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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2015-02530-01

Fecha
21 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2015-02530-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia de primera instancia, proferida el 22 de julio de 2021, por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar, declarar la terminación del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Sin condena en costas

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2015-02530-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

21 de septiembre de 2023

Radicado: 05001-23-33-000-2015-02530-01 (26352)
Acumulados: 05001-23-33-000-2015-02511-00 y
05001-23-33-000-2016-00075-00
Demandante: Universidad Nacional de Colombia y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2015-02530-01 (26352)
Acumulado 05001-23-33-000-2015-02511-00 y 05001-23-33-000-2016-00075-00
Demandante UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -SEDE MEDELLÍN- Y
OTROS
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

Temas Reiteración jurisprudencial. Impuesto sobre las ventas. Deudor
solidario. Sustracción de materia. Oferta de revocatoria directa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 22 de julio del 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia1, que resolvió lo siguiente2:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión
No.112412014000045 del 14 de abril de 2014 y de la Resolución No. 006958 del 23 de julio
de 2015, pero únicamente en cuanto se vincula a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA -SEDE MEDELLIN-, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y UNIVERSIDAD EAFIT a
las obligaciones tributarias determinadas en los actos demandados que tienen como
destinatario o deudor a la Corporación Interuniversitaria de Servicios “CIS” -pago del IVA
primer bimestre del año 2010-.
En lo demás queda incólume la Liquidación Oficial de Revisión.
SEGUNDO: NO PROSPERAN las demás pretensiones de las demandas por las razones
expuestas en la parte motiva en cada caso.
TERCERO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandada. Las agencias
en derecho serán fijadas de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.”

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 10 de marzo de 2010, la Corporación Universitaria de Servicios (en adelante CIS)
presentó la declaración del IVA por el primer bimestre de 2010.

Luego de expedir el requerimiento especial, la autoridad tributaria vinculó al trámite
de fiscalización como deudores solidarios a la Universidad de Antioquia, a la
Universidad EAFIT y a la Universidad Nacional de Colombia, entre otros, mediante
los Oficios Nro. 1-11-238-0587, 1-11-238-0584 y 1-11-238-0586 del 19 de julio de
2013, respectivamente.

1 Mediante auto del 25 de noviembre de 2016, el Tribunal decretó la acumulación de los procesos iniciados
por la Universidad de Antioquia, la Universidad EAFIT y la Universidad Nacional; y negó la acumulación de
los procesos que iniciaron por demandas del Politécnico Colombiano Jaime Cadavid Isaza y la Universidad
Pontificia Bolivariana porque, para ese momento, ya se había fijado fecha y hora para audiencia inicial. Cfr.
Samai, índice 2, PDF del auto de acumulación.
2 Samai Tribunal, índice 59, PDF de la sentencia, páginas 34 y 35.
1

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02530-01 (26352)
Acumulados: 05001-23-33-000-2015-02511-00 y
05001-23-33-000-2016-00075-00
Demandante: Universidad Nacional de Colombia y otros

Posteriormente, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión Nro.
11241201400045 del 14 de abril de 2014, que rechazó el saldo a favor declarado
por la CIS, determinó el saldo a pagar por concepto de IVA e impuso sanción por
inexactitud.

Los entes educativos vinculados como deudores solidarios interpusieron recursos
de reconsideración, los cuales fueron resueltos mediante la Resolución Nro. 006958
del 23 de julio del 2015, que confirmó la liquidación oficial.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demandas

1. Universidad Nacional de Colombia (exp. 2015-02530)

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la Universidad Nacional de
Colombia formuló las siguientes pretensiones3:
“3.1. PRETENSIONES PRINCIPALES
3.1.1. Que se declare la nulidad total de la Liquidación Oficial de Revisión N°
112412014000045 del 14 de abril de 2014 de la División de Gestión de Liquidación de la DIAN,
mediante la cual se modificó la Declaración privada (sic) N° 91000082454408 del 10 de Marzo
de 2010, presentada por la -CIS, por el primer bimestre de ese año, en la cual además, se le
impuso el pago del tributo y las sanciones consecuenciales a la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín, como responsable solidario.
3.1.2. Del mismo modo que se declare la nulidad total de la Resolución No. 006958 del 23
de julio de 2015 mediante la cual se resuelve el recurso de reconsideración presentado por el
Ente Universitario que represento, acto administrativo que confirma la Liquidación Oficial de
Revisión objeto del recurso en sede del proceso de determinación del tributo y las sanciones.
3.1.3. Consecuentemente con lo anterior, que se mantenga la firmeza de la Declaración
privada del IVA N° 91000082454408 del 10 de Marzo de 2010 presentada por la CIS
correspondiente al primer bimestre del año 2010.
3.1.4. Como consecuencia de las precedentes declaraciones se proceda a reconocer el
monto de las sumas de dinero adeudadas que la Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín, llegare a pagar en virtud de lo dispuesto en la Liquidación Oficial de Revisión N°
112412014000045 del 14 de abril de 2014 y en la Resolución 006958 del 23 de julio de 2015,
con los intereses que se causen desde su pago hasta la efectiva restitución.
3.1.5. Que se indique a la parte demandada, dar cumplimiento al fallo en los términos de los
artículos 189 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
3.1.6. Que se condene en costas a la demandada al pago de las agencias en derechos y de
las costas procesales.
3.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
3.2.1. Que se declare la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión N°
112412014000045 del 14 de abril de 2014 de la División de Gestión de Liquidación de la DIAN
y la nulidad parcial de la Resolución No. 006958 del 23 de julio de 2015 de la Dirección de
Gestión Jurídica de la DIAN, en el sentido de sustraer de validez jurídica su decisión de que
la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín es responsable solidaria del impuesto de
IVA primer bimestre de 2010 que pretende hacer exigible a la Corporación Interuniversitaria
de Servicios -CIS-.

