Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00994-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00994-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-00994-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00994-01 (1069-2024)
Demandante: Joaquín Emilio Rivera Zapata
Demandado: Departamento de Antioquia
Tema: Régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Requisitos
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por el
departamento de Antioquia contra la sentencia del 24 de noviembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
1. Joaquín Emilio Rivera Zapata demandó en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones i) 201500001016 del 16 de enero de
2015 expedida por el departamento de Antioquia que le negó el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación; ii) 201500004396 del 18 de febrero de 2015
mediante la cual se resolvió de forma negativa el recurso de reposición presentado
contra el acto anterior; y iii) S201500096544 del 7 de abril de 2015 a través de la
cual se resolvió el recurso de apelación.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación desde el 14 de agosto de 2003, de conformidad con lo
1Samai, índice 2, archivos «4ED_05001233300020160099400ZIP», «Cuaderno001» y
«001Demanda»
2 En adelante CPACA.
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dispuesto en la Ley 33 de 1985; ii) la aplicación de una tasa de remplazo o monto
porcentual del 75% del ingreso base de liquidación, calculada sobre el promedio de
todos los factores salariales y no salariales devengados en su último año de servicio;
iii) la indexación de las sumas reconocidas; iv) el pago de los intereses moratorios
sobre la totalidad de la sumas adeudadas desde el 10 de abril de 2015 hasta el
momento en que se realice el pago total, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley
100 de 1993; y v) el pago de las costas judiciales a su favor.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes3 :
4. Joaquín Emilio Rivera Zapata nació el 14 de agosto de 1948.
5. Era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 porque a la fecha de su entrada en vigencia, 1 de abril de 1994, tenía 40
años.
6. Se desempeñó como soldado en el Ejército Nacional entre el 7 de noviembre de
1966 y el 14 de septiembre de 1968, de acuerdo con el certificado CERT2014-2331-
24-MDN-SGDA-GAG del 1 de agosto de 2014.
7. Prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del departamento de Antioquia
como «Celador en la Escuela de Ciegos y Sordos en el Núcleo 0106» desde el 1 de abril
de 1970 hasta el 23 de febrero de 1989, por consiguiente se desempeñó como
empleado público por un total de 20,75 años.
8. De acuerdo con la Ley 33 de 1985 el derecho de la pensión de vejez se estructuró
el 14 de agosto de 2003 cuando cumplió con el requisito de la edad, pues ya tenía
20 años de servicios públicos laborados.
9. Entre el 25 de febrero de 1988 y el 24 de febrero de 1989, último año laborado
en el departamento de Antioquia, recibió los siguientes conceptos: i) salario; ii) prima
de navidad; iii) prima de carestía semestral; iv) prima de vacaciones; v) horas extras
y festivos; v) subsidio de transporte.
10. El 23 de septiembre de 2014 solicitó el reconocimiento de una pensión de vejez
ante el departamento de Antioquia.
11. Mediante oficio 201400508263 del 5 de noviembre de 2014 el departamento
presentó una consulta de cuota parte pensional ante el Ministerio de Defensa
Nacional y envió un proyecto de resolución «por medio del cual se reconoce una
3 Samai,
índice 2, archivos «4ED_05001233300020160099400ZIP», «Cuaderno001» y
«001Demanda»
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pensión vitalicia de jubilación», el cual establecía un valor de pensión mensual
equivalente a $778.919.94 a partir del 15 de agosto de 2003. Prestación que fue
liquidada aplicando un 75% del IBL calculando el promedio devengado durante el
último año de servicio.
12. Con oficio OFI14-83617 MDNSGDAGPSABCF del 27 de noviembre de 2014, el
Ministerio de Defensa Nacional aceptó la cuota parte consultada por la demandada,
en los términos y condiciones establecidas en el proyecto de resolución antes
mencionado.
13. Con la Resolución 201500001016 del 16 de enero de 2015 la entidad
demandada negó el reconocimiento de una pensión de jubilación al demandante a
pesar de haber agotado el proceso de consulta de cuota parte y haber sido aceptada
por el Ministerio de Defensa.
14. El 3 de febrero de 2015 con radicado R2015000065312 se presentó un recurso
de apelación contra la resolución antes señalada.
15. A través de la Resolución 201500004396 del 18 de febrero de 2015 el
departamento de Antioquia resolvió «el recurso de reposición» en el sentido de no
reponer la decisión tomada en el acto 201500001016 del 16 de enero de 2015, a
pesar de que el demandante no había interpuesto aquel recurso sino el de
apelación.
