Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00928-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00928-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-00928-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00928-01 (3725-2022)
Demandante: José David Caraballo Toro
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Tema: Pensión de sobrevivientes de agente de la Policía Nacional
fallecido en simple actividad. Aplicación del principio de
favorabilidad.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 29 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda y subsanación
1.1.1. Pretensiones
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, José David Caraballo Toro solicitó la anulación de
las Resoluciones 05245 del 27 de noviembre, 00683 del 4 de mayo y 01321 del 25
de septiembre de 2015, por medio de las cuales se negó la pensión de
sobrevivientes y se resolvieron los recursos de reposición y apelación,
respectivamente.
1 En adelante CPACA.
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Demandante: José David Caraballo Toro
2. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condenara a la entidad
demandada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento
de su padre, José de Jesús Caraballo Hernández, «con retroactividad al día 27 de
noviembre de 1994 fecha en que se produjo su deceso y se incluya en la nómina de
pensionados hasta el momento en que cumpla los 25 años de edad por estar estudiando».
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:
3.1. José de Jesús Caraballo Hernández nació el 19 de mayo de 1967 y falleció el
27 de noviembre de 1994.
3.2. El 14 de abril de 2015, José David Caraballo Toro solicitó en su calidad de hijo
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su
progenitor; sin embargo, mediante la Resolución 00683 del 4 de mayo de 2015 le
fue negada dicha petición.
3.3. Contra la anterior decisión presentó recursos de reposición y apelación que
fueron resueltos desfavorablemente a través de las Resoluciones 01321 del 25 de
septiembre y 05245 del 27 de noviembre de 2015.
3.4. En las consideraciones de la Resolución 00683 del 4 de mayo de 2015, «se
aceptó que el señor “Agente (F) JOSÉ DE JESÚS CARABALLO HERNÁNDEZ [...] ingresó
a la institución el 01 de septiembre de 1990 y fue retirado por muerte en servicio activo el
27 de noviembre de 1994», para un total de 4 años, 2 meses y 26 días. Igualmente,
en la Resolución 05245 del 27 de noviembre de 2015, se indicó que contaba con un
tiempo laboral de 4 años y 9 meses, para un total de 244 semanas.
3.5. JoséDavid Caraballo Toro se encontraba estudiando en el ITM Instituto
Tecnológico Metropolitano.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como normas violadas se citaron, entre otras, los artículos 2, 4, 13, 44, 48, 53 y
228 de la Constitución Política; 46 y 47 de la Ley 100. Asimismo, las Leyes 12 de
1975, 33 de 1985 y 71 de 1988, y el Decreto 690 de 1974. En el concepto de
violación se argumentó:
5. En su caso, debió aplicarse el régimen pensional previsto en la Ley 100 de 1993,
comoquiera que era más favorable «con relación a otras normatividades del sector
público». La violación al ordenamiento jurídico obedeció a la indebida interpretación
e inaplicación de dicha ley.
6. La entidad desconoció que esta corporación y la Corte Constitucional han
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Demandante: José David Caraballo Toro
ordenado la aplicación de la Ley 100 de 1993 sobre normas que en materia de
sustitución pensional «le antecedieron», particularmente, en regímenes especiales
para miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional previstos en los Decretos
2728 de 1968; 1212, 1213, 1214 y 1293 de 1990; 2909 de 1992; y 1029 de 1994.
7. En los actos acusados, la entidad aceptó que el causante prestó sus servicios
por 244 semanas y exigió «erróneamente» un tiempo de 15 años o más para que se
pudiera causar la pensión de sobrevivientes.
8. El actuar de la demandada constituyó una violación del ordenamiento
constitucional y desconoció los precedentes jurisprudenciales; máxime porque el
artículo 48 de la Constitución Política prevé que la seguridad social es un servicio
público de carácter obligatorio que se presta con sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad.
1.2. Contestación de la demanda
9. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en lo siguiente:
9.1. La calidad de hijo legítimo de José de Jesús Caraballo Hernández ha debido
demostrarse, toda vez que se registró una fecha de nacimiento posterior a la muerte
del causante.
9.2. El agente ingresó a la institución el 1 de septiembre de 1990 y prestó sus
servicios hasta el 27 de noviembre de 1994 [por más de 4 años], día de su muerte
en simple actividad, según el informativo prestacional por muerte 251 del 27 de
diciembre de 1994. En ese orden, de conformidad con el principio de legalidad,
debía aplicarse el régimen especial previsto en el Decreto 1213 de 1990 [artículo
121] y, por consiguiente, negarse la prestación, comoquiera que no cumplía con el
requisito allí previsto, esto es 15 o más años de servicios.
