral 7 y los decretos 1042 de 1978; 717
de 1978; 610 de 1998; 1239 de 1998.

4. En el concepto de violación, argumentó que los actos demandados vulneran las
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Folio 1 del cuaderno físico.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02007-02 (5794-2024)
Demandante: Luz Amparo Díaz Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

normas superiores señaladas; y propuso como cargos de violación la desviación de
poder y la falsa motivación.

5. Sostuvo que los actos administrativos acusados se apartan de los fines de la
Ley 4 de 1992, esto es, la nivelación de la remuneración de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial con criterios de equidad, en tanto se desmejora el
ingreso real de la actora.

6. Afirmó que aparentemente el Gobierno nacional ha venido aumentando el
salario de los jueces de la República, primero al crear una prima especial de servicios
equivalente al 30% del sueldo básico, cuando en realidad lo que ha hecho es
quebrantar los efectos salariales a ese porcentaje de la remuneración global, en
disminución del monto de sus prestacionales sociales, finalidad contraria a lo
perseguido por el legislador al expedir la Ley 4 de 1992.

2.2. Contestación de la demanda

7. La apoderada de la entidad demandada se opuso a todas las pretensiones
formuladas en la demanda y propuso la excepción de «presunción legal de validez de
los actos administrativos»3. Argumentó que el Congreso de Colombia expidió la Ley 4
de mayo 13 de 1992, mediante la cual facultó al Gobierno nacional para fijar el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos, en virtud de lo cual, el Gobierno
Nacional emite anualmente los Decretos sobre régimen salarial y prestacional, entre
otros, el de los servidores públicos de la Rama Judicial.

8. Citó el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y el artículo 6 del Decreto 57 de 1993,
para concluir que la prima especial, no tiene carácter salarial, lo que significa que dicho
porcentaje no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las primas de
servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por servicios
prestados.

9. Indicó que el carácter salarial de la prima que se aplica entre otros, a
magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y a los
jueces de la República, fue restringido expresamente por el legislador al señalar que
«…tendrá carácter salarial únicamente para efectos de la determinación del salario
base de liquidación de la pensión de jubilación», por lo tanto, quedó incólume la
condición de no constituir factor de salario para la liquidación y pago de las
prestaciones sociales.

10. Precisó que los decretos expedidos por el Gobierno nacional que reglamentaron
la prima especial se presumen legales y son de obligatorio cumplimiento.

2.3. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria mediante sentencia
dictada el 29 de abril de 20244, resolvió:

3
Folio 64 del cuaderno físico.
4
Índice 44 del Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Demandante: Luz Amparo Díaz Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Primero: Declarar no probada la excepción de “presunción legal de validez de los
actos administrativos”, propuesta por la demandada.

Segundo. Inaplicar los artículos que establecen que se considerará como Prima, sin
carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de entre otros,
los Jueces de la República, contenido en el artículo 8 de los Decretos 1039 de 2011,
0874 de 2012, 1024 de 2013, y siguientes.

Tercero. Declarar la nulidad de la Resolución No. DESAJMR 14-4940 del 7 de octubre
de 2014 "Por medio de la cual se resuelve una petición" expedida por el Director
Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Medellín; de la Resolución No.
DESAJMR 14-5100 del 4 de noviembre de 2014 "Por medio de la cual se resuelve un
recurso de reposición y se concede apelación", expedida por el Director Ejecutivo
Seccional de Administración Judicial de Medellín; y del acto ficto o presunto, derivado
del silencio administrativo negativo por no resolver el recurso de apelación presentado
contra la Resolución No DESAJMR14-4940 del 7 de octubre de 2014, en tanto negaron
a la actora la reliquidación y pago de prestaciones sobre el 100% del salario –
incluyendo el 30% descontado a título de prima especial-, y el pago la prima como
adición al salario.

