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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2016-00275-01

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2016-00275-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2016-00275-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

10 de marzo de 2022

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00275-01 (25832)
Demandante: Municipio de Medellín

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00275-01 (25832)
Demandante: Municipio de Medellín
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon)

Temas: Cobro coactivo. Cuotas partes pensionales. Interrupción del término de
prescripción. Remisión al Estatuto Tributario.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 16 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que resolvió (ff. 318 vto. y 319):

Primero: Declárase la nulidad de la Resolución Nº 1120 del 21 de septiembre de 2015, por medio de
la que resolvieron las excepciones propuestas dentro del proceso de cobro coactivo en contra del
Municipio de Medellín (Expediente 10-068), conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, declarar probada la excepción de prescripción de
la acción de cobro propuesta por el Municipio de Medellín contra el mandamiento de pago contenido
JCF-OFL-No.448 del 31 de agosto de 2010 proferido por el Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República, respecto de las cuotas partes pensionales del señor (…).

Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Con la cuenta de cobro nro. 3689, del 23 de abril de 2009 (f. 28), la demandada requirió
a la actora para el pago de cuotas partes pensionales causadas entre el 26 de abril de
1997 (fecha del reconocimiento pensional) y el 30 de marzo de 2009, junto con los
respectivos intereses moratorios, pero esta devolvió la cuenta de cobro, mediante escrito
del 05 de mayo de 2010 (ff. 60 a 63 vto.). El 31 de agosto de 2010, la demandada volvió
a solicitar la satisfacción de esa misma obligación, a través del mandamiento de pago
nro. JCF-OFL-448 (ff. 25 a 27), contra el cual se promovieron las excepciones de pago,
falta de título ejecutivo, pérdida de fuerza ejecutoria, prescripción e improcedencia de
intereses moratorios (ff. 40 a 59).

No obstante, el 01 de octubre de 2014 (ff. 76 a 79 vto.), la demandante solicitó que se
decretara la nulidad de lo actuado, argumentando que su contraparte empleó un
procedimiento distinto al ordenado por la ley para el recobro de cuotas partes
pensionales, solicitud que fue rechazada con la Resolución nro. 373, del 06 de abril de
2015 (ff. 81 y 82). En concordancia con esa decisión, se profirió la Resolución nro. 374,
del 06 de abril de 2015 (ff. 84 a 86), a fin de «adecuar el trámite al procedimiento

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establecido en el estatuto tributario en el proceso donde se adelanta el cobro coactivo de
cuotas partes pensionales» y otorgar a la actora un nuevo plazo de 15 días para proponer
excepciones en contra del mandamiento de pago antes referido. Esta orden fue atendida
mediante el escrito radicado el 27 de abril de 2015 (ff. 87 a 93 vto.), en el cual se reiteraron
las mencionadas censuras. Finalmente, a través de la Resolución nro. 1120, del 21 de
septiembre de 2015 (ff. 95 a 103), la demandada declaró parcialmente probada la
excepción de pago en cuanto a las cuotas partes generadas entre abril de 1997 y enero
de 2003; y ordenó seguir adelante con la ejecución de las demás obligaciones, i.e. las
correspondientes a los periodos comprendidos entre febrero de 2003 y marzo de 2009.

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes pretensiones (f. 16):

Primera: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 1120 del
21 de septiembre de 2015, por medio de la cual se resolvieron las excepciones propuestas contra el
mandamiento de pago y se ordenó seguir adelante la ejecución dentro del procedimiento de cobro
coactivo administrativo radicado 10-068.

Segunda: Que como consecuencia de la nulidad del acto administrativo referido, a título de
restablecimiento del derecho se declaren probadas la totalidad de las excepciones presentadas,
ordenándose la terminación del procedimiento de cobro coactivo y el levantamiento de las medidas
cautelares que se hayan decretado, o la devolución de los dineros, con sus respectivos intereses
moratorios, indebidamente recaudados por cuenta de las obligaciones objeto de ejecución dentro del
procedimiento de cobro coactivo referido.

Tercera: Que subsidiariamente, en caso de no acceder a la declaratoria judicial de la nulidad del acto
demandado por cuenta de no declararse como probadas las excepciones propuestas contra el
mandamiento de pago, se declare la nulidad de todo lo actuado dentro del procedimiento de cobro
10-068, subsanándose la vulneración al debido proceso, con el fin de que se emita un mandamiento
de pago ajustado a ley.

Cuarta: Que se condene en costas a la entidad demandada.