3 Samai, índice 2, PDF de la demanda de la Universidad Nacional, páginas 9 a 10.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02530-01 (26352)
Acumulados: 05001-23-33-000-2015-02511-00 y
05001-23-33-000-2016-00075-00
Demandante: Universidad Nacional de Colombia y otros

3.2.2. Que se declare la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión N°
112412014000045 del 14 de abril de 2014 de la División de Gestión de Liquidación de la DIAN
y la nulidad parcial de la Resolución 006958 del 23 de julio de 2015 de la Dirección de Gestión
Jurídica de la DIAN, en el sentido de sustraer de validez jurídica su decisión de que la
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, es responsable solidaria de la sanción por
inexactitud impuesta al contribuyente Corporación Interuniversitaria de Servicios -CIS-.
3.2.3. Que se declare la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión N°
112412014000045 del 14 de abril de 2014 de la División de Gestión de Liquidación de la DIAN
y la nulidad parcial de la Resolución 006958 del 23 de julio de 2015 de la Dirección de Gestión
Jurídica de la DIAN, en el sentido de reliquidar el valor a cargo de la Universidad Nacional de
Colombia – sede Medellín- como deudor solidario del tributo, en el caso de dársele validez a
esta tesis en la sentencia; lo anterior teniendo en cuenta el saldo a favor reconocido a la CIS
por un valor de $434.678.000, se suma al monto liquidado a mi representada como impuesto
a su cargo.”

A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 29, 150,
338 y 363 de la Constitución Política; 138, 152 y siguientes de la Ley 1437 de 2011,
59 de la Ley 23 de 1991; 70 y siguientes de la Ley 446 de 1998; Leyes 30 de 1992
y 115 de 1994; y artículo 56 del Decreto 1818 de 1998.

El concepto de la violación se resume así:

Afirmó que los actos demandados desconocen los principios constitucionales
de legalidad y taxatividad propios del derecho al debido proceso, puesto que la
solidaridad es una excepción en materia de responsabilidad y debe estar expresa
en la ley.

Indicó que la DIAN realizó una interpretación extensiva de los artículos 13, 19,
793 y 794 del Estatuto Tributario al establecer su responsabilidad solidaria en el
pago del IVA y las sanciones impuestas a la CIS para el primer bimestre del 2010.
Cuestionó que la demandada fundamentara su responsabilidad en el hecho de ser
un ente moral asimilado a aquellos a quienes les es imputable la solidaridad
tributaria, pues así no lo prevé la ley.

Reprochó que los actos extendieran la responsabilidad solidaria no solo al tributo a
cargo, sino también a la sanción por inexactitud, precisando que, si bien la
Resolución Nro. 006958 de 2015 alude a la improcedencia de la solidaridad en
materia sancionatoria, confirma la liquidación oficial de revisión. Manifestó que la
DIAN recurrió a sus propios conceptos para argumentar la responsabilidad solidaria
de la Universidad y la sujeción pasiva de la CIS al IVA, desconociendo el artículo
264 de la Ley 223 de 1995 que establece que estos solo vinculan al contribuyente
si lo favorecen.

Relató que la DIAN violó su derecho al debido proceso porque solo fue vinculada
como responsable solidaria por medio del Oficio No. 1-11-238-0586, a pesar de que,
antes de ese momento, la autoridad expidió diversos autos de inspección y de
pruebas, en donde la Universidad no pudo participar para ejercer el derecho de
defensa. Citó la Sentencia C-1201 de la Corte Constitucional y dijo que no es dable
omitir la intervención de terceros presuntamente responsables solidarios desde el
inicio del trámite.

Expuso que los actos acusados desconocen las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994,
pues el legislador no establece como requisito para la procedencia de la exclusión
del IVA el hecho de que estos deban ser prestados por entidades con alguna calidad
especial, pues lo relevante es la naturaleza del servicio.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02530-01 (26352)
Acumulados: 05001-23-33-000-2015-02511-00 y
05001-23-33-000-2016-00075-00
Demandante: Universidad Nacional de Colombia y otros

En la reforma de la demanda, se propuso la firmeza de la declaración porque la
Universidad Nacional consideró que la liquidación oficial de revisión se le notificó
por fuera del término del artículo 710 del Estatuto Tributario, esto es de los 6 meses
siguientes al vencimiento del plazo para responder el requerimiento especial, pues
la DIAN le comunicó el acto el 5 de agosto de 2014, debiendo hacerlo hasta el 24
de julio.

