Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2015-02181-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2015-02181-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2015-02181-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
11 de agosto de 2022
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02181-01 (26196)
Demandante: Médicos Asociados S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2015-02181-01 (26196)
Demandante MÉDICOS ASOCIADOS S.A.
Demandado MUNICIPIO DE MEDELLÍN SECRETARÍA DE HACIENDA
Temas Intereses moratorios y corrientes en solicitud de devolución de
pago de lo no debido
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la
sentencia del 2 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquía, Sala Tercera de Decisión,1, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad
Médicos Asociados S.A. en contra del Municipio de Medellín, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas a la parte vencida.
TERCERO. Notifíquese la presente providencia de conformidad con lo establecido en el
artículo 289 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 27 de abril de 2004, la sociedad Médicos Asociados S.A., presentó ante la
Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, corrección de la declaración del
impuesto de industria y comercio del año 2002, período gravable 2003, la cual fue
rechazada por Resolución Nro. 2997 del 28 de septiembre de 2004. La actora
presentó recurso de reconsideración contra la anterior decisión, el cual fue resuelto
por Resolución SH 17-119 de 2005, confirmando el acto.
La sociedad demandó las resoluciones ante la jurisdicción contencioso
administrativa. El Tribunal Administrativo de Antioquía, en fallo de segunda instancia
del 11 de octubre de 2013, confirmó la sentencia que declaró la nulidad de esos actos.
Una vez en firme la decisión, la actora presentó, el 28 de febrero de 2014, solicitud
de devolución de $378.418.758 que incluye el saldo a favor y los intereses moratorios.
La Administración ordenó la devolución del $67.599.758 que correspondía al saldo a
favor y en varios oficios indicó que no había lugar a los intereses porque no fueron
ordenados en la sentencia. El pago se realizó el 26 de mayo de 2014.
Ante la negativa, el 08 de julio de 2015, la sociedad solicitó la devolución de los
intereses adeudados en la suma de $335.652.000. La Secretaría de Hacienda de
Medellín profirió el auto inadmisorio Nro. 14239 del 17 de julio de 2015 “por medio del
1 Samai, índice 2, PDF “ED_CUADERNO2_24FALLO(.pdf)”
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Demandante: Médicos Asociados S.A.
cual se rechaza una solicitud de devolución”, señalando que se trataba de una actuación que
surgía como consecuencia de la liquidación de la sentencia y no de un trámite
tributario. Rechazó la solicitud invocando el numeral 2 del artículo 278 del Decreto
Municipal 1018 de 20142.
El 28 de julio de 2015, la compañía interpuso recurso de reconsideración contra dicho
auto. El municipio, en oficio SIH-13771 del 04 de septiembre del mismo año, señaló
que contra esa decisión no se concedió recurso alguno.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
“VI. PRETENSIONES
PRETENSIÓN PRIMERA. Por las razones de hecho y de derecho planteadas y de
conformidad con todos los argumentos sustentados en la presente demanda, se declare la
nulidad del auto inadmisorio Nro. 14239 de julio 17 de 2015, “Por el cual se rechaza una
solicitud de devolución” y el oficio SIH – 13771 de septiembre 4 de 2015, mediante el cual no
se concede el recurso de reconsideración contra el auto antes mencionado.
PRETENSIÓN SEGUNDA. Como consecuencia de la nulidad que será declarada con
fundamento en la pretensión primera, solicito se restablezca en su derecho a mi representado
ordenando el pago de los intereses legales establecidos en el Código Civil, así como los
intereses moratorios establecidos en el artículo 863 del Estatuto Tributario Nacional, así:
• Intereses legales: Por concepto de intereses legales, VEINTIOCHO MILLONES CIEN
MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($28.100.970), calculados desde el 26 de abril
de 2014, fecha en que fue pagado el saldo a favor, hasta el 26 de octubre de 2015. En
caso de que el pago se realice después de esa fecha, deben calcularse los intereses
legales a la tasa anual del 6% anual (0.5% mensual) hasta que efectivamente se realice
el pago.
• Intereses moratorios: Por concepto de intereses moratorios, la suma de TRESCIENTOS
DOCE MILLONES DOSCIENTOS TRES (sic) Y TRES MIL PESOS ($312.233.000)
correspondientes a los intereses moratorios calculados desde el 27 de octubre de 2004,
fecha de la firmeza de la corrección de la declaración del impuesto de industria y comercio
del año base 2002 – período gravable 2003, hasta el 26 de abril de 2014, fecha en la cual
fue pagado el saldo a favor.
