Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-01079-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Industriales y comerciales del estado: aplica el Estatuto General de Contratación de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-01079-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2016-01079-02
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá, D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintiséis (2026).
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Desarrollo Urbano —EDU—
Referencia: Controversias contractuales – CPACA
TEMAS: RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LAS EMPRESAS
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO – Aplica el Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública (EGCAP) cuando se celebra el negocio jurídico para el cumplimiento del
objeto institucional de la entidad. PÓLIZAS DE SEGURO COMO GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO
DE CONTRATOS ESTATALES – instrumentos que respaldan la ejecución adecuada del contrato
estatal y permiten a la administración exigir la indemnización por los perjuicios derivados del
incumplimiento. ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS EN
LA DECLARATORIA DE SINIESTROS – posturas jurisprudenciales divergentes al respecto – su
alcance depende de la normativa vigente. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA BAJO EL SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA – esquema en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la
entidad contratante, asume la ejecución del objeto convenido con recursos que este le suministra,
bajo la obligación de rendir cuentas – modalidad de pago dentro los contratos de obra pública. FALSA
MOTIVACIÓN – causal de nulidad que denota una divergencia entre la realidad y las consideraciones
fácticas y/o jurídicas en las que se funda el acto administrativo. ALCANCE DE LA PÓLIZA DE
SEGURO PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN Y SU COBERTURA – debe
atender a lo expresamente pactado en el contrato de seguro y a las condiciones particulares del
riesgo amparado, así como a la naturaleza del negocio jurídico celebrado. RÉGIMEN DE LOS
COASEGUROS – mecanismo previsto en el Código de Comercio en virtud del cual varias
aseguradoras asumen un mismo riesgo en proporciones determinadas. RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO – en virtud del inciso 3° del artículo 187 del CPACA, los jueces administrativos tienen la
potestad de estatuir disposiciones nuevas en remplazo de las acusadas, con el fin de restablecer el
derecho particular.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 14 de agosto de 2019, proferida por la Sala Cuarta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones principales de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La controversia suscitada en el presente proceso gira en torno a la legalidad parcial
de las resoluciones mediante las cuales la Empresa de Desarrollo Urbano —en lo
sucesivo, EDU— liquidó unilateralmente el contrato de obra pública 851 de 2010,
celebrado bajo la modalidad de administración delegada con el consorcio Fronpeco,
cuyo objeto consistía en la construcción de un parque biblioteca en el municipio de
Medellín. En particular, en lo relativo a la declaratoria de ocurrencia del siniestro de
«buen manejo del anticipo»1 y a la afectación de la póliza única de cumplimiento
1 En la carátula de la póliza de seguros se previó que, dada la naturaleza del contrato, dicho amparo
correspondía al de «buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio», constituido
por la entidad para que el contratista acometiera la obra.
Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
constituida a favor de la entidad contratante; determinación que, en criterio de la
aseguradora accionante, vulneró las garantías del debido proceso, incurrió en falsa
motivación y desconoció el régimen de coaseguro aplicable a la referida póliza.
En la sentencia de primera instancia, el a quo declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados, al considerar que, previo a la declaratoria del siniestro
de «buen manejo del anticipo», no se cumplieron las exigencias del debido proceso
frente a la aseguradora que respaldaba su cumplimiento. Contra dicha decisión, la
EDU —demandada— interpuso recurso de apelación, solicitando su revocatoria y,
en su lugar, la denegatoria de las pretensiones, bajo el argumento de que en ningún
momento se vulneraron las garantías procesales de Seguros del Estado S.A., en la
medida en que esta contó con la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción
y defensa en relación con el incumplimiento que dio origen a la declaratoria del
siniestro, consistente en la falta de legalización de parte de los recursos del fondo
rotatorio y en el no reintegro de los rendimientos financieros generados.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. El 29 de abril de 20162, Seguros del Estado S.A. presentó demanda —
subsanada el 10 de junio de la misma anualidad3—, en ejercicio del medio de control
de controversias contractuales, contra la EDU, con las siguientes pretensiones,
transcritas literalmente, incluso con posibles errores:
«PRINCIPALES.
[PRIMERA] Que se declare la nulidad de la Resolución 621 de julio 24 de 2014,
proferida por la Administración de la EDU para esa fecha, mediante la cual se liquidó
el contrato 851 de 2010 y se declaró en el marco de dicho contrato el siniestro por el
buen manejo y correcta inversión del anticipo, y se ordenó afectar la póliza 42-44-
10103307 vinculando exclusivamente a [Seguros del Estado S.A.] al pago pese a la
existencia del coaseguro.
[SEGUNDA] Que se declare la nulidad de la Resolución 829 de 01 de diciembre de
2014, mediante la cual se resolvió el recurso reposición interpuesto por los
interesados contra la Resolución 621 de 2014, que confirmo íntegramente lo
dispuesto en este último acto administrative referido.
[TERCERA] Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la demandada
a la restitución debidamente indexada de la suma [que] llegare a pagarle Seguros del
Estado S.A., en virtud de los actos administrativos cuya nulidad se pretende en este
proceso, por valor inicial estimado de $1.217’603.114.
[CUARTA] Que como consecuencia de la pretensión anterior, se condene a la
demandada a pagar los intereses causados debidamente indexados, sobre la suma
referida en el ordinal anterior.
SUBSIDIARIAS. No procediendo las pretensiones planteadas como principales se
solicita:
2 Fl 1 a 20, C.1 y CD 1.
3 Fl 389 a 410, C. y CD 2.
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
[PRIMERA] Que se reconozca la existencia del coaseguro de la póliza 42-44-
101033037, que consta en la caratula de la misma, el cual está conformado por
Seguros del Estado S.A., (administrador y coasegurador líder) 80% y Liberty Seguros
S.A., coasegurador por el 20% y los valores que corresponde asumir a cada
coasegurador en virtud del siniestro reclamado en las resoluciones materia de la
presente demanda.
[SEGUNDA] Que se ordene la liquidación judicial del contrato 851 de 2010, con el fin
de que se verifique el estado de real de cuentas entre las partes del contrato, se fije
en consecuencia el valor del siniestro de anticipo del coaseguro Póliza 42-44-
101033037, y se compensen los saldos que resultaren a favor del contratista frente a
las acciones impuestas en el procedimiento administrativo».
1.2. En síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos:
1.2.1. El 27 de septiembre de 2010, la EDU y el consorcio Fronpeco —integrado por
las sociedades Constructora Herreña Fronpeca Sucursal Colombia y Ecodiseño
Ltda.— celebraron el contrato de obra pública por administración delegada 851 de
2010, cuyo objeto consistía en «la construcción de obra para el parque biblioteca —
parque para la cultura y la vida doce de octubre— en el municipio de Medellín».
En el texto contractual se estipuló: (i) que el plazo de ejecución sería de 420 días
calendario; (ii) que el valor estimado del contrato ascendía a la suma aproximada
de $667’348.454, «correspondientes al 5% aplicado a la suma del costo directo de
la obra más el valor de gastos reembolsables que generan honorarios realmente
ejecutados»; (iii) que para el pago de las obras la EDU constituiría un fondo rotatorio
de inversión, con un valor inicial y máximo de $2.500’000.000, cuyos recursos serían
manejados por el contratista administrador delegado, de conformidad con el plan de
inversión de recursos; y (iv) que el contratista se comprometió a constituir a favor
de la EDU una garantía única de cumplimiento que incluyera, entre otros amparos,
el «de buen manejo y correcta inversión de los avances al fondo rotatorio», por el
equivalente al 100% del valor máximo del fondo rotatorio, con una vigencia igual al
plazo de ejecución del contrato y 6 meses adicionales,
1.2.2. El consorcio Fronpeco garantizó el contrato de obra pública referido mediante
la póliza única de cumplimiento de entidad estatal 42-44-101033037, expedida bajo
la modalidad de coaseguro por las compañías Seguros del Estado S.A. y Liberty
Seguros S.A., actuando la primera como aseguradora líder, con una participación
del 80% de los valores amparados, y la segunda con el 20% restante.
En la caratula de dicha póliza se consignó, de una parte, que dentro de los amparos
otorgados se incluía el «buen manejo del anticipo», por valor de $2.500’000.000,
pero que, por la modalidad de pago pactada en el contrato garantizado —
administración delegada—, correspondía al de «buen manejo y correcta inversión
de los avances del fondo rotatorio»; y, de otro lado, que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 1092 del Código de Comercio, las obligaciones frente a la
entidad beneficiaria no tenían carácter solidarias, de modo que cada compañía
aseguradora respondería únicamente por el porcentaje de participación asumido,
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
sin que en ningún caso se generara responsabilidad por una proporción superior a
la de su compromiso individual.
1.2.3. El 6 de octubre de 2010, las partes contratantes suscribieron el acta de inicio,
dando apertura formal a la ejecución del contrato, cuyo plazo inicial fue prorrogado
mediante la celebración de múltiples modificaciones contractuales, por un término
adicional de 250 días calendario, para un total de 670 días calendario, que vencía
el 5 de agosto de 2012.
1.2.4. El 28 de agosto de 2012, la EDU profirió la Resolución 0387 de 2012, por
medio de la cual declaró el incumplimiento parcial del consorcio Fronpeco por
retraso en el cronograma de la obra y le impuso una multa por $44’724.946. Dicho
incumplimiento fue confirmado mediante la Resolución 0436 del 19 de septiembre
de 2012, en la que, adicionalmente, se redujo el monto de la multa a $2’054.545.
1.2.5. El 22 de enero de 2013, la EDU profirió la Resolución 0146 de 2013, por la
cual hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria con ocasión del incumplimiento del
contratista en la culminación de la obra, por un monto de $66’734.845. Esta decisión
fue confirmada mediante la Resolución 0313 del 11 de febrero de 2013.
1.2.6. El 9 de junio de 2014, luego de celebrarse una reunión con el contratista y las
coaseguradoras, la EDU presentó una propuesta de acta de liquidación bilateral del
contrato, en la cual, «aun sin ser el escenario o medio legal adecuado», se pretendía
declarar el incumplimiento del contratista en relación con la obligación de reintegrar
los saldos del fondo rotatorio no invertidos en el proyecto, así como de entregar los
rendimientos financieros generados por dicho fondo, sumas de dinero que —según
se indicó en dicho documento— estaban amparadas por la póliza de cumplimiento.
No obstante, dicho proyecto de liquidación «no recibió ninguna observación por
parte de Seguros del Estado S.A., por tratarse precisamente de un documento
respecto del cual, por su naturaleza, solo tienen injerencia las partes suscribientes».
1.2.7. Como el proyecto de liquidación bilateral no fue suscrito por las partes, la EDU
profirió la Resolución 621 del 24 de julio de 2014, por medio de la cual liquidó
unilateralmente el contrato, estableciendo que el consorcio Fronpeco adeudaba a la
entidad la suma de $1.347’815.507. Dicho valor comprendía, entre otros conceptos,
el correspondiente al siniestro de «buen manejo del anticipo», por $1.217’603.114,
conformado por «el saldo del fondo presuntamente no invertido por el contratista en
el proyecto equivalente a $1.215’486,103, y por los rendimientos financieros
generados por dicho fondo, liquidados a junio de 2014, que ascendía a $2’117.011».
En el referido acto se indicó, además, que la obligación de pago derivada de dicho
siniestro estaba amparada por la póliza otorgada a favor de la entidad contratante;
sin embargo, se atribuyó su cobertura de manera exclusiva a Seguros del Estado
S.A., pese a la existencia del coaseguro con Liberty Seguros S.A.
1.2.8. Contra la Resolución anterior, el consorcio Fronpeco y las coaseguradoras
interpusieron recursos de reposición; sin embargo, la EDU confirmó íntegramente
su contenido, mediante la Resolución 829 del 1° de diciembre de 2014.
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
1.3. Como fundamentos jurídicos de sus pretensiones, la parte accionante formuló
cargos de nulidad por violación del debido proceso y por falsa motivación, los cuales
sustentó en los argumentos que se sintetizan a continuación:
1.3.1. Manifestó que la EDU transgredió la garantía del debido proceso al declarar
el siniestro de «buen manejo del anticipo» dentro del acto de liquidación unilateral,
en tanto que, por una parte, dicha etapa no constituye un escenario procedimental
idóneo para que las entidades sometidas al EGCAP expidan ese tipo de decisiones,
cualquiera que sea su causa, por cuanto la liquidación corresponde «al corte de
cuentas dentro de un contrato que sobreviene a la finalización del mismo, en el que
se establecen las obligaciones y derechos pecuniarios ya adquiridos a cargo de las
partes y sus cuantías»; y, por otra, porque se omitió dar aplicación a lo dispuesto en
el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 86 de la Ley
1474 de 2011, «disposiciones que regulan el debido proceso administrativo frente a
las actuaciones sancionatorias contractuales de la administración, las cuales ha
señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado se hacen extensivas a toda
actuación que implique una carga derivada de la relación contractual», y exigen una
citación y una audiencia preliminar a la toma de decisión.
En ese contexto, Seguros del Estado S.A. afirmó que, previo a la decisión que
declaró el siniestro de «buen manejo del anticipo» e hizo efectiva la póliza de
amparo al cumplimiento, fue privado de la posibilidad de debatir los argumentos que
sirvieron de sustento a tal situación, de allegar y/o solicitar pruebas, de controvertir
las obrantes o las que se aportaran por los demás interesados y, en general, de
ejercer en correcta forma el derecho de defensa, el cual, a su juicio, no se suple con
la interposición de los recursos una vez en firme la Resolución 621 de 2014, ni
puede entenderse subsanado por el hecho de haber puesto a disposición de las
aseguradoras el proyecto de liquidación bilateral para observaciones.
Finalmente, manifestó que la Administración, al no aplicar lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, desconoció
los supuestos normativos que debían fundar las resoluciones 621 y 829 de 2014,
vulnerándose el principio de legalidad.
1.3.2. Alegó que la EDU incurrió en falsa motivación al declarar la ocurrencia del
siniestro de «buen manejo del anticipo» y hacer efectiva la póliza de cumplimiento,
con sustento en los siguientes aspectos:
(i) aun cuando reconoció que el avance de ejecución de la obra alcanzó el 97.33%,
de manera contradictoria sostuvo que «el siniestro de anticipo corresponde no al
porcentaje faltante para el 100% de la inversión de esos recursos, es decir, al 2.67%,
sino a la suma de 1.215’486.103, que equivaldría al 7.65% del total de los recursos
destinados al contrato», cálculo que, según aseveró, se efectuó sobre la base de
descontar el saldo no legalizado en detrimento de lo efectivamente invertido,
desconociendo que el alcance del amparo de «buen manejo del anticipo» no se
extiende a su legalización o amortización, sino exclusivamente a su inversión;
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(ii) pretendió incluir en el amparo de «buen manejo del anticipo» los rendimientos
financieros generados por los recursos depositados en el fondo rotatorio de
inversión, a pesar de que el contrato de obra pública limitó expresamente dicha
garantía a los valores efectivamente entregados como anticipo, es decir, a los
avances trasladados al fondo rotatorio, excluyendo los rendimientos que allí se
produjeran, los cuales en ningún momento adquirieron la naturaleza de anticipo por
no corresponder a recursos entregados por la entidad contratante al contratista;
(iii) desconoció que, al haberse suscrito el contrato de seguro bajo la modalidad de
coaseguro, en la póliza se estipuló expresamente que, en caso de ocurrencia de un
siniestro, el pago se efectuaría en proporción a la participación de cada empresa
aseguradora, sin que las obligaciones asumidas por estas fueran solidarias; sin
embargo, en las resoluciones reprochadas únicamente se atribuyó a Seguros del
Estado S.A. la obligación de cubrir la totalidad del valor asociado al siniestro, sin
que se hubiera vinculado a Liberty Seguros S.A., ni se fijara responsabilidad alguna
frente a esta, configurándose así una solidaridad de facto no prevista legal ni
contractualmente entre las coaseguradoras.
2. Vinculación de terceros con interés directo y del llamado en garantía
2.1. En el escrito de subsanación de la demanda4, Seguros del Estado S.A. solicitó
la vinculación, en calidad de terceros con interés directo, de Liberty Seguros S.A.,
de Ecodiseño S.A.S. y de la Constructora Herreña Fronpeca Sucursal Colombia.
Dicha solicitud fue aceptada por el Tribunal a quo, ordenando la integración de las
referidas personas jurídicas a la litis y disponiendo su notificación personal5.
2.2. En el término de traslado de la demanda6, la EDU llamó en garantía al consorcio
Tecnisuelos —conformado por las sociedades Tecnisuelos S.A.S. y William Torres
Guerra S.A.S.—, en atención a que este ejerció la interventoría del contrato objeto
de controversia y tenía, entre otras funciones, la de vigilar el manejo que el
contratista daba a los recursos del fondo rotatorio. Dicho llamamiento fue admitido
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que dispuso la notificación personal de
cada uno de los integrantes del consorcio7.
3. Contestación de la demanda e intervenciones de los terceros con interés
directo y del llamado en garantía
3.1.1. La EDU8 se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas en la
demanda, al considerar, en primera medida, que la declaratoria de ocurrencia del
siniestro por «buen manejo del anticipo» fue efectuada con observancia del debido
proceso. Al efecto, indicó que, si bien no se llevó a cabo la audiencia prevista en el
4 Ibidem.
5 Fl 435 a 436, C.1.
6 Fl 1 a 4, C.4.
7 Fl 139 a 141 y 148 a 149, C.4.
8 Fl 532 a 539, C.2 y CD 4.
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, los fundamentos fácticos y jurídicos que
sustentaban dicha decisión fueron puestos en conocimiento del contratista y de las
coaseguradoras en el marco de una reunión celebrada el 9 de junio de 2014, durante
la cual se les entregó un proyecto de liquidación bilateral que, entre otros aspectos,
contenía la exposición y motivación del incumplimiento que originaba la declaratoria
de dicho siniestro, con el propósito de que estas formularan las observaciones que
estimaran pertinentes, garantizándoles así el ejercicio del derecho de defensa.
Igualmente, sostuvo que «el acto de liquidación se constituye un soporte idóneo
para la declaratoria del siniestro y para la definición del monto exigible en relación
con los amparos de la garantía única otorgada», en la medida en que dicho acto
contiene el balance final de la ejecución contractual, en el cual se consolidan las
cifras definitivas y se determina, con fuerza ejecutoria propia de un acto
administrativo, quién es el acreedor, quién es el deudor, cuál es el monto adeudado,
así como los conceptos que originan y estructuran la obligación resultante.
En relación con los argumentos planteados por la parte demandante en el cargo de
falsa motivación, señaló que estos no eran de recibo, de acuerdo con lo siguiente:
(i) recordó que en los contratos de obra pública por administración delegada «lo
importante son los gastos que se realizan para ejecutar la obra, los cuales deben
estar debidamente soportados (legalizados) para que la entidad conozca cuánto
efectivamente valió la ejecución de las obras». Así, contrario a lo sostenido en la
demanda, sostuvo que la amortización de los recursos consignados por la entidad
contratante en el fondo rotatorio no puede calcularse a partir de un simple ejercicio
aritmético basado en el porcentaje de avance de la obra, pues la información
necesaria para determinar lo efectivamente invertido corresponde a la legalización
de dichos recursos, por lo que, tal como se concluyó en las resoluciones atacadas,
el saldo que el contratista dejó de legalizar y que constituyó el siniestro de «buen
manejo del anticipo» ascendía a $1.215’486.103, de conformidad con las actas 25
a 29 debidamente aprobadas por la interventoría, toda vez que las actas 30 a 33 no
fueron aprobadas;
(ii) afirmó que, de acuerdo con la cláusula quinta del contrato analizado, en la cual
se estipuló que «los rendimientos financieros que se generen con ocasión del fondo
rotatorio serán de la entidad contratante», no cabe duda de que tales recursos
guardan una relación directa con el buen manejo y correcta inversión de los avances
del fondo rotatorio, de modo que la omisión en su entrega por parte del contratista
constituye un inadecuado manejo de estos dineros;
(iii) advirtió que, aun cuando es cierto que la póliza de cumplimiento 42-44-
101033037 fue expedida bajo la modalidad de coaseguros, en ella se estipuló que
«la encargada de administrar y atender la póliza es Seguros del Estado S.A., de
esta manera es esta compañía quien responde ante la entidad pública por todo lo
relacionado con la póliza y quien recibe de las demás aseguradoras su participación
correspondiente para efetos de efectuar el pago». Alegó, como consecuencia, que
a dicha compañía aseguradora le correspondía asumir la obligación de pago
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
derivada de cualquier siniestro declarado y amparado por la póliza, como el de
«buen manejo del anticipo» incluido en las resoluciones demandadas.
Finalmente, propuso las siguientes excepciones: «presunción de legalidad de los
actos administrativos»; «inepta demanda», aduciendo que, si bien la parte
accionante pretende la nulidad total de la Resoluciones 621 y 829 de 2014, en la
demanda solo se plantea inconformidad frente al numeral tercero de la parte
resolutiva del primer acto administrativo expedido; «falta de causa para pedir»,
afirmando que la EDU cumplió con todas las obligaciones derivadas del contrato
851 de 2010 y que cada uno de los requerimientos efectuados al contratista
correspondían a compromisos contractuales; «buena fe», principio que, aseveró,
amparó la actuación de la entidad; e «inexistencia de la obligación de indexar»,
sosteniendo que no se demostró la existencia de perjuicios ocasionados por la
entidad contratante a la aseguradora, lo que despoja de toda legitimidad a la
demandante para reclamar dicha actualización.
3.1.2. Ecodiseño S.A.S.9, por conducto de curador ad litem debidamente designado,
manifestó que se atenía a lo que se demostrara en el curso del proceso.
3.1.3. Liberty Seguros S.A.10, por intermedio de apoderado judicial, coadyuvó las
pretensiones principales de la demanda, en lo concerniente a la solicitud de nulidad
de las Resoluciones 621 y 829 de 2014; no obstante, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones subsidiarias, a través de las cuales se pretende que asuma el pago
del 20% del valor cobrado en los actos administrativos objeto de controversia.
En cuanto a la procedencia de las pretensiones principales, manifestó, de una parte,
que la EDU no vinculó a ninguna de las coaseguradoras a un procedimiento previo
a la declaratoria de la ocurrencia del siniestro de «buen manejo del anticipo», con
lo cual transgredió el debido proceso y vulneró sus derechos a conocer
oportunamente las actuaciones administrativas, a solicitar y controvertir pruebas, a
ejercer en debida forma su derecho de contradicción y defensa, «dando lugar a la
nulidad de la resoluciones atacadas». De otra parte, sostuvo que la EDU incurrió en
falsa motivación en las resoluciones controvertidas, por cuanto no acreditó la
ocurrencia del siniestro de «buen manejo del anticipo» —que comprendía el buen
manejo de los recursos girados por el contratante al fondo rotatorio—, en la medida
en que, si bien el contratista no había legalizado parte de dichos recursos, sí los
había invertido en la ejecución del contrato, circunstancia que la propia entidad
reconoció al afirmar que el avance de obra alcanzó al 97%.
Frente a la improcedencia de las pretensiones subsidiarias, señaló que fue la propia
EDU que, mediante las Resoluciones 621 de 2014 y 829 de 2014, omitió de forma
deliberada establecer «la proporción que correspondía a cada coaseguradora»
como consecuencia de la declaratoria del siniestro amparado por la garantía de
«buen manejo del anticipo», dirigiendo la reclamación indemnizatoria únicamente
9 Fl 435 a 436, C.1.
10 Fl 496 a 520, C.1 y CD 3.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
contra Seguros del Estado S.A., y excluyendo a Liberty Seguros S.A. de su pago.
En tal virtud, afirmó que, al no haber sido vinculada mediante los actos
administrativos cuestionados ni haberse agotado el trámite administrativo para
exigirle el pago del siniestro, las reclamaciones formuladas en su contra resultan
improcedentes y no pueden hacerse efectivas por vía de lo contencioso
administrativo, configurándose, además, la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva.
3.1.4. La constructora Herreña Fronpeca Sucursal Colombia —tercero con interés
directo—, así como Tecnisuelos Ltda. y William Torres Guerra S.A.S. —llamadas
en garantía—, guardaron silencio11.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
4.1. Seguros del Estado S.A.12 reprodujo las razones expuestas en la demanda para
sustentar los cargos de nulidad formulados contra los actos enjuiciados, insistiendo
en la prosperidad de las pretensiones planteadas.
4.2. La EDU13 reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda, señalando que
debían desestimarse las pretensiones de la demanda.
4.3. Liberty Seguros S.A.14 también replicó varios de los argumentos expuestos en
su intervención anterior.
4.4. Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
5. Sentencia de primera instancia
5.1. Mediante sentencia del 14 de agosto de 201915, el Tribunal Administrativo de
Antioquia adoptó las siguientes decisiones: (i) declaró no probadas las excepciones
de «falta de causa para pedir» e «inexistencia de la obligación de indexar»
formuladas por la EDU, así como la excepción de «falta de legitimación en la causa
por pasiva» propuesta por Liberty Seguros S.A.; (ii) declaró la nulidad del ordinal
tercero de la parte resolutiva de la Resolución 621 del 24 de julio de 2014,
confirmada mediante la Resolución 829 del 1º de diciembre de 2014, proferidas por
la EDU, en el cual se declaró el siniestro de buen manejo del anticipo y se dispuso
hacer efectiva la póliza de seguros 42-44-101033037, expedida por Seguros del
Estado S.A., por valor de $1.217’603.114; (iii) a título de restablecimiento del
derecho, dispuso que Seguros del Estado S.A. no estaba obligado a pagar las
sumas contenidas en los actos administrativos anulados y, en el caso de que las
hubiera cancelado, ordenó a la EDU reintegrarlas, debidamente actualizadas; (iv)
11 Fl 613, C.2.
12 Fl 744 a 759, C.3.
13 Fl 740 a 743, C.3.
14 Fl 731 a 739, C.3.
15 Fl. 761 a 779, C. Ppal.
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
negó las demás pretensiones de la demanda; y (v) condenó en costas procesales
a la EDU.
5.2. Como fundamento de sus decisiones, el a quo, en síntesis, razonó lo siguiente:
5.2.1. En relación con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por Liberty Seguros S.A., consideró que, aun cuando dicha compañía fue
reconocida en el proceso como tercero con interés directo, tal calidad no la convierte
en sujeto pasivo de la pretensión principal ni permite derivar responsabilidad alguna
en su contra, máxime si se tiene en cuenta que «no fue vinculada en la declaratoria
de siniestro de buen manejo del anticipo, que es la decisión adoptada en el acto de
liquidación unilateral enjuiciado».
En consecuencia, precisó que, si bien resulta improcedente declarar probada la
excepción referida, tampoco «podría imponerse ninguna obligación en cabeza de
Liberty Seguros S.A., en la medida en que no hizo parte de la actuación contractual
sometida a control de legalidad». Incluso, en el evento de que prosperara la súplica
subsidiaria concerniente a la existencia del coaseguro, en tal escenario únicamente
variaría el porcentaje que le correspondería asumir a Seguros del Estado S.A. con
ocasión de la declaratoria del siniestro, sin que ello implique trasladar el remanente
a Liberty Seguros S.A., pues tal determinación contravendría, entre otros principios,
el del debido proceso administrativo.
5.2.2. Frente a las pretensiones principales, precisó que, si bien la parte actora
solicitó la anulación de las Resoluciones 621 y 829 de 2014, mediante las cuales la
EDU liquidó unilateralmente el contrato 851 de 2010, lo cierto es que la nulidad
deprecada se circunscribe a lo dispuesto en el ordinal tercero de la parte resolutiva
del acto definitivo, «relacionado con la declaratoria del siniestro del buen manejo del
anticipo y al cobro en exclusivo a Seguros del Estado S.A.». Por consiguiente, el
examen de legalidad se contrae a una nulidad de carácter parcial.
5.2.3. Definido lo anterior, y con el propósito de resolver el primer cargo de nulidad,
referido a la violación del derecho al debido proceso, precisó que, tratándose de
contratos de seguros suscritos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de un contratista en el marco de un contrato estatal, la Administración, al
igual que en los procesos de naturaleza sancionatoria, estaba obligada a garantizar
dicho derecho en el trámite de expedición de los actos administrativos por medio de
los cuales se declara la ocurrencia del siniestro y se ordena la efectividad de las
garantías constituidas a su favor; para lo cual debe asegurar la participación de las
aseguradoras, a fin de que puedan ejercer su derecho de contradicción y defensa
frente a los hechos que fundamentan la declaratoria del siniestro16.
En ese sentido, constató que la EDU, en el mismo acto administrativo de liquidación
unilateral del contrato —Resolución 621 de 2014—: (i) declaró el incumplimiento del
16 Para el efecto, el a quo citó el siguiente pronunciamiento: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 20 de febrero de 2017, exp. 53839.
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
contratista frente a la obligación «de rendir cuentas del fondo rotatorio de inversión
para su legalización y entrega a la entidad del saldo no invertido, en el término que
la cláusula trigésimo octava del contrato estableció para su liquidación»; (ii)
determinó las sumas a pagar por dicho concepto; y (iii) declaró la ocurrencia del
siniestro de «buen manejo del anticipo», imponiendo la obligación de pago a
Seguros del Estado S.A. Decisiones que —según el a quo— fueron adoptadas sin
que previamente se hubiera adelantado un procedimiento administrativo dirigido a
establecer la ocurrencia del siniestro ni se hubiera convocado en debida forma a las
compañías garantes de las obligaciones contractuales, a fin de garantizar el
ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción.
Así las cosas, estimó que la falta de vinculación de Seguros del Estado S.A., con
antelación a la toma de la decisión de declaratoria del siniestro de «buen manejo
del anticipo», constituyó un comportamiento censurable de la Administración, cuya
consecuencia no podía ser otra que la nulidad de la actuación, «sin que la sola
notificación del acto administrativo y la oportunidad de interponer el recurso de
reposición satisfaga la garantía al debido proceso».
Adicionalmente, precisó que la etapa de liquidación de un contrato no constituye el
escenario idóneo para declarar la ocurrencia del siniestro del «buen manejo del
anticipo», por lo que haber remitido a las coaseguradoras el proyecto de liquidación
bilateral del contrato, en el que se incluía tal declaratoria, no garantizaba el debido
proceso administrativo, pues, según reiteró, «era imprescindible que se adelantara
un procedimiento previo, en donde se permitiera a aquellas conocer y controvertir
los argumentos y las pruebas que fundaron la declaratoria del siniestro».
Por lo anterior, concluyó que, dado que en el caso concreto la decisión censurada
no cumplió con las exigencias propias del debido proceso administrativo, se
configuró la causal de violación al derecho de audiencia y defensa, «la cual tiene
por sí misma vocación para anular los actos administrativos enjuiciados, claro está,
en lo referente a la declaratoria del siniestro del buen manejo del anticipo», siendo
también necesario declarar «no probadas las excepciones de falta de causa para
pedir e inexistencia de la obligación de indexar propuestas por la EDU».
En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, el Tribunal dispuso que
Seguros del Estado S.A. no estaba obligado a pagar las sumas correspondientes al
mencionado siniestro y, en caso de haberlo hecho, la EDU debía reintegrarlas,
debidamente actualizadas.