2. Universidad de Antioquia (exp. 2015-02511)

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la Universidad de Antioquia formuló
las siguientes pretensiones4:
“3.1 PRETENSIONES PRINCIPALES:
PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro.
112412014000045, proferida por la DIAN, correspondiente al 1er bimestre del año 2010,
mediante la cual se modificó la Declaración privada No. 91000082454408 de 10 de marzo
del 2010 de la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución nro. 006958 del 23 de julio de
2015, proferida por la DIAN, por la cual se decidió el recurso de reconsideración en el
sentido de confirmar la Liquidación Oficial de Revisión No. 112412014000045.
TERCERA: Que se restablezca el derecho en el sentido de mantener la declaración privada
del impuesto sobre las ventas correspondiente al primer período del año 2010.
CUARTA: Que se ordene la devolución de las sumas que la Corporación Interuniversitaria
de Servicios ‘CIS’ y/o la Universidad de Antioquia llegare a pagar en virtud de lo dispuesto
en la Liquidación Oficial de Revisión No. 112412014000045 y en la Resolución 006958 de
23 de julio del 2015, con los intereses que se causen desde su pago hasta la efectiva
restitución.
3.2 PRETENSIÓN SUBSIDIARIA:
ÚNICA. En subsidio de lo anterior, pido que se declare la nulidad parcial de la Liquidación
Oficial de Revisión nro. 112412014000045, proferida por la DIAN, correspondiente al 1er
bimestre del año 2010, mediante la cual se modificó la Declaración privada (sic) No.
91000082454408 de 10 de marzo de 2010 de la Corporación Interuniversitaria de Servicios
– CIS, así como también la nulidad parcial de la Resolución nro. 006958 de 23 de julio
del 2015, proferida por la DIAN, por la cual se decidió el recurso de reconsideración incoado
en contra de la Liquidación Oficial de Revisión No. 112412014000045, en el sentido de
excluir de las obligaciones tributarias allí previstas a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA,
debido a no es (sic) deudora solidaria del capital, intereses y sanciones que puedan quedar
a cargo de la Corporación Interuniversitaria de Servicios ‘CIS’.
3.3 PRETENSIÓN COMÚN A LAS ANTERIORES
Que se condene en costas a la entidad demandada.”

A los anteriores efectos, la Universidad de Antioquia invocó como violados los
artículos 1, 3, 29, 83, 113, 114, 150, 243, 338 y 363 de la Constitución Política; 13,
19, 476 numeral 6, 637, 792, 793, 794 y 828-1 del Estatuto Tributario; 6, 29 literal
d), 92, 117 y 120 de la Ley 30 de 1992; 5 de la Ley 115 de 1994; 637, 1568 y
siguientes del Código Civil, y 37 y 237 de la Ley 1437 de 2011.
El concepto de la violación se resume así:
Respecto a la procedencia del medio de control, afirmó que tiene legitimidad para
solicitar la nulidad de los actos porque la DIAN le comunicó su calidad de

4 Samai, índice 2, PDF de la demanda de Universidad de Antioquia, páginas 13 y 14.
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Acumulados: 05001-23-33-000-2015-02511-00 y
05001-23-33-000-2016-00075-00
Demandante: Universidad Nacional de Colombia y otros

responsable solidario por las obligaciones de la CIS mediante el oficio del 19 de julio
de 2013, por lo que cuenta con las mismas garantías del contribuyente, y no es un
mero litisconsorte facultativo, como se desprende de la Sentencia C-1201 de «2013
(sic)» de la Corte Constitucional.

Propuso como primer cargo, la expedición de los actos con infracción de las
normas en que debían fundarse. Para sustentarlo adujo que la DIAN amplió por
vía interpretativa el sujeto pasivo del IVA sin tener competencia para hacerlo, toda
vez que, predicó la solidaridad de la Universidad de Antioquia en el pago del tributo
a cargo de CIS.

Explicó que la DIAN no tiene la facultad para fijar, vía interpretación, los sujetos
pasivos del tributo, en atención a los principios de legalidad y de certeza tributaria
del artículo 338 de la Carta, así como de las sentencias C-167 de 2014 de la Corte
Constitucional y del 24 de julio de 2008, rad. 11001-03-24-000-2003-00394-01, C.P.
Camilo Arciniegas de la Sección Primera del Consejo de Estado.

Cuestionó que la demandada fundamentara la responsabilidad solidaria asimilando
la calidad de asociado con la de miembro de una corporación, y, de suyo, entre
asociaciones y corporaciones. Anotó que dicha interpretación amplía el sentido de
la ley, dejando de lado la taxatividad que rige en materia de solidaridad, conforme
lo dispuesto en el artículo 1568 y siguientes del Código Civil.

Agregó que los artículos 793 y 794 del Estatuto Tributario no incluyen de forma
expresa a los miembros de corporaciones sin ánimo de lucro, aunque sí a los
asociados, cooperados, comuneros y consorciados.