9.3. No era procedente aplicar la Ley 100 de 1993, porque que en su artículo 279
se excluyó a los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, lo cual
significaba que se siguieran «rigiendo en materia pensional y salud por sus normas que
son de carácter especial y particular», por lo tanto, el acto administrativo fue expedido
conforme con el ordenamiento jurídico.
9.4. No existió discriminación alguna al comparar el régimen general previsto en la
Ley 100 de 1993 y el de la Policía Nacional, pues las prestaciones se calculaban de
manera diferente y, de cualquier modo, en cada uno se crearon compensaciones.
Por ejemplo, si bien es cierto que el tiempo de servicio en la segunda era más
estricto para obtener la prestación, también lo es que «el régimen de la fuerza pública
presenta[ba] otras ventajas que no [tenían] los beneficiarios en el régimen general».
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Demandante: José David Caraballo Toro
9.5. La Corte Constitucional señaló que el trato diferencial que estableció el artículo
121 del Decreto 1213 de 1990 cuando la muerte ocurre en actos calificados como
de simple actividad, frente al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, era justificado,
«en razón a la especialidad que globalmente revist[ió] el régimen que a dicho personal se
aplica, el que [...] resulta[ba] benéfico desde todo punto de vista». Por su parte, esta
corporación ha concluido que, en virtud del principio de favorabilidad, debían ser
aplicadas las disposiciones del régimen general, «sin que para el efecto hubiera
manifestado [la] inconformidad respecto del precedente constitucional [...] o hubiera
incorporado a su texto los resultados del test de favorabilidad aplicado para la comparación
de los dos regímenes».
10. Propuso las excepciones de «presunción de legalidad», «inexistencia de vicios de
nulidad», «cobro de lo no debido» y «prescripción de mesadas».
1.3. La sentencia apelada
11. Mediante sentencia proferida el 29 de abril de 2021, adicionada en auto del 30
de agosto de 20212, el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió declarar la
nulidad de las Resoluciones 05245 del 27 de noviembre de 2015, 00683 del 4 de
mayo de 2015 y 01321 del 25 de septiembre de 2015; condenar a la entidad
demandada a reconocer la pensión de sobreviviente, en un 100%, a partir del 15 de
julio de 1995 y hasta el 15 de julio de 2013, momento para el cual cumplió 18 años,
y desde el 15 de enero de 2016 hasta la terminación de sus estudios, siempre que
se demostrara esta condición y no hubiese cumplido los 25 años; ordenar que las
sumas reconocidas fueran indexadas; y no condenar en costas.
12. Para tal efecto, se detuvo en el marco normativo de la pensión de sobrevivientes
previsto en los artículos 46 a 48, 279 y 288 de la Ley 100 de 1993; y 121 del Decreto
1213 de 1990. A continuación, resolvió el caso concreto con fundamento en lo
siguiente:
13. Con el registro civil de nacimiento se demostró que José David Caraballo Toro
era hijo de José de Jesús Caraballo Hernández, quien prestó sus servicios como
agente por 4 años y 9 meses y murió en simple actividad, de conformidad con el
informe prestacional por muerte.
14. La Ley 100 de 1993 ha debido aplicarse y no el Decreto 1213 de 1990, porque
la primera previó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes sobre una
cotización mínima de 26 semanas, mientras que el segundo exigió un tiempo de 15
o más años de servicio. Ello, por cuanto si bien el artículo 279 de la primera norma
excluyó a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, el artículo 288 ibidem
2 Con fundamento en lo siguiente: «Ahora bien, a juicio de la Sala, la adición pretendida por la parte
actora, relacionada con que se estipule en la parte resolutiva la indexación de la que se habló en la
parte considerativa, resulta necesaria por cuanto la misma debe ser tenida en cuenta a la hora de
liquidar la sentencia, salvaguardando con ello el derecho reconocido.»
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Demandante: José David Caraballo Toro
extendió su aplicación a todo trabajador público o privado cuando resultara más
favorable, «dejando claro dentro de sus disposiciones que si se acoge a la misma deberá
aplicarse en su totalidad en virtud del principio de inescindibilidad».
15. En ese orden, en la medida en que se cumplió con el requisito de acreditar 26
semanas de cotización, era procedente el reconocimiento de la pensión al hijo del
agente fallecido, quien acreditó tener menos de 15 años y haber estudiado en la
Institución Universitaria ITM.