16. Con Resolución S201500096544 del 7 de abril de 2015 la entidad demandada
resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión del 16 de enero de esa
anualidad.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
17. Como tales se señalaron los artículos 2, 46, 48, 49, 53, 83, 84 de la Constitución
Política; 22 de la Declaración de los Derechos Humanos; 16 de la Declaración
Americana de los Derechos de la Persona; 9 del Pacto Internacional de Derechos
Sociales y Culturales; 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el
Código Iberoamericano de la Seguridad Social; 1 de la Ley 33 de 1985; 2, 36 y 141
de la Ley 100 de 1993; y 114 de la Ley 1395 de 2010.
17.1. La entidad demandada al negar el reconocimiento pensional con el argumento
de que no tenía una vinculación vigente al momento de la entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones realizó una interpretación inconstitucional del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al exigir un requisito diferente de los establecidos
por esa norma como era tener una vinculación activa o vigente a la entrada en vigor
del Sistema General de Pensiones, lo que significaba ir en contra de los principios
de seguridad jurídica, confianza legitima y la cosa juzgada.
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17.2. El principio de confianza legitima fue desconocido, pues se evidenció que
inicialmente el departamento de Antioquia pretendió el reconocimiento de la pensión
de jubilación a favor del demandante tal y como se acreditó con el hecho de haber
realizado una consulta de la cuota parte pensional al Ministerio de Defensa Nacional
de acuerdo con la copia del Oficio 201400508263 del 5 de noviembre de 2014, la
cual fue aceptada por la entidad consultada mediante el Oficio 14-83616 del 27 de
noviembre de 2014.
17.3. Para acceder a los beneficios del régimen de transición solo se requería tener
la edad o el tiempo de servicio establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
sin que pudiera entenderse que existían otros requisitos adicionales a los
señalados, como exigir un vínculo laboral vigente para poder ser beneficiario de
aquel.
1.2. Contestación de la demanda4
18. El departamento de Antioquia se opuso a las pretensiones de la demanda, con
sustento en lo que sigue:
19. Al demandante no le asistía el derecho a la pensión de jubilación con base en
el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por
cuanto al momento de entrar en vigor esa ley, el 30 de junio de 1995, no se
encontraba vinculado al departamento de Antioquia, pues su retiro se dio el 23 de
febrero de 1989, fecha para la cual si bien contaba con 20 años de servicios lo cierto
es que solo tenía 40 años de edad.
20.No era beneficiario del régimen de transición para obtener el derecho de la
pensión de vejez, es decir, que debía cumplir con los requisitos de la Ley 100 de
1993, esto es, 60 años de edad y 1.125 semanas, pero solo acreditó 1.083
semanas, razón por la cual tampoco cumplió con ese requisito.
21. La Corte Constitucional5 indicó que no podrían beneficiarse del régimen de
transición las personas que no se encontraran vinculadas laboralmente o estuvieran
cesantes o no afiliadas a un régimen pensional al momento de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, a pesar de cumplir con la edad o el tiempo
requerido, por lo que debían acreditar los requisitos exigidos por el artículo 33
ibidem para tener derecho a la pensión de vejez.
22. Asimismo, invocó las excepciones de «legalidad de los actos demandados»,
«inexistencia de la obligación demandada en cabeza del departamento de Antioquia»,
4 Samai, índice 2, archivos «4ED_05001233300020160099400ZIP», «Cuaderno001» y
«011Contestación»
5 T-037 de 2013.
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«prevalencia del precedente constitucional» y «prescripción».
1.3. La sentencia apelada6
23. En sentencia proferida el 24 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo
de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró la
nulidad de los actos acusados, ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez del
demandante y negó el pago de los intereses moratorios, por las siguientes razones:
24. Si bien para el 30 de junio de 1995 Joaquín Emilio Rivera Zapata no se
encontraba vinculado laboralmente, lo cierto era que el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, no estableció ese requisito para tener derecho a la aplicación de régimen de
transición.
25. No era posible aplicar la sentencia C-596 de 1997 invocada por la entidad
demandada, toda vez que la expresión «el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados» que previó la normativa antes mencionada no significaba una vinculación
laboral y no podía ser entendido como sinónimo de vínculo laboral vigente, ya que
este hacía referencia a los servicios prestados o cotizados antes de la entrada en
vigencia del régimen establecido en la Ley 100 de 1993, no al vínculo laboral vigente
en ese momento7.
