Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-02366-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-02366-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2015-02366-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 05001-23-33-000-2015-02366-01 (72158)
Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa – CPACA
TEMAS: CLÁUSULA GENERAL DE COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA –
Le corresponde al Congreso de la República, por intermedio del Senado y la Cámara de
representantes, la creación, modificación y aprobación de las leyes de la República de
Colombia. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL HECHO DEL LEGISLADOR –
Atribución de responsabilidad al legislador cuando una norma causa un daño antijurídico.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL – El término preclusivo de la caducidad inicia desde
cuando la norma entra en vigencia, pues desde ese momento es obligatoria para los asociados
y, por tanto, eventualmente, generadora de daños. ERROR JURISDICCIONAL – Es aquel
cometido por una autoridad investida de función jurisdiccional en el curso de un proceso, que
se materializa en una providencia contraria al ordenamiento jurídico. No constituye una instancia
adicional para impugnar las decisiones judiciales; por ello, no corresponde a una simple
equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica, sino que debe enmarcarse
en una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso.
PRESUPUESTOS PARA EL ANÁLISIS DEL ERROR JURISDICCIONAL – (i) La persona
afectada debe haber agotado los recursos ordinarios contra la decisión que cuestiona; y (ii) La
providencia enjuiciada debe encontrarse en firme. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL
– La Constitución Política reconoce que el juez goza de discrecionalidad para valorar el derecho
que sea aplicable al caso concreto.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la
sentencia del 8 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 20 de agosto de 2010, Jaime Alberto Arcila Quintero solicitó ante la Caja Nacional
de Previsión Social E.I.C.E. (en adelante “CAJANAL E.I.C.E.”) el reconocimiento y
pago de su pensión mensual vitalicia de jubilación gracia, prestación que le fue
negada mediante las Resoluciones No. PAP 36861 del 28 de enero de 2011 y PAP
48162 del 15 de abril de 2011. Inconforme con esa decisión, el señor Arcila Quintero
presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho contra los referidos actos administrativos, en procura del reconocimiento
de dicha prestación pensional. No obstante, mediante sentencia del 19 de diciembre
de 2012, el Juzgado Primero Administrativo de Medellín negó las pretensiones;
dicha decisión fue confirmada por sentencia del 25 de septiembre de 2013, dictada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
El demandante considera que la Nación – Congreso de la República (en adelante
“Congreso de la República”) y la Nación – Rama Judicial (en adelante “Rama
Judicial”) son patrimonialmente responsables por los daños que le fueron
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02366-01 (72158)
Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
ocasionados debido a: (i) la expedición de la Ley 91 de 1989, por medio de la cual
se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; y (ii) las
sentencias del 19 de diciembre de 2012 y del 25 de septiembre de 2013, a las que
calificó de constitutivas de error jurisdiccional.
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al
constatar que no se acreditaron los elementos que estructuran la responsabilidad
del Estado. Esta decisión fue apelada por la parte demandante.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 9 de noviembre de 20151-2, Jaime Alberto Arcila Quintero, mediante apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda
contra el Congreso de la República y la Rama Judicial, con el fin de que se les
declarara patrimonialmente responsables por los daños que, según afirma, le fueron
irrogados por: (i) la expedición de la Ley 91 de 19893 y (ii) las sentencias del 19 de
diciembre de 2012 y del 25 de septiembre de 2013, proferidas por el Juzgado
Primero Administrativo de Medellín y por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
respectivamente, a las que reprocha haber incurrido en error jurisdiccional.
En su escrito, la parte accionante formuló expresamente las siguientes pretensiones
declarativas y de condena (transcritas textualmente, incluso con posibles errores):
“[…] Primera -. Declárese que la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Nación – Rama Legislativa - Congreso de la República,
son administrativamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados al señor
demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero, ya identificado, por los siguientes hechos
antijurídicos:
-. Eliminación por parte del congreso de la República de la institución de la pensión
de jubilación de gracia, de forma retroactiva, a partir de 1° de enero de 1981,
mediante el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, [publicada el 29 de diciembre de
1989 en el Diario Oficial N° 39.124], sin contar con el suficiente apoyo
argumentativo que, para el repliegue de un derecho económico, social y cultural,
exige el principio de progresividad, de estirpe convencional.
-. No observación ni aplicación por parte de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo (Juzgado 1° Administrativo del Circuito de Medellín, ni Tribunal
1 Fl. 24, C. 1.
2 El 9 de noviembre de 2015, la parte demandante radicó la demanda (Fl. 1 a 24, C. 1.) y,
posteriormente, mediante escrito del 13 de noviembre del mismo año, aportó los documentos
enlistados en el capítulo de pruebas de la demanda (Fl. 56 a 62, C. 1.). No obstante, por auto del 10
de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la demanda de reparación
directa, con el fin de que se allegara la constancia de conciliación extrajudicial y las pruebas
relacionadas en el numeral segundo del acápite correspondiente de la demanda (Fl. 51 y 52, C. 1.).
Frente a esa decisión, el 16 de febrero de 2016 la parte demandante interpuso recurso de reposición,
al señalar que tales documentos ya habían sido aportados mediante el escrito del 13 de noviembre
de 2015, esto es, con anterioridad al auto inadmisorio (Fl. 51 y 52, C. 1.). En consecuencia, mediante
auto del 22 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Antioquia repuso la providencia del 10
de febrero de 2016, ordenó admitir la demanda y notificarla a los demandados (Fl. 435 a 438, C. 1.).
Una vez surtida esa actuación, el Congreso de la República contestó la demanda el 25 de octubre
de 2016 (Fl. 450 a 467, C. 1.), mientras que la Rama Judicial lo hizo el 26 de enero de 2017 (Fl. 468
a 484, C. 1.).
3 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
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Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
Contencioso Administrativo de Antioquia) del control de convencionalidad en
materia de derechos económicos, sociales y culturales, en la decisión del litigio de
nulidad y restablecimiento del derecho, radicado N° 05001-33-31-012-2011-
00646-00, donde se invocará a mi favor el derecho a la pensión de jubilación
gracia.
Posiciones que se vislumbran en las siguientes providencias:
-. Juzgado 1° Administrativo de Medellín, 19 de diciembre de 2.012, notificada
mediante edicto fijado el 18 de enero de 2013, y desfijado el 22 de enero siguiente.
-. Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, N° S04 - 209 AP, emitida el
25 de septiembre de 2.013 [discutida y aprobada según acta N° 062), notificada
mediante edicto fijado el 18 de octubre de 2.013, y desfijado el 22 de octubre de
2.013, cobrando ejecutoria el día 25 siguiente.
Segunda -. Consecuencial a lo anterior, condénese a la Nación – Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - y a la Nación – Rama Legislativa -
Congreso de la Republica a reconocer y pagar al señor demandante: Jaime Alberto
Arcila Quintero, ya identificado, a título de indemnización los siguientes perjuicios:
ii.i -. Materiales:
ii.i.i -. Lucro cesante consolidado: $199.628.420.
ii.i.ii -. Lucro cesante futuro: $614.513.203.
Perjuicios cuantificables a partir de 24 de julio de 2010, debiéndose actualizar según
la variación de índice de precios al consumidor certificado por el DANE, entre la
determinación de los daños materiales y la ejecutoria de la sentencia o del auto que
apruebe la conciliación o lo que esté reconociendo la jurisprudencia en el momento
del fallo -perjuicios y actualización de éstos.
ii.ii -. Inmateriales:
ii.ii.i -. Morales ($64.435.000).
Tasados en la suma de 100 s.m.l.m.v.
Reconocimiento que se hará de acuerdo con el valor del salario mínimo vigente para
la fecha de ejecutoria de la sentencia o del auto que apruebe la conciliación (o lo que
esté reconociendo la jurisprudencia en el momento perjuicios y actualización de
éstos), considerando el principio de reparación integral contenido en el artículo 16 de
la Ley 446 de 1998.