A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 29 de la
Constitución; 2535 y 2536 del CC (Código Civil); 488 del CPC (Código de Procedimiento
Civil); 2.º de la Ley 33 de 1985; 818, 829-1 y 830 del ET (Estatuto Tributario); 4.º de la
Ley 1066 de 2006; 41 del Decreto 3135 de 1968; y 102 del Decreto 1848 de 1969, bajo
el siguiente concepto de violación (ff. 6 vto. a 16):

Sostuvo que la demandada transgredió el debido proceso, pues pretendió ejecutar la
deuda debatida empleando el procedimiento ordenado por el CPC, en lugar del reglado
por el ET. Sobre esa base, censuró que su contraparte se abstuviera de declarar la
nulidad de lo actuado y de adecuar su proceder a la normativa aplicable al caso. De otra
parte, con base en los artículos 4.º de la Ley 1066 de 2006, 9.º del Decreto 2921 de 1948
y 818 del ET, e invocando pronunciamientos de la Sección Segunda de esta corporación1,
planteó que había prescrito la acción de cobro de los montos perseguidas porque a la
fecha de notificación del mandamiento de pago (i.e. el 28 de septiembre de 2010) habían
1 Fallos del 07 de marzo de 2013 (exp. 0948-12, CP: Luis Rafael Vergara), del 14 de noviembre de 2013 (exp. 2340-

11. CP: Gerardo Arenas Monsalve) y del 19 de febrero de 2015 (exp. 1517-13, CP: Luis Rafael Vergara).

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transcurrido más de tres años desde el pago de las mesadas pensionales. Sostuvo que,
en todo caso, la demandada omitió notificarle el acto que contenía el reconocimiento
pensional definitivo y la cuantificación de su cuota parte, con lo cual se le impidió
oponerse a esa decisión administrativa. Por esa razón, adujo que su contraparte no logró
conformar el título complejo que le habría permitido recobrar las sumas en cuestión, de
modo que estarían configuradas las excepciones de falta de título y de falta de ejecutoria.

Por último, afirmó que, aunque el acto cuestionado declaró probada la excepción de pago
en relación con las obligaciones causadas entre abril de 1997 y enero de 2003, tal
reconocimiento no desvirtuaba la ocurrencia del fenómeno prescriptivo.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 115 a 129). En concreto,
argumentó que tramitó su actuación con arreglo al CPC, según lo ordena el parágrafo 3.º
del artículo 5.º de la Ley 1066 de 2006, que establece que las administradoras del
régimen de prima media con prestación definida deben emplear dicha codificación al
ejercer la potestad de cobro otorgada por la Ley 100 de 1993, reglamentada por el artículo
1.º del Decreto 2633 de 1994.

Expuso que las cuotas partes debatidas se dividían en dos grupos: el primero proveniente
de mesadas pensionales pagadas entre el 22 de febrero de 2003 y el 28 de julio de 2006
(i.e. anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 1066); y el segundo compuesto por las
cuotas atribuibles a los periodos comprendidos entre el 30 de julio de 2006 y el 30 de
marzo de 2009. Planteó que, como notificó el mandamiento de pago antes de que
culminaran los cinco años siguientes a la comunicación de la cuenta de cobro, suspendió
el término de prescripción que regía al primer grupo; y que ocurrió lo propio respecto del
segundo, pues el plazo de prescripción (tres años contados desde el pago de la mesada
pensional) fue interrumpido con la comunicación de la cuenta de cobro y luego
suspendido con la notificación del mandamiento de pago. Refutó que el artículo 4.º del
Decreto 2921 de 1948 le ordenara notificar los actos de reconocimiento y/o reliquidación
pensional –los cuales solo debían comunicarse a las cuotapartistas–, pero adujo que, aún
así, anexó esos documentos a la cuenta de cobro que entregó a la interesada y señaló
que el pago parcial realizado suponía la aceptación tácita de la deuda, lo que bastaría
para desvirtuar la supuesta falta de título y de ejecutoria.

Finalmente, argumentó que el artículo 819 del ET proscribía la devolución de pagos
voluntarios derivados de obligaciones prescritas.