Cuarto. A título de restablecimiento del derecho condenar a la RAMA JUDICIAL-
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a: i) reliquidar las prestaciones sociales de Luz Amparo
Díaz Pérez, desde el 2 de octubre de 2011, teniendo en cuenta como factor salarial el
30% descontado por concepto de prima especial, esto es, sobre el 100% del salario; ii)
reconocer y pagar a la señora Luz Amparo Díaz Pérez la prima especial de servicios
como adición al salario, desde el 2 de octubre de 2011, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente; y iii) realizar los descuentos de ley y aportes propios para el sistema
general de seguridad social, en las proporciones correspondientes, respecto de las
diferencias ordenadas y no cotizadas, conforme lo expuesto.

Las sumas de dinero cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia a favor de la
demandante se actualizarán en su valor, conforme lo expuesto en esta sentencia.

Quinto. Declarar probada la excepción de prescripción trienal de las acreencias
laborales causados con anterioridad al 2 de octubre de 2011.

Sexto. Ordenar a la entidad demandada dar cumplimiento al presente fallo en los
términos previstos en el artículo 187 (inciso final), en el artículo 192 y en el numeral 4
del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011

Séptimo. No condenar en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia.

[…]

12. Señaló que a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos, el Gobierno
nacional año tras año, hasta hoy, al establecer el régimen salarial de los empleados
de la Rama Judicial, ha dado la denominación de prima especial establecida en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, a lo que en realidad constituye el 30 % del salario de

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Demandante: Luz Amparo Díaz Pérez
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los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad de
que ese 30% se tenga en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales.

13. Sostuvo que de conformidad con la sentencia SUJ-016-CE-52-2019, los
beneficiarios de la prima especial tienen derecho, al reconocimiento y pago de las
diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor, como una adición al
salario, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
nacional, en atención al cargo correspondiente.

14. Argumentó que como la accionante se desempeñó en el cargo de juez de la
República desde 1993 hasta el 10 de enero de 2013, tiempo durante el cual recibió la
prima especial de servicios creada mediante la Ley 4 de 1992 y regulada mediante el
Decreto 57 de 1993 y siguientes, en los cuales se consideró como prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual, Luz Amparo Díaz Pérez
tiene derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales sobre ese 30% del salario
que se descontó por el concepto de prima especial, es decir, a la reliquidación de sus
prestaciones con el 100% del salario. Igualmente, tiene derecho a la prima especial de
servicios como una adición al salario sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional, en atención al cargo correspondiente; sin
embargo, se advierte que, la prima especial (como adición al salario) sólo constituye
factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

15. Indicó que como solo fueron declarados nulos los decretos que desde 1993
hasta 2007 consideraban que el 30% del salario básico se tomaría como prima
especial, y estas disposiciones fueron reproducidas en los años posteriores, se estima
procedente inaplicar el artículo 6° del Decreto 658 de 2008; el artículo 8 de los Decretos
723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, artículos que
establecen que se considerará como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento
(30%) del salario básico mensual de entre otros, los jueces y magistrados de la
República.

16. En ese sentido, declaró no probada la excepción de «presunción legal de
validez de los actos administrativos», propuesta por la demandada.

17. Por último, precisó que la demandante presentó la reclamación administrativa
el 2 de octubre de 2014, y la demanda el 19 de noviembre de 2015, por lo que, el
medio de control se inició oportunamente, pero operó la prescripción para las sumas
causadas antes del 2 de octubre de 2011.

2.4. Recurso de apelación

18. La apoderada de la entidad demandada adujo5 que, resulta inviable asumir
obligaciones sin respaldo presupuestal. Que a la fecha el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público no ha asignado recursos de presupuesto para cancelar los mayores
valores que se generarían para conciliar la prima especial del 30%, sin carácter
salarial, derivados de la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2019, dentro del
expediente radicado 2016-00041-02 por el Consejo de Estado.