Tercera -. Condénese a las entidades demandadas a dar cumplimiento a la sentencia
judicial según lo prevén los artículos 192 a 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Cuarta -. Condénese a las entidades demandadas pagar las costas del proceso […]”.
En sustento de sus pretensiones, el extremo activo narró que mediante el Decreto
854 del 9 de abril de 1981, expedido por el departamento de Antioquia, Jaime
Alberto Arcila Quintero fue vinculado como docente oficial nacionalizado del mismo
departamento y tomó posesión del cargo el 30 de abril del mismo año.
Refirió que, el 20 de agosto de 2010, solicitó ante CAJANAL E.I.C.E. el
reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación gracia, por
considerar que cumplía los requisitos legales.
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Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
Añadió que, mediante la Resolución No. PAP 36861 del 28 de enero de 2011, la
citada entidad negó la solicitud, al considerar que, para el 31 de diciembre de 1980,
el peticionario no se encontraba vinculado a la docencia oficial, de manera que su
situación no se encuadraba en el criterio temporal fijado en el numeral 2 del artículo
154 de la Ley 91 de 19895.
Indicó que, inconforme con lo anterior, el 25 de febrero de 2011, el docente interpuso
recurso de reposición, mediante el cual solicitó que se aplicara la excepción de
inconstitucionalidad respecto del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y,
en consecuencia, se le reconociera la pensión mensual vitalicia de jubilación gracia.
Afirmó que, por Resolución No. PAP 48162 del 15 de abril de 2011, CAJANAL
E.I.C.E. confirmó la Resolución No. PAP 36861 de 2011, por cuanto la situación
administrativa del peticionario no se enmarcaba en el supuesto previsto en el
numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues su vinculación a la docencia
oficial fue posterior al 31 de diciembre de 1980.
Destacó que el 29 de septiembre de 2011, el señor Arcila Quintero presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra CAJANAL E.I.C.E., con
el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones Nos. PAP 36861 y PAP
48162 de 2011 y se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión mensual
vitalicia de jubilación gracia.
Advirtió que, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2012, el Juzgado Primero
Administrativo de Medellín negó las pretensiones de la demanda, al constatar que
el demandante no reunía los requisitos para acceder a la pensión gracia. En
sustento, consideró que, para el 31 de diciembre de 1980, aquel no estaba vinculado
como educador territorial o nacionalizado, ya que su nombramiento solo tuvo lugar
el 9 de abril de 1981, esto es, en fecha posterior a la exigida por el numeral 2 del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Adujo que, inconforme con esa decisión, el 5 de febrero de 2013 interpuso recurso
de apelación, en el que sostuvo que el a quo se sustrajo de su deber de
salvaguardar el principio de progresividad de los derechos sociales, económicos y
culturales, en tanto no efectuó un juicio de convencionalidad ni inaplicó dicha ley.
Finalmente, concluyó que, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2013, el
Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión de primera instancia, tras
determinar que el demandante no reunía los requisitos para acceder a la pensión
gracia, pues su vinculación fue posterior al 31 de diciembre de 1980.
El demandante sostiene, de una parte, que el Congreso de la República es
patrimonialmente responsable por el “hecho del legislador”, pues, con la expedición
de la Ley 91 de 1989 suprimió la pensión gracia en desconocimiento del principio
4 “Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado
y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes
disposiciones: […] 2. Pensiones: Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación. […]”
5 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
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Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
de progresividad previsto en los instrumentos internacionales en materia de
derechos económicos, sociales y culturales.
De otra parte, afirma que la Rama Judicial es patrimonialmente responsable por el
error jurisdiccional en que habrían incurrido (i) la sentencia del 19 de diciembre de
2012, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Medellín, y (ii) la sentencia
del 25 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
por cuanto dichas autoridades judiciales no efectuaron un control de
convencionalidad de la Ley 91 de 1989 frente a los tratados internacionales en
materia de derechos económicos, sociales y culturales.
2. Contestación
2.1. El Congreso de la República6 se opuso a las pretensiones de la demanda. Alegó
que: (i) el daño reclamado no era antijurídico, pues la Ley 91 de 1989 se expidió en
desarrollo de la Constitución y reguló el otorgamiento de la pensión gracia sin
desconocer los derechos de los docentes, máxime cuando la Corte Constitucional
ya había declarado la constitucionalidad del criterio temporal previsto en la ley; y (ii)
la norma no resulta contraria al principio de progresividad, por cuanto no es arbitraria
y preservó los derechos adquiridos por los docentes, pues la modificación se
justificó en la sostenibilidad del sistema de pensiones del magisterio.
2.2. La Rama Judicial7 se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que: (i)
las providencias reprochadas fueron proferidas por autoridades judiciales
competentes, en ejercicio de su autonomía y dentro del marco normativo aplicable,
sin que se configurara error judicial alguno; y (ii) el demandante pretende emplear
el medio de control de reparación directa como una tercera instancia, para revivir un
debate jurídico ya zanjado en el trámite correspondiente.
3. Audiencia inicial
El 13 de septiembre de 20178, el Tribunal Administrativo de Antioquia llevó a cabo
la audiencia inicial, en la cual adelantó el saneamiento del proceso, se abstuvo de
resolver excepciones previas, fijó el objeto del litigio9 y resolvió sobre el decreto de
pruebas10.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
6 Fl. 450 a 467, C. 1.
7 Fl. 468 a 484, C. 1.
8 Fl. 513 a 520, C. 2.
9 El Tribunal Administrativo de Antioquia fijó el litigio así: “[…] Sera objeto del litigio determinar si
existe responsabilidad de las entidades demandadas, esto es, de la Rama Judicial y del Congreso
de la República, o de estas entidades por la eliminación de la pensión gracia de jubilación a partir
del 1° de enero de 1981 y/o en la inobservancia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y
concretamente por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellin y por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión dentro del proceso radicado 05001-33-31-012-
2011-00646-00, del control de convencionalidad en materia de derechos económicos, sociales y
culturales. Ahora, en la hipótesis de acreditarse la responsabilidad de las demandadas o de alguna
de ellas, deberá determinarse, también, si precede el reconocimiento y pago de los perjuicios que se
reclaman en la demanda”.
10 En la misma diligencia, el tribunal decretó los siguientes medios probatorios: (i) parte demandante:
(a) prueba documental aportada con la demanda; (ii) parte demandada: (a) Congreso de la República
prueba documental aportada con la contestación de la demanda; (b) Rama Judicial no aportó ni
solicitó el decreto de pruebas.
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4.1. La Rama Judicial11 y el Congreso de la República12 reiteraron los argumentos
expuestos en las contestaciones de la demanda, respectivamente.
4.2. La parte demandante y el ministerio público guardaron silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 8 de agosto de 202413, el Tribunal Administrativo de
Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se acreditó
que los daños reclamados fueran imputables a las autoridades accionadas ni a título
de error jurisdiccional ni por el hecho del legislador.
En primer lugar, sostuvo que las providencias cuestionadas negaron el
reconocimiento de la pensión gracia con suficiente sustento fáctico y jurídico,
comoquiera que el demandante se vinculó a la docencia oficial con posterioridad al
31 de diciembre de 1980, razón por la cual no se configuró error jurisdiccional
alguno.
En segundo lugar, frente al reproche dirigido contra el Congreso de la República por
la expedición de la Ley 91 de 1989, señaló que tampoco se acreditó un daño
derivado de su aplicación, pues la limitación temporal -esto es, el 31 de diciembre
de 1980- fue avalada por la Corte Constitucional14 y su interpretación unificada por
el Consejo de Estado15, sin que de ella pudiera inferirse el desconocimiento de los
principios de progresividad y confianza legítima.