5.2.4. Finalmente, indicó que, en virtud de la prosperidad de las súplicas principales
de la demanda, no había lugar a resolver sobre las pretensiones subsidiarias, ni a
emitir pronunciamiento respecto del llamamiento en garantía formulado por la EDU
frente a Tecnisuelos Ltda., por cuanto dicho llamamiento se fundamentó en «los
presuntos errores en la determinación de las sumas sobre las que versó la
declaratoria del siniestro del buen manejo del anticipo», aspecto este que no fue
objeto de análisis en la presente providencia, toda vez que la ilegalidad de la
decisión enjuiciada se configuró a partir del incumplimiento, por parte del ente
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
demandado, de las exigencias propias del derecho al debido proceso administrativo,
conducta que, evidentemente, no puede ser atribuible al llamado en garantía, quien
intervino en el contrato 851 de 2010 en calidad de interventor.
6. Recurso de apelación
6.1. La EDU17 solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia para que,
en su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes argumentos:
6.1.1. De entrada, señaló que el a quo erró al concluir que se vulneró el derecho al
debido proceso de Seguros del Estado S.A., por cuanto se encuentra probado que
la aseguradora tuvo conocimiento del incumplimiento del contratista frente a la
legalización de los recursos del fondo y de la eventual ocurrencia del siniestro de
«buen manejo del anticipo» con antelación a su declaratoria. Ello, según sostuvo,
en la medida en que le fue compartido el proyecto de acta de liquidación bilateral,
en el cual se contemplaba la posibilidad de adoptar dicha decisión, brindándole la
oportunidad de controvertir los supuestos fácticos y jurídicos que la sustentaban, de
modo que el derecho de contradicción y defensa de la aseguradora quedó
plenamente garantizado, pese a que esta optó por guardar silencio. Asimismo,
resaltó que la entidad le otorgó la posibilidad de controvertir la decisión mediante
los recursos de la vía gubernativa, los cuales fueron efectivamente interpuestos,
circunstancia que evidencia que se respetaron las garantías propias del debido
proceso.
6.1.2. Sin perjuicio de lo anterior, adujo que, en el evento de considerarse que
existieron irregularidades en el procedimiento administrativo que culminó con la
declaratoria del siniestro de «buen manejo del anticipo», el Consejo de Estado18 ha
sostenido que «no toda pretermisión de los procedimientos administrativos
conllevan a la nulidad del acto», siempre que este haya cumplido su finalidad y que
la irregularidad no haya afectado derechos sustanciales, lo que ocurrió en el
presente asunto, pues del trámite adelantado por la EDU se desprende que «se
ejerció la oportunidad de contradicción y defensa mediante los recursos
consagrados en la ley, así como la oportunidad de aportar pruebas y contradecir las
existentes, por tanto, se predica de tal situación una efectiva garantía al debido
proceso».
6.1.3. Finalmente, estimó que, en los casos de incumplimientos del contratista, el
acto de liquidación unilateral constituye el soporte idóneo para declarar el siniestro
y definir el monto exigible en relación con los amparos de la garantía única otorgada,
toda vez que este contiene el balance final que comprende las cifras de ejecución
del contrato y que determina, con la fuerza propia de acto administrativo, quién debe
a quién, cuánto se debe y los conceptos de la obligación resultante.
17 Fl. 787 a 789, C. Ppal.
18 La entidad demandada citó el siguiente pronunciamiento: Consejo de Estado, Sección Cuarta,
sentencia del 14 de abril de 2016, exp 19138.
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7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
7.1. Seguros del Estado S.A.19 solicitó confirmar la sentencia recurrida, por cuanto,
como quedó demostrado, la entidad demandada, al declarar el siniestro de «buen
manejo del anticipo», omitió el derecho de audiencia y defensa, sin observar las
ritualidades y garantías mínimas del debido proceso previstas en las leyes 1150 de
2007 y 1474 de 2011, al haber adelantado «implícitamente un procedimiento
sancionatorio en la liquidación del contrato, lo cual no es absurdo, lo absurdo es que
previamente no agotó lo establecido legalmente, correspondiente a citar a audiencia
y escuchar los alegatos del contratista y de las empresas aseguradoras, así como
allegar pruebas y demás, propio de dicha instancia».
Adicionalmente, insistió en que, aun cuando el cargo de la falsa motivación no fue
examinado por el Tribunal, resultaba evidente que las resoluciones cuestionadas
adolecían de dicho vicio de nulidad, en la medida en que los valores incluidos en la
liquidación unilateral por concepto de la declaratoria del siniestro de «buen manejo
del anticipo» —que difieren de los relacionados en el proyecto de acta de liquidación
bilateral— presentan inconsistencias, pues se desconoce a cuánto ascendieron los
pagos efectivamente realizados por el contratista con cargo al fondo, máxime si se
considera que al plenario no fueron allegados los soportes contables necesarios
para sustentar lo consignado en la liquidación unilateral del contrato.
7.2. La EDU20 replicó varios de los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto, añadiendo que en la liquidación efectuada mediante la Resolución 621
de 2014, confirmada por la Resolución 829 del mismo año, la entidad determinó que
el consorcio debía reintegrar la suma de $1.215’486.103, correspondiente al fondo
rotatorio, al no haberse legalizado el anticipo entregado para la ejecución de las
obras en los términos contractuales. En tal medida, no se trata de una sanción sujeta
al procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, como lo afirman
la parte actora, los intervinientes y el a quo, sino de un corte de cuentas en la cual
la EDU, en su calidad de contratante, estableció el saldo adeudado por el contratista
derivado de la administración de los recursos anticipados.
En ese sentido, concluyó que la declaratoria del siniestro no implica necesariamente
la imposición de una sanción, como sucede en el presente asunto, en el que además
se garantizó plenamente el debido proceso administrativo de los afectados, pues
«previo a la expedición de la liquidación unilateral, la entidad gestionó la liquidación
bilateral, y en respeto al debido proceso, dio traslado a las compañías aseguradoras
de dicha acta por cuanto existía un corte de cuentas contenido en el mismo, que
indefectiblemente afectaría la póliza que ampara el buen manejo del anticipo».
7.3. Liberty Seguros S.A.21 solicitó que se confirme íntegramente la sentencia de
primera instancia, en especial la decisión según la cual, pese a su condición de
19 Índices 14 y 18, Samai.
20 Índice 15, Samai.
21 Índices 13 y 19, Samai.
13
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coaseguradora del contrato objeto de análisis, no puede imponérsele obligación
alguna en el presente asunto, «en la medida en que no hizo parte de la actuación
contractual sometida a control de legalidad, pues ello resultaría contrario al principio
del debido proceso administrativo».
7.4. Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
8. Prueba de oficio en el trámite de la segunda instancia
8.1. Mediante auto del 24 de marzo de 202622, esta Subsección requirió a Seguros
del Estado S.A. y a Liberty Seguros S.A., en su condición de coaseguradores, para
que allegaran al expediente «los términos y las condiciones generales y particulares
de la póliza única de cumplimiento 42-44-10103307, con el fin de establecer con
precisión el alcance del riesgo asegurado y el régimen jurídico aplicable a la
declaratoria del siniestro».
8.2. El 17 de abril de 202623, en atención al requerimiento efectuado, Seguros del
Estado S.A. remitió «la póliza con todos sus anexos y su respectivo condicionado»;
por su parte, HDI Seguros S.A. —antes Liberty Seguros S.A.— manifestó que, «en
su calidad de coasegurador, no tiene en sus archivos las condiciones generales y
particulares de la póliza única de cumplimiento».
8.3. El 21 de abril de 202624, por conducto de la Secretaría de la Sección Tercera,
se fijó en lista por tres (3) días el documento allegado por Seguros del Estado S.A.,
sin que los sujetos procesales se pronunciaran al respecto.
III. CONSIDERACIONES
La Subsección seguirá el siguiente orden metodológico para resolver el recurso de
apelación interpuesto por la entidad demandada: (1) presupuestos procesales; (2)
objeto del recurso de apelación y problemas jurídicos a resolver; (3) hechos
probados; (4) caso concreto; y (5) costas.
1. Presupuestos procesales
1.1. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10425 del CPACA, a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto26, por
22 Índice 36, Samai.
23 Índices 40 y 41, Samai.
24 Índice 42, Samai.
25 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública […]».
26 Al caso sub examine resultan aplicables las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 —CPACA— y
de la Ley 1564 de 2012 —CGP—, en virtud de lo previsto en el artículo 306 del primero de los
14
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos
actos administrativos proferidos por la EDU —empresa industrial y comercial del
Estado27— en el marco de un contrato de obra pública28 celebrado con un consorcio.
Por su parte, de conformidad con lo establecido en los artículos 15029 y 152.530 del
CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 14 de agosto de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en atención a la vocación de
doble instancia del proceso, dado que la pretensión de mayor valor formulada en la
demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación31.
1.2. El medio de control procedente es el de controversias contractuales, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 14132 del CPACA, en tanto en el presente asunto se
pretende la nulidad de las Resoluciones 621 de 2014 y 829 de 2014, mediante las
cuales la EDU liquidó unilateralmente el contrato de obra 851 de 2010 celebrado
con el consorcio Fronpeco; declaró el siniestro de «buen manejo del anticipo» e hizo
efectiva la póliza única de cumplimiento expedida por Seguros del Estado S.A.
1.3. La demanda presentada el 29 de abril de 2016 fue ejercida en el término de dos
años previsto en el inciso segundo del literal j) del artículo 164 del CPACA33, por
cuanto la Resolución 829 de 2014 —mediante la cual se confirmó íntegramente la
Resolución 621 de 2104— fue notificada por aviso el 15 de diciembre de 201434 y
estatutos citado; sin que sea procedente la aplicación de la reforma introducida por Ley 2080 de
2021, por cuanto esta no se encontraba vigente para la fecha de interposición del recurso de
apelación (3 de septiembre de 2019).
27 Decreto 158 del 20 de febrero de 2002 expedido por el alcalde de Medellín. «Artículo 2º. Naturaleza
jurídica. La Empresa Industrial y Comercial del Estado Empresa de Desarrollo Urbano ‘EDU’, es una
persona jurídica del orden municipal, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio
propio […]».
28 Ley 80 de 1993. «Artículo 1º. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y principio que
rigen los contratos de las entidades estatales. // Artículo 2º. Para los solos efectos de esta Ley: 1º.
Se denominan entidades estatales: a) […] las empresas industriales y comerciales del Estado […]».
29 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. [modificado por el
artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos […]».
30 «Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes […]».
31 En el sub examine fue formulada la pretensión económica por una suma de $1.217’603.114, monto
que excedió los 500 SMLMV, que para el año de presentación de la demanda (2016) ascendían a
$344.726.000.
32 «Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado
podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas […]»
(subrayado añadido).
33 «Artículo 164, La demanda deberá ser presentada: […]. 2. En los siguientes términos, so pena de
que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2)
años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho
que les sirva de fundamento […]».
34 Fl 357, C.1.
15
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
adquirió firmeza el 16 de diciembre de esa misma anualidad35, de modo que el plazo
de caducidad del medio de control de controversias contractuales transcurrió entre
el 17 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2016, circunstancia que
evidencia el cumplimiento de la oportunidad para ejercer el derecho de acción, aun
sin necesidad de acudir a la suspensión del término derivada de la presentación de
la solicitud de conciliación extrajudicial36.
1.4. En lo que concierne a la legitimación en la causa, se advierte que Seguros del
Estado S.A. la ostenta por activa, en tanto fue esta compañía la que expidió la póliza
única 42-4410103303737, mediante la cual se garantizó el cumplimiento del contrato
de obra 851 de 2010 y que amparaba, entre otros siniestros, el de «buen manejo
del anticipo», cuya ocurrencia fue declarada en las resoluciones cuestionadas, lo
que le otorga un interés directo en obtener su nulidad38. Por su parte, la EDU se
encuentra legitimada por pasiva, por cuanto fue la entidad que profirió los actos
administrativos demandados.
De igual modo, se constata que al proceso fueron vinculadas, en calidad de terceros
con interés directo, las sociedades Liberty Seguros S.A, como coaseguradora de la
póliza que garantizó el cumplimiento del contrato de obra pública 851 de 2010; así
como también Ecodiseño S.A.S. y la Constructora Herreña Fronpeca Sucursal
Colombia, en su condición de integrantes del consorcio contratista del referido
negocio jurídico. Finalmente, se verifica que el Consorcio Tecnisuelos fue llamado
en garantía por la EDU, en su calidad de interventor del contrato.
2. Objeto del recurso de apelación y problemas jurídicos a resolver
2.1. De conformidad con los cargos de apelación formulados por la entidad
demandada, los cuales delimitan el ámbito de competencia funcional del juzgador
de segunda instancia, a esta Subsección, atendiendo a lo dispuesto en los artículos
32039 y 32840 del CGP, le corresponde resolver los siguientes problemas jurídicos:
35 Ley 1437 de 2011. «Artículo 87. Los actos administrativos quedarán en firme: // […] 2. Desde el
día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos
interpuestos […]».
36 Fl 383, C.1. La solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 17 de junio de 2015 y se declaró
fallida el 12 de agosto de la misma anualidad.
37 Fl 70, C.1.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 18 de julio de 2007, exp. 33476. «[…]la Sala, fija su
posición, por primera vez, en el sentido de afirmar que la aseguradora […], es titular de la acción de
controversias contractuales, aun cuando no sea parte del contrato estatal, como quiera que tiene un
interés directo en el acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual o
postcontractual, el cual como ya se dijo, sólo es susceptible de ser enjuiciado a través de dicha
acción toda vez que el artículo 77 de la ley 80 de 1993 establece la vía procedente para controvertirlo
sin cualificar el sujeto activo de la misma». Posición reiterada por la Subsección C, sentencia del 22
de mayo de 2024, exp. 60417.
39 «Artículo 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión […]».
40 «Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones» (subrayado añadido).
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
2.2. En primer lugar, deberá determinarse si las Resoluciones 621 y 829 de 2014,
expedidas por la EDU, adolecen de nulidad parcial por haber sido proferidas con
desconocimiento del debido proceso de Seguros del Estado S.A., o si, por el
contrario, dicho derecho fundamental fue garantizado a la aseguradora al habérsele
comunicado previamente los hechos que sustentaban la ocurrencia del siniestro a
través del proyecto de liquidación bilateral, y al otorgarle posteriormente el uso de
los recursos administrativos, escenarios en los que contó, según la demanda, con
la oportunidad de controvertir los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión.
2.3. En segundo lugar, en el evento de concluirse que a Seguros del Estado S.A. no
se le vulneró el derecho al debido proceso y, por consiguiente, que las resoluciones
cuestionadas no adolecen de dicho vicio de nulidad, deberán examinarse los cargos
de falsa motivación planteados en la demanda41 y que no fueron abordados por el
a quo, relativos al monto de la indemnización del siniestro; al alcance de cobertura
del amparo de «buen manejo del anticipo» —que en realidad correspondía al «buen
manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio»—, y a la omisión de
considerar el régimen de coaseguro.
Lo anterior, por cuanto tales cuestionamientos integraban desde el inicio el objeto
del litigio y quedaron sin análisis en primera instancia única y exclusivamente debido
a la prosperidad del cargo de nulidad relativo a la vulneración del debido proceso,
el cual condujo a acceder a las pretensiones de nulidad formuladas en la demanda.
En tal virtud, al desvirtuarse dicho fundamento en sede de apelación, corresponde
al ad quem pronunciarse sobre los restantes cargos de nulidad oportunamente
planteados y aún pendientes de decisión, con el fin de resolver integralmente la
controversia sometida a consideración de la jurisdicción y garantizar la efectividad
de los principios de congruencia y acceso material a la administración de justicia.
3. Hechos probados
La Sala procederá a establecer los hechos probados que resultan relevantes para
resolver la controversia planteada en esta instancia. Para el efecto, se analizarán
los documentos allegados por las partes al expediente, incluso aquellos que constan
en copia simple, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 24642 del CGP.
Fase precontractual del contrato de obra pública por administración delegada
851 de 2010
3.1. La EDU y el municipio de Medellín suscribieron el convenio interadministrativo
11191 de 2008, cuyo objeto consistía en «la gerencia, coordinación y ejecución del
41 Numeral 1.3.2 de los antecedentes.
42 «Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente».
17
Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
proyecto estratégico de urbanismo Parque biblioteca: Las Estancias, San Cristóbal,
Doce de Octubre, San Antonio de Prado y Guayabal».
3.2. El 2 de agosto de 201043, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas con
la suscripción del convenio 11191 de 2008, la EDU profirió la Resolución 642 de
2010, mediante la cual ordenó la publicación del pliego de condiciones definitivo de
la licitación pública 45 de 2010 (anteriormente identificada como 28 de 2010) 44, con
el propósito de seleccionar «la propuesta más favorable para contratar la obra
pública cuyo objeto consiste en la construcción de obra para el parque biblioteca —
parque para la cultura y la vida doce de octubre— en el municipio de Medellín, por
el sistema de administración delegada»45.
3.2.1. En lo que respecta al valor del contrato proyectado, el numeral 1.4. dispuso
que este correspondería a los honorarios del administrador delegado, los cuales no
podrán exceder la suma de $801’419.052, cuyo cálculo deberá ser efectuado por el
oferente con base en un porcentaje aplicado sobre el valor de las obras a ejecutar.
Para tal efecto, se precisó que, dado que el objeto contractual se ejecutaría bajo la
modalidad de pago de administración delegada, el presupuesto oficial del proyecto
asciende a $17.083’590.126, cifra que incluye los recursos a intervenir en las obras,
los honorarios, los gastos reembolsables46 y los impuestos a que haya lugar.
3.2.2. Frente al giro de los recursos para el pago de las obras, el numeral 6.5. señaló
que la EDU constituiría un fondo rotatorio en cuenta especial por la suma inicial de
$2.500’000.000, en la cual se consignarían al contratista los recursos destinados de
manera exclusiva a la ejecución del proyecto, previa presentación de un plan de
inversión y de la correspondiente programación de obra, advirtiéndose, además,
que los rendimientos financieros generados con ocasión de tales recursos serían de
propiedad de la entidad contratante.
3.2.3. En relación con la forma de pago de los honorarios, el numeral 6.6 dispuso
que la EDU los cancelará «por el sistema de administración delegada sobre los
costos de la construcción tal y como se dispone en el presente pliego».
43 Fl 1 a 10, C.1 de antecedentes administrativos.
44 Fl 821 a 850, C.1 de antecedentes administrativos.
45 El pliego de condiciones en su numeral 1.24 definió contrato de obra de administración delegada,
como «aquel en el cual se entrega la dirección técnica, administrativa y financiera a un contratista,
con el propósito de ejecutar una obligación de hacer y obtener un resultado el cual se refiere a la
obra pública contratada; [no obstante, precisó que] la administración delegada no se comporta como
un contrato autónomo, sino como una forma de pago en el contrato de obra pública y por consiguiente
sigue los efectos que para este último se ha dispuesto en el ordenamiento jurídico colombiano».
46 Frente a los gastos reembolsables, el pliego de condiciones indicó que, además de sus honorarios,
el administrador delegado tiene derecho al reembolso de todos aquellos gastos que no sean
imputables a la operación normal de su propia organización y que efectúen con destino específico al
trabajo encomendado por la contratante. Tales gastos comprenden: (i) salarios del personal en el
sito de la obra; (ii) viajes y viáticos del personal con ocasión de los trabajos; (iii) portes y servicios
telefónicos; (iv) copias heliográficas, fotografías, maquetas fotocopias, y material filimisco; (v)
equipos y programas requeridos para el funcionamiento de la oficina en la obra; (vi) estudios
complementarios y honorarios de especialistas; (vii) pólizas y gastos de legalización del contrato;
(viii) gastos administrativos de obra reembolsables; (ix) aquellos otros que se ocasionen con motivo
de los trabajos ejecutados y que no puedan imputarse a la operación normal de la organización.
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3.2.4. Sobre la garantía única de cumplimiento, el numeral 1.26. estableció que el
proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituirla a favor
de la EDU, incluyendo, entre otros amparos, «el de buen manejo y correcta inversión
de los avances al fondo rotatorio, por el equivalente al 100% de la suma entregada
al fondo, con una vigencia igual al plazo del contrato y 6 meses más».
3.3. El 13 de agosto de 201047, el consorcio Fronpeco —integrado por la
Constructora Herreña Fronpeca Sucursal Colombia y Ecodiseño Ltda.48— presentó
propuesta en la licitación 45 de 2010, en la cual indicó que el porcentaje por
concepto de honorarios para la ejecución del proyecto sería del 5% 49 y que los
gastos reembolsables fijos ascenderían a $570’359.20050.
3.4. El 7 de septiembre de 201051, la EDU profirió la Resolución 737 de septiembre
de 2010 —ajustada mediante la Resolución 762 de 201052—, por medio de la cual
adjudicó al consorcio Fronpeco la licitación pública 45 de 2010, por un valor de
$667’348.454, equivalente a honorarios de 5%.
3.5. El 17 de septiembre de 201053, el consorcio Fronpeco, en su calidad de
adjudicatario, solicitó a la EDU evaluar la posibilidad de modificar la forma de pago
de los honorarios fijados en el pliego de condiciones, en el sentido de reconocerle
un anticipo equivalente al 30% del valor de estos, con fundamento en «la necesidad
de incurrir en algunos gastos mandatarios para dar inicio a la obras de construcción
del proyecto, como son, entre otros: gastos de legalización del contrato (garantías
y pólizas), alquiler de oficina, prima de transporte de profesional, etc.».
3.6. El 27 de septiembre de 201054, la EDU negó la solicitud presentada por el
consorcio Fronpeco, argumentando que, conforme las normas internas vigentes, los
recursos de la cuenta destinada al anticipo no podrán ser utilizados para sufragar
gastos de legalización del contrato, razón por la cual el plan de anticipo no podría
incluir tales erogaciones. Además, precisó que para cubrir «los gastos propios de la
ejecución del proyecto, se ha establecido un fondo rotatorio, de manera que no
existe justificación para establecer un anticipo para el presente contrato».
47 Fl 332 a 678, C.1 de antecedentes administrativos.
48 En el documento de constitución del consorcio Fronpeco se estipuló que el alcance del acuerdo
consistorial comprendía «la elaboración y presentación de la propuesta, así como la celebración del
contrato y ejecución de la obras para el parque biblioteca —parque de la cultura y la vida doce de
octubre— en el municipio de Medellín, por el sistema de administración delegada». En dicho
instrumento se determinó, además, que la participación de la constructora Herreña Fronpeca
Sucursal Colombia sería del 80% y la de Ecodiseño Ltda. correspondería al 20% restante (Fl 442 a
444, C.1 de antecedentes administrativos).
49 Anexo 10. Honorarios de la propuesta (Fl 676, C.1 de antecedentes administrativos).
50 Anexo 5. Gastos reembolsables calificables (Fl 677, C.1 de antecedentes administrativos).
51 Fl 1345 a 1351, C.2 de antecedentes administrativos.
52 Fl 1336 a 1337, C.2 de antecedentes administrativos.
53 Fl 932, C.2 de antecedentes administrativos.
54 Fl 931, C.2 de antecedentes administrativos.
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Contrato de obra pública por administración delegada 851 de 2010, cláusulas
relevantes y la póliza expedida para garantizar su cumplimento
3.7. El 27 de septiembre de 201055, la EDU y el consorcio Fronpeco celebraron el
contrato de obra pública por administración delegada 851 de 2010, cuyo objeto,
según la cláusula primera, consistió en la «la construcción de obra para el parque
biblioteca —parque para la cultura y la vida doce de octubre— en el municipio de
Medellín». En el parágrafo de dicha cláusula se dejó constancia de que «el
contratista administrador delegado declara que conoce las especificaciones
relacionadas con la obra […] y contenidas en los pliegos de condiciones», que forma
parte integral del contrato.
3.7.1. En cuanto al plazo de ejecución del contrato, la cláusula segunda dispuso que
sería de 420 días calendario, «contados a partir de la fecha en que se suscriba el
acta de inicio».
3.7.2. Frente al valor del contrato, la cláusula tercera lo estimó en $667’348.454,
suma que equivaldría a «los honorarios del contratista administrador delegado, los
cuales corresponden a un porcentaje del 5% que se aplicará a la suma del costo
directo de la obra más el valor de gastos reembolsables que generan honorarios,
realmente ejecutados»; sin embargo, el valor definitivo será el que resulte de liquidar
a favor del contratista sus honorarios, de acuerdo con el costo contabilizado de las
obras.
3.7.3. En lo que concierne a la forma de pago de los honorarios, la cláusula cuarta
estipuló que la EDU los cancelará por el sistema de administración delegada sobre
la base de los honorarios presentados en la propuesta. Para tal efecto, el contratista
deberá suministrar una cuenta bancaria a su nombre, en la cual se efectuarán las
consignaciones o transferencias correspondientes, previa presentación de las
facturas dentro de los diez días siguientes a la ejecución de las obras, acompañadas
de la documentación que las respalde y con la aprobación de la interventoría.
3.7.4. Sobre el pago de las obras objeto del proyecto, la cláusula quinta estableció
que la EDU se comprometía a suministrarlos mediante la constitución de un fondo
rotatorio de inversión, con un valor inicial y máximo de $2.500’000.000, susceptible
de ser incrementado en caso de que la obra así lo requiriera, previa presentación
de la garantía de manejo del mismo; sin embargo, se determinó que «cuando falte
por invertir el valor dado como anticipo al fondo rotatorio, la EDU no continuará
reembolsando el valor de las relaciones de gastos, pero el contratista administrador
delegado debe continuar rindiendo cuentas sobre su inversión». Asimismo, se
dispuso que:
«Con el fin de garantizar el flujo de fondos del proyecto que permita el suministro a
tiempo de los insumos necesarios para la ejecución de las obras, la suscripción de
subcontratos y demás pagos correspondientes al contratante, el contratista
55 Fl 25 a 52, C.1.
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administrador delegado no dejará agotar el rubro del fondo rotatorio y deberá
legalizarlo, cuando haya invertido máximo hasta un 70% del mismo.
Los reembolsos al citado fondo rotatorio se harán previa la presentación de cuentas
de cobro por triplicado, aprobadas por el interventor con visto bueno del coordinador
designado por la entidad contratante: las cuentas llevarán como anexo la relación
de inversiones ejecutadas.
El contratista administrador delegado deberá presentar un plan de inversión de
recursos del Fondo Rotatorio y programación de obra […].
Los recursos serán manejados por el contratista administrador delegado, en una
cuenta de ahorros separada y exclusivamente dedicada para dichos efectos, y los
rendimientos financieros que se den con ocasión de dichos recursos serán de
propiedad de la entidad contratante.
El contratista deberá constituir además una cuenta de ahorros separada y
exclusivamente dedicada a la consignación de los rendimientos financieros
originados en la cuenta del fondo rotatorio y deberá presentar reporte mensual por
este concepto a la entidad contratante.
En todos los casos el contratista administrador delegado exigirá las garantías
necesarias y convenientes, revisará las cuentas, hará las retenciones, imputará los
gastos y autorizará los pagos con cargo a la obra, de cada suministro o subcontrato
especifico, respondiendo además por el control del personal propio y ajeno, en todo
lo relacionado con las obligaciones laborales de Ley.
El interventor se obliga a revisar todas las cuentas, requisiciones de almacén y
órdenes de pago, ejerciendo un control directo sobre los egresos, previo al pago».
3.7.5. En lo que atañe a la apropiación presupuestal tanto de los honorarios como
del fondo rotatorio de inversión, la cláusula decima cuarta dispuso que la EDU los
atendería con cargo a los recursos provenientes del convenio interadministrativo
1191 de 2008, asignando a los primeros la suma de 667’348.454 y al segundo un
monto de hasta $16.282’171.074.
3.7.6. Respecto de las obligaciones del contratista administrador delegado, la
cláusula sexta incluyó, entre otras, las siguientes: (i) ejercer la vigilancia técnica y
administrativa de los trabajos objeto del presente contrato (numeral 1); (ii) adquirir
los materiales, elementos y equipos que sean indispensables para la obra, en las
condiciones más favorables y convenientes para la contratante (numeral 3); (iii)
atender con los fondos que la contratante le suministre, el pago de sueldos, salarios,
prestaciones sociales y demás obligaciones a los empleados de la obra (numeral
6); (iv) celebrar directamente y en virtud de expresa autorización de la contratante,
a través del comité de obra, todos los subcontratos a que hubiere lugar, previa
aprobación del interventor, de acuerdo con el programa general y de actividades de
la obra (numeral 7); (v) presentar al contratante, previa aprobación de la
interventoría, las cuentas de gastos realizados en cada semana, acompañadas de
las facturas y con indicaciones del número de la transferencia con que fueron
cubiertos (numeral 15); y (vi) presentar al contratante, previa aprobación de la
interventoría, la relación de gastos para la semana siguiente, con el fin de que la
contratante le haga entrega de los recursos necesarios para cubrirlos (numeral 18).
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3.7.7. En lo concerniente a la interventoría, la cláusula octava dispuso que esta se
realizaría por el consorcio Tecnisuelos —en virtud del contrato de consultoría 801
celebrado con la EDU el 8 de septiembre de 201056—, cuyas funciones específicas,
entre otras, serían las siguientes: (i) revisar y aprobar las compras de materiales,
suministros y equipos, exigiendo el cumplimiento de calidad, garantías y
especificaciones (numeral 15); (ii) revisar y aprobar o rechazar, las actas periódicas
de obra que presente el constructor para la formulación de cuentas, teniendo en
cuenta que correspondan a obra realmente ejecutada de acuerdo con los planos y
especificaciones.(numeral 17); (iii) vigilar en todo momento que la cuantía y vigencia
de las pólizas que se obliga a constituir el constructor sea la indicada de acuerdo
con el avance de las obras y la inversión (numeral 22); (iv) asesorar al contratante
en la programación y manejo del flujo de fondos, con el fin de mantener una
disponibilidad acorde con el programa de trabajo para evitar retrasos en la obra
(numeral 25); y (v) ejercer una permanente vigilancia y control de la programación
en relación a la ejecución de obras, que garantice la entrega definitiva de los trabajos
en la fecha establecida (numeral 29).
3.7.8. Frente a las obligaciones de la contratante, la cláusula decima incluyó, entre
otras, las siguientes: (i) cubrir oportunamente el fondo rotatorio previsto en este
contrato (numeral 3); (ii) pagar oportunamente al contratista el valor de los
honorarios (numeral 4); (iii) reembolsar al contratista los costos derivados de las
primas de las pólizas de seguros que correspondan (numeral 6); y (iv) reembolsar
al contratista los gastos de materiales, herramientas y equipos, mano de obra, que
se causen por las labores correspondientes a la atención postconstrucción y que se
deban a causas no imputables al contratista.
3.7.9. En cuanto al comité de obra, la cláusula décima señaló que sería conformado
por un representante de EDU, un representante del contratista y un representante
de la interventoría; para efectos de hacer seguimiento sobre los aspectos técnicos,
administrativos y financieros del proyecto, decidir situaciones particulares que
pudieran afectar o incidir sobre el desarrollo del proyecto, así como de llevar un
control eficiente sobre los recursos asignados en el fondo rotatorio.
3.7.10. En lo atinente a la garantía única de cumplimiento, la cláusula vigésima
tercera estableció que el contratista se compromete constituirla a favor de la EDU,
incluyendo, entre otros amparos, «el de buen manejo y correcta inversión de los
avances al fondo rotatorio, con cargo al fondo, por el equivalente al 100% del valor
máximo del fondo rotatorio, con una vigencia igual al plazo del contrato y 6 meses
más».