5
Índice 47 del Samai del Tribunal de Antioquia.
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19. Señaló que en acatamiento de la referida sentencia y del Decreto 272 del 11 de
marzo de 2021, «Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992», el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en sesión del 13 de abril de 2021,
determinó que la entidad tiene el deber de extender los efectos de la sentencia de
unificación jurisprudencial SUJ-016-CE-S2-2019 expedida por el Consejo de Estado,
para que se reconozca y pague: i) las diferencias causadas por concepto de
reliquidación de prestaciones sociales y laborales con la base en el 100% del salario
básico mensual; y ii) el 30% adicional, calculado sobre el 100% del salario básico, por
concepto de prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sin carácter salarial; a
los funcionarios judiciales que señala el artículo primero del último decreto
mencionado.

20. Sostuvo que conforme con el Decreto 272 de 2021, con efectos fiscales a partir
del 1 de enero de 2021, desde el mes de abril de 2021 se procedió al pago por nómina
mensual de la prima especial del 30%, como valor adicional a la asignación básica;
empero, como se ha mencionado, resulta presupuestalmente inviable cancelar las
obligaciones anteriores al 1 de enero de 2021, toda vez que a la fecha no se cuenta
con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
que permita cubrir el reconocimiento de dichas acreencias laborales.

21. Finalmente, indicó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
mediante oficio DEAJO21-252 de fecha 11 de mayo de 2021 y apoyada mediante oficio
DEAJO22-526 del 08 de julio de 2022, solicitó al Director de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, se convocara a una mesa interinstitucional para
lograr la asignación de los recursos de presupuesto por parte del Gobierno nacional,
en la que participara el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para reconocer y
conciliar los derechos derivados de la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 con la
consecuente reliquidación de las prestaciones sociales; así mismo, se solicitó apoyo
mediante oficio DEAJO22-528 del 08 de julio de 2022, a la Procuraduría General de la
Nación a efectos de lograr el objetivo de la mencionada convocatoria.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

22. El recurso de apelación fue admitido por el despacho sustanciador a través de
auto del 7 de abril de 20256 y conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20217, se prescindió del traslado para
alegar dado que no fue necesario el decreto de pruebas.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, le corresponde
el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación

6
Índice 5 del expediente electrónico de SAMAI.
7
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -Ley 1437 de 2011-
y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.
7

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Demandante: Luz Amparo Díaz Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

3.2. Problema jurídico

24. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandante, la Sala procede a resolver el siguiente
problema jurídico:

25. ¿La imposibilidad presupuestal alegada por la demandada constituye un
argumento válido para negar el derecho al pago de la prima especial y las diferencias
salariales y prestacionales causadas por la disminución de la remuneración mensual
al 70 %, aun cuando la ley reconoce el pago de este emolumento como una adición
del sueldo?

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

26. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior
al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.

27. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 57 de 19938 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario General
Magistrado Auxiliar

(…)

8
«Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la
justicia penal militar».
8

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Demandante: Luz Amparo Díaz Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

28. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido
de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14
de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión
de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las
mismas limitaciones9, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas
cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del
Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación.

29. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los
jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.
Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos
de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al
treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».

30. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada
con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4ª de 1992 al cual se acogió de manera
fidedigna el Gobierno Nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en
“quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como
toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en
orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»10.

31. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril
de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama
judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»11.

32. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial
sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los
contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad
de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad
señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se
descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma
invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
servidores».

9
Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001-03-25-000-2003-00057-00(121-03).
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-00(1831-07).
9

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33. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de
abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos
dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el
literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno
nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del
Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo
de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»12. La nulidad dispuesta en
esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 2009 13.

34. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que
declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima técnica, al
considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el Gobierno
nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30 % del salario
de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad
de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/ o asignación básica»14.
En este escenario, fijó las reglas de interpretación del artículo 14 de la ley 4 de 1992,
en el siguiente orden:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp. 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07).
«Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes Artículos: 9º del Decreto
51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994;
9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del
Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º
del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto
67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto
2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de
2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del
Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del
Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del
Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del
Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048
de 2007.
13
«(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin carácter salarial
equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época en que tuvo vigencia el Decreto,
sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de descargar el castigo de dicho 30%, que conforme
a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18).

10

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3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 %
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había
sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

35. Frente a la prescripción de la prima especial, la sentencia citó los artículos 41
del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, para establecer que el
cómputo de dicho término supone la definición de dos aspectos, a saber: «(i) el
momento en que el derecho se tornó exigible y (ii) el momento en que se interrumpió
la prescripción, para, a partir de la última fecha (presentación del reclamo escrito),
contar 3 años hacia atrás y reconocer como debido por pagar solo los 3 años anteriores
a la interrupción».

36. En lo atinente a la exigibilidad precisó que «el hecho constitutivo del derecho a
la prima especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto
que reglamentó primigeniamente la Ley 4 de 1992 (…) En consecuencia, desde el 7
de enero de 1993 los interesados podrían haber interrumpido la prescripción trienal.
Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril
de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza
declarativa».

3.4. Caso concreto

37. Conforme quedó expuesto en párrafos anteriores, la demandante Luz Amparo
Díaz Pérez solicitó la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento y pago de la prima especial creada por la Ley 4 de 1992 y la
reliquidación de sus prestaciones con el porcentaje que la entidad le dedujo de su
asignación mensual a título de prima especial.

38. Ahora bien, en el proceso se demostró, con la certificación del 14 de diciembre
de 2017 suscrita por el coordinador de asuntos laborales de la Dirección Seccional de
Administración Judicial Antioquia - Choco15, que la demandante prestó sus servicios
en la Rama Judicial desde el 16 de febrero de 1987. De igual manera que para la

15
Folio 129 del cuaderno físico.
11

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época de expedición del citado documento no estaba activa y su último cargo fue de
juez civil municipal, que se acogió al nuevo régimen salarial de los empleados de la
rama judicial.

39. La anterior certificación da cuenta del ejercicio del cargo como juez civil
municipal en Segovia, juez promiscuo municipal de Cáceres, juez promiscuo municipal
de Angostura, juez civil municipal de Támesis, juez civil municipal de Puerto Berrio,
juez civil municipal de Yarumal, juez civil municipal de Caldas, entre otros, así como
del pago de sueldo mensual y prima especial durante las vigencias 1992 a 2013. A
manera de ejemplo se analizarán los conceptos pagados durante las vigencias que se
relacionan a continuación, a efectos de verificar si correspondían al monto establecido
por el Gobierno nacional:

Vigencia Sueldo Prima Gastos de Total Remuneración Decreto fijó
mensual especial representació sueldo + Gobierno remuneración
n prima nacional mensual
especial
2009 $3.081.095 $924.329 $0 $4.005.424 $4.005.424 Decreto 723 de 2009
2010 $3.158.123 $947.437 $0 $4.105.560 $4.105.560 Decreto 1388 de
2010
2011 $3.258.236 $977.471 $0 $4.235.707 $4.235.707 Decreto 1039 de
2011
2012 $3.421.148 $1.026.345 $0 $4.447.493 $4.447.493 Decreto 874 de 2012

40. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que a la demandante se le pagaron
los salarios y las prestaciones con una base salarial reducida en el 30 % el cual se
pagaba a título de prima especial, fraccionamiento que la entidad estimó procedente
porque los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional establecían dicha
reducción.

41. Así, por ejemplo, el Decreto 57 de 1993, vigente para el periodo reclamado por
la demandante, por medio del cual el Gobierno nacional dictó disposiciones en materia
salarial y prestacional para los empleados públicos de la rama judicial y de la justicia
penal militar dispuso lo siguiente:

ARTICULO 6o. En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 14 de la Ley 4° de 1992,
se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario
básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los
Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces
de Instrucción Penal Militar.