Sentencia apelada

El tribunal anuló los actos acusados (ff. 312 a 319), para lo cual aclaró que, como el acto
censurado declaró probada la excepción de pago frente a las cuotas causadas antes de
febrero de 2003, estas debían excluirse de la litis. Dilucidada esa cuestión, juzgó que
todas las demás deudas estaban prescritas, porque en el momento en que se notificó el
mandamiento de pago (i.e. 28 de septiembre de 2010) habían fenecido las oportunidades
concedidas por las normas aplicables para adelantar la ejecución. Puntualizó que había
un primer conjunto de obligaciones causadas entre febrero de 2003 y agosto de 2005,
que estaban sujetas a un plazo de prescripción de cinco años contados desde la
presentación de la cuenta de cobro, de acuerdo con el artículo 2536 del CC; otro grupo
de cuotas generadas entre septiembre de 2005 y agosto de 2006, a las cuales también
aplicaba el referido plazo de cinco años, que también prescribieron, pese a la oportuna
notificación del mandamiento de pago, porque la demandada tardó más de cinco años

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en fallar las excepciones promovidas por la actora, con lo cual pasó por alto que, según
lo dispuesto en el artículo 818 del ET, el término cuestión se reinició al día siguiente a su
interrupción; y un último conglomerado de deudas por cantidades pagadas entre
septiembre de 2006 y marzo de 2009, que dejaron de ser exigibles al cabo de los tres
años siguientes al pago de las mesadas pensionales, por mandato del artículo 4.° de la
Ley 1066 de 2006, que entró en vigencia el 29 de julio de 2006, y sobre el que también
acaeció el fenómeno prescriptivo por el incumplimiento del artículo 818 del ET. Sin
embargo, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 819 del ET, negó la petición
de devolución de los rubros voluntariamente pagados por la demandante.

Recurso de apelación

El extremo pasivo apeló la decisión de primer grado (ff. 321 y 322), señalando que, al
tenor del Concepto nro. 1895 de 2008, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de
esta corporación, el término de prescripción de las cuotas partes pensionales se
suspende con la presentación de la cuenta de cobro, sin que resulten aplicables las
previsiones de los artículos 817 y 818 del ET, por tratarse de reglas sustanciales que
exceden la remisión normativa ordenada por el artículo 5.º de la Ley 1066 de 2006.

Alegatos de conclusión

Las partes reiteraron los argumentos presentados en las anteriores etapas procesales
(índices 18 y 192). El ministerio público solicitó desestimar los planteamientos del recurso
de apelación, porque, en su criterio, prescribieron todas las obligaciones objeto del cobro
coactivo demandado en el caso debatido (índice 20).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad del acto acusado, atendiendo al cargo formulado por la
demandada en calidad de apelante única contra la sentencia de primera instancia que
anuló la actuación objeto de enjuiciamiento. Así, corresponde determinar si hay lugar a
revocar la decisión del a quo por haber sido parcialmente fundada en los artículos 817 y
818 del ET. Si esa cuestión se resolviere de manera favorable a los intereses de la
recurrente, la Sala se pronunciará sobre los demás cargos de violación que fueron
planteados en la demanda y omitidos en el análisis del tribunal, pues la declaración de
nulidad total de la actuación acusada evitó que la demandante tuviese interés en apelar.

2- En síntesis, la recurrente, pese a reconocer que el artículo 5.º de la Ley 1066 de 2006
efectuó una remisión al ET para adelantar los procedimientos de cobro coactivo, censuró
que el a quo fundara parte de su decisión en los artículos 817 y 818 del ET porque estima
que estos dos artículos versan sobre un tema sustancial (i.e. la prescripción), por lo cual
excederían el alcance del reenvío. Observados los términos en que fue planteada la
impugnación, la Sala pone de presente que las normas cuya aplicación censura la
demandada solo fueron empleadas por el tribunal para estudiar la prescripción de las
cuotas partes pensionales correspondientes a los periodos transcurridos entre
septiembre de 2005 y marzo de 2009, de lo que se sigue que la apelante no discute la
decisión adoptada por el a quo en torno a las demás deudas que fueron objeto de la
ejecución demandada (i.e. aquellas causadas entre febrero de 2003 y agosto de 2005),
como tampoco se opone a la determinación del dies a quo para efectuar el cómputo de

2 Del historial de actuaciones registradas en el repositorio informático SAMAI.

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los plazos debatidos, ni a la aplicación de la Ley 1066 de 2006 realizada por el fallador
de primer grado.

Dado que el reproche formulado por la recurrente se circunscribe a controvertir la
aplicación de los artículos 817 y 818 del ET en la sustanciación del fallo apelado –porque
se trataría de «normas sustanciales y no procedimentales»–, el presente fallo versará
exclusivamente sobre la decisión de esa cuestión.

3- Sea lo primero indicar que, contrariamente a lo afirmado por la demandada, el tribunal
no sustentó la providencia impugnada en el artículo 817 del ET, que establece que la
acción de cobro fenece al término de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo
para declarar, a la presentación tardía de la declaración, a la presentación de la
declaración de corrección o a la ejecutoria del respectivo acto administrativo de
determinación, según el caso. Lo que hizo el tribunal fue juzgar la prescripción de las
cuotas partes pensionales debatidas atendiendo a los artículos 2536 del CC, 4.º y 5.º de
la Ley 1066 de 2006 y 818 del ET. Por tanto, se desestima en ese aspecto el cargo de
apelación.