16.Para la fecha de radicación de la demanda, 12 de abril de 2016, José David
Caraballo Toro «tenía la edad de 20 años (nació el 15 de julio de 1995), encontrando que
si bien para la primera fecha ya era mayor de edad, cumplió 18 años el 15 de julio de 2013,
al momento de presentarse la solicitud de pensión de sobreviviente ante la entidad
demandada, el día 14 de abril de 2015, no había transcurrido el término de 3 años, por lo
que no prescribieron las mesadas pensionales que fueron causadas desde su nacimiento,
15 de julio de 1995, aclarando que se debe tener en cuenta esta fecha, ya que el
fallecimiento del causante se dio cuando el actor estaba en etapa de gestación (17 de
noviembre de 2014), hasta el momento en que cumplió la mayoría de edad, razón por la
cual le asiste el derecho al pago de todas las mesadas pensionales desde la fecha de su
natalicio» [sic].
17. También se probó que el demandante estudió tecnología en sistemas de la
información en la Institución Universitaria ITM desde el 15 de enero de 2016 hasta
el periodo 2017-1, la cual tenía una duración de 6 semestres, por lo tanto, la pensión
se causó desde la fecha en que demostró su calidad de estudiante hasta su
finalización, «teniéndose que conceder la misma, solamente frente a estos periodos».
1.4. El recurso de apelación
18. Contra la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación
y lo sustentó en los siguientes términos:
19. El demandante no tenía derecho al pago de la pensión de sobrevivientes al
tenor del régimen especial previsto para el personal de la Policía Nacional, tal como
se indicó en los actos acusados, toda vez que el agente fallecido no acumuló el
tiempo requerido en el Decreto 1213 de 1990.
20. No era procedente la aplicación de la Ley 100 de 1993, porque en el artículo
279 se previó que no era aplicable a los miembros de las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional, «lo que significa que se seguirán rigiendo en materia pensional y salud
por sus normas que son de carácter especial y particular». Esto, aunado a que las
prestaciones del régimen especial son más favorables que aquellas establecidas en
el general.
21. El trato diferencial que estableció el artículo 121 del Decreto 1213 de 1990 está
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Demandante: José David Caraballo Toro
justificado en la especialidad que revistió a los agentes de policía, por tanto, el acto
administrativo estuvo ajustado a derecho.
22. Tampoco era procedente el reconocimiento del derecho, comoquiera que el
principio de favorabilidad estaba supeditado a que se hubiera originado una
actuación administrativa de indemnización por la muerte y, en la misma, se indicara
que no era viable el reconocimiento de la pensión por no cumplirse con los requisitos
previstos en la norma especial; por esta razón, no podía consolidarse ninguna
actuación de reconocimiento «más el que ya se entregó a los beneficiarios que el de la
indemnización».
23. Como la Policía Nacional ha manejado un régimen especial de pensiones, los
servidores no cotizan semanas para pensión a fondo privado, caja de compensación
o seguridad social, sino que se hacen aportes mensualmente del 6%. En el caso de
las asignaciones de retiro, «estos aportes no son destinados para cubrir pensión de vejez
o sobrevivientes, y dicho valor no representa un aporte para pensión».
24. El a quo no tuvo en cuenta que el agente Caraballo Hernández, para la fecha
de su fallecimiento, únicamente contaba con 5 años de servicios, lo cual impedía
aplicar el régimen de la fuerza pública y, por principio de favorabilidad, el previsto
en la Ley 100 de 1993.
1.5. Trámite de la segunda instancia
25. En auto del 4 de agosto de 2022 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 29 de abril de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en los términos de la Ley 2080 de 2021.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
26. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, de conformidad
con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as salas, secciones
y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
27. La Sala se detendrá únicamente en las razones de inconformidad expuestas en
el recurso de apelación, toda vez que los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso prevén que este «tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el demandante, para que el
superior revoque o reforme la decisión» y que «[e]l juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
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decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos en la ley».
2.2. Problema jurídico
28. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿José David Caraballo Toro,
en su calidad de hijo, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobreviviente
por el fallecimiento de José de Jesús Caraballo Hernández, al tenor del régimen
general previsto en la Ley 100 de 1993?
29. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo de la pensión de
sobrevivientes al tenor del régimen especial de la Policía Nacional y, luego, del
régimen general previsto en la Ley 100 de 1993; y segundo, se resolverá el caso
concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la pensión de sobrevivientes
30. El artículo 48 de la Constitución Política prevé que la seguridad social es un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la coordinación, dirección
y control del Estado y, asimismo, es considerado como un derecho irrenunciable.
31. La pensión de sobreviviente tiene como objeto fundamental solventar la
contingencia de muerte del trabajador, en el sentido de suplir el apoyo económico
que, en vida, brindaba a su núcleo familiar, es decir, impedir el cambio de las
condiciones de subsistencia de sus beneficiarios.
32. En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que la prestación mencionada
«constituye uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del
objetivo de la seguridad social», igualmente, que su finalidad se contrae a «la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que
dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de
subsistencia, sin que se vea alterada la situación social y económica con que contaban en
vida del pensionado o afiliado que ha fallecido».
