Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00408-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00408-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-00408-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
19 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 05001-23-33-000-2016-00408-01 (2788-2022)
Demandante : Francisco Javier Rodríguez Pérez
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional
Tema : Examen médico - laboral de retiro
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia de 8 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia (sala primera de oralidad), mediante la cual
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control1. El señor Francisco Javier Rodríguez Pérez, mediante
apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se
precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio «[…]
20158470672581/MDN-CGFM-CE- CEJEM-JEDEH-DISAN-SUBCIEN-MIL-
10.l., del 24 de julio de 2015 […]», por el cual medicina laboral de la dirección
de sanidad del Ejército Nacional denegó la práctica del examen médico de retiro
al demandante.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte accionada (i) realizar «los exámenes médico-laborales y
tratamientos que se deriven del examen de capacidad psicofísica para retiro,
toda vez que las Instituciones Militares no pueden exonerarse de esta
obligación argumentando que el retiro fue voluntario […]» (sic); y (ii) «[…]
subsidiariamente condenar a la Nación -Ministerio de Defensa-Ejército
1 8_050012333000201600408012EXPEDIENTEDIGICUADERNO120220818121010, expediente digitalizado (e.d.).
Expediente 05001-23-33-000-2016-00408-01 (2788-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Francisco Javier Rodríguez Pérez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
Nacional, a pagar […] la suma de Quinientos (500) SMLMV, como reparación
del daño moral que se le ha ocasionado con la omisión por parte de la
demandada consistente en la no realización de los exámenes médicos al
momento de ser retirado del servicio activo […]» (sic).
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que «[…] nació el 10 de
mayo de 1960, ingresó al escalafón de Suboficial del Ejército Nacional de
Colombia el 19 de enero de 1981, dicho vínculo laboral estuvo vigente hasta el
16 de mayo de 1994, fecha en la cual fue retirado del servicio activo mediante
Resolución No. 0243 del 16 de mayo de 1994, acumulando un tiempo total de
servicio de 13 años, 06 meses, 03 días, adscrito al Batallón de Contraguerrillas
(BCG) No. 33, en el Bagre-Antioquia» (sic).
Que el «[…] 21 de abril de 2015, peticionó […] al señor Director General de
Medicina Laboral del Ejército Nacional-Ministerio de Defensa Nacional,
solicitando lo siguiente: le sean realizados los exámenes médico - laborales y
tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica por retiro, así
como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar por retiro, como lo
consagra el artículo 82 de los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000 […]» (sic).
Afirma que el «24 de julio de 2015, dio respuesta [...] mediante acto
administrativo 20158470672581/MDN-CGFM-CE-CEJEM-JEDEH-DISAN-
SUBCIEN-MIL-10.l, notificado el 24 de julio de 2015, […] respondiendo lo
siguiente: "... una vez revisada la documentación allegada por usted se
evidencia la figura de la prescripción toda vez que presentó novedad fiscal el
16 de mayo de 1994, en concordancia con el artículo 8º del Decreto 094 de
1989: EXAMEN PARA RETIRO. Los exámenes médico-laborales y
tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para retiro
deben observar completa continuidad, desde su comienzo hasta su terminación.
Su interrupción por parte del interesado, sin causa justificada y por un término
mayor de treinta (30) días se considera como renuncia a tales exámenes y
perderá por lo tanto los derechos originados por razón de las lesiones o
enfermedades relacionadas con este procedimiento. Por lo anterior no es
posible acceder a su solicitud toda vez que transcurrido más de un año a partir
de la novedad fiscal para la realización de la Junta Médico Laboral de
Retiro..."» (sic para toda la cita).
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto acusado los artículos 2, 4, 6, 13, 29, 53, 58, 90, 123, 125 y
218 de la Constitución Política; 1 a 10, 137, 138, 155 y 270 del CPACA; 8 del
Decreto 94 de 1989 y 8 del Decreto 1796 de 2000; y la sentencia T-810 de 2004
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Expediente 05001-23-33-000-2016-00408-01 (2788-2022)
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Francisco Javier Rodríguez Pérez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
la Corte Constitucional.