4- Dilucidado lo anterior, la Sala pasa a establecer el régimen de prescripción que regía
el recobro de cuotas partes pensionales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
1066 de 2006 y con posterioridad a ese evento. Esto, con el fin de aclarar el alcance y el
contenido del reenvío al ET efectuado por el artículo 5.º de la Ley 1066 de 2006. En vista
de que la Sección tiene fijados los criterios de decisión judicial que rigen el enjuiciamiento
de esas cuestiones3, tales criterios se reiterarán aquí, en lo pertinente.

5- A la luz del precedente que se replica, como el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 se
refiere exclusivamente al tránsito legislativo en materia de usucapión4, cuando el debate
versa sobre prescripción extintiva corresponde aplicar la regla del artículo 40 ibidem,
según la cual los términos que hubiesen empezado a correr se rigen por la ley vigente al
tiempo de su iniciación. De ahí que sea el artículo 2536 del CC el que rige el recobro de
las cuotas partes pensionales causadas antes de que estuviese vigente la Ley 1066 de
2006. Ahora, de acuerdo con la redacción dada a esa disposición civil por el artículo 8.º
de la Ley 791 de 2002, el término de prescripción de la acción ejecutiva es de cinco años
y se computa desde el momento en que la obligación se hace exigible (Consejo de
Estado, Sección Segunda, fallo del 22 de agosto de 2013, exp. 0349-12, CP: Gustavo
Eduardo Gómez), pero debe iniciar a «contarse nuevamente» cuandoquiera sea
interrumpido, circunstancia que, en el caso de las cuotas partes pensionales solo podría
ocurrir con la notificación del mandamiento de pago, según lo ha explicado la Sección
Segunda de esta corporación en la citada sentencia.

Al iniciar la vigencia de la Ley 1066 de 2006, el plazo objeto de pronunciamiento fue
reducido a tres años y su interrupción quedó supeditada al régimen descrito en el ET para
el cobro coactivo, como lo especificó el artículo 5.° del Decreto Reglamentario 4473 de
2006, de cuyo tenor literal se extrae que las «entidades objeto de la Ley 1066 de 2006
aplicarán en su integridad, para ejercer el cobro coactivo, el procedimiento establecido
por el Estatuto Tributario» (destaca la Sala). A partir de esas premisas, en la sentencia
del 26 de febrero de 2020 (exp. 23855, CP: Stella Jeannette Carvajal), la Sala precisó

3 Sentencias del 06 de noviembre de 2019 (exp. 23765, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez), del 28 de noviembre de

2019 (exp. 22950 CP: Milton Chaves García), del 12 de diciembre de 2018 (exp. 22913, CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez) y del 30 de agosto de 2017 (exp. 21764, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
4 Providencias del 31 de octubre de 2018 (exp. 23201, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez) y del 28 de noviembre de

2019 (exp. 22950, CP: Milton Chaves García), que reiteran las posturas fijadas por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia en la sentencia del 06 de agosto de 1992 (exp. 3515, MP: Pedro Lafont Pianetta) y por la Sección
Tercera de esta judicatura en el fallo del 27 de mayo de 2004 (exp. 24371, MP: Alier Eduardo Hernández).

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que si el mandamiento de pago se expide después de la entrada en vigencia de la Ley
1066 de 2006 (i.e. con posteridad al 29 de julio de 2006), será perentorio reiniciar el
conteo de la prescripción conforme a lo ordenado por el artículo 818 del ET, aun en el
evento de que la deuda ejecutada se haya causado antes de la vigencia de la Ley 1066.

6- Atendiendo a las anteriores consideraciones, advierte la Sala que el reproche de la
recurrente carece de sustento jurídico, en la medida en que el a quo estaba conminado
–bajo las condiciones previstas en las normas arriba citadas y conforme a la
interpretación que de ellas ha efectuado esta corporación– a aplicar al sub iudice el
artículo 818 del ET y, con ello, a incluir en el enjuiciamiento de la prescripción el análisis
sobre el reconteo del término. Dado que las anteriores consideraciones bastan para
desvirtuar el único cargo de apelación propuesto por la demandada, la Sala confirmará
íntegramente la sentencia de primera instancia.

7- Por no estar probadas en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en segunda instancia, conforme con lo establecido en el artículo 365.8 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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