2.3.1. La pensión de sobrevivientes cuando se trata de la muerte de un agente
en simple actividad.
33. Para el caso de los agentes de la Policía Nacional que fallecieron simplemente
en actividad, el Decreto 1213 de 1990 «[p]or el cual se reforma el Estatuto del Personal
de Agentes de la Policía Nacional», estableció en el artículo 121 lo siguiente:
«Artículo 121. Muerte simplemente en actividad. Durante la vigencia del
presente Decreto, a la muerte de un Agente de la Policía Nacional en
actividad, sus beneficiarios en el orden establecido en este Estatuto, tendrán
derecho a las siguientes prestaciones:
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a. A que por el Tesoro Público se les pague una compensación equivalente a
dos (2) años de los haberes correspondientes, tomando como base las
partidas señaladas en el artículo 100 del presente Estatuto.
b. Al pago de cesantía por el tiempo de servicio del causante.
c. Si el Agente hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio, a que
por el Tesoro Público, se les pague una pensión mensual la cual será
liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo
con la categoría y tiempo de servicio del causante.» [se resalta]
34. De acuerdo con la norma citada, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes
los beneficiarios del agente que hubiera cumplido 15 años o más de servicio, la cual
deberá ser liquidada de la misma forma que la asignación de retiro. Esta disposición
fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2002.
35. De otro lado, el artículo 132 del decreto mencionado, estableció el orden de
beneficiarios así: (i) la mitad «al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del
causante», en concurrencia estos últimos en proporciones de ley; (ii) en ausencia de
cónyuge, se dividirá por partes iguales entre los hijos; (iii) si no hubiere hijos, se
divide entre el cónyuge (50%) y los padres del causante (50% en partes iguales);
entre otros, cuando no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, o cuando no
concurriera ninguna de las personas indicadas anteriormente.
2.3.2. La pensión de sobrevivientes al tenor del régimen general previsto en
la Ley 100 de 1993
36. La Ley 100 de 1993, «[p]or la cual se crea el sistema de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones», en el capítulo IV, reguló lo concerniente a la pensión
de sobrevivientes.
37. El texto original del artículo 46 de dicho cuerpo normativo [vigente para la fecha
de fallecimiento del causante, 27 de noviembre de 1994], establecía que tendrían
derecho a la pensión de sobrevivientes:
«[...]
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por
riesgo común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este
hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado
por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes
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durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente
anterior al momento en que se produzca la muerte.» [se resalta]
38. Igualmente, en el artículo 47, estableció quiénes serían los beneficiarios de la
prestación:
«Artículo 47. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo
menos desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener
derecho a una pensión de vejez o invalidez[3], y hasta su muerte, y haya
convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con
anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido;
b. Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25
años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos
si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las
condiciones de invalidez.
c. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con
derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían
económicamente de éste.
d. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos
con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si
dependían económicamente de éste.»
39. A más de lo anterior, en los artículos 484 y 495 previó lo relativo al monto y a la
indemnización sustitutiva de la pensión.
3 Aparte declarado inexequible.
4 «Artículo 48. Monto de la pensión de sobrevivientes. El monto mensual de la pensión de
sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba.
El monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del
ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales
de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del
ingreso base de liquidación.
En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente,
conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley.
No obstante lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión de sobrevivientes
equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, vigente con anterioridad a la fecha de
vigencia de la presente Ley equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, siempre que se
cumplan las mismas condiciones establecidas por dicho instituto.»
5 «Artículo 49. Indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Los miembros del grupo
familiar del afiliado que al momento de su muerte no hubiese reunido los requisitos exigidos para la
pensión de sobrevivientes, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente
a la que le hubiera correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez,
prevista en el artículo 37 de la presente Ley.»
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Demandante: José David Caraballo Toro
2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto
40. En el expediente se encuentran probados los siguientes hechos relevantes:
40.1. José David Caraballo Toro nació el 15 de julio de 1995 y, según el registro
civil de nacimiento, es hijo de Luz Mary Toro Montes y José de Jesús Caraballo
Hernández.
40.2. José de Jesús Caraballo Hernández laboró al servicio de la Policía Nacional
como agente desde el 20 de marzo de 1990 hasta el 27 de noviembre de 1994,
fecha de su fallecimiento, para un total de 4 años y 9 meses6. Según el informe
administrativo por muerte 251 del 27 de diciembre de 1994, los hechos se calificaron
como «muerte en simple actividad».
40.3. Mediante la Resolución 004191 del 19 de abril de 1995 se reconoció a favor
de Luz Mary Toro Montes, como cónyuge del causante, y a Diana Marcela Caraballo
Toro, como hija, la suma de $6.856.779.43 por concepto de indemnización por
muerte y cesantía.