3.7.11. Respecto de la liquidación, la cláusula trigésima octava estableció que esta
se efectuaría de común acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha
de terminación del contrato y que, en caso de no lograrse dicho acuerdo, la entidad
contratante procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos meses
siguientes al vencimiento del plazo previsto para la liquidación bilateral.
56 Fl 540 a 547, C.2.
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3.8. El 6 de octubre de 201057, el consorcio Fronpeco garantizó el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato de obra pública de administración delegada
851 de 2010 mediante la póliza única de cumplimiento 42-44-101033037, expedida
por Seguros del Estado S.A.
3.8.1. En las condiciones generales de la póliza58, con código E-CU-010A REDIS
12-09-12, se estableció que la compañía otorgaría en favor de la entidad pública,
entre otros, los amparos de «buen manejo y correcta inversión del anticipo»59 y de
«devolución de pago anticipado»60. Asimismo, se indicó que, para lograr la
efectividad de cualquiera de los amparos otorgados, a la entidad asegurada le
corresponderá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la
pérdida si fuere el caso, en los siguientes términos (transcripción literal):
«5.1. Respecto del amparo de seriedad de la oferta, la entidad estatal asegurada
proferirá el acto administrativo que imponga la sanción previamente establecida por
la ocurrencia de uno cualquiera de los eventos previstos en la condición 1.1 de esta
póliza, y disponga la efectividad de este amparo a segurestado (sic).
5.2. En caso de decretarse la caducidad, la entidad estatal asegurada proferirá el
acto administrativo correspondiente en el cual, además de la declaratoria de la
misma, hará efectiva la cláusula penal o cuantificará el monto del perjuicio,
ordenando su pago tanto al contratista como a segurestado (sic). dicho acto
administrativo será constitutivo del siniestro.
5.3. En el evento de imposición de multas, la entidad estatal asegurada, proferirá el
acto administrativo correspondiente ordenando su pago. dicho acto administrativo
será constitutivo del siniestro.
5.4. En los demás eventos de incumplimiento del contratista garantizado, la entidad
estatal asegurada, proferirá el acto administrativo correspondiente, en el cual,
además de declarar el incumplimiento procederá a cuantificar el monto de la pérdida
o a hacer efectiva la cláusula penal, ordenando su pago» (subrayado añadido).
3.8.2. En las condiciones particulares, en su emisión original61, se estipuló que «con
sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-CU-010A REDIS
12-09-12, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador
declaran haber recibido y hasta el límite de valor asegurado, Seguros del Estado
S.A. garantiza» el cubrimiento, entre otros, de los siguientes amparos:
57 Fl 70, C.1.
58 Índice 40, Samai. Certificado «9AD8B51207F88F2A 51CA3988DE67C865 11B7589A29999DF6
48A643C23CFCEFB1».
59 «El amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo cubre a la entidad estatal asegurada,
de los perjuicios que se le lleguen a causar, con ocasión de (i) la no inversión, (ii) el uso indebido y
(iii) la apropiación indebida que el contratista garantizado realice de los dineros o bienes que se le
hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato. Tratándose de bienes distintos
de dinero, se atenderá la tasación realizada en el contrato garantizado».
60 «El amparo de devolución de pago anticipado cubre a la entidad estatal asegurada, de los
perjuicios que se le causen por la no devolución total o parcial, por parte del contratista garantizado,
de los dineros que le fueron entregados a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.
Tratándose de bienes distintos de dinero, se atenderá la tasación realizada en el contrato
garantizado».
61 Índice 40, Samai, certificado «C32341753EF19C3C E50A5E2F2B50573F 841438720F815731
C2DC27B9EEEFF2E7».
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
AMPAROS VIGENCIA VIGENCIA SUMA
DESDE HASTA ASEGURADA
Buen manejo del anticipo —que como
se consignó en la propia póliza
«corresponde a buen manejo y 06/10/2010 06/06/2012 $2.500’000.000
correcta inversión de los avances del
fondo rotatorio»62—
Buen manejo y correcta inversión del 06/10/2010 06/06/2012 $200’204.536
anticipo
Adicionalmente, se incorporó a la póliza una cláusula de distribución de coaseguro
cedido, entre Seguros del Estado S.A. y HDI Seguros S.A. —antes Liberty Seguros
S.A.—, actuando la primera como aseguradora líder, con una participación del 80%
de los valores amparados, y la segunda con el 20% restante. En dicha cláusula se
estipuló que: (i) «las obligaciones de las compañías para con el asegurado no son
solidarias»; y (ii) «en los siniestros, Seguros del Estado S.A. pagará únicamente la
participación porcentual señalada anteriormente y, además, una vez recibida la
participación correspondiente de las otras compañías la entregará al asegurado, sin
que en ningún momento se haga responsable por un porcentaje mayor al de su
participación».
Ejecución y modificaciones del contrato de obra pública por administración
delegada 851 de 2010
3.9. El 6 de octubre de 201063, las partes y la interventoría suscribieron el acta de
inicio de actividades, fijando un plazo inicial de 420 días calendario; no obstante, en
el curso de la ejecución contractual, el negocio jurídico fue objeto de las siguientes
modificaciones:
CONCEPTO FECHA OBJETO
Otrosí 164 23 de noviembre Modificar la cláusula decimocuarta en lo relativo al
de 2010 monto de la apropiación presupuestal destinada a la
constitución del fondo rotatorio de inversión,
reduciéndolo hasta la suma de $16.213’836.713.
Adición 1 y 29 de noviembre - Prorrogar el plazo del contrato en 190 días
Otrosí 265 de 2011 calendario para la ejecución de las actividades de
obra y 60 días calendario más para culminar los
procesos administrativos propios del contrato de
administración delegada.
62 Sobre este amparo, en la caratula de la póliza se incluyó la siguiente nota: «El ítem buen manejo
del anticipo por $2.500’000.000 = corresponde a buen manejo y correcta inversión de los avances
del fondo rotatorio».
63 Fl 61, C.1.
64 Fl 59 a 60, C.1.
65 Fl 53 a 54, C.1.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
• Modificar la cláusula decimocuarta en lo relativo al
monto de la apropiación presupuestal destinada a la
constitución del fondo rotatorio de inversión,
reduciéndolo hasta la suma de $15.963’837.713.
Otrosí 366 Modificar la adición 1, «en el sentido de señalar que
los 60 días calendario allí establecidos también sean
destinados para la ejecución de obra con el fin de
garantizar la cabal ejecución del objeto y el debido
cumplimiento de los fines de la contratación».
Adición 267 5 de junio de 2012 Prorrogar el plazo del contrato en 60 días más
contados a partir del vencimiento del plazo estipulado
en la adición 1 y en el otrosí 3.
3.9.1. Con las prórrogas suscritas, el nuevo plazo contractual quedó fijado hasta el
5 de agosto de 2012, razón por la cual el contratista procedió a ampliar la vigencia
de la garantía única de cumplimiento constituida a favor de la EDU, junto con sus
respectivos amparos68.
Imposición de multa y cláusula penal pecuniaria por incumplimiento del
contrato de obra pública por administración delegada 851 de 2010
3.10. El 28 de agosto 201269, una vez agotado el procedimiento administrativo
correspondiente, la EDU profirió la Resolución 0387 de 2012, por medio de la cual
declaró el incumplimiento parcial del consorcio Fronpeco por atrasos en las obras
y, en consecuencia, le impuso una multa por $44’724.946.
3.11. El 19 de septiembre de 201270, con el propósito de resolver los recursos de
reposición interpuestos por el consorcio Fronpeco y por Seguros del Estado S.A.
contra la decisión anterior, la EDU profirió la Resolución 0436 de 2012, a través de
la cual confirmó la declaratoria de incumplimiento parcial del consorcio Fronpeco,
pero redujo la multa impuesta a $2’054.545.
3.12. El 22 de octubre de 201271, mediante oficio CTW-EDU-1002-2012, la
interventoría informó a la EDU que, al realizar la evaluación de la entrega del
proyecto, «se pudo establecer el incumplimiento del contratista en relación con la
terminación y entrega de las obras programadas, y liquidación de los subcontratos
a esa fecha». Igualmente, en cuanto a la inversión del fondo rotatorio, señaló que,
«de acuerdo con el seguimiento que se ha realizado a la inversión de los fondos
66 Fl 57 a 58, C.1.
67 Fl 55 a 56, C.1.
68 Fl 63 a 68, C.1 e Índice 40, Samai, certificados: (i) «E630BFDE076D1010 1CEA9DFB93D9B8C7
177D5DDE2F045091 C3D48BC834400B1B»; (ii) «303BF08E712ABAD4 418191480E7AE9D6
477B9BFCD788899E 180F809D5DD3CE5A»; (iii) «2FC80545B7BA6544 9CCC3E4BC2EAE27B
C3A8EBFBC108A840 81F3121622E54CF6»; y (iv) «4F40CB74B8E63A34 ADCF0CC254824F91
AEFED1AB0A5E48C4 3891232C34EA34E».
69 Fl 77 a 96, C.1.
70 Fl 97 a 149, C.1.
71 Fl 579 a 583, C.2.
25
Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
rotatorios, el 19 de octubre de 2012, se tiene una inversión acumulada de
$14.280’346.617, valor que incluye las actas de los fondos rotatorios No 27, que se
encuentran para revisión y aprobación por parte de la EDU, por lo que se vislumbra
que el consorcio constructor no podrá legalizar la inversión total del presupuesto en
el plazo acordado».
3.13. El 22 de enero de 201372, agotado nuevamente el procedimiento
administrativo correspondiente, la EDU profirió la Resolución 0146 de 2013, por
medio de la cual declaró el siniestro por incumplimiento contractual por la no
terminación de la obra dentro del plazo pactado e hizo efectiva la cláusula penal
pecuniaria por la suma de $66’734.845,40 con cargo a la póliza única de
cumplimiento 42-44-101033037, expedida por Seguros del Estado S.A., omitiendo
toda referencia a Liberty Seguros S.A.
3.14. El 11 de febrero de 201373, con el propósito de resolver los recursos de
reposición interpuestos por el consorcio Fronpeco y por Seguros del Estado S.A.
contra la decisión anterior, la EDU profirió la Resolución 0313 de 2013, a través de
la cual confirmó íntegramente dicha decisión.
Incumplimiento de la obligación de legalizar los recursos del fondo rotatorio
y reintegrar los rendimientos financieros que este generaba; declaratoria de
siniestro de «buen manejo del anticipo» y liquidación del contrato obra
pública por administración delegada 851 de 2010
3.15. El 5 de abril de 201374, mediante comunicación 201300003137 —con copia a
Seguros del Estado S.A.—, la EDU convocó al consorcio Fronpeco a una reunión
para que presentara la rendición de cuentas respecto de los recursos del fondo
rotatorio invertidos en la obra y efectuara los reembolsos correspondientes, en razón
a que:
«[…] En la actualidad, el proceso de liquidación del contrato no ha podido surtirse
en debida forma en razón a que a la fecha no ha allegado a la EDU, la rendición de
cuentas del fondo rotatorio de inversión de que trata la cláusula [quinta del contrato],
razón por la cual se le reitera que presente dicha rendición de las cuentas, sobre los
recursos del fondo rotatorio que actualmente se encuentran en la cuenta de ahorros
dedicada para el pago de las obras, adicionando los soportes de los extractos
bancarios, donde puedan apreciarse los movimientos financieros hasta la fecha.
De igual manera, se reitera su obligación de reembolsar los rendimientos financieros
que hayan generado los recursos del fondo rotatorio, los cuales según lo dispuso la
misma cláusula contractual a que se hizo alusión, debían ser consignados por el
consorcio en una cuenta de ahorros separada para el efecto; para lo cual deberá
anexar los respectivos soportes financieros desde el momento en que estos fueron
depositados en dicha cuenta».
72 Fl 150 a 205, C.1.
73 Fl 207 a 226, C.1.
74 Fl 702 a 703, C.1 de antecedentes administrativos.
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3.16. El 28 de agosto de 201375, mediante comunicación 201300007702 —con
copia a Seguros del Estado S.A.—, la EDU convocó nuevamente al consorcio
Fronpeco a una reunión para que presentara la rendición de cuentas respecto de
los recursos del fondo rotatorio invertidos en la obra, toda vez que «en la actualidad
solo se han reportado gastos hasta el fondo No. 33 con un consolidado de 97.33%
de los $15.963.836.713 destinados para la provisión de obra», advirtiendo que el
incumplimiento de dichas obligaciones ha impedido adelantar en debida forma el
proceso de liquidación del contrato.
3.17. El 8 de marzo de 201476, ante la renuencia del consorcio Fronpeco a rendir
cuentas sobre los recursos del fondo rotatorio entregados para la ejecución de las
obras objeto del contrato, la EDU le solicitó nuevamente la legalización de dicho
fondo, «que a la fecha se tiene acumulado hasta el fondo rotatorio No. 33,
correspondiente al 97.33% del valor total destinado para la provisión de obra, al
igual que los reembolsos de los dineros generados como rendimientos financieros
con cargo al fondo rotatorio».
3.18. El 27 de marzo de 201477, el consorcio Fronpeco presentó ante la EDU un
documento denominado «rendición de cuentas», en el que informó que a la fecha
en el fondo rotatorio de inversión se encuentra un saldo disponible de
$269’360.139,12.
3.19. El 9 de junio de 201478, mediante correo electrónico, la EDU remitió a la parte
contratante y a las coaseguradoras el proyecto de acta de liquidación bilateral del
contrato de obra pública por administración delegada 851 de 2010, en el cual se
dejaba constancia de que el consorcio Fronpeco no había cumplido con la entrega
de la obra a satisfacción de la entidad contratante y, en consecuencia, le adeudaba
los siguientes valores:
DESCRIPCIÓN VALOR
Multa impuesta mediante la Resolución 0387 de 2012, $2’054.545
confirmada a través de la Resolución 0436 de 2012
Perjuicios —incluido el monto por la pena pecuniaria $381’683.954
impuesta mediante la Resolución 0146 de 2013,
confirmada a través de la Resolución 0313 de 2013
Saldo a reintegrar del fondo rotatorio $426’580.171,52
Menor valor de honorarios por obras mal ejecutadas $6’396.205
VALOR TOTAL $816’714.876
75 Fl 695 (anverso) a 696, C.1 de antecedentes administrativos.
76 Aunque no obra en el expediente copia íntegra de esta comunicación, su contenido fue reproducido
en la Resolución 621 de 2014 (Fl 274 a 276, C.1), de la cual se extrajo la información pertinente.
77 Ibidem.
78 Fl 227 a 257, C.1.
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3.19.1. En lo concerniente al «incumplimiento en la legalización del fondo rotatorio
y reintegro de los rendimientos financieros y saldos pendientes a favor de la EDU»,
el numeral 33 y subsiguientes de dichos documentos disponían:
«La cláusula [quinta del contrato] establece que es obligación del contratista rendir
cuenta de los recursos que le fueron entregados dentro del fondo rotatorio de
inversión, así como la de consignar periódicamente, los rendimientos financieros
generados por éste. Y como una obligación inherente a esta función administrativa,
el consorcio Fronpeco, tratándose del manejo de dineros púbicos, ha debido
reintegrar oportunamente los saldos del fondo no ejecutados ni legalizados ante la
EDU y no como viene haciéndolo, ejercer retención indebida sobre los mismos, sin
justificación alguna. Es de resaltar que el consorcio Fronpeco, únicamente hizo
rendición de cuentas de los rendimientos financieros del fondo rotatorio hasta el mes
de noviembre de 2013, sin que haya hecho la rendición de ellos hasta la fecha;
además, y en armonía con el incumplimiento del contratista de su obligación de
liquidar la totalidad de los subcontratos por él celebrados, tampoco se cuenta a la
fecha, con la rendición de cuenta del fondo rotatorio, en tanto con ocasión de la no
liquidación de los subcontratos desconoce o al menos no ha suministrado
información sobre cuáles son los pagos que se han realizado con cargo al mismo,
que pendientes hay y si han quedado remanentes para ser reintegrados a la entidad.
[…] Y es que en la medida en que el contratista no presente la información para
liquidar el fondo rotatorio y haga devolución de los saldos se seguirán generando
rendimientos financieros. Es de anotar que la información suministrada sobre el
saldo de los fondos en [comunicación del 27 de marzo de 2014, en la cual se afirmó
que ascendían a $269’360.139,12] no coincide con los datos que internamente
maneja la entidad que para la fecha asciende a $426.580.171.52, todo debido a la
falta de control y legalización del fondo ante la EDU.
[…] Conforme a los documentos que soportan la legalización del fondo rotatorio
presentados por el contratista a la fecha (Actas de la No. 1 a la 33), y aprobados por
la interventoría y la EDU, el consorcio Fronpeco debe reintegrar a la EDU la suma
de $426’580.171,52, que se incluyen en esta liquidación corno una deuda a cargo
del contratista y a favor de la EDU, la cual debió reintegrar a la Entidad dentro de
los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato, sin que hubiera
procedido en tal sentido pese a los reiterados requerimientos que se le hicieron
[comunicaciones del 5 de abril de 2013, 28 de agosto de 2013 y 8 de marzo de
2014], dicho reintegro se encuentra amparado en la póliza de seguros No. 42-44-
10103037 expedida por Seguros del Estado S.A».
3.20. El 16 de junio de 201479, Liberty Seguros S.A. formuló observaciones al
proyecto de acta de liquidación bilateral, enfatizando en la naturaleza no solidaria
del contrato de coaseguro y advirtiendo que dicha compañía no había sido vinculada
a los procesos sancionatorios que concluyeron con la imposición de multas y penas
pecuniarias al contratista, cuyo cobro solidario que se pretende ahora efectuar en
su contra violó las garantías propias del debido proceso —no se dijo nada respecto
de los saldos a reintegrar del fondo rotatorio y sus rendimientos financieros—.
3.21. El 24 de julio de 201480, ante la imposibilidad de lograr la liquidación bilateral
y debido a la falta de entrega a satisfacción de la obra, la EDU profirió la Resolución
621 de 2014, por medio de la cual liquidó unilateralmente el contrato de obra por el
sistema de administración delegada 851 de 2010 y, entre otras disposiciones, en su
79 Fl 258 a 263, C.1.
80 Fl 264 a 291, C.1.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
numeral tercero declaró la ocurrencia del «siniestro de ‘buen manejo del anticipo’ [el
cual, conforme se consignó en la carátula de la póliza, corresponde al de ‘buen
manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio’], por las siguientes
sumas de dinero: (i) $1.215’486.103, correspondiente al saldo del fondo rotatorio de
inversión, no invertido en la ejecución de la obra y (ii) $2’117.011, correspondiente
a los rendimientos financieros generados por este, liquidados hasta el mes de junio
de 2014, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo. En consecuencia, se hace efectiva la póliza de seguros 42-44-
101033037, expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A., por valor de
$1.217’603.114».
3.21.1. En relación con la «legalización del fondo rotatorio y reintegro de los
rendimientos financieros y saldos pendientes a favor de la EDU», el numeral 43 y
subsiguientes de los considerandos de dicha resolución se plasmó:
«[…] Los contratos de obra celebrados bajo la modalidad de pago denominada como
administración delegada, se caracterizan porque, para su desarrollo, se constituye
un fondo rotatorio de inversión que debe ser aplicado en la construcción de las obras
hasta lograr su resultado final, el cual, una vez liquidado, se debe proceder a
reintegrar a la Entidad los dineros que no fue necesario invertir, luego de la
legalización de las cuentas respectivas, aprobadas por la interventoría, siempre que
cuenten con los respectivos soportes contractuales y contables.
[…] La cláusula [quinta del contrato] señaló que es obligación del contratista rendir
cuentas de los recursos que le fueron entregados para constituir y alimentar
periódicamente el fondo rotatorio de inversión, presentando las actas de legalización
con la aprobación de la interventoría y el visto bueno del coordinador de la EDU,
legalizadas igualmente ante la Dirección Financiera de la EDU, así como la de
consignar oportunamente, los rendimientos financieros generados por éste;
además, como una obligación inherente a ésta función administrativa, el consorcio
Fronpeco, tratándose del manejo de dineros públicos que no le pertenecen, ha
debido reintegrar oportunamente tanto los saldos del fondo rotatorio que por no
haber obtenido la aprobación de la interventoría y el visto bueno del coordinador, se
entiende no fueron ejecutados y no susceptibles de legalizar ante la EDU, como los
dineros que no fueron utilizados y que reposan en la cuenta bancaria y no, como lo
ha venido haciendo, reteniendo en forma indebida y sin justificación alguna esos
dineros, que no cuentan con el soporte contractual y contable requerido para obtener
el cierre financiero del fondo.
Que en cuanto a los rendimientos financieros del fondo rotatorio de inversión, de los
documentos que obran en el proceso de contratación, se evidencia que el consorcio
Fronpeco únicamente rindió cuentas y consignó ante la entidad dichos rendimientos,
con corte al mes de febrero de 2014, esto significa que no ha hecho la rendición ni
la consignación de los generados desde ese momento hasta la fecha de expedición
del presente acto administrativo de liquidación unilateral; además, y en armonía con
el incumplimiento del contratista de su obligación de liquidar la totalidad de los
subcontratos por él celebrados, tampoco se cuenta a la fecha: con la rendición de
estas cuentas para legalización del fondo rotatorio de cierre, en tanto con ocasión
de la no liquidación de la totalidad de los subcontratos, no es posible conocer,
porque no se ha suministrado la información, cuáles son los pagos que se han
realizado con cargo al Fondo, si hay actividades o pagos pendientes, si se exigieron
y constituyeron o no las garantías y si con base en las liquidaciones, hubieran
quedado remanentes para ser reintegrados a la entidad.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
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[…] Que a la fecha, y según los documentos contables que soportan la inversión
efectuada, y que cuentan con la aprobación de la interventoría delegada para el
efecto y el visto bueno de la coordinación del proyecto a cargo de la subgerencia de
gestión de proyectos, que son los que cuentan con los requisitos de validez exigida,
se demuestra que el contratista ejecutó obras legalizadas con cargo al fondo
rotatorio por valor de $14.711’095.239, de donde se concluye que […] el Consorcio
Fronpeco, adeuda a favor de la EDU $1.215’486.103, correspondientes a las sumas
de dinero que no legalizó del fondo rotatorio de inversión, y que debe ser reintegrada
de manera inmediata, porque no existen pruebas, con los requisitos contractuales y
legales pertinentes, que permitan establecer con exactitud su valor y que realmente
fueron invertidos en la obra. Esta suma de dinero es la que certifica el contador de
la EDU, atendiendo a los requisitos contables de la Entidad, señalando que […] el
consorcio Fronpeco aparece en los registros contables de la EDU como deudor de
dicha suma de dinero y no la que informa el consorcio en su comunicación de marzo
27 de 2014 sobre el saldo de los fondos, que no coinciden con los datos que reposan
en la información contable de la Entidad, tal y como se concluye del cuadro de
control del Fondo Rotatorio de Inversión (Anexo No. 6 Cuadro de Seguimiento
Financiero Fondo Rotatorio)
Que a la fecha, el consorcio Fronpeco, únicamente ha reintegrado los rendimientos
financieros del Fondo Rotatorio de Inversión con corte al mes de febrero de 2014,
por la suma de $22.516’878,51 […]. En consecuencia, la entidad a través de la
Dirección de Tesorería, hizo la proyección de dichos rendimientos financieros de
septiembre a octubre de 2013 y desde marzo de 2014 hasta la fecha, lo cual da
como resultado la suma de $2.117.010.
[…] Que en virtud de lo dispuesto en la cláusula vigésima tercera del contrato, el
contratista garantizó la restitución de los dineros entregados por la EDU como
avance al fondo rotatorio de inversión que no hubieran sido invertidos con respaldo
en las aprobaciones de la interventoría y respectivos soportes documentales,
otorgando la garantía única de cumplimiento, la cual cuenta con el amparo de 'Buen
Manejo del Anticipo'. Dicha garantía está contenida en la póliza de seguros No.
4244-101033037, expedida por Seguros del Estado S.A., por valor de
$2.500.000.000, equivalentes al valor máximo del fondo rotatorio de inversión,
establecido en la cláusula quinta del contrato. Conforme a las disposiciones
contractuales, el consorcio Fronpeco […] estaba en la obligación de rendir cuentas
al fondo rotatorio de inversión para su legalización y entrega a la EDU del saldo no
invertido, en el término que el contrato en la cláusula trigésima octava estableció
para su liquidación, obligación que como se evidencia en el presente acto, fue
incumplida por el consorcio quien vencido el término señalado (dentro de los seis
meses siguientes a la terminación del contrato), no entregó a la EDU la legalización
del fondo en forma completa y debida, ni lo ha hecho a la fecha, a pesar de los
requerimientos que vencido dicho término le fueron efectuados por la entidad.
Que como consecuencia de lo anterior, el consorcio Fronpeco está obligado a
reintegrar y cancelar las sumas de dinero señaladas […] por concepto de
legalización del fondo rotatorio de inversión ($1.215.486.103) y por concepto de
rendimientos financieros del fondo rotatorio de inversión en los periodos septiembre
a octubre de 2013 y desde marzo de 2014 hasta la fecha ($2.117.010), obligación
que la EDU […], podrá exigir al contratista, de no hacerlo dentro de dicho término,
la compañía Seguros del Estado S.A., garante del Contratista, deberá proceder
cancelar a la EDU dichos dineros en forma directa e inmediata, para lo cual se
declarará el siniestro de ‘Buen Manejo y Correcta Inversión de los Avances del
Fondo Rotatorio’. En caso de que no se lleve a cabo el pago de dichas sumas de
dinero, se procederá a hacer efectivo el cobro de las mismas, a través de las
acciones legales conducentes».
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
3.22. El 25 de agosto de 201481, Seguros del Estado S.A. interpuso recurso de
reposición contra la liquidación unilateral efectuada por la EDU, específicamente
respecto de la decisión de hacer efectivo el siniestro de «buen manejo y correcta
inversión de los avances del fondo rotatorio», alegando, entre otros argumentos, los
que se pasan a sintetizar por resultar relevantes para la resolución del presente
asunto:
3.22.1. Sostuvo que la EDU incurrió en «vulneración al debido proceso», al no lograr
acreditar el incumplimiento del Consorcio Fronpeco en relación con la amortización
del anticipo entregado y consignado en el fondo rotatorio de inversión, pues la
entidad concluyó —sin soportes técnicos ni contables idóneos— que los recursos
no avalados por la interventoría se tenían por no ejecutados y, en consecuencia,
susceptibles de cobro bajo la póliza de cumplimiento. Sin embargo, esta conclusión,
basada en una presunción contable, desconoce la exigencia de acreditar el avance
real de la obra y el grado de inversión de los recursos, lo que constituye el parámetro
esencial para establecer la efectiva amortización del anticipo.
En este sentido, estimó que el análisis de la EDU careció de material probatorio que
permitiera demostrar con certeza cuál fue el monto del anticipo que faltó por invertir
en la ejecución contractual, y señaló que, tratándose de una obligación de hacer, la
amortización debía verificarse de manera progresiva y proporcional al avance físico
de la obra, por lo que la entidad debió practicar pruebas periciales —como una visita
técnica— que permitieran establecer el porcentaje de ejecución y, con ello, el saldo
no invertido. Al no hacerlo, la EDU declaró el siniestro de «buen manejo y correcta
inversión del anticipo» sin certeza fáctica, afectando las garantías del debido
proceso y contrariando el principio in dubio pro reo, motivo por el cual la decisión
debía ser revocada en su integridad.
3.22.2. Indicó que la resolución expedida por la EDU adolece de «falsa motivación
por error de hecho», comoquiera que existe una evidente contradicción entre los
porcentajes de ejecución reconocidos y el valor del anticipo que se declaró como no
amortizado. En efecto, mientras la propia entidad sostuvo en la motivación del acto
que el consorcio Fronpeco había ejecutado el 97.33% de los recursos del fondo
rotatorio, concluyó de manera inconsistente que el contratista debía reintegrar
$1.215’486.103, suma que no equivale al 2.67% faltante sino al 7.65% del total de
los recursos del contrato, incrementada además con los rendimientos financieros.
En tal sentido, consideró que tal disparidad demuestra que la decisión careció de
soporte probatorio suficiente y se basó en un error de hecho, pues el saldo correcto
por amortizar, conforme al porcentaje reconocido de ejecución, no superaba los
$426’234.440 —como había sido establecido en el proyecto de acta de liquidación
bilateral y que equivale al 2.67% del valor del proyecto—. Así, la EDU habría inflado
de manera injustificada el valor del siniestro, afectando indebidamente la póliza de
cumplimiento en su amparo de buen manejo del anticipo, lo que compromete la
validez del acto al estar fundado en una motivación contradictoria y errónea.
81 Fl 294 a 308, C.1.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
3.22.3. Consideró que la póliza otorgada no cubría el evento endilgado por la EDU
en la resolución impugnada, en tanto la obligación que se reprocha al consorcio
contratista corresponde a la omisión en la legalización de los recursos ejecutados
provenientes del fondo rotatorio y a la falta de entrega de los soportes contables y
financieros, lo cual constituye un deber formal distinto al riesgo asegurado, puesto
que la póliza amparaba únicamente el uso indebido, la apropiación o la falta de
inversión de los recursos anticipados en la obra, pero no la omisión en la
presentación oportuna de facturas, extractos o documentos de legalización.
Extender la cobertura a este tipo de incumplimientos implicaría desbordar los límites
del contrato de seguro y crear un riesgo no previsto en la póliza, transgrediendo lo
dispuesto en el Decreto 1510 de 2013 —vigente al momento de su expedición—.
En esa medida, la EDU fundamentó indebidamente la declaratoria del siniestro en
un hecho no asegurado, pues confundió la obligación contractual de legalizar el
anticipo con la cobertura específica de su correcto manejo e inversión. Dado que el
amparo es de carácter restrictivo y opera solamente sobre los riesgos expresamente
nombrados, no resultaba jurídicamente viable hacer efectiva la póliza por un
incumplimiento que se limitó a un trámite formal. Por ello, según afirmó, la
Resolución 621 de 2014 carecería de validez en este punto, al pretender afectar la
garantía por un evento ajeno a la cobertura contratada.
3.22.4. Manifestó que la EDU desconoció el régimen de coaseguro y la ausencia de
solidaridad en el mismo, comoquiera que, conforme lo previsto en los artículos 1094
y 1095 del Código de Comercio, cada aseguradora responde únicamente por la
proporción del riesgo que hubiere asumido, sin que exista obligación solidaria entre
ellas. En efecto, indicó que la doctrina y la jurisprudencia han sido uniformes en
señalar que en el coaseguro cada compañía asume una obligación propia y
delimitada, de manera que, si alguna incumple su cuota parte, ello no habilita a
trasladar dicha carga a las demás.
En el caso concreto, sostuvo que la EDU desconoció esta regla al atribuir a Seguros
del Estado S.A. la obligación de responder por la totalidad del siniestro, cuando su
responsabilidad estaba limitada al 80% del valor amparado, siendo el 20% restante
de cargo de Liberty Seguros S.A. Así, de encontrarse acreditado el incumplimiento
del contratista, lo procedente era exigir a cada coaseguradora el pago proporcional
de su participación, mas no imponer solidariamente la totalidad de la indemnización
a una sola compañía.