26. En la sentencia del 9 de febrero de 20128 el Consejo de Estado indicó que la
expresión afiliados establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 había sido
definida en la providencia del 10 de abril de 1997, con la declaratoria de nulidad del
inciso 2 del artículo 3 del Decreto 1160 de 1994, al concluir que la Ley 100 de 1993
no exigía a quienes no estuvieran vinculados laboralmente a la vigencia de esta,
haber cotizado al ISS para ser beneficiario del régimen de transición.
27. A su vez, en la sentencia del 25 de agosto de 20229 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado se estableció que no era obligatoria la vinculación laboral del
trabajador al 1 de abril de 1994 o 30 de junio de 1995 en aras de mantener el
régimen de transición, pues la intención del legislador fue requerir exclusivamente
que se contara con la edad o tiempo de servicio necesario.
28. Se acreditó en el proceso que Joaquín Emilio Rivera Zapata cumplió con los
requisitos de edad y tiempo para ser beneficiario del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual le era aplicable
6Samai, índice 2, archivo «4ED_05001233300020160099400ZIP» y «01.
SentenciaPrimeraInstancia»
7 Sentencia del 31 de agosto de 200. Consejo de Estado. Radicado 16717.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de febrero de 2012,
radicación: 25000-23-25-000-2007-00953-01(2334-10), demandante: María Figueroa González
Cita 18 del texto original.
9 Expediente 6601-23-33-000-2017-00682-01 (0713-2020)
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la Ley 33 de 1985 para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, la cual
exigía 20 años de servicio y 55 años de edad que cumplió el 14 de agosto de 2003.
29.El demandante prestó sus servicios al Ministerio de Defensa como soldado y al
departamento de Antioquia como celador, por lo que reunió un total de 7.471 días
equivalentes a 1.067,28 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, faltándole solamente el requisito de la edad de 55 años, que cumplió el 14 de
agosto de 2003.
30. Como restablecimiento del derecho se ordenó el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez a partir del 14 de agosto de 2003 por el equivalente al 75% del
promedio de los últimos 10 años y con los factores salariales indicados en el Decreto
1158 de 1994 devengados por el demandante y sobre los cuales hizo aportes al
sistema, de acuerdo con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, según la cual solo se tendrían
en cuenta los factores que la persona hubiese devengado y sobre los cuales efectuó
las cotizaciones.
31. Se declararon prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 24 de
septiembre de 2011, por cuanto la solicitud ante la demandada se realizó el 24 de
septiembre de 2014.
32. No procedía el reconocimiento de los intereses moratorios, pues estos solo
podían aplicarse a partir del reconocimiento de la prestación, situación que solo se
configuraría a partir de la ejecutoria del fallo.
1.4. Recurso de apelación10
33. La entidad demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y lo sustentó así:
34. Si bien para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el orden
departamental, esto es el 30 de junio de 1995, el demandante contaba con más de
40 años de edad y 20 años de servicio, también lo era que no se encontraba
vinculado laboralmente ni afiliado al régimen pensional, toda vez que su última
vinculación fue en el año 1989 con el departamento de Antioquia.
35. Esa condición era la que impedía al demandante ser beneficiario del régimen
de transición y adquirir la pensión de jubilación bajo los requisitos que previó la Ley
33 de 1985, que exigía para tal fin contar con más de 20 años de servicio y 55 años
de edad, requisito que cumplió el 14 de agosto de 2003.
10Samai,índice 2, archivo «4ED_05001233300020160099400ZIP» y «03.Memorial16 .01.2023
RecursoApelacionSentencia»
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36. El a quo no podía dejar de aplicar las sentencias C-596 de 1997 y T-037 de
2013 proferidas por la Corte constitucional, con fundamento en lo dispuesto en la
jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que se declaró la nulidad del inciso 2
del artículo 3 del Decreto 1160 de 1994, así como la sentencia del 31 de agosto de
2000 que declaró nulas algunas expresiones del artículo 1 del Decreto 813 de 1994,
como la de «el régimen anterior al cual se encuentren afiliados».
37. La Corte Constitucional analizó en la sentencia C-540 de 2008, vigencia de la
Ley 33 de 1985, en consideración a la existencia de una multiplicidad de regímenes
pensionales anteriores a la reforma introducida por la Ley 100 de 1993, el artículo
36 de esa normativa creó un régimen de transición para proteger las expectativas
legítimas que tenían los trabajadores afiliados al régimen de prima media con
prestación definida a la fecha de su entrada en vigencia y que estuvieran próximos
a pensionarse.