40.4. El 14 de abril de 2015, José David Caraballo Toro solicitó al Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; sin
embargo, fue negada por medio de la Resolución 00683 del 4 de mayo de 2015, en
la cual se consideró lo siguiente:
«Que atendiendo la eficacia de los principios de especialidad y de legalidad
del régimen aplicable a los miembros de la fuerza pública al momento del
deceso del señor Agente JOSÉ DE JESÚS CARABALLO HERNÁNDEZ, la
Policía Nacional, dispuso mediante Resolución No. 004191 del 19 de abril de
1995, el reconocimiento y pago de la indemnización por muerte y cesantía a
favor de la señora LUZ MARY TORO MONTES [...], en calidad de cónyuge y
en representación de la entonces menor DIANA MARCELA CARABALLO
TORO, nacida el 27 de diciembre de 187 [...] hija del causante;
Que el joven JOSÉ DAVID CARABALLO TORO, nacido el 15 de julio de 1995
[...], solicita el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes invocando su
calidad de hijo y bajo los parámetros establecidos en la Ley 100 de 1993;
[...]
Que para el caso en estudio se encontraba vigente en materia pensional el
Decreto 1213 de 1990, norma de carácter especial que establece la
posibilidad para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para los
beneficiarios del causante cuando éste hubiere laborado 15 años o más al
6 Según la hoja de servicios: (i) agente alumno: desde el 20 de marzo de 1990 hasta el 31 de agosto
de 1990; (ii) agente nacional desde el 1 de septiembre de 1990 hasta el 27 de noviembre de 1994;
(ii) 3 meses de alta: desde el 27 de noviembre de 1994 hasta el 27 de febrero de 1995. Fue retirado
mediante la Resolución 019240 del 20 de diciembre de 1994.
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Demandante: José David Caraballo Toro
servicio de la institución.
[...]
Que de otra parte, la Corte Constitucional ha reiterado la especialidad del
régimen prestacional de la Fuerza Pública, en la Sentencia C-970 de 2003,
excluyendo la aplicación de la normatividad inherente al Sistema General de
Seguridad Social [...]»
40.5. Contra la anterior decisión, el demandante presentó los recursos de
apelación y reposición, los cuales fueron resueltos desfavorablemente a través de
las Resoluciones 01321 del 25 de septiembre y de 2015 y 05245 del 27 de
noviembre de la misma anualidad.
40.6. Según el oficio S-2019 del 16 de octubre de 2019, en la entidad no se
encontró «antecedente en cuanto a lo concerniente a solicitud de pensión de
sobrevivientes de las señoras Luz Mary Toro Montes [...] y Diana Marcela Caraballo Toro,
cónyuge e hija» de José de Jesús Caraballo Hernández.
40.7. Para el año 2017, el demandante estudiaba en la Institución Universitaria ITM
el programa «Tecnología en Sistemas de Información», nivel 2. Este tenía una duración
de 6 semestres. Con el fin de demostrar la calidad de estudiante del demandante,
en la audiencia de pruebas realizada el 10 de julio de 2017, se practicó el testimonio
de Carlos Alberto Muñoz Betancur, quien manifestó lo siguiente:
«Preguntado: [...] durante ese periodo que usted lo conoce [al demandante],
¿siempre lo ha conocido estudiando? Contestó: efectivamente, yo conozco
a José David desde hace 4 años y desde ese tiempo lo he visto como un
estudiante de la Institución Educativa ITM de Medellín. Preguntado: ¿sabe
usted qué estudios está realizando el joven José David? Contestó: sí, él está
estudiando una tecnología en sistemas. Preguntado: ¿sabe usted en qué
semestre se encuentra? Contestó: está en el cuarto semestre. [...]»
41. En el recurso de apelación, la entidad demandada argumentó, principalmente,
que la norma aplicable era el Decreto 1213 de 1990 y, por lo tanto, se debían cumplir
15 años de servicios para que los beneficiarios del agente fallecido tuvieran derecho
a la prestación. Por esta razón, sostuvo que no era procedente el reconocimiento al
tenor de la Ley 100 de 1993, porque en el artículo 279 se excluyó expresamente a
los miembros de la Policía Nacional.
42. Como supra se indicó, el artículo 121 del Decreto 1213 de 1990 estableció que
la pensión de sobrevivientes se reconocería siempre y cuando se acreditaran 15
años o más de servicios; igualmente, que en la sentencia C-835 de 2002 se declaró
su exequibilidad.