Insistió en que, a partir del artículo 637 del Código Civil no existe solidaridad por
pasiva entre los miembros de las corporaciones sin ánimo de lucro, ni tampoco fue
pactada en cláusula contractual alguna, de allí que los miembros de la CIS no se
encuentran vinculados solidariamente al pago del IVA.
Aclaró que los argumentos de la DIAN se basan en sus conceptos, los cuales no
son vinculantes para el contribuyente en los términos del artículo 264 de la Ley 223
de 1995, ni son fuente de derecho.
Formuló el segundo cargo de nulidad que denominó inconstitucionalidad e
ilegalidad de los actos demandados. Cuestionó que la DIAN interpretara que la
exención del numeral 6 del artículo 476 del Estatuto Tributario, estaba supeditada a
la autorización como establecimiento educativo por parte del Gobierno, condición
no contemplada en la ley. Luego, reseñó los argumentos de los actos acusados que,
afirmó, contrarían una sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia (exp.
2005-04788) sobre el mismo caso.
Comentó que, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la
Administración reconoció que las actividades ejecutadas por la CIS con ocasión de
los contratos suscritos con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. durante
el 2010 estaban relacionadas con los fines de la educación y constituían desarrollo
de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, única exigencia prevista para la procedencia
de la exclusión, sin que sea necesario que la entidad prestadora acredite alguna
calidad especial.
Adujo que, si el legislador hubiese querido circunscribir la exclusión para
establecimientos educativos reconocidos por el Gobierno, el texto de la norma sería
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Demandante: Universidad Nacional de Colombia y otros

distinto. En todo caso, manifestó que dicho condicionamiento carecería de sentido
pues ya existe una exclusión supeditada a que el servicio sea prestado por un
establecimiento educativo.

Describió el objeto de la CIS y alegó que este está incuestionablemente enfocado
al desarrollo de las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 pues hay una relación estrecha
entre el sector educativo y el productivo, debido a que se garantiza que los futuros
profesionales se vean capacitados y apoyados para obtener ingresos laborales que
les permitan su desarrollo social, económico y cultural, lo cual, además, se
desprende de los contratos celebrados por la CIS en 2010.

El tercer cargo de nulidad corresponde a la violación de la prohibición de
reproducir actos administrativos declarados nulos, en el que estimó que la
DIAN desconoció los fallos que resolvieron casos idénticos, en particular las
sentencias del Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín y del Tribunal
Administrativo de Antioquia dentro del Proceso Nro. 2005-04788, en las que
consideró procedente la exclusión del IVA porque la CIS ejecutaba actividades en
desarrollo de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, a pesar de no ser una entidad
educativa reconocida por el Ministerio de Educación. Indicó que dicha decisión hizo
tránsito a cosa juzgada y que generó la confianza legítima en la CIS de entenderse
excluida de IVA.

El cuarto cargo de nulidad radicó en la ilegalidad de la sanción por inexactitud,
donde reprochó que los actos extendieran la responsabilidad solidaria a la sanción
por inexactitud. Precisó que, si bien la resolución que decidió el recurso de
reconsideración alude a la improcedencia de la solidaridad en materia
sancionatoria, confirma la liquidación oficial de revisión. En todo caso, anotó que
aquella era improcedente por cuanto se configuró una diferencia de criterios y se
desconoció el principio de proporcionalidad.

Como último cargo de nulidad alegó la expedición irregular del acto, violación al
debido proceso y desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa.
Mencionó que los actos impugnados son nulos por desconocer la Sentencia C-1201
de 2003 de la Corte Constitucional, pues no le fue notificado el auto de inspección
tributaria ni los de traslado de pruebas. Así, expuso que la DIAN no la vinculó desde
el inicio del trámite de determinación en donde tampoco se fijó la cuantía concreta
y exacta a la que se veía sujeta la Universidad, incluyendo las sanciones.

La Universidad de Antioquia presentó reforma a la demanda, en donde adicionó el
cargo de nulidad que consiste en la firmeza de la declaración. Allí, sostuvo que la
DIAN notificó de forma extemporánea el requerimiento especial a la CIS, toda vez
que la declaración quedó en firme el 20 de julio de 2013 y la notificación se surtió el
22 de julio de ese año. También, la liquidación oficial de revisión se notificó por fuera
del plazo fijado en el artículo 710 del Estatuto Tributario. Añadió que en la liquidación
oficial de revisión se adicionó como sustento normativo el artículo 792 del Estatuto
Tributario, violándose el principio de correspondencia.

3. Universidad EAFIT (exp. 2016-00075)

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

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Demandante: Universidad Nacional de Colombia y otros

Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la Universidad EAFIT formuló las
siguientes pretensiones5:
“PRETENSIÓN PRINCIPAL
PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No.
112412014000045 del 14 de abril de 2014 correspondiente al primer (1°) bimestre del año
2010, mediante la cual se modificó la Declaración privada (sic) No. 91000082454408 de 10
de marzo de 2010.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución 006958 de 23 de julio de 2015, por
la cual se decidió el recurso de reconsideración en el sentido de confirmar la Liquidación
Oficial de Revisión No. 112412014000045 del 14 de abril de 2014.
TERCERA: Que se restablezca el derecho en el sentido de mantener la declaración privada
del impuesto sobre las ventas correspondiente al primer (1°) período del año 2010.
CUARTA: Que se ordene la devolución de las sumas que la Corporación Interuniversitaria
de Servicios ‘CIS’ y/o la Universidad EAFIT de Colombia llegaren a pagar en virtud de los
(sic) dispuesto en la Liquidación Oficial de Revisión No. 112412014000045 del 14 de abril
de 2014 y en la Resolución 006958 de 23 de julio del 2015, con los intereses que se causen
desde su pago hasta la efectiva restitución.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA
QUINTA: Que se declare que la Universidad EAFIT no es deudora solidaria de las
obligaciones tributarias que eventualmente llegare a tener la Corporación Interuniversitaria
de Servicios ‘CIS’ y concretamente que no lo es de la obligación tributaria definida en la
Liquidación Oficial de Revisión No. 112412014000045 del 14 de abril de 2014 y en la
Resolución 006958 de 23 de julio del 2015.
PRETENSIÓN COMÚN A LAS ANTERIORES
SEXTA: Que se condene en costas a la demandada al pago de las agencias en derechos y
las costas procesales”.