Arguye que «[…] Se desconocen cuáles fueron las condiciones de salud en que
fue dado de baja el Suboficial de la fuerza pública demandante con la omisión
de la entidad demandada a hacerle los chequeos médicos, obligándolo a
renunciar a unos derechos constitucionales e imprescriptibles como lo son la
salud y el subsiguiente derecho a una pensión por invalidez que es evidente en
un miembro del Ejército Nacional que ha entregado su vida al servicio de los
colombianos por más de una década en zonas donde siempre subsiste turbado
el orden público» (sic).
1.5 Contestación de la demanda2. La Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, por intermedio de apoderada, se opuso a la
prosperidad de las súplicas del libelo introductorio y respecto de los hechos dice
que son ciertos.
Asevera que «[…] dejó pasar más de 24 años para solicitar los exámenes de
retiro, los cuales en su calidad de suboficial como lo señala la norma era su
obligación solicitarlos en el término de 60 días calendario siguientes a la fecha
de su retiro, por lo que a todas luces es evidente que su derecho ha prescrito y
que la presentación de un derecho de petición frente a los mismos no puede
revivir términos que expiraron hace más de dos décadas, aunado a que no
estamos tratando con un derecho de tracto sucesivo como para deprecar la
ausencia de prescripción, sino que estamos hablando de un derecho laboral del
cual devino su obligación de solicitarlo desde el 14 de mayo de 1994, fecha de
su retiro, hasta los 60 días siguientes al mismo, motivo por el cual es evidente
que 20 años después ya se encuentra fenecido su derecho a la solicitud de
exámenes de retiro» (sic).
1.6 La providencia apelada3. El Tribunal Administrativo de Antioquia (sala
primera de oralidad), en sentencia de 8 de marzo de 2022, accedió parcialmente
a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que se
encuentra demostrado «[…] que este examen de retiro no es una prestación sino
un derecho que tienen los integrantes de las Fuerzas Militares, que es
obligatorio en todos los casos y que no depende exclusivamente del militar, sino
que hace parte de las cargas que asume la entidad al momento en que se retira
un miembro de sus filas, tal y como lo hace en el caso del examen de ingreso
en el que realiza una valoración completa».
2
31_0500123330002016004080125EXPEDIENTEDIGICUADERNO120220818121013, e.d.
3
57_0500123330002016004080151EXPEDIENTEDIGICUADERNO120220818121013, e.d.
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Expediente 05001-23-33-000-2016-00408-01 (2788-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Francisco Javier Rodríguez Pérez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
Que «respecto al término para realizarlo, indicó que dicho examen es
imprescriptible, pues a pesar de que el mismo no se realice dentro del término
otorgado por la ley, la obligación de la entidad persiste ya que de cualquier
manera, se hace necesario determinar el estado de salud de la persona y si
continúa en las mismas condiciones de como ingresó a prestar sus servicios, o
si por el contrario, ha desmejorado en algo su estado de salud y deberá
prestársele asistencia médica».
Argumenta que «[…] fue incorporado al Ejército era porque gozaba de buen
estado de salud y, por lo tanto, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional
tiene la obligación de realizar el examen de retiro para determinar las
condiciones de salud en las que fue retirado del servicio que como ya se dijo
no debe limitarse en el tiempo».
Respecto de «[…] la pretensión de que se le realicen los tratamientos que se
deriven del examen de capacidad sicofísica para retiro al demandante,
considera la Sala que, como no se cuenta con un elemento concreto para
determinar el estado de salud del demandante y cuáles serían los tratamientos
subsiguientes al examen de retiro, no es posible conceder en este momento
dicha pretensión. […] en cuanto a la pretensión de reparación directa, los
perjuicios solicitados no fueron probados en el proceso y estos no se presumen,
por lo tanto, se negarán».