43. La demanda de inconstitucionalidad se fundamentó en que se quebrantaban los
derechos a la igualdad y seguridad social, en razón a que a los beneficiarios de un
agente de policía que falleciera en una situación de simple actividad se les exigía
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Demandante: José David Caraballo Toro
un tiempo mayor respecto de aquellos que eran beneficiarios del régimen de la Ley
100 de 1993, pues únicamente se exigían 26 semanas de aportes en el año anterior
a su muerte. Para resolver el cargo, la Corte Constitucional consideró que no existía
una discriminación porque las prestaciones se calculaban de manera distinta y
existían compensaciones diferentes que imposibilitaban aplicar un mismo patrón de
medición y que, «a pesar de que el tiempo de servicio en la Policía Nacional e[ra] más
estricto con miras a obtener la pensión de sobrevivientes por parte de los beneficiarios del
agente muerto en simple actividad, e[ra] claro que el régimen de la Fuerza Pública presenta
otras ventajas que no [tenían] los beneficiarios del régimen general», pero no se
pronunció sobre la aplicación del principio de favorabilidad.
44. Entonces, al tenor de las normas especiales, en principio, comoquiera que el
fallecimiento del agente de la Policía Nacional ocurrió el 27 de noviembre de 1994,
la norma aplicable era el artículo 121 del Decreto 1213 de 1990.
45. No obstante lo anterior, es menester puntualizar que si bien es cierto que, de
conformidad con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional fueron excluidos de su aplicación, también lo es
que el artículo 288 ibidem dispuso que «[t]odo trabajador privado u oficial, funcionario
público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley
le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con
lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la
totalidad de disposiciones de esta ley».
46. Cuando se trata de regímenes especiales respecto de la pensión de
sobrevivientes, esta corporación ha considerado que sí es viable aplicar la Ley 100
de 1993, en razón a que resulta más favorable cuando no se ha logrado cotizar el
tiempo de servicio que exige la norma especial; ello, siempre y cuando el derecho
se cause en su vigencia, es decir, a partir del 1 de abril de 1994.
47. Así lo expuso esta Subsección, por ejemplo, en la sentencia proferida el 6 de
octubre de 20227:
«En este orden de ideas, la regulación contenida en la Ley 100 de 1993 no
resulta aplicable a los miembros de la Policía Nacional, entre otros servidores,
por cuanto expresamente su artículo 279 los excluyó del sistema general de
seguridad social. Sin embargo, de conformidad con lo señalado en el artículo
288 ibidem, tales servidores públicos se podrían acoger a los mandatos allí
contenidos, en atención al principio de favorabilidad.
[...]
Asimismo, comoquiera que, como se dejó anotado, los miembros de la Policía
Nacional gozan de un régimen especial en pensiones, por lo que si la norma
especial que los rige contempla mayores requisitos, para acceder a dicha
prestación, que los determinados en el régimen general de seguridad social,
7 Radicación 25000-23-42-000-2018-2678-01 (3030-2021).
Radicado: 05001-23-33-000-2016-00928-01 (3725-2022)
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en principio, los beneficiarios de los agentes de la Policía Nacional estarían
amparados por los preceptos favorables de la Ley 100 de 1993, empero,
ello solo es viable en la medida en que el derecho pensional se haya
producido a partir de su vigencia (1º de abril de 1994), según lo prescrito en
el referido artículo 151 de dicha Ley» [sic] [se resalta].
48. Igualmente, en la sentencia de unificación proferida por esta Sección el 30 de
mayo de 20198, se analizó el derecho a la pensión de sobrevivientes de los oficiales
y suboficiales de la Policía Nacional antes de la entrada en vigencia del Decreto
4433 de 2004, en razón a que el régimen previsto en el Decreto 1212 de 1990 no
estableció una pensión para los beneficiarios de aquellos fallecidos en simple
actividad que no hubieren prestado sus servicios por el tiempo requerido en dicha
norma [15 años].
49. En la providencia mencionada se hizo un análisis detallado de los principios de
favorabilidad, pro homine e igualdad, para señalar que si bien es cierto que la
jurisprudencia ha admitido la existencia de regímenes especiales y que sus
beneficiarios se deben acoger en su totalidad a las disposiciones normativas que lo
regulan [principio de inescindibilidad], también lo es que, en virtud de la regla de
favorabilidad prevista en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, «debe dársele
prevalencia a las normas generales que prevén una prestación con mayor vocación de
continuidad», razón que ha llevado a que se apliquen las normas del régimen general
a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
50. Estas consideraciones llevaron a que se estableciera, entre otras, la siguiente
regla:
«1. Con fundamento en la regla de favorabilidad contenida en el artículo 288
de la Ley 100 de 1993, los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la
Policía Nacional fallecidos en simple actividad con anterioridad a la entrada
en vigencia del Decreto 4433 de 2004 y con posterioridad a la vigencia de
aquella ley, pueden beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista por
el régimen general contenido en sus artículos 46, 47 y 48. Este régimen
deberá aplicarse en su integridad para efectos del reconocimiento de la
prestación, esto es, lo relativo al monto de la pensión, el ingreso base de
liquidación y el orden de beneficiarios.» [se resalta, negrilla del original]
51. Aunque en el texto de la providencia se indicó expresamente que del ámbito de
interpretación normativa quedaban excluidos los agentes de la Policía Nacional
porque se regían por disposiciones diferentes [Decreto 1213 de 1990], lo cierto es
que el Decreto 1212 de 1990, aplicable a oficiales y suboficiales, también establecía
que, para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se debía
acreditar un tiempo de servicio de 15 o más años de servicios, regla que es idéntica
a la prevista en el artículo 121 del Decreto 1213 de 1990.