3.23. El 1º de diciembre de 201482, la EDU profirió la Resolución 829 de 2014, por
medio de la cual confirmó en todas sus partes la Resolución 621 de 2014, contentiva
de la liquidación unilateral del contrato. Particularmente en lo que respecta a los
argumentos de contradicción expuestos por Seguros del Estado S.A. contra la
decisión de declarar el siniestro de «buen manejo y correcta inversión de los
82 Fl 309 a 351, C.1.
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avances del fondo rotatorio» y hacer efectiva la póliza de seguros, indicó lo
siguiente:
3.23.1. En relación con el cargo relativo a la violación al debido proceso, consideró
que, contrario a lo sostenido por la aseguradora, el incumplimiento del consorcio
Fronpeco en la legalización de los recursos entregados a través del Fondo Rotatorio
de Inversión y en el reintegro de los rendimientos financieros quedó demostrado con
la prueba contable y financiera obrante en la entidad, así como con los múltiples
requerimientos y comunicaciones —remitidos también a la aseguradora— en los
que se instó al contratista a cumplir con sus obligaciones, sin obtener más que
evasivas y dilaciones. Estos aspectos fueron referidos y debidamente motivados en
la Resolución 621 de 2014. Asimismo, consideró lo siguiente:
«[…] en su escrito, Seguros del Estado S.A., confunde la figura del anticipo, propia
de un contrato de obra a precios unitarios, con el manejo de un fondo rotatorio de
inversión, propio del contrato de obra por el sistema de administración delegada
donde (contrario a lo que ocurre en el contrato a precios unitarios que contemplan
la entrega de un anticipo), el administrador delegado ejecuta la obra para el
contratante, lo que significa que este le entrega el dinero presupuestado para que
sea invertido en la ejecución del objeto encomendado. El sistema de pago en este
contrato es sustancialmente diferente al sistema por precios unitarios. Lo importante
y sustancial en contratos de la naturaleza del que se liquida, son los gastos que se
realizan para ejecutar la obra, pues deben estar debidamente soportados, lo que
exige la presentación de los documentos y soportes contables propios del manejo
de una caja, avalados por el Interventor.
Sin estos documentos no importa si la obra se ejecutó o no, sino cuanto
efectivamente le costó a la Entidad su ejecución, pues el administrador delegado
como responsable de la ejecución de la obra, debe proceder a rendir cuentas, las
cuales solo se reconocerán, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos,
que demuestran no solo su valor sino que si fueron efectivamente invertidos en la
obra, por lo que, contrario a lo que él piensa, el valor de la obra ejecutada, no puede
ser en éste caso directamente proporcional a su medición física, puesto que no hay
ítems ni precios unitarios para liquidarla, por lo que no se habla de anticipo
propiamente dicho (la garantía que se exigió en el contrato fue la de: ‘Buen Manejo
y Correcta Inversión de los Avances al Fondo Rotatorio’ […], fue denominada como:
‘Buen Manejo del Anticipo’ lo cual per se, no da pie para que una y otra figura se
confundan pues la intención de las partes, dada la naturaleza del contrato, fue la de
asegurar el buen manejo de los avances al fondo rotatorio de inversión), sino de
avance al fondo rotatorio, el cual no es amortizado como el anticipo, dado que no es
un préstamo que le hace la Entidad al contratista, sino que se legaliza, a fin de tener
el soporte de que ese dinero entregado al administrador delegado, efectivamente
haya sido invertido en la ejecución del objeto contractual.
Es necesario acudir al pliego de condiciones de la licitación pública, y al contrato de
obra por el sistema de administración delegada 851 de 2010, para comprender en
qué consiste el fondo rotatorio de inversión, cómo es su manejo y cuáles son las
obligaciones del contratista, relativas a su manejo, que incluye la legalización de los
gastos que se hacen a su cargo, para concluir que la tesis expuesta por […] Seguros
del Estado S.A., no tiene asidero para la modalidad contractual en cuestión.
[Del pliego de condiciones y del contrato se desprende que] la rendición de cuentas
permanente de las inversiones hechas por el administrador delegado, con cargo al
fondo rotatorio, eran elemento esencial de sus obligaciones contractuales,
precisamente porque se trataba de la administración de recursos públicos, rendición
que para su debida legalización ante la entidad contratante, necesariamente debía
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
surtir el proceso que se detalló y resaltó en la cláusula [6.5 de pliego], sin el cual, las
sumas de dinero en comento se tienen por no legalizadas y por ende, a pesar de
que, en gracia de discusión, hayan sido invertidas en la obra, aparecen adeudadas
o mejor no legalizadas ante la Entidad, lo que lleva a concretar el inadecuado manejo
de los recursos y por ende, la declaratoria del siniestro que ampara el buen manejo
de los avances al fondo rotatorio de inversión, el cual apareja, como elemento
indispensable, propio de toda administración, la constante rendición de cuentas con
el lleno de los requisitos establecidos en la ley del contrato para el efecto.
En consecuencia, y contrario a lo que piensa Seguros del Estado S.A., en este tipo
de contratos el anticipo no se va amortizando en la medida en que se va ejecutando
el objeto contractual sino por el contrario, ello sucede en la medida en que el
contratista vaya legalizando las inversiones realizadas con cargo al fondo rotatorio
para la ejecución de la obra, dado que en la modalidad de pago del contrato de obra
establecida para el negocio jurídico cuya liquidación unilateral fue objeto de recurso
de reposición, el particular seleccionado para la ejecución del contrato ejerce,
además de la dirección técnica de los trabajos, la administración de los recursos
públicos que le son entregados para que sean acometidas las actividades propias
del contrato, por lo cual, no es la mera ejecución física la que determina si
efectivamente esos recursos fueron invertidos en la obra sino, la rendición detallada
de cuentas sobre el manejo de estos, de conformidad con el procedimiento y
requisitos establecidos en la ley del contrato como quedó expuesto líneas arriba.
Vale la pena señalar lo dicho en la comunicación EDU 201200013923, remitida por
la interventoría a la Entidad, con el asunto: ‘Incumplimiento en la entrega de las
obras contratadas y liquidación de los subcontratos para el día 22 de octubre de
2012 por parte del Consorcio Fronpeco. En esta comunicación, en su numeral 2, el
interventor le informó a la EDU, lo siguiente: ‘De acuerdo con el seguimiento que se
ha realizado a la inversión de los Fondos Rotatorios, al 19 de octubre de 2012, se
tiene una inversión acumulada de $14.280’346.617,00 valor que incluye las Actas
de los Fondos Rotatorios No. 27, que se encuentran para revisión y aprobación por
parte de la EDU, por lo que se vislumbra que el Consorcio Constructor no podrá
legalizar la inversión del presupuesto en el plazo acordado’.
Como se ve, el contratista no legalizó los fondos del 29 al 33 en el plazo que se le
dio para ello, ni después de éste, como quedó narrado en el acto recurrido, lo que
sustenta que la suma que quedó pendiente por legalizar es la que quedó establecida
en dicho documento y no como lo pretende el recurrente, la que corresponda a la
ejecución física de la obra o, en su defecto, al saldo existente en la cuenta de ahorros
abierta para el manejo de esos recursos, en tanto lo que debe tener claro la Entidad,
debido a la entrega de una gran cantidad de dineros procedentes del erario a un
particular; es que además de la ejecución física de la obra, los gastos que se hicieron
con cargo a los mismos, se hallen debidamente soportados desde el punto de vista
técnico, jurídico, contable y financiero».
3.23.2. Frente al cargo de falsa motivación por error de hecho, afirmó, en línea con
lo expuesto anteriormente, que, si bien la interventoría certificó una ejecución física
del 97.33%, lo cierto es que en un contrato de obra suscrito bajo el esquema de
administración delegada ello no guarda una relación automática con la legalización
contable del fondo rotatorio, obligación que solo podía acreditarse con los soportes
que el contratista omitió reiteradamente entregar. En consecuencia, concluyó que
no existe error de hecho alguno, pues el valor pendiente por legalizar, que asciende
a $1.215’486.103, fue establecido a partir de la revisión financiera y contable interna
de la EDU, conforme con los requisitos contractuales, sin que en esta oportunidad
su monto variara, «pues ni el Consorcio Fronpeco ni las aseguradoras,
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aprovecharon el trámite gubernativo para aportar los documentos probatorios
contractuales idóneos para acreditar la inversión real y efectiva del Fondo».
3.23.3. Respecto del cargo atinente a que la póliza no cubría el evento endilgado
por la EDU, manifestó que, contrario a lo sostenido por la sociedad Seguros del
Estado S.A., la conducta imputada sí guarda relación directa con el buen manejo y
correcta inversión de los avances del fondo rotatorio, riesgo expresamente
amparado en la póliza No. 42-44-101033037. En efecto, la declaratoria del siniestro
se fundamentó en la omisión del contratista de rendir cuentas y legalizar los
recursos entregados para la obra, obligaciones contractuales esenciales en un
contrato suscrito bajo el sistema de administración delegada, pues constituyen el
medio idóneo para acreditar la inversión adecuada de los dineros públicos. Así las
cosas, al no poder la entidad verificar ni certificar su correcta utilización y quedar
pendiente de legalización la suma de $1.215’486.103, se configuró un manejo
inadecuado de estos recursos, de modo que carece de sustento la tesis de la
aseguradora según la cual la falta de rendición de cuentas no estaba cubierta, ya
que la ausencia de legalización impide demostrar la inversión y activa la cobertura,
comprometiendo su responsabilidad como garante frente a la entidad.
3.23.4. Finalmente, acerca del cargo relativo al desconocimiento del régimen de
coaseguro, indicó que no era procedente el argumento de Seguros del Estado S.A.,
pues en la póliza 42-44-101033037 quedó expresamente previsto que, en caso de
siniestro, dicha compañía —en su calidad de administrador y coasegurador líder—
debía pagar su participación del 80% y, además, gestionar ante Liberty Seguros
S.A. el recaudo del 20% restante para entregarlo al asegurado, sin que en ningún
momento la EDU debiera acudir directamente a la otra coaseguradora. Sostuvo que,
pretender lo contrario, desconoce la cláusula que la propia sociedad Seguros del
Estado S.A. redactó y sobre cuya base se aprobó la póliza, contrariando los
principios de buena fe, confianza y lealtad que rigen la contratación, de modo que
es aquella la obligada a procurar el pago integral de la indemnización, incluyendo la
cuota parte de su coasegurador.
4. Caso concreto
La Subsección anticipa que modificará la decisión de primera instancia que «declaró
la nulidad del ordinal tercero de la parte resolutiva de la Resolución 621 del 24 de
julio de 2014, confirmada mediante la Resolución 829 de 1º de diciembre de 2014»,
por medio de las cuales la EDU declaró la ocurrencia del siniestro de «buen manejo
y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio» e hizo efectiva la póliza
expedida por Seguros del Estado S.A., disponiendo que dicha compañía no estaba
obligada a pagar las sumas contenidas en los actos administrativos. En su lugar, se
declarará la nulidad parcial del referido ordinal, toda vez que, si bien no se advierte
la vulneración del derecho al debido proceso de la aseguradora, sí se configura una
falsa motivación por la omisión de considerar el régimen de coaseguro que regía la
póliza de cumplimiento al momento de calcular el porcentaje que correspondía
sufragar a cada compañía por concepto de la indemnización amparada.
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En cuanto al debido proceso, como se desarrollará más adelante, se estima que no
le asiste razón al a quo al sostener que la actuación administrativa desconoció las
garantías de defensa de la aseguradora, bajo la premisa de que esta se habría visto
privada de una participación real y efectiva en la etapa previa a la declaratoria del
siniestro. Lo anterior porque, en criterio de la Sala, los actos administrativos
cuestionados fueron expedidos en el año 2014, bajo la vigencia del Decreto 1510
de 2013, normativa que circunscribió el alcance del debido proceso, en materia de
efectividad de garantías contractuales, a la expedición de un acto administrativo
debidamente motivado y notificado contra el que proceden los recursos en sede
administrativa o la acción contenciosa correspondiente, sin que fuese imperativa la
implementación de un procedimiento previo especial de contradicción y de defensa
para las aseguradoras.
Ahora bien, superado el análisis en el sentido de que no se vulneró el debido
proceso administrativo, a este juzgador le corresponde pronunciarse sobre los
cargos de nulidad formulados en la demanda y no analizados por el Tribunal,
relacionados con la supuesta falsa motivación de los actos administrativos que
declararon la ocurrencia del siniestro de «buen manejo y correcta inversión de los
avances del fondo rotatorio», en lo relativo al monto de la indemnización, a la
extensión de su cobertura y a la omisión de considerar el régimen de coaseguros.
En este orden de ideas, se advierte desde este momento que los dos primeros
reproches no están llamados a prosperar, en la medida en que, a partir del examen
del acervo probatorio y de la motivación contenida en las resoluciones cuestionadas,
se desprende que la declaratoria del siniestro y la consecuente efectividad de la
póliza se soportaron en fundamentos fácticos y jurídicos sólidos, verificables y
ajustados al marco contractual y normativo aplicable. No obstante, en lo atinente al
régimen de coaseguros, sí le asiste razón a la parte accionante, por cuanto la
Administración omitió aplicar las reglas que lo gobiernan, trasladando a una sola
compañía el pago total de la indemnización, pese a que, de conformidad con lo
pactado en la póliza y con lo dispuesto en el Código de Comercio, cada aseguradora
únicamente respondía en proporción a la cuota de riesgo asumida, sin que existiera
solidaridad.
Con el fin de exponer los fundamentos que sustentan las conclusiones anunciadas,
la Sala abordará los siguientes aspectos: (i) el régimen jurídico aplicable al contrato
objeto de la garantía controvertida; (ii) las garantías contractuales y el alcance del
derecho al debido proceso administrativo de las aseguradoras en la declaratoria de
siniestros; (iii) la no vulneración del debido proceso de Seguros de Estado S.A. con
ocasión de la efectividad de la póliza que amparaba el siniestro de «buen manejo y
correcta inversión de los avances del fondo rotatorio»; (iv) la naturaleza de la figura
de administración delegada empleada en el contrato de obra pública celebrado y su
incidencia en el siniestro declarado por la EDU; (v) los cargos de falsa motivación
de las resoluciones que declararon el siniestro de «buen manejo y correcta inversión
de los avances del fondo rotatorio», en lo concerniente al monto de la indemnización
y la extensión de su cobertura; y (vi) el cargo de falsa motivación de los actos que
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declararon el siniestro de «buen manejo y correcta inversión de los avances del
fondo rotatorio», en lo atinente a la omisión de considerar el régimen de coaseguros.
4.1. El régimen jurídico aplicable al contrato objeto de la garantía controvertida
4.1.1. Como quedó demostrado en el plenario, tras surtirse el proceso de licitación
pública correspondiente83, la EDU celebró con el consorcio Fronpeco el contrato de
obra pública 851 de 201084, bajo la modalidad de administración delegada, cuyo
objeto consistió en la construcción del «Parque Biblioteca para la Cultura y la Vida
Doce de Octubre», en el municipio de Medellín.
Bajo este contexto, conviene precisar, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Municipal 158 de 2002, que la EDU se encuentra constituida como una
empresa industrial y comercial del Estado —EICE—85, cuyo objeto principal es el
desarrollo de proyectos urbanísticos e inmobiliarios en el municipio de Medellín86,
por lo que el régimen jurídico aplicable al contrato mencionado debe determinarse
con base en su naturaleza jurídica y la normativa vigente al momento de su
celebración, esto es, el 27 de septiembre de 2010.
Sobre el particular, la Ley 80 de 1993 dispuso, siguiendo un criterio orgánico87, que
los contratos celebrados por las EICE estarán sometidos, en principio, al Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública —EGCAP—, salvo tratándose
de establecimientos de crédito, compañías de seguros y entidades financieras de
carácter estatal constituidas bajo dicha forma jurídica88. Posteriormente, el artículo
93 de la Ley 489 de 199889 introdujo un matiz a dicho criterio orgánico, al establecer
que, si bien los contratos celebrados por las EICE para el cumplimiento de su objeto
están sometidos al EGCAP, los actos que expidan para el desarrollo de su actividad
83 Numerales 3.2, 3.3 y 3.4 de los hechos probados.
84 Numeral 3.7 de los hechos probados.
85 Decreto 158 de 2002 expedido por el alcalde de Medellín. «Artículo 2º. Naturaleza jurídica. La
Empresa Industrial y Comercial del Estado Empresa de Desarrollo Urbano ‘EDU’, es una persona
jurídica del orden municipal, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio […]».
86 Ejusdem. Artículo 5º. «Objeto. La EDU tiene como objeto el desarrollo de proyectos urbanísticos
e inmobiliarios, representativos para el mejoramiento de la ciudad de Medellín y el bienestar de los
ciudadanos, que incluyen entre otros aspectos: gestión de vivienda, promoción, construcción,
administración, enajenación, desarrollo, mantenimiento, adquisición, titularización, legalización,
integración y reajuste de predios, buscando en todo que sea autocosteable, mediante la explotación
económica, sin lesionar el derecho general al uso del espacio público donde éste se presente […]».
87 Ley 80 de 1993. «Artículo 1º. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y principio que
rigen los contratos de las entidades estatales. // Artículo 2º. Para los solos efectos de esta Ley: 1º.
Se denominan entidades estatales: a) […] las empresas industriales y comerciales del Estado […]».
88 Ley 80 de 1993. «Artículo 32 […]. Parágrafo 1º. <modificado por el artículo 15 de la Ley 1150 de
2007> Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de seguros y las
demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a dichas actividades».
89 Ley 489 de 1998. «Artículo 93. Los actos que expidan las empresas industriales y comerciales del
Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se
sujetaran a las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento
de su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades
estatales».
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propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las normas de
derecho privado.
A su turno, el artículo 14 de la Ley 1150 de 200790 —redacción original, anterior a
la reforma introducida por la Ley 1474 de 2011, que por su fecha de expedición no
es aplicable al asunto sub examine— precisó que, aunque por regla general las
EICE están sujetas al EGCAP, aquellas que compitan con el sector privado o
desarrollen actividades en mercados monopolísticos o regulados deben regirse por
las disposiciones legales y reglamentarias de dichas actividades.
De esta forma, tanto el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 como el artículo 14 de la
Ley 1150 de 2007 reflejan un mismo criterio orientador, conforme al cual las EICE
están sometidas a un régimen dual que varía en función de la finalidad del contrato
Celebrado91. En efecto, cuando el vínculo contractual guarda relación directa con el
desarrollo de actividades propias de su actividad industrial, comercial o de gestión
económica, particularmente en escenarios de competencia con el sector privado o
en mercados regulados, el régimen aplicable es el derecho privado; mientras que,
cuando el contrato es celebrado para el cumplimiento del objeto institucional de la
entidad, resultará aplicable el EGCAP.
4.1.2. Por consiguiente, forzoso resulta concluir que el régimen jurídico aplicable al
contrato de obra pública 851 de 2010 es el previsto en el EGCAP, toda vez que su
objeto —la construcción de un parque biblioteca— se enmarca en el cumplimiento
del objeto institucional de la EDU, esto es, el desarrollo de proyectos urbanísticos
orientados al beneficio colectivo, y no en actividades desarrolladas en condiciones
de competencia o mercado propias del giro comercial de dicha EICE. Esta
conclusión se ve reforzada por el hecho de que los recursos destinados a la
ejecución de la obra provienen de un convenio interadministrativo celebrado con el
municipio de Medellín92.
4.2. Las garantías contractuales y el alcance del derecho al debido proceso de
las aseguradoras en la declaratoria de siniestros
4.2.1. En el ámbito de la contratación estatal, el legislador ha previsto —de manera
generalizada, como se verá en la normativa que se procederá a citar— que, con el
90 Ley 1150 de 2007. «Artículo 14. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por
ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del
Estado superior al 50%, estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, con excepción de aquellas que se encuentren en competencia con el sector privado nacional
o internacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o mercados regulados, caso
en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades
económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se
exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las
disposiciones normativas existentes. // El régimen contractual de las empresas que no se encuentren
exceptuadas en los términos señalados en el inciso anterior, será el previsto en el literal g) del
numeral 2 del artículo 2o de la presente ley».
91 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de mayo de 2024, exp.
63427.
92 Numeral 3.1 de los hechos probados.
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fin de asegurar la ejecución íntegra y oportuna del objeto contractual y de proteger
el patrimonio público, los contratistas, salvo las excepciones consagradas en la ley,
deben constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento,
orientadas a trasladar a un tercero —usualmente una compañía aseguradora— la
obligación de concurrir al pago de la indemnización de los perjuicios derivados del
incumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista93.
De vieja data, la Sección Tercera94 del Consejo de Estado ha aclarado que las
garantías contractuales no pueden confundirse con las potestades sancionatorias
de la Administración ni con las penas convencionales, puesto que, por regla general,
no constituyen mecanismos coercitivos de apremio ni simples estimaciones
anticipadas de perjuicios —salvo la garantía de seriedad de la oferta, que ostenta
una naturaleza especial95—, sino instrumentos primordialmente indemnizatorios96
concebidos para salvaguardar el interés público inherente a la contratación estatal
y evitar que el patrimonio de las entidades resulte afectado por la materialización de
los riesgos amparados.
Asimismo, esta Corporación97 explicó que, tratándose de garantías constituidas a
favor de entidades públicas, «se invierte el procedimiento de reclamación regulado
en el Código de Comercio, pues al paso que en este el beneficiario y/o el asegurado
debe acudir ante la compañía de seguros para acreditarle la ocurrencia del siniestro
y el daño —con su monto—, cuando la entidad estatal es la beneficiaria de una
póliza es a la compañía de seguros a quien le corresponde acudir ante el Estado —
93 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de noviembre de 2019, exp.
36600A.
94 Consejo de Estado, Sección Tercera, del 24 de mayo de 2001, exp. 13598, «Es erróneo confundir
las garantías contractuales con las potestades sancionatorias de la administración, toda vez que las
garantías no son una pena convencional porque su función no es la estimación anticipada de
perjuicios que pudiera sufrir la administración con la inejecución del contrato o el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones por parte del contratista, como tampoco es un medio coercitivo para
apremiarlo. Su función es, como ya se dijo, salvaguardar el interés público y proteger
patrimonialmente a la administración frente a los eventuales incumplimientos del contrato imputables
al contratista». Posición reiterada en: Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de octubre
de 2021, exp. 50623.
95 La garantía de seriedad de la oferta ostenta una naturaleza especial dentro del sistema de
garantías de la contratación estatal, en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano le
atribuye una configuración polifuncional. En efecto, además de cumplir una finalidad indemnizatoria
orientada a resarcir anticipadamente los perjuicios derivados del incumplimiento del oferente
adjudicatario, incorpora simultáneamente una dimensión sancionatoria, pues su efectividad opera
como consecuencia jurídica frente a la inobservancia injustificada de las obligaciones surgidas en la
etapa precontractual, particularmente la de suscribir el contrato estatal (numeral 12 del artículo 30
de la Ley 80 de 1993). De este modo, constituye un mecanismo concurrentemente coercitivo y
resarcitorio, diseñado para preservar la seriedad de las ofertas, la confianza legítima de la
Administración y la protección del patrimonio público; naturaleza dual que fue reforzada por la
regulación actualmente contenida en los artículos 2.2.1.2.3.1.6, 2.2.1.2.3.1.9 y 2.2.1.2.3.2.8. del
Decreto 1082 de 2015 (Sentencia del 1° de junio de 2026, proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, exp. 69292).
96 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, exp 14667. «La garantía
de cumplimiento del contrato estatal mediante la cual la compañía se seguros se compromete a
pagar los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contraídas por el tomador en
virtud de la celebración de un contrato tienen carácter indemnizatorio pues su finalidad como ya se
dijo es proteger el patrimonio público del daño que le puede ocasionar el posible incumplimiento de
las obligaciones contractuales por parte del particular contratista y de esta manera evitar que dicho
patrimonio se vea afectado o empobrecido».
97 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 16494.
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debido proceso— a defender su posición frente a cada uno de los aspectos que
involucra la declaración del siniestro, que ya no depende del reconocimiento
voluntario que haga la compañía, sino que pasa a manos de la administración
decidir si se presentó o no hecho cubierto con la garantía».
Por ello, siendo las aseguradoras quienes deben asumir la defensa de sus intereses
frente a la eventual declaratoria de los riesgos amparados —siniestros—, resulta
imperativo que la entidad beneficiaria garantice el respeto del derecho fundamental
al debido proceso98, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política99. Dicho
derecho, en el ámbito de las actuaciones administrativas, constituye un presupuesto
de ineludible observancia, cuyo alcance debe armonizarse con los principios que
orientan la función administrativa100, previstos en el artículo 209 de la carta
magna101, resultando igualmente exigible en el marco de la contratación estatal,
conforme lo dispone el artículo 77 de la Ley 80 de 1993102. No obstante, su
aplicación no es uniforme ni opera con idéntico alcance en todas las actuaciones
administrativas103, pues este depende de la finalidad, objeto, naturaleza y efectos
98 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de febrero de 2017, exp.
53839. «[…] teniendo en cuenta que en materia de contratos de seguro que se celebran para
garantizar contratos estatales es la compañía aseguradora la que debe acudir ante la administración
a presentar su posición frente a los aspectos que involucran la declaratoria del siniestro, es frente a
ésta que se debe garantizar el derecho al debido proceso».
99 «Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
// Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. // En
materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable. // Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. //
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».
100 Corte Constitucional, Sentencia C-034 del 29 de enero de 2014. «En relación con el debido
proceso administrativo, debe recordarse que su función es la de permitir un desarrollo adecuado de
la función pública, persiguiendo el interés general y sin desconocer los derechos fundamentales,
bajo los principios orientadores del artículo 209 de la Carta Política. Ello explica, como lo ha señalado
la Corte, que el debido proceso administrativo deba armonizar los mandatos del artículo 29 Superior
con los principios del artículo 209, ibidem. Y, en términos concretos, que las garantías deban
aplicarse asegurando también la eficacia, celeridad, economía e imparcialidad en la función pública».
101 Constitución Política. «Articulo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones […]».
102 Ley 80 de 1993. «Artículo 77. De la Normatividad aplicable en las actuaciones administrativas. En
cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los
procedimientos y actuaciones en la función administrativa, serán aplicables en las actuaciones
contractuales. A falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. // Los
actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán
susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las
reglas del Código Contencioso Administrativo […]».
103 Consejo de Estado, Sección tercera Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2022, exp
53318. «[…] en el ámbito contractual, el derecho al debido proceso no se traduce en la necesidad
de que los procedimientos administrativos contractuales sean iguales a los judiciales o aun a los
administrativos que están reglados, en tanto los procedimientos administrativos contractuales deben
estar a tono con la agilidad y eficiencia propia de la actividad que busca la garantía de la continua
prestación de los servicios o bienes contratados en interés del público en general. Además, tales
procedimientos se amoldan a los fines que se persiguen, por lo cual no son únicos ni rígidos, pues
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propios de cada una de ellas.
En este contexto, con el propósito de determinar el alcance del debido proceso que
asiste a las aseguradoras frente a la facultad de la Administración de declarar la
ocurrencia de siniestros y hacer efectivas las pólizas que respaldan las garantías
contractuales, resulta indispensable acudir al examen del marco normativo que ha
regulado esta materia, el cual, a lo largo del tiempo, ha experimentado profundas
transformaciones legislativas y ha dado lugar a criterios jurisprudenciales diversos
sobre su interpretación y aplicación.
4.2.2. Régimen del debido proceso en la Ley 80 de 1993
Con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, el artículo 25, numeral 19, dispuso,
en desarrollo del principio de economía104, que el contratista debía constituir una
garantía única —en póliza de seguro o garantía bancaria— destinada a respaldar el
cumplimiento de sus obligaciones hasta la liquidación del contrato y ajustada a los
límites, existencia y extensión del riesgo amparado, con excepción de los contratos
de empréstito, interadministrativos y de seguros, en los que no resultaba exigible.
De dicha norma no se desprende que el legislador hubiese conferido a las entidades
estatales la facultad de declarar, de manera unilateral, la ocurrencia de los siniestros
amparados por las pólizas constituidas a su favor. Sin embargo, con posterioridad,
la Sección Tercera sostuvo, de manera mayoritaria105, aunque no pacífica106, que,
en el marco de los criterios y principios que gobiernan la noción de justicia administrativa, se adecúan
a la realización de los fines de la función y cometido o tarea que con ella se realiza».
104 Ley 80 de 1993. «Artículo 25. Del principio de economía. En virtud de este principio: […] 19. —
numeral derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007— El contratista prestará garantía única
que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente
durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo
amparado. Igualmente, los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.
// Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas
para funcionar en Colombia o en garantías bancarias. // La garantía se entenderá vigente hasta la
liquidación del contrato garantizado y la prolongación de sus efectos y, tratándose de pólizas, no
expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. // Las garantías no serán
obligatorias en los contratos de empréstito, interadministrativos y en los de seguros […]».
105 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2005, exp 13599. «[…] Son
válidos los actos administrativos por los cuales la entidad contratante decidió hacer efectiva la póliza
que garantiza la estabilidad de la obra contratada, al declarar la ocurrencia del riesgo amparado. En
efecto, no cabe duda de que aquélla contaba, para hacerlo, con una facultad legal expresa, prevista
en los numerales 4° y 5º del art. 68 del C.C.A., en los cuales se relacionan los actos que prestan
mérito ejecutivo […]. // Para la Sala estas dos normas se deben integrar, para comprender su alcance
y significado plenos, integración de la cual resulta que cualquier póliza contractual, constituida a favor
del Estado, presta mérito ejecutivo –aunque no por jurisdicción coactiva-, pues no es lógico –ni es el
sentido de la norma- fraccionar el mérito ejecutivo de las garantías contractuales a favor del Estado,
cuando es claro que el numeral 4 citado incluye todos los amparos que puede contener una póliza;
y el numeral 5 incluye cualquier otro tipo de garantía a favor del Estado, de donde se deduce que el
propósito mismo de la norma es el de otorgar una prerrogativa a las entidades estatales para que
puedan declarar ellas mismas el siniestro, y hacerlo exigible en forma efectiva. // Así, puede
considerarse que la Administración sí tiene una facultad especial consagrada en la ley, de declarar
ocurrido el riesgo amparado en virtud de las garantías que en su favor se hayan otorgado, facultad
que no tienen los particulares en el desarrollo de su actividad contractual y que, por esa razón,
constituye una auténtica prerrogativa del poder público, que no es más que un privilegio de que goza
la administración […]».
106 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de junio de 2015, exp
32438. «[…] la declaratoria parcial de incumplimiento del contrato no da lugar a hacer efectiva la
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en virtud de los numerales 4 y 5 del artículo 68 del CCA107, la Administración sí se
encontraba habilitada para efectuar tal declaración mediante acto administrativo,
aunque sin la posibilidad de cobrar por vía coactiva los créditos derivados del riesgo
amparado108, debiendo acudir para ello a la jurisdicción de lo contencioso
garantía de cumplimiento, en tanto ejercicio de una facultad excepcional no prevista en la Ley 80.