PRETENSIÓN TERCERA: Condenar al municipio de Medellín – Secretaría de Hacienda a
pagar a MEDICOS las costas del presente proceso y las agencias en derecho”.
A los anteriores efectos, la sociedad demandante invocó como violados los artículos
2 y 29 de la Constitución Política; 863 del Estatuto Tributario; y 2, 3 y 42 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El concepto de
violación de esas disposiciones se resume así:
2 Este numeral dispone que se rechazará la petición de devolución o compensación “cuando el saldo materia
de la solicitud ya ha sido objeto de devolución, compensación o imputación anterior”.
3 Samai, índice 2, PDF “ED_CUADERNO2_02DEMANDA(.pdf)”
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1. Violación del artículo 2 de la Constitución Política
Señaló que la Secretaría de Hacienda de Medellín desconoció su obligación de
cumplir con los fines esenciales del Estado, entre los cuales se encuentra garantizar
la efectividad de los principios y derechos de los administrados por disposición de
los mandatos legales que regulan la materia objeto de discusión.
Sostuvo que sus derechos no se garantizaron a pesar de que un fallo judicial
sustentaba la devolución de los intereses moratorios y legales. Adicionalmente, se
desconocieron los principios constitucionales de equidad, justicia e imparcialidad,
ya que la Administración se encontraba obligada no sólo a respetarlos sino a
materializarlos.
2. Violación a los derechos al debido proceso y defensa, así como el
principio de legalidad
Citó el artículo 29 de la Constitución Política y señaló que este establecía la
obligación de la Administración de respetar a plenitud las formas de cada
procedimiento. En este caso se violó el debido proceso por la negativa de la
Secretaría de Hacienda de aplicar el procedimiento tributario, aun cuando las
normas y la jurisprudencia señalan que las sentencias de nulidad eran declarativas.
Adicionalmente, al emitir un acto inadmisorio y señalar que procedía el rechazo de
la solicitud, violó su derecho ya que las causales para el rechazo son taxativas y la
actora no se encontraba inmersa en alguna de ellas.
Adujo que la Administración utilizó un procedimiento inadecuado y no controvirtió
los argumentos de fondo planteados por la actora, por lo que se limitó a “liquidar la
demanda y hacer la corrección de la cuenta corriente”. Igualmente, hizo referencia al vínculo
entre el derecho al debido proceso y al de defensa, citando la sentencia T – 416 de
1998.
3. Violación de las normas del Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo
Manifestó que la actuación no respetaba los presupuestos señalados en los
artículos 2 y 3 de la Ley 1437 de 2011, en la medida en que no se persiguen los
fines estatales, ni se respetan los principios orientadores tales como la eficacia, la
imparcialidad o la contradicción de fondo. Los cometidos estatales no podían ser
otros sino la aplicación recta y efectiva de los deberes y principios que obligan a la
administración e indicó que los fundamentos del cargo anterior aplicaban para el
presente argumento.
Precisó que se violaba el principio de contradicción en su esencia, ya que los
argumentos fácticos y jurídicos fueron desentendidos de forma simplista y
elemental, señalando que el auto demandado no concedió el recurso de
reconsideración, vulnerando así el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011.
Explicó que los actos demandados estaban viciados por falsa motivación ya que:
“se parte del entendimiento respecto a considerar erróneamente las sentencias como
declarativas y la supuesta existencia de una causal de inadmisión que no está contemplada
en la legislación”.
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4. Violación de las normas del Estatuto Tributario
Comentó que se violó el artículo 863 ya que la Administración ordenó la devolución
del saldo a favor, sin incluir los intereses moratorios y legales a los cuales la actora
tenía derecho como consecuencia de la negligencia de la administración. Resaltó
esa disposición era idéntica al artículo 285 del Decreto Municipal 1018 de 2018, “por
medio del cual se modifica, actualiza y compila el régimen procedimental en materia tributaria para
el Municipio de Medellín”.