38. En cuanto a la afiliación o no de los trabajadores al régimen de pensiones para
ser beneficiarios del régimen de transición como una protección a la expectativa
legítima de adquirir el derecho pensional, indicó lo siguiente:
«64. La Corte explicó que el beneficio estaba dado por la “posibilidad de obtener la
pensión” según los requisitos del régimen pensional anterior, siempre y cuando
estuvieran afiliados al mismo. Y al efecto consideró: “No podía ser de otra forma,
porque de lo contrario, se pregunta la Corte: ¿Cuáles serían los requisitos o condiciones
más favorables que se harían prevalecer frente a las exigencias de la nueva ley? Si la
persona no estaba vinculada a ningún régimen pensional, no existía ni siquiera la
expectativa de derecho a pensionarse según determinados requisitos […] Luego, por
elementales razones de lógica jurídica, era necesario establecer el condicionamiento
de estar afiliado a algún régimen pensional para efectos de ser acreedor al
beneficio derivado del régimen de transición, consistente en poder pensionarse de
conformidad con los requisitos y condiciones previstos para el régimen anterior” (resalta
la Sala)
39. Las sentencias referidas fueron proferidas con posterioridad al año 2003, fecha
en la cual indicó el fallador de primera instancia que el demandante reunió los
requisitos de la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de jubilación, por
encontrarse amparado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, sin que fuera necesario estar vinculado a un régimen pensional, bajo la
advertencia de que esa hipótesis podría entenderse como un impedimento para
acceder al beneficio pensional, lo cual, como contrariamente se expuso en las
sentencias referidas, sí se hacía necesario que el solicitante hubiese estado
vinculado al régimen pensional para poder ser beneficiario del régimen de transición
y acceder así a la pensión de jubilación.
1.5. Trámite en segunda instancia
40. En auto del 28 de junio de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado
por el departamento de Antioquia contra la sentencia del 24 de noviembre de 2022
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proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia11.
41. El Ministerio Público no presentó concepto.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
42. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por el departamento de Antioquia
de conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
43. De conformidad con el recurso de apelación, se debe resolver el siguiente
interrogante: ¿Joaquín Emilio Rivera Zapata era beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 a pesar de que en el momento de su entrada en
vigencia no se encontraba vinculado laboralmente y por ende afiliado a una caja o
administradora de pensiones?
44. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
del régimen general de pensiones, Ley 100 de 1993 y el régimen de transición; ii)
se expondrá los hechos probados; y tercero, se resolverá el caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 y el régimen de
transición
45. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral cuyo
propósito fue «unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social, así como
para coordinar a las entidades prestatarias de las mismas, para obtener las finalidades
propuestas en [esa] Ley». Asimismo, el Sistema General de Pensiones allí diseñado
tuvo por objeto «garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas
de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que se determinan en [esa] Ley, así como propender por la ampliación
progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de
pensiones».
11 Samai, índice 11.
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46. En virtud de lo anterior, en su artículo 12 estableció dos regímenes i) el de prima
media con prestación definida, administrado por el extinto ISS, hoy Colpensiones y
ii) el de ahorro individual con solidaridad, gestionado por los fondos privados.
47. Con la mencionada normativa el legislador quiso proteger a dos grandes grupos
de personas que se encontraban bajo regímenes pensionales anteriores, regímenes
que quedarían «insubsistentes ante la entrada en vigencia del nuevo sistema»12.
48. El primer grupo de personas fue aquel que tenía unos derechos, garantías o
beneficios adquiridos y establecidos conforme a las disposiciones normativas
anteriores, para quienes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hubiesen
cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encontraran pensionados
por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes del sector público, oficial,
semioficial en todos los órdenes del régimen de prima media y del sector privado en
general (artículo 11)13.
49. El segundo grupo de personas, al que quiso proteger el legislador, fue a aquel
que estaba próximo a adquirir el derecho a la pensión conforme a las disposiciones
legales anteriores. Para este grupo, la Ley 100 de 1993 otorgó una vigencia
ultractiva de algunos elementos del régimen pensional que lo cobijaba,
concediéndole a dicho régimen unos efectos con el fin de que, a medida que estas
personas cumplieran los requisitos para acceder a una pensión, adquirieran el
derecho en los términos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
50. Por lo tanto, en aras de la protección de los derechos de los empleados que
reunían ciertos requisitos al momento de la entrada en vigencia de la citada norma
(1 de abril de 1994 o el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito
territorial), se estipuló un régimen de transición en el artículo 36 ibidem, en el cual
se estableció:
«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años
para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la
edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para
los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».
51. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición
12 Sentencia del 28 de agosto de 2018. Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01.
13 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Joaquín Emilio Rivera Zapata
el trabajador que al 1 de abril de 1994 o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó
a regir en el ámbito territorial contara con alguno de los siguientes requisitos: i) 35
años de edad o más si es mujer, ii) 40 años o más si es hombre o iii) 15 años o más
de servicios cotizados, es decir, es suficiente reunir uno solo de estos para gozar
del derecho adquirido.
52. El mencionado régimen de transición no solo aplica para los regímenes que
regulan el sistema prestacional a gran escala como la Ley 6 de 1945, el Decreto
3135 de 1968, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, sino que también procede
para los regímenes especiales, como son los decretos 546 de 1971 referente a los
empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, 929 de
1976 y 720 de 1978 referentes a los empleados de la Contraloría General de la
República, entre otros.
53. Asimismo, el parágrafo transitorio 4 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005
dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política.
[…]
Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y
demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de
julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además,
tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la
entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho
régimen hasta el año 2014.»
54. De acuerdo con las normas antes señaladas, para que los derechos
pensionales se consolidaran con sujeción al régimen al cual se encontraba afiliado
el trabajador cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, debía: i) contar con 35
o más años si era mujer, o 40 o más años para el caso de los hombres, o que ii) en
uno u otro caso, tuvieran 15 o más años de servicios.
2.4. Hechos probados
55. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
56. Joaquín Emilio Rivera Zapata nació el 14 de agosto de 194814.
57. Prestó sus servicios como soldado en el Ejército Nacional desde el 7 de
noviembre de 1966 hasta el 14 de septiembre de 1968 y tenía una asignación básica
14Samai,índice 2, archivos «4ED_05001233300020160099400ZIP», «Cuaderno001» y
«001Demanda» página 32.
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mensual de $90.00 para el año de su retiro15.
58.Asimismo, estuvo vinculado como celador de la secretaría de educación del
departamento de Antioquia desde el 1 de abril de 1970 hasta el 23 de febrero de
198916.
59. Mediante petición del 24 de septiembre de 2014 solicitó al departamento de
Antioquia el reconocimiento y pago de la pensión de vejez17.
60. El 23 de octubre de 2014 afirmó, mediante declaración extrajuicio, que no había
recibido pensión alguna y que tampoco había adelantado otro trámite de
reconocimiento pensional18.
61. Con oficio del 5 de noviembre de 2014 la gobernación de Antioquia presentó
una consulta de cuota parte pensional ante el Ministerio de Defensa Nacional,
relacionada con la situación pensional del demandante y remitió copia de un
proyecto de resolución en el que le reconocía la pensión de jubilación al
demandante y le asignaba una cuota parte a esa entidad por el valor de $69.652.82
mensuales desde el año 2003, en atención a los 678 días de servicio que presó
como soldado19.
62. A través del oficio OFI14-83616 del 27 de noviembre de 2014, el Ministerio de
Defensa manifestó a la demandada que aceptaba la cuota parte pensional respecto
de la prestación del demandante20.
63. El departamento de Antioquia con Resolución 201500001016 del 16 de enero
de 2015 negó la solicitud de la pensión de vejez presentada por el demandante, por
cuanto no era beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, toda vez que al 30 de junio de «1996», fecha de entrada en
vigencia del Sistema General de Pensiones, no se encontraba vinculado
laboralmente con esa entidad, pues se desvinculó el 23 de febrero de 1989.
Además, tampoco cumplió con los requisitos para ser beneficiario de la ley en
mención porque para el 14 de agosto de 2008, fecha en la que cumplió los 60 años
de edad, se exigía 1.125 semanas, no obstante, solo acreditó 1.08321.
64. El 3 de febrero de 2015 el demandante presentó recurso de apelación contra el
anterior acto22.
15 Ibidem páginas 104 a 111.
16 Ibidem páginas 112 a 121.
17 Ibidem páginas 34 a 37.
18 Ibidem página 123.
19 Ibidem páginas 40 a 51.
20 Ibidem páginas 52 a 53.
21 Ibidem páginas 54 a 72.
22 Ibidem páginas 73 a 83.
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65. Con la Resolución 201500004396 del 18 de febrero de 2015 se decidió no
reponer la Resolución 201500001016 del 16 de enero de ese año que negó la
solicitud de la pensión de vejez y se concedió el recurso de apelación ante la
secretaría general del departamento de Antioquia23.