De lo que se sigue que la administración se encuentra impedida para hacer uso de un poder
excepcional no otorgado. Lo anterior al margen del artículo 68 del Decreto 01 de 1984. De una parte
porque se trata de una norma de carácter instrumental, de la que no podría derivarse tal prerrogativa
de orden sustancial, al tiempo que del contenido de la disposición no se desprende una facultad
excepcional que por lo mismo tendría que ser expresa. El artículo 68 se limita a establecer y
enumerar los documentos que prestaran mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva […] //. En ese
orden, es posible concluir que i) el artículo 68 en mención, prevé las distintas eventualidades para la
conformación del título ejecutivo en el marco de la jurisdicción coactiva; ii) no comporta una norma
de orden sustancial sino procesal; iii) no atribuye poderes excepcionales a la administración en el
ámbito de los contratos estatales. Lo anterior si se considera que en sentencia C-666 de 2000, la
Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la norma bajo el entendido que la autorización legal
para ejercer el poder coactivo se refiere al cobro o recaudación proveniente de funciones netamente
administrativas, por lo que resultaría equivocado suponer que la atribución de la administración para
la declaratoria de incumplimiento en el marco de un contrato, proviene de la norma en mención».
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, exp 32301.
«Desde tiempo atrás la Sección Tercera ha considerado que la Administración Pública cuenta con
una facultad especial consagrada en la ley —artículo 68 numerales 4 y 5 del C.C.A.—, para declarar
la ocurrencia del riesgo amparado, en virtud de las garantías que se hayan otorgado en su favor […].
// ahora bien […] para esta Sala, de esta norma jurídica no se desprende facultad alguna para que
las entidades expidan actos administrativos que declaren obligaciones derivadas de las garantías,
por cuanto la norma alude a los documentos que conformarían un título ejecutivo, a efectos de
hacerlo efectivo a través de jurisdicción coactiva, uno de los cuales se encuentra integrado por ‘Las
demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales
se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación’ […] // Cabría entender
entonces que la presencia del acto administrativo como parte del título ejecutivo supone que la
entidad cuente con competencia para expedir actos a través de los cuales surjan obligaciones
derivadas de las garantías de cumplimiento en favor de entidades estatales, por lo cual el
fundamento jurídico para su expedición debe encontrarse por fuera del mencionado artículo 68 […]».
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de junio de 2021, exp 65466.
«Aunque la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que de la referida norma se desprende
que las entidades públicas tienen la facultad para expedir actos administrativos para declarar la
ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza correspondiente, en algunos pronunciamientos106
de la Sección Tercera se ha cuestionado dicha postura, en el entendido de que el artículo 68 del
CCA es una norma procesal, mas no sustancial, en la cual se previeron cuáles eran los documentos
que conformarían un título ejecutivo a efectos de hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva,
sin que de su lectura pudiera derivarse alguna atribución para que las entidades públicas expidieran
actos administrativos».
107 CCA. «Artículo 68. Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos
conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos: […] 4. Los
contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de
entidades públicas, que integraran título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del
contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso.
// 5. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto,
las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación».
108 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 2000, exp. 11318. «La Sala
precisa que si bien es cierto la Ley 80 no derogó en su totalidad el artículo 68 del C.C.A., el cual
prevé el trámite de la jurisdicción coactiva en favor de la administración pública, si derogó el numeral
4º de la norma, puesto que esta disposición facultaba a las entidades estatales para aplicar el
procedimiento coactivo en contra de los contratistas, siempre que los contratos, las pólizas de seguro
y las demás garantías que otorgaran a favor de las entidades públicas, integrarán título ejecutivo con
el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete
la caducidad, o la terminación según el caso. El artículo 75 de la Ley 80 de 1993 derogó dicha
prerrogativa de la administración y fijó la competencia únicamente en el juez contencioso para el
trámite de los procesos de ejecución, cuya fuente de la obligación la configure un contrato estatal».
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administrativo en los términos del artículo 75 de la Ley 80 de 1993109.
En este sentido, dicha facultad relevó a las entidades estatales de las cargas que,
en calidad de beneficiarias de un contrato de seguros, les imponían los artículos
1075 a 1077 del Código de Comercio para reclamar el cumplimiento de la obligación
condicional del asegurador, toda vez que, como se indicó, la ocurrencia del siniestro
se concreta a través de un acto administrativo que, una vez adquiere firmeza, presta
merito ejecutivo, y contra él únicamente proceden los recursos legales110, sin que
resulte viable la objeción del asegurador en los términos del estatuto comercial.
Ahora bien, esta Corporación111 precisó que con la expedición de tales actos la
Administración no puede sustraerse de las reglas de conducta que impone el debido
proceso al declarar el siniestro y hacer efectiva la garantía, las cuales comprenden:
«[…] el deber de motivar el acto indicando en los supuestos de hecho y probatorios
que soportan el acaecimiento del siniestro y por supuesto, la cuantía de la
indemnización, como también, garantizar que tanto el contratista como la compañía
de seguros, en ejercicio de los derechos de contradicción y legítima defensa,
puedan controvertir el acto administrativo. Este es el sentido en que se debe
aplicarse el artículo 1077 del Código de Comercio, para aquellos casos en los cuales
el asegurado y beneficiario de la póliza es una entidad estatal. De otra parte, al
asegurador le corresponde la carga de probar los hechos o circunstancias
excluyentes de su responsabilidad, tal como lo dispone la norma.
Con esta lógica resulta claro que la Administración está investida de facultad para
declarar directamente el siniestro ocurrido en relación con la ejecución del contrato
estatal celebrado y hacer efectiva la garantía constituida a su favor, mediante la
expedición de un acto administrativo, el cual deberá contener los fundamentos
fácticos y probatorios del siniestro y el monto o cuantía de la indemnización; acto
que una vez ejecutoriado permitirá exigir a la compañía aseguradora el pago de
dicha indemnización, así lo ha dispuesto la ley, decisión que está sujeta al control
de legalidad, tanto por vía gubernativa como por vía jurisdiccional».
Bajo este marco, el examen del debido proceso de las aseguradoras, en cuanto
garantes de los contratos estatales, debe centrarse en verificar si la Administración
les proporcionó un escenario efectivo para controvertir la declaratoria del siniestro.
Sobre el particular, la jurisprudencia ha delineado dos posturas divergentes: (i) una
primera, de alcance restrictivo, que entiende satisfecho el debido proceso con la
simple notificación del acto administrativo declarativo del siniestro, en la medida en
que su contenido y motivación permite a la aseguradora ejercer la defensa en sede
administrativa o judicial; y (ii) una segunda, de carácter garantista, que exige a la
entidad convocar a la aseguradora a un procedimiento previo a la expedición del
acto declarativo, a fin de que pueda ejercer real y oportunamente sus derechos de
contradicción y defensa antes de la adopción de la decisión definitiva.
109 Ley 80 de 1993. «Artículo 75. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez
competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos
de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativo».
110 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 1997, exp. 9286.
111 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, exp 14667.
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Con el fin de precisar estas posturas, se expondrá a continuación la jurisprudencia
dictada durante la vigencia del artículo 25, numeral 19, de la Ley 80 de 1993 —antes
de su derogatoria por el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007—, la cual ha sido utilizada
por las distintas Subsecciones de esta Sección para sustentar cada línea, poniendo
de relieve su coexistencia y su incidencia en la configuración del derecho al debido
proceso de las aseguradoras:
4.2.2.1. La tesis de la notificación del acto administrativo como garantía suficiente
del debido proceso
La Subsección B, en sentencia del 23 de febrero de 2012112, sostuvo de manera
general que «la declaratoria del siniestro de incumplimiento para efectos de hacer
efectiva la garantía del contrato, al no tratarse de un procedimiento sancionatorio
sino del trámite de reclamación a seguir ante la aseguradora[113], no requiere del
agotamiento de un procedimiento previo [como garantía del debido proceso], dado
que en este evento el contenido y motivación del acto es el que le permitirá a la
aseguradora o al contratista ejercer su derecho de defensa, primero ante la
administración y posteriormente, si es del caso, ante los jueces».
En la misma línea argumentativa y al analizar la legalidad de un acto que declaró la
ocurrencia de un siniestro de estabilidad de la obra, la Subsección B114 reiteró que
no resulta exigible una actuación administrativa previa para su declaratoria como
garantía del debido proceso; no obstante, precisó que «el apremio a la entidad va
dirigido a que la motivación del acto administrativo que declara la ocurrencia del
siniestro responda a cada uno de los presupuestos establecidos en la ley frente al
riesgo asegurable, con sustento en los elementos de prueba que dentro de la
actuación se incorporen salvaguardando el derecho de defensa y contradicción».
112 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2012, exp.
20810.
113 Ibidem. Original de la cita: «[…] de acuerdo con la jurisprudencia, el procedimiento —para la
época de los hechos del sub lite— en procura de hacer efectiva la garantía constituida a favor de las
entidades públicas con el fin de obtener la indemnización ante la ocurrencia del riesgo —siniestro—
que ampara la misma, es el siguiente: // (i) Primero le corresponde a la entidad declarar la ocurrencia
del hecho constitutivo del siniestro y ordenar hacer efectiva la garantía que ampara el riesgo,
mediante la expedición de un acto administrativo, con fundamento en las prerrogativas establecidas
en los numerales 4 y 5 del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, el cual hace las veces
de reclamación, dado que no se aplica lo previsto en los artículos 1075 y 1077 del Código de
Comercio; // (ii) Segundo, dicho acto administrativo de carácter particular y concreto, debe ser
notificado personalmente a los interesados (aseguradora y contratista), para que sea oponible y
vincule a quien resulta obligado con sus disposiciones, con el fin de proceder al cobro de la respectiva
indemnización; y // (iii) Tercero, la aseguradora no puede objetar la reclamación (arts. 1080 y 1053
C.Co.), sino que la manera de oponerse es mediante la interposición de los recursos en sede
administrativa que legalmente procedan en contra de la decisión; resueltos éstos negativamente, o
si no son interpuestos, el acto adquiere firmeza, y con ella, la ejecutividad y ejecutoriedad propios de
estas decisiones administrativas y que le permiten a la entidad proceder a su cobro ejecutivo. Esta
decisión, por supuesto también puede ser impugnada por el contratista, administrativa y
judicialmente».
114 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2016,
exp.35057.
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Este criterio fue reiterado por la Subsección B en la sentencia del 30 de noviembre
de 2017115, en la que se precisó que a la Administración le asistía competencia para
declarar la ocurrencia de los siniestros amparados por las garantías de
cumplimiento, para hacer efectiva la póliza de seguro y cuantificar los perjuicios, sin
que resulte exigible un trámite administrativo previo, en la medida en que es el
contenido y la motivación del acto administrativo lo que garantiza el derecho de
defensa y contradicción de la aseguradora, de modo que el acto que declara el
siniestro resulta, por sí mismo, idóneo para asegurar el debido proceso, siempre
que exponga de manera clara los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios del
riesgo asegurable y habilite su ulterior controversia en sede administrativa y judicial.
En 2019116, la misma Subsección B, siguiendo esa línea de pensamiento, consideró
que la Administración no estaba obligada a convocar al contratista ni a la
aseguradora a un procedimiento previo a la declaratoria de un siniestro de
estabilidad de la obra, en tanto el derecho al debido proceso se asegura mediante
la posibilidad de recurrir la decisión vía reposición, instancia en la cual pueden
debatirse las razones y pruebas que sustentan la decisión administrativa. En esa
oportunidad, agregó que tampoco «se requiere la presencia de estos [contratista y
aseguradora] en la consecución de los medios de convicción que le permitirán a la
entidad determinar si declara o no la ocurrencia del siniestro».
La tesis expuesta con antelación fue acogida por la Subsección C117, al señalar que,
aun cuando el debido proceso se predica de todas las actuaciones contractuales
del Estado, en el caso de la declaratoria de ocurrencia de siniestros que carezcan
de naturaleza sancionatoria, y respondan a una finalidad eminentemente
indemnizatoria, —como sería el de calidad y correcto funcionamiento de los
bienes—, no se requiere «que las entidades públicas, previo a la adopción de su
decisión, adelanten una actuación administrativa o un procedimiento administrativo
en estricto sentido, [por lo que] al contratista y a la compañía de seguros, con el
propósito de garantizar su derecho al debido proceso, se les debe permitir impugnar
el acto administrativo que declara la ocurrencia del siniestro a través de la
interposición del recurso de reposición, para que puedan controvertir las razones
aducidas por la Administración, así como las pruebas que las sustentan y también
para que aporten las que estimen convenientes».
4.2.2.2. La tesis de la convocatoria a la aseguradora antes de la declaratoria del
siniestro como garantía del debido proceso
Al analizar la legalidad de un acto administrativo que declaró la ocurrencia del
siniestro de estabilidad de la obra y calidad del servicio en el marco de un contrato
de obra pública, frente al cargo de transgresión al debido proceso, la Subsección A,
115 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de noviembre de 2017, exp.
39285.
116 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de agosto de 2019, exp.
44170.
117 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de enero de 2024, exp.
53674.
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en sentencia del 27 de noviembre de 2013118, indicó que, si bien la Administración
estaba facultada para declarar, mediante acto administrativo, la ocurrencia del
hecho constitutivo del siniestro y hacer efectiva la garantía que lo ampara, la validez
de dicho acto exigía la existencia de una actuación previa en la que se recaudaran
los elementos de juicio necesarios y se garantizara al contratista y al asegurador
sus derechos de contradicción y defensa. Al respecto, precisó:
«[…] la validez del acto administrativo mediante el cual se declara el siniestro reviste
las exigencias: (i) de una actuación administrativa previa a la adopción de la
decisión, en la cual se recaude el material probatorio que fundamente, desde el
punto de vista fáctico, la determinación a proferir y que permita a quienes se puedan
ver afectados con ella ejercer sus derechos al debido proceso, a la contradicción y
a la defensa y (ii) de que efectivamente se haga acopio de los elementos
demostrativos necesarios y suficientes para permitir que el acto administrativo se
encuentre debidamente soportado en unos motivos o hechos determinantes cuya
existencia se constató de manera previa al dictado de la decisión y que fueron
debidamente valorados por la entidad estatal contratante. La cabal observancia de
los presupuestos anotados tiene incidencia en la carga de la prueba de los hechos
determinantes de la decisión administrativa, dentro del proceso judicial en el cual se
debate sobre su juridicidad» (subrayado añadido).
Luego, en sentencia del 29 de mayo de 2014119, la Subsección A reiteró que la
prerrogativa en cabeza de las entidades estatales para declarar, mediante acto
administrativo, la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra y hacer efectiva
la garantía correspondiente no puede ejercerse al margen del deber de respetar el
debido proceso del contratista y de la aseguradora, el cual debe garantizarse de
manera previa a la adopción de dicha decisión, conforme con las exigencias
transcritas del pronunciamiento anteriormente citado.
Esta misma idea fue expuesta por la Subsección C, en sentencia del 7 de
septiembre de 2015120, al estimar de manera general que la «garantía del derecho
fundamental al debido proceso frente a la compañía aseguradora dentro del
procedimiento de expedición de los actos administrativos mediante los cuales la
administración declara la ocurrencia del siniestro se concreta en que previamente a
su declaratoria se le otorgue la oportunidad para que presente sus puntos de vista,
allegue los elementos probatorios que necesarios y ejerza su derecho de defensa y
es por ésta razón que no es suficiente que la referida decisión se encuentre
debidamente motivada y se le haya notificado oportunamente».
El 30 de noviembre de 2017121, la Subsección B modificó la postura que venía
sosteniendo en torno al debido proceso de las aseguradoras frente a la declaratoria
de siniestros y la efectividad de las pólizas de cumplimiento —aun cuando en esa
misma fecha la propia Sala profirió otra sentencia que mantenía la tesis original,
118 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de noviembre de 2013, exp.
25742.
119 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de mayo de 2014, exp.
27721.
120 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, exp.
45907.
121 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de noviembre de 2017, exp.
37002.
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como se señaló en el tercer párrafo del numeral 4.2.2.1.—, al considerar que no
bastaba con la simple notificación del acto que adoptaba tal decisión, sino que su
expedición debía estar precedida de un procedimiento que asegurara a la compañía
garante el ejercicio oportuno de su derecho de contradicción y defensa. Para ello, y
advirtiendo que no existía un trámite especial, estimó que debía aplicarse el
procedimiento general del CCA (artículos 14, 28, 34 y 35). En esa línea concluyó
que, aunque en el caso concreto «la demandada y el a quo entendieron que se le
garantizó el derecho a un debido proceso a la aseguradora accionada con la
notificación de la declaratoria del siniestro [de estabilidad y calidad de la obra] pues
así se le permitió presentar recursos frente al citado acto, [lo cierto es que dicho
entendimiento] va en contravía del criterio que ha adoptado, en los diferentes
pronunciamientos, la Sección Tercera del Consejo de Estado al precisar el alcance
del derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas, en particular, las
contractuales».
4.2.2.3. De la revisión jurisprudencial realizada, se advierte la existencia de dos
líneas interpretativas en torno al alcance del derecho fundamental al debido proceso
de las compañías aseguradoras frente a la facultad de la Administración de declarar
la ocurrencia de los siniestros derivados de contratos estatales.
La primera postura, sostenida principalmente por la Subsección B, parte de la
premisa de que, dada la naturaleza indemnizatoria y no sancionatoria de la decisión
de declarar el siniestro, no resulta exigible un procedimiento administrativo previo,
bastando con que el acto declarativo se encuentre debidamente motivado y sea
notificado a los interesados. Bajo esta perspectiva, el debido proceso se garantiza
a través de la posibilidad de impugnar el acto en sede administrativa —mediante los
recursos previstos en la ley— o, en su defecto, ante la jurisdicción contenciosa.
La segunda postura, defendida por las Subsecciones A y C, sostiene que el respeto
al debido proceso implica necesariamente que la Administración, antes de declarar
el siniestro y ordenar la efectividad de la póliza, convoque a las aseguradoras a un
procedimiento administrativo en el que se le garantice una participación efectiva,
con la posibilidad de controvertir las pruebas recaudadas por la entidad, aportar los
medios de convicción que estime pertinentes y de ejercer plenamente su derecho
de contradicción y defensa previo a la adopción de la decisión definitiva. Según esta
tesis, la simple motivación y notificación del acto administrativo resulta insuficiente
para asegurar el derecho fundamental al debido proceso, pues restringiría de
manera excesiva las garantías procesales que el ordenamiento jurídico extiende a
las actuaciones administrativas, incluidas las de carácter contractual.
En conclusión, la jurisprudencia hasta ahora relacionada no revela un tránsito lineal
desde una concepción restrictiva hacia otra garantista —o viceversa—, sino que
pone de manifiesto la coexistencia de ambas posturas, aplicadas indistintamente
conforme con la interpretación asumida por cada Subsección, en el entendido que,
mientras la primera limita el debido proceso a la motivación y al control posterior del
acto administrativo, la segunda exige un procedimiento previo que asegure la
participación activa de la aseguradora antes de la declaratoria del siniestro.
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4.2.3. Régimen del debido proceso bajo la Ley 1150 de 2007
El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007122 —que sustituyó la regulación concerniente a
las garantías contractuales prevista en el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de
1993, disposición que, a su vez, fue derogada por la nueva normativa— mantuvo la
obligación de los contratistas de otorgar una garantía única para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, con las excepciones ya previstas
en la Ley 80 de 1993. No obstante, introdujo una modificación sustancial al
consagrar expresamente la facultad de la Administración para declarar, mediante
acto administrativo, la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza; prerrogativa
que, mientras en el régimen anterior había sido reconocida por vía jurisprudencial a
partir de los numerales 4 y 5 del artículo 68 del CCA, pasó a convertirse en una
potestad legal expresa.
Debe resaltarse, sin embargo, que dicha disposición tampoco reguló expresamente
el debido proceso en materia de garantías contractuales, a diferencia de lo previsto
en el artículo 17 de la misma ley, atinente a la potestad sancionatoria, que concibió
el debido proceso como principio rector de las actuaciones contractuales de este
carácter123. Se trata, entonces, de ámbitos que, como se explicó en líneas
anteriores, no pueden confundirse ni asimilarse: mientras el sancionatorio busca
imponer consecuencias de carácter punitivo frente a eventuales incumplimientos
contractuales, la efectividad de las garantías persigue una finalidad eminentemente
122 Ley 1150 de 2007 «Artículo 7. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de
las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los
ofrecimientos hechos. // Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los
demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose
de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El
Gobierno Nacional señalará las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de
cumplimiento de los contratos estatales. // El Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán
las entidades para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los
contratos, así como los casos en que por las características y complejidad del contrato a celebrar, la
garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del
respectivo contrato. // El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por
la entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así
lo declare. // Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los
interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor
cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad
de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los
demás que señale el reglamento».
123 Ley 1150 de 2007. «Artículo 17. El debido proceso será un principio rector en materia
sancionatoria de las actuaciones contractuales. // En desarrollo de lo anterior y del deber de control
y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido
pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión
deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que
garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la
ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento
con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. //
PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las
entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación
de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener
el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva».
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indemnizatoria, orientada a la protección del patrimonio público, razón por la cual
las normas aplicables al régimen sancionatorio no son extensibles, por vía de
analogía, a la declaratoria de siniestros.
En este contexto, ante la ausencia de una regulación expresa sobre el debido
proceso en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, la Sección Tercera mantuvo las
dos líneas interpretativas previamente configuradas bajo la Ley 80 de 1993. Así,
aunque con ciertas variaciones en su alcance y aplicación, persistió la coexistencia
de una tesis que consideraba suficiente la motivación y notificación del acto
administrativo que declaraba el siniestro, con la otra que exigía un procedimiento
previo que garantizara la participación activa de la aseguradora con antelación a la
expedición de dicho acto. Posturas que se pasan a exponer a continuación:
4.2.3.1. La tesis de la notificación del acto administrativo como garantía suficiente
del debido proceso
La Subsección B, en sentencia del 14 de septiembre de 2022124 —con aclaración
de voto de uno de sus integrantes125—, al analizar la declaratoria de los siniestros
amparados por las garantías de cumplimiento y de buen manejo e inversión del
anticipo en contratos estatales, precisó que la norma aplicable en materia de debido
proceso «no es el artículo 17 sino el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, norma que
no exige la notificación del pliego de cargos a la aseguradora desde el inicio del
procedimiento sancionatorio, sino que obliga a la entidad a comunicar el acto
administrativo que declara el incumplimiento». Según la providencia, dicho proceder
resulta suficiente para entender garantizado el debido proceso de las aseguradoras,
en la medida en que contra dicho acto proceden los recursos legales, lo que asegura
el ejercicio de su derecho de contradicción y defensa.
Siguiendo la misma línea jurisprudencial, la Subsección C, en sentencia del 28 de
octubre de 2024126, al analizar la legalidad de la declaratoria del siniestro de correcta
administración y buen manejo del anticipo en el marco de un convenio, recordó que
el régimen del debido proceso previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 se
circunscribe exclusivamente al ejercicio de potestades sancionatorias y no resulta
124 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de septiembre de 2022,
exp. 61667.
125 El magistrado Fredy Ibarra Martínez aclaró el voto en los siguientes términos: «La sentencia
señala que, por virtud del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, la entidad solo está obligada a notificarle
a la aseguradora el acto administrativo que declara el incumplimiento, argumentación de la cual me
aparto, por cuanto, en los términos del artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso es
aplicable a toda actuación administrativa, incluida la de declaratoria del siniestro, para lo cual, de
conformidad con las normas generales y especiales aplicables, era preciso permitirle a la
aseguradora el ejercicio del derecho de contradicción y defensa antes de adoptar la decisión. // De
conformidad con lo expuesto, considero que la regla contenida en el artículo 7 de la Ley 1150 de
2007, según la cual ‘el acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por
la entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así
lo declare’, no puede entenderse como derogatoria del debido proceso que debe garantizarse en el
curso de la actuación, únicamente se refiere al deber de notificar el acto, sin perjuicio del ejercicio
de contradicción y defensa previo».
126 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2024, exp.
63030.
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aplicable a la efectividad de las garantías contractuales, al tiempo que precisó que
es el artículo 7 ejusdem el que regula de manera específica esta última materia, sin
imponer a la Administración la obligación de adelantar un trámite previo a la
declaratoria del siniestro como garantía del debido proceso, exigencia que solo fue
incorporada con posterioridad por el Decreto 4828 de 2008.
4.2.3.2. La tesis de la convocatoria a la aseguradora antes de la declaratoria del
siniestro como garantía del debido proceso
Al analizar la legalidad de una resolución que declaró la ocurrencia del siniestro
correspondiente al amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, frente
al cargo de violación al debido proceso, la Subsección A, en sentencia del 23 de
septiembre de 2015127, recordó que el Consejo de Estado ha sostenido —incluso
antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007— que dicho derecho debe regir todas
las actuaciones contractuales adelantadas por la Administración, incluyendo tanto
los trámites de naturaleza sancionatoria, regulados en el artículo 17 de la Ley 1150
de 2007, como aquellos que, sin tener tal carácter, se relacionan con la efectividad
de las garantías contractuales; razón por la cual, en criterio de dicha Sala, en ambos
supuestos debe garantizarse al contratista y a las aseguradoras la posibilidad de
conocer previamente los cargos, solicitar pruebas y de controvertir las allegadas en
su contra. Al respecto, se sostuvo:
«[…] resulta de especial relevancia acotar que el principio constitucional que se
viene comentando, en el campo de la contratación estatal, debe irradiarse no solo
respecto del contratista o colaborador de la Administración sobre quien, en la
mayoría de los casos, recaen las decisiones desfavorables derivadas de las distintas
actuaciones y procedimientos administrativos, sino además sobre todo aquel en
quien pese una afectación directa de las medidas adoptadas en el curso de los
mismos por el ente público.
Tal es el caso de las compañías aseguradoras, las cuales, a través de la expedición
de la póliza de cumplimiento, garantizan la observancia de las obligaciones a cargo
de su afianzado y, eventualmente, son las llamadas a responder patrimonialmente
en caso de configurarse el siniestro contenido en los diversos amparos que, por
regla general, cubre la garantía única.
No resultaría ajustado a derecho admitir lo contrario, esto es, que por el hecho de
no ostentar la calidad de contratista, la aseguradora no pueda beneficiarse de las
garantías que entrañan el desarrollo del debido proceso dentro del procedimiento
administrativo que culmine, por ejemplo, con la declaratoria de ocurrencia del
siniestro, pues por cuenta del respaldo que ella brinda a través del otorgamiento del
seguro, será la llamada a responder en caso de incumplimiento de las obligaciones
contraídas por su afianzado y, por tal virtud, le surge el mismo derecho a conocer
previamente los cargos que se le imputan para ejercer, en un plano de igualdad, el
derecho de defensa que le asiste, solicitar la práctica de pruebas y conocer y
controvertir las que en su contra se aduzcan o, en dado caso, sustituir al tomador
de la póliza para asumir el cumplimiento de los compromisos contractuales
insatisfechos.
127 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de septiembre de 2015,
exp. 44386.
50
Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Lo expuesto en precedencia encuentra su asiento normativo en el artículo 28 del
Código Contencioso Administrativo que establecía: ‘Deber de comunicar. Cuando
de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay particulares
que pueden resultar afectados en forma directa, a estos se les comunicará la
existencia de la actuación y el objeto de la misma. En estas actuaciones se aplicará,
en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 14, 34 y 35».
Más adelante, en fallo del 18 de febrero de 2022128, la Subsección A reiteró que,
cuando la actuación administrativa no tiene naturaleza sancionatoria, sino que se
limita a declarar la ocurrencia de un siniestro —en ese caso, el correspondiente al
amparo de calidad— y a cuantificar el perjuicio, deben respetarse las garantías del
debido proceso tanto del contratista como de la aseguradora. En este sentido, indicó
que el debido proceso aplicable a estas últimas compañías no se dirige a cuestionar
su responsabilidad en el contrato principal —pues carece de obligaciones en él—,
sino a garantizar su participación en la determinación de los elementos que hacen
exigible su obligación de indemnizar, lo cual debe efectuarse con anterioridad a la
expedición del acto administrativo que declara el siniestro.
A propósito de lo anterior, esto se indicó:
«[…] la aseguradora sería la llamada a responder en caso de encontrarse cumplida
la condición suspensiva de la que pende su obligación de pagar la indemnización —
la ocurrencia del siniestro o, lo que es lo mismo, la realización del riesgo amparado—
, como respecto del contratista, en la medida que, de una parte, la determinación de
la configuración del riesgo amparado se contrae, justamente, a la discusión del
cumplimiento de sus obligaciones y, de otra, porque, por imperativo de la ley, una
vez pagada la indemnización, la aseguradora puede subrogarse en los derechos de
la entidad pública asegurada contra el causante del siniestro.
[…] Asimismo, es importante precisar que, si bien de cara al contratista y a la
aseguradora la actuación puede ser una sola, no por ello puede predicarse la
existencia de un procedimiento sancionatorio respecto de la segunda, puesto que
en relación con ella la actuación administrativa no está encaminada a declarar el
posible incumplimiento de las obligaciones principales o accesorias del contrato
garantizado y a imponer una pena en su contra, sino a acreditar los elementos que,
en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, le dan derecho al
asegurado de reclamar a aquélla la indemnización que se obligó a cubrir en caso de
la ocurrencia del siniestro que amparó. En otras palabras, la responsabilidad de la
aseguradora no surge en razón de una sanción impuesta por la administración, sino
en consideración al acaecimiento de la condición de la que pende el cumplimiento
del contrato de seguro.
Lo anterior, se reitera, no significa que en relación con la aseguradora la entidad
pública no esté en la obligación de respetar el debido proceso, toda vez que, como
ya se dijo, ese derecho constituye un presupuesto exigible respecto de toda
actuación administrativa a la cual apliquen las reglas generales del procedimiento
administrativo, sea o no sancionatoria.
En este mismo sentido, cabe destacar que, en el caso de la aseguradora, el debido
proceso no está dirigido a determinar su responsabilidad en el cumplimiento de las
obligaciones del contrato amparado, pues respecto de él no tiene ninguna, sino en
establecer los elementos que, de conformidad con la ley y el contrato de seguro,
128 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2022, exp.
53318.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
hacen surgir la obligación de pago a su cargo, esto es, en los términos del artículo
1077 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 1080 Ibidem, la
demostración de la ocurrencia del siniestro y de la cuantía de la pérdida, si fuere el
caso, discusión en la cual debe también participar el contratista, en tanto tiene
interés directo respecto de la determinación de tales presupuestos, pues, como ya
se mencionó, de una parte, la discusión en torno a la ocurrencia del siniestro
comporta la del cumplimiento de sus obligaciones —por ser el riesgo amparado—
y, de otra, porque una vez pagada la indemnización, la aseguradora puede
subrogarse en los derechos del asegurado en contra de quien dio lugar a la
realización del riesgo (artículo 1096 del Código de Comercio)».
4.2.3.3. Como se observa, aun cuando el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 introdujo
un cambio sustancial al reconocer expresamente la facultad de la Administración
para declarar, mediante acto administrativo, la ocurrencia del siniestro y hacer
efectiva la póliza de cumplimiento, no reguló de manera expresa el debido proceso
aplicable a esta materia, como sí lo hizo dicha ley frente a las actuaciones
sancionatorias, lo que condujo a la persistencia de las dos líneas jurisprudenciales
desarrolladas en el régimen anterior, incluso con reiteración de muchos de tales
pronunciamientos.
