Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-00108-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-00108-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2016-00108-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
13 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 05001-2333-000-2016-00108 01 (70.990)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Demandado: Jefferson León García Álvarez
Referencia: Repetición
Temas: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN – término de dos años contados
a partir del día siguiente a la fecha en que se realizó el pago o, a más tardar, desde el
vencimiento de los 10 meses que la entidad tenía para pagar.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contra la sentencia del 13 de diciembre
de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las súplicas
de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
2. Se demandó al señor Jefferson León García Álvarez, con el fin de que se
declare su responsabilidad y se le ordene reintegrar la suma de dinero que el
Ejército Nacional pagó, en virtud de un acuerdo conciliatorio celebrado con los
familiares del cabo tercero Víctor Alfonso Urueña Gómez y del soldado profesional
Didier Sánchez Sánchez, quienes fallecieron como consecuencia del estallido de
una granada de fragmentación que fue lanzada por el demandado.
II. ANTECEDENTES
3. En escrito presentado el 22 de enero de 20161, la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, por conducto de apoderado judicial, demandó en
1
En concreto, se solicitó lo siguiente: “PRIMERO. Que se declare responsable al señor SLP
Jefferson León García Álvarez, identificado con cédula de ciudadanía n.° (…), de los perjuicios
ocasionados a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional como consecuencia del pago que la
entidad efectuó a la señora Grayse Stefany Monroy Preciado y otros, mediante conciliación
prejudicial celebrada ante la Procuraduría 30 Judicial II Administrativa de Medellín el día 22 de
agosto de 2012, aprobada mediante auto de fecha 21 de noviembre de 2012, proferido por el
Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín, quedando ejecutoriado el 29 de
noviembre de 2012. SEGUNDO: Se condene al señor SLP Jefferson León García Álvarez a
cancelar la suma de quinientos sesenta y un millones ciento setenta mil trescientos veintidós pesos
con sesenta y seis centavos ($561’170.322,62) a favor de la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, suma que esta entidad pagó a favor de la señora Grayse Stefany Monroy
Preciado y otros mediante Resolución 1341 del 19 de febrero de 2014, en cumplimiento de la
conciliación prejudicial celebrada ante la Procuraduría 30 Judicial II Administrativa de Medellín el
día 22 de agosto de 2012, aprobada mediante auto de fecha 21 de noviembre de 2012, proferido
por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín, quedando ejecutoriado el 29 de
noviembre de 2012. TERCERO. Se condene al SLP Jefferson León García Álvarez a cancelar
intereses comerciales a favor del Ministerio de Defensa Nacional desde la ejecutoria de la
providencia que ponga fin al proceso (…)” (negrillas originales). Folio 140 del cuaderno de primera
instancia.
Radicación: 050012333000201600108 01 (70.990)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Demandado: Jefferson León García Álvarez
Referencia: Repetición
repetición al señor Jefferson León García Álvarez, con el fin de que se declare su
responsabilidad y se le ordene a reintegrar la suma de dinero que dicha entidad
tuvo que pagar en virtud de un acuerdo conciliatorio aprobado por el Juzgado 23
Administrativo del Circuito de Medellín el 21 de noviembre de 2012.
4. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:
5. El 24 de febrero de 2012, en instantes en que el cabo tercero Víctor Alfonso
Urueña Gómez y el soldado profesional Didier Sánchez Sánchez se encontraban
embarcados en un vehículo tipo Kodiak, en compañía de otros militares, el
soldado profesional Jefferson León García Álvarez lanzó hacia ellos una granada
de fragmentación, cuya explosión le causó la muerte a los referidos uniformados.
6. Por esos hechos, el Ejército Nacional y los familiares de los señores
Urueña Gómez y Sánchez Sánchez2 celebraron un acuerdo conciliatorio ante la
Procuraduría 30 Judicial Administrativa de Medellín, que fue aprobado por el
Juzgado 23 Administrativo del Circuito de esa ciudad el 21 de noviembre de 2012.
7. En cumplimiento de lo anterior, el Ejército Nacional expidió la Resolución
1341 del 19 de febrero de 2014, por medio de la cual reconoció la suma de
$561’170.322,62 a los familiares de las víctimas, la cual se pagó mediante
transferencia electrónica “el 26 de febrero siguiente”.