66. Mediante la Resolución S201500096544 del 7 de abril de 2015 la demandada
resolvió el recurso de apelación y decidió confirmar la Resolución 201500001016
del 16 de enero de 201524.
2.5. Caso concreto
67. En el presente asunto, el demandante solicitó la nulidad de los actos a través
de los cuales el departamento de Antioquia le negó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, toda vez que no tenía un vínculo
laboral vigente con esa entidad al 30 de junio de 1995, fecha de la entrada en
vigencia en el orden territorial de la Ley 100 de 1993.
68. Por su parte, el a quo en la sentencia de primera instancia determinó que
Joaquín Emilio Rivera Zapata era beneficiario del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, pues para el 30 de junio de 1995, fecha en la cual entró en vigor en el
orden departamental, tenía más de 40 años de edad y más de 15 años de servicios.
Por lo tanto, le eran aplicables los requisitos contenidos en la Ley 33 de 1985, para
obtener la pensión de vejez, esto es, 20 años de servicios y 55 años de edad y los
demás establecidos en la Ley 100 de 1993.
69. El departamento de Antioquia solicitó que se revocara la decisión de primera
instancia, pues el demandante no se encontraba vinculado laboralmente a esa
entidad y tampoco a un régimen pensional a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993 para poder ser beneficiario del régimen de transición y acceder a la pensión
de jubilación, de conformidad con lo establecido en las sentencias C- 596 de 1997,
C-540 de 2008 y T-037 del 2013, y en la sentencia de importancia jurídica del 28 de
agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado.
70. Frente a lo anterior, si bien es cierto que en la sentencia C-596 de 1997, la Corte
Constitucional consideró que para ser beneficiario del régimen de transición la
persona debía estar afiliada a un régimen pensional a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, también lo es que recientemente esa Corporación en la sentencia
SU-107 de 202425 dispuso lo siguiente frente al régimen de transición:
«El régimen de transición
23 Ibidem páginas 84 a 93.
24 Ibidem páginas 94 a 103.
25 https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/su107-24.htm
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129. Como se observa, tanto la Ley 100, como la Ley 797, incluyeron importantes
modificaciones al sistema de reparto que ya existía. Con todo, para no afectar demasiado
las expectativas legítimas que tenían aquellas personas que pretendían pensionarse
antes del advenimiento de estas normas, se estableció el denominado régimen de
transición. El régimen se incluyó en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Para estar
amparado por él, las personas debían: a) tener 35 años (mujeres) o 40 (hombres), al
momento en que entra en vigencia la norma; o, b) contar con 15 años de servicios
prestados para esa misma fecha.[137]
130. Quien acreditaba una de estas condiciones, se encontraba protegido por el
régimen de transición, lo cual suponía que podría pensionarse de conformidad con las
reglas de una norma anterior, en lo relacionado con la edad, el tiempo de servicios y
el monto establecidos en ella. […]»
71. Asimismo, en la SU-428 de 202426 señaló lo siguiente:
«[…] 117. En relación con el sentido y alcance de la expresión “al cual se encuentren
afiliados”, contenida en el precepto normativo transcrito, la Corte Constitucional se
pronunció en la Sentencia C-596 de 1997, citada en la Sentencia C-789 de 2002, para
establecer que, según la interpretación literal de la norma, para ser beneficiario del
régimen de transición la persona también debía estar afiliada a un régimen pensional a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
118. En este sentido, la Corte concluyó que para acceder al régimen de transición se
deben cumplir los siguientes supuestos: (i) si es mujer, tener 35 años de edad, o si es
hombre, contar con 40 años para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y haber
estado, en ese momento, afiliado a un régimen pensional; o (ii) tener 15 años de servicios
cotizados para el 1.° de abril de 1994, y estar afiliado a un régimen pensional.
119. Así las cosas, de la evolución histórica reseñada y del contenido de la Sentencia C-
596 de 1997 es posible deducir que para tener derecho a los beneficios del régimen
transicional, la persona debía (i) pertenecer a alguno de los esquemas pensionales
anteriores a la Ley 100 de 1993, los cuales quedaron integrados en el Régimen de Prima
Media con Prestación Definida en virtud del artículo 36 de dicha normatividad, y (ii)
cumplir los requisitos de edad o tiempo de servicios antes señalados.
120. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional más reciente en la
materia sostiene que los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que se
les aplique entre los regímenes anteriores, aquel que les resulte más favorable, a fin de
obtener el reconocimiento de la pensión de vejez. Esto, con fundamento en el principio
de favorabilidad en sentido estricto, el principio de igualdad y el de irrenunciabilidad de
los derechos laborales.»
