República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-00579-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Nivelación salarial Decreto 1251 de 2009. Subtema 1: incidencia de las
cesantías de los magistrados de alta corte en la remuneración de los jueces de la
República. Subtema 2: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Reiteración jurisprudencial. Subtema 3: reconocimiento de la prima especial de
servicios como adicional a la remuneración mensual.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, el 28 de noviembre de
2024, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La demandante prestó sus servicios como juez municipal y solicitó, por una parte, el
reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4
de 1992 como un concepto adicional, con la consecuente reliquidación de sus salarios
y prestaciones sociales sobre el 100 % de la remuneración. Por otra, reclamó el pago
de las diferencias derivadas de la nivelación salarial establecida en el Decreto 1251 de
2009, calculadas con fundamento en el porcentaje correspondiente de lo percibido por
todo concepto por un magistrado de alta corte. En primera instancia, el Tribunal declaró
probada la excepción de inepta demanda respecto de las pretensiones relacionadas
con la prima especial, por falta de correspondencia entre el período reclamado en sede
administrativa y el solicitado en la demanda, y negó las relativas a la nivelación salarial.
La Sala confirmará la sentencia apelada. Respecto de la prima especial de servicios,
la controversia quedó circunscrita, desde la fijación del litigio, al período comprendido
a partir de 2011; sin embargo, la reclamación administrativa se refirió a los años 1993
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
a 2007, por lo que no se agotó el requisito de procedibilidad de reclamación
administrativa previa respecto del lapso efectivamente sometido a conocimiento de la
jurisdicción. Además, ese período quedó comprendido en una decisión judicial anterior
que reconoció el derecho desde el 12 de julio de 2010. En cuanto a la nivelación
salarial, los cálculos efectuados demostraron que, durante los años 2010 a 2013, la
demandante percibió una remuneración superior al 34,9 % del 70 % de los ingresos
anuales de un magistrado de alta corte, incluso al incluir las cesantías y sus intereses
dentro de la comparación. Para el 2009 tampoco acreditó diferencias salariales
pendientes.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Martha Gloria Isaza Álvarez, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda el 7 de marzo de 20161, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.
2.1.1. Pretensiones
2. La demandante solicitó que se declare la nulidad de las resoluciones
DESAJMR15-4306 y DESAJMR15-4307, ambas del 10 de febrero de 2015, mediante
las cuales la entidad demandada negó, respectivamente, el reconocimiento de la
nivelación salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009 y el pago de las diferencias
salariales y prestacionales derivadas del 30 % correspondiente a la prima especial de
servicio. Asimismo, pidió la nulidad de los actos fictos negativos surgidos respecto de
los recursos de apelación interpuestos contra dichas decisiones.
3. Pretendió que se inaplique, por inconstitucional, el artículo 4 del Decreto 1251 de
2009, así como cualquier disposición que impida el cumplimiento de sus artículos 1, 2
y 3. En consecuencia, solicitó que su remuneración se determine con base en el 70 %
de lo percibido, por todo concepto, por un magistrado de alta corte y que se ordene el
pago de la diferencia correspondiente al 34,9 %.
4. A título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la nulidad de la
Resolución DESAJMR15-4307, solicitó que se reconozca carácter salarial al 30 %
pagado como prima especial y, por consiguiente, se ordene el pago de las diferencias
salariales y la reliquidación de las prestaciones sociales causadas sobre dicho
porcentaje «desde el año 2011» y durante el tiempo en que continúe desempeñando
el mismo cargo u otro equivalente.
5. De igual manera, como consecuencia de la nulidad de la Resolución
1
Expediente físico, folio 41.
2
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Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
DESAJMR15-4306 y de la aplicación del Decreto 1251 de 2009, pidió que se
reconozcan y paguen las diferencias derivadas de la nivelación de su remuneración
con el 70 % de lo percibido, por todo concepto, por un magistrado de alta corte. En
concreto, reclamó el pago de la diferencia que estimó en un 34,9 %, junto con la
correspondiente reliquidación de salarios, prestaciones sociales y cesantías, desde
2011 hasta 2015 y por el tiempo posterior en que continúe ocupando el mismo cargo
u otro equivalente.
6. Finalmente, solicitó que las diferencias reconocidas tengan incidencia en la
liquidación de vacaciones, primas, cesantías y aportes pensionales, sobre la base
salarial que corresponda; y que las sumas resultantes sean actualizadas y se paguen
con los intereses reclamados desde su causación hasta el cumplimiento efectivo de la
decisión.
2.1.2. Hechos
7. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:
8. La señora Martha Gloria Isaza Álvarez presta sus servicios en la Rama Judicial
y, desde 2011, se ha desempeñado en distintos despachos judiciales. Para la época
de la demanda ejercía como juez penal municipal con función de control de garantías
de Medellín.
9. La demandante sostuvo que la Rama Judicial liquidó su remuneración tomando
como salario únicamente el 70 % de la asignación prevista para su cargo y atribuyó el
30 % restante a la prima especial sin carácter salarial establecida en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992. Por esta razón, afirmó que el anterior porcentaje no fue tenido en
cuenta para liquidar sus prestaciones sociales.
10. Asimismo, manifestó que la entidad liquidó de manera incorrecta la nivelación
salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009. Explicó que, para los jueces municipales,
esta disposición fijó la remuneración en el 34,9 % del 70 % de lo percibido anualmente,
por todo concepto, por un magistrado de alta corte. Sin embargo, señaló que la Rama
Judicial no incluyó dentro de esta base todos los factores que, a su juicio, integraban
la remuneración anual de dichos magistrados.
11. En consecuencia, afirmó que la forma como la Rama Judicial liquidó su salario,
la prima especial y la nivelación salarial disminuyó los ingresos que debía percibir, lo
que repercutió en la liquidación de sus prestaciones sociales.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
12. En la demanda se invocan las siguientes normas:
3
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Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
Ø De la Constitución Política, los artículos 13 y 53.
Ø De la Ley 4 de 1992, el artículo 14.
Ø Decreto 57 de 1993.
Ø Decreto 610 de 1998.
Ø Decreto 1251 de 2009.
Ø Decreto 723 de 2009.
Ø Decreto 1388 de 2010.
Ø Decreto 1039 de 2011.
Ø Decreto 717 de 1978, artículo 12.
13. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante desarrolló sus
argumentos a partir de dos escenarios, la prima especial prevista en la Ley 4 de 1992
y la nivelación salarial de los jueces de la República.
14. En cuanto a la prima especial de servicios, sostuvo que el artículo 14 de la Ley 4
de 1992 ordenó al Gobierno Nacional establecer, para los jueces y demás funcionarios
allí señalados, una prima no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario básico, sin
carácter salarial. Sin embargo, afirmó que los decretos expedidos para desarrollar esa
disposición desnaturalizaron su alcance, pues calificaron como prima especial el 30 %
del salario básico mensual, en lugar de reconocerla como un concepto adicional a este.
15. Explicó que esa regulación produjo, en la práctica, una reducción de la base
salarial al 70 %, con efectos en la liquidación de las prestaciones sociales. A su juicio,
tal interpretación desconoció la finalidad de la Ley 4 de 1992, porque lo que esta
dispuso fue la creación de una prima especial sin carácter salarial, mas no la exclusión
del 30 % de la asignación básica para efectos salariales y prestacionales.
16. Para sustentar esa tesis, invocó decisiones de esta corporación en las que se
concluyó que las disposiciones reglamentarias no podían convertir una parte de la
asignación básica en un componente carente de efectos salariales. Con fundamento
en ese criterio, afirmó que debía reconocerse el 100 % de la remuneración como base
salarial y, consecuentemente, reliquidarse las prestaciones sociales que fueron
calculadas sobre el 70 %.
17. En lo que respecta a la nivelación salarial, señaló que los jueces y magistrados
están sometidos al régimen salarial previsto en la Ley 4 de 1992 y sus decretos
reglamentarios, por lo que consideró injustificado establecer diferencias que, en su
criterio, desconocen los principios de igualdad y equidad salarial.
18. Indicó que el Decreto 610 de 1998 reconoció a determinados funcionarios
judiciales una remuneración equivalente al 80 % de lo percibido por los magistrados
de las altas cortes, mientras que el Decreto 1251 de 2009 fijó para los jueces
porcentajes inferiores. En particular, sostuvo que, para los jueces municipales, la
remuneración debía corresponder al 34,9 % del 70 % de lo que por todo concepto
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
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percibiera anualmente un magistrado de alta corte y, para los jueces del circuito, al
43,2 % de ese mismo referente.
19. Afirmó, además, que la Rama Judicial aplicó incorrectamente el Decreto 1251 de
2009, porque los incrementos reconocidos por concepto de nivelación fueron mínimos
y no reflejaron el porcentaje previsto normativamente. Agregó que, al establecer la
remuneración de los jueces, la administración no incluyó la totalidad de los conceptos
percibidos por los magistrados de las altas cortes, pese a que la disposición utiliza
como parámetro aquello que estos reciben «por todo concepto».
20. En ese sentido, alegó que debían computarse todos los ingresos habituales y
periódicos percibidos por los magistrados de alta corte, con independencia de su
carácter salarial, pues aquellos constituyen el referente establecido por el Decreto
1251 de 2009 para determinar la remuneración de los jueces.
21. La demandante consideró que la forma en la que se liquidaron sus acreencias
laborales desconoció los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, en particular los
principios de igualdad, remuneración proporcional a la cantidad y calidad del trabajo,
irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales, favorabilidad y respeto por la
condición más beneficiosa.
2.2. Contestación de la demanda
22. La Rama Judicial, por intermedio de apoderada, se opuso a las pretensiones de
la demanda2. Sostuvo que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín liquidó y pagó correctamente la remuneración, las prestaciones sociales y
los demás conceptos reconocidos a la demandante, de conformidad con la Ley 4 de
1992, el Decreto 1251 de 2009 y los decretos salariales expedidos anualmente por el
Gobierno nacional. Por esta razón, afirmó que no existe suma alguna pendiente de
pago.
23. Como fundamento de la defensa, señaló que el artículo 150, numeral 19, literales
e) y f), de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992 establecieron el marco para fijar
el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. Explicó que, en desarrollo
de esas disposiciones, el Gobierno nacional expide los decretos que determinan la
remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, por lo que la
administración está sometida al principio de legalidad y no puede modificar los
porcentajes, destinatarios, requisitos o condiciones establecidos en esas normas.
24. Respecto de la prima especial, sostuvo que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
autorizó al Gobierno nacional para establecerla sin carácter salarial y que los decretos
expedidos anualmente dispusieron que correspondía al 30 % del salario básico
mensual. En ese sentido, afirmó que no era procedente incluir dicho porcentaje como
2
Expediente físico, folio 63.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
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factor salarial para reliquidar las prestaciones sociales, pues ello implicaría desconocer
el régimen legal vigente. Agregó que la entidad pagó ese concepto conforme a las
normas aplicables y que las decisiones de nulidad invocadas por la demandante
respecto de algunos decretos salariales no justificaban, en su criterio, el
reconocimiento retroactivo pretendido.
25. En cuanto a la nivelación salarial, explicó que el artículo 3 del Decreto 1251 de
2009 dispuso que la remuneración anual de los jueces municipales equivalía, para
2009, al 34,7 % del 70 % de lo percibido anualmente por los magistrados de las altas
cortes y, a partir de 2010, al 34,9 %. Añadió que la diferencia entre los ingresos anuales
del juez y el porcentaje correspondiente debía reconocerse con cargo al rubro «otros
conceptos de servicios personales autorizados por ley». Con fundamento en los
cálculos efectuados para las vigencias reclamadas, aseguró que la demandante
recibió las sumas correspondientes y que la entidad aplicó correctamente el Decreto
1251 de 2009.
26. Frente a las cesantías, argumentó que no podían incorporarse dentro de los
ingresos anuales de los magistrados de las altas cortes para calcular la nivelación
salarial. Explicó que aquellas constituyen una prestación social destinada a cubrir
contingencias derivadas de la terminación de la relación laboral y no una remuneración
habitual por los servicios prestados. Añadió que la normativa aplicable incluyó
expresamente la prima de navidad para determinados cálculos, pero no hizo lo mismo
con las cesantías, por lo que la expresión «por todo concepto» no podía interpretarse
en el sentido de comprender cualquier ingreso recibido por los magistrados.