52. Entonces, si la sentencia de unificación realizó un análisis del principio de
8 Radicación 25000-23-42-000-2013-02235-01 (2602-16) CE-SUJ-016-19.
Radicado: 05001-23-33-000-2016-00928-01 (3725-2022)
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favorabilidad para concluir que a los miembros de la fuerza pública también les es
aplicable el régimen general de seguridad social establecido por la Ley 100 de 1993
en virtud de su artículo 288, debe comprenderse que, como el artículo 121 del
Decreto 1213 de 1990 también estableció un requisito de 15 años para el
reconocimiento de la prestación y aquella ley, en su artículo 46 original, exigió 26
semanas al momento de la muerte, por favorabilidad puede acudirse a este último
para tal efecto.
53. Por lo anterior, considera la Sala que, en el caso de los agentes fallecidos en
simple actividad, es procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
al tenor de la Ley 100 de 1993. Ciertamente, José de Jesús Caraballo Hernández
falleció el 27 de noviembre de 1994, fecha posterior a la entrada en vigor de dicha
norma [1 de abril de 1994] y prestó sus servicios a la Policía Nacional por 4 años y
9 meses, es decir, más de 26 semanas.
54. Como se indicó en los hechos probados, José David Caraballo Toro nació el 15
de julio de 1995, cumplió los 18 años el 15 de julio de 2013 y, 25 años, el 15 de julio
de 2020; además, demostró que, para el año 2017, estudió el nivel 2 del programa
de «Tecnología en Sistemas de Información» en la Institución Universitaria ITM; razón
por la cual la Sala comparte la decisión de ordenar el reconocimiento de la
prestación bajo la condición de demostrar su condición de estudiante.
55. Ahora bien, la entidad demandada también sustentó su recurso en que «al
presentarse el lamentable hecho de fallecimiento del señor CARABALLO HERNÁNDEZ, no
podría consolidarse ninguna actuación de reconocimiento más que el que ya se entregó a
los beneficiarios que el de indemnización».
56. En efecto, como se reseñó en los hechos probados, la compensación por
muerte fue reconocida a través de la Resolución 004191 del 19 de abril de 1995 a
Luz Mary Toro Montes y Diana Marcela Caraballo Toro, cónyuge e hija del causante,
respectivamente, es decir, antes de que el aquí demandante naciera [15 de julio de
1995].
57.No obstante, ello no impide el reconocimiento de la pensión al actor, comoquiera
que, en la aludida sentencia de unificación, se señaló que, habida cuenta que esta
es una prestación propia del régimen especial de la Policía Nacional y no del
general, se «deben efectuar los respectivos descuentos de lo que se hubiere pagado como
consecuencia de la aplicación de aquel derecho, pues ambos regímenes resultan
incompatibles». Además, advirtió que estos [los descuentos] solo se podrán efectuar
siempre y cuando «haya identidad entre el beneficiario de la compensación por muerte y
el beneficiario de la pensión de sobrevivientes que se reconoce».
Radicado: 05001-23-33-000-2016-00928-01 (3725-2022)
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58. La entidad demandada también argumentó que «los empleados públicos de la
Policía Nacional al igual que la institución como cuerpo especial no cotiza semanas para
pensión a fondo privado, Caja de Compensación o Seguridad social, el empleado de su
salario hace aportes en un 6% mensualmente, en el caso de los agentes para sostenimiento
de la Caja de Sueldos de retiro, entidad que cancela las asignaciones de retiro, estos
aportes no son destinados para cubrir pensión de vejez o sobrevivientes, y dicho valor no
representa un aporte para pensión».
59. El artículo 62 del Decreto 1213 de 1990 estableció que los agentes de la Policía
Nacional contribuirían para el sostenimiento de la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional con un 30% del sueldo básico como cuota de afiliación y con una
cuota mensual equivalente al 8% del respectivo sueldo, los cuales se destinarían
«para capitalización y obligaciones» de dicha caja [artículo 64 ibidem].