1.7 El recurso de apelación4. Inconforme con la anterior sentencia, la
demandada interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] en su calidad
de suboficial, como lo señala la norma, era obligación […] solicitar en el
término de 60 días calendario siguientes a la fecha de su retiro dichos
exámenes, por lo que a todas luces es evidente que su derecho ha prescrito y
que la presentación de un derecho de petición frente a los mismos no puede
revivir términos que expiraron hace más de dos décadas, aunado a que no
estamos tratando con un derecho de tracto sucesivo como para deprecar la
ausencia de prescripción, sino que estamos hablando de un derecho laboral del
cual devino su obligación de solicitarlo desde el 14 de mayo de 1994, fecha de
su retiro, hasta los 60 días siguientes al mismo, motivo por el cual es evidente
que 21 años después ya se encuentra fenecido su derecho a la solicitud de
exámenes de retiro […]» (sic).
4 59_0500123330002016004080153EXPEDIENTEDIGICUADERNO120220818121013, e.d.
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Expediente 05001-23-33-000-2016-00408-01 (2788-2022)
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Francisco Javier Rodríguez Pérez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
II. TRÁMITE PROCESAL.
El recurso de apelación fue concedido con auto de 28 de marzo de 20225 y
admitido por esta Corporación a través de proveído de 12 de agosto siguiente6,
en cumplimiento del artículo 247 del CPACA7; y durante la oportunidad
establecida en el numeral 4 ibidem las partes guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde a
la Sala determinar si al demandante le asiste o no el derecho a que se le
practiquen los exámenes por retiro del servicio activo del Ejército Nacional,
para establecer si tuvo alguna discapacidad que amerite el pago de prestaciones
que de esto se deriven; o, por el contrario, precluyó la oportunidad para que se
realice esa valoración médica.
3.3 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Copia de hoja de servicios 393/95 del accionante, en la que consta que ingresó
al Ejército Nacional el 19 de enero de 1981 y laboró hasta 16 de mayo de 1994,
cuando fue retirado en el grado de sargento segundo, para un total de 13 años,
6 meses y 3 días de servicios (f. 36). Asimismo, consta en la fotocopia de su
cédula que nació el 10 de mayo de 1960 (f. 35).
b) Escrito de 21 de abril de 2015, dirigido al director general de medicina laboral
del Ejército, en el que el demandante pide «los exámenes médico-laborales y
tratamientos que se deriven del examen de la capacidad sicofísica para retiro,
así como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar», recibida el 23
siguiente (ff. 19 a 23).
c) Oficio 2015847067258: MDN-CGFM-CE-CEJEM-JEDEH-DISAN-
SUBCIEN-MIL-10.l de 24 de julio de 2015, signado por el jefe de medicina
5
11_050012333000201600408001AUTOCONCEDERE20220329114205, e.d.
6
Índice del Samai 3.
7
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
5
Expediente 05001-23-33-000-2016-00408-01 (2788-2022)
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Francisco Javier Rodríguez Pérez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
laboral dirección de sanidad del Ejército, por el cual se le negó la realización de
la junta médico-laboral de retiro, los exámenes médicos y tratamientos que de
allí se deriven, porque se desvinculó el 16 de mayo de 1994 y el plazo que tenía
para que se le realizaran finalizó 30 días después de esa fecha (f. 59).
De las pruebas que obran en el expediente, se deduce que el demandante prestó
sus servicios como suboficial en el Ejército Nacional durante más de 13 años,
donde fue retirado el 16 de mayo de 1994 en el grado de sargento segundo;
luego, casi 21 años después, solicitó la práctica de los exámenes médicos de
retiro, para evaluar su eventual derecho a una pensión de invalidez.
3.4 Régimen especial de seguridad social en salud de las fuerzas militares
y de la Policía Nacional. El sistema de salud de las fuerzas militares y de la
Policía Nacional fue creado en desarrollo del artículo 217 de la Carta Política8,
regulado por el Decreto 1795 de 2000, como un subsistema autónomo de
prestaciones médicas y asistenciales (artículo 279 de la Ley 100 de 1993 9) que
está legitimado por las condiciones especiales de los miembros de la fuerza
pública en el desempeño de sus labores, dada la constante exposición de su
integridad física como elemento inherente al servicio que prestan.