27. Finalmente, propuso las excepciones de «ausencia de causa petendi –
inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido», «legalidad de los actos
acusados» y prescripción trienal. Sobre esta última, sostuvo que los derechos
prestacionales prescriben en tres años desde que la obligación se hace exigible y que
el reclamo administrativo interrumpe ese término por un periodo igual. En
consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la demanda y mantener la legalidad
de los actos administrativos cuestionados.
2.3. Audiencia inicial. De la inepta demanda por indebida acumulación de
pretensiones de la prima especial de servicios
28. En la audiencia inicial del 30 de mayo de 20193 en virtud de los argumentos de
defensa expuestos en la contestación de la demanda, se advirtió la existencia de otro
proceso promovido por la demandante, relacionado con la prima especial de servicios,
y que aparentemente estaba sustentado en los mismos hechos y pretensiones, por lo
que se consideró necesario establecer si se configuraba de oficio la excepción de cosa
juzgada o la de pleito pendiente. Por esta razón, suspendió la audiencia y ordenó
solicitar al Consejo de Estado copia de la demanda y de la sentencia proferida en ese
3
Expediente físico, folio 90.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
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proceso, que para entonces se encontraba pendiente de resolver el recurso de
apelación, con el propósito de verificar la identidad de causa, objeto y partes antes de
continuar con la actuación. El expediente fue identificado con el radicado [05001-23-
33-000]-2015-01414 [00/02].
29. Con ocasión del requerimiento efectuado, y una vez allegadas las piezas
procesales, se reanudó el 7 de octubre de 20194 la audiencia inicial. En la continuación
de la diligencia, el Tribunal se concentró en resolver la excepción previa de pleito
pendiente. Así, al comparar ese proceso —2015-01414— con el presente —2016-
00579—, encontró identidad de partes, pero solo identidad parcial de hechos y
pretensiones. En efecto, en ambos asuntos se reclamaban efectos salariales y
prestacionales derivados del 30 % de la prima especial de servicios; sin embargo, en
el presente proceso —2016-00579— también se cuestionó la Resolución
DESAJMR15-4306 del 10 de febrero de 2015, mediante la cual se negó la nivelación
salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009, y se solicitó la reliquidación de las
diferencias salariales y prestacionales correspondientes a los años 2011 a 2015 y
siguientes, con fundamento en el porcentaje de remuneración de los jueces respecto
de los magistrados de alta corte. Por esa ausencia de identidad total de causa y objeto,
el Tribunal declaró no probada la excepción de pleito pendiente.
30. Sin embargo 5 , en atención a la sentencia emitida dentro del proceso —2015-
01414— el Tribunal advirtió de oficio una ineptitud parcial de la demanda por indebida
acumulación de pretensiones porque en una misma demanda se cuestionaron dos
actuaciones administrativas distintas, sustentadas en causas fácticas y jurídicas
diferentes. La primera correspondía a la Resolución DESAJMR15-4307 del 10 de
febrero de 2015 y al acto ficto derivado del recurso de apelación presentado el 26 de
febrero de 2015, relacionados con la reclamación del 30 % de la prima especial de
servicios como factor salarial y prestacional. La segunda comprendía la Resolución
DESAJMR15-4306 del 10 de febrero de 2015 y el acto ficto originado en el recurso de
apelación del 26 de febrero de 2015, mediante los cuales se negó el reconocimiento
de la nivelación salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009 y el pago de las
diferencias salariales y prestacionales reclamadas desde 2011 hasta 2015 y
siguientes. El Tribunal consideró que entre esos dos grupos de pretensiones no existía
identidad de causa ni de objeto, pues provenían de actuaciones autónomas y definían
situaciones fácticas y jurídicas diferentes; por ello, no se cumplía la conexidad
necesaria para su acumulación.
31. En consecuencia, excluyó del proceso las pretensiones relacionadas con el 30 %
de la prima especial de servicios, porque esa controversia ya había sido decidida en
primera instancia mediante sentencia del 19 de octubre de 2018, dentro del proceso
radicado 05001-23-33-000-2015-01414-00, que para entonces se encontraba en
4
Expediente físico, folio 125.
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Expediente físico, folio 132, cd folio 132, archivo «05001233300020160057900 07-10-2019 ACR-CONJUEZ
PARTE 1-2 AUDIO», minuto 00:18:18.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
apelación ante el Consejo de Estado. Dispuso, por tanto, que el proceso continuara
únicamente respecto de la legalidad de la actuación administrativa relacionada con la
nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009.
32. El apoderado de la demandante solicitó aclaración6 de la decisión que declaró la
ineptitud parcial de la demanda por indebida acumulación de pretensiones. Señaló que
las pretensiones relacionadas con la prima especial ya habían sido estudiadas en el
proceso 2015-01414 y, por tanto, pidió precisar que en este asunto únicamente debía
continuarse el trámite respecto de las pretensiones relativas a la nivelación salarial.
33. El Tribunal explicó que la situación advertida también podría analizarse como la
configuración parcial de un pleito pendiente, pues las pretensiones relacionadas con
la prima especial ya eran objeto de otro proceso que se encontraba en trámite ante la
Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. Sin embargo, consideró que, por
razones de economía procesal, no era necesario modificar la denominación empleada
inicialmente —inepta demanda—, toda vez que, en términos prácticos, el efecto sería
el mismo, impedir que el proceso continuara respecto de aquellas pretensiones.
34. Precisó que, al momento de presentar y admitir la demanda, no se había advertido
ninguna circunstancia que impidiera su trámite. Sin embargo, durante el curso del
proceso se conoció que la pretensión relacionada con la prima especial de servicios
también era objeto de otro proceso judicial, que aún se encontraba pendiente de
decisión en segunda instancia. Por esta razón, consideró que se configuró una
ineptitud sobreviniente respecto de esa pretensión. Agregó que la situación también
podía entenderse como la prosperidad parcial del pleito pendiente —más que de la
cosa juzgada, dado que el otro proceso aún se encontraba en segunda instancia— y
señaló que, cualquiera que fuera la denominación utilizada, los efectos prácticos de la
decisión serían los mismos.
35. Conforme a la explicación suministrada por el Tribunal, el apoderado de la parte
actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación7, en los siguientes
términos:
36. Explicó que actuaba como apoderado en dos procesos relacionados con la misma
controversia y que, por un error involuntario, utilizó en esta demanda el formato del
otro proceso, lo que generó una equivocación en los extremos temporales de las
pretensiones. Precisó que, según la petición que dio origen a la actuación
administrativa, la reclamación de este proceso comprendía el periodo entre 1993 y
2007, mientras que el otro proceso se refería al periodo posterior, desde 2006 o 2008
y hasta cuando la funcionaria ocupara el mismo cargo o uno similar.
6
Expediente físico, folio 132, cd folio 132, archivo «05001233300020160057900 07-10-2019 ACR-CONJUEZ
PARTE 1-2 AUDIO», minuto 00:23:00.
7
Expediente físico, folio 132, cd folio 132, archivo «05001233300020160057900 07-10-2019 ACR-CONJUEZ
PARTE 1-2 AUDIO», minuto 00:27:57.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
37. Sostuvo que pretendía corregir esa irregularidad durante la fijación del litigio, con
fundamento en jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual las imprecisiones
de las pretensiones que no fueron advertidas al admitir la demanda podían subsanarse
en la reforma de esta o durante la audiencia inicial. Por ello, afirmó que no debía
configurarse pleito pendiente respecto de la reclamación correspondiente al periodo
anterior y solicitó reconsiderar la decisión. Además, aportó un nuevo poder en el que
precisó el alcance temporal de la reclamación desde 1993 hasta 2005, dado que la
sentencia de primera instancia proferida en el otro proceso comprendía el periodo
iniciado en 2006 en adelante.
38. En virtud de los anteriores argumentos, el Tribunal resolvió lo siguiente8:
frente a la decisión [del] despacho de declarar la ineptitud formal de la demanda. Ha
expresado pues sus motivos de inconformidad en la forma que debe hacerlo, las
causales (…) de apelación de las decisiones que se profieren, no está contemplada la
que hace mención el señor apoderado.
Taxativamente el Código [se desprende que el CPACA] en el artículo 243 dice cuáles
son los autos que son susceptibles de apelación y en este catálogo legal, taxativo, que
todos conocemos, pues no hay un recurso frente a este tipo de decisión. Acudiríamos
al Código General del Proceso y tampoco pues lo encontramos. Ahora sí, encontramos
ajustado a derecho, entra a resolver sobre la reposición que presenta el distinguido
apoderado […] famosa discusión de lo sustancial frente a lo formal, eso a veces de
pronto pues la tendencia que vemos ahora en las decisiones de las altas cortes es a
tratar de flexibilizar un poquito la aplicación de la norma procesal en tanto estén
vinculados derechos como el mínimo vital y cosas que implican ya pues un tratamiento
que podría ya ser de orden constitucional frente al debido proceso si no se tramitan en
la debida forma. Entonces, optamos por reponer la decisión en cuanto al tema de la
prima especial9 y están las partes en libertad pues en el adecuado momento procesal
pues de presentar a consideración del despacho la fórmula que sea pertinente en tanto
ya informalmente el apoderado pues nos ha anunciado que sustentará en la fijación del
litigio su posición frente al tema y así se hará, se le dará la oportunidad de hacerlo de
manera que repuesta a la decisión se pone en conocimiento de las partes por estrados.
[La parte demandante] conforme con su decisión honorable con juez. [Rama judicial]
conforme su señoría.
39. Conviene precisar que, aunque en el acta de la audiencia inicial se consignó que
se dio trámite al recurso de apelación y que este fue concedido, lo cierto es que a la
impugnación formulada por la parte demandante se le impartió el trámite propio del
recurso de reposición. Como se explicó en precedencia, sus argumentos prosperaron
y, en consecuencia, se dispuso continuar el proceso respecto de las pretensiones
relacionadas con la prima especial de servicios, como se advierte del contenido de la
videograbación. Por tanto, el acta reflejó de manera errónea el trámite efectivamente
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Expediente físico, folio 132, cd folio 132, archivo «05001233300020160057900 07-10-2019 ACR-CONJUEZ
PARTE 2-2», minuto 00:00:24.
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Expediente físico, folio 132, cd folio 132, archivo «05001233300020160057900 07-10-2019 ACR-CONJUEZ
PARTE 2-2», minuto 00:03:28.
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Demandado: Nación, Rama Judicial
surtido en la audiencia, pues allí se indicó:
Estando debidamente sustentado el recurso de apelación presentado por EL
APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE frente a la decisión de declarar de oficio
la INEPTITUD PARCIAL DE LA DEMANDA y surtido el trámite previsto en el artículo
244 numeral 1 del CPACA, se CONCEDE EN EL EFECTO SUSPENSIVO EL
RECURSO DE APELACIÓN presentado por EL APODERADO DE LA PARTE
DEMANDANTE.
En consecuencia, por la Secretaría General de la Corporación, se ordena la remisión
del expediente a la Sección Segunda del Consejo de Estado, para lo de su
competencia.
40. Por las razones expuestas, debe entenderse que las decisiones efectivamente
adoptadas en la audiencia inicial corresponden a las consignadas en la
videograbación, toda vez que permite directamente constatar las determinaciones
adoptadas y sus fundamentos; mientras que el acta corresponde a un resumen de los
principales aspectos de la diligencia, documento que, como se expuso, incurrió en
varias imprecisiones en este caso, entre las que se encuentra indicar que el auto que
declaró la ineptitud de la demanda se mantuvo incólume y que respecto de él se
concedió el recurso de apelación, actuaciones que no tuvieron lugar en la audiencia
inicial
41. Precisado lo anterior, se estima pertinente destacar algunos aspectos de la etapa
de fijación del litigio de cara a la resolución del problema jurídico que se abordará en
esta instancia. Así, el Tribunal dispuso10 la aludida fijación en los siguientes términos:
Fijamos el litigio de la siguiente manera. El problema jurídico principal que va a resolver
el tribunal en el momento de emitir sentencia de fondo consiste en establecer sobre la
declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos: Resolución 406 de 10
de febrero de 2015, mediante la cual se negó una petición de reconocimiento de la
nivelación salarial dispuesta en el Decreto 1251 y el pago de lo que la actora dejó de
percibir durante los años 2010 al 2015 y siguientes a este acto ficto producto del recurso
de la apelación interpuesto el día «20 de febrero de 2015» en contra de la anterior
resolución.