6. Apelación
La parte actora interpuso recurso de apelación16, en el que solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la
demanda. Como fundamento, sostuvo que:
(i) el Congreso de la República es patrimonialmente responsable por la
expedición de la Ley 91 de 1989, pues suprimió de manera regresiva e
injustificada la posibilidad de acceder a la pensión gracia para ciertos docentes,
con desconocimiento de la confianza legítima, de la igualdad frente a las cargas
públicas y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado
colombiano en materia de derechos económicos, sociales y culturales; y,
(ii) la Rama Judicial es responsable por el error jurisdiccional en que incurrieron
el Juzgado Primero Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia en las sentencias del 19 de diciembre de 2012 y del 25 de septiembre
de 2013, respectivamente, al omitir el control de convencionalidad sobre el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, con lo cual inobservaron los tratados
internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales y los
principios de progresividad, no regresividad y confianza legítima, en cuanto
11 Fl. 529 a 543, C. 2.
12 Fl. 545 a 556, C. 2.
13 Índice 39, Samai, expediente del Tribunal Administrativo de Antioquia.
14 Corte Constitucional, sentencia C-489 de 2000.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, Rad.:
15001-23-33-000-2016-00278-01 (temas: Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a), de la
Ley 91 de 1989 para el reconocimiento de la pensión gracia establecida por la Ley 114 de 1913 y
demás normas que la hubieren desarrollado o modificado).
16 Índice 42, Samai, expediente del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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excluyeron de la pensión gracia a los docentes vinculados con posterioridad al
31 de diciembre de 1980.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas dentro del término de
ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA17, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 202118, no hubo lugar a correr traslado para alegar de
conclusión en segunda instancia. El ministerio público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
La Sala anticipa que revocará la sentencia del 8 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, pues advierte: (i) que operó el fenómeno de la
caducidad del medio de control de reparación directa respecto de las pretensiones
dirigidas en contra del Congreso de la República por el hecho del legislador con
ocasión de la expedición de la Ley 91 de 1989; (ii) que no es posible estudiar el error
jurisdiccional atribuido a la sentencia del 19 de diciembre de 2012, por cuanto no se
cumplen los requisitos previstos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996; y (iii) que
el cargo de error jurisdiccional formulado contra la sentencia del 25 de septiembre
de 2013 no está llamado a prosperar, en tanto el Tribunal Administrativo de
Antioquia aplicó, en ejercicio de su autonomía judicial, una regla legal ajustada al
ordenamiento jurídico.
Para el análisis, a continuación, se abordarán los siguientes aspectos: (1)
presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) caso
concreto, (5) conclusión, y (6) costas en segunda instancia.
1. Presupuestos procesales
1.1. Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer del
presente asunto, según lo previsto en el artículo 10419 del CPACA, estatuto vigente
a la fecha de presentación de la demanda y que, por tanto, resulta aplicable, porque
se demanda la responsabilidad extracontractual del Congreso de la República y de
la Rama Judicial.
Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 8 de agosto de 2024, proferida por el
17 “Artículo 247. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia: […] 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el
superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de
diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el
expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el
término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso”.
18 “Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los
procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
19 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa… [de] 1. Los relativos a
la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen
aplicable […]”.
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Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
Tribunal Administrativo de Antioquia, dada la vocación de doble instancia del
proceso, debido a que la cuantía excedió los quinientos (500) 20 SMLMV, en
concordancia con los artículos 15021 y 15222 del CPACA.
1.2. El medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la
ocupación temporal o permanente de un inmueble o cualquier otra actuación estatal
distinta a un contrato o un acto administrativo, en los términos del artículo 14023 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, el daño imputado al Congreso de la República se hace derivar
de un hecho del legislador, esto es, de la expedición del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, que, a juicio del actor, habría suprimido la pensión de jubilación gracia. En
esa medida, como la pretensión no se funda en un contrato ni en un acto
administrativo, sino en una actuación atribuida al órgano legislativo, el medio de
control procedente es el de reparación directa.
Lo anterior encuentra respaldo en el artículo 9024 de la Constitución Política, que
consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado por los
daños antijurídicos imputables a la acción u omisión de las autoridades públicas, sin
excluir a quienes ejercen función legislativa. Por ello, tanto la Corte Constitucional25
como el Consejo de Estado26 han reconocido que es posible reclamar, a través de
la reparación directa, los daños antijurídicos causados por el hecho del legislador,
incluso en eventos en los que no media una declaratoria de inexequibilidad de la
norma, pues el eje del juicio de responsabilidad no es necesariamente la invalidez
de la ley, sino la existencia de un daño antijurídico imputable al Estado.
20 La pretensión material mayor de la demanda se estimó en $614.513.203, monto que supera los
500 SMLMV para el año 2015 – fecha de presentación de la demanda –, cuando el SMLMV era de
$644.350.
21 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”
22 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión
de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. […]”.
23 “[…] Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política,
la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido
por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma”.
24 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. […]”
25 Corte Constitucional, sentencia C-038 de 2006. “cabe destacar que en todos los anteriores casos
la acción impetrada fue la de reparación directa, de lo que se deduce que de conformidad con el
máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa esta es la vía judicial procedente para
reclamar la reparación de los daños antijurídicos imputable al hecho del legislador”.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 15 de mayo de 2003, Rad.: 23245; Subsección C,
sentencia del 31 de octubre de 2016, Rad.: 28741; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia de importancia jurídica del 13 de marzo de 2018, Rad.: 28769; Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de octubre de 2021, Rad.: 40573, entre otras.
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Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
De otra parte, se reclama la reparación de un daño atribuible a la administración de
justicia, en particular por el error jurisdiccional en que habrían incurrido: (i) la
sentencia del 19 de diciembre de 2012, proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Medellín, y (ii) la sentencia del 25 de septiembre de 2013,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dictadas con ocasión de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el demandante
contra las resoluciones de CAJANAL E.I.C.E., por lo que la pretensión de reparación
directa ejercida por la parte actora es igualmente la adecuada.
1.3. Al tenor del artículo 164, numeral 2), literal i), del CPACA27, el término para
formular pretensiones en ejercicio del medio de control de reparación directa es de
dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este
si fue en fecha posterior y siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia.
Habida cuenta de que en el sub examine concurren dos atribuciones de
responsabilidad -la dirigida contra el Congreso de la República por el hecho del
legislador y aquella formulada contra la Rama Judicial por el error jurisdiccional-, la
Sala abordará el estudio de la caducidad de manera separada: en primer lugar,
frente al hecho del legislador y, en segundo lugar, respecto del error jurisdiccional.
1.3.1. En primer lugar, debe señalarse que esta Corporación ha considerado que en
los eventos en los que la reparación directa tiene como propósito la declaratoria de
responsabilidad patrimonial por una norma dictada por el legislador ajustada al
ordenamiento jurídico, el término de caducidad debe contarse a partir de su
promulgación, por ser este el momento de la ocurrencia del hecho causante del
daño28.
Sobre el particular, resulta necesario precisar que la ley, entendida como la
declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la
Constitución Política29, goza de las características de ser general, impersonal y
abstracta, y tiene por objeto mandar, prohibir, permitir o castigar30. Así, las leyes
27 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]
Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos
(2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2015, Rad.:
22.637. “Así pues, en el presente caso los hechos se contabilizan a partir del día siguiente de la
fecha de promulgación de la Ley 335 de 1996, esto es, 20 de diciembre de 1996, con lo cual las
demandas podían formularse hasta el 21 de diciembre de 1998”. En ese mismo sentido: Subsección
A, auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 65500; Subsección C, auto del 24 de julio de 2024,
Rad.: 66008.
29 Artículo 150 y siguientes de la Constitución Política de Colombia.
30 “Artículo 4 Código Civil. Ley es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma
prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o
castigar.”
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Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
definen el marco jurídico de actuación de las autoridades y su aprobación constituye
una de las funciones propias del Congreso31-32.