72. Por lo anterior, se evidencia que la Corte Constitucional no se refiere a la
necesidad de que el interesado debía estar afiliado a un régimen de pensiones al
momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1933 para poder ser
beneficiario del régimen de transición, sino que este debía pertenecer a alguno de
los esquemas pensionales anteriores a esa normativa. Es decir, no delimitó en el
tiempo la condición de encontrarse al 1 de abril de 1994 o 30 de junio de 1995,
según fuere el caso, vinculado laboralmente y por ende afiliado a alguna caja o
26 https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/su428-24.htm
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fondo de pensiones para tener derecho a la transición de esa normativa.
73. En ese orden, es necesario precisar lo que ha considerado esta Corporación
frente a la expresión «[e]n el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.», contenida
en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
74. Al respecto, el Consejo de Estado en la sentencia proferida el 18 de noviembre
de 200227 dentro de la acción de nulidad contra los artículos 25, 26, 27 y 28 del
Decreto 043 de 1999, acogió la tesis en el sentido que, para ser beneficiario de un
régimen especial, no resulta necesario estar afiliado a este al 1 de abril de 1994,
«incluso procede si se inscribe en forma posterior».
75. Asimismo, esta Subsección en la sentencia del 9 de febrero de 201228, señaló:
«[e]n sentencia de 31 de agosto 2000, se declararon nulas algunas expresiones del
artículo 1º del decreto 813 de 1994, por considerar que: “el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados” exigido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no puede ser
entendido como sinónimo de vínculo laboral vigente, ya que es posible que antes de la
expedición de la Ley 100 de 1993, se tengan quince (15) o más años de servicio
cotizados y por distintas circunstancias, a la entrada en vigencia del régimen, el
interesado no tenga el vínculo laboral. Esta hipótesis no podía entenderse como un
impedimento para acceder al beneficio que establece la Ley. Entonces, la expresión
“régimen anterior al cual se encuentren afiliados” hace referencia a servicios prestados
o cotizados antes de la entrada en vigencia del régimen establecido en la Ley 100 de
1993, no al vínculo laboral vigente en ese momento”29.» (Sic) (Se subraya)
76. En el mismo sentido en la sentencia del 12 de abril de 2012, se consideró que
para efectos de la aplicación del Decreto Ley 546 de 1971, en los medios de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, exigió una «vinculación» para el 1 de
abril de 1994, «a la Rama Judicial». En la sentencia de unificación del 12 de
septiembre de 2014, para la aplicación del mismo régimen, no exigió como requisito
sine qua non, que, a 1 de abril de 1994, el interesado estuviera «vinculado a la
Rama Judicial»30.
77. Recientemente, esta Sección en sentencia del 10 de diciembre de 2020 realizó
un análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional31, el Consejo de Estado y
la Corte Suprema de Justicia, y llegó a la siguiente conclusión «[i]ndependientemente
de las diferentes posiciones a las que se ha hecho mención, en esta oportunidad considera
la Sala que para beneficiarse de un régimen pensional al amparo de lo previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se requiere necesariamente que la persona
interesada hubiere estado afiliada al mismo con anterioridad al 1 de abril de 1994,
27 Acción de nulidad con radicado IJ-008.
28 Expediente 25000-23-25-000-2007-00953-01(2334-10). MP Víctor Hernando Alvarado Ardila.
29 Consejo de Estado – Sección Segunda. Expediente No. 16717. Sentencia de 31 de agosto de
2000. Magistrado Ponente: Alejandro Ordoñez Maldonado.
30
Radicado 5000-23-42-000-2013-00632-01 (1434-2014) y 11001-03-15-000-2017-02163-01
31C-596-97, T-483-09, T-353-12, C-596-97, C-258-13, SU-023 de 2018, T-080-13 y T- 370-
16.
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aun cuando no se encontrara laboralmente activa para esa fecha. Ello es así, si se
tiene en cuenta que la ley no exigió que la persona tuviere vínculo laboral vigente.32»
(Se resalta)
78. En línea con lo anterior, esta Sección en sentencia del 25 de agosto de 202233
dispuso lo siguiente:
«Bajo los términos expuestos, para la Sala es evidente que la señora Luz Mery Jaramillo
Sánchez sí se hizo beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, por cuanto al 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de la mentada
disposición para empleados del orden territorial como es su caso, aquella contaba con
35 años de edad y más de 15 años de servicio, es decir, que satisfizo ambas exigencias
contempladas por la ley para adquirir el derecho a su pensión de jubilación en
observancia del régimen anterior existente a la promulgación del Sistema General de
Pensiones.