Igualmente deberá determinarse si es procedente en aplicar el artículo cuarto del
decreto 1251 de 2009 y todavía aquella norma que no ordena dar cumplimiento estricto
a los artículos 1, 2 y 3 del dicho decreto. Igualmente deberá determinar el tribunal si
resulta procedente de acceder a la pretensión consecuencial invocada por la parte
demandante en los siguientes términos: ordenar la reliquidación de lo dejado de vengar
por la demandante por concepto de salario, prestaciones sociales, cesantías y demás
conceptos. Se agrega11 entonces, de acuerdo a la decisión que se acaba de reponer,
que también será objeto de decisión lo relativo a la prima especial de servicios en la
10
Expediente físico, folio 132, cd folio 132, archivo «05001233300020160057900 07-10-2019 ACR-CONJUEZ
PARTE 2-2», minuto 00:06:05.
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Expediente físico, folio 132, cd folio 132, archivo «05001233300020160057900 07-10-2019 ACR-CONJUEZ
PARTE 2-2», minuto 00:07:28.
10
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
forma tal como se presenta en la demanda con las aclaraciones que a bien tengan
hacer las partes sobre el tema en esta etapa.(Destaca la Sala)
42. Concedida la palabra al apoderado de la parte demandante12, solicitó adicionar la
fijación del litigio para precisar el extremo temporal de las pretensiones relacionadas
con la prima especial de servicios. Explicó que, por un error involuntario en el formato
de la demanda, se indicó que el restablecimiento del derecho se reclamaba desde
2011, cuando la actuación administrativa previa comprendía periodos anteriores. En
consecuencia, pidió corregir ese extremo temporal y señaló que la reclamación debía
entenderse formulada desde 1993 hasta 2005.
43. En consonancia a lo anterior, el Tribunal13 negó la solicitud de modificar la fijación
del litigio, al considerar que en esa etapa no era posible corregir las pretensiones de
la demanda con fundamento en un error del demandante, pues existió una oportunidad
procesal para reformarla que no fue utilizada. Precisó que el contradictorio se integró
y contestó con base en el libelo inicial, por lo que la sentencia debía pronunciarse sobre
la nivelación salarial y la prima especial de servicios en los términos y extremos
temporales allí formulados.
44. La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación
contra la decisión de excluir de la fijación del litigio la reclamación de la prima especial
correspondiente al período 1993-2007. Sostuvo que el señalamiento del año 2011 en
la demanda obedeció a un error involuntario susceptible de corrección, pues desde la
petición administrativa del 29 de enero de 2015, la Resolución DESAJMR 15-4307 del
10 de febrero de 2015 y el recurso administrativo se reclamaron esos derechos por el
período 1993-2007. Por ello, solicitó ajustar la fijación del litigio a ese alcance temporal
y, subsidiariamente, conceder la apelación. En virtud de lo anterior, el Tribunal resolvió
lo siguiente:
procede el despacho a resolver el recurso de reposición presentado por el doctor Carlos
Fernando con relación a la fijación del litigio. El despacho se reitera en su posición […] y
argumenta la sentencia que está citando y que trae a colación el señor apoderado, todas
hablan de irregularidades procesales que puedan generar una nulidad o que puedan
generar que no permitan que el proceso siga adelante, por un error en la demanda, por
una incoherencia entre la forma como se agotó la vía gubernativa, la forma como se
presentó el libelo, no puede el despacho entrar a acceder a que en la fijación del litigio se
incluya lo que no se incluyó en la demanda inicial, por cualquier razón que sea no lo
permite el juez. No es una irregularidad de aquellas que puedan generar un colapso en el
proceso, de manera que el despacho se mantiene en su decisión de fijar el litigio de
acuerdo a la demanda inicial, tal como se presentó, tal como se presentó en la demanda
inicial.
12
Expediente físico, folio 132, cd folio 132, archivo «05001233300020160057900 07-10-2019 ACR-CONJUEZ
PARTE 2-2», minuto 00:08:11.
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Expediente físico, folio 132, cd folio 132, archivo «05001233300020160057900 07-10-2019 ACR-CONJUEZ
PARTE 2-2», minuto 00:11:22.
11
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
No se utilizó, se reitera el despacho, la oportunidad de enmendar esos errores. Ya aquí
ya está integrado un contradictorio, ya aquí hay un pronunciamiento de la entidad
demandada sobre lo que se pidió inicialmente.
Entonces esperemos saber, en el buen sentido, en el ejercicio ya de la buena crítica, de
la valoración de la situación concreta, qué manejo le damos en la sentencia al tema. Usted
nos está haciendo una salvedad, pero no podemos enmendar ese error. Y en cuanto a la
apelación, el auto que fija el litigio no es susceptible de recurso de apelación, quedaría
entonces abierta la posibilidad de una queja. Ya esa es su decisión, doctor. Esa es la
decisión del despacho y la comunicamos pues por estrados.
45. Frente a la anterior decisión, los apoderados de las partes manifestaron su
conformidad; en particular, el apoderado de la parte actora expresó estar de acuerdo
con lo resuelto14.
46. A partir de lo expuesto, la Sala precisa que: (a) existe una inconsistencia entre el
acta de la audiencia y su registro audiovisual, pues en aquella se consignó que el
Tribunal declaró la ineptitud parcial de la demanda por indebida acumulación de
pretensiones, dio por terminado el proceso respecto de la prima especial de servicios
y concedió el recurso de apelación contra esa decisión; sin embargo, revisado el
registro audiovisual de la diligencia, se advierte que (b) la decisión que declaró la
ineptitud de la demanda respecto de dicha pretensión fue objeto de recurso de
reposición y, por tanto, no quedó en firme; (c) el Tribunal repuso esa determinación y
dispuso continuar el trámite del proceso respecto de la prima especial de servicios; (d)
de acuerdo con la fijación del litigio, el alcance temporal de esta pretensión quedó
circunscrito a los períodos comprendidos desde 2011 en adelante; y (e) las partes así
fijaron tal litigio.
47. Todas estas precisiones resultan pertinentes para comprender los razonamientos
expuestos en la sentencia de primera instancia respecto de la ineptitud de la demanda,
esta vez sustentada en el «indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la
reclamación administrativa previa»; examinar los reparos formulados por la parte
demandante en el recurso de apelación frente a dicha determinación; y esclarecer
algunas inconsistencias procesales que podrían generar confusión al abordar el
estudio del caso concreto.
2.4. Sentencia de primera instancia
48. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, mediante sentencia del
28 de noviembre de 202415, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas.
14
[Transcripción apoderado parte actora, minuto :00:24:25]: «Conforme con su decisión, señor juez».
15
Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 05001233300020160057900, índice 49, actuación
«Sentencia».
12
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
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49. Como fundamento de la decisión, el Tribunal consideró que no podía
pronunciarse de fondo sobre las pretensiones relacionadas con la prima especial de
servicios, porque estas no guardaban correspondencia temporal con la reclamación
formulada en sede administrativa. En cuanto a la nivelación salarial prevista en el
Decreto 1251 de 2009, concluyó que la demandante no tenía derecho al pago de
diferencias adicionales, pues, al comparar la totalidad de los ingresos anuales del juez
municipal con el porcentaje correspondiente de lo percibido por un magistrado de alta
corte, incluidos el auxilio de cesantías y sus intereses, verificó que la remuneración
satisfecha se ajustó a los parámetros normativos.
50. En lo que respecta a las pretensiones de la prima especial de servicios, el a quo16
tuvo por probado que la demandante había reclamado administrativamente el 4 de
febrero de 2015 su reconocimiento como incremento de la remuneración y la
reliquidación de salarios y prestaciones respecto del periodo comprendido entre 1993
y 2007. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial negó la solicitud
mediante la Resolución DESAJMR15-4307 del 10 de febrero de 2015, decisión contra
la cual se interpuso recurso de apelación, sin que obrara constancia de su resolución.
También se acreditó que la servidora estuvo vinculada a la Rama Judicial entre el 1.º
de enero de 1993 y el 31 de octubre de 2016, en cargos de juez municipal y juez del
circuito.
51. A partir de las anteriores circunstancias, el Tribunal declaró de oficio la excepción
de inepta demanda. Explicó que la demanda solicitó el reconocimiento de la aludida
prima y la reliquidación prestacional desde 2011 en adelante, mientras que la
reclamación administrativa se había referido a un período distinto, del 1993 a 2007.
Precisó que, aunque el apoderado intentó precisar en la audiencia inicial que
realmente pretendía reclamar lo causado desde 1993 hasta 2005, estimó que la
oportunidad para reformar la demanda prevista en el artículo 173 del CPACA había
vencido y que admitir esa modificación habría afectado el derecho de contradicción de
la entidad demandada. Por ello, consideró incumplido el requisito de reclamación
administrativa previa respecto de las pretensiones efectivamente formuladas en la
demanda y se inhibió de resolverlas de fondo.
52. Ahora bien, frente a las pretensiones de la nivelación salarial, la prueba
documental acreditó que la demandante solicitó el 4 de febrero de 2015 la reliquidación
de su remuneración como juez penal municipal para los años 2011 a 2014 y que la
entidad negó la petición mediante la Resolución DESAJMR15-4306 del 10 de febrero
de 2015. El Tribunal interpretó que el Decreto 1251 de 2009 había establecido una
comparación anual, y no mensual, pues tomó como referente todo lo percibido durante
cada vigencia por un magistrado de alta corte. Asimismo, concluyó que la expresión
«por todo concepto» comprendía las cesantías y sus intereses, ya que la norma no
distinguió entre factores salariales y prestacionales. Para efectuar la comparación,
16
Según el diccionario Panhispánico del Español Jurídico (https://dpej.rae.es/), significa: «Dicho del juez o tribunal
autor de la resolución: Que se recurre ante otro tribunal superior o ad quem».
13
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
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utilizó los valores certificados por la administración y, respecto de las cesantías del
juez municipal, estimó una suma equivalente a un mes de asignación básica por año
de servicio, más el 12 % correspondiente a intereses.
53. A partir de ese ejercicio, determinó que en 2011 el 34,9 % del 70 % de los
ingresos del magistrado de alta corte, incluidas cesantías e intereses, ascendía a
$75.681.485, mientras que los ingresos estimados del juez municipal, incorporados
esos mismos conceptos, alcanzaban $76.555.352. Para 2012, los valores fueron de
$79.465.559 y $80.383.130, respectivamente. Concluyó, por tanto, que la inclusión de
las cesantías en la base de comparación no generaba una diferencia a favor de la
demandante, pues ese mismo concepto debía incorporarse en sus ingresos anuales.
54. Además, señaló que desde 2013 la bonificación judicial creada por el Decreto
383 de ese año incrementó su remuneración y resultó más beneficiosa que la
nivelación pretendida. Tampoco encontró prueba de que los ingresos anuales de los
magistrados de alta corte utilizados para efectuar la comparación hubieran sido
liquidados incorrectamente. En consecuencia, negó las pretensiones relativas a la
nivelación salarial.
55. Finalmente, el Tribunal se abstuvo de condenar en costas. Aplicó el artículo 188
del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y sostuvo que no se encontraban
acreditadas las condiciones legales requeridas para su imposición.
2.5. Recurso de apelación
56. La parte demandante, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de
apelación 17 con el propósito de que se revocara la sentencia y, en su lugar, se
accediera a las pretensiones de la demanda. Como primer reparo, sostuvo que el
Tribunal declaró indebidamente la ineptitud de la demanda respecto de la prima
especial de servicios, pues desconoció que, durante la audiencia inicial, se resolvió
favorablemente el recurso de reposición formulado contra esa determinación y se
precisó que la controversia continuaría respecto del restablecimiento reclamado por
dicho concepto para el periodo comprendido entre 1993 y 2007. Por ello, consideró
que correspondía decidir la legalidad de la Resolución DESAJMR 15-4307 del 10 de
febrero de 2015 y del acto ficto derivado del recurso de apelación formulado contra
aquella.
57. En cuanto a la prescripción de los derechos derivados de la prima especial de
servicios, afirmó que el término no podía contabilizarse desde la expedición de los
decretos salariales que limitaron sus efectos prestacionales. A su juicio, la sentencia
del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014, que declaró la nulidad de esas
17
Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 05001233300020160057900, índice 51, actuación «
RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «16_MemorialWeb_Recurso-APELACIONPRIMA1993(.pdf)
NroActua 51».
14
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
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disposiciones, tuvo efectos ex tunc 18 y permitió reclamar retroactivamente las
diferencias salariales y prestacionales. Por esta razón, sostuvo que el derecho solo se
hizo exigible con la ejecutoria de dicha providencia y que la reclamación administrativa
presentada el 12 de noviembre de 2014 interrumpió oportunamente la prescripción.