60. De conformidad con el Decreto 1774 de 19859 y, posteriormente, el Decreto
823 de 199510 [que derogó el anterior], una de las funciones de la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional consiste en «[r]econocer y pagar oportunamente a
quienes adquieran este derecho, las asignaciones de retiro, pensiones y demás
prestaciones que la ley señale»; de ese modo, serán esas las cotizaciones que se
deban tener en cuenta para calcular la prestación. Así se sostuvo en la sentencia
de unificación supra citada y en la proferida el 22 de junio de 202311:
«En consecuencia, dado que el extinto agente Reinel Chicangana Magym
prestó sus servicios a la Policía Nacional durante 6 años, 10 meses y 24 días,
el monto de la citada prestación pensional, de acuerdo con el artículo 48 de
la Ley 100 de 1.993, debe ser equivalente al 45% del ingreso base de
liquidación. Deberán tenerse en cuenta para la liquidación de la mesada tan
solo aquellos conceptos de la asignación mensual devengada por el causante
sobre los cuales se hayan efectuado los respectivos aportes a la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, sin que en ningún caso la
prestación pueda ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente».
61. En suma, contrario a lo sostenido por la entidad demandada, se cumple con los
requisitos para reconocer la pensión a favor de José David Caraballo Toro, hijo del
agente fallecido, José de Jesús Caraballo Hernández, razón por la cual se
confirmará la sentencia de primera instancia.
62.Finalmente, la Sala no pasa por alto que, de conformidad con el artículo 171 del
CPACA, el auto admisorio se debe notificar a «los sujetos que, según la demanda o las
9 «Por el cual se aprueba el Acuerdo número 011 de 1985 30 de mayo de la Junta Directiva de la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional».
10 «[P]or el cual se expide el Estatuto Interno de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional,
adoptado por Acuerdo 01 del 11 de enero de 1985».
11 Sección Segunda, Subsección A, radicación 54001-23-33-000-2018-00012-01 (1770-2021).
Radicado: 05001-23-33-000-2016-00928-01 (3725-2022)
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actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso», como eran Luz
Mary Toro Montes y Diana Marcela Caraballo Toro, quienes, al ser cónyuge e hija
del causante, se encontraban en el orden de beneficiarios previsto en el artículo 47
de la Ley 100 de 1993.
63. Sin embargo, en el plenario está demostrado que, desde el nacimiento del
demandante [15 de julio de 1995] hasta cuando cumplió 18 años [15 de julio de
2013], nadie más solicitó la prestación y, tampoco, desde esta última fecha hasta el
año 201912, según lo informó la entidad [§40.6]; incluso, esa ausencia de
reclamaciones se extendió hasta mayo de 2021 cuando la entidad interpuso el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, pues nada manifestó
sobre la concurrencia de otros beneficiarios13; en consecuencia, devenía
innecesaria su vinculación a esta litis.
2.5. Costas de la segunda instancia
64. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas por esta instancia.
2.6. Conclusión
65. Por las razones vertidas en precedencia, se confirmará la sentencia que accedió
a las pretensiones de la demanda, pues está demostrado que el agente José de
Jesús Caraballo Hernández falleció después de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, norma aplicable en virtud del principio de favorabilidad; además,
prestó sus servicios a la Policía Nacional por más de 26 semanas, razón por la cual
es procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a su hijo, José
David Caraballo Toro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
12 El demandante cumplió los 25 años el 25 de julio de 2020.
13 Las fechas de cada uno de los eventos son las siguientes:
Fecha Evento
27/11/1994 Muerte de José de Jesús Caraballo Hernández (calificada simplemente en actividad).
19/04/1995 Reconocimiento de la compensación por muerte a favor de Luz Mary Toro Montes y Diana
Marcela Caraballo Toro, madre y hermana del demandante.
15/07/1995 Nacimiento de José David Caraballo Toro
15/07/2013 José David Caraballo Toro cumplió 18 años
14/04/2015 Radicación de la petición del demandante con el fin de que se le reconociera la pensión de
sobrevivientes.
12/06/2016 Radicación demanda
06/03/2017 Contestación de demanda. Nada se mencionó sobre peticiones de otros beneficiarios.
16/10/2019 Oficio de Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, según el cual no existían antecedentes
de otras solicitudes de pensión de sobrevivientes.
15/07/2020 José David Caraballo Toro cumplió 25 años
01/05/2021 Recurso de apelación. La entidad no manifestó que se presentaron otras peticiones.
Radicado: 05001-23-33-000-2016-00928-01 (3725-2022)
Demandante: José David Caraballo Toro
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 29 de abril de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que accedió las pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas por esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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