8. De acuerdo con la parte actora, el señor Jefferson León García Álvarez
debía ser declarado responsable, a título de dolo, porque el lanzamiento de la
granada de fragmentación tuvo como propósito acabar con la vida de sus
compañeros. Como sustento de la imputación, la entidad demandante citó el
artículo 5 de la Ley 678 de 2001 e indicó:
“Es claro que cometer el delito de homicidio es un hecho ajeno a las
finalidades del Estado y una infracción directa a la Constitución Política y la
ley y que dicho comportamiento hace dolosa la conducta del agente del
Estado, por lo que procede iniciar la acción de repetición en contra de él”3.
Contestación de la demanda
9. La curadora ad litem del señor Jefferson León García Álvarez contestó la
demanda y se opuso a sus pretensiones. Señaló que la parte actora no demostró
la conducta dolosa en que supuestamente incurrió el demandado, pues
simplemente se limitó a afirmar que el señor García Álvarez actuó con la intención
de generar un daño, pero no aportó pruebas para soportar dicha imputación4.
Sentencia de primera instancia
10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 13 de
diciembre de 2023, negó las súplicas de la demanda.
11. Indicó que, si bien el Ejército Nacional acreditó que suscribió un acuerdo
conciliatorio en el que se comprometió a indemnizar los perjuicios causados a los
2
Los familiares y destinatarios de la indemnización se precisarán más adelante.
3
Folios 1 a 9 del cuaderno de primera instancia.
4
Folios 230 y 231 del cuaderno de primera instancia.
2
Radicación: 050012333000201600108 01 (70.990)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Demandado: Jefferson León García Álvarez
Referencia: Repetición
familiares de los señores Didier Sánchez Sánchez y Víctor Alfonso Urueña
Gómez, lo cierto es que dicha entidad no demostró el cumplimiento de dicha
obligación, por cuanto la certificación expedida por la Tesorera Principal del
Ministerio de Defensa no daba cuenta de esa situación, en tanto que para ello se
requería demostrar que los beneficiarios del acuerdo conciliatorio recibieron el
pago a satisfacción, bien sea con un comprobante de egreso o el paz y salvo
suscrito por su apoderado5.
Recurso de apelación
12. El Ejército Nacional se opuso a la anterior decisión, por considerar que la
Resolución 1341 del 19 de febrero de 2014 y la certificación expedida por la
tesorera del Ministerio de Defensa son suficientes para acreditar el pago de la
indemnización, puesto que en la primera se reconoció la suma de
$561’170.322,62 en favor de los familiares de los señores Sánchez Sánchez y
Urueña Gómez, mientras que en la segunda se dejó constancia de que el pago
efectivamente se realizó a través de transferencias bancarias a las cuentas de los
beneficiarios.
13. Respecto a esto último, señaló que la referida certificación es un
documento público, expedido por funcionario competente y en ejercicio de sus
funciones, según lo dispuesto en el artículo 243 del CGP.
14. Agregó que, de conformidad con el artículo 142 del CPACA, la aludida
certificación “es prueba suficiente para iniciar la pretensión de repetición contra el
funcionario responsable del daño”6.
15. En el trámite de segunda instancia, el Ministerio Público no rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
16. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado, se procede a resolver en segunda instancia el presente
asunto.
17. La Sala anticipa que la sentencia de primera instancia será revocada por
la configuración del fenómeno jurídico procesal de la caducidad, de conformidad
con las razones que se exponen a continuación.
18. En reiteradas oportunidades, la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado7 ha señalado que, para garantizar la seguridad jurídica de los
sujetos procesales y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo,
el legislador estableció unos plazos razonables con el propósito de que las
personas acudan ante la jurisdicción, con el fin de satisfacer sus pretensiones,
término que, en caso de vencerse, tiene como consecuencia la operancia del
5 Expediente digital visible en índice 2 del sistema de gestión judicial SAMAI del Consejo de Estado.
6
Ibid.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 6 de agosto
de 2009, exp. 36.834. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; reiterado por esta Subsección, entre otras,
en: sentencia del 26 de febrero de 2014, exp. 27588. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; auto del 12
de mayo de 2016, exp. 56601 y sentencia del 30 de agosto de 2017, exp. 39435.
3
Radicación: 050012333000201600108 01 (70.990)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Demandado: Jefferson León García Álvarez
Referencia: Repetición
fenómeno jurídico procesal de la caducidad, lo cual implica la pérdida de la
facultad de accionar y así hacer efectivos sus derechos.
19. Se trata de una figura de orden público que no admite renuncia ni
suspensión y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez,
con independencia de que se hubiera formulado como excepción, se hubiere
abordado en la sentencia de primera instancia o cuestionado en la apelación, toda
vez que se trata de un presupuesto procesal8, sin el cual no es posible decidir el
fondo del asunto.
20. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional pretende que se
declare la responsabilidad del señor Jefferson León García Álvarez y que se le
ordene reintegrar la suma de $561’170.322,62, la cual, dijo, corresponde al valor
que dicha entidad reconoció y pagó, en virtud de un acuerdo conciliatorio
celebrado con los familiares de los señores Didier Sánchez Sánchez y Víctor
Alfonso Urueña Gómez.
21. Según lo dispuesto en el literal I) del numeral 2 artículo 164 de la Ley 1437
de 20119, antes de la modificación introducida por el artículo 43 de la Ley 2195
de 2022, las demandas de repetición debían instaurarse dentro de los dos años
contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar, desde el
vencimiento del plazo con que cuenta la administración para pagar las condenas
o los acuerdos de conciliación, “de conformidad con lo previsto en este Código”.
22. En ese orden, para determinar si la demanda se presentó en oportunidad
el juez tiene que verificar cuál de las dos situaciones arriba señaladas -pago total
de la condena o vencimiento del plazo de 10 meses10- ocurrió primero.
23. Las pruebas allegadas al expediente dan cuenta que el 22 de agosto de
2012 el Ejército Nacional y el apoderado de los familiares de los señores Didier
Sánchez Sánchez11 y Víctor Alfonso Urueña Gómez12 celebraron un acuerdo de
conciliación extrajudicial ante la Procuradora 30 Judicial II Administrativa en el
que la entidad se comprometió a pagar una indemnización por la muerte de los
referidos señores en hechos ocurridos el 25 de febrero de 201213.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección Tercera,
sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; reiterada por esta
Subsección, entre otras, en sentencia del 5 de febrero de 2020, exp. 62633.
9
Independiente del momento que se debe tomar como punto de partida para contar la caducidad,
ya sea, desde el vencimiento de los 10 meses que la entidad tenía para pagar o, desde el pago
efectivo del acuerdo, lo cierto es que no hay controversia sobre la disposición normativa que resulta
aplicable, porque, como se verá más adelante, en cualquiera de los dos eventos ya estaba vigente
el CPACA.
10
“Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas.
(…). Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una
suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la
fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud
de pago correspondiente a la entidad obligada”.
11
Jaime Sánchez Orozco, Jeferson Steven Ocampo Sánchez, Sandra Liliana Sánchez Sánchez,
Luis Eduardo Sánchez, Carlos Emilio Sánchez Morales y Évila Gil Cárdenas.
12
Grayse Stefany Monroy Preciado, Sara Valentina Urueña Monroy, Alirio Urueña Rodríguez,
Gloria Susana Gómez García, Luz Fai Urueña Gómez. Edwin Alirio Urueña Gómez, Aracelly
Urueña Gómez, Olga Milena Urueña Gómez, José Vicente Gómez Guzmán.
13
Folios 27 y 28 del cuaderno de primera instancia.
4
Radicación: 050012333000201600108 01 (70.990)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Demandado: Jefferson León García Álvarez
Referencia: Repetición
24. Dicho acuerdo fue aprobado por el Juzgado 23 Administrativo del Circuito
de Medellín, mediante auto del 21 de noviembre de 201214, providencia en la que
se dispuso que su cumplimiento se realizaría en los términos “de la normatividad
contenciosa administrativa vigente”15.
25. La referida providencia cobró ejecutoria el 29 de noviembre de 201216.
26. Como puede verse, los 10 meses que tenía la entidad para cumplir el
acuerdo de conciliación se vencieron el 30 de septiembre de 2013; sin embargo,
ninguno de los pagos que efectuó el Ministerio de Defensa Nacional se realizaron
antes de ese día.
27. En efecto, los documentos aportados como prueba del pago evidencian
que, mediante Resolución 1341 del 19 de febrero de 2014, el Director de
Prestaciones del Ministerio de Defensa reconoció la suma de $561’170.322,62 en
favor de los familiares de los señores Sánchez Sánchez y Urueña Gómez17.
28. A su vez, de la certificación expedida por la Tesorera Principal del
Ministerio de Defensa18 se desprende que dicha suma se pagó el 27 de febrero y
el 28 de febrero de 201419, “mediante transferencia electrónica a las cuentas nros.
(…)”, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1341 del 19 de febrero
de 201420.
14
Folios 29 a 32 del cuaderno de primera instancia.