Con apoyo en diferentes decisiones del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, cuestionó la aplicación de la sentencia de unificación del 2 de
septiembre de 2019, según la cual la prima especial era exigible desde 1993.
58. Frente a la nivelación salarial, alegó que el Tribunal interpretó equivocadamente
el Decreto 1251 de 2009 al comparar los ingresos anuales de los magistrados de las
altas cortes con los percibidos anualmente por la demandante como juez municipal.
Explicó que la norma utilizó lo devengado anualmente por un magistrado de alta corte
únicamente como parámetro para determinar la remuneración del juez municipal. Por
ello, consideró que debía tomarse el total anual percibido por aquel, calcular el 70 %,
aplicar sobre este resultado el 34,9 % previsto para los jueces municipales y dividir la
suma obtenida entre doce para establecer la remuneración mensual correspondiente.
59. Con fundamento en esa operación, señaló que para 2010 el ingreso anual del
magistrado de alta corte ascendía a $300.270.566 y su 70 % a $210.189.396; al aplicar
el 34,9 % y dividir el resultado entre doce, obtuvo una remuneración mensual de
$6.113.008. Con el mismo procedimiento calculó $6.306.790 para 2011 y $6.622.129
para 2012. Contrastó esos valores con las sumas acreditadas como sueldo mensual y
prima especial para afirmar que la demandante recibió una remuneración inferior a la
prevista en el Decreto 1251 de 2009 y que, por tanto, existían diferencias salariales
pendientes de reconocimiento.
60. También sostuvo que las cesantías y sus intereses debían formar parte de lo
percibido anualmente por los magistrados de las altas cortes, pero rechazó que esos
mismos conceptos debieran adicionarse a los ingresos anuales de la juez para efectuar
una comparación entre ambos cargos. Insistió en que el Decreto 1251 de 2009 no
estableció una equivalencia entre remuneraciones anuales, sino una fórmula para
determinar la remuneración mensual de los jueces. Como respaldo de esta
interpretación, citó decisiones del Tribunal Administrativo de Antioquia que, según
afirmó, reconocieron la nivelación salarial prevista en esa norma con inclusión de las
cesantías dentro de la base correspondiente a los magistrados de alta corte.
61. Finalmente, afirmó que la expedición del Decreto 383 de 2013 no impedía
reconocer la nivelación salarial desde ese año, porque dicho decreto no derogó el
Decreto 1251 de 2009 y reguló un concepto distinto. Explicó que la bonificación judicial
incrementó la remuneración de los funcionarios judiciales, mientras que el Decreto
1251 de 2009 estableció un parámetro permanente de nivelación salarial. En
18
Según el diccionario Panhispánico del Español Jurídico (https://dpej.rae.es/), significa: «Desde el inicio, desde
entonces. Expresión que se utiliza para determinar el tiempo que comprende la eficacia de determinadas normas,
actos o contratos».
15
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
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consecuencia, solicitó reconocer las diferencias causadas desde 2009 y mientras la
demandante continuara desempeñando el mismo cargo o uno similar, acceder a las
demás pretensiones relacionadas con la prima especial y condenar en costas a la
entidad demandada en ambas instancias.
2.6. Trámite procesal en segunda instancia
62. Asignado por reparto el proceso de la referencia, esta corporación dictó auto el 31
de julio de 2025 19, en el que admitió el recurso de apelación de la demandante y
prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El Ministerio Público no emitió concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
63. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
64. Según lo expuesto en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera
instancia, que negó las pretensiones de la demanda, corresponde resolver lo siguiente:
(a) En relación con la pretensión de la prima especial de servicios, la Sala determinará
si:
65. ¿Era procedente declarar probada la excepción de ineptitud de la demanda
respecto de las pretensiones relacionadas con la prima especial de servicios, por
considerar indebidamente agotado el requisito de procedibilidad de la reclamación
administrativa previa frente al periodo reclamado en la demanda?
66.¿Operó el fenómeno jurídico de la prescripción respecto de derecho a la prima
especial de servicios, en virtud de los argumentos expuestos en la apelación?
(b) Por otra parte, frente a la pretensión de nivelación salarial se determinará:
67. ¿Es procedente reconocer y pagar a la demandante, en su condición de juez
municipal, las diferencias salariales y prestacionales previstas en el artículo 3 del
Decreto 1251 de 2009, para lo cual debe establecerse si su remuneración mensual se
calculaba sobre el total anual percibido por un magistrado de alta corte —incluidas las
19
Samai, índice 5.
16
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
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cesantías—, aplicando sucesivamente el 70 % y el 34,9 % y dividiendo el resultado
entre doce, o si correspondía comparar la totalidad de los ingresos anuales percibidos
en ambos cargos?
68. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados se abordarán los
siguientes aspectos: de la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009, hechos
probados y caso concreto.
3.3. De la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009. Reiteración
jurisprudencial
69. La Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios establecieron un sistema de
nivelación que vincula la remuneración de determinados funcionarios judiciales con los
ingresos de los magistrados de las altas cortes y, a su vez, estos últimos con los de
los congresistas. En desarrollo de ese esquema, los decretos 3901 de 2008 y 707 de
2009 fijaron, para 2009, la remuneración anual por todo concepto de los jueces
penales del circuito especializados, jueces del circuito y jueces municipales en el 47,7
%, 43 % y 34,7 %, respectivamente, del valor correspondiente al 70 % de lo percibido
anualmente, por todo concepto, por un magistrado de alta corte; a partir de 2010, tales
porcentajes quedaron establecidos, con carácter permanente, en 47,9 %, 43,2 % y
34,9 %, regla que fue reiterada por el Decreto 1251 de 2009.
70. A su vez, el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 dispuso que los magistrados de las
altas cortes tienen derecho a una prima especial de servicios que, sumada a sus
demás ingresos laborales, iguale —sin superarlos— los percibidos por los miembros
del Congreso; previsión desarrollada por el Decreto 10 de 1993, según el cual dicha
prima corresponde a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales de unos
y otros, entendiendo dentro de los ingresos de los congresistas los de carácter
permanente. De esta manera, la remuneración de los funcionarios comprendidos en el
Decreto 1251 de 2009 se determina a partir de una cadena de referencia: los ingresos
de los congresistas integran la base de comparación de los magistrados de alta corte
y lo percibido por estos constituye, a su turno, el parámetro para calcular los
porcentajes reconocidos a jueces y fiscales.
71. Como ha precisado la Subsección, la expresión «ingresos laborales totales
anuales» comprende todo lo percibido con ocasión de la relación laboral, sin distinción
entre salario y prestaciones sociales. Así lo sostuvo la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda en sentencia del 4 de mayo de 200920, al señalar que los ingresos totales
anuales de los magistrados de alta corte deben corresponder a los de los congresistas
y que para establecerlos deben considerarse tanto componentes salariales como
prestacionales. Posteriormente, en sentencia del 18 de mayo de 201621, esa misma
20
Proceso 250002325000200405209 02 (0552-07) M.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez
21
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso.
250002325000201000246-02, (0845)
17
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
Sección precisó que las cesantías constituyen un ingreso laboral anual permanente y,
por ello, deben incluirse en la liquidación de la prima especial de servicios —cuyo
carácter salarial limitado fue reconocido por la Corte Constitucional en la sentencia C-
681 de 2003— y en la determinación de la bonificación por compensación.
72. Esta comprensión fue reiterada en sentencia del 3 de diciembre de 202422, en la
que se concluyó específicamente que la base de referencia prevista en el Decreto 1251
de 2009 debe incorporar los pagos que el Estado efectúa a los congresistas por
concepto de cesantías. En consecuencia, al establecer la nivelación de los jueces
penales del circuito especializados, jueces del circuito y municipales —en los
porcentajes previstos en el anterior decreto— debe partirse del 70 % de la totalidad de
los ingresos laborales anuales computables del magistrado de alta corte, determinados
conforme al referente de los congresistas, incluida la incidencia de las cesantías, sin
desconocer los porcentajes mínimos previstos reglamentariamente ni el principio de
progresividad de los derechos laborales23.
3.4. Hechos probados
73. Obra certificación del 29 de octubre de 2019 24 , proferida por el director
administrativo de la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, según la cual la señora Martha Gloria Isaza
Álvarez desempeñó en el cargo de juez, en los siguientes periodos:
Estado
Cargo Despacho Fecha [inicial] Fecha [final]
funcionario
JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL
JUEZ MUNICIPAL 00 PROPIEDAD 01/01/1993 15/10/1993
DE GUATAPÉ
JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL DE
JUEZ MUNICIPAL 00 PROPIEDAD 16/10/1993 19/05/1998
BARBOSA
JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL DE
JUEZ MUNICIPAL 00 PROPIEDAD 20/05/1998 31/10/2003
BARBOSA
JUZGADO 016 PENAL DEL CIRCUITO DE
JUEZ CIRCUITO 00 PROVISIONALIDAD 01/11/2003 31/03/2004
MEDELLÍN
JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL DE
JUEZ MUNICIPAL 00 PROPIEDAD 01/04/2004 31/07/2004
BARBOSA
JUZGADO 016 PENAL DEL CIRCUITO DE
JUEZ CIRCUITO 00 PROVISIONALIDAD 01/08/2004 31/08/2004
MEDELLÍN
JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL DE
JUEZ MUNICIPAL 00 PROPIEDAD 01/09/2004 31/12/2005
BARBOSA
JUZGADO 002 PROMISCUO MUNICIPAL
JUEZ MUNICIPAL 00 PROVISIONALIDAD 01/01/2006 03/07/2006
CONTROL DE GARANTÍAS DE BARBOSA
JUZGADO 024 PENAL MUNICIPAL CON
JUEZ MUNICIPAL 00 PROPIEDAD FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS 04/07/2006 31/10/2016
DE MEDELLÍN
Tabla 1. Relación cargos desempeñados por la demandante.
74.Mediante constancia del 23 de octubre de 2019 25 , el coordinador de Asuntos
Laborales de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia
22
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 3 de diciembre de 2024, proceso 25000-
23-42-000-2015-00244-02 (6490-2019) CP Héctor Santaella Quintero
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de julio de 2026, rad. 76001-23-33-000-
2013-01261-02 (6182-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
24
Expediente físico, folio 36.
25
Expediente físico, folio 137.
18
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
certificó los cargos desempeñados por Martha Gloria Isaza Álvarez, así como los
pagos y descuentos efectuados por nómina durante los años 2011 a 2016.
75.A través del certificado expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, del 23 de octubre de 201926, se acreditaron las
cesantías devengadas por la señora Martha Gloria Isaza Álvarez en los cargos que
desempeñó en la entidad desde el año 2000 hasta 2016.
76. Según el contenido de la Resolución núm. DESAJMR15-4307 del 10 de febrero de
2015 27, la parte actora presentó petición el [4] de febrero de 2015 ante la entidad
demandada, para obtener el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales derivadas del debido reconocimiento de la prima especial de servicios,
así:
1. Se ordene el reconocimiento y pago efectivo del 30% del salario y prestaciones
sociales cesantías y aporte a pensión en un 30% que me puedan corresponder en
calidad de Juez de la República durante los años 1993 a 2007 inclusive conforme a lo
ordenado en la sentencia del Consejo de Estado y a la más reciente dictada en tal
sentido, (C.E. Secc. 2° M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz, de 29 de Abril de 2014,
expediente No 110010325000200700087-00, actor, Pablo C. Cáceres Corrales), se
declaró la nulidad de los artículos que contienen los decretos expedidos en atención al
artículo 14 de la ley 4ª de 1992, con vigencia en este caso desde 1993 inclusive, y que
se registren a favor del Doctor(a) Martha Gloria María Isaza Álvarez.
2. En consecuencia, se ordene el pago del monto total asignado legalmente, de la parte
del salario, al igual que se reliquiden las prestaciones sociales sobre la base del 100%
como factor salarial, junto con los intereses e indexación que dichos valores han
alcanzado por corresponder a salarios y prestaciones dejados de recibir por haberse
cancelado parcialmente, durante los años 1993 a 2007 inclusive.
3. Se reconozca personería para actuar en mi nombre con las facultades conferidas, al
abogado, CARLOS FERNANDO SANCHEZ TABORDA.(Destaca la Sala)
77. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia, mediante
la Resolución núm. DESAJMR15-4307 del 10 de febrero de 2015, negó la petición
presentada por la accionante, al afirmar que la remuneración se realizó conforme a la
normativa aplicable.