Mediante sentencia T-135 de 2006, la Corte Constitucional precisó que la
sanidad es un «[…] servicio público esencial de la logística militar y policial,
inherente a su organización y funcionamiento, orientada al servicio del
personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios», y que según los
artículos 5 y 6 del Decreto 1795 de 2000, el objeto del sistema de salud de las
fuerzas militares y de la Policía Nacional consiste en «[…] prestar el Servicio
de sanidad inherente a las Operaciones Militares y del Servicio Policial como
parte de su logística Militar y además brindar el servicio integral de salud en
las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y
rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios […]», obligación que
debe ser cumplida10 a través de los establecimientos de sanidad, «[…] con
8
«Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la
integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y
obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es
propio».
9
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se
aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto
ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los
miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas […]».
10
«Artículo 27. Plan de servicios de sanidad militar y policial. Todos los afiliados y beneficiarios al SSMP,
tendrán derecho a un Plan de Servicios de Sanidad en los términos y condiciones que establezca el CSSMP.
Además, cubrirá la atención integral para los afiliados y beneficiarios del SSMP en la enfermedad general
y maternidad, en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación. Igualmente
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Francisco Javier Rodríguez Pérez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
plena observancia de los principios […] de calidad, ética, eficiencia,
universalidad, solidaridad, protección integral, obligatoriedad, equidad y
racionalidad, entre otros, que orientan la prestación del servicio de salud».
Por lo anterior, la aludida Corporación concluyó que «[…] es deber de las
fuerzas militares otorgar la atención médica y la asistencia necesaria a las
personas que sufran afecciones de salud y que se encuentren como afiliados o
beneficiarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
nacional – SSMP-» (se destaca).
Por su parte, el artículo 2.º de la Ley 1751 de 2015 11 consagra que «El derecho
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo
colectivo» y «Comprende el acceso a los servicios de salud de manera
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la
promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la
igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación
para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución
Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta
bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación,
coordinación y control del Estado».
3.5 Sobre el examen de retiro a los miembros de las fuerzas militares y la
Policía Nacional. El artículo 8º del Decreto 94 de 1989, «Por el cual se
reforma el estatuto de la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces, e
indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Alumnos de las
Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y de la
Policía Nacional», vigente en la época del retiro del demandante, previó:
EXÁMENES PARA RETIRO. Los exámenes médico-laborales y
tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para retiro
deben observar completa continuidad, desde su comienzo hasta su
terminación. Su interrupción por parte del interesado, sin causa justificada
y por un término mayor de treinta (30) días se considera como renuncia a
tales exámenes y perderá por lo tanto los derechos originados por razón de
las lesiones o enfermedades relacionadas con este procedimiento.
Para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, en
tendrán derecho a que el SSMP les suministre dentro del país asistencia médica, quirúrgica, odontológica,
hospitalaria, farmacéutica y demás servicios asistenciales en Hospitales, Establecimientos de Sanidad
Militar y Policial y de ser necesario en otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud ».
11
«Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones ».
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Francisco Javier Rodríguez Pérez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional,
se llevará un riguroso control sobre el proceso de los exámenes de la
capacidad sicofísica para retiro y de las correspondientes Juntas Médico-
laborales, exigiendo a los interesados las presentaciones periódicas que se
estimen necesarias
Los artículos 21 a 25 del citado Decreto reglaban el procedimiento que debía
seguirse para su convocatoria y, una vez determinada la presencia de lesiones
o secuelas, preceptúan que compete a la junta médico-laboral, autorizada por
las respectivas autoridades médico-militares, y al Tribunal Médico-Laboral
Militar y de Policía, en última instancia, valorar la disminución de la capacidad
laboral y fijar los índices para las indemnizaciones.
De igual modo, el artículo 34 del Decreto en comento establecía que cuando
los exámenes y pruebas se vieren interrumpidos por parte de interesado, por
más de treinta días sin causa justificada, se entenderá que este renunció a los
derechos que pretendía defender y da lugar al archivo definitivo de la
actuación, previas las correspondientes anotaciones.