42. Al respecto, es del caso reiterar que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 previó la
creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin
carácter salarial. La Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4 de 1992, estableció que
la prima especial formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión
de jubilación. Asimismo, los decretos anuales dictados por el Gobierno nacional para
fijar las normas del régimen salarial y prestacional reiteraron que la prima especial es
un emolumento sin carácter salarial, equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario
básico mensual». En el mismo sentido, esta Sección, en la sentencia del 2 de
septiembre de 2019, señaló que «[l]a prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación».
12

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43. En punto del reconocimiento y pago de la prima especial, y la reliquidación de
prestaciones en sede administrativa se encuentra acreditado que la actora presentó
reclamación administrativa el 2 de octubre de 201416, para lograr el reconocimiento y
pago de la asignación básica mensual con el 30% que le fue descontado y la
reliquidación de todas las prestaciones sobre el 100 % de la remuneración.

44. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín -
Antioquia, mediante Resolución DESAJMR14-4940 del 7 de octubre de 201417 resolvió
de forma negativa la solicitud de la accionante.

45. El 29 de octubre de 2014, la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación contra la resolución que negó el reconocimiento de la prima especial y la
reliquidación de las prestaciones sociales18.

46. A través de la Resolución DESAJMR14-5100 del 4 de noviembre de 2014 se
resolvió desfavorablemente el recurso de reposición y concedió el recurso de
apelación, en relación con el cual se configuró el acto presunto por el silencio
administrativo.

47. En atención a lo expuesto, es posible afirmar que la demandante se encuentra
en una situación fáctica y jurídica análoga a la que dio origen a la sentencia proferida
por la Sala de Conjueces el 2 de septiembre de 2019. En consecuencia, le asiste el
derecho al reconocimiento de sus ingresos mensuales, calculados sobre la base del
salario básico más el 30% de este, correspondiente a la prima especial de servicios tal
y como lo concluyó el Tribunal en la sentencia objeto de apelación.

48. Frente al reparo de la entidad demandada respecto a la imposibilidad
presupuestal para incluir en la nómina el pago adicional correspondiente a la prima
especial, es del caso señalar que las limitaciones presupuestales no constituyen una
causal válida para negar el reconocimiento de un derecho salarial debidamente
causado.

49. Lo anterior, porque el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 prevé claramente la
obligación de reconocimiento y pago de la prima especial, la cual forma parte del
ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. En
ese marco, la denegación de reconocimiento y pago de la prima especial con el
argumento de la imposibilidad presupuestal, además de desconocer el derecho salarial
establecido en la citada norma, también afecta los aportes que por mandato de la
misma norma se deben realizar al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

50. Por tanto, la entidad demandada tiene el deber de gestionar los recursos
necesarios para cumplir la obligación impuesta en la ley, sin que sea válido desconocer
el derecho laboral y prestacional que la Constitución Política protege (arts. 48 y 53),
bajo el argumento de la planificación presupuestal, máxime porque el aporte para
pensión constituye un derecho irrenunciable e imprescriptible. Al respecto, la Corte

16
Folio 15 de cuaderno físico.
17
Folio 20 del cuaderno físico.
18
Folio 23 del cuaderno físico.
13

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Constitucional19 ha reiterado que «la situación económica y presupuestal que afrontan
un gran número de entidades públicas no justifica el incumplimiento de las obligaciones
laborales».

3.5. Cuestión final

51. En cuanto a los aportes derivados de la prima especial, es procedente su
reconocimiento a partir de la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, en la medida en
que, a partir de ella, se consideró que dicha prestación es factor de cotización
únicamente para pensión; hasta su permanencia en los cargos que le otorguen el
reconocimiento, siempre que la entidad no los hubiere realizado.

52. En cambio, para los aportes derivados de la diferencia salarial, hay lugar a
reconocerlos durante el tiempo en el que se canceló su asignación en un porcentaje
diferente al 100%.