78. Por otro lado, de la Resolución núm. DESAJMR15-4306 del 10 de febrero de
201528, se desprende que la parte actora presentó igualmente petición el 4 de febrero
de 2015 ante la entidad demandada, para obtener el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales y prestacionales en los términos del Decreto 1251 de 2009, así:
3. En los términos del decreto 1251 de 2009, conforme a las certificaciones que se expidan
en los numerales anteriores, se calcule el 34.9% (para Juez con categoría Municipal) y/o
26
Expediente físico, folio 147.
27
Expediente físico, folio 25.
28
Expediente físico, folio 31.
19
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Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
el 43.2% (para Juez con categoría Circuito), sobre la base del 70% de lo que por todo
concepto perciba un magistrado de alta Corte.
4. Se certifique el valor que percibió efectivamente por todo concepto anual, de manera
detallada, el (la) Dr. (a). Martha Gloria María Isa[z]a Álvarez, en su calidad de Juez 24
Penal Municipal de Medellín en cargos ejercidos durante los últimos años 2011, 2012,
2013 y 2014.
5. Del ejercicio anterior, de resultar saldos a favor, entre lo que debió percibir en la forma
certificada en el numeral 2 de esta petición y lo efectivamente percibido por todo concepto
de remuneración anual, (numeral 4° de esta petición) el (la) Dr. (a). Martha Gloria María
Isa[z]a Alvarez, en su calidad de Juez 24 Penal Municipal de Medellín en cargos ejercidos
durante los últimos años 2011, 2012, 2013 y 2014; se ordene la reliquidación y pago
efectivo a favor el cual se incluya todos los saldos dejados de percibir, y se extiendan
dichos montos a la reliquidación de todas sus prestaciones sociales legales y extralegales,
que efectivamente debió percibir el (la) peticionaria.
6. Teniendo en cuenta la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y que por razones de equidad,
el porcentaje a reconocer en la escala salarial de los jueces y empleados de la Rama
Judicial, corresponderá al 80% de lo devengado por el superior jerárquico, en atención al
decreto 610 de 1998, se ordene dicha reliquidación solicitada en el numeral 3° y 5° de
esta petición, no en un 70% sino en un 80%.(Sic para la cita)
79. Conforme a lo anterior, mediante la Resolución núm. DESAJMR15-4306 del 10 de
febrero de 2015, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Antioquia negó la petición presentada por la accionante, al considerar que la
remuneración se realizó en los términos del Decreto 1251 de 2009.
80.Inconforme con las decisiones contenidas en las resoluciones DESAJMR15-4306
y DESAJMR15-4307, el 26 de febrero de 2015 la peticionaria interpuso recursos de
apelación contra ambos actos administrativos. La entidad demandada no resolvió
aquellos, por lo que se configuraron actos fictos negativos derivados del silencio
administrativo.
3.5. Caso concreto
3.5.1. Del derecho al pago de la prima especial de servicios
81. Respecto de la prima especial de servicios, la Sala recuerda que en la demanda
se solicitó su reconocimiento a partir de 2011 y que la sentencia de primera instancia
declaró de oficio la «excepción de inepta demanda respecto a las pretensiones
relacionadas con la prima especial (primera y cuarta), por indebido agotamiento del
requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa previa» y, por ello, se
inhibió de resolverlas de fondo. La parte demandante apeló esta decisión, al considerar
que el Tribunal desconoció que, en la audiencia inicial, se resolvió favorablemente el
recurso de reposición y se precisó que la controversia continuaría respecto de la prima
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
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Demandado: Nación, Rama Judicial
especial reclamada entre 1993 y 2007. En consecuencia, sostuvo que debía estudiarse
la legalidad de la Resolución DESAJMR 15-4307 del 10 de febrero de 2015 y del acto
ficto derivado del recurso de apelación interpuesto contra esta.
82. Para resolver este reparo, resultan pertinentes las precisiones efectuadas en el
acápite «2.3». Ello, porque la demandante sostuvo, como fundamento principal de su
apelación, que en la audiencia inicial se había resuelto la excepción de inepta
demanda. Sin embargo, como se explicó en el acápite referido, esa apreciación no
corresponde con lo decidido en dicha diligencia. Lo anterior, debido a que el medio
exceptivo estudiado en esta etapa inicial del proceso consistió en la excepción de
ineptitud parcial de la demanda «por indebida acumulación de pretensiones», cuando
la formulada en la sentencia fue «por indebido agotamiento del requisito de
procedibilidad de la reclamación administrativa previa».
83. Sobre la primera de estas excepciones, conviene precisar que, aunque fue
denominada «indebida acumulación de pretensiones», materialmente el Tribunal
examinó presupuestos propios de la cosa juzgada o del pleito pendiente —así fue
precisado inclusive por el mismo Tribunal en su sustentación—, pues en un primer
momento declaró probada la excepción por la existencia de otro medio de control en
el que también se reclamaba el reconocimiento de la prima especial de servicios.
84. Se precisa que la anterior excepción se declaró en un primer momento, porque en
la audiencia inicial el juez de primera instancia revocó su decisión, como consecuencia
del recurso de reposición que presentó la parte demandante, y determinó que las
pretensiones relativas a la prima especial de servicios se analizarían, pero en los
términos expuestos en la demanda, es decir, frente a las diferencias causadas desde
el año 2011 en adelante.
85. En contraste, la excepción declarada probada en la sentencia se fundó en el
indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa
previa, es decir, por una circunstancia diferente a la analizada en la audiencia inicial.
Por ello, no son de recibo los argumentos de la apelación según los cuales ese asunto
ya había sido resuelto durante el trámite del proceso.
86. En efecto, como se explicó, la excepción examinada en la audiencia inicial fue la
de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, decisión que
posteriormente fue revocada por el Tribunal y, en consecuencia, se continuó el trámite
de la pretensión relativa a la prima especial. Sin embargo, su alcance temporal fue
precisado en la etapa de fijación del litigio, donde se concluyó que la controversia
versaba respecto del periodo de 2011 en adelante, esto es, en los términos de la
pretensión inicialmente formulada.
87. Así, aunque la argumentación de la apelación sobre este punto se concentró,
esencialmente, en sostener que la cuestión ya había sido resuelta en la audiencia
inicial, la Sala verificará si, en efecto, se configuró la ineptitud de la demanda por
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indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa
previa.
88. Como se explicó, al reponerse la decisión que había declarado la ineptitud de la
demanda por indebida acumulación de pretensiones, se dispuso continuar el trámite
respecto de las pretensiones relacionadas con la prima especial de servicios. No
obstante, al fijarse el litigio, y atendidas las particularidades del caso y las reglas
procesales aplicables, el alcance temporal de dicha pretensión quedó circunscrito a
los términos de la demanda, que hizo alusión a los períodos causados a partir de 2011,
decisión respecto de la cual la parte demandante manifestó estar de acuerdo.
89. En consecuencia, una vez delimitada la controversia al reconocimiento de la prima
especial de servicios a partir de 2011, el Tribunal en la sentencia impugnada concluyó
que la reclamación administrativa previa, referida a los períodos comprendidos entre
1993 y 2007, no satisfacía el requisito de procedibilidad respecto de las pretensiones
formuladas en la demanda para períodos posteriores. En ese sentido, le asiste razón
al a quo, pues la reclamación presentada ante la administración no guarda
correspondencia con el alcance temporal de las pretensiones finalmente sometidas a
conocimiento de la jurisdicción, en la medida en que aquella no comprendió el período
reclamado a partir de 2011.
90. En todo caso, la Sala precisa que no se trata de un simple error mecanográfico.
En efecto, las pretensiones, los hechos, la estimación de la cuantía y la conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación aluden al reconocimiento de la
prima especial de servicios a partir de 2011. Inclusive, las pruebas aportadas para
acreditar la remuneración de la demandante corresponden a períodos posteriores a
ese año [2011]. Además, frente a la alegada inconsistencia entre los períodos de 1993
a 2007 y de 2011 en adelante, el Tribunal aclaró expresamente, durante la fijación del
litigio en la audiencia inicial, que el período objeto de controversia sería el comprendido
a partir de 2011. Esta determinación quedó en firme dentro de dicha actuación
procesal.
91. Asimismo, no pasa inadvertido para la Sala que, durante la audiencia inicial, se
advirtió la existencia del proceso radicado 05001-23-33-000-2015-01414-00/02 (2286-
2019), en el cual la ahora demandante solicitó el reconocimiento de la prima especial
de servicios «desde el año 2006 hasta la fecha en que efectivamente se siga ocupando
el cargo o similar, teniendo en cuenta que a la presentación de esta demanda abril de
2015, mi representada, ocupa el cargo de Juez 24 Penal Municipal de Medellín».
Surtidas las etapas procesales correspondientes en aquel expediente —incluidas la
sentencia de primera instancia y su apelación—, mediante fallo del 6 de febrero de
202429 se dispuso lo siguiente:
SEGUNDO: ESTARSE a lo dispuesto en la Sentencia de Unificación Jurisprudencial
29
Ver aplicativo Samai, expediente digital, proceso 05001233300020150141402, índice 39, actuación «sentencia».
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del 02 de septiembre de 2019, radicado 41001233300020160004102 (N. I. 2204-2018),
proferida por la Sección Segunda, Sala de Conjueces, de esta Corporación, de
conformidad con lo expuesto en esta providencia.
TERCERO: REVOCAR parcialmente el numeral TERCERO30 de la parte resolutiva
de la sentencia de primera instancia, en el sentido de que la prima especial de servicios
no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales. Así mismo, se deberá reliquidar y pagar los salarios y prestaciones sociales
a partir del 12 de julio de 2010 y hasta la fecha en que permanezca en el cargo,
debido a la prescripción trienal.
CUARTO: ADICIONAR la sentencia apelada en el sentido de ORDENAR realizar los
descuentos de ley para seguridad social a la parte demandante, respecto de las
diferencias no cotizadas. (Negrillas del texto original)
92. Por las razones expuestas, la Sala advierte que en el proceso identificado con el
radicado 2286-2019 prosperaron las pretensiones relacionadas con el reconocimiento
de la prima especial de servicios «desde el año 2006» en adelante, derecho que
finalmente fue reconocido a partir del 12 de julio de 2010. Por tanto, dicha decisión
comprende también el período reclamado en este proceso desde 2011 en adelante.
Así, aun en gracia de discusión y al margen de la excepción declarada en la sentencia
de primera instancia de inepta demanda, lo cierto es que, una vez delimitada la
controversia sobre la prima especial de servicios al período comprendido desde 2011
en adelante, también se configuraría el fenómeno de la cosa juzgada respecto de ese
mismo lapso.
93. Lo anterior, debido a que la cosa juzgada como institución jurídico-procesal otorga
a las sentencias un carácter inmutable, definitivo y vinculante, que a su vez impide a
los jueces decidir sobre una discusión que ya ha sido resuelta en otra oportunidad. Lo
anterior, con el fin de brindar de seguridad tanto al ordenamiento jurídico, como a las
partes (sentencias inter-partes31), o también a la comunidad en general (fallos con
efectos erga omnes32). El artículo 303 del Código General del Proceso establece como
elementos que configuran la cosa juzgada, los siguientes: la identidad de objeto, de
causa y de partes.
94. Finalmente, a juicio de la Sala tampoco es recibo, en esta instancia de la
30
Tercero original: TERCERO.-. Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, CONDENASE a la
NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, a pagar a la señora MARTHA GLORIA ISAZA ÁLVAREZ, la suma que resulte como diferencia de la
reliquidación de las prestaciones legales de la prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad, la
cesantías y los intereses, desde el año 2006 hasta la fecha en que efectivamente se constate que el mismo dejo
de prestar servicios a la rama judicial, con base en la asignación básica mensual, incluido el 30% de la prima
especial mensual de servicios, siempre y cuando de su liquidación pueda predicarse que efectivamente se pagó un
monto inferior al que tenía derecho. Dichas sumas serán ajustadas según se indica en la parte motiva de esta
providencia.”
31
Entre las partes.
32
Según el diccionario Panhispánico del Español Jurídico (https://dpej.rae.es/), significa: «Para o frente a todos.
Tendrá efectos erga omnes, y no solo entre las partes del litigio. Se utiliza para expresar los efectos generales de
una norma o sentencia.»