A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 1, 3, 29,
113, 114 y 150 de la Constitución Política; 476 numeral 6 del Estatuto Tributario; 6
de la Ley 30 de 1992; y 5 de la Ley 115 de 1994.

El concepto de la violación se resume así:

Adujo que procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho porque, tiene legitimidad para solicitar la nulidad de los actos, pues la DIAN
le comunicó su calidad de responsable solidario por las obligaciones derivadas de
la investigación adelantada contra el CIS, con lo cual cuenta con las mismas
garantías y derechos del contribuyente, y no es un mero litisconsorte facultativo,
como se desprende de la Sentencia C-1201 de la Corte Constitucional.

Afirmó la ausencia de solidaridad debido a que no existe disposición expresa que
extienda esta categoría de responsabilidad a las corporaciones sin ánimo de lucro
y a sus miembros. Anotó que la interpretación de la demandada amplía el sentido
de la ley, dejando de lado la exigencia de taxatividad que rige en materia de
solidaridad del artículo 1568 y siguientes del Código Civil.

Agregó que los artículos 793 y 794 del Estatuto Tributario no incluyen como
deudores solidarios de forma expresa a los miembros de corporaciones sin ánimo
de lucro, aunque sí a los asociados, cooperados, comuneros y consorciados.
Reprochó que la demandada sostuviera que las corporaciones sin ánimo de lucro

5 Samai, índice 2, PDF de la demanda de la Universidad EAFIT Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
página 7.
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05001-23-33-000-2016-00075-00
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pueden ser responsables solidarias al asimilarse a las asociaciones. Además,
afirmó que según el artículo 637 del Código Civil no existe solidaridad por pasiva
entre los miembros de las corporaciones sin ánimo de lucro, ni tampoco esta fue
pactada en cláusula contractual alguna, de allí que los miembros de la CIS no se
encuentran vinculados solidariamente al pago del IVA.

Indicó que no existe la obligación principal. Para esto, cuestionó que la DIAN
interpretara que la exención del numeral 6 del artículo 476 del Estatuto Tributario
estaba supeditada a la autorización como establecimiento educativo por parte del
Gobierno, condición no contemplada en la ley. Al respecto, reseñó los argumentos
de los actos impugnados que, según el ente universitario, contrarían una sentencia
del Tribunal Administrativo de Antioquia sobre el mismo caso, pero no identificó la
fecha ni el proceso en que fue expedida.

Comentó que, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la
Administración reconoció que las actividades ejecutadas por la CIS con ocasión de
los contratos suscritos con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid durante el año 2010
estaban relacionadas con los fines de la educación y constituían desarrollo de las
Leyes 32 de 1992 y 115 de 1994, única exigencia prevista para la procedencia de
la exclusión. Además, indicó que el Oficio Nro. 051938 de 2014 no es fuente
reguladora de derechos y obligaciones.

Adujo que, si el legislador hubiese querido circunscribir la exclusión para
establecimientos educativos reconocidos por el Gobierno, el texto de la norma sería
distinto. En todo caso, dicho condicionamiento carecería de sentido pues existe una
exclusión supeditada a que el servicio sea prestado por un establecimiento
educativo.

Describió el objeto de la CIS y alegó que este está incuestionablemente enfocado
al desarrollo de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 pues hay una relación estrecha
entre el sector educativo y el productivo, debido a que se garantiza que los futuros
profesionales se vean capacitados y apoyados para obtener ingresos laborales que
les permitan su desarrollo social, económico y cultural, lo cual, además, se
desprende de los contratos celebrados por la CIS en 2010 con el Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Manifestó que la DIAN desconoció decisiones judiciales expedidas por el
Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en los cuales se advirtió que la CIS ejecutaba actividades en desarrollo
de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 haciendo procedente la exclusión del
numeral 6 del artículo 476 ibidem.

Aseguró que la sanción por inexactitud es ilegal por cuanto se configuró una
diferencia de criterios, desconociéndose el principio de proporcionalidad.

En la reforma a la demanda, propuso el cargo de nulidad que denominó expedición
irregular del acto y la violación al debido proceso. Alegó que la DIAN notificó de
forma extemporánea el requerimiento especial a la CIS, toda vez que la declaración
quedó en firme el 20 de julio de 2013 y la notificación se surtió el 22 de julio de ese
año. Además, la liquidación oficial de revisión se notificó por fuera del plazo legal,
esto es de los 6 meses a los que se refiere el artículo 710 del Estatuto Tributario.
Añadió que en la liquidación oficial de revisión se adicionó como sustento normativo
el artículo 792 del Estatuto Tributario, violándose el principio de correspondencia.
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Oposición de la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de las demandas acumuladas mediante
escritos separados6. Sin embargo, los argumentos propuestos son idénticos, por lo
que se resumen conjuntamente a continuación, precisando aquellos aspectos
particulares frente a cada demanda, cuando proceda:

Sobre la expedición de los actos con infracción de las normas en que debían
fundarse y la inexistencia o ausencia de la solidaridad, precisó que este asunto
debe discutirse en el procedimiento de cobro y no en el trámite de determinación
del tributo, los cuales diferenció a partir de la sentencia C-1201 de 2003 de la Corte
Constitucional7.