Lo anterior no significa que los efectos de la ley dependan, en todo caso, de la
expedición de un acto administrativo que los concrete33. Por el contrario, cuando la
propia norma establece de manera directa la creación, modificación o extinción de
una situación jurídica específica, los efectos se producen desde su entrada en vigor,
sin que se requieran actuaciones administrativas para su materialización34.
De lo anterior se colige que la regla jurisprudencial según la cual el término de
caducidad se cuenta desde la promulgación de la norma, solo es aplicable cuando
la promulgación y la entrada en vigencia coinciden35. Cuando ello no sucede, el
término preclusivo debe contarse desde el momento en que el precepto entra en
vigor, pues es, entonces, cuando sus disposiciones se vuelven obligatorias para los
asociados y, por tanto, eventualmente generadoras de daños36.
Por otra parte, en relación con el tránsito de leyes en materia de caducidad, los
términos que hubiesen empezado a correr en vigencia de una ley anterior deben
computarse conforme a ella, según lo dispuesto en el artículo 62437 del CGP, que
modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, de ahí que al sub lite, en este puntual
31 Constitución Política de Colombia de 1991. “Artículo 114. Corresponde al Congreso de la
República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la
administración. El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de
Representantes.”
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de octubre de 1962,
Rad.: 176. “La Constitución Nacional organiza un poder público unitario con multiplicidad de
funciones. Estas se ejercitan separadamente, pero con un propósito de armónica colaboración que
permita realizar los fines del Estado. Esta idea fundamental se desenvuelve en el sentido de señalar
a cada uno de los órganos la esfera propia de sus actividades, y dentro del mismo criterio se
establece la cláusula general de competencia de que corresponde al Congreso hacer las leyes”.
También: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de noviembre
de 1962, Rad.: 43. “A manera de cláusula general de competencia, en la Constitución Nacional se
atribuye al Congreso la facultad de hacer las leyes”.
33 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 21 de abril de 1972, Rad.:
N645. “Es principio fundamental de nuestro Derecho Público el de que la administración tiene
subordinadas todas sus actuaciones a la ley, de modo que solo puede efectuar aquello para lo cual
está autorizada por esa ley, dentro de las prescripciones, formas y procedimientos en ella señalados,
y en la oportunidad y para los fines previstos en dicha norma. Las actuaciones administrativas por
fuera o contra esas regulaciones de la ley, son nulas. Este principio tiene su justificación en la
exigencia de salvaguardar el interés público o social que representa la administración”.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 30 de enero de 2013, Rad.:
24930 y sentencia de 13 de febrero de 2015, Rad.: 32704.
35 Sobre la diferencia que existe entre “promulgación” y “entrada en vigencia” de una ley, la Corte
Constitucional en sentencia C-932 de 2006 ha indicado lo siguiente: “La promulgación, como ya se
expresó, consiste en la publicación oficial de la ley; la entrada en vigencia es la indicación del
momento a partir del cual ésta se vuelve obligatoria para los asociados, esto es, sus disposiciones
surten efectos. Por tanto, bien puede suceder que una ley se promulgue y sólo produzca efectos
meses después […].”
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 14 de febrero de 2019. Rad.: 59886
37 “Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así: "Artículo 40.
Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica
de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se
regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se
iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones. La competencia para tramitar el proceso se regirá por la
legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que
la ley elimine dicha autoridad".
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Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
aspecto, le resulte aplicable el artículo 13638 del Código Contencioso
Administrativo39 sin la modificación del artículo 44 de la Ley 446 de 199840,
normatividad vigente al momento de la promulgación y entrada en vigencia de la
Ley 91 de 1989.
Pues bien, en el caso sub examine, la Ley 91 de 1989 fue promulgada el 29 de
diciembre de 198941 y desde esa fecha empezó a regir, tal y como lo dispone el
artículo 1742 de dicha normatividad. De conformidad con lo anterior y atendiendo a
que la parte demandante reclama la reparación de un daño por la promulgación del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, la caducidad en el sub-lite debe contarse a partir
de la promulgación de dicha norma.
En ese sentido, el término de caducidad corrió desde el 30 de diciembre de 1989 -
día siguiente al de su promulgación- hasta el 30 de diciembre de 1991. No obstante,
como la demanda se presentó el 9 de noviembre de 201543, esto es, más de
veinticuatro años después del vencimiento del término preclusivo dispuesto en el
artículo 136 del CCA, es claro que la pretensión relativa al presunto daño
ocasionado por la promulgación de la mencionada disposición está caducada.
Cabe destacar que en casos análogos esta Subsección ha abordado en similar
sentido el estudio del presupuesto procesal. Así, en providencia del 24 de julio de
2024 arribó a la misma conclusión para computar el término de caducidad:
“[...] De conformidad con lo anterior y atendiendo a la parte demandante reclama la
indemnización de los perjuicios causados por el despojo de unos predios de su
propiedad producto de la expedición de la Ley 1448 de 2011, el término de caducidad
en el sub-lite debe contarse a partir de la promulgación de dicha norma. En ese
sentido, la caducidad en el presente caso corrió desde el 11 de junio de 2011 – día
siguiente a la fecha de su promulgación de la ley - hasta el 11 de junio de 2013. No
obstante, como la demanda se presentó el 28 de julio de 2018, esto es, más de 5
años después del vencimiento del término preclusivo dispuesto en el artículo 136 del
CCA, salta a la vista que la pretensión respecto del daño ocasionado por la
promulgación de la mencionada Ley 1448 de 2011 se encuentra caducada.”44
1.3.2. En segundo lugar, tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado
por error jurisdiccional, la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado, de
forma reiterada, que el término de caducidad debe contarse desde el día siguiente
a la firmeza de la decisión judicial que se acusa de contener el yerro aludido45.
38 Artículo 136. Caducidad de las acciones. […] La de reparación directa caducará al vencimiento del
plazo de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena
por causa de trabajos públicos. […]”.
39 Decreto 01 del 2 de enero de 1984. “por medio del cual se reforma el Código Contencioso
Administrativo”.
40 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991,
se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y
del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y
se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.
41 Publicado en el Diario Oficial No. 39124 el 29 de diciembre de 1989.
42 “Artículo 17. Esta Ley regirá desde su sanción y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias”.
43 Fl. 24, C. 1.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 24 de julio de 2024, Rad.: 66008.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad.: 17493; Subsección
C. Sentencia del 16 de diciembre de 2020, Rad.: 56745; sentencia del 7 de octubre de 2020, Rad.:
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Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
De acuerdo con lo anterior, en el presente asunto la Sala estima que el medio de
control se ejerció oportunamente frente a las sentencias del 19 de diciembre de
2012 y del 25 de septiembre de 2013, dentro del término de dos (2) años previsto
en el artículo 164 del CPACA, pues (a) la providencia que puso fin al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y resolvió el recurso de apelación fue la
sentencia del 25 de septiembre de 2013 (hecho probado 3.9.); (b) según la
constancia expedida por la secretaría del Juzgado Primero Administrativo de
Medellín, dicha decisión cobró ejecutoria el 25 de octubre de 201346; (c) el 25 de
septiembre de 2015 el demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial,
la cual se declaró fallida el 3 de noviembre siguiente47; y (d) la demanda se presentó
el 9 de noviembre de 201548, esto es, dentro del término legal.
1.4. Frente a la legitimación en la causa, comienza la Sala por advertir que dicho
presupuesto procesal no se analizará respecto del Congreso de la República, toda
vez que, como se precisó con antelación, el derecho de acción frente a su eventual
responsabilidad se ejerció por fuera del término procesal previsto por el legislador.
Por ello, el análisis siguiente se circunscribirá al demandante, Jaime Alberto Arcila
Quintero, y a la Rama Judicial.
(i) Jaime Alberto Arcila Quintero es sobre quien recae el interés jurídico que se
debate en este proceso y está legitimado en la causa por activa, por cuanto las
sentencias del 19 de diciembre de 2012 y del 25 de septiembre de 2013, proferidas
por el Juzgado Primero Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, respectivamente -que se acusan de contener un error jurisdiccional-
negaron la nulidad de las Resoluciones No. PAP 36861 del 2011 y PAP 48162 del
2011, por medio de las cuales se negó la solicitud de pensión mensual vitalicia de
jubilación gracia (hechos probados 3.7. y 3.9.).
(ii) La Rama Judicial está legitimada en la causa por pasiva, toda vez que el Juzgado
Primero Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia fueron
las autoridades judiciales que profirieron las decisiones -las sentencias del 19 de
diciembre de 2012 y del 25 de septiembre de 2013- respecto de las cuales se alega
un error jurisdiccional. Asimismo, por ser la entidad a quien se atribuye la causación
del daño reclamado en el escrito de la demanda (hechos probados 3.7. y 3.9.).
2. Problema jurídico
De conformidad con los cargos formulados en el recurso de apelación por la parte
demandante, corresponde a la Sala determinar si las decisiones del 19 de diciembre
de 2012 y del 25 de septiembre de 2013, proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
respectivamente, incurrieron en error jurisdiccional.
3. Hechos probados
53966; Auto del 9 de mayo de 2011, Rad.: 40196; y, Subsección A, sentencia del 27 de enero de
2012, Rad.: 22.205, entre otras.
46 Fl. 380, C. 1.
47 Fl. 60 a 61, C.1.
48 Fl. 24, C. 1.
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Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
Antes de relacionar los hechos probados, conviene anotar que, atendiendo el tenor
literal del artículo 24449 del CGP, los documentos públicos y privados emanados de
las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos,
y los que contengan la reproducción de la voz y de la imagen, se presumirán
auténticos, mientras no sean tachados de falso o desconocidos por las partes o
intervinientes.
Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente50, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema
jurídico planteado en el presente asunto:
3.1. Mediante Decreto 854 del 9 de abril de 1981, expedido por el departamento de
Antioquia, Jaime Alberto Arcila Quintero fue nombrado docente oficial nacionalizado
en dicho departamento. Tomó posesión del cargo el 30 de abril del mismo año51.
3.2. El 20 de agosto de 2010, Jaime Alberto Arcila Quintero solicitó ante la
CAJANAL E.I.C.E. el reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia de
jubilación gracia, por considerar que cumplía con los requisitos exigidos por la ley52.
3.3. Mediante Resolución No. PAP 36861 del 28 de enero de 2011, CAJANAL
E.I.C.E. negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia
de jubilación gracia, al considerar que, para el 31 de diciembre de 1980 el señor
Arcila Quintero no se encontraba vinculado a la docencia oficial, de manera que su
situación no se enmarcaba en el criterio temporal fijado en el numeral 2 del artículo
15 de la Ley 91 de 198953.
3.4. El 25 de febrero de 2011, Jaime Alberto Arcila Quintero interpuso recurso de
reposición contra la Resolución No. PAP 36861 del 28 de enero de 2011. Solicitó
que se aplicara la excepción de inconstitucionalidad respecto del numeral 2 del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y, en consecuencia, se le reconociera la pensión
mensual vitalicia de jubilación gracia54.
49 “Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la
persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o
de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados
de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales
presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los
que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Así mismo se
presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La
parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad
y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma
de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los
procesos y en todas las jurisdicciones”.
50 La Sala otorgará mérito probatorio a las copias simples allegadas al expediente, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 245 y 246 del CGP, aplicables por remisión del artículo 306 del
CPACA, que admiten que los documentos se aporten al proceso en original o en copia, y otorgan a
las copias simples el mismo valor probatorio del original, salvo en los eventos en que la ley establezca
que debe presentarse el original o una determinada copia.
51 Fl. 61 a 62 y 66 a 67, Carpeta “Medios”, “MM_001”, “CD_1”, archivo: “untitled”. Certificado de
historia laboral.
52 Antecedentes de la Resolución PAR 036861 del 28 de enero de 2011
53 Fl. 37 a 39, Carpeta “Medios”, “MM_001”, “CD_1”, archivo: “untitled”.
54 Fl. 40 a 41, Carpeta “Medios”, “MM_001”, “CD_1”, archivo: “untitled”.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02366-01 (72158)
Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
3.5. Mediante la Resolución No. PAP 48162 del 15 de abril de 2011, CAJANAL
E.I.C.E. confirmó en su integridad la Resolución No. PAP 36861 del 2011, toda vez
que la situación administrativa del peticionario no se enmarcaba en el supuesto
previsto en el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 198955.
3.6. El 29 de septiembre de 2011, el señor Arcila Quintero presentó una demanda56
de nulidad y restablecimiento del derecho contra CAJANAL E.I.C.E., con el fin de
que se declarara la nulidad de las Resoluciones No. PAP 36861 del 28 de enero de
2011 y PAP 48162 del 15 de abril de 2011 y se ordenara el reconocimiento y pago
de la pensión mensual vitalicia de jubilación gracia57.
3.7. Mediante la sentencia del 19 de diciembre de 2012, el Juzgado Primero
Administrativo de Medellín58 negó las pretensiones de la demanda promovida por
Jaime Alberto Arcila Quintero contra las resoluciones proferidas por CAJANAL
E.I.C.E., al concluir que el demandante no cumplía los requisitos de la Ley 91 de
1989, toda vez que para el 31 de diciembre de 1980 no se encontraba vinculado
como educador oficial, pues su vinculación solo tuvo lugar el 30 de abril de 1981,
fecha posterior a la exigida en la Ley 91 de 198959. El fundamento de la decisión
fue el siguiente:
“Analizadas las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que efectivamente el
señor Jaime Alberto Arcila Quintero presto sus servicios como docente, desde el 30
de abril de 1981, nombrado mediante decreto 854 del 9 de abril del mismo año. […]
Así las cosas, se puede observar que la accionante no cumple los presupuestos
exigidos por la norma para acceder a la pensión gracia, pues para el 31 de diciembre
de 1980, esta no se encontraba vinculada como' educadora territorial o nacionalizada,
y su vinculación no tuvo lugar si no hasta el 30 de abril de 1981, fecha posterior a la
exigida en el artículo 15 numeral 2° de la Ley 91 de 1989, razón por la cual no es
acreedora del derecho a percibir la pensión gracia. […]
Entonces, a pesar de que se encuentra acreditado que la actora se desempeñó
durante más de 20 años como docente nacionalizada, no es posible acceder a la
pensión gracia que reclama, pues, se reitera, la Ley 91 de 1989 dispuso que se
respetarían los derechos de quienes se hubieren vinculado con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, requisito que no se cumple en el caso concrete.
Así las cosas, toda vez que el accionante no logró demostrar una vinculación de
carácter territorial o departamental con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, se
encuentra que en el caso sub examine no se desvirtuó la presunción de legalidad que
cobija a los actos administrativos, pues el mismo se encuentra ajustado a los
parámetros legales y constitucionales exigidos, lo que impone denegar las
pretensiones de la demanda. […]”
3.8. El 5 de febrero de 2013, Jaime Alberto Arcila Quintero presentó recurso de
apelación contra la sentencia del 19 de diciembre de 2012, proferida por el Juzgado
Primero Administrativo de Medellín. Adujo que el a quo se sustrajo de su deber de
55 Fl. 43 a 46, Carpeta “Medios”, “MM_001”, “CD_1”, archivo: “untitled”.
56 Rad.: 05001-33-31-2012-2011-00646-00
57 Fl. 1 a 20, Carpeta “Medios”, “MM_001”, “CD_1”, archivo: “untitled”.
58 El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Doce Administrativo de Medellin. Sin embargo,
cuando entró en funcionamiento los procesos orales en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, el expediente pasó al conocimiento del Juzgado Primero Administrativo de Medellín.
59 Fl. 291 a 296, Carpeta “Medios”, “MM_001”, “CD_1”, archivo: “untitled”.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02366-01 (72158)
Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
salvaguardar el principio de progresividad de los derechos sociales, económicos y
culturales, en tanto no efectuó un juicio de convencionalidad ni inaplicó dicha ley60.
3.9. Con sentencia del 25 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó la decisión de primera instancia, tras determinar que el
demandante no reunía los requisitos para acceder a la pensión mensual vitalicia de
jubilación gracia, pues su vinculación a la docencia oficial fue posterior al 31 de
diciembre de 198061. En el fallo se lee lo siguiente:
“[…] De conformidad con reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, tanto de la
Sala Plena como de la Sección Segunda, la Pensión Gracia sólo beneficia a los
docentes nacionalizados que prestan sus servicios en el orden departamental y
municipal, vinculados al 31 de diciembre de 1980, que tuvieren derecho o llegasen a
tenerlo a disfrutar de dicha prestación.
La Pensión Gracia, fue consagrada por la Ley 114 de 1913, en favor de los maestros
de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término
no menor a 20 años, y fue concebida como una pensión vitalicia.
Posteriormente el artículo 6° de la Ley 116 de 1928 estableció: “Los empleados y
profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen
derecho a la pensión de jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913
y demás que a esta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se
sumarán los prestados en diversas épocas tanto en el campo de la enseñanza
primaria como normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.”
Por su parte la Ley 91 de 1989 en el literal a) del numeral 2, preceptúa: “A. Los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubiere desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar a cargo total o parcial de la Nación.”
Luego la Ley 37 de 1993 (Sic) en su artículo 3°, dispondría: “Hácense extensivas
estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicio señalados
en la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria”.
Con base en lo anterior, se concluye que, en efecto para acceder a la Pensión Gracia,
se precisa que los docentes se encuentren vinculados al sistema hasta el 31 de
diciembre de 1980, de lo contrario se da aplicación a la disposición contenida en el
literal b) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que dispuso: […].
Así se pronunció la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia S-699 del 26
de agosto de 1997, y la Sección Segunda de la misma Corporación en proveído del
17 de febrero de 2000, en la cual se reiteró la argumentación en los siguientes
términos: […]
La Corte Constitucional en sentencia C-479 del 9 de septiembre de 1998, en demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 1° María Lucelly del Carmen González
Higuita (parcial) y 4° Numeral 3° de la Ley 114 de 1913, expresó: […]
60 Fl. 297 a 302, Carpeta “Medios”, “MM_001”, “CD_1”, archivo: “untitled”.
61 Fl. 327 a 334, Carpeta “Medios”, “MM_001”, “CD_1”, archivo: “untitled”.
15
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02366-01 (72158)
Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
De acuerdo con lo anterior, el señor Jaime Alberto Arcila Quintero, no reúne los
requisitos para acceder a la Pensión Gracia, porque para la Sala se encuentra
plenamente acreditado que los servicios prestados por él fueron por más de veinte
años al servicio de la docencia pero, su vinculación fue posterior al 31 de
diciembre de 1980 y no anterior a dicha fecha, por tanto no le es dable al actor,
invocar en su favor el beneficio de la Pensión Gracia; porque según los preceptos
legales enunciados, la pensión a que alude el artículo 1o. de la Ley 114 de 1993 (Sic),
solamente beneficia a los docentes que se hubiesen vinculado al sector público hasta
del 31 de diciembre de 1980, razones por las cuales será confirmada la sentencia
impugnada.” (Se resalta)
4. Caso concreto
La parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia del 8 de agosto
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las
pretensiones de la demanda, y solicitó revocar la sentencia de primera instancia.
Consideró, al efecto, que la Rama Judicial es responsable por el error jurisdiccional
en que incurrieron el Juzgado Primero Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia en las sentencias del 19 de diciembre de 2012 y del 25
de septiembre de 2013, respectivamente, al omitir realizar un control de
convencionalidad sobre la Ley 91 de 1989, con lo cual inobservaron los tratados
internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales y los
principios de progresividad, no regresividad y confianza legítima, en cuanto
excluyeron de la pensión gracia a los docentes vinculados con posterioridad al 31
de diciembre de 1980.
Así pues, como sólo la parte accionante apeló la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en los términos de los artículos 32062 y 32863 del CGP,
se analizará el caso teniendo en cuenta únicamente los reparos concretos
formulados por la accionante, que hayan sido propuestos en la demanda y/o que
versen directamente sobre el fallo apelado.
Ahora bien, la delimitación del objeto de la alzada exige confrontar los reproches
formulados en la demanda con los expuestos en el recurso de apelación,
comoquiera que la Sala solo puede pronunciarse sobre aquellos cargos que,
habiendo sido oportunamente planteados en el libelo introductorio, fueron además
reiterados en la impugnación.
En la demanda se afirmó que las sentencias del 19 de diciembre de 2012 y del 25
de septiembre de 2013, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, incurrieron en
error jurisdiccional porque las autoridades judiciales omitieron efectuar un control de
convencionalidad de la Ley 91 de 1989 frente a los tratados internacionales en
materia de derechos económicos, sociales y culturales.
62 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a
quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”.
63 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02366-01 (72158)
Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
Por su parte, en el recurso de apelación, la recurrente sostuvo que las sentencias
reprochadas omitieron realizar un control de convencionalidad sobre el artículo 15
de la Ley 91 de 1989, con lo cual inobservaron los tratados internacionales en
materia de derechos económicos, sociales y culturales y los principios de
progresividad, no regresividad y confianza legítima, en cuanto excluyeron de la
pensión gracia a los docentes vinculados con posterioridad al 31 de diciembre de
1980.
Del cotejo entre uno y otro escrito se desprende que la apelación incorporó un
reproche que no fue planteado en el libelo introductorio, esto es, sobre el aspecto
de la inobservancia o la defraudación del principio de la confianza legítima. En
consecuencia, la Sala no examinará dicho reproche, comoquiera que tal
cuestionamiento no fue formulado en el escrito de demanda y, por consiguiente, no
integró la causa petendi sobre la cual se estructuró el presente asunto litigioso.
La anterior conclusión encuentra fundamento en que el marco del litigio se halla
delimitado por los hechos y cargos expuestos en el libelo introductorio, de modo que
la segunda instancia no puede convertirse en un escenario para incorporar
argumentos nuevos o para reformular la causa petendi. Admitir en sede de
apelación un reproche distinto del planteado en la demanda alteraría los términos
del debate fijados desde el inicio del proceso, comprometería los principios
dispositivo, de contradicción y de congruencia que lo gobiernan, y vulneraría el
derecho de defensa de la contraparte, que no habría tenido oportunidad de
controvertir el cargo ni de pedir o aportar pruebas para desvirtuarlo, con lo cual se
rompería el equilibrio del proceso y el principio de lealtad judicial64.
Igualmente, no se estudiará la eventual responsabilidad que podría asistir al
Congreso de la República por la expedición de la Ley 91 de 1989, pues, como se
advirtió precedentemente, dicha pretensión fue formulada por fuera del término de
caducidad.
En ese sentido, el estudio se concentrará en establecer si la Rama Judicial es
patrimonialmente responsable por el error jurisdiccional alegado frente a las
sentencias del 19 de diciembre de 2012 y del 25 de septiembre de 2013, porque,
presuntamente, omitieron efectuar un control de convencionalidad sobre la Ley 91
de 1989, con lo cual las autoridades judiciales habrían inobservado los tratados
internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y los
principios de progresividad y no regresividad.
4.1. Análisis del error jurisdiccional contenido en las sentencias del 19 de
diciembre de 2012 y del 25 de septiembre de 2013
4.1.1. De conformidad con lo expuesto en el recurso de apelación, la parte
demandante solicitó revocar el fallo del 8 de agosto de 2024, proferido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, al considerar que las providencias del 19 de
diciembre de 2012 y del 25 de septiembre de 2013, proferidas por el Juzgado
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de septiembre de 2025,
Rad.: 52276. “Ahora bien, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia de esta Corporación,
el recurso de apelación no puede dar lugar a analizar cargos que no fueron expuestos originalmente
en el libelo introductorio, pues ello quebrantaría los principios dispositivos de defensa, contradicción
y congruencia”. También consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 14 de julio de 2025, Rad.: 70249; y sentencia del 24 de enero de 2024, Rad.: 67617.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02366-01 (72158)
Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
Primero Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
respectivamente, incurrieron en un error jurisdiccional.
Para comenzar, es menester poner de presente que el error jurisdiccional, regulado
en el artículo 6665 de la Ley 270 de 199666, se define como aquel yerro que comete
una autoridad investida de facultad jurisdiccional, cuando ejerce sus funciones,
durante el trámite de un proceso, materializado a través de una providencia contraria
a la ley. Este error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, sino a aquel que surge de una conducta carente de fundamento objetivo,
que vulnera derechos o intereses subjetivos y que desconoce de manera directa las
normas aplicables al caso concreto67.
Bajo este contexto, la Sala examinará si respecto de las providencias referidas se
satisface el presupuesto general para examinar el error jurisdiccional, y de ser así,
si estas son contrarias a derecho. Debe resaltarse que cuando se demanda la
responsabilidad del Estado por error jurisdiccional resulta más adecuado comenzar
por verificar el yerro en que habría incurrido la providencia cuestionada, porque de
esta manera se responde directamente a lo pretendido en la demanda, que reprocha
la decisión judicial, al margen del análisis del daño o lesión al interés jurídico
protegido que se reclama, el cual cobra relevancia en el marco de la responsabilidad
patrimonial del Estado por error jurisdiccional si se acredita que las providencias
cuestionadas se profirieron contrariando el ordenamiento jurídico68.
La Sala anticipa que: (i) no examinará el error jurisdiccional alegado sobre la
sentencia del 19 de diciembre de 2012, proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Medellín, por no cumplirse los presupuestos del artículo 67 de la
Ley 270 de 1996; y (ii) negará el cargo formulado contra la sentencia del 25 de
septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por
cuanto aplicó, en ejercicio de su autonomía judicial, la norma cuya
constitucionalidad ya había sido declarada por la Corte Constitucional.
4.1.2. Según el artículo 6769 de la Ley 270 de 1996, el análisis del error jurisdiccional
está sujeto a los siguientes presupuestos: (i) que la persona afectada haya agotado
los recursos de ley contra la decisión que cuestiona; y (ii) que esta se encuentre en
firme. A su turno, el artículo 7070 ibídem dispone que el daño se entenderá como
65 “Artículo 66. Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una
providencia contraria a la ley”.
66 “Estatutaria de Administración de Justicia”
67 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001, Rad.: 13164.
68 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 3 de febrero de 2025, Rad.:
44533. “[d]adas las particularidades del error jurisdiccional, este debe ser analizado como primer
presupuesto de la responsabilidad a este título, pues una vez establecido su acaecimiento también
se encontrará probada la antijuridicidad del daño, en razón a que de ello deriva que el usuario de la
administración de justicia no se encuentre en el deber de soportar los efectos de una decisión
defectuosa”.
69 “Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes
presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos
en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se
produzca en virtud de una providencia judicial […] 2. La providencia contentiva de error deberá estar
en firme”.
70 “Artículo 70. Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva
de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos
de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02366-01 (72158)
Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
debido a la culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o
dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley71.
En el caso sub examine, la Sala advierte que no es posible examinar el yerro
alegado frente a la sentencia del 19 de diciembre de 2012 (hecho probado 3.7.),
toda vez que se trata de una decisión de primera instancia que fue oportunamente
apelada y, por ende, no adquirió firmeza. En esas condiciones, dicha providencia
fue sustituida por la decisión adoptada en segunda instancia, de modo que no
satisface el presupuesto previsto en el artículo 67 ibídem.
Por el contrario, la Sala encuentra que sí es procedente analizar el error judicial
acusado respecto de la sentencia del 25 de septiembre de 2013, en la medida en
que esta fue proferida en segunda instancia, resolvió los reproches oportunamente
formulados por la parte demandante y cobró la debida firmeza (hechos probados
3.8. y 3.9.).
Así las cosas, a continuación, la Sala únicamente analizará el reparo formulado
contra la sentencia del 25 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por ser la decisión que reúne los presupuestos
establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996.
4.1.3. En la alzada, la recurrente reprochó la sentencia del 25 de septiembre de
2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, esa
autoridad judicial omitió ejercer un control de convencionalidad sobre la Ley 91 de
1989. Según afirmó, esa omisión condujo a desconocer los tratados internacionales
en materia de derechos económicos, sociales y culturales, así como los principios
de progresividad y no regresividad, en cuanto excluyó de la pensión gracia a los
docentes vinculados con posterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Pues bien, atendiendo al caso concreto, se advierte que el Tribunal Administrativo
de Antioquia, en la sentencia del 25 de septiembre de 2013, reseñó el régimen legal
de la pensión gracia -Leyes 114 de 191372, 116 de 192873, 37 de 193374 y 91 de
1989- y precisó que el beneficio quedó reservado para los docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980. A partir de esa disposición y del hecho probado
relativo a la fecha de vinculación del demandante, negó el reconocimiento
pensional, por cuanto el señor Arcila Quintero se vinculó al magisterio oficial con
posterioridad a la fecha fijada por el legislador (hecho probado 3.9.).
Así las cosas, la Sala considera que la omisión de una referencia explícita al control
de convencionalidad no configura, por sí sola, un error jurisdiccional. Al efecto, debe
subrayarse que el deber de interpretar el derecho interno de conformidad con la
Constitución y con los compromisos internacionales del Estado no impone al juez la
71 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la
Sección Tercera de esta Corporación manifestó que debía entenderse que los recursos de ley que
menciona el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los
recursos extraordinarios. También consultar en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, sentencia 13 de marzo de 2024, Rad.: 65993; sentencia del 30 de septiembre de 2019, Rad.:
63541; y sentencia del 24 de enero de 2024, Rad.: 67674.
72 “Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela.”
73 “Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927.”
74 “Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados.”
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02366-01 (72158)
Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
obligación de utilizar una fórmula determinada, ni de abrir un acápite específico bajo
esa denominación75.
En este orden de ideas, la parte actora invocó de manera general los tratados
internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales y los
principios de progresividad y no regresividad, pero no demostró que existiera una
regla concreta que impusiera al Tribunal el deber inequívoco de inaplicar la Ley 91
de 1989.
En cambio, la norma que aplicó el Tribunal Administrativo de Antioquia -numeral 2
del artículo 15 de la Ley 91 de 1989- no fue invocada como una disposición aislada,
sino como parte del régimen legal que reguló la pensión gracia y que,
adicionalmente, fue objeto de control de constitucionalidad por la Corte
Constitucional76. De manera que el tribunal a quo aplicó una disposición que ya
había superado un examen de compatibilidad con el ordenamiento jurídico
constitucional, el cual incluye el cuerpo normativo internacional que hace parte del
bloque de constitucionalidad77.