23
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controversia, aceptar a partir de la afirmación de la parte demandante, consistente en
que su verdadera intención con el trámite de la referencia es que se analicen las
diferencias causadas entre 1993 y 2007 por la indebida interpretación de la prima
especial de servicios, que el estudio respectivo se emprenda frente al anterior periodo;
en tanto tal alternativa además de pasar por alto los precisos términos en que se
presentó y contestó la demanda y se fijó el litigio, significaría sorprender a la parte
demandada, al final de proceso, con un asunto respecto del cual en estricto sentido no
ha ejercicio su derecho a la defensa.
95. Estas razones refuerzan la conclusión de confirmar la sentencia de primera
instancia, respecto de las pretensiones relacionadas con la prima especial de servicios,
pues, a partir de 2011 —período al que quedó circunscrita la controversia—, no obra
prueba de que la demandante hubiera formulado reclamación administrativa previa por
ese lapso. A ello se suma que dicho período ya fue objeto de pronunciamiento en una
decisión judicial anterior.
96. Finalmente, se advierte que la parte demandante también formuló reparos
relacionados con la prescripción del derecho a la prima especial de servicios. Sin
embargo, de conformidad con los argumentos expuestos de manera precedente, dicho
cuestionamiento carece de vocación de prosperidad, por sustracción de materia, toda
vez que no se adoptó decisión alguna que reconociera el referido derecho y, por lo
tanto, no resulta susceptible de análisis relativo al fenómeno prescriptivo.
3.5.2. Del derecho a la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009
97. Por otro lado, la demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos que le
negaron el reconocimiento y pago de los reajustes salariales y prestacionales
conforme al Decreto 1251 de 2009, es decir, para el año 2009, el 34.7 % y del año
2010 en adelante, con el 34.9 % del 70 % de lo que por todo concepto devengara un
magistrado de alta corte.
98. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, negó las pretensiones de
nivelación salarial. Inconforme, la demandante apeló y sostuvo que el Decreto 1251
de 2009 fue interpretado erróneamente, pues la remuneración de la juez municipal
debía calcularse sobre el 34,9 % del 70 % de los ingresos anuales de un magistrado
de alta corte, dividido entre doce. Añadió que las cesantías y sus intereses solo debían
incluirse en los ingresos de los magistrados y que el Decreto 383 de 2013 no derogó
el Decreto 1251 de 2009. Por ello, solicitó las diferencias salariales desde 2010 y la
condena en costas.
99. Ahora bien, con el objeto de resolver el problema jurídico, en el proceso se acreditó
que la accionante prestó sus servicios para la Rama Judicial como juez municipal y
circuito, en el periodo comprendido entre 1 de enero de 1993 al 31 de octubre de 2016.
En efecto, se evidencia que primero fue juez municipal del 1 de enero de 1993 al 31
de octubre de 2003; luego fungió como juez del circuito del 1 de noviembre de 2003 al
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31 de marzo de 2004; al día siguiente volvió al empleo del juez municipal hasta el 31
de julio de 2004, porque durante el mes de agosto de 2004 se desempeñó como juez
de circuito. Finalmente, del 1 de septiembre de 2004 al 31 de octubre de 2016 laboró
como juez municipal, siendo este último periodo el relevante para efectos de la
nivelación salarial de que trata el Decreto 1251 de 2009.
100. Aunado a lo anterior, se allegaron los certificados salariales de los que se
desprende que a la señora Martha Gloria Isaza Álvarez se le ha liquidado y pagado su
salario, desde 2011 a 2016, conforme al cargo de juez municipal.
101. Por otro lado, aunque no se allegaron certificaciones en las que conste lo percibido
por los magistrados de las altas cortes durante los años objeto de reclamación por
concepto de nivelación salarial, la Resolución DESAJMR15-4306 del 10 de febrero de
2015, acto administrativo demandado, contiene información sobre la remuneración de
dichos funcionarios entre 2009 y 2012 —sin cesantías—. Estos datos constituyen un
insumo relevante para efectuar el análisis correspondiente, al ser uno de los medios
de prueba allegados al plenario.
102. Al descender al caso bajo estudio, se advierte que en virtud de lo señalado en el
artículo 3 del Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, para los funcionarios allí señalados,
entre los que se encuentran los jueces municipales, les asiste el derecho a recibir una
remuneración del 34.7 % del valor del 70 % que por todo concepto reciba un
magistrado de alta corte; porcentaje que se incrementa al 34.9 % desde el 2010 y en
adelante. En ese orden de ideas, resulta evidente que la señora Martha Gloria Isaza
Álvarez se encuentra en el supuesto consignado en la norma en cita, al acreditarse
que desde el año 2004 desempeña el anterior empleo.
103. Por lo anterior, la demandada se encontraba en la obligación de pagar, teniendo
en cuenta el cargo que desempeñó la parte actora, como mínimo, por todo concepto
laboral y prestacional, los valores equivalentes que fueron señalados en el Decreto
1251 de 2009, para los años 2009 y siguientes.
104. Conforme a lo expuesto, la remuneración de un juez municipal —cargo que ocupó
la parte demandante— dependía directamente de lo percibido por un magistrado de
alta corte, que a su vez debe considerar, entre otras prestaciones, las cesantías. Lo
anterior, en los términos de la pretensión formulada en el presente medio de control y
en virtud de los fundamentos de la apelación.
105. Como se ilustra a continuación, en lo referente a la forma en que se liquidó el
salario de la demandante, durante el periodo en el que se desempeñó en el cargo de
juez de la República, se destaca que la entidad demandada en el trámite judicial aceptó
que lo calculó sin tener en cuenta las cesantías.
106.En efecto, en el acto administrativo demandado, indicó que en los siguientes
términos realizó la liquidación salarial:
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Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
INGRESOS ANUALES MAGISTRADO ALTA CORTE 2009
Asignación básica 36.554.292,00
Gastos de representación 64.985.424,00
Prima especial de servicios 174.114.756,00
Prima de navidad 8.461.643,00
TOTAL ANUAL 284.116.115,00
70% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS 198.881.281,00
34.7% del 70% DEL TOTAL DE INGRESOS 69.011.805,00
INGRESOS JUEZ MUNICIPAL AÑO 2009
Decreto 723 de 2009
FACTORES MENSUAL ANUAL
Asignación básica 3.081.095,00 36.973.140,00
Prima especial 924.329,00 11.091.948,00
Sub - total mensual 4.005.424,00
Bonificación de actividad judicial 13.185.550,00
Bonificación por servicios 1.078.383,00
Prima de servicios 1.585.480,00
Prima de vacaciones 1.651.542,00
Prima de navidad 3.440.712,00
Total Ingresos anuales juez municipal sin otros
69.006.755,00
Servicios Personales autorizados por ley.
Diferencia anual entre ingresos juez municipal y el 34.7% del 70%
del ingreso anual del magistrado alta corte - valor anual otros 5.050,00
Servicios Personales autorizados por ley.
Diferencia mensual 421,00
Tabla 2. Cuadro contentivo en el acto administrativo demandado 2009.
INGRESOS ANUALES MAGISTRADO ALTA CORTE 2010
Asignación básica 37.285.392,00
Gastos de representación 66.285.120,00
Prima especial de servicios 177.597.048,00
Prima de navidad 8.630.876,00
TOTAL ANUAL 289.798.436,00
70% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS 202.858.905,00
34.9% DEL 70% DEL TOTAL DE INGRESOS 70.797.758,00
INGRESOS JUEZ MUNICIPAL AÑO 2010
Decreto 1388 de 2010
FACTORES MENSUAL ANUAL
Asignación básica 3.158.123,00 37.897.476,00
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
Prima especial 947.437,00 11.369.244,00
Sub - total mensual 4.105.560,00
Bonificación de actividad judicial 13.449.262,00
Bonificación por servicios 1.105.343,00
Prima de servicios 1.625.117,00
Prima de vacaciones 1.692.831,00
Prima de navidad 3.526.731,00
Total ingresos anuales juez municipal sin otros
70.666.004,00
servicios personales autorizados por ley.
Diferencia anual entre ingresos Juez Municipal y el 34.9% del 70%
del ingreso anual del Magistrado Alta Corte - valor anual Otros 131.754,00
Servicios Personales autorizados por ley.
Diferencia Mensual 10.980,00
Tabla 3. Cuadro contentivo en el acto administrativo demandado 2010.
107. En virtud de lo expuesto, se constata que la entidad efectuó la liquidación conforme
a lo previsto en el Decreto 1251 de 2009, esto es, calculando el 34,9 % del 70 % de lo
que por todo concepto perciben los magistrados de alta corte. Para tal efecto, tuvo en
cuenta los siguientes conceptos: «asignación básica», «gastos de representación»,
«prima especial de servicios», «bonificación por servicios» y «prima de navidad». Sin
embargo, no se advierte que se hubiera incluido concepto alguno relacionado con
cesantías.
108. Así, durante el período en que la demandante se desempeñó como juez de la
República, desde el año 2009, su remuneración también dependía de lo que percibían
los magistrados de alta corte, que debía incluir las cesantías. Sin embargo, para la
liquidación en el presente asunto, dentro de los ingresos devengados por dichos altos
funcionarios, contenido en la resolución demandada, no se incluyó concepto alguno
por cesantías. Así, aunque no se aportaron certificaciones que detallaran los ingresos
mensuales y anuales de los magistrados de las altas cortes e identificaran
específicamente las cesantías, la Sala estimará este concepto a partir de los valores
acreditados.
109. Para establecer el valor de las cesantías de los magistrados de las altas cortes, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios: (a) como punto de partida, se tomarán los
valores acreditados previamente en el acto administrativo demandado respecto de
estos altos funcionarios, correspondientes a la asignación básica, los gastos de
representación y la prima de navidad, sin incluir la prima especial de servicios, por no
constituir factor salarial para efectos de la liquidación de las cesantías; (b) el auxilio de
cesantías será equivalente a «un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio»33,
con el propósito de obtener una cifra aproximada de la prestación efectivamente
causada; (c) dado que la base de liquidación corresponde a un mes de salario, la prima
33
Ley 6 de 1945, artículo 17; Decreto 1045 de 1978, artículo 40 y Ley 344 de 1996, el artículo 13.
27
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
de navidad se computará en una doceava parte; (d) para incorporar este último factor
en la liquidación de las cesantías, además de los valores certificados en la resolución
demandada, se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 723 de 200934 —vigente fecha
pretensión de la nivelación salarial—, sin perjuicio de otros conceptos que
eventualmente puedan incluirse para el cálculo de las cesantías; y (e) respecto de los
intereses sobre las cesantías, se aplicará la tasa del 12 % anual, de conformidad con
el artículo 13 de la Ley 344 de 199635, en concordancia con el artículo 99 de la Ley 50
de 199036.
110. Por las razones anteriores, la Sala tendrá en cuenta la asignación básica anual y
los gastos de representación anuales y dividirá el resultado entre doce, con el fin de
obtener la remuneración mensual correspondiente. A este valor adicionará una
doceava parte de la prima de navidad, en cuanto constituye un factor computable para
la liquidación de esa prestación, por las razones explicadas en el párrafo anterior. El
resultado de dicha operación corresponderá al valor anual de las cesantías. A su vez,
los intereses de cesantías se determinarán aplicando sobre ese monto la tasa del doce
por ciento (12 %), cuando haya lugar a su reconocimiento.
Año 2009
Concepto Operación Resultado
$36.554.292 [asignación básica] +
1. Base anual $64.985.424 [gastos de $101.539.716
representación]
2. Remuneración
$101.539.716 [/12] $8.461.643
mensual
3. Doceava parte de la
$8.461.643 [/12] $705.136,92
prima de Navidad
34
ARTÍCULO 2°. A partir del 1° de enero de 2009 los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura,
de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que optaron por el
régimen establecido en el artículo 2o del Decreto 903 de 1992, el Director Ejecutivo de Administración
Judicial y quienes se vincularon al servicio con posterioridad a la vigencia de dicho decreto, tendrán
derecho a percibir una remuneración mensual de ocho millones cuatrocientos sesenta y un mil
seiscientos cuarenta y tres pesos ($8.461.643), distribuidos así: Por concepto de asignación básica, tres
millones cuarenta y seis mil ciento noventa y un pesos ($3.046.191) m/cte.y por concepto de gastos de
representación: Cinco millones cuatrocientos quince mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos
($5.415.452) m/cte.(…) Los funcionarios a quienes se aplica el presente artículo únicamente tendrán
derecho a disfrutar de la prima de navidad, la cual se cancelará conforme lo establecen las normas
legales vigentes.