Asimismo, el Decreto 1211 de 1990 preceptuaba un plazo de 60 días siguientes
a la fecha de la disposición que produjo la novedad con la consecuencia de
perder cualquier tipo de indemnización que se pudiera generar:
ARTICULO 166. Exámenes por retiro. Los Oficiales y Suboficiales
de las Fuerzas Militares que sean retirados o separados del servicio
tienen la obligación de presentarse a la Sanidad de la respectiva Fuerza
para la práctica de los correspondientes exámenes físicos, dentro de
los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de la disposición
que produjo la novedad; si no lo hicieren, el Tesoro Público queda
exonerado del pago de las indemnizaciones a que pudiesen tener
derecho.
Si al practicarse los exámenes de aptitud sicofísica con posterioridad
al retiro del Oficial o Suboficial, resultare con una lesión o afección
susceptible de tratamiento, se le darán las prestaciones que a
continuación se determinan, previo dictamen motivado de la Sanidad
Militar con fundamento en la respectiva ficha médica, pero de hecho
el Militar queda retirado del servicio con la fecha señalada en la
disposición que cause la novedad.
Las normas anteriores fueron derogadas tácitamente por el Decreto 1796 de
200012, que en relación con los exámenes de retiro de los miembros de la
12
«Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral,
y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por
8
Expediente 05001-23-33-000-2016-00408-01 (2788-2022)
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Francisco Javier Rodríguez Pérez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
fuerza pública, determina:
Artículo 4. Exámenes de capacidad sicofísica. Los exámenes médicos y
paraclínicos de capacidad sicofísica se realizarán en los siguientes eventos:
[...]
10. Retiro
[...]
Artículo 8. Exámenes para retiro. El examen para retiro tiene carácter
definitivo para todos los efectos legales; por tanto, debe practicarse dentro
de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produce la
novedad, siendo de carácter obligatorio en todos los casos. Cuando sin
causa justificada el retirado no se presentare dentro de tal término, dicho
examen se practicará en los Establecimientos de Sanidad Militar o de
Policía por cuenta del interesado.
Los exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen
de capacidad sicofísica para retiro, así como la correspondiente Junta
Médico-Laboral Militar o de Policía, deben observar completa continuidad
desde su comienzo hasta su terminación.
Para la Sala, que el demandante no haya solicitado oportunamente el examen
de retiro con el objeto de valorar su estado de salud al momento del
desacuartelamiento no justifica que la Administración omitiera su práctica,
pues este «[…] resulta indispensable para clarificar toda futura relación que
la institución pueda tener con el personal que se desvincula, a partir de lo
cual se ha considerado que la omisión del mismo impide la prescripción de
los derechos que tiene la persona que prestaba el servicio militar con la fuerza
pública»13.
Sobre el particular, esta Corporación, a través de sentencia de 17 de septiembre
de 201514, discurrió así:
El artículo 8o del Decreto 1796 de 2000 […] consagra la obligación de
practicar el examen médico de retiro a los miembros de la fuerza pública
al momento de su desvinculación del servicio, independientemente de la
causa por la que esta se produjere, de ahí que la jurisprudencia sostenga
en forma reiterada que el deber de practicarlo subsiste en cabeza de la
autoridad castrense hasta cuando se compruebe su realización, por lo que
[es] su responsabilidad proceder a autorizarlo cuando lo solicite el
lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes
en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la
Ley 100 de 1993».
13
Sentencia T-875 de 2012.
14
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, consejero
ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia de 17 de septiembre de 2015, acción de tutela (impugnación)
05001-23-33-000-2015-01242-01, actor: Dany Norberto Noreña Herrera, accionado: director general de
sanidad del Ejército Nacional.
9
Expediente 05001-23-33-000-2016-00408-01 (2788-2022)
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Francisco Javier Rodríguez Pérez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
interesado, máxime porque constituye requisito indispensable para
extender la cobertura del servicio en salud al personal desacuartelado que
padezca afecciones producto de la actividad militar o […] anteriores [a]
esta pero agravadas como consecuencia de su ejercicio.
Con fundamento en lo anterior, resulta necesario ordenar al Ejército Nacional
la práctica del referido examen al accionante.
