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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-01103-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-01103-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en segunda instancia. TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2016-01103-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01103-01 (74157)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa Nacional
Demandado: Carlos Arturo Hernández Lugo
Referencia: Repetición
Temas: COMPETENCIA DEL SUPERIOR - Debe pronunciarse sobre