35
Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la
publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Organos y Entidades del Estado tendrán el
siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por
la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación
de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad
al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.(…)
36
Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción
correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de
trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los
términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el
año o en la fracción que se liquide definitivamente.
28
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
4. Cesantías $8.461.643 + $705.136,92 $9.166.779,92
5. Intereses de cesantías $9.166.780 × 12 % $1.100.013,60
Tabla 4. Cálculo de las cesantías año 2009.
Año 2010
Concepto Operación Resultado
$37.285.392 [asignación básica] +
1. Base anual $66.285.120 [gastos de $103.570.512
representación]
2. Remuneración
$103.570.512 [/12] $8.630.876
mensual
3. Doceava parte de la
$8.630.876 [/12] $719.239,67
prima de Navidad
4. Cesantías $8.630.876 + $719.239,67 $9.350.115,67
5. Intereses de cesantías $9.350.116 × 12 % $1.122.013,92
Tabla 5. Cálculo de las cesantías año 2010.
Año 2011
Concepto Operación Resultado
$38.467.344 [asignación básica] +
1. Base anual $68.386.356 [gastos de $106.853.700
representación]
2. Remuneración mensual $106.853.700 [/12] $8.904.475
3. Doceava parte de la
$8.904.475 [/12] $742.039,58
prima de Navidad
4. Cesantías $8.904.475 + $742.039,58 $9.646.514,58
5. Intereses de cesantías $9.646.515 × 12 % $1.157.581,80
Tabla 6. Cálculo de las cesantías año 2011.
Año 2012
Concepto Operación Resultado
$40.390.716 [asignación básica] +
1. Base anual $71.805.672 [gastos de $112.196.388
representación]
2. Remuneración mensual $112.196.388 [/12] $9.349.699
3. Doceava parte de la
$9.349.699 [/12] $779.141,58
prima de Navidad
4. Cesantías $9.349.699 + $779.141,58 $10.128.840,58
5. Intereses de cesantías $10.128.841 × 12 % $1.215.460,92
Tabla 7. Cálculo de las cesantías año 2012.
Año 2013
Concepto Operación Resultado
$41.780.148 [asignación básica] +
1. Base anual $74.275.800 [gastos de $116.055.948
representación]
2. Remuneración mensual $116.055.948 [/12] $9.671.329
3. Doceava parte de la
$9.671.329 [/12] $805.944,08
prima de Navidad
29
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
4. Cesantías $9.671.329 + $805.944,08 $10.477.273,08
5. Intereses de cesantías $10.477.273 × 12 % $1.257.272,76
Tabla 8. Cálculo de las cesantías año 2013.
111. Realizados los cálculos arrojan las siguientes sumas aproximadas:
Año Cesantías Intereses de cesantías
2009 $9.166.780,00 $1.100.014,00
2010 $9.350.116,00 $1.122.014,00
2011 $9.646.515,00 $1.157.582,00
2012 $10.128.841,00 $1.215.461,00
2013 $10.477.273,00 $1.257.273,00
Tabla 9. Aproximación de las cesantías e intereses.
112. Precisado lo anterior, a partir de la base salarial de los magistrados de alta corte
establecida en el acto administrativo demandado, y los cálculos realizados de manera
precedente, se relacionarán los años en comento:
Año 2009
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $36.554.292,00
Gastos de representación anual $64.985.424,00
Prima especial $174.114.756,00
Prima de navidad $8.461.643,00
Total ingresos anuales $284.116.115,00
Cesantías (Cálculo aproximado $9.166.780,00
realizado por la Sala)
Intereses de cesantías (12% anual) $1.100.014,00
(Cálculo aproximado realizado por la
Sala)
Total anual incluida cesantías $294.382.909,00
Tabla 10. Remuneración magistrado alta corte 2009.
Año 2010
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $37.285.392,00
Gastos de representación anual $66.285.120,00
Prima especial $177.597.048,00
Prima de navidad $8.630.876,00
Total ingresos anuales $289.798.436,00
Cesantías(Cálculo aproximado $9.350.116,00
realizado por la Sala)
Intereses de cesantías (12% anual) $1.122.014,00
(Cálculo aproximado realizado por la
Sala)
Total anual incluidas las cesantías $300.270.566,00
Tabla 11. Remuneración magistrado alta corte 2010.
30
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
Año 2011
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $38.467.344,00
Gastos de representación anual $68.386.356,00
Prima especial $183.226.860,00
Prima de navidad $8.904.475,00
Total ingresos anuales $298.985.035,00
Cesantías(Cálculo aproximado $9.646.515,00
realizado por la Sala)
Intereses de cesantías (12% anual) $1.157.582,00
(Cálculo aproximado realizado por la
Sala)
Total anual incluidas las cesantías $309.789.132,00
Tabla 12. Remuneración magistrado alta corte 2011.
Año 2012
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $40.390.716,00
Gastos de representación anual $71.805.672,00
Prima especial $192.388.200,00
Prima de navidad $9.349.699,00
Total ingresos anuales $313.934.287,00
Cesantías(Cálculo aproximado $10.128.841,00
realizado por la Sala)
Intereses de cesantías (12% anual) $1.215.461,00
(Cálculo aproximado realizado por la
Sala)
Total anual incluidas las cesantías $325.278.589,00
Tabla 13. Remuneración magistrado alta corte 2012.
Año 2013
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $41.780.148,00
Gastos de representación anual $74.275.800,00
Prima especial $199.006.440,00
Prima de navidad $9.671.329,00
Total ingresos anuales $324.733.717,00
Cesantías(Cálculo aproximado $10.477.273,00
realizado por la Sala)
Intereses de cesantías (12% anual) $1.257.273,00
(Cálculo aproximado realizado por la
Sala)
Total anual incluidas las cesantías $336.468.263,00
Tabla 14. Remuneración magistrado alta corte 2013.
113. Ahora bien, aunque la entidad demandada no liquidó adecuadamente la
remuneración de los jueces, pues omitió incluir las cesantías dentro de los ingresos
anuales de los magistrados de las altas cortes —concepto que podía incidir
directamente en la remuneración de la demandante—, el a quo contempló dicho rubro
al efectuar los cálculos correspondientes. A partir de ese ejercicio, concluyó que la
31
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
remuneración percibida por la demandante en su condición de juez municipal —
incluyendo también las cesantías para ese cargo—, respetó los porcentajes
establecidos en el Decreto 1251 de 2009, cálculo que verificará esta Subsección.
114. Para efectos explicativos, se elaborarán los siguientes cuadros a partir del año
2010. Lo anterior, por cuanto la certificación salarial aportada al proceso comprende
los años 2011 a 2016 y, respecto de los primeros meses de 2011, contiene información
que permite establecer los valores devengados durante el año 2010. A partir de esta
circunstancia, también se concluye que la parte accionante no aportó las pruebas que
permitiría revisar su situación salarial en el año 2009, por lo que tampoco hay a lugar
a considerar que en dicha anualidad se desconoció la nivelación salarial prevista en el
Decreto 1251 de 2009.
Año 2010
Magistrados alta corporación Juez municipal
Asignación básica anual $37.285.392,00 Factores Mensual Anual
Gastos de representación anual $66.285.120,00 Asignación $3.158.123,00 $37.897.476,00
básica
Prima especial $177.597.048,00 Prima especial $947.437,00 $11.369.244,00
Prima de navidad $8.630.876,00 Sub - total $4.105.560,00
mensual
Total ingresos anuales $289.798.436,00 Bonificación de [semestral] $6.724.631,00
actividad judicial (multiplicado
por 2 =
$13.449.262)
Cesantías $9.350.116,00 Bonificación por $1.105.343,00
servicios
Intereses de cesantías (12% $1.122.014,00 Prima de $1.625.117,00
anual) servicios
Total anual incluida las $300.270.566,00 Prima de $1.692.831,00
cesantías vacaciones
Cálculo Decreto 1251 de 2009 Prima de $3.526.731
navidad
70% del total de los ingresos de $202.858.905,00 Total ingresos $70.666.004,00
magistrados, sin cesantías anuales juez
municipal, sin
otros servicios
personales
autorizados por
ley.
34.9% del 70% del ingreso $70.797.757,91 Total ingresos (Cesantías $74.499.018
magistrado alta corte, sin anuales juez, $3.833.014,00)
cesantías con cesantías
70% del total de los ingresos de $210.189.396,2 Conclusión: la demandante, teniendo en cuenta las
magistrados con cesantías cesantías, devengó al menos $1.142.919 más del
34.9% del 70% ingreso $73.356.099 34.9 % del 70 % del ingreso de magistrado de alta
Magistrado alta corte, con corte, incluyendo cesantías
cesantías
Tabla 15. Cuadro comparativo aplicando los porcentajes del Decreto 1251 de 2009, para 2010.
32
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
Año 2011
Magistrados alta corporación Juez municipal
Asignación básica anual $38.467.344,00 Factores Mensual Anual
Gastos de representación anual $68.386.356,00 Asignación
$3.258.236,00 $39.098.832,00
básica
Prima especial $183.226.860,00 Prima especial $997.471,00 $11.729.652,00
Prima de navidad $8.904.475,00 Sub - total
$4.255.707,00
mensual
Total ingresos anuales $298.985.035,00 Bonificación de
$13.875.604,00
actividad judicial
Cesantías $9.646.515,00 Bonificación por
$1.140.383,00
servicios
Intereses de cesantías (12% $1.157.582,00 Prima de
$1.676.634,00
anual) servicios
Total anual incluidas las $309.789.132,00 Prima de
$1.746.494,00
cesantías vacaciones
Cálculo Decreto 1251 de 2009 Prima de $3.638.529,00
navidad
70% del total de los ingresos de $209.289.524,5 Total ingresos
magistrados, sin cesantías anuales juez
municipal, sin
otros servicios $72.906.128,00
personales
autorizados por
ley.
34.9% del 70% del ingreso $73.042.044,05 Total ingresos (Cesantías $76.890.587
magistrado de alta corte, sin anuales juez, $3.984.459,00)
cesantías con cesantías
70% del total de los ingresos de $216.852.392,4 Conclusión: la demandante teniendo en cuenta las
magistrados, con cesantías cesantías, devengó al menos $1.209.102 más del
34.9% del 70% Ingreso $75.681.485 34.9 % del 70 % del ingreso de magistrado de alta
Magistrado Alta Corte, con corte, incluyendo cesantías
cesantías
Tabla 16. Cuadro comparativo aplicando los porcentajes del Decreto 1251 de 2009, para 2011.
Año 2012
Magistrados alta corporación Juez municipal
Asignación básica anual $40.390.716,00 Factores Mensual Anual
Gastos de representación anual $71.805.672,00 Asignación
$3.421.148,00 $41.053.776,00
básica
Prima especial $192.388.200,00 Prima especial $1.026.345,00 $12.316.140,00
Prima de navidad $9.349.699,00 Sub - total
$4.447.493,00
mensual
Total ingresos anuales $313.934.287,00 Bonificación de
$14.569.386,00
actividad judicial
Cesantías $10.128.841,00 Bonificación por
$1.197.402,00
servicios
Intereses de cesantías (12% $1.215.461,00 Prima de
$1.760.466,00
anual) servicios
Total anual incluidas las $325.278.589,00 Prima de
$1.833.819,00
cesantías vacaciones
Cálculo Decreto 1251 de 2009 Prima de
$3.820.455,00
navidad
70% del total de los ingresos de $219.754.000,9 Total ingresos
magistrados, sin cesantías anuales juez $76.551.444,00
municipal, sin
33
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
otros servicios
personales
autorizados por
ley.
34.9% del 70% del ingreso de $76.694.146,31 Total ingresos $80.695.245
(Cesantías
magistrado alta corte, sin anuales juez,
$4.143.801,00)
cesantías con cesantías
70% del total de los ingresos de $227.695.012,3 Conclusión: la demandante teniendo en cuenta las
magistrados, con cesantías cesantías, devengó al menos $1.229.686 más del
34.9% del 70% Ingreso $79.465.559,29 34.9 % del 70 % del ingreso de magistrado de alta
Magistrado Alta Corte, con corte, con cesantías
cesantías
Tabla 17. Cuadro comparativo aplicando los porcentajes del Decreto 1251 de 2009, para 2012.