Expresó que, si se considera procedente analizar la responsabilidad solidaria, su
fundamento tiene origen en los artículos 793 y 794 del Estatuto Tributario, que se
refieren a los asociados, siendo lógico concluir que los miembros de una
corporación son solidariamente responsables por los impuestos a su cargo.
Adicionó que el artículo 633 del Código Civil clasifica a las personas jurídicas en
corporaciones y fundaciones de beneficencia pública, siendo las primeras capaces,
por lo cual la responsabilidad solidaria del artículo 793 del Estatuto Tributario opera
frente a los miembros de cualquier sociedad o ente colectivo sin personería jurídica8.

Con relación a la inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos demandados, el
desconocimiento de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y la inexistencia de la
obligación principal, señaló que la exclusión del numeral 6 del artículo 476 del
Estatuto Tributario opera cuando: i) se trate de servicios de educación, ii) la
prestación de servicios provenga de establecimientos de educación preescolar,
primaria, media e intermedia, superior y especial o no formal, y iii) los
establecimientos estén reconocidos como tales por el Gobierno.

Trajo a colación el objeto social de la CIS para acotar que este no es acorde con la
exclusión de IVA, por cuanto la entidad no presta servicios de educación y menos
en los establecimientos autorizados, sobre lo cual citó apartes de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre el Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid y la CIS. Al respecto, además, citó los artículos 92 de la Ley 30 de 1992, 2
y 3 de la Ley 115 de 1994 y el Concepto DIAN Nro. 051938 de 2014.

Recalcó que la CIS no tiene la calidad de establecimiento educativo debidamente
reconocido por el Gobierno. Y, finalmente, manifestó que la sentencia del 12 de
septiembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, invocada
por la Universidad de Antioquia, es un criterio auxiliar de la justicia y no tiene la
naturaleza de sentencia de unificación.

Respecto a la prohibición de reproducir actos declarados nulos y el
desconocimiento de decisiones judiciales, resaltó que el hecho de que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo haya anulado actos que modificaron
otros períodos, atendiendo a situaciones concretas y pruebas distintas, no implica
una violación de la ley ni la reproducción de un acto anulado.

6 Samai, índice 2, PDF contestaciones de la demanda.
7 En este punto hizo referencia a la sentencia del 1 de octubre de 2014, exp. 21170, C.P. Jorge Octavio
Ramírez del Consejo de Estado.
8 Sobre el tema citó las sentencias C-210 de 2000 de la Corte Constitucional y del 16 de noviembre de 1983,
C.P. Roberto Suárez Franco de la Sección Primera del Consejo de Estado.
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Frente a la ilegalidad de la sanción, afirmó que la sanción por inexactitud se
impuso correctamente por cuanto se omitieron ingresos por operaciones e
impuestos gravados y el contribuyente contó con conocimiento y voluntad al
registrar los datos en su declaración privada, sin que exista diferencia de criterios ni
doctrina oficial contradictoria.

En cuanto a la expedición irregular del acto y la violación del derecho de
defensa, expuso que en el procedimiento tributario no existe obligación de notificar
al deudor solidario los actos proferidos en el proceso de determinación, sino
únicamente de comunicarles la existencia de la actuación administrativa,
especificando el impuesto, año y período gravable sobre los cuales se propone
modificar la liquidación. Anotó que, en este caso, se dio cumplimiento a la obligación
de comunicar el proceso, garantizando a las demandantes la posibilidad de actuar
como litisconsorcio facultativo.

Explicó que la oportunidad para controvertir las pruebas y la inspección decretada
es la respuesta al requerimiento especial, acto que fue comunicado a la parte
demandante para que pudiera ejercer el derecho de defensa.

En respuesta a las reformas a las demandas, aseveró que las presentadas por la
Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia son extemporáneas, esto es por
fuera de los 10 días del artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo que se computan a partir del inicio del término de
traslado de la demanda y no al final, sobre lo cual citó jurisprudencia y doctrina.

Agregó que el requerimiento especial fue notificado oportunamente pues el 20 de
julio de 2013, día en que expiraba el término, fue sábado, trasladándose el
vencimiento para el día hábil siguiente 22 de julio de 2013 (lunes), a partir del
artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal. Hizo referencia al contenido
del artículo 792 del Estatuto Tributario y la indebida notificación de la liquidación
oficial de revisión a los responsables solidarios que, consideró, fueron debidamente
informados del proceso de determinación, sin que existan términos independientes
para ellos.

La DIAN no se pronunció sobre las reformas de la demanda de la EAFIT.

Intervención de terceros

El Tribunal, en el auto del 10 de febrero de 2016, que admitió la demanda
presentada por la Universidad de Antioquia, ordenó la vinculación del CIS. Sin
embargo, en primera instancia, dicha entidad universitaria no presentó memorial de
intervención con relación a la demanda o la oposición a ella.