15
Al respecto, en el ordinal tercero se dispuso lo siguiente: “El cómputo de intereses iniciará a
partir de la presentación de la cuenta de cobro de la entidad, siendo los primeros 6 meses
corrientes y los siguientes moratorios, efectuándose el pago de conformidad con la normatividad
contenciosa administrativa vigente”.
16
Lo anterior, según la certificación que obra a folio 26 del cuaderno de primera instancia.
17
“Artículo 1. Reconocer, ordenar y autorizar el pago de la suma de la suma de quinientos sesenta
y un millones siento setenta mil trescientos veintidós pesos con sesenta y dos centavos
($561’170.322,62) en la forma como quedó expuesta en la parte motiva a favor de Grayse Stefany
Monroy Preciado y otros, identificada con cédula de ciudadanía (…), expedida en Bogotá”. En
dicha resolución se indicó que el pago se realizaría a través de la Tesorería Principal de la
Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa de la siguiente manera: i) para los familiares del
señor Didier Sánchez Sánchez, la suma de $167’178.467,09, la cual se dividiría, así: 60% en favor
de las víctimas directas y 40% en favor de su apoderado y ii) para los familiares del señor Víctor
Alfonso Urueña Gómez, la suma de $393’991.855,53, la cual se dividiría así: 70% en favor de las
víctimas directas y 30% en favor de su apoderado. Folios 129 a 135 del cuaderno de primera
instancia.
18
Según el inciso tercero del artículo 142 del CPACA, el certificado del pagador, tesorero o
servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago “es
prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario
responsable del daño”. En línea con lo anterior, esta Subsección, siguiendo la sentencia C-523
del 2009 de la Corte Constitucional, ha explicado que mientras la aludida certificación no haya
sido puesta a consideración de las partes tiene el carácter de prueba sumaria, condición que
pierde una vez haya sido conocida por ellas y se les permita ejercer su derecho de contradicción.
19
Como en anteriores oportunidades lo ha puesto de presente esta Subsección, el paz y salvo
expedido por los beneficiarios de la condena o su apoderado no es el único documento que
permite demostrar el cumplimiento de la prestación, pues el deudor, en este caso, la entidad
demandante puede valerse de cualquier medio probatorio, como por ejemplo de documentos
públicos, siempre y cuando resulten idóneos para acreditar la extinción de su obligación y, a su
vez, hayan permanecido a disposición de las partes para su contradicción. En ese sentido, estima
la Sala que los referidos documentos públicos, que permanecieron a disposición de las partes
durante el curso del proceso, constituyen prueba idónea del pago, porque, además de evidenciar
la voluntad de la Administración, orientada a reconocer una suma de dinero en favor de los
beneficiarios del acuerdo de conciliación aprobado el 21 de noviembre de 2012 y evidenciar la
ejecución de la prestación debida por el Ejército Nacional, no fueron tachados de falsos ni
controvertidos por el demandado.
20
Folios 145 y 146 del cuaderno de primera instancia.
5
Radicación: 050012333000201600108 01 (70.990)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Demandado: Jefferson León García Álvarez
Referencia: Repetición
29. Lo expuesto revela que lo que primero ocurrió en el tiempo fue el
vencimiento del plazo de 10 meses que la entidad demandante tenía para pagar
-30 de septiembre de 2013-, por lo que el término de dos años que establecía el
literal I) del numeral 2 artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 comenzó a correr a
partir del siguiente día.
30. Bajo este contexto, es claro que en el sub lite, el término para demandar
transcurrió desde el 1° de octubre de 2013 hasta el 1° de octubre de 2015 y como
la demanda se radicó el 22 de enero de 2016, se impone concluir que el medio
de control no se ejerció en la oportunidad legal establecida para tal efecto.
31. Por lo expuesto, se revocará la decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia y, en su lugar, se declarará probada de oficio, la excepción de
caducidad.
Costas
32. El artículo 188 del CPACA dispone que, salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil.
33. Esta Subsección21, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia C-832 de 200122, ha considerado que el proceso que se adelanta en
ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila
un interés público, pues se busca la protección del patrimonio público.
34. Así las cosas, dado que en el proceso de la referencia se persigue un
interés público, la Sala se abstendrá de condenar en costas al Ejército Nacional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de diciembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, declarar probada, de oficio, la
excepción de caducidad.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 11 de abril de 2019, exp. 59.139; sentencia de 12 de agosto de 2019, exp. 63.519;
sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 51.949 y sentencia del 7 de mayo de 2021, exp. 58.503.
22
Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
6
Radicación: 050012333000201600108 01 (70.990)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Demandado: Jefferson León García Álvarez
Referencia: Repetición
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
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Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.
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