3.6 Sobre la convocatoria a una junta médico-laboral para los miembros
de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Por otra parte, en lo que atañe
a una valoración por la junta médico-laboral militar, el accionante tampoco
acreditó haber acudido oportunamente ante el señor director de sanidad del
Ejército Nacional para obtenerla; sin embargo, la autoridad de sanidad debe
valorar la situación del interesado, y corresponde a este agotar los mecanismos
que para el efecto le concede el ordenamiento jurídico.
En todo caso, ello tampoco es óbice para que una vez se surta el examen de
retiro a que se aludió en el acápite anterior, se convoque a la respectiva junta
si hay lugar a ello; porque, además de esa valoración, podría surgir un derecho
pensional de invalidez, cuya naturaleza es imprescriptible.
3.7 De la continuidad en la prestación del servicio de salud para atender
las afecciones médicas surgidas con anterioridad al retiro del servicio de
las fuerzas militares y la Policía Nacional. Como ya se precisó en el numeral
3.4, el sistema de salud de las fuerzas militares y de la Policía Nacional es un
subsistema autónomo de prestaciones médicas y asistenciales, destinado para
los miembros de la fuerza pública en el desempeño de sus labores, que
comportan actividades de alto riesgo.
Asimismo, en sentencias T-393 de 199915, T-10716 y T-117717 de 2000, T-824
de 200218 y T-810 de 200419, la Corte Constitucional ha señalado que es
obligación del Estado garantizar la vida, integridad física y salud de los
miembros de la fuerza pública y, en esa medida, en los eventos en que la salud
de esos servidores se vea afectada por lesiones o daños sufridos durante la
prestación del servicio, la Administración tiene el deber de suministrarles la
atención médica necesaria incluso con posterioridad a su desincorporación,
por lo que resulta inadmisible condicionarla al reconocimiento de la pensión
de invalidez, pues ello equivaldría a dejar desamparados a quienes sufren
15
Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
16
Magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell.
17
Magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell.
18
Magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
19
Magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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Expediente 05001-23-33-000-2016-00408-01 (2788-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Francisco Javier Rodríguez Pérez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
lesiones que requieren dichos servicios y cuya incapacidad no alcance el
porcentaje de ley para obtener la mencionada prestación, e incumple de este
modo el deber estatal correlativo a la prestación del servicio militar 20.
Es decir, que el sistema de salud de las fuerzas militares y de la Policía
Nacional, de manera independiente al sistema general de seguridad social en
salud, tiene la obligación de atender a aquellos uniformados desacuartelados
que padezcan una enfermedad o dolencia adquirida durante su incorporación,
que ponga en riesgo su derecho fundamental a la vida en condiciones dignas.
De conformidad con la referida jurisprudencia, se reconoce el derecho a la
asistencia médica de manera excepcional a aquellos militares y policías
retirados que deben tratar las enfermedades y dolencias adquiridas con ocasión
de la prestación del servicio, hasta cuando sean totalmente rehabilitados y
como la lesión permanece en el tiempo, no es procedente aplicar el término de
preclusión dispuesto en su momento por el artículo 8º del Decreto 94 de 1989
ni algún plazo de prescripción.
No obstante, el Tribunal acierta al abstenerse de ordenar que «se le realicen
los tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para retiro
al demandante», en la medida en que no puede determinarse que devienen del
ejercicio profesional ni se acredita que tuvieran relación con este; aspectos que
eventualmente deben ser reconocidos, previo examen de retiro y/o dictamen
de la respectiva junta o del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de
Policía.
Sin más consideraciones y a partir una sana hermenéutica jurídica, la Sala arriba
a la convicción de que se desvirtuó la presunción de legalidad que ampara al
acto administrativo acusado, por tanto, se confirmará la sentencia apelada, que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 8 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia (sala primera de oralidad), que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por el señor Francisco Javier
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Sentencia T-810 de 2004, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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Expediente 05001-23-33-000-2016-00408-01 (2788-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Francisco Javier Rodríguez Pérez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
Rodríguez Pérez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, de acuerdo con la parte motiva.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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