De otro lado, el a quo, mediante auto del 25 de abril de 2017, ordenó notificar
personalmente el auto admisorio de la demanda principal (proceso 2015-02530) a
la Universidad Pontificia Bolivariana y al Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid para que ejercieran su derecho de defensa.

En consecuencia, la Universidad Pontificia Bolivariana informó que coadyuva
plenamente las pretensiones de la demanda por tener los mismos intereses que las
actoras, pero no propuso cargo de nulidad.

Por su parte, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid señaló que «manifiesto

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a usted que me doy por notificada de la demanda del asunto»9 y puso de presente que
presentó una demanda contra los mismos actos acusados.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad parcial de los actos
demandados, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Sostuvo que la CIS también presentó demanda en contra de la misma liquidación
oficial que aquí es objeto de controversia, el cual se tramita con el Radicado Nro.
05001-23-33-000-2014-01480-00. Así las cosas, señaló que es en ese proceso en
el que se debe analizar la legalidad del acto acusado con relación a la exclusión del
IVA de los servicios prestados por la CIS.

Descartó la violación al debido proceso de las demandantes porque solo se requiere
comunicar, mas no notificar, la existencia del procedimiento de determinación a los
deudores solidarios, como efectivamente ocurrió con los oficios del 19 de julio de
2013.
Expuso la naturaleza y conformación de la CIS y concluyó, con base en los artículos
793 y 794 del Estatuto Tributario y pronunciamientos del Consejo de Estado10, que
comoquiera que las normas tributarias de responsabilidad solidaria no hablan
expresamente de corporados, sino de asociados, no puede asimilarse la naturaleza
de una corporación sin ánimo de lucro a la de una asociación, sin que sea posible
hacer aplicaciones analógicas o extensivas vía interpretación.
Así mismo, sostuvo que el artículo 637 del Código Civil no establece responsabilidad
solidaria para los integrantes de las corporaciones, salvo que así lo pacten, lo que
no ocurrió en este caso. Entonces, concluyó que, debido a que ni legal ni
contractualmente los miembros de las CIS se encuentran vinculados solidariamente
al pago del IVA, los actos fueron expedidos con infracción de las normas en que
debían fundarse, pues no exista responsabilidad solidaria en cabeza de los
demandantes.
Finalmente, condenó en costas a la demandada y ordenó fijar las agencias en
derecho conforme con el artículo 366 del Código General del Proceso.
Recurso de apelación
La DIAN apeló la decisión de primera instancia, únicamente respecto de la condena
en costas, la cual considera improcedente porque i) presentó una oferta de
revocatoria directa debido a que, en efecto, no hay responsabilidad solidaria de las
actoras y porque los servicios prestados por el CIS están excluidos del IVA; ii) en el
caso bajo examen se debatió un asunto de interés general porque involucra los
recursos públicos, evento en que no procede la condena por mandato del artículo
188 de la Ley 1437 de 2011; iii) no está demostrada la causación de las costas, tal
como lo prevé el artículo 365 del Código General del Proceso 11; y iv) no se cumple

9 Samai, índice 2, PDF de intervención del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, página 1.
10 Sentencia del 31 de julio de 2009, exp. 17103, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y sentencia del 28
de noviembre de 2019, exp. “05001233300020160007601”, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Al efecto, invocó las sentencias del 15 de octubre de 2015, exp. 20477, C.P. Jorge Octavio Ramírez, del 5
de marzo de 2015, exp. 20585, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 5 de abril de 2018, exp. 21873,
C.P. Jorge Octavio Ramírez, del 12 de febrero de 2019, exp. 22438, C.P. Milton Chaves García, del 05 de
febrero de 2019, exps. 22322 y 22636, C.P. Jorge Octavio Ramírez, del 05 de febrero de 2019, exps. 22357,

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el supuesto del artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 188
antes referido, porque no actuó de forma temeraria.
Oposición a la apelación
La Universidad Nacional de Colombia se opuso a la apelación. Para estos
efectos, indicó que no procede la declaración de carencia de objeto que formuló la
DIAN. Luego, explicó los efectos de la solidaridad y aseveró que la demandada
actuó de forma abusiva al vincularla al proceso de fiscalización iniciado contra la
CIS sin tener soporte legal. Precisó que tuvo que contratar los servicios de un
abogado para asumir la defensa judicial de sus derechos, so pena de sufrir daños
a partir de una actuación ilegal, y que se presentó oferta de revocatoria cuando ya
habían sido expedidas sentencias que reconocían las pretensiones del ente
universitario. Finalmente, manifestó la no aceptación de la oferta de revocatoria al
no contemplarse el pago de costas.
El CIS solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. Al respecto, transcribió
los artículos 338 de la Constitución, 476 del Estatuto Tributario, 6 y 20 de la Ley 30
de 1992 y 140 de la Ley 115 de 1994. Luego, expuso los objetos de los contratos
suscritos con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con base en lo cual concluyó que
estos tienen una relación inescindible con los objetivos de la Ley 30 de 1992 y, por
ende, la exclusión del IVA era procedente. En consecuencia, afirmó que se violaron
los principios de legalidad y taxatividad de la ley y el carácter imperativo de la
Constitución y las leyes de educación, reemplazándolos por conceptos no
vinculantes. Resaltó que no se configuró responsabilidad solidaria respecto de los
demandantes.
Los restantes demandantes e intervinientes no se opusieron a la apelación de la
DIAN.
Memorial presentado por la apelante.
La DIAN, antes de que fuera proferida esta providencia, informó que, mediante Auto
de 28 de octubre de 2021, el cual aportó, el Tribunal Administrativo de Antioquia
aceptó la oferta de revocatoria directa de la Liquidación Oficial de Revisión Nro.
112412014000045 del 14 de abril de 2014 en el proceso cuyo demandante es la
CIS, con lo cual se evidencia un decaimiento del acto administrativo que hace
innecesario continuar el trámite judicial por carencia de objeto. Aclaró que, en todo
caso, los actos no han producido efecto jurídico alguno. Finalmente, solicitó no
condenar en costas a la demandada por no existir pruebas sobre su causación12.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Le corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la
DIAN en el cual únicamente controvierte la procedencia de la condena en costas