115. Conforme a lo anterior, aunque los cálculos de esta Sala difieren de los
efectuados por el Tribunal, se mantiene la tesis consistente en que la demandante
percibió una remuneración superior a la establecida en los porcentajes dispuestos en
el Decreto 1251 de 2009, inclusive en el escenario que se hubiese tenido en cuenta
las cesantías de los magistrados de las altas cortes.
116. Es decir, el a quo para establecer lo devengado en cada año por la demandante,
partió de lo certificado por la entidad que no incluyó cesantías —esto se puede extraer
de los actos administrativos demandados—. Frente a esta situación, se consideró
pertinente para los años 2009 a 2012, sumar lo certificado por la Rama Judicial por
concepto de las cesantías, dado que en el presente asunto se allegó la constancia que
acredita dicho auxilio respecto a la actora, con el fin de obtener una cifra más
aproximada a la remuneración efectivamente percibida, en especial para las
anualidades en las que esta se acercaba al monto que debía devengar.
117. Así, a partir de las operaciones contenidas en las tablas 15, 16 y 17 de esta
providencia se concluye que, durante los años 2010, 2011 y 2012, la demandante
percibió una remuneración superior a la resultante de aplicar el porcentaje previsto en
el Decreto 1251 de 2009, incluso si se incluyen las cesantías dentro de los ingresos
de los magistrados de alta corte, base que, dadas las particularidades del caso, debe
tenerse en cuenta. A partir de estos razonamientos, consideró adicionalmente que
desde el año 2013 la nivelación pretendida no es procedente, ya que desde dicha
anualidad perciben la bonificación judicial.
118. Recuérdese que el cargo de apelación no cuestionó los datos utilizados, sino el
método de liquidación. La demandante sostuvo que debía tomarse el ingreso anual de
un magistrado de alta corte, calcular su 70 %, aplicar el 34,9 % previsto en el artículo
3 del Decreto 1251 de 2009 y dividir el resultado entre doce. Así, para 2010, tomó
$300.270.566, cuyo 70 % correspondía a $210.189.396; al aplicar el 34,9 %, obtuvo
$73.356.099 anuales y una remuneración mensual de $6.113.008. Con el mismo
método calculó $6.306.790 para 2011 y $6.622.129 para 2012. Luego comparó esos
valores con lo pagado por asignación básica y prima especial de servicios —
$4.105.560 en 2010— y concluyó que existían diferencias salariales pendientes de
reconocimiento.
34
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
119. Sin embargo, la Sala no comparte este planteamiento, pues el cálculo de la
demandante se limita a la asignación básica y a la prima especial de servicios. Esa
metodología desconoce que la remuneración total del juez municipal comprende, entre
otros factores, la bonificación por actividad judicial, la bonificación por servicios
prestados y las primas de servicios, vacaciones y navidad, como quedó acreditado
tanto en las pruebas allegadas al plenario como en las operaciones efectuadas por
esta Subsección.
120. Además, el cálculo anual permite incorporar tanto los conceptos que se pagan
mensualmente como aquellos que se causan en determinados momentos del año. Por
ello, ofrece una valoración más integral de la remuneración efectivamente percibida.
Por las razones expuestas, la suma de esos conceptos respetó los porcentajes
previstos en el Decreto 1251 de 2009.
121. Por otra parte, la demandante sostuvo que, para efectuar la operación aritmética,
debían incluirse las cesantías y sus intereses entre los conceptos percibidos
anualmente por los magistrados de las altas cortes. Sin embargo, este reparo no
guarda correspondencia con la decisión apelada, pues el juez de primera instancia sí
incorporó ambos conceptos en los cálculos consignados en las tablas, bajo el rubro
«34,9 % del 70 % del ingreso del magistrado de alta corte con cesantías». Aun con la
inclusión de las cesantías y sus intereses —como en efecto ocurrió—, se concluyó que
la remuneración percibida por la demandante respetó los porcentajes previstos en el
Decreto 1251 de 2009.
122. Además, aunque la demandante sostuvo que las cesantías y sus intereses
debían incluirse entre los conceptos percibidos anualmente por los magistrados de las
altas cortes, consideró improcedente computar esos mismos factores dentro de los
ingresos de la juez municipal. A su juicio, el Decreto 1251 de 2009 no estableció una
equivalencia entre ingresos anuales, sino una fórmula para determinar la remuneración
mensual de los jueces.
123. La Sala tampoco comparte esa interpretación. La norma dispone expresamente
que «la remuneración que por todo concepto perciba el Juez Municipal […] será igual
al treinta y cuatro punto siete por ciento (34,7 %) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70 %) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de
las Altas Cortes». Por consiguiente, el parámetro «por todo concepto» comprende la
remuneración de ambos cargos. Por ello, no resultaría admisible a la luz de la
literalidad de la norma, incluir la totalidad de los factores percibidos por los magistrados
de las altas cortes y, al mismo tiempo, excluir algunos de los reconocidos a la juez
municipal.
124. Asimismo, sostuvo que el Decreto 383 de 2013 no derogó el Decreto 1251 de
2009, porque la bonificación judicial prevista en aquel tenía una naturaleza distinta de
la nivelación salarial regulada por este. Sobre el particular, la sentencia de primera
35
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
instancia indicó:
Ahora, en relación con los períodos correspondientes a los años 2013 y siguientes, de
los que obra prueba de que la demandante laboró como Juez, se debe tener en cuenta
que en el mencionado año entró a regir el Decreto 383 de 2013, por medio del cual se
creó la bonificación judicial para algunos funcionarios y empleados judiciales de la
Rama Judicial, con carácter permanente, pagadera de forma mensual, constitutiva de
carácter salarial —en los términos expresos del artículo 1.º del citado decreto— solo
para efectos de aportes a la seguridad social en materia de salud y pensión.
Si bien el Decreto 383 de 2013 no derogó el Decreto 1251 de 2009, en los precisos
términos del análisis que ha efectuado el tribunal en el caso concreto, es evidente que,
con la bonificación judicial mencionada, los ingresos de la demandante se vieron
incrementados, resultando ser de aplicación más beneficiosa lo establecido en el
decreto del año 2013, en comparación con la nivelación mencionada en el decreto del
año 2009. (Destaca la Sala)
125. Por lo expuesto, el Tribunal no concluyó que el Decreto 1251 de 2009 hubiera
sido derogado, expresa o tácitamente, por el Decreto 383 de 2013. Lo que consideró
fue que esta última norma, al crear la bonificación judicial para determinados
funcionarios y empleados de la Rama Judicial, debía tenerse en cuenta desde 2013
por resultar más favorable. En consecuencia, el planteamiento formulado en la
apelación no corresponde a las consideraciones de la sentencia de primera instancia.
Además, la demandante no demostró que, incluso con la bonificación reconocida en
el Decreto 383 de 2013, no hubiera alcanzado la nivelación salarial pretendida, máxime
cuando en los años anteriores se acreditó el cumplimiento de ese parámetro.
126. Por el contrario, a partir de las pruebas allegadas al proceso y de los cálculos
efectuados en esta providencia, la Sala advierte que para el año 2013 la demandante
superó lo correspondiente al porcentaje del Decreto 1251 de 2009, así:
Año 2013
Magistrados alta corporación Juez municipal
Asignación básica anual $41.780.148,00 Factores Mensual Anual
Gastos de representación anual $74.275.800,00 Asignación
$3.538.836,00 $42.466.032,00
básica
Prima especial $199.006.440,00 Prima especial $1.061.651,00 $12.739.812,00
Bonificación
$579.996,00 $6.959.952,00
judicial
Prima de navidad $9.671.329,00 Subtotal $5.180.483
Total ingresos anuales $324.733.717,00 Bonificación de
$14.569.386,00
actividad judicial
Cesantías $10.477.273,00 Bonificación por
$1.197.402,00
servicios
Intereses de cesantías (12% $1.257.273,00 Prima de
$1.760.466,00
anual) servicios
Total anual incluidas las $336.468.263,00 Prima de
$1.833.819,00
cesantías vacaciones
Cálculo Decreto 1251 de 2009 Prima de $3.820.455,00
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
navidad
70% del total de los ingresos de $227.313.601,9 Total ingresos
magistrados, sin cesantías anuales juez
municipal, sin
otros servicios $85.347.324,00
personales
autorizados por
ley.
34.9% del 70% del ingreso de $79.332.447,0631 Total ingresos $89.632.121
(Cesantías
magistrado alta corte, sin anuales juez,
$4.284.797,00)
cesantías con cesantías
70% del total de los ingresos de $235.527.784,1 Conclusión: la demandante teniendo en cuenta las
magistrados, con cesantías cesantías, devengó al más $7.432.924,35 más del
34.9% del 70% Ingreso $82.199.196,65 34.9 % del 70 % del ingreso de magistrado de alta
Magistrado Alta Corte, con corte, con cesantías para el año 2013
cesantías
Tabla 18. Cuadro comparativo aplicando los porcentajes del Decreto 1251 de 2009, para 2013.
127. Finalmente, la Sala no pasa por alto lo considerado por el a quo acerca de la
eventual incidencia de las cesantías percibidas por los congresistas en la
determinación de la remuneración de los magistrados de las altas cortes. Sobre este
aspecto, el Tribunal precisó:
Pero de la revisión del expediente objeto de este proceso no se observa que el reparo
de la parte actora obedezca a la no equivalencia entre los ingresos anuales de los
Magistrados de Altas Cortes y de los Congresistas, sino únicamente, respecto de la
comparación de sus ingresos con los percibidos por los magistrados de Altas Cortes.
Aún así, si esta sala pretendiera hacer una interpretación amplia, yendo más allá de lo
pedido por la accionante (en la demanda y en la reclamación previa), y considerara que
lo pedido en la demanda era hacer una verificación de equivalencia entre los ingresos
de los Congresistas y de los Magistrados de las Altas Cortes, para verificar si el ingreso
de dichos magistrados estaba ajustado al ordenamiento jurídico, y así finalmente hacer
un estudio de la adecuada proporcionalidad de los ingresos de la actora con los de los
magistrados de altas cortes, lo cierto es que en el expediente tampoco obra prueba que
evidencie una indebida liquidación de la totalidad de los ingresos anuales de los
Magistrados de Altas Cortes, que puedan llevar a considerar que los mismos no fueron
liquidados en debida forma, y que lleve a cambiar los valores sobre los cuales se
realizaron las cuentas que obran en páginas precedentes.
128. Sobre el particular, la Sala advierte que, aunque esta consideración no fue
controvertida en la apelación, tampoco guarda relación con las pretensiones de la
demanda, pues estas se sustentaron en la remuneración percibida frente a los
magistrados de las altas cortes, por ello, el Tribunal examinó integralmente la eventual
incidencia de las cesantías reconocidas respecto de estos altos funcionarios. En todo
caso, como lo señaló el a quo, no se aportaron elementos probatorios que permitieran
sustentar esa interpretación extensiva, dado que en este caso no se allegaron las
certificaciones salariales de los congresistas ni de los magistrados de las altas cortes.
129. En virtud de lo expuesto, esta Subsección confirmará el fallo apelado que negó
las pretensiones de la demanda, con fundamento en las razones expuestas en la
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
presente providencia.
3.6. Conclusión
130. La Sala concluye que se confirmará la sentencia de primera instancia. En cuanto
a la prima especial de servicios, porque al quedar delimitada la controversia al período
comprendido a partir de 2011, mientras que la reclamación administrativa previa versó
sobre los años 1993 a 2007, no existió correspondencia temporal entre lo reclamado
ante la administración y lo sometido a conocimiento de la jurisdicción. Además, el
período reclamado desde 2011 ya quedó comprendido en una sentencia anterior que
reconoció el derecho a partir del 12 de julio de 2010.
131. Respecto de la nivelación salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009, la
demandante tampoco tiene derecho al reconocimiento de diferencias salariales y
prestacionales, pues, al comparar anualmente todos los conceptos percibidos por los
magistrados de las altas cortes y por la juez municipal, incluidas las cesantías, se
acreditó, según las pruebas allegadas, que durante los años 2010 a 2013 su
remuneración superó el porcentaje previsto en el artículo 3 del Decreto 1251 de 2009.
Para el 2009 tampoco se acreditó la existencia de diferencias pendientes. Por
consiguiente, se confirmará la sentencia apelada, que negó las pretensiones de la
demanda.
3.7. Costas
132. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario de la
Subsección 37 sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
37
La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte
Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer
la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de
condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00579-02 (1084-2025)
Demandante: Martha Gloria Isaza Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, el 28 de noviembre de 2024, que negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en segunda instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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