Estas posturas, aunque divergentes en su alcance y nivel de exigencia, coinciden
en reconocer que la actuación estatal en el ámbito de garantías contractuales debe
ofrecer un mínimo de defensa y contradicción como expresión del debido proceso,
sin desconocer su finalidad indemnizatoria. Así, mientras una corriente defiende la
suficiencia del acto administrativo debidamente motivado y notificado, otra enfatiza
en la necesidad de que la compañía aseguradora sea convocada con antelación a
la expedición del acto, a fin de ejercer de manera efectiva y oportuna su derecho de
defensa, el cual, como lo precisó la última providencia citada, no se identifica con el
que asiste al contratista, pues se orienta a controvertir la configuración del riesgo
asegurado y la cuantía del siniestro. De ahí que el alcance de su intervención
responda a la condición de tercero garante y no a la de parte contratante principal.
4.2.3.4. Con todo lo expuesto, la Sala concluye que las dos tesis jurisprudenciales
en torno al alcance del debido proceso de las aseguradoras han coexistido y han
sido aplicadas de manera indistinta, tanto bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993
como de la Ley 1150 de 2007, sin que se evidencie un tránsito jurisprudencial
uniforme de una hacia otra. En ese contexto, dichas posturas se han empleado para
el examen de garantías postcontractuales y de aquellas reclamadas durante la
ejecución del contrato, en relación con siniestros amparados, entre otros, por las
garantías de cumplimiento, estabilidad de la obra, calidad y correcto funcionamiento,
así como de buen manejo y correcta inversión del anticipo, sin que la jurisprudencia
haya fijado un criterio diferenciador claro atendiendo al momento contractual en que
se hace efectiva la garantía. Esta aplicación transversal confirma la coexistencia
real y simultánea de ambas líneas interpretativas, cuya utilización ha dependido,
principalmente, de la orientación asumida por cada Subsección y no de la naturaleza
—postcontractual o de ejecución— de la garantía comprometida.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
4.2.4. Régimen del debido proceso bajo el Decreto 4828 de 2008
El artículo 14 del Decreto 4828 de 2008, «por el cual se expide el régimen de
garantía en la contratación de la Administración pública», precisó la forma en que
las entidades estatales debían, mediante actuación administrativa, hacer efectivas
las garantías contractuales otorgadas a su favor. Al respecto, la norma dispuso:
«Artículo 14. Efectividad de las garantías. Cuando se presente alguno de los
eventos de incumplimiento cubiertos por las garantías previstas en este decreto, la
entidad contratante procederá a hacerlas efectivas de la siguiente forma:
14.1. En caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los
derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante, proferirá el acto
administrativo correspondiente en el cual, además de la declaratoria de caducidad,
procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio y
a ordenar su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto
administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de
seguro.
14.2. En caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y
garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su
garante, proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual impondrá la multa
y ordenará su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto
administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de
seguro.
14.3. En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y
garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante
proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual declarará el
incumplimiento, procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la
cláusula penal, si ella está pactada y a ordenar su pago tanto al contratista como al
garante. Para este evento el acto administrativo constituye la reclamación en las
garantías otorgadas mediante póliza de seguro» (subrayado añadido).
La expedición del Decreto 4828 de 2008 representó un hito normativo en la materia,
pues reglamentó el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 —garantías contractuales— y
estableció expresamente que la expedición del acto administrativo mediante el cual
la Administración constituía o declaraba un siniestro debía estar precedida del
agotamiento del debido proceso y de la plena garantía de defensa y contradicción
tanto del contratista como del garante. Este cambio fue sustancial con respecto a la
práctica anterior, en la que dicha obligación no estaba prevista con la misma
claridad, soslayando la necesidad de que la actuación administrativa se desarrollara
en un marco respetuoso de los derechos fundamentales de quienes concurren en
calidad de garantes en la contratación estatal.
No obstante, el decreto referido no diseñó un procedimiento especial que definiera
de manera detallada las etapas, formalidades o términos aplicables para asegurar
el debido proceso de las aseguradoras antes de la expedición del acto declarativo
del siniestro, entendiéndose que la garantía mínima exigible consistía en su
convocatoria previa, a fin de que no resultara sorprendida con una declaratoria
intempestiva, sino que contara con la posibilidad real de conocer la intención de la
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
entidad contratante de hacer efectiva la póliza, pronunciarse sobre los hechos
relevantes, aportar pruebas y controvertir las allegadas en su contra. Solo bajo esas
condiciones podía afirmarse que el acto administrativo respetaba el núcleo esencial
del derecho de defensa y, con ello, se evitaba que la prerrogativa estatal de declarar
unilateralmente la ocurrencia del siniestro se convirtiera en un ejercicio arbitrario.
La jurisprudencia respaldó este entendimiento, en la medida en que la Subsección
B, en sentencia del 26 de enero de 2022129 —con voto disidente de uno de sus
integrantes130—, al estudiar un asunto en el que se alegaba la ilegalidad de una
resolución mediante la cual la Administración declaró el siniestro correspondiente al
amparo de buen manejo del anticipo sin adelantar un trámite previo, concluyó que
dicha omisión, efectivamente, configuraba una vulneración del derecho fundamental
al debido proceso, dado que el artículo 14 del Decreto 4828 de 2008 —vigente para
la época de expedición del acto administrativo que hizo efectiva la garantía—
imponía a la entidad contratante el deber de garantizar a la aseguradora el ejercicio
efectivo de los derecho de contradicción y defensa con anterioridad a la expedición
del acto declarativo del siniestro. En esa oportunidad, puntualizó lo siguiente:
«[…] INVIAS reconoció que no adelantó un procedimiento administrativo previo para
declarar el siniestro y ordenar hacer efectivo el amparo del anticipo y no citó a
Mundial de Seguros SA (ni al contratista) con el fin de que presentaran descargos,
pidieran pruebas y controvirtieran las presentadas en su contra, lo cual, a juicio de
la Sala, se tradujo en violación del debido proceso porque según el artículo 14 del
Decreto 4828 de 2008 antes transcrito, vigente para la época en que se expidieron
los actos demandados, la declaratoria del siniestro y efectividad de las garantías de
los contratos estatales imponía garantizar el debido proceso y el derecho de
contradicción.
En este caso la posibilidad de presentar recursos o de atacar judicialmente los actos
no subsana la transgresión del debido proceso porque este impone que toda
actuación administrativa se adelante de acuerdo a las formas preestablecidas en el
ordenamiento jurídico que, para el caso que se decide, exigía que el derecho de
contradicción y defensa se garantizara antes de la expedición del acto».
En conclusión, el Decreto 4828 de 2008 significó un punto de inflexión en la
regulación de las garantías contractuales, al exigir expresamente que la declaratoria
del siniestro estuviera precedida de un trámite previo que garantizara los derechos
de defensa y contradicción tanto del contratista como de la aseguradora. Con ello,
lo que en regímenes anteriores —Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007— había sido
129 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de enero de 2022, exp.
51839.
130 El entonces magistrado Martín Bermúdez Muñoz presentó salvamento de voto, en los siguientes
términos: «Para la fecha de expedición de los actos demandados, la norma que regulaba la
declaratoria del siniestro en los contratos estatales era el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, que en
su inciso cuarto establecía: ‘El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será
comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto
administrativo que así lo declare’. La norma en cita no preveía el agotamiento de un procedimiento
previo en el que se vinculara a la aseguradora para que ejerciera su defensa ante la entidad. Por lo
tanto, la falta de dicha vinculación no constituye una violación al debido proceso. // En el caso
concreto, Mundial de Seguros S.A. fue debidamente notificada de la decisión de declaratoria del
siniestro, determinación respecto de la cual presentó recurso de reposición, en el que tuvo la
oportunidad de presentar sus argumentos de defensa. Con esto se cumplió el procedimiento
establecido en la ley y se garantizó el debido proceso de la aseguradora».
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
objeto de discusión jurisprudencial, pasó a convertirse en un mandato reglamentario
claro y vinculante para la Administración.
Ahora bien, ha de advertirse que la ausencia de un procedimiento autónomo para
su desarrollo imponía a la Administración, cuando menos, la carga de convocar a la
aseguradora garante del riesgo como parte interesada, asegurándole el
conocimiento previo de la actuación y la oportunidad de ejercer plenamente sus
derechos de defensa y contradicción. Esta interpretación fue acogida y aplicada
rigurosamente por la jurisprudencia, como lo evidenció el fallo del 26 de enero de
2022, en el cual se concluyó que la omisión de un trámite previo constituía una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, en tanto este no se
satisface con la sola posibilidad de recurrir en sede administrativa o demandar
judicialmente el acto administrativo una vez expedido, sino con la participación
efectiva de los interesados en la formación de la decisión que declara el siniestro.
4.2.5. Régimen del debido proceso bajo el Decreto 734 de 2012
El Decreto 734 de 2012, «por el cual se reglamenta el EGCAP y se dictan otras
disposiciones», derogó el Decreto 4828 de 2008; sin embargo, mantuvo incólume
la regulación en materia de efectividad de las garantías contractuales.
En efecto, el artículo 5.1.13131 de la nueva normativa reglamentaria reiteró, en
términos sustanciales, que la expedición del acto administrativo mediante el cual la
Administración constituía o declaraba un siniestro debía estar precedida del
agotamiento del debido proceso y de la garantía de defensa y contradicción del
contratista y de su garante, introduciendo una innovación de especial relevancia: la
remisión expresa al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011132, que consagraba un
131 Decreto 734 de 2012. «Artículo 5.1.13. Efectividad de las garantías. Cuando se presente alguno
de los eventos de incumplimiento cubiertos por las garantías previstas en este decreto, la entidad
contratante procederá a hacerlas efectivas de la siguiente forma: // 5.1.13.1 En caso de caducidad,
una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del
contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de
2011, proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual, además de la declaratoria de
caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio y a
ordenar su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto administrativo
constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro. // 5.1.13.2 En caso de
aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y
contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de
la Ley 1474 de 2011, proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual impondrá la multa y
ordenará su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto administrativo
constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro. // 5.1.13.3 En los demás
casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa
y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de
la Ley 1474 de 2011, proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual declarará el
incumplimiento, procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal,
si ella está pactada y a ordenar su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el
acto administrativo constituye la reclamación en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro».
(subrayado añadido).
132 Ley 1474 de 2011. «Artículo 86. —Texto original antes de la adición del Decreto legislativo 537
de 2020— Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento. Las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en
el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
procedimiento especial para «la imposición de multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento», y que bajo la vigencia de este nuevo régimen se hacía extensivo
al trámite para declarar siniestros en las garantías contractuales.
Dicha norma imponía que, ante un posible incumplimiento contractual, las entidades
estatales debían citar a audiencia tanto al contratista como a la aseguradora, con
indicación detallada de los hechos relevantes, cláusulas presuntamente vulneradas
y eventuales consecuencias jurídicas —como sería la efectividad de la póliza—. En
dicha diligencia, la Administración expondría las circunstancias que motivaban la
actuación y concedería la palabra a los interesados y posibles afectados para que
presentaran descargos, aportaran pruebas y controvirtieran las introducidas por la
entidad. Concluido el debate, la decisión debía adoptarse mediante resolución
motivada, notificada en la misma audiencia, y frente a la cual procedía únicamente
el recurso de reposición, que debía interponerse y resolverse de inmediato.
Este diseño garantizaba que la participación de la aseguradora no se redujera a la
notificación posterior del acto, sino que se materializara en un espacio previo, real
y efectivo de contradicción, con lo cual, a diferencia del Decreto 4828 de 2008 —
que, aunque reconoció la exigencia de garantizar el debido proceso, no introdujo
para su cumplimiento un trámite autónomo—, el Decreto 734 de 2012 vinculó de
manera expresa la efectividad de las garantías contractuales al procedimiento
especial previsto en la Ley 1474 de 2011, cerrando el margen de discrecionalidad
que tenía la Administración para suplir vacíos normativos con reglas generales,
quedando sometida a un cauce procedimental uniforme, riguroso y garantista.
En conclusión, el Decreto 734 de 2012 fortaleció la seguridad jurídica en materia de
// a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad
pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada
de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que
se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma
se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a
la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento
consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; // b) En desarrollo de la
audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan
la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias
que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá
el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para
que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad; // c) Hecho lo precedente, mediante
resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se
entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no
de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede
el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión
sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia; // d) En cualquier momento del
desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando
de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas
que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada,
ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al
adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por
terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la
cesación de situación de incumplimiento».
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
garantías contractuales frente a los derechos de las aseguradoras, al consolidar la
tesis garantista ya reconocida por la jurisprudencia y sujetar de manera expresa la
declaratoria de siniestros al procedimiento especial del artículo 86 de la Ley 1474
de 2011. Con ello, la convocatoria previa del contratista y su garante, la celebración
de una audiencia con posibilidad plena de contradicción y la adopción de una
decisión motivada en la misma diligencia pasaron a constituir garantías esenciales
del debido proceso, asegurando un equilibrio adecuado entre la protección del
patrimonio público y los derechos de los garantes.
4.2.6. Régimen del debido proceso bajo el Decreto 1510 de 2013 (compilado
en el Decreto 1082 de 2015)
El Decreto 1510 de 2013, «por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratación pública», derogó íntegramente el Decreto 734 de 2012, y en su artículo
128 (compilado en el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015) reguló la
efectividad de las garantías contractuales en los siguientes términos:
«Artículo 128. Efectividad de las garantías. La Entidad Estatal debe hacer efectivas
las garantías previstas en este capítulo así:
1. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la
caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la
cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de
caducidad constituye el siniestro.
2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas,
debe ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo
correspondiente constituye el siniestro.
3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el
incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el
contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo
correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros» (subrayado
añadido).
A diferencia de lo previsto en los reglamentos anteriores —Decretos 4828 de 2008
y 734 de 2012—, esta disposición no incluyó expresamente la obligación de agotar
un procedimiento previo con garantías formales de defensa y contradicción para el
contratista y la aseguradora antes de la expedición del acto administrativo mediante
el cual la Administración constituía o declaraba un siniestro. Por el contrario, el
Gobierno Nacional optó por limitar la efectividad de las garantías de cumplimiento
—contenidas en el artículo 116 del Decreto— a la expedición misma del acto
administrativo, sin perjuicio del respeto al procedimiento sancionatorio especial que
debía adelantarse según el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 para los casos de
multas y cláusulas penales.
En consecuencia, el debido proceso en el ámbito de garantías contractuales —que,
por regla general, revisten una naturaleza indemnizatoria y no sancionatoria— se
entiende satisfecho con el cumplimiento de dos exigencias esenciales: (i) que el
acto administrativo se encuentre debidamente fundado en hechos acreditados y en
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
las disposiciones contractuales y normativas aplicables, y (ii) que la decisión sea
notificada en forma adecuada tanto al contratista como al garante, con el fin de
habilitar el ejercicio de los recursos en sede administrativa y, en su caso, el control
jurisdiccional.
La diferencia esencial entre el régimen privado y el público radica en que, mientras
en el primero corresponde al asegurado o beneficiario formular la reclamación ante
la aseguradora, en el segundo es la actuación de la Administración la que sustituye
dicha reclamación mediante la expedición de un acto administrativo unilateral que
declara la ocurrencia del siniestro y que, una vez ejecutoriado, constituye un título
ejecutivo contra el contratista y su garante, vinculándolos en virtud de la presunción
de legalidad de las decisiones administrativas133.
En este orden de ideas, en el régimen público el procedimiento para hacer efectiva
la garantía constituida en favor de entidades estatales se estructura en tres fases:
(i) la entidad contratante declara la ocurrencia del siniestro y ordena la efectividad
de la póliza mediante acto administrativo; (ii) el acto debe notificarse personalmente
al contratista y a la aseguradora, con el fin de que adquiera fuerza vinculante y
resulte vinculante y oponible; y (iii) la aseguradora no podrá objetar la reclamación
en los términos del Código de Comercio (artículos 1053 y 1080), sino únicamente
controvertir la decisión a través de los recursos administrativos o, en su defecto, en
sede jurisdiccional.
En conclusión, el Decreto 1510 de 2013 delimitó el alcance del debido proceso en
materia de efectividad de garantías contractuales a la expedición de un acto
administrativo debidamente motivado y notificado, entendiendo que esas exigencias
resultaban suficientes para habilitar su impugnación, sin que fuera necesario un
procedimiento previo de contradicción y defensa para las aseguradoras. De esta
manera, se adoptó un modelo inspirado en la lógica del régimen privado de seguros,
aunque adaptado a la contratación estatal, preservando el carácter indemnizatorio
de las garantías, reforzando la potestad de autotutela de la Administración y
trasladando al escenario de los recursos administrativos y judiciales la discusión
sobre la responsabilidad y la exigibilidad de la obligación garantizada.
133 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de noviembre de 2019, exp.
36600A. «La principal diferencia que se advierte entre los contratos de seguro regidos íntegramente
por las normas del Código de Comercio y aquellos que fungen como garantías de un contrato estatal,
radica en la competencia legal que tiene la entidad contratante para declarar la ocurrencia del
siniestro mediante un acto administrativo debidamente motivado, que, como tal, está investido de la
presunción de legalidad, y es ejecutivo y ejecutorio. // Al contrario, los particulares asegurados y/o
beneficiarios, una vez se produce el siniestro, deben formular una reclamación ante la aseguradora,
que puede ser objetada de manera seria y fundada por esta última, caso en el cual la respectiva
póliza carecerá de carácter ejecutivo133 y deberá el interesado proceder a demandar, para probar
ante el juez la existencia del siniestro y la extensión de los perjuicios reclamados».
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
4.2.7. Postura reciente sobre el régimen del debido proceso, sin consideración
de los decretos reglamentarios que regulan las garantías contractuales
En pronunciamiento reciente134, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado introdujo un viraje jurisprudencial frente al alcance del debido proceso
aplicable a la declaratoria de siniestros en las garantías contractuales, al analizar si
un municipio desconoció el debido proceso de una compañía aseguradora al
declarar la ocurrencia del siniestro correspondiente al amparo de buen manejo del
anticipo sin adelantar el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de
2011 —norma que, se itera, regula la imposición de multas, sanciones y declaratoria
de incumplimiento—, y si dicha omisión conducía a la nulidad de los actos
administrativos y al reintegro de las sumas pagadas por la aseguradora.
Al respecto, la Sala expuso los siguientes fundamentos:
«1) El artículo 29 de la Constitución dispone que el debido proceso es aplicable a
todas las actuaciones judiciales y administrativas […] por lo cual no es cierto que
solo sea aplicable cuando el Estado ejerce una facultad sancionadora o punitiva; en
materia de contratación estatal el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 dispone […] el
procedimiento para declarar el siniestro de incumplimiento y hacer efectiva la
cláusula penal pecuniaria.
2) […] esa consagración expresa de la garantía del debido proceso en casos de
declaración de incumplimiento previa a la imposición de la cláusula penal del
contrato y de multas no constituye negación de su aplicación a otras actuaciones
administrativas contractuales ni de dicha garantía a las aseguradoras del
cumplimiento de los contratos estatales. Aunque en algunos antecedentes
jurisprudenciales se ha sostenido la necesidad de diferenciar entre las actuaciones
que conllevan un carácter sancionatorio de aquellas puramente administrativas
encaminadas a hacer efectiva la garantía del contrato135 y el hecho de que la
exigibilidad del amparo de buen manejo del anticipo no conlleva necesariamente la
declaración de incumplimiento contractual, la Sala se aparta de esas conclusiones;
por el contrario, estima que la disposición del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007
según la cual ‘el acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será
comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación
del acto administrativo que así lo declare’ no es habilitación legal para hacer efectiva
la garantía del contrato sin que la aseguradora pueda y deba ser previamente oída
y se le permita controvertir las pruebas y presentar las que estime pertinentes para
la defensa de sus intereses.
3) El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 despejó cualquier duda en relación con la
aplicación del debido proceso en favor de la aseguradora del cumplimiento del
contrato estatal cuando se profieren decisiones que involucren al asegurador del
contrato porque, en forma inequívoca, hizo extensiva la obligación de citarla a un
procedimiento reglado […]
4) No puede perderse de vista la naturaleza de la garantía expedidas en favor de
las entidades estatales, que corresponde a un seguro de cumplimiento en el cual la
aseguradora afianza la ejecución de las obligaciones del contratista de la
134 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de diciembre de 2025, exp.
73138.
135 Original de la cita: «Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de julio
de 2018, exp. 52495».
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
administración; de este modo, la efectividad de la póliza comporta, en forma
inescindible, un pronunciamiento sobre la debida ejecución de las obligaciones
afianzadas y, por lo tanto, no puede adoptarse de plano, a espaldas del tomador y
de su garante.
5) En esa línea de argumentación, a juicio de la Sala, la efectividad de la garantía
única de cumplimento del contrato estatal lleva ínsita la declaración de
incumplimiento con el fin de configurar el siniestro que sustenta cada uno de los
amparos otorgados, todos ellos ligados con la ejecución de las obligaciones
derivadas del negocio. En ese contexto, no es admisible estimar que se trata de una
simple decisión declarativa de la efectividad del seguro que puede adoptarse de
plano, interpretación contraria a la Constitución y a la ley.
6) Por consiguiente, el ejercicio del derecho fundamental del debido proceso
comporta la posibilidad de presentar argumentos, conocer y controvertir los cargos
y pruebas que se aducen en contra del administrado y solicitar las práctica de
aquellas que se consideren necesarias para la defensa de los propios intereses, lo
cual descarta la posibilidad de que la decisión sobre la efectividad de la garantía
que, se insiste, lleva ínsito un pronunciamiento sobre la inejecución de lo pactado
en el contrato, sea declarada de plano, pues el contratista tiene la obligación
contractual de correcto y buen manejo del anticipo y esta es justamente la que se
declara incumplida para afectar el amparo correspondiente.
7) En este caso, la violación del debido proceso tiene la entidad suficiente para
derruir la presunción de legalidad del acto administrativo y el administrado no tenía
la carga de demostrar que habría podido obtener un resultado diferente en la
actuación —como lo pretende la apelante—, cuando fue precisamente la
administración quien lo privo de la posibilidad de defenderse e imposibilitó conocer
el resultado de un debate jurídico y probatorio acorde con el procedimiento legal
previsto para tal efecto. Por tal motivo, la sola notificación de la decisión y la
posibilidad de presentar recursos en su contra no basta para entender garantizado
el debido proceso porque se desconoció el procedimiento reglado para la
adoptación de la decisión y la sujeción a este hace parte del núcleo de la garantía
violada».
Como se observa, aun cuando la Subsección B parte de la concepción —avalada
de manera uniforme por la Corporación— según la cual el derecho fundamental al
debido proceso resulta aplicable a todas las actuaciones administrativas, incluidas
aquellas relacionadas con la efectividad de las garantías contractuales, lo cierto es
que adopta una posición específica y de alcance general con respecto a la forma en
que dicho derecho debe entenderse satisfecho en esta última materia.
En efecto, mientras del examen del régimen normativo y reglamentario desarrollado
en los numerales precedentes se desprende que, bajo determinados marcos
reglamentarios y en atención a la normativa aplicable al caso concreto, en materia
de garantías contractuales el debido proceso podía satisfacerse mediante la
expedición de un acto administrativo debidamente motivado y notificado, habilitando
la contradicción en sede administrativa y judicial, la nueva postura adoptada por la
Subsección B de la Sección Tercera de la Corporación sostiene que la declaratoria
del siniestro exige, en todo caso, el agotamiento previo de un procedimiento con
audiencia del garante, en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
No obstante, cabe señalar que dicha postura responde a una comprensión distinta
acerca del alcance y contenido del debido proceso aplicable a las actuaciones de
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efectividad de garantías contractuales. Como se expuso en los puntos 4.2.4 a 4.2.6
de este proveído, el Gobierno Nacional, en ejercicio de la potestad reglamentaria,
optó por configurar modelos procedimentales diferenciados para las actuaciones
sancionatorias y para aquellas de naturaleza indemnizatoria. Así, mientras los
Decretos 4828 de 2008 y 734 de 2012 reforzaron una concepción garantista —e
incluso este último se remitió expresamente al procedimiento del artículo 86 de la
Ley 1474 de 2011—, el Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de
2015, concibió la declaratoria del siniestro como una actuación administrativa en la
que el debido proceso se satisface mediante la motivación suficiente del acto
administrativo y su notificación oportuna, reservando el procedimiento especial del
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 para los eventos expresamente sancionatorios.
Desde esta perspectiva, puede advertirse que la postura reciente de la Subsección
B privilegia una interpretación expansiva del derecho al debido proceso, en virtud
de la cual las garantías de defensa y contradicción exigen, aun en actuaciones
orientadas a la efectividad de garantías contractuales, un escenario procedimental
previo a la adopción de la decisión administrativa. Sin embargo, dicha interpretación
conduce a extender el ámbito de aplicación del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
a supuestos que el desarrollo reglamentario posterior diferenció expresamente de
las actuaciones sancionatorias, lo que evidencia una tensión interpretativa entre la
comprensión constitucional del debido proceso acogida por dicha Subsección y el
diseño procedimental previsto en la reglamentación aplicable a las garantías
contractuales.
4.3. La no vulneración del derecho al debido proceso de Seguros de Estado
S.A. con ocasión de la efectividad de la póliza única que amparaba el siniestro
de «buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio»
4.3.1. Precisado el alcance del debido proceso en el ámbito de las garantías
contractuales y con el propósito de resolver el asunto sub examine, corresponde a
esta Subsección determinar, en primer lugar, cuál es el régimen jurídico aplicable a
la actuación administrativa cuestionada, para lo cual ha de recordarse que el acto
acusado, mediante el cual la EDU declaró el siniestro de «buen manejo del anticipo»
y ordenó hacer efectiva la póliza única de cumplimiento expedida por Seguros del
Estado S.A., fue proferido el 24 de julio de 2014136.
Al respecto, se observa que para esa fecha se encontraba vigente el Decreto 1510
de 2013137, el cual, en su artículo 128, reglamentó lo concerniente a la forma en que
la Administración debe hacer efectivas las garantías contractuales constituidas a su
favor, en desarrollo de la facultad conferida por el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007
al Gobierno Nacional para señalar las condiciones generales de las garantías en la
contratación estatal y los criterios relativos a su exigencia y cobertura.
136 Numeral 3.21. de los hechos probados.
137 Numeral 4.2.6 del caso concreto.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
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Así las cosas, las disposiciones relativas a la efectividad de las garantías
contractuales regulan la actuación administrativa encaminada a declarar el siniestro
y hacer exigible la garantía, sin incidir en el contenido obligacional del contrato de
seguro ni en los presupuestos sustanciales de responsabilidad del garante, el
alcance de las garantías del debido proceso debe examinarse a la luz de la
normativa vigente al momento en que dicha actuación se surta.
Por consiguiente, como la actuación administrativa objeto de controversia se
adelantó bajo la vigencia del Decreto 1510 de 2013, será este el régimen normativo
que la Sala tomará como parámetro para analizar las garantías del debido proceso
reconocidas a la aseguradora.
4.3.2. Definido el marco normativo aplicable, corresponde precisar que, en vigencia
del Decreto 1510 de 2013, la observancia del debido proceso frente a las compañías
aseguradoras que amparaban el cumplimiento de obligaciones derivadas de
contratos estatales no comportaba la obligación de convocarlas a una actuación
previa a la declaratoria de ocurrencia del siniestro, en tanto ese derecho se entendía
satisfecho con la expedición de un acto administrativo, siempre y cuando estuviera
debidamente motivado y fuera oportunamente notificado, trasladándose la
intervención de la aseguradora a la fase posterior de recursos administrativos y, de
ser el caso, al ejercicio de las acciones judiciales correspondientes, escenarios en
los que podía ejercer sus derechos de contradicción y defensa.
Ello obedece a que, como se anticipó y lo ha venido reiterando esta Subsección138,
la declaratoria del siniestro constituye una actuación de naturaleza indemnizatoria y
no sancionatoria, orientada a hacer efectiva la cobertura del riesgo asegurado frente
al incumplimiento verificado, mas no a imponer sanciones al contratista ni menos a
su garante. Por consiguiente, no resulta aplicable, por analogía y como lo consideró
la Subsección B en el pronunciamiento analizado en el numeral 4.2.7., el régimen
procedimental previsto para las potestades sancionatorias —como los previstos en
los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011—, puesto que
se trata de actuaciones con distinta naturaleza, finalidad y efectos jurídicos 139.
138 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de mayo de 2024, exp.
60417. «No huelga recordar que, como lo ha precisado la ‘jurisprudencia administrativa —de vieja
data— […] las garantías contractuales no pueden confundirse con las potestades sancionatorias de
la Administración, ni con las penas convencionales, en cuanto las garantías no son una estimación
anticipada de perjuicios, ni un medio coercitivo de apremio, sino una facultad concebida para
salvaguardar el interés público implícito en la contratación, y para proteger el patrimonio de la
Administración, frente a eventuales incumplimientos del contratista’».
139 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2024, exp.
63030. «[…] si bien el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 reguló lo concerniente al debido proceso
en materia sancionatoria contractual […], lo cierto es que estas potestades no pueden confundirse
con las garantías contractuales —como el amparo de anticipo, en cuanto, como lo ha determinado
la Sección Tercera, ‘las garantías no son una estimación anticipada de perjuicios, ni un medio
coercitivo de apremio, sino una facultad concebida para salvaguardar el interés público implícito en
la contratación, y proteger el patrimonio de la Administración, frente a eventuales incumplimientos
del contratista’. Así, entonces, no cabe aplicar, por analogía, la normativa garante del debido proceso
en materia sancionatoria, a la declaración del siniestro, comoquiera que esta última materia fue
regulada de manera independiente por el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, y reglamentada por el
Decreto 4828 de 2008».
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Tal tratamiento diferenciado no obedece a una distinción meramente nominal, sino,
entre otras circunstancias, a la diversa finalidad e intensidad de los efectos jurídicos
que cada decisión proyecta. En efecto, actuaciones de naturaleza sancionatoria,
como la declaratoria de caducidad, la imposición reiterada de multas o determinadas
declaratorias de incumplimiento contractual para hacer efectiva la cláusula penal
pueden acarrear inhabilidades para contratar con el Estado, conforme lo dispuesto
en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993140 y en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011141,
modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019142. En contraste, la declaratoria
de ocurrencia del siniestro y la efectividad de la garantía —salvo la garantía de
seriedad de la oferta, que ostenta una naturaleza especial143— persiguen la
satisfacción patrimonial del interés asegurado y no comportan, por sí mismas,
restricciones a la capacidad para contratar. De allí que el legislador y el reglamento
hayan previsto, razonablemente, consecuencias y exigencias procedimentales
distintas.
Conviene enfatizar, adicionalmente, que a diferencia de lo que acontece en materia
sancionatoria, tratándose de garantías contractuales derivadas de seguros de
140 Ley 80 de 1993. «Artículo 8 […]. 1º. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y
para celebrar contratos con las entidades estatales: // c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de
caducidad. // Las inhabilidades a que se refieren los literales c) […] se extenderán por un término de
cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad […]».
141 Ley 1147 de 2011 —texto original—: «Artículo 90. Quedará inhabilitado el contratista que incurra
en alguna de las siguientes conductas: // a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más
multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o
varias entidades estatales. // b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en
por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades
estatales; c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una
misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. // La inhabilidad se extenderá por un
término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el
Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas.
La inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado […]».
142 Ley 1855 de 2019. «Artículo 43. Modifíquese el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, el cual
quedará así [..]: ‘Artículo 43, modifíquese el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así:
[…] Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas: a. Haber
sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos,
con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años. // b. Haber sido objeto de
declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias
entidades estatales, durante los últimos tres (3) años. // c. Haber sido objeto de imposición de dos
(2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades
estatales. // La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la
publicación del acto administrativo que impone la inscripción de la última multa o incumplimiento en
el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas.
La inhabilidad pertinente se hará explícita en el Registro Único de Proponentes cuando a ello haya
lugar. // d. Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de imposición de dos (2) o más multas,
con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con el
Programa de Alimentación Escolar. Esta inhabilidad se extenderá por un término de diez (10) años,
contados a partir de la publicación del acto administrativo que impone la inscripción de la última multa
o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por
las entidades públicas. // La inhabilidad pertinente se hará explícita en el Registro Único de
Proponentes cuando a ello haya lugar. (Literal adicionado por el Art. 51 de la Ley 2195 de 2022). //
Parágrafo. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de
sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como a las sociedades
de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria».
143 Sobre el particular, ver sentencia del 1° de junio de 2026, proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, exp. 69292.
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cumplimiento144 no se exige una declaratoria previa de incumplimiento como
presupuesto de la efectividad de la póliza, pues en el mismo acto administrativo
mediante el cual se declara la ocurrencia del siniestro puede constatarse y
motivarse el incumplimiento que dio lugar a la materialización del riesgo
asegurado145. Ello se explica porque el seguro de cumplimiento no tiene función
punitiva, sino resarcitoria, orientada a hacer exigible la obligación condicional de la
aseguradora frente al hecho previsto en la póliza146.
Así las cosas, solo cuando la normativa aplicable —como ocurría bajo los Decretos
reglamentarios 4828 de 2008 y 734 de 2012— o las cláusulas contractuales lo
establezcan expresamente, resulta obligatorio adelantar un procedimiento previo de
declaratoria de incumplimiento como requisito para la efectividad de la garantía. No
obstante, nada impide que, durante la vigencia del Decreto 1510 de 2013, la entidad
contratante, por razones de transparencia o de buena administración, optara por
vincular al contratista y a la aseguradora a una fase previa de discusión o audiencia,
sin que esa actuación constituya un requisito de validez del acto que declara el
siniestro.
Este entendimiento, hay que decirlo, tampoco contraría las condiciones generales
de la póliza única suscrita entre las partes147. En efecto, en las condiciones
generales identificadas con el código E-CU-010A REDIS 12-09-12 se previó que,
respecto de los amparos garantizados, correspondía a la entidad estatal asegurada
demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida, de ser el
caso. Asimismo, para los eventos distintos de la seriedad de la oferta, la caducidad
o la imposición de multas, la cláusula 5.4 dispuso que la entidad asegurada
proferiría el acto administrativo correspondiente y adoptaría las determinaciones
económicas a que hubiere lugar. De este modo, el propio clausulado contractual
144 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de octubre de 2024, exp.
59547. «Con esta guía, empieza la Sala por precisar que el seguro de cumplimiento es una
modalidad o variante del seguro de daños que persigue garantizar la indemnización de los perjuicios
que se puedan derivar de la inobservancia de las obligaciones que tengan origen en otro negocio
jurídico; por tanto, el riesgo asumido por la aseguradora consiste en ‘la eventualidad del
incumplimiento del deudor’. Como lo que se garantiza es el pago de los perjuicios irrogados al
acreedor por la inobservancia de las obligaciones contraídas por el contratista de otra relación
negocial, si éste último no se sujeta a los compromisos adquiridos y tal desconocimiento genera un
perjuicio, se entenderá cumplida la condición de la que pende la materialización de la obligación de
pago de la aseguradora, caso en el cual le corresponderá indemnizar los perjuicios ocasionados al
asegurado –acreedor–».
145 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de marzo de 2007, exp. 29102. «Aparte,
esta Sección ha precisado que el derecho de la entidad contratante a hacer efectiva la póliza de
garantía surge con el incumplimiento contractual, derecho que se materializa y concreta con el acto
administrativo de declaración del siniestro, del cual se desprenden las consecuencias contractuales
y legales del caso».
146 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1º de noviembre de 2023, exp.
62025. «En suma, las garantías de cumplimiento con naturaleza indemnizatoria que se expiden a
favor de las entidades contratistas comportan las siguientes características: (i) son una especie de
seguro de daños; (ii) dada su naturaleza indemnizatoria no basta la ocurrencia del siniestro sino que
es indispensable que se haya causado un daño al patrimonio del acreedor; (iii) el monto a indemnizar
no necesariamente corresponde al valor asegurado, sino al del perjuicio efectivamente ocasionado
al patrimonio del acreedor; y (iv) la suma a indemnizar no puede ser mayor al valor asegurado en la
póliza». Posición reiterada por la misma Subsección C en sentencia del 9 de abril de 2025, exp.
67088.
147 Numeral 3.8.1. de los hechos probados.
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estipuló la expedición de dicho acto como mecanismo de efectividad de la garantía,
sin consagrar la necesidad de surtir un procedimiento previo autónomo o una
audiencia antecedente con citación obligatoria de la aseguradora.
En tales condiciones, exigir un procedimiento sancionatorio previo como condición
para declarar la ocurrencia del siniestro, desnaturalizaría el carácter resarcitorio y
condicionado del seguro de cumplimiento, al confundir la finalidad asegurativa de la
garantía con la potestad sancionadora de la Administración, desconociendo la
autonomía del régimen previsto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007.
4.3.3. Aclarado lo anterior y con el propósito de verificar si en el sub examine se
observaron las garantías propias del debido proceso bajo la vigencia del Decreto
1510 de 2013, la Sala procede a relacionar las actuaciones adelantadas por la EDU
con ocasión de la declaratoria del siniestro objeto de debate:
Se encuentra probado que, mediante Resolución 621 del 2014, la cual comprendía
la liquidación unilateral del contrato de obra148, la EDU declaró la ocurrencia del
siniestro de «buen manejo del anticipo» —denominación que, según consta en la
carátula del contrato de seguros, corresponde al amparo de «buen manejo y
correcta inversión de los avances del fondo rotatorio»149— y dispuso hacer efectiva
la póliza de cumplimiento expedida por Seguros del Estado S.A.
Esta última decisión estuvo fundamentada en lo siguiente: (i) la constatación de que
el contratista no acreditó la legalización de la totalidad de los recursos girados al
fondo rotatorio de inversión en tanto no aportó soportes contractuales y contables
idóneos ni obtuvo la aprobación de la interventoría; (ii) la consecuente falta de
reintegro de los saldos del fondo rotatorio que no fueron ejecutados en la obra o
respecto de los cuales no se acreditó su debida inversión; y (iii) la omisión en la
rendición y devolución de los rendimientos financieros generados por dicho fondo
con posterioridad a febrero de 2014. Tales conclusiones se sustentaron en los
informes de interventoría, en la certificación contable expedida por la entidad y en
los registros financieros del fondo rotatorio. El acto fue notificado a la aseguradora
el 5 de agosto de 2014, mediante aviso150.
Está igualmente acreditado que, el 25 de agosto de 2014, Seguros del Estado S.A.
interpuso recurso de reposición contra la declaratoria del siniestro mencionado151,
alegando, en esencia, lo siguiente: (i) vulneración del debido proceso por ausencia
de pruebas técnicas que acreditaran la falta de amortización del anticipo girado al
fondo rotatorio de inversión, lo que llevó a una declaratoria sin certeza fáctica; (ii)
falsa motivación por error de hecho, pues, pese a que la EDU reconoció una
ejecución física del 97.33%, concluyó de manera incongruente que el contratista
debía reintegrar $1.215’486.103, suma que excedía el 2.67% pendiente; y (iii)
ausencia de cobertura, en tanto la póliza amparaba el uso indebido o falta de
148 Numeral 3.21. de los hechos probados.
149 Numeral 3.8. de los hechos probados.
150 Fl 292, C.1.
151 Numeral 3.22. de los hechos probados.
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inversión de los recursos, pero no la omisión de presentar documentos de
legalización, de modo que la EDU extendió indebidamente el riesgo asegurado.
Finalmente, se demostró que, mediante la Resolución 829 de 2014152, la EDU
resolvió el recurso interpuesto por la aseguradora, confirmando íntegramente la
Resolución 621 del 2014, e incluyendo la decisión de declarar el siniestro de «buen
manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio». Frente a los cargos
del recurrente, sostuvo: (i) que la legalización de los recursos del fondo rotatorio es
una obligación esencial de todo contratista en contratos de obra pública suscritos
por administración delegada, distinta de la mera ejecución física de la obra, de modo
que la ausencia de soportes contables y financieros impedía tener por acreditada la
inversión y configuraba un manejo inadecuado de los recursos públicos; (ii) que,
según los múltiples informes de interventoría y la contabilidad oficial de la entidad,
el monto de $1.215’486.103, en efecto, correspondía a los valores no legalizados,
sin que el contratista o la aseguradora hubieran aportado pruebas para desmentir
ese valor; y (iii) que la conducta endilgada sí estaba cubierta por la póliza de
seguros otorgada, pues la omisión en la legalización de los recursos constituía,
precisamente, un uso indebido o incorrecto de los avances del fondo rotatorio de
inversión, de modo que el siniestro se configuró y debía ser asumido por su garante.
El acto fue notificado a Seguros del Estado el 15 de diciembre de 2014, por aviso153.
En ese marco, y dado que el Decreto 1510 de 2013 no imponía el trámite de un
procedimiento previo para la declaratoria de la ocurrencia del siniestro, no es posible
predicar la vulneración del debido proceso. Por el contrario, se pudo constatar que
dicho derecho fue garantizado mediante la motivación y notificación de los actos
administrativos, así como a través de la efectiva posibilidad que tuvo la aseguradora
de controvertirlos en sede administrativa y judicial, como ocurre en este caso.
Finalmente, conviene precisar, sin desconocer las consideraciones del Tribunal a
quo, que, según la orientación jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de
Estado154-155, la liquidación unilateral del contrato estatal puede constituir un
escenario jurídicamente válido para que la Administración declare la ocurrencia del
siniestro y haga efectivas las pólizas constituidas a su favor, siempre que se
acrediten los hechos que materializan el riesgo amparado y se respeten las
152 Numeral 3.23. de los hechos probados.
153 Fl 357, C.1.
154 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, exp.
45907. «[…] es de precisar en este punto que […] uno de los supuestos fácticos en los cuales la
administración puede hacer efectivas las pólizas constituidas a su favor es por medio del acto a
través del cual ordene unilateralmente la liquidación del contrato estatal celebrado y este junto con
las respectivas pólizas, se constituyen en un título ejecutivo en favor de la respectiva entidad».
155 Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2014, exp.
62324. «[…] en virtud de la vigilancia y control del vínculo negocial, la entidad cuenta con
herramientas precisas para constatar la inobservancia de los compromisos adquiridos para la
ejecución del contrato durante su curso, por lo cual, aunque no se descarta que la declaración del
siniestro se pueda hacer durante la fase de la liquidación –pero dentro del de los términos de
prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro (art. 1081, CCo.)–, no se impone
como necesario que se llegue hasta esa etapa para constatar el incumplimiento que, en todo caso,
habrá ocurrido de manera previa, en la medida que, se insiste, basta con que acontezca el hecho
amparado para que el siniestro se concrete».
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garantías propias del debido proceso —las cuales, bajo el régimen del Decreto 1510
de 2013, aplicable al presente caso, no exigían adelantar un procedimiento previo—
. Ello obedece a que la finalidad de la liquidación es definir en forma definitiva el
estado de las obligaciones contractuales, los saldos a favor o en contra de las partes
y las responsabilidades derivadas de su ejecución, de modo que incluir en dicho
acto la valoración de los incumplimientos y sus consecuencias económicas no
excede las competencias legales de la entidad contratante, sino que se enmarca en
el ejercicio legítimo de sus potestades administrativas para definir las
consecuencias jurídicas y patrimoniales del incumplimiento contractual
debidamente acreditado.
4.3.4. En definitiva, al haberse satisfecho las garantías mínimas del debido proceso,
no es posible predicar su desconocimiento con respecto a Seguros del Estado S.A.
Por consiguiente, la sentencia de primera instancia —que concluyó lo contrario—
debe ser revocada en este punto, sin perjuicio de que esta Sala, tal como se
anticipó156, deba pronunciarse sobre los demás cargos de nulidad formulados en la
demanda, en particular los relativos a la falsa motivación de las resoluciones que
declararon el siniestro de «buen manejo y correcta inversión de los avances del
fondo rotatorio», en lo que concierne al monto de la indemnización, a la extensión
de su cobertura y a la omisión de considerar el régimen de coaseguro.
Antes de abordar los cargos de falsa motivación, se estima pertinente precisar el
alcance de la figura de administración delegada, bajo la cual se celebró el contrato
de obra pública 851 de 2010, así como la incidencia que esta modalidad contractual
tuvo en el siniestro declarado por la EDU, el cual, si bien fue referido como de «buen
manejo del anticipo», en realidad correspondía al de «buen manejo y correcta
inversión de los avances del fondo rotatorio».
4.4. La naturaleza de la figura de administración delegada empleada en el
contrato de obra pública celebrado y su incidencia en el siniestro declarado
por la EDU
4.4.1. La figura de administración delegada encuentra su antecedente normativo y
conceptual más cercano en el Decreto 222 de 1983 —derogado por la Ley 80 de
1993—, en el cual fue concebida como una modalidad del contrato de obra pública
vinculada a la forma de pago157. Aunque dicha clasificación no fue incorporada de
manera expresa en el vigente EGCAP, lo cierto es que ha continuado siendo
reconocida y desarrollada por la jurisprudencia de esta Corporación158.
156 Numeral 2.3. de las consideraciones.
157 Decreto 222 de 1983. «Artículo 82. Según la forma de pago, los contratos de obra se celebran: 1.
Por un precio global; 2. Por precios unitarios, determinando en monto de la inversión; 3. Por el
sistema de administración delegada; 4. Por el sistema de reembolso de gastos y pago de honorarios,
y 5. Mediante el otorgamiento de concesione».
158 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de febrero de 2025, exp.
56507. «[…] las distintas formas de pago del contrato de obra y la definición de cada una de ellas,
aunque no las incorpora el estatuto contractual vigente, continúan conservándose en la
jurisprudencia y la doctrina a efectos de caracterizar los distintos sistemas de pago del contrato de
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En este esquema —conforme lo preveía el Decreto 222 de 1983159 y lo ha ratificado
la Sección Tercera del Consejo de Estado respecto de contratos regidos por
estatutos posteriores160—, el contratista, en calidad de administrador delegado y a
cambio de unos honorarios previamente pactados, asume, por cuenta y riesgo del
contratante, la ejecución del objeto convenido, para lo cual la entidad le suministra
los fondos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones,
mientras aquel responde por su adecuada gestión mediante la rendición de cuentas;
rasgos que distinguen este tipo contractual de los de concesión161.
Como lo ha precisado esta Corporación162, la estructura del contrato de obra pública
celebrado bajo la modalidad de administración delegada comprende dos grupos de
obligaciones: (i) las propias del contrato de «arrendamiento para la confección de
una obra material», regulado por los artículos 2053 a 2062 del Código Civil, relativas
obra y, entre ellos, el pactado bajo administración delegada, tal como lo ha señalado esta
Corporación, a propósito de lo cual ha de resaltarse que la modalidad de ejecución o de pago en
modo alguno constituye un elemento esencial del contrato de obra, es decir, uno de aquellos sin los
cuales no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente, según las voces del artículo
1501 del Código Civil, como se desprende sin lugar a dudas de la definición del contrato de obra
prevista en el numeral 1º del artículo 32, a cuyo tenor ‘[s]on contratos de obra los que celebren las
entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización
de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de
ejecución y pago».
159 Decreto 222 de 1993. «Artículo 90. De la definición del contrato de administración delegada.
Contratos de administración delegada son aquellos en que el contratista, por cuenta y riesgo del
contratante, se encarga de la ejecución del objeto del convenio. El contratista es el único responsable
de los subcontratos que celebre». // «Artículo 91. De las obligaciones del administrador delegado.
Corresponde al administrador delegado tomar bajo su responsabilidad la dirección técnica de la obra,
de conformidad con las cláusulas del respectivo contrato». // «Artículo 93. Del suministro de fondos
por la entidad contratante. De acuerdo con el presupuesto y las condiciones que se establezcan en
el contrato, la entidad contratante suministrará al contratista los fondos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y obligaciones. Dichos fondos serán manejados por el administrador
delegado bajo su propia responsabilidad y de ello rendirá cuenta a la entidad respectiva […]».
160 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 1996, exp.
7754; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 25151; Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de agosto de 2017, exp. 39113; Sección Tercera, Subsección
C, sentencia del 18 de diciembre de 2020, exp. 62573.
161 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 5 de mayo de 1999, exp. 1190.
«La diferencia entre el contrato de administración delegada y el contrato de obra pública por el
sistema de concesión, consistía en que en el primero el contratista, por cuenta y riesgo del
contratante, se encarga de la ejecución del objeto del convenio y, en el segundo, el concesionario
se obliga, por su cuenta y riesgo, a construir, montar, instalar, adicionar, conservar, restaurar o
mantener una obra pública, bajo el control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración
que puede consistir en los derechos o tarifas que, con aprobación de la autoridad competente, aquel
cobre a los usuarios por un tiempo determinado, o en una utilidad única o porcentual que se otorga
al concesionario en relación con el producido de dichos derechos o tarifas».
162 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 16 de septiembre de 2010. exp 16605. «Como
tal, el contrato [de obra pública por administración delegada] abarca dos grupos de obligaciones
principales, las propias del contrato de ‘arrendamiento para la confección de una obra material’,
regulado por los artículos 2053 a 2062 del Código Civil, cuyo objeto principal es la ejecución de la
obra contratada dentro de las especificaciones y los plazos convenidos; y las que atañen a las
relaciones establecidas entre el propietario y el constructor en lo que concierne a la administración
de los fondos que deben invertirse para la ejecución de dicha obra, regidos por las normas del Código
Civil que regulan el contrato de mandato (arts. 2142 a 2199), en cuanto no pugnen con las
estipulaciones hechas por los contratantes y con las características especiales del contrato. Frente
a cada una de ellas el constructor asume responsabilidades correlativas». Posición reiterada en:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2020, exp.
47201.
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a la ejecución de la obra dentro de las especificaciones y los plazos convenidos; y
(ii) las inherentes a la administración de los recursos entregados para la ejecución
de la obra, regidas por las disposiciones del contrato de mandato163, contenidas en
los artículos 2142 a 2199 del Código Civil, en cuanto resulten compatibles con las
estipulaciones hechas por las partes y con la naturaleza administrativa del vínculo.
No cabe duda, entonces, que la administración delegada constituye una modalidad
especial del contrato de obra, vinculada a la forma de remuneración del contratista,
y si bien participa de la esencia del mandato civil, incorpora ciertas particularidades
derivadas de su naturaleza administrativa164. En este contexto, se ha destacado por
la jurisprudencia de la Corporación que el contratista no ejecuta directamente la
obra, sino que actúa como gestor de los recursos entregados por la entidad para
celebrar, en su nombre y representación, los negocios jurídicos necesarios para la
materialización del objeto convenido, con la correlativa obligación de rendir
cuentas165. Este rasgo refuerza su carácter fiduciario y justifica la necesidad de un
control estricto sobre la correcta destinación de los fondos públicos, configurando
un régimen jurídico mixto en el que confluyen tanto principios del derecho privado
aplicables al mandato como disposiciones especiales de la contratación estatal.
En otras palabras, el aspecto clave de este negocio jurídico gira en torno al precio,
en el entendido de que el contratante pone el dinero para que el contratista, quien
es un administrador o gestor de los recursos de la entidad pública, se encargue de
todas las actividades inherentes para la consecución de la obra contratada166.
163 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de junio de 2023, exp.
61174. «En el contrato de obra por administración delegada, el administrador delegado, se encarga,
por cuenta y riesgo del contratante, de la ejecución del objeto convenido, figura que por ende entraña
la relación contractual propia del mandato, pues en los términos del artículo 2142 del Código Civil,
el contratante ‘confía la gestión de uno más negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera’, y con
ocasión de la ejecución del encargo, el mandatario, a su vez y como regla general, contrata en
nombre del mandante; no obstante, la regla general antes indicada tiene su excepción, pues tal como
es dispuesto por el artículo 2177 ejusdem, el mandatario ‘puede, en el ejercicio de su cargo, contratar
a su propio nombre o al del mandante’ y ‘sí contrata a su propio nombre no obliga respecto de
terceros al mandante’. // En relación con los actos celebrados por el mandante en su propio nombre,
tanto la doctrina especializada como la jurisprudencia han explicado que ello se presenta también
en los casos del denominado ‘mandato oculto, esto es, en el ‘evento de que el mandatario oculte la
calidad con que actúa frente a terceros, o sea, que obrando para el mandante, no indique su
condición de mandatario, lo que se conoce ordinariamente como representación indirecta o mediata’,
caso en el cual, no surge relación alguna que ligue al representado con los terceros o viceversa».
164 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 2006, exp. 14285. «[…] el
contrato de obra por administración delegada comporta una modalidad contractual que participa de
la naturaleza del mandato, pero se rige por la normatividad propia de la contratación estatal, en tanto
su objeto es la satisfacción de fines públicos mediante la correcta destinación de recursos estatales».
165 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de febrero de 2013, exp. 21620. «El
administrador delegado no ejecuta directamente la obra, sino que actúa como gestor de los recursos
públicos, obligado a contratar en nombre de la entidad estatal y a rendir cuentas sobre su gestión».
166 «Los aspectos claves de este negocio, en función del precio, tienen que ver con el hecho de que
la entidad estatal asume la obligación de poner el dinero pata que el contratista compre los
materiales, pague el arriendo de la maquinaria, de personal de trabajo, y demás elementos
necesarios para la construcción; y el contratista se compromete a construir con estos recursos
puestos a su disposición; no se le paga un precio unitario o global; sino una administración, por el
hecho de poner su conocimiento y esfuerzo al servicio de la construcción de una obra, la cual ejecuta
con los recursos del Estado» (Marín Cortés, Fabián. El Precio. Serie: Las Cláusulas del Contrato
Estatal. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., 2012. p. 150).
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En lo que atañe los honorarios del administrador delegado, la Sección Tercera167
del Consejo de Estado ha sostenido que estos pueden pactarse como un precio fijo
o como un porcentaje del costo de la obra, pero en todo caso deben cubrir no solo
la utilidad del contratista, sino también los gastos necesarios para la adecuada
gestión encomendada —entre otros, costo de personal, seguridad, oficinas,
vehículos, desplazamientos—, salvo que las partes estipulen una distribución
distinta.
Sin perjuicio de lo anterior, el contrato de obra celebrado bajo esta modalidad no se
limita a los honorarios del contratista, sino que comprende también el costo total de
las obras168, pues es esta suma la que refleja de manera fidedigna las obligaciones
económicas de la Administración y sirve de base para determinar la cuantía de las
cláusulas contractuales que integran el acuerdo de voluntades169 —entre ellas, la
cláusula penal, las multas y las garantías—. Cabe destacar que, restringir la cuantía
únicamente a los honorarios del contratista, generaría una distorsión presupuestal
y contractual, en la medida en que el presupuesto oficial debe contemplar ambos
factores para garantizar la adecuada cobertura de los riesgos derivados del
incumplimiento y la correcta destinación de los recursos públicos, siendo esa suma
global la que, en definitiva, desembolsa la entidad estatal.
4.4.2. En el sub examine, el contrato de obra 851 de 2010170, celebrado entre la
EDU y el consorcio Fronpeco bajo la modalidad de administración delegada, adoptó
una estructura obligacional y financiera propia de este esquema, en virtud del cual
el contratista, en calidad de administrador delegado, asumió la gestión de los
recursos públicos entregados por la entidad —provenientes de un convenio
interadministrativo suscrito con el municipio de Medellín171— a través de un fondo
rotatorio destinado a la ejecución del proyecto, a cambio de unos honorarios
equivalentes a un porcentaje sobre la suma del costo directo de la obra y a los
gastos reembolsables.
167 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de junio de 2007, exp. 17253. «Bajo este
sistema [administración delegada] el contratante paga el costo real de la obra, más determinado
porcentaje como retribución al contratista por concepto de honorarios de administración (en los que
se incluyen costos de personal, oficinas, vehículos, desplazamientos etc.) y la utilidad […]. // En tal
virtud, el sistema de administración delegada constituye una de las formas o modalidades de pago
del contrato de obra pública, en la que la remuneración del administrador delegado, que se denomina
honorarios, puede pactarse en forma de porcentaje o de precio fijo, con base en el presupuesto
oficial de la obra […]». Posición reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 3 de febrero de 2025, exp 56507.
168 Posición reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de
agosto de 2019, exp. 38603. «[…] la Sala precisa que, a la luz de lo convenido en el contrato y
conforme a la modalidad de pago por el sistema de administración delegada, el valor del mismo […]
integra dos elementos: (i) el costo de las obras y (ii) los gastos de la administración delegada,
incluidos los honorarios del contratista. Por lo tanto, la afirmación alegada por el recurrente,
consistente en que el valor total del contrato por administración delegada comprendía únicamente el
segundo punto, es equivocada».
169 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 2 de febrero de 1984 y del 26
de octubre de 1988, exp. 2037 y 229, respectivamente.
170 Numeral 3.7 de los hechos probados.
171 Numeral 3.1 de los hechos probados.
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De este modo, aunque en la cláusula tercera172 se fijó como valor del contrato la
suma de $667’348.454, lo cierto es que dicho monto correspondía únicamente a los
honorarios del contratista, pues, de conformidad con la cláusula décima 173, el valor
proyectado de las obras ascendía a $16.282’171.074 —cifra que luego fue reducida,
mediante otrosíes, a $15.963’837.713174—. De ahí que, una interpretación armónica
de ambas estipulaciones permite concluir que el valor total del contrato de obra
pública era de $16.631’186.167, la cual comprendía tanto el costo directo de la obra
como de los honorarios, evidenciando que el riesgo económico principal permanecía
en cabeza de la entidad contratante, mientras que el contratista debía responder
por la correcta administración, destinación y ejecución de los recursos entregados.
En esa línea, la cláusula quinta175 del contrato dispuso que la entidad contratante
constituiría un fondo rotatorio con un valor inicial y máximo de $2.500’000.000, que
se iría nutriendo a medida en que avanzaran los trabajos hasta alcanzar el valor
presupuestado para la obra —$15.963’837.713—. En tal virtud, dicha disposición
estableció de manera clara y expresa que el contratista debía legalizar los saldos
del fondo rotatorio utilizados en la ejecución de la obra, mediante la presentación de
informes contables y soportes de inversión —lo cual se acompasaba con la cláusula
sexta176, atinente a las obligaciones propias del contratista—. Este proceso de
legalización, además, debía ser avalado por la interventoría —cláusula octava177—
, dentro de los plazos fijados en el contrato, con lo cual se pretendía no solo asegurar
la correcta destinación de los recursos girados y la posibilidad de reponer
oportunamente el fondo para continuar con los trabajos, sino, además, reafirmar el
carácter fiduciario y restrictivo propio de la administración de recursos públicos.
De manera complementaria, la misma cláusula quinta del negocio jurídico previó la
obligación del contratista de devolver los rendimientos financieros generados por el
fondo rotatorio, precisando que tales frutos pertenecían exclusivamente a la entidad
contratante y no podían ser apropiados por el administrador delegado, con lo cual
se aseguraba que no solo los recursos principales, sino también que los intereses
derivados de su inversión temporal retornaran al patrimonio público.
Finalmente, debe destacarse que la cláusula vigesimotercera178 del negocio jurídico
impuso al contratista la obligación de constituir a favor de la EDU una póliza de
cumplimiento que incluyera, entre otros amparos, el de «buen manejo y correcta
inversión de los avances al fondo rotatorio», con cargo al fondo, por el equivalente
al 100% del valor máximo del fondo rotatorio —$2.500’000.000—. Esta garantía, de
acuerdo con lo expuesto en las líneas precedentes, operaba como respaldo del
adecuado manejo de los recursos públicos entregados bajo el esquema de
administración delegada, de modo que, ante el incumplimiento de las obligaciones
de legalización, de restitución de saldo o devolución de rendimientos financieros, la
172 Numeral 3.7.2 de los hechos probados.
173 Numeral 3.7.5 de los hechos probados.
174 Numeral 3.9 de los hechos probados.
175 Numeral 3.7.4 de los hechos probados.
176 Numeral 3.7.6 de los hechos probados.
177 Numeral 3.7.7 de los hechos probados.
178 Numeral 3.7.10 de los hechos probados.
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entidad pudiera hacer efectiva la cobertura y obtener la correspondiente
indemnización, trasladando así a la aseguradora el riesgo de un eventual manejo
inadecuado de los fondos públicos o apropiaciones indebidas.
4.4.3. Delimitado el alcance del contrato de obra pública 851 de 2010, se observa
que el consorcio Fronpeco garantizó el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de este mediante la póliza única de cumplimiento 42-44-101033037, expedida por
Seguros del Estado S.A.179, bajo la modalidad de coaseguro —aspecto que será
desarrollado más adelante—. En ese contexto, según las condiciones generales180
y particulares181 allegadas al proceso, se verifica que dicha póliza incorporó diversas
coberturas con autonomía propia; entre ellas, se amparó el riesgo denominado
«buen manejo del anticipo», respecto del cual se precisó expresamente que
correspondía al «buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo
rotatorio», con una suma asegurada de $2.500'000.000.
En consecuencia, para la Sala no existe ambigüedad sobre el riesgo cuya
efectividad aquí se debate, pues la cobertura hecha efectiva mediante la Resolución
621 de 2014 recayó sobre los recursos entregados para integrar el fondo rotatorio
de inversión y no sobre un anticipo en estricto sentido, habida cuenta de que se
trataba de recursos cuyo adecuado manejo, así como su debida legalización y
eventual reintegro, quedaron comprendidos dentro del riesgo amparado por la
aseguradora.
Igualmente, resulta conveniente precisar que, tratándose de un contrato de obra
pública celebrado bajo la modalidad de administración delegada, no existe como tal
la figura del anticipo, por cuanto los recursos que la entidad transfiere al fondo
rotatorio no constituyen un adelanto del pago de los honorarios del contratista, sino
que son dineros de la Administración destinados a la ejecución directa de la obra,
respecto de los cuales el contratista actúa como mero gestor, sujeto a estrictas
reglas de legalización, restitución y rendición de cuentas. En este sentido, cabe
recordar que el propio contratista conocía esta circunstancia desde antes de la
suscripción del contrato.
En efecto, una vez adjudicado el contrato, el consorcio solicitó a la EDU modificar
la forma de pago prevista en el pliego de condiciones, con el propósito de que se le
reconociera un anticipo equivalente al 30% de sus honorarios, aduciendo la
necesidad de sufragar gastos administrativos iniciales182. Sin embargo, la entidad
negó dicha solicitud, al considerar que, dada la modalidad bajo la cual se celebraría
el contrato —administración delegada—, para la atención de tales erogaciones se
había previsto expresamente la constitución de un fondo rotatorio, de modo que no
existía justificación para autorizar el anticipo solicitado183.