53. Cabe reiterar que el fallo cuestionado reconoció que la demandante tenía
derecho tanto a la prima especial, como a la referida reliquidación —aspecto que no
fue objeto de la apelación—, que no puede extenderse a los aportes a Seguridad Social
en Pensiones, de carácter irrenunciable e imprescriptible20, que debieron realizarse
con ocasión de los mencionados derechos.

54. Por esta razón, y comoquiera que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó
«realizar los descuentos de ley y aportes propios para el sistema general de seguridad
social, en las proporciones correspondientes, respecto de las diferencias ordenadas y
no cotizadas, conforme lo expuesto», la Sala adicionará este punto para precisar que
los aportes se deben efectuar durante los periodos en que desempeñó los empleos
para los cuales se estableció la mencionada prestación, siempre que la entidad no los
hubiera realizado.

55. Por otra parte, se observa que el tribunal inaplicó, por inconstitucionales, «los
artículos que establecen que se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta
por ciento (30%) del salario básico mensual de entre otros, los Jueces de la República,
contenido en el artículo 8 de los Decretos 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013,
y siguientes». Dichos artículos fueron analizados por esta corporación y declarados
nulos mediante sentencia del 9 de abril de 2024, dentro del proceso de nulidad con
radicado 11001032500020190060900 (4735-2019)21. En ese sentido, la Sala
modificará el numeral segundo, para estarse a lo resuelto en dicha providencia22.

19
Corte Constitucional, sentencias T-399 de 1998, SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.
20
Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios mínimos
fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales».
21
«De otra parte, dirá esta Sala que, examinados los precedentes jurisprudenciales traídos a colación en estas consideraciones,
se encuentra establecida una línea jurisprudencia por el Consejo de Estado, que será seguida en esta decisión y por ello se
procederá a declarar la nulidad de los decretos parcialmente demandados, que establecieron la prima especial, creada por el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como una parte del salario y no como un pago adicional equivalente al 30% del salario. No otra
cosa se desprende del texto normativo acusado que, en efecto reguló que “…se considerará como prima, sin carácter salarial,
el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual…”».
22
En el expediente radicado 76001-23-33-000-2016-01761-02 (6146-2022), se adoptó una decisión similar.
14

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3.6. Conclusión

56. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que la imposibilidad presupuestal
no constituye una causal válida para negar el reconocimiento de un derecho salarial
debidamente causado. Igualmente, que en el presente asunto operó el fenómeno
extintivo de la prescripción y, por tanto, hay lugar a confirmar parcialmente la sentencia
de primera instancia que declaró probada parcialmente dicha excepción, con la
precisión de que aquella no se predica de los aportes a seguridad social en pensión
en los términos antes expuestos.

3.7. Costas

57. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 23 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para
decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio se imponga
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria mediante sentencia dictada el 29
de abril de 2024.

SEGUNDO. Modificar el numeral segundo de la sentencia apelada, para estarse a lo
resuelto en la sentencia del 9 de abril de 2024, proferida dentro del medio de control
de simple nulidad, con radicado 11001-03-25-000-2019-00609-00 (4735-2019), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Modificar el numeral cuarto de la anterior providencia, el cual quedará

23
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo
por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el
proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365,
según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
(iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo
188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un
interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista
y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto
en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de
mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un
criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
15

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02007-02 (5794-2024)
Demandante: Luz Amparo Díaz Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

así:

[…] iii) realizar los descuentos de ley y aportes propios para el sistema general de
seguridad social, en las proporciones correspondientes, respecto de las diferencias
ordenadas y no cotizadas, durante los periodos en que desempeñó los empleos
para los cuales se estableció la mencionada prestación, siempre que la entidad
no los hubiera realizado, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
[…].

TERCERO. No condenar en costas en segunda instancia.

CUARTO. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a
través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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