5. Las sentencias que declararon nulos los actos administrativos que
negaron la corrección son declarativas. Violación al debido proceso por
no aplicar el Estatuto Tributario
Relató que la sociedad presentó la solicitud de corrección de la declaración de ICA
y que le era prohibido a la Administración negar con argumentos de fondo tal
modificación. Sin embargo, no aceptó la corrección, por lo que acudió a la
jurisdicción contencioso administrativa, que en primera instancia declaró la nulidad
de los actos demandados y señaló que la actora solo estaba obligada al pago del
impuesto determinado en la declaración de corrección, decisión que fue confirmada
en segunda instancia.
De lo anterior, se desprendía que la sentencia era declarativa y no condenó al
Municipio de Medellín a pagar o cancelar suma alguna, por lo que se debía retornar
las cosas a como se encontraban antes de ser emitidos los actos nulos, de manera
que debía continuarse con el trámite de devolución del saldo a favor y los intereses.
Al respecto, procedió a citar las sentencias del Consejo de Estado4 que señalaban
el carácter declarativo de las sentencias en materia tributaria.
En consecuencia, el municipio no debió considerar que se trataba de una sentencia
condenatoria y liquidar la obligación como si fuera una actuación administrativa
donde no se aplica el procedimiento tributario. Es por esto por lo que se violó el
derecho al debido proceso al negarse la devolución de los intereses moratorios
definidos en el artículo 863 del Estatuto Tributario, más cuando la demandada obligó
a la sociedad a acudir a acciones judiciales.
6. La solicitud de corrección quedó en firme seis meses después de
presentada
Sostuvo que, de conformidad con el artículo 202 del Decreto Municipal 011 de 2004,
vigente para la época de los hechos, en lo no regulado se debía acudir a lo
estipulado en el Estatuto Tributario, y en la medida en que no existía alguna
disposición sobre la firmeza de las correcciones, se debía remitir al artículo 589 del
Estatuto Tributario. Por lo que al ser nulos los actos que negaron la corrección, esta
quedó en firme a los seis meses desde la presentación de la solicitud, es decir el 27
de octubre de 2004, fecha desde la cual debían calcularse los intereses moratorios.
7. Procedencia de la solicitud de devolución de intereses
Explicó que la demandada liquidó la sentencia, actividad que buscaba evitar el pago
de los intereses estipulados en el Estatuto Tributario y la normatividad municipal.
4 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 23 de julio de 2009, exp. 16785, C.P. William Giraldo
Giraldo y del 08 de julio de 1994, exp. 5438.
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Reiteró que la obligación de devolver los intereses se encontraba en el artículo 863
del Estatuto Tributario e hizo referencia a las sentencias del Consejo de Estado5,
que analizaban la causación de intereses en la devolución de saldos a favor y de
las cuales se desprendía que estos provenían de la norma y no de los fallos, por lo
que la Administración debía pagar a la actora los mismos.
De igual manera, se pronunció sobre los intereses legales, señalando que debían
liquidarse, de conformidad con lo dispuesto en las sentencias del Consejo de
Estado6.
8. Ninguna de las causales de rechazo de la solicitud de devolución existe.
El auto inadmisorio es en realidad un acto de rechazo. Violación al debido
proceso
Dijo que el rechazo de la solicitud de devolución fue una vulneración al debido
proceso y al derecho de defensa, toda vez que no existía causal para ello y
adicionalmente negó conceder el recurso de reconsideración.
Transcribió el artículo 278 del Decreto Municipal 1018 de 2013 que señalaba las
causales de rechazo de las solicitudes de devolución e indicó que estas eran
taxativas y en este caso no se presentaba ninguna de ellas. Además, no se trató de
un auto de inadmisión sino de rechazo.
Hizo referencia a los recursos consagrados en el artículo 143 ibidem y dijo, que no
obstante esa disposición, la demandada no concedió el recurso de reconsideración
violando sus derechos.
9. La actuación de la Secretaría de Hacienda de Medellín es temeraria
Explicó que, a lo largo de los 10 años de la actuación de la Administración, esta
había sido temeraria ya que i) negó las correcciones a la declaración privada, ii) una
vez expedido el fallo que declaró nulos los actos, procedió a liquidar la sentencia
aplicando el procedimiento de la Ley 1437 de 2011 y desconociendo lo estipulado
en el Estatuto Tributario, iii) rechazó la solicitud de devolución de los intereses sin
que existiera causal para ello y iv) actuó en contra de los fallos del Consejo de
Estado.
Manifestó que la demandada hizo todo lo posible para no devolver los intereses
correspondientes, obligando a la demandante a iniciar este proceso contencioso,
congestionando los estrados judiciales, materializándose un abuso y extralimitación
de su autoridad.