179 Numeral 3.8 de los hechos probados.
180 Numeral 3.8.1 de los hechos probados.
181 Numeral 3.8.2 de los hechos probados.
182 Numeral 3.5 de los hechos probados.
183 Numeral 365 de los hechos probados.
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4.4.4. De lo anterior se desprende que, en el esquema de administración delegada,
los recursos entregados al fondo rotatorio constituyen partidas públicas orientadas
al desarrollo del proyecto, sujetas a un control estricto y que fueron amparadas a
través de la garantía de «buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo
rotatorio». En consecuencia, tales recursos no pueden asimilarse a un anticipo
propio de los contratos de obra a precios unitarios. Bajo esta premisa, la Sala
procede a examinar los cargos de falsa motivación formulados en la demanda.
4.5. Los cargos de falsa motivación de las resoluciones que declararon el
siniestro de «buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo
rotatorio», en lo concerniente al monto de la indemnización y la extensión de
su cobertura
4.5.1. Seguros del Estado S.A. pretende la anulación parcial de las Resoluciones
621184 y 829185 de 2014, por medio de las cuales la EDU, al liquidar unilateralmente
el contrato de obra pública 851 de 2010, declaró la ocurrencia del siniestro de «buen
manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio» e hizo efectiva la
póliza única de cumplimiento por ellos otorgada, por considerar que estas adolecen
de falsa motivación. Esta causal de nulidad, según lo ha precisado esta Subsección,
denota una divergencia entre la realidad y las consideraciones fácticas y/o jurídicas
en las que se funda el acto administrativo186.
En concreto, se observa que el fundamento empleado por la EDU para declarar el
referido siniestro obedeció, en esencia, a la falta de acreditación, por parte del
consorcio Fronpeco, de su deber de rendir cuentas y legalizar integralmente los
recursos públicos que le fueron entregados para la ejecución de la obra, en su
condición de administrador delegado, pues, pese a los reiterados requerimientos
formulados por la EDU, aquel no acreditó —con soportes contables y la aprobación
de la interventoría— el uso de $1.215’486.103, ni reintegró oportunamente los
rendimientos financieros generados por el fondo con posterioridad al mes de febrero
de 2014, equivalentes a $2’117.010. En ese contexto, al no existir prueba que
184 Numeral 3.23 y subsiguientes de los hechos probados.
185 Numeral 3.21 y subsiguientes de los hechos probados.
186 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de marzo de 2013, exp.
22523. «La falsa motivación o falsedad del acto administrativo constituye una causal genérica de
violación que […] se caracteriza fundamentalmente por una evidente divergencia entre la realidad
fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la Administración Pública. […] Según lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corporación, esta
causal de anulación de los actos administrativos se puede manifestar mediante un error de hecho, o
a través de un error de derecho. El error de hecho se presenta cuando la Administración desconoce
los supuestos fácticos en que debía soportar su decisión, ya sea porque la autoridad que profirió el
acto no los tuvo en cuenta o, porque pese a haberlos considerado se deformó la realidad de tal
manera que se dejaron por fuera o se introdujeron circunstancias de tiempo modo y lugar, trayendo
como consecuencia que el acto administrativo no se funde en hechos ciertos, verdaderos y
existentes al momento de ser proferido. Por otra parte, también se incurre en falsa motivación por
error de derecho, esto es, cuando se desconocen los supuestos jurídicos que debían servir de
fundamento a los actos demandados, este caso se puede presentar por: i) inexistencia de las normas
en que se basó la Administración; ii) ausencia de relación entre los preceptos que sirvieron de
fundamento a la manifestación de voluntad de la Administración y los supuestos de hecho objeto de
decisión; y finalmente iii) cuando se invocan las disposiciones adecuadas pero se hace una
interpretación errónea de las mismas» (subrayado añadido).
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demostrara la correcta inversión de esos recursos, la entidad concluyó que debían
considerarse como no ejecutados y, por tanto, adeudados, configurándose así un
manejo inadecuado de dineros públicos que justificaba la efectividad de la garantía
otorgada.
Así las cosas, la compañía de seguros demandante alegó la configuración de falsa
motivación por error de hecho, señalando, contrario a lo indicado por la entidad
contratante en los actos que declararon el siniestro, lo siguiente: (i) se desconoció
el verdadero alcance del amparo de «buen manejo y correcta inversión de los
avances del fondo rotatorio», al liquidar dicho riesgo por un valor superior al
porcentaje de obra que no fue ejecutado, pues, aun cuando reconoció un avance
del 97.33%, se ordenó reintegrar $1.215’486.103, equivalente al 7.65% de los
recursos del contrato y no al 2.67% faltante, cálculo que, en su criterio, fue
sustentado erróneamente en saldos no legalizados, en vez de lo realmente
invertido; y (ii) se extendió indebidamente la cobertura del referido amparo a la
omisión en la entrega de los rendimientos financieros generados por el fondo
rotatorio, los cuales no estaban comprendidos en el riesgo asegurado.
4.5.2. En relación con el primer argumento, resulta conveniente recordar —como se
ha venido exponiendo a lo largo de este proveído— que al haber sido suscrito el
contrato de obra pública 851 de 2010 bajo la modalidad de administración delegada,
el contratista actuaba como administrador de los recursos públicos entregados por
el contratante, a través del fondo rotatorio, para ejecutar la obra encomendada, lo
que implica que su obligación consistía en legalizar los gastos efectuados mediante
la presentación de los documentos y soportes contables avalados por la
interventoría. Por consiguiente, la cobertura de la garantía «buen manejo y correcta
inversión de los avances del fondo rotatorio» se activaba frente a la indebida
administración o falta de legalización de los recursos, y no frente a la sola medida
física del avance de la obra.
Bajo este panorama, es claro que la ejecución real de la obra, aunque relevante
para verificar el cumplimiento del objeto contractual, no constituía el parámetro
idóneo para comprobar el buen manejo de los recursos del fondo rotatorio, puesto
que la entidad estatal, al entregar partidas provenientes del erario público, requería
certeza sobre su destinación específica y justificación contable. Así, aun cuando el
avance físico de la obra se hubiera estimado en un 97.33%, al no haber presentado
el contratista los documentos de respaldo que acreditara la inversión de los recursos
provenientes del fondo —pese a que se le instó en varias oportunidades para que
los presentara187—, esto se tienen como no legalizados y, en consecuencia, como
un manejo inadecuado de recursos públicos. De este modo, el fundamento de la
decisión no radicó en la diferencia porcentual en la obra ejecutada, sino en la falta
de acreditación de la rendición de cuentas exigida contractualmente.
Así, pues, esta Subsección concluye que la suma de $1.215’486.103 que la EDU
ordenó reintegrar, mediante las resoluciones demandadas, no obedeció a un cálculo
187 Numerales 3.15, 3.16 y 3.17 de los hechos probados.
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
desproporcionado respecto del 2.67% de la obra pendiente, sino a los recursos que
no fueron legalizados conforme con el procedimiento contractual convenido, cuyo
monto fue determinado de acuerdo con el informe de interventoría 188 y con la
contabilidad oficial de la entidad. En tales condiciones, no queda duda de que el
riesgo amparado se materializó precisamente en la imposibilidad de acreditar la
correcta inversión de tales recursos, lo que justifica la declaratoria del siniestro y la
efectividad de la póliza, sin que pueda evidenciarse una falsa motivación en tales
actos administrativos, por lo que el cargo en ese sentido no prospera.
4.5.3. Frente al segundo argumento, es preciso señalar, contrario a lo considerado
por la parte accionante, que la obligación de reintegrar los rendimientos financieros
generados por el fondo rotatorio se encontraba efectivamente comprendida dentro
del amparo de «buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo
rotatorio», en tanto tales frutos formaban parte del patrimonio público cuya
administración fue confiada al contratista, sin que constituyera un beneficio
económico susceptible de apropiación privada, sino de recursos que, por expreso
mandato contractual, debían ser restituidos a la entidad como parte de la rendición
de cuentas exigida al administrador delegado. Así, su omisión configuraba un
manejo indebido de los recursos del fondo, supuesto expresamente comprendido
en el riesgo asegurado.
En este orden de ideas, cabe señalar que la cobertura no fue extendida de manera
indebida, pues el amparo referido no se limitaba a garantizar el cumplimiento de la
ejecución física de la obra, sino a asegurar la destinación correcta de los recursos
públicos administrados, lo que incluía la devolución de los rendimientos generados
por el capital girado al fondo rotatorio, por lo que la interpretación propuesta por la
aseguradora desconoce la naturaleza fiduciaria de la administración delegada y el
carácter integral de la obligación de rendición de cuentas.
En consecuencia, resulta forzoso concluir que el presente cargo de falsa motivación
tampoco está llamado a prosperar, pues no se demostró una extensión ilegítima del
amparo, sino que se verificó que la EDU, mediante las resoluciones cuestionadas,
aplicó correctamente la garantía a un incumplimiento comprobado.
4.6. El cargo de falsa motivación de los actos que declararon el siniestro de
«buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio», en lo
atinente a la omisión de considerar el régimen de coaseguros
4.6.1. La parte demandante alegó que las resoluciones declarativas del siniestro de
«buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio» adolecen de
falsa motivación por error de derecho, en cuanto desconocieron que la póliza única
de cumplimiento que garantizaba el contrato de obra pública 851 de 2010 había sido
suscrita bajo la modalidad de coaseguro, en virtud de la cual cada aseguradora
responde únicamente en proporción al porcentaje del riesgo asumido; no obstante,
en los actos acusados la EDU le impuso a Seguros del Estado S.A. la obligación de
188 Numeral 3.12 de los hechos probados.
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
cubrir la totalidad de la indemnización reclamada, sin vincular a Liberty Seguros S.A.
—la otra coaseguradora— ni atribuirle responsabilidad alguna, configurándose así
una solidaridad de facto no prevista en la ley ni en el contrato.
Sobre este punto, la Sala observa que, si bien en la Resolución 621 de 2014189 —
mediante la cual se declaró la ocurrencia del siniestro referido— la EDU omitió toda
alusión al régimen de coaseguro pactado y trasladó íntegramente a Seguros del
Estado S.A. la obligación de cubrir la totalidad de la indemnización derivada del
riesgo amparado, lo cierto es que, al resolver el recurso de reposición interpuesto
por dicha aseguradora contra tal acto administrativo190 —que alegó que su
responsabilidad se limitaba al 80% del riesgo asumido y que el 20% restante debió
ser exigido directamente a Liberty Seguros S.A.—, la entidad contratante sí se
pronunció sobre este aspecto en la Resolución 829 de 2014191.
En la Resolución 829 de 2014, la EDU concluyó que el argumento planteado por
Seguros del Estado S.A. carecía de fundamento, por cuanto en la póliza 42-44-
101033037 se estipuló expresamente que esta, en su calidad de coaseguradora
líder, debía no solo cubrir su participación del 80%, sino también gestionar y
trasladar al asegurado el 20% restante a cargo de Liberty Seguros S.A. Así, estimó
que era improcedente exigirle a la Administración la carga de acudir directamente a
la otra coaseguradora para la consecución del total de la indemnización reclamada,
pues pretender lo contrario desconocería la cláusula redactada por la propia
aseguradora y aprobada por la entidad beneficiaria, contraviniendo los principios de
buena fe, confianza y lealtad contractual. Por ello, la entidad demandada mantuvo
la decisión de imputar a Seguros del Estado S.A. la totalidad del pago.
En este contexto, con el propósito de resolver el cargo de nulidad planteado, la Sala
estima necesario precisar, en primer término, la naturaleza y el régimen jurídico del
coaseguro y, posteriormente, analizar el alcance con que dicha figura fue pactada
en la póliza que amparó el cumplimiento del contrato de obra 851 de 2010, a efectos
de establecer si las resoluciones cuestionadas incurrieron o no en el vicio de falsa
motivación alegado.
4.6.2. En lo que respecta al coaseguro, conviene precisar que, conforme lo dispuesto
en los artículos 1094192 y 1095193 del Código de Comercio, se trata de una modalidad
de pluralidad o coexistencia del contrato de seguros, en virtud de la cual dos o más
aseguradoras, con la anuencia del asegurado, asumen de manera conjunta un mismo
interés y riesgo, distribuyéndose entre ellas, en proporciones previamente fijadas, la
cobertura del siniestro hasta completar la totalidad del mismo.
189 Numeral 3.21 de los hechos probados.
190 Numeral 3.22 y 3.22.4 de los hechos probados.
191 Numeral 3.23 y 3.23.4 de los hechos probados.
192 Código de Comercio. «Artículo 1094. Hay pluralidad o coexistencia de seguros cuando éstos
reúnan las condiciones siguientes: // 1) Diversidad de aseguradores; // 2) Identidad de asegurado; //
3) Identidad de interés asegurado, y // 4) Identidad de riesgo».
193 Código de Comercio. «Artículo 1095. Las normas que anteceden se aplicarán igualmente al
coaseguro, en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su
aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro».
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En esta línea, la doctrina especializada ha caracterizado la figura del coaseguro como
un esquema de «distribución horizontal o primaria de los riesgos, mediante [la cual] un
conjunto de compañías, entre las cuales no median relaciones recíprocas de
aseguramiento, asumen responsabilidades individuales con respecto a un mismo
riesgo»194. De igual forma, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia195
ha definido dicha figura como «un mecanismo de dispersión o distribución horizontal
de riesgos, en virtud del cual un número plural de compañías aseguradoras amparan
a prorrata un mismo riesgo (o grupo de riesgos), creándose entre cada una de ellas
y el tomador asegurado un vínculo obligacional independiente. Cada coaseguradora
participará de los derechos y deberes que surgen del contrato en proporción a su
cuota, y esta constituirá, también, el límite de su responsabilidad individual».
En consecuencia, en el coaseguro cada aseguradora responde exclusivamente por
el porcentaje de participación asumido, de suerte que, como lo ha señalado la Sección
Tercera de esta Corporación196, las obligaciones son independientes y proporcionales
al riesgo garantizado, sin que exista solidaridad entre ellas, salvo pacto expreso en
contrario. Esto significa que el incumplimiento de una compañía no compromete la
responsabilidad de las demás, puesto que la obligación indemnizatoria de cada una
conserva un carácter autónomo y limitado a la cuota de participación aceptada. Este
entendimiento se armoniza con el artículo 1092 del Código de Comercio, según el
cual, «en el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros —como el coaseguro—
, los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en
proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el asegurado haya
actuado de buena fe; la mala fe en la contratación de éstos produce nulidad».
Adicionalmente, la doctrina autorizada197 ha reconocido como práctica mercantil que
en el contrato celebrado bajo la modalidad de coaseguro se designe un coasegurador
194 OSSA, Efrén: Teoría general del seguro - La Institución, Editorial Temis, Bogotá, 1988, pág. 99.
195 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de abril de 2024, exp. 2021-
00160.
196 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, exp 13632 «[…]
para efectos indemnizatorios cada coaseguradora se entiende que concurre conforme a su importe
y por tanto las obligaciones que asume cada coaseguradora no se torna en relación con las otras
coaseguradoras en obligaciones solidarias que impliquen que si alguna paga la indemnización total
pueda reembolsarse en términos del artículo 1096 Ibídem, sobre la subrogación. Recuérdese
además que el artículo 1092 Ibídem establece que en el caso de pluralidad o de coexistencia de
seguros, los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a
la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La
mala fe en la contratación de éstos produce nulidad’».
197 Narváez Bonnet, Jorge Eduardo. El coaseguro, Bogotá, 2012, página 119. «Como es bien sabido,
bajo el coaseguro, una de las aseguradoras actúa como líder y a ella corresponde la responsabilidad
de administrar el negocio y de servir como puente o facilitador, para utilizar un término muy
descriptivo propio del léxico de los técnicos en administración, en las relaciones del asegurado con
los demás aseguradores. // […] La coaseguradora líder o abridora, actúa a nombre propio pero por
cuenta ajena en la ejecución del encargo que le fuera conferido, pues desarrolla labores o actos que
pueden calificarse como de gestión ordinaria del contrato de seguro (emisión de la póliza con la firma
de los aseguradores participantes, percibir las primas causadas por el contrato y distribuir su importe
entre las coaseguradoras, tramitar las solicitudes de modificación o alteración de los términos de
cobertura, recibir notificaciones sobre modificación en el estado del riesgo o notificación de avisos
de reclamo, entre otras) y respecto de los cuales reporta a las demás coaseguradoras de manera
inmediata, o en un término razonable o sobre una base regular, dependiendo de los requerimientos
que de esas gestiones se deriven para la subsistencia y efectividad del contrato; en tal virtud la
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
líder o abridor, quien usualmente es la compañía que expide la póliza o la que mayor
participación ostenta. Este actúa como vocero y administrador frente al asegurado,
encargándose de funciones de gestión ordinaria, como la emisión del instrumento, la
recepción y distribución de las primas, el trámite de modificaciones contractuales, la
atención de reclamaciones y el recaudo de las cuotas partes que correspondan a las
demás aseguradoras para trasladarlas al asegurado.
No obstante, la calidad de coasegurador líder o abridor no lo convierte en deudor
solidario ni amplía su responsabilidad patrimonial más allá de la cuota de participación
asumida, salvo estipulación expresa en contrario, en tanto su papel corresponde, en
esencia, a un mandato de administración frente al asegurado. En esa medida, ante
la ocurrencia de un siniestro, la atribución de responsabilidad a las garantes debe
realizarse en estricto apego al régimen del coaseguro pactado, de modo que una
entidad carecería de competencia para imponer a un solo coasegurador la cobertura
íntegra del riesgo, salvo que se hubiese pactado expresamente la solidaridad, pues
lo contrario supondría desconocer tanto la autonomía patrimonial de cada compañía
aseguradora como las disposiciones imperativas que regulan la figura.
4.6.3. Precisada la naturaleza y el régimen jurídico de la figura del coaseguro, se
observa que, en el caso sub judice, el consorcio Fronpeco garantizó el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública 851 de 2010 mediante la
póliza única de cumplimiento 42-44-101033037, expedida por Seguros del Estado
S.A., la cual incorporó una cláusula de coaseguro con Liberty Seguros S.A.198, en
virtud de la cual la primera asumió la calidad de coaseguradora líder con una
participación del 80% de los valores amparados, mientras que la segunda se obligó
por el 20% restante. En dicha estipulación se dejó consignado expresamente que las
obligaciones de dichas compañías con la entidad beneficiaria no eran solidarias y que
Seguros del Estado S.A. únicamente cubriría su porcentaje, limitándose a recaudar
la cuota de Liberty Seguros S.A., en caso de que el porcentaje que esta asumió
también hubiera sido reclamado por la entidad beneficiaria, sin que en ningún
momento se hiciere responsable por un porcentaje mayor al de su participación.
Bajo este marco contractual, resultaba evidente que la responsabilidad de Seguros
del Estado S.A. estaba limitada a cubrir el 80% del valor asegurado y que el 20%
restante debía ser asumido directamente por Liberty Seguros S.A., en los términos
expresamente previstos en la póliza única de cumplimiento. No obstante, como se
plasmó en párrafos precedentes, en la Resolución 621 de 2014, la EDU omitió toda
referencia a Liberty Seguros S.A., imputándole a Seguros del Estado S.A. la totalidad
de la indemnización derivada de la declaratoria del siniestro, desconociendo de forma
manifiesta el régimen de distribución del riesgo pactado en la cláusula de coaseguro.
coaseguradora líder o abridora, carece frente al asegurado, de facultades de representación, de
actuación o de decisión que pudieran llegar a comprometer a las demás compañías coaseguradoras;
claro está, a menos que en la respectiva cláusula de coaseguro hubiere recibido expresamente
ciertas y determinadas facultades (que no es lo usual). Aunque ciertamente, ya sea que las hubiere
recibido o no, la evidencia es que en todo caso recibe una remuneración o comisión de manejo del
coaseguro y sin que el importe de la misma tenga relación con la extensión o el contenido del encargo
que las demás aseguradoras le hubieran otorgado».
198 Numeral 3.8.1 de los hechos probados.
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
La anterior determinación fue, además, confirmada mediante la Resolución 829 de
2014, en la cual la EDU, lejos de ajustar su actuación al marco contractual y legal
aplicable, sostuvo que la condición de aseguradora líder obligaba a Seguros del
Estado S.A. a responder por la totalidad del siniestro y a gestionar ante Liberty
Seguros S.A. la recuperación de la cuota correspondiente. Este razonamiento, a juicio
de la Sala de Subsección, resulta contrario a la naturaleza jurídica de la figura del
coaseguro, en cuanto confunde el papel administrativo del coasegurador líder con
una obligación solidaria que no fue pactada ni tampoco podía presumirse.
En consecuencia, para la Sala, la decisión administrativa careció de correspondencia
con la realidad contractual y jurídica, al atribuir a un solo coasegurador la totalidad de
la cobertura, a pesar de que el instrumento de coaseguro distribuía expresamente el
riesgo entre dos compañías en proporciones del 80% y 20%. De ahí que, en criterio
de la Subsección, se configure el vicio de falsa motivación, al sustentarse la decisión
en una interpretación contraria a los hechos y a las normas aplicables, lo cual afecta
de manera directa el ordinal tercero del acto administrativo primigenio mediante el
cual se declaró el siniestro y se atribuyó a Seguros del Estado S.A. la totalidad de la
obligación indemnizatoria, razón por la cual se procede a declarar su nulidad.
Debe precisarse, no obstante, que dicha nulidad es de carácter parcial respecto del
ordinal tercero de la Resolución 621 de 2014, confirmado por la Resolución 829 de
2014, toda vez que, si bien no se desvirtuó la facultad que tenía la EDU para declarar
la ocurrencia del siniestro de «buen manejo y correcta inversión de los avances del
fondo rotatorio» y hacer efectiva la póliza de cumplimiento otorgada a su favor, lo
cierto es que tal entidad incurrió en un error al imponer a Seguros del Estado S.A. la
cobertura integral o total del dicho riesgo amprado, desconociendo la cláusula de
coaseguro pactada que delimitaba su responsabilidad al 80%. Por tanto, solo en este
aspecto carecen de legalidad los actos administrativos demandados.
4.6.4. Ahora bien, con el propósito de restablecer el derecho derivado de la anulación
parcial, resulta necesario acudir a lo dispuesto en el inciso tercero del del artículo 187
del CPACA199, según el cual «para restablecer el derecho particular, la jurisdicción de
lo contencioso administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en remplazo de las
acusadas, y modificar o reformar éstas». Sobre el alcance de esta prerrogativa —que
reprodujo en lo sustancial lo previsto en el artículo 170 CCA200, por lo que las
199 CPACA. «Artículo 187. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen
de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. // En la
sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. // Para restablecer
el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas. // Las
condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base
el Índice de Precios al Consumidor» (subrayas y negrillas añadidas).
200 CCA. «Artículo 170. […] Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo Contencioso
Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o
reformar estas».
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
consideraciones que se realizaron sobre su contenido son plenamente aplicables en
la actualidad—, la Sección Cuarta de esta Corporación dispuso lo siguiente201:
«[…] el artículo 170 CCA faculta al juez administrativo para restablecer el derecho y
‘estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar
estas’. Esa norma concede un amplio margen al juez para decidir razonablemente
cuál es la forma de restablecer el derecho vulnerado por el acto administrativo
ilegal. Sobre esto es importante hacer las siguientes precisiones: es cierto que el
demandante es el primer llamado a identificar en la demanda la forma en que
pretende que se restablezca el derecho que estima vulnerado, pero eso no impide
que luego el juez en la sentencia fije la forma de restablecer el derecho. Eso tampoco
implica que el juez desconozca el principio procesal de congruencia, que lo obliga a
guardar coherencia y decidir conforme con lo pedido en la demanda. No habrá
incongruencia cuando el juez administrativo obra conforme con el artículo 170 CCA,
que lo faculta para restablecer el derecho en la forma que considere más apropiada».
Así las cosas, en virtud de la potestad conferida por el inciso tercero del artículo 187
del CPACA202 y como consecuencia directa de la nulidad parcial del ordinal tercero
de la Resolución 621 de 2014, confirmado por la Resolución 829 de 1º de diciembre
de 2014, la Sala restablecerá el derecho de la aseguradora demandante, disponiendo
que su obligación de sufragar la indemnización derivada del siniestro declarado se
limita al 80% del monto total, en estricta consonancia con lo pactado en la cláusula
de coaseguro, modificando en este aspecto lo dispuesto originalmente en los actos
administrativos aquí demandados en el caso sub examine203.
Se precisa que, con la reforma o modificación en sede judicial del ordinal tercero de
las referidas resoluciones, con el fin de ordenar el restablecimiento del derecho, no
se está reemplazando a la Administración en sus atribuciones, sino que se está
acudiendo a la potestad que el artículo 187 del CPACA les confiere a los jueces.
201 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de unificación del 4 de febrero de 2016, exp.
18551.
202 Sobre esta norma en particular, la doctrina autorizada ha señalado: «Los dos incisos finales
contienen sendas disposiciones en las que se regulan los poderes del juez cuando deba restablecer
cierto derechos al demandante: en la primera regla permite estatuir disposiciones nuevas en
reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar estas, de manera que puede sustituir total o
parcialmente las decisiones del acto administrativo acusado para restablecer el derecho particular,
atribución que solo puede ejercerse frente a actos de contenido particular pues se trata de
restablecer derechos de esta índole en una sentencia que tiene efectos inter partes. Esta facultad
debe ser ejercida de conformidad con el artículo 104 del código que determina que la jurisdicción
contencioso administrativa tiene (n) por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución Política y la ley, de manera que la sentencia puede ser ultra petita, pues además de
anular el acto administrativo acusado puede modificarlo, reformarlo o estatuir las
resoluciones necesarias para la protección del derecho del demandante, en especial cuando
se trate de derechos fundamentales». (ARBOLEDA PERDOMO, Enrique José, Comentarios al
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Tercera Edición,
editorial Legis. P. 371).
203 Numeral 3.21 de los hechos probados. «TERCERO: Declarar el siniestro de ‘buen manejo del
anticipo’ [el cual, conforme se consignó en la carátula de la póliza, corresponde al de ‘buen manejo
y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio’], por las siguientes sumas de dinero: (i)
$1.215’486.103, correspondiente al saldo del fondo rotatorio de inversión, no invertido en la ejecución
de la obra y (ii) $2’117.011, correspondiente a los rendimientos financieros generados por este,
liquidados hasta el mes de junio de 2014, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo. En consecuencia, se hace efectiva la póliza de seguros 42-44-101033037,
expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A., por valor de $1.217’603.114».
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En este orden de ideas, la Sala advierte que de los $1.217’603.114, reclamados por
la EDU como valor del siniestro —integrados por $1.215’486.103 correspondientes al
saldo del fondo rotatorio no invertido y $2’117.011 por los rendimientos financieros
generados hasta junio de 2014—, la obligación de Seguros del Estado S.A. debe
restringirse a la suma de $974’082.491,20, equivalente al 80% del riesgo
efectivamente asumido en su calidad de coasegurador líder.
4.7. En definitiva, esta Subsección modificará la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, declarará la nulidad parcial del ordinal tercero de la Resolución 621 de
2014, confirmada por la Resolución 829 de la misma anualidad, en el entendido de
que la obligación a cargo de Seguros del Estado S.A. se limita a sufragar el 80% de
la indemnización derivada de la declaratoria del siniestro, en atención al régimen de
coaseguro pactado en la póliza única de cumplimiento 42-44-101033037, lo que
corresponde a la suma $974’082.491,20; y, a título de restablecimiento del derecho,
se ordenará que Seguros del Estado S.A. únicamente está obligada a pagar dicho
valor y que, en el caso de haber efectuado el pago total de la indemnización, la EDU
deberá reintegrarle el monto pagado en exceso, debidamente actualizado.
5. Costas
5.1. El artículo 361 del CGP dispone que «las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho». A su turno, los artículos 365 (numerales 1 y 8)204 y 366205
ejusdem —aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión del
artículo 188 del CPACA206— establecen que se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, siempre que en el expediente se acredite su causación; y,
en tal evento, su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la Secretaría
del Tribunal a quo, correspondiéndole a este juzgador únicamente la fijación de las
agencias en derecho de segunda instancia, conforme con las tarifas fijadas por el
Consejo Superior de la Judicatura.
204 «Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 1. Se condenará en costas
a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación
[…]. // 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación […]».
205 «Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor
de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte
beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan
a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador
o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas».
206 «Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC».
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Demandante: Seguros del Estado S.A.
5.2. En este contexto, este juzgador impondrá condena en costas a la EDU, en su
condición de parte vencida en el proceso, habida cuenta de que su contraparte
intervino activamente en el trámite de la segunda instancia mediante la presentación
de alegatos de conclusión. Para tal efecto, corresponderá al Tribunal de origen
efectuar la liquidación y tasación de las costas, debiendo considerar que, en esta
instancia, se reconocen agencias en derecho equivalentes al 0,5% del valor de las
pretensiones acogidas, de conformidad con las tarifas fijadas en el Acuerdo 1887
de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura207.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
Ley:
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la sentencia del 14 de
agosto de 2019, proferida por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia, los cuales quedarán de la siguiente manera:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del ordinal tercero de la parte
resolutiva de la Resolución 621 del 24 de julio de 2014, confirmada por la
Resolución 829 de 1º de diciembre de 2014, mediante el cual la EDU
«declaró el siniestro de ‘buen manejo del anticipo’, por las siguientes sumas
de dinero: (i) $1.215’486.103, correspondiente al saldo del fondo rotatorio de
inversión, no invertido en la ejecución de la obra y (ii) $2’117.011,
correspondiente a los rendimientos financieros generados por este,
liquidados hasta el mes de junio de 2014, de acuerdo a lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo. En consecuencia, se hace
efectiva la póliza de seguros 42-44-101033037, expedida por la Compañía
Seguros del Estado S.A., por valor de $1.217’603.114», en el entendido de
que la obligación a cargo de Seguros del Estado S.A. se limita a sufragar el
80% de la indemnización derivada de la declaratoria del siniestro, en atención
al régimen de coaseguro pactado en la póliza única de cumplimiento 42-44-
101033037, lo que corresponde a la suma de novecientos setenta y cuatro
millones ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y un pesos con veinte
centavos ($974’082.491,20).
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a Seguros
del Estado S.A. únicamente el pago de la suma de novecientos setenta y
cuatro millones ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y un pesos con
veinte centavos ($974’082.491,20), por concepto del siniestro de «buen
manejo del anticipo» y, en caso de que esta sociedad hubiese efectuado el
pago total de la indemnización determinada en los actos administrativos
207 Acuerdo 1887 de 2003. El artículo 6 numeral 3.1.3 establece que, para los medios de control
promovidos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la tarifa en segunda instancia será «hasta
del (5) por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o negadas».
82
Radicado: 05001-23-33-000-2016-01079-00 (65254)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
anulados parcialmente en su ordinal tercero —$1.217’603.114—, la EDU
deberá REEMBOLSAR a la sociedad aseguradora el valor pagado en
exceso, debidamente actualizado.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la EDU, en su calidad de parte demandada,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo, teniendo en cuenta
que, en esta oportunidad, se fijaron agencias en derecho equivalentes al 0,5% del
valor de las pretensiones reconocidas de la demanda.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclara voto
CT2
83
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