Ahora bien, aduce Colpensiones que al momento de entrar a regir la Ley 100 ejusdem,
la libelista no se encontraba afiliada a alguna caja o fondo de previsión social como
cotizante, por lo que, en su concepto, perdió los beneficios de la aludida transición.
Empero, esta Sección Segunda ha discurrido al respecto en el sentido de sostener
que no se hace obligatoria la vinculación laboral del trabajador al 1.º de abril de
1994 o 30 de junio de 1995 en aras de mantener el régimen de transición, pues la
intención del legislador fue requerir exclusivamente que contaran con la edad o
tiempo de servicios necesarios para lo propio.»
79. De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra que, la expresión «en el
régimen anterior al cual se encuentren afiliados» se refiere a la necesidad de que la
persona interesada hubiese estado afiliada a algún régimen pensional antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para efectos de ser acreedora del
beneficio derivado del régimen de transición, por lo que el hecho de que aquella
estuviera desempleada no implicaba el desconocimiento o pérdida de su derecho a
la pensión.
80. Por lo tanto, exigir como requisito que la persona tenga un vínculo laboral
vigente a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 para poder ser beneficiaria del
régimen de transición, iría en contra de la finalidad de ese mecanismo que consiste
en proteger las expectativas de los afiliados a un sistema de pensiones frente a los
cambios normativos que se presenten y del principio de favorabilidad, que busca
aplicar el régimen que le resulte más beneficioso para su derecho a la pensión.
81. Así las cosas, esta Sala precisa que el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 prevé que para ser beneficiario del régimen de transición el trabajador que al
1 de abril de 1994 o para el 30 de junio de 1995, según fuera del caso, contara con
alguno de los siguientes requisitos: i) 35 años de edad o más si es mujer, 40 años
o más si es hombre o ii) 15 años o más de servicios cotizados, es decir, es suficiente
32 Sentencia del 10 de diciembre de 2020. Expediente 05001-23-33-000-2013-01032-01(0532-16).
MP Rafael Francisco Suárez Vargas.
33 Expediente 66001-23-33-000-2017-00682-01 (0713-2020).
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reunir uno solo de estos para gozar del derecho pretendido.
82. En ese orden de ideas, no es de recibo el argumento de la entidad demandada
consistente en que por no haber tenido Joaquín Emilio Rivera Zapata un vínculo
laboral vigente a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 no podía ser beneficiario
del régimen de transición de esa normativa, de acuerdo con lo establecido por la
Corte Constitucional en su jurisprudencia, toda vez que esta Sala considera que esa
exigencia no fue dispuesta por el legislador, pues su intención fue que se contara
con la edad o tiempo de servicio necesario para lo propio.
83. En el caso bajo examen se encuentra acreditado no solo que el demandante
nació el 14 de agosto de 1948, es decir, que contaba con 46 años para la entrada
en vigencia en el orden territorial de la Ley 100 de 1993, sino también que tenía más
de 20 años de servicios públicos, cumpliendo así con el requisito dispuesto en el
artículo 36 ibidem para ser beneficiario del régimen de transición.
84. Por último, esta Sala precisa que en la sentencia del 28 de agosto de 201834
proferida por la Sala Plena de esta Corporación se fijaron las reglas relacionadas
con el IBL para quienes son beneficiarios de la transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, pero no se definió requisito alguno para ser beneficiario de ese
régimen, comoquiera que aquellos fueron establecidos por el legislador en la norma
en mención.
2.6. Conclusión
85. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que debe confirmarse la
decisión de primera instancia, por cuanto para ser beneficiario del régimen de
transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo se requiere tener
la edad o el tiempo de servicio establecido en la norma, sin que se pueda exigir
requisitos adicionales de aquellos. Exigencia que acreditó el demandante, pues
superaba los 40 años de edad y contaba con más de 20 años de servicios a la
entrada en vigencia en el orden territorial de la normativa en mención, razón por la
cual sí era beneficiario del régimen anterior existente a la promulgación del Sistema
General de Pensiones.
2.7. Costas
86.La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
34 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
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En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
87. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
88. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.
89. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
90. En el caso concreto, como no se evidenció que, la parte demandada actuara
con temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 24 de noviembre de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda presentada por Joaquín Emilio Rivera Zapata, contra el
departamento de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
35En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV
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