Oposición de la demanda
La entidad demandada controvirtió las pretensiones7, en los siguientes términos:
Adujo que el artículo 29 de la Constitución Política hizo extensivo el derecho al
5 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 23 de julio de 2009, exp. 16785, C.P. William Giraldo
Giraldo, del 20 de octubre de 2000, exp. 10848, del 01 de diciembre de 2000, exp. 11143 y del 03 de
septiembre de 2009, exp. 16453
6 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 11 de noviembre de 2009, exp. 16567, del 27 de agosto
de 2009, exp. 16881, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 16 de julio de 2009, exp. 16655, C.P.
Martha Teresa Briceño de Valencia y del 5 de noviembre de 2009, exp. 16591, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
7 Samai, índice 2, PDF “ED_CUADERNO2_14CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”
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debido proceso a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Por su parte el
artículo 287 ibidem indicaba que las entidades territoriales tenían derecho a
gobernarse por autoridades propias, administrar sus recursos y establecer los
tributos necesarios para cumplir sus funciones.
Sostuvo que el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y el artículo 59 de la Ley 788 de
2002, impuso la obligación a los municipios de aplicar los procedimientos del
Estatuto Tributario, con el objetivo de fijar un régimen procedimental único.
Precisó que el rechazo de las solicitudes de devolución y/o compensación estaba
regulado en el artículo 857 del Estatuto Tributario y procedió a hacer un recuento
de los hechos del caso.
Concluyó que la sociedad pretendía una nueva manifestación de la Administración
respecto de una solicitud a la cual ya se le había dado respuesta dado que el
municipio fue diligente y atendió todos los derechos de petición de la actora.
Sostuvo que se demandó el auto inadmisorio y el oficio que resolvió el recurso sin
que se pidiera la nulidad de las actuaciones administrativas anteriores, y que
versaban sobre el asunto en discusión, por lo que no se puede analizar la legalidad
de los actos ni las pretensiones de la demanda en relación con el pago de los
intereses que se generaron con el saldo a favor8.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Tercera de Decisión, negó las
pretensiones9.
Citó el artículo 863 del Estatuto Tributario y señaló que la Ley 1430 de 2010, que
modificó dicha norma, incluyó una regla especial en relación con la liquidación de
los intereses moratorios, aplicable en la devolución del saldo a favor, según la cual
los intereses moratorios se causan desde la ejecutoria del acto o sentencia que
confirmó total o parcialmente el saldo hasta la fecha en que se efectué el pago por
parte de la Administración.
Precisó que el Consejo de Estado se pronunció sobre la devolución de saldos a
favor y reconocimiento de intereses señalando que los intereses corrientes se
causaban desde la notificación del acto administrativo que negó la devolución hasta
la ejecutoria del acto que resuelve a favor la petición.
Sostuvo que dentro de los documentos aportados se evidenciaba que la jurisdicción
en sentencia declarativa ordenó la nulidad de los actos que negaron la corrección
de la declaración privada y declaró que la demandante solo estaba obligada al pago
del impuesto determinado en la declaración de corrección. Como consecuencia de
esta decisión, el municipio de Medellín realizó la liquidación de los ajustes y estipuló
un saldo a favor, actuación que se le comunicó a la actora.
Señaló que la demandante solicitó la devolución el 20 de febrero de 2014, en la cual
se incluían los intereses moratorios. Dicha petición fue resuelta en oficio UJ475 en
donde se adujo que la liquidación estaba acorde con la sentencia del Tribunal
8 En audiencia inicial celebrada el 9 de agosto de 2017, el tribunal señaló que no encontró probado ninguna
excepción previa de oficio y que “El apoderado del Municipio de Medellín no propuso excepciones previas”,
planteamientos ante los cuales las partes estuvieron conformes (fl. 273 vto)
9 Samai, índice 2, PDF “ED_CUADERNO2_24FALLO(.pdf)”
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Administrativo de Antioquia, en la que no se hizo pronunciamiento respecto de los
intereses.
Manifestó que, a partir de la ejecutoria de la sentencia, la demandada debía aceptar
la declaración de corrección y realizar la devolución de los mayores valores
pagados.
Explicó que las sentencias que pusieron fin a la discusión sobre la nulidad de los
actos que no aceptaron la corrección no impusieron una condena de pago, pero que
la consecuencia lógica era la devolución del mayor valor pagado y que esto fue
cumplido por la demandada.
Concluyó que la actora no logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados.
Finalmente, condenó en costas a la parte vencida del proceso.
Recurso de apelación
La parte demandante apeló la decisión de primera instancia, fundamentando su
recurso en los siguientes aspectos10:
Indicó que la sentencia de primera instancia es contraria a la jurisprudencia de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado11 que hace referencia a la negativa de la
administración a corregir la declaración y la causación de intereses.
Explicó que la situación de la apelante era igual a la planteada en la jurisprudencia
citada ya que se había truncado a la actora la posibilidad de solicitar ante la
Administración la devolución de las sumas pagadas en exceso, por tanto, al monto
devuelto debían sumársele los intereses corrientes.
Dijo que el municipio tardó en devolver el pago en exceso, por lo que se causaron
intereses moratorios de acuerdo con el artículo 863 del Estatuto Tributario.
Adicionalmente, argumentó que la Secretaría de Hacienda tenía la obligación de
liquidar y pagar los intereses, y si hubiese aplicado los procedentes sería
innecesario el proceso actual.
Precisó que la actuación de la demandada rompía la lógica económica y jurídica ya
que devolvió un valor del año 2004 por el mismo monto en el año 2014,
desconociendo la desvalorización después de 10 años.
En relación con la condena en costas dijo que debían probarse de conformidad con
el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso12 e indicó que la
Administración no aportó prueba sobre la causación de aquellas, por lo tanto, no
procedía tal decisión.
Señaló que se efectuaba una afectación a una entidad integrante del sistema
general de seguridad social en salud, que recibía ingresos pertenecientes a la
seguridad social. Indicó que los intereses solicitados no eran parte de su patrimonio
10 Samai, índice 2 PDF “ED_CUADERNO2_26RECURSOAPELACIO NP(.pdf)”
11 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 13 de septiembre de 2012, exp. 18007, C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas, del 6 de marzo de 2014, exp. 19484, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia
y del 13 de marzo de 2014, exp. 19549, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez
12 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 6 de julio de 2016, exp. 20486, C.P. Jorge Octavio
Ramírez
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privado, sino del sistema, por lo que gozaba de protección especial.
Oposición al recurso de apelación
La demandada no se pronunció dentro del plazo previsto en el numeral 4 del artículo
247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
Concepto del Ministerio Público
El Procurador delegado ante esta Corporación, solicitó confirmar el ordinal primero
y revocar el segundo de la sentencia proferida en primera instancia13.
Sostuvo que el procedimiento de devolución admitía recurso de reconsideración, y
es diferente al trámite de liquidación de una sentencia, en la que se da cumplimiento
a lo ordenado por el Tribunal.
Precisó que la nulidad declarada recayó en los actos que negaron la corrección
presentada por la sociedad y, por ende, la Administración solo estaba obligada al
pago del impuesto determinado en su declaración de corrección. Así, el Municipio
debía devolver el saldo a favor resultante de aceptar la declaración privada.
Comentó que compartía lo expuesto por la primera instancia que señalaba que el
derecho a devolución de saldos a favor nacía con la ejecutoria de la sentencia y no
desde el momento en que se presentaba dicha reclamación, así es claro que el
Municipio de Medellín dio cumplimiento a lo ordenado desde el 26 de mayo de 2014,
por lo que no prospera el recurso sobre este aspecto.
En relación con la condena en costas, manifestó que se requiere que se encuentren
acreditadas, para lo que se debía analizar de manera conjunta con la causación y
comprobación de las costas y expensas procesales.
Indicó que la demandada no aportó material probatorio alguno que soporten la
existencia de las costas y expensas procesales ni su causación.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Le corresponde a la sala estudiar los cargos de apelación formulados por la
demandante respecto de la sentencia de primera instancia, que denegó las
pretensiones de la demanda.
El problema jurídico se centra en determinar si la Secretaría de Hacienda de
Medellín debe pagar los intereses moratorios y legales sobre la suma devuelta a la
sociedad, la cual surgió con ocasión de la declaratoria de nulidad de los actos que
negaron la corrección de la declaración del impuesto de industria y comercio base
gravable 2002, período 2003.
Como cuestión previa se destaca que los argumentos relacionados con que los
ingresos no pertenecen a la demandante sino al sistema de seguridad social y que
por tanto gozan de protección especial, constituyente fundamentos nuevos que no
fueron expuestos en la demanda y sobre los cuales no pudo pronunciarse el
13 Samai, índice 13
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Municipio de Medellín. En consecuencia, la Sala, en respeto al derecho al debido
proceso, no se pronunciará al respecto.
En el caso sub examine, se observa dentro del expediente que la sociedad
demandante presentó a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, la
corrección de la Declaración de ICA del año 2002, período gravable 2003, la cual
fue denegada mediante Resolución Nro. 2997 del 28 de septiembre de 2004,
decisión que fue confirmada en Resolución Nro. SH-17-119 del 4 de abril de 2005.
Ambos actos se demandaron ante la jurisdicción contenciosa administrativa, donde
se concedieron las pretensiones de la demanda en primera y segunda instancia.
En dicho proceso judicial (radicado 05001-23-31-000-2005-07429-00) se expuso
que la demandante tenía derecho a corregir su declaración para disminuir el
impuesto a cargo depurando de su base los ingresos recibidos por su actividad de
IPS. De ahí que, en la sentencia de primera instancia del 13 de marzo de 2009, el
Juzgado Veinticuatro Administrativo de Medellín señalara que:
“8. Por todo lo anteriormente expuesto considera el Despacho que no son de recibo los
argumentos expuestos por el Municipio de Medellín, pues ya se dejó lo suficientemente claro
que las IPS hacen parte integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y por
lo tanto la prohibición legal de ser gravados con el impuesto de industria y comercio las cobija,
así entonces, la Administración actuó contrario a Derecho, al no haber aceptado la corrección
a la declaración privada presentada por MEDICOS ASOCIADOS S.A. para el año base 2002,
gravable 2003, pues con la sentencia C-1043 de 2003, se aclaró lo suficientemente el tema,
como para no volver a incurrir en errores (…)”
De manera que la administración debió aceptar el proyecto presentado, sin
embargo, al no hacerlo, se declararon nulos los actos administrativos que
rechazaron la solicitud de corrección. En dicha decisión se ordenó lo siguiente:
“PRIMERO: SE DECLARA NULIDAD de la Resolución No. 2997 del 28 de septiembre de 2004
emitida por la Subsecretaria de Rentas Municipales del Municipio de Medellín, por medio de
la cual no se acepta la corrección a la declaración privada correspondiente al año base 2002
gravable 2003, presentada por MEDICOS ASOCIADOS S.A. y de la Resolución SH-17-119
del 4 de abril de 2005 expedida por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, por
medio de la cual se confirma en todas sus partes la Resolución No. 2997 de 2004.
SEGUNDO: SE DECLARA, como consecuencia de lo anterior se declara (sic) que se acepta
la corrección a la declaración privada correspondiente al año base 2002 gravable 2003,
presentada por MEDICOS SOCIADOS S.A. el día 27 de abril de 2004 y por (sic) como
conclusión, MEDICOS ASOCIADOS S.A. sólo está obligada al pago del impuesto determinado
en la declaración de corrección”.
Esta decisión fue confirmada en su totalidad por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en sentencia del 11 de octubre de 2013.
Ahora bien, en Oficio SIH 20786 del 19 de noviembre de 2013, el municipio le indicó
a la actora que:
“(…) 4. El valor pagado por MEDICOS ASOCIADOS S.A. con NIT. 890.909.073 a devolver,
por impuesto de industria y comercio más avisos y tableros es de $67.599.758 (SESENTA Y
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO M/L).”
En razón de lo anterior, la demandante pidió el 28 de febrero de 2014, la devolución
del saldo a favor, solicitando:
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Demandante: Médicos Asociados S.A.
“ORDENAR la devolución a favor de MÉDICOS ASOCIADOS S.A. de la suma de
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($387.418.758), discriminados así: SESENTA
Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y OCHO PESOS ($67.599.758), correspondientes al saldo a favor aceptado por la Secretaría
de Hacienda de Medellín y TRESCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE
MIL PESOS ($310.819.000) correspondientes a los respectivos intereses”.
De lo anterior, se destaca que el valor del saldo a favor de $67.599.758 no fue
discutido por las partes. Además, el pago de dicha suma fue realizado el 26 de mayo
de 2014 y no es un asunto en controversia.
Ahora, ante la negativa de devolver los intereses moratorios, la parte solicitó, el 8
de julio de 2015, el reintegro de esos intereses, lo que llevó a la expedición de los
actos demandados.
Destaca la Sala que los actos demandados son susceptibles de control judicial en
este proceso, comoquiera que no son actos de ejecución, toda vez que la sentencia
que declaró la nulidad de las resoluciones que negaron la corrección tiene carácter
declarativo y no condenatorio.
Ahora, se advierte, que en el recurso de apelación la demandante invoca la
aplicación de las sentencias del 13 de septiembre de 2012, exp. 18007 C.P. Hugo
Fernando Bastida Bárcenas; del 26 de febrero de 2014, exp. 19486 C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia y del 13 de marzo de 2014, exp. 19549 C.P. Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez, en las que al declarar la nulidad de los actos que
negaron la corrección se ordenaba la devolución con intereses corrientes y
moratorios, bajo el supuesto que la Administración “le truncó al demandante la posibilidad
de solicitar, ante la dependencia de la Dirección Seccional aduanera y/o tributaria competente, la
devolución de las sumas pagadas en exceso, por economía procesal y en aras a precaver un litigio
futuro, la Sala considera procedente ordenar el pago de los intereses corrientes de conformidad con
el artículo 863 del E.T.”
De lo anterior, se ponen de presente dos circunstancias. La primera es que la
situación fáctica de los precedentes y de este caso no es idéntica, en el sentido que
desde la sentencia respecto de los actos de corrección no se ordenó el
reconocimiento de los intereses como si lo dispuso esta corporación. La segunda
consiste en que dicha postura fue modificada por la Sala, quien recientemente ha
señalado que el proceso de devolución es diferente al proceso de corrección de las
declaraciones, por lo que la nulidad del segundo no implica per se el reconocimiento
de intereses. Así se expuso en sentencia del 03 de marzo de 2022, exp. 25367, C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez:
“Bajo ese entendido, la Sala debe advertir que, tal como se analizó en las sentencias del 18
de febrero y 27 de mayo de 2021 (exps. 24545 y 24865, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez),
el legislador fijó un trámite independiente para las solicitudes de devolución de saldos
a favor, pagos en exceso o indebidos que se proyecta sobre el reconocimiento de los
intereses de los artículos 863 y 864 del ET. El propósito de la actuación administrativa que
provocó la demandante y que derivó en los actos demandados consistía en que la demandada
expidiera la liquidación oficial de corrección que estableciera las sumas pagadas en exceso y
sirviera de sustento a la petición de devolución, de ahí que el restablecimiento del derecho
conculcado debe ser la consecuencia jurídica del acto anulado, el cual, se repite, negó la
expedición de la liquidación oficial de corrección pretendida y no una devolución.
De esa forma, la liquidación oficial de corrección que en ejecución de esta providencia
emita la demandada servirá para que la demandante inicie el procedimiento de
devolución, el cual se podrá efectuar previas las verificaciones que haga la DIAN de
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Demandante: Médicos Asociados S.A.
procedencia de devolución de tributos y compensaciones que exija el procedimiento de
devolución previsto en la normativa vigente para cuando esta se tramite (…)”. (énfasis
propio)
Si bien esta sentencia se refiere a un caso de aduanas, los fundamentos de esta
son aplicables en materia de impuestos, comoquiera que la tesis allí señalada parte
de la independencia de los procesos y normas comunes a ambas materias, como
lo es el reconocimiento de intereses en los términos del artículo 863 del Estatuto
Tributario. Además, es posible su aplicación, partiendo del hecho que dos de los
precedentes citados por la sociedad actora también son de temas aduaneros.
Hechas estas precisiones, para el caso concreto la demandante, con ocasión del
proceso judicial, debía solicitar ante la Administración la devolución de las sumas
pagadas de forma indebida, como lo hizo, y solo habría lugar al reconocimiento de
intereses en los términos establecidos en el artículo 863 del Estatuto Tributario, que
dispone lo siguiente:
“ARTICULO 863. INTERESES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. Cuando hubiere un pago
en exceso o en las declaraciones tributarias resulte un saldo a favor del contribuyente, sólo se
causarán intereses comentes y moratorios, en los siguientes casos:
Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución
y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del
requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la
ejecutoria del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor.
Se causan intereses moratorios, a partir del vencimiento del término para devolver y
hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.
En todos los casos en que el saldo a favor hubiere sido discutido, se causan intereses
moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria del acto o providencia que confirme total o
parcialmente el saldo a favor, hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o
consignación”. (Énfasis propio)
Sobre el particular, la Sala ha señalado que los intereses corrientes solo se causan
cuando al presentar la solicitud de devolución se discute el saldo a favor y los
intereses moratorios se causan en eventos tales como en el que la Administración
no hizo la devolución en el plazo legal establecido. Lo anterior se expuso en la
sentencia del 27 de agosto de 2020, exp 24080 reiterada el 11 de marzo de 2021,
exp. 24946, ambas con ponencia del consejero Milton Chaves García, que
indicaron:
“En relación con los intereses corrientes cuando resulta un saldo a favor del
contribuyente, el artículo 863 del E.T dispone que solo se causan cuando se presenta
solicitud de devolución y el saldo a favor está en discusión y sobre el mismo se notifica
requerimiento especial o acto que niega la devolución. Esos intereses se generan desde
la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niega, total o parcialmente
la devolución, y hasta la fecha de ejecutoria del acto administrativo o de la providencia judicial
que confirma el saldo a favor.
La misma norma contempla también la causación de los intereses moratorios desde el
vencimiento del plazo legal que tiene la administración para devolver y hasta la fecha
del giro del cheque, emisión del título o consignación, es decir, cuando se pague
efectivamente el saldo a favor del contribuyente. Entendiendo que en este evento no
está en discusión el saldo a favor, aunque la disposición no lo diga en forma expresa.
La anterior precisión procede porque la norma en su inciso final deja claro que en aquellos
casos en los que el saldo a favor haya sido discutido se causan intereses de mora desde el
día siguiente a la ejecutoria del acto administrativo o providencia judicial que confirme total o
parcialmente el saldo a favor y hasta la fecha del pago.
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Demandante: Médicos Asociados S.A.
Queda claro que el legislador delimitó los presupuestos para el reconocimiento de los intereses
corrientes y moratorios a favor de los contribuyentes por saldos a favor en las declaraciones
privadas, así que su causación y liquidación está sujeta a lo dispuesto en el artículo 863
citado”. (Resaltado de la Sala)
Según la norma local, esto es el Decreto 1018 de 2013, en el artículo 276 dispuso
que el municipio, previas las compensaciones a las que haya a lugar, debía devolver
los saldos a favor o pagos en exceso dentro de los 50 días siguientes a la fecha de
la solicitud de devolución. Disposición que está en concordancia con lo señalado en
el artículo 855 del Estatuto Tributario.
En el caso sub examine, no procede el reconocimiento de intereses corrientes, dado
que el monto solicitado en devolución no fue objeto de cuestionamiento por parte
de la Administración. No ocurre lo mismo con los intereses moratorios, en la medida
en que la solicitud de devolución se presentó el 28 de febrero de 2014 y el pago se
realizó el 26 de mayo del mismo año, es decir por fuera término establecido en la
normatividad, comoquiera que los 50 días se cumplieron el 15 de mayo del
mencionado año. En consecuencia, estos intereses deberán reconocerse desde el
vencimiento (16 de mayo) hasta el pago efectivo del saldo (26 de mayo).
Así las cosas, prospera parcialmente el recurso de apelación por lo que se revocará
la sentencia de primera instancia, incluida la condena en costas impuesta por el
Tribunal. En su lugar se declarará la nulidad de los actos y a título de
restablecimiento del derecho, se ordenará el pago de los intereses moratorios como
se señaló anteriormente.
Finalmente, se observa que en esta instancia no procede la condena en costas
porque no está demostrada su causación, tal como lo ordena el artículo 188 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el
artículo 365 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Revocar la sentencia apelada del 2 de junio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquía, Sala Tercera de Decisión.
2. Declarar la nulidad de los actos administrativos Nro. 14239 del 17 de julio de
2015 y SIH-13771 del 4 de septiembre de 2015, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
A título de restablecimiento del derecho se ordena al Municipio de Medellín a
pagar a la demandante los intereses moratorios originados con ocasión al
saldo a favor en materia de ICA estipulado en la declaración de corrección
presentada por el contribuyente, de conformidad con lo señalado en la parte
motiva de esta sentencia.
3. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02181-01 (26196)
Demandante: Médicos Asociados S.A.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
13
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