75 Corte Constitucional, sentencia C-067 del 2003. “Con todo, se llegaría a la misma conclusión
incluso si la Ley hubiere guardado silencio en torno a la aplicabilidad en el régimen disciplinario de
los principios de derecho internacional que forman el bloque constitucional, pues la preeminencia del
bloque tiene rango constitucional e impera por encima de cualquier consideración legislativa o de
cualquier intención hermenéutica.[…] Se concluye entonces que la aplicación de las normas del
bloque de constitucionalidad, aunque en algunos casos es indirecta, se verifica de manera
permanente en la legislación, pues es la presencia tutelar de estos principios, valores y garantías lo
que ilustra el desenvolvimiento de la juridicidad nacional." Asimismo, Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia del 28 de octubre de 2021, Rad.: 76001-23-33-000-2021-00878-01 (AC) “Se
advierte que, en efecto, la autoridad judicial accionada no emitió ningún pronunciamiento en relación
con la petición de convencionalidad que se le formuló; sin embargo, la Sala es del criterio que tal
circunstancia no supone que haya incurrido en el defecto sustantivo, dado que la providencia en
cuestión se dictó en la etapa de admisibilidad de la demanda, en la cual, lo que corresponde al Juez
es verificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad definidos por el Legislador para
habilitar el impulso del trámite respectivo. […]”.También: Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del
Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158. “128. Cuando un Estado ha
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están
sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado
o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras,
los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también
“de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana,
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales
correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o
actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba
ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y
procedencia de ese tipo de acciones”.
76 Corte Constitucional, sentencia C-489 del 2000. “Resuelve: Declarar exequible la expresión
"…vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980…" contenida en el literal a) del numeral 2 del artículo
15 de la ley 91 de 1989, siempre y cuando se entienda que las situaciones jurídicas particulares y
concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del
29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos
adquiridos que el legislador no podía desconocer.”
77 Corte Constitucional, sentencia C-582 de 1999. “El control constitucional de una ley deberá
verificarse no sólo frente al texto formal de la Carta, sino también a partir de su comparación con
otras disposiciones con carácter "supralegal" que tienen relevancia constitucional. En otras palabras,
el conjunto de normas que se utilizan como parámetro para analizar la validez constitucional de las
leyes integra el denominado bloque de Constitucionalidad. Por consiguiente, existen ocasiones en
las cuales las normas que, por su naturaleza, se convierten en parámetros para el enjuiciamiento de
la constitucionalidad de una ley, pueden integrar el bloque de constitucionalidad. Todas las normas
que integran el bloque de constitucionalidad son parámetros de legitimidad constitucional, pero no
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02366-01 (72158)
Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
En consecuencia, la Sala evidencia que la parte actora discrepa de la interpretación
normativa acogida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, sin que de la
argumentación contenida en la sentencia pueda desprenderse que la autoridad
judicial hubiere incurrido en un error jurisdiccional. Dicha decisión resolvió el litigio
a partir del régimen legal aplicable a la pensión gracia y de los supuestos fácticos
acreditados en el proceso, esto es, que la vinculación del señor Arcila Quintero al
servicio docente ocurrió con posterioridad al 31 de diciembre de 1980. Por lo demás,
debe recordarse que la Constitución Política en sus artículos 22878 y 23079 reconoce
al juez un margen de autonomía e independencia para valorar el derecho aplicable
al caso concreto80, aspecto que no solo comporta la independencia plena al adoptar
la decisión judicial, sino también la libertad en la valoración probatoria que le
permitió arribar a la conclusión plasmada en la providencia.
En ese sentido, aceptar el reproche implicaría que, en sede de reparación directa,
esta Subsección reabriera el debate de fondo sobre el derecho pensional reclamado
y sustituyera al juez natural en la definición de si procedía o no la pensión gracia.
Ese ejercicio desbordaría el alcance del juicio de responsabilidad por error
jurisdiccional, pues este medio de control no constituye una instancia adicional para
revisar la corrección de la interpretación jurídica adoptada en el proceso ordinario,
sino un mecanismo excepcional de responsabilidad patrimonial frente a
providencias que resulten abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico.
4.1.4. De lo expuesto se sigue que el reproche de la parte demandante, antes que
evidenciar un error jurisdiccional, traduce su inconformidad con la interpretación
acogida por el juez natural y pretende que esta Subsección, por la vía de la
reparación directa, revise el acierto sustantivo de una decisión amparada por la cosa
juzgada.
A propósito, esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita
ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene -ni puede tener- la vocación
de constituirse en una instancia adicional, a las tramitadas dentro del cauce procesal
en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que
conduce el ejercicio del medio de control de reparación directa tiene como
presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias
judiciales a las cuales se les endilga la producción del daño antijurídico81.
por ello gozan de idéntica jerarquía normativa. Así pues, no todos los contenidos normativos que son
parámetros de constitucionalidad deban ser modificados de acuerdo con el procedimiento previsto
para la reforma constitucional, pues el proceso de cambio normativo varía según la naturaleza de
cada disposición. Pero, todas las normas que integran el bloque de constitucionalidad son
parámetros necesarios e indispensables para el proceso de creación de la ley.”
78 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes.
Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
79 “Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, la
equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial.”
80 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2021, Rad.:
54783. También, sentencia del 8 de octubre de 2021, Rad.: 51033
81 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 17 de noviembre de 2011, Rad.: 22982;
sentencia del 6 de junio de 2012, Rad.: 24690; sentencia del 27 de junio de 2013, Rad.: 28.189;
sentencia del 29 de enero de 2014, Rad.: 28.215; sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad.: 28.428;
sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad: 29.540; sentencia del 1° de octubre de 2014, Rad: 27.862;
sentencia del 12 de febrero de 2015, Rad: 28.482; sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 49493,
entre otras.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02366-01 (72158)
Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
4.1.5. En consecuencia, el reproche formulado contra la sentencia del 25 de
septiembre de 2013 del Tribunal Administrativo de Antioquia no está llamado a
prosperar.
5. Conclusión
La Sala revocará la sentencia del 8 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en cuanto negó de fondo las pretensiones formuladas
contra el Congreso de la República, pues, como se explicó, operó la caducidad del
medio de control de reparación directa respecto del hecho del legislador atribuido a
la expedición de la Ley 91 de 1989. Tal fenómeno, en cuanto presupuesto procesal,
impedía al a quo pronunciarse sobre la responsabilidad patrimonial del Congreso,
por lo que, en su lugar, se declarará la caducidad y, en consecuencia, no habrá
lugar a pronunciamiento de fondo sobre esa pretensión.
En lo demás, la Sala mantendrá la negativa de las pretensiones, pues: (i) no hay
lugar a examinar el error jurisdiccional atribuido a la sentencia del 19 de diciembre
de 2012, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Medellín, comoquiera
que dicha providencia no satisface el presupuesto de firmeza exigido por el artículo
67 de la Ley 270 de 1996; y (ii) el yerro alegado frente a la sentencia del 25 de
septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no está
llamado a prosperar, comoquiera que dicha providencia aplicó la disposición legal
vigente -numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989-, previamente avalada por
la Corte Constitucional, sin que la omisión de una referencia expresa al control de
convencionalidad ni la mera discrepancia de la parte demandante con la
interpretación acogida por el juez natural tengan la entidad suficiente para configurar
un error jurisdiccional.
6. Costas en segunda instancia
El numeral 1° del artículo 365 del CGP dispone que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación82. Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en
costas en segunda instancia a la parte actora, por resultar vencida en esta instancia.
Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4° del artículo 366 del
CGP83, para lo cual deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales. En el sub-lite, el Congreso de la
República y la Rama Judicial no realizaron gestión de manera activa en esta
82 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”.
83 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
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Demandante: Jaime Alberto Arcila Quintero
instancia. En consecuencia, no habrá lugar al pago de las agencias en derecho a
cargo del extremo activo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las razones expuestas en esta providencia y, en su lugar,
DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación directa respecto del
Congreso de la República.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
TERCERO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en
consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del CGP. No hay lugar al
pago de agencias en derecho en esta instancia.
CUARTO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
MGL
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