22787 y 21659 C.P. Julio Roberto Piza, y del 14 de marzo del 2019, exp. 22202, C.P. Jorge Octavio Ramírez
del Consejo de Estado.
12 Citó en apoyo las sentencias del 24 de mayo de 2018, proceso 4700123330002017-00191-02, C.P. Rocío
Araujo Oñate de la Sección Quinta del Consejo de Estado y del 6 de octubre de 2022, exp. 25699, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto.
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impuestas en la sentencia de primera instancia. No obstante, se considera
necesario verificar, de forma preliminar, si procede el análisis de fondo de los cargos
del recurso, para lo cual se pone de presente lo siguiente:

La DIAN, en el memorial allegado el 19 de julio de 202313, manifestó que presentó
oferta de revocatoria directa en este proceso 05001-23-33-000-2014-01480-00, en
el que la CIS actuó como demandante y también pretendía la nulidad de la
Liquidación Oficial de Revisión Nro. 112412014000045 del 14 de abril de 2014.
Además, indicó que en dicho proceso fue aceptada la oferta por parte de la actora,
de tal modo que el Tribunal Administrativo de Antioquia expidió el auto del 28 de
octubre de 2021 que la aprobó, ordenó la revocatoria de la liquidación oficial14, y dio
por terminado el proceso.

Esta Sección analizó un caso similar en la sentencia del 6 de octubre de 2022, exp.
25699, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, en donde se concluyó que la
aprobación de la oferta de revocatoria directa de la liquidación oficial de revisión
acusada en el proceso adelantado por la CIS tiene como consecuencia la expulsión
definitiva del ordenamiento jurídico de dicho acto administrativo y, por tanto, hay
sustracción de materia en este proceso, «por no existir pretensiones que atender», tal como
se expuso en la sentencia del 20 de febrero de 2017, exp. 20828, C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas, que a su vez reitera el fallo del 11 de julio de 2013,
exp. 18747, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, en la que además se señaló
lo siguiente:
“[…] Por otra parte, por sustracción de materia, se entiende que desaparecen los supuestos
de hecho o las normas que sustentan una acción, lo que ocasiona que el juez no pueda
pronunciarse porque se ha extinguido la causa que originó el acudir a la jurisdicción.
“[…] frente a los actos particulares demandados, la Sala ha sostenido que es posible que
se presente la sustracción de materia por no existir pretensiones que atender, motivo que
conduciría a dictar fallo inhibitorio, dado que carece de objeto cualquier pronunciamiento de
fondo. Lo anterior, habida cuenta de que “la sustracción de materia, admitida como causal
para inhibirse, en este caso aparece por cuanto la relación sustancial o material que originó la
litis ha variado de sentido al punto de ubicarse en el restablecimiento deprecado en el libelo.”
De lo transcrito se colige que si las causas que originaron el ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho desaparecen, el juez debe declararse inhibido para resolver el
asunto, ya que no hay objeto que se sujete a una sentencia.”

A partir de lo anterior, se concluye que la exclusión del ordenamiento jurídico de los
actos acusados varió la relación sustancial que originó la litis, por cuanto el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante auto del 28 de octubre de 2021, aprobó la
oferta de revocatoria directa presentada por la DIAN y ordenó dar por terminado el
proceso iniciado por la CIS.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, por
sustracción de materia, declarará la terminación del proceso.

Se precisa que, en el proceso de la referencia, la autoridad tributaria también
presentó una oferta de revocatoria, la cual no fue aceptada por la Universidad
Nacional de Colombia15. Empero, este hecho es irrelevante, pues no modifica la
conclusión anterior: que los actos acusados fueron expulsados del ordenamiento

13 Samai, índice 42.
14 Ibidem.
15 Samai, índices 6 y 30.
13

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jurídico y que, por sustracción de materia, no existe pretensión que atender en este
caso.

En cuanto a la condena en costas en ambas instancias, no procede su imposición
porque no existe parte vencida, tal como lo prevé el artículo 365 del Código General
del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

1. Revocar la sentencia de primera instancia, proferida el 22 de julio de 2021,
por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar, declarar la
terminación del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Sin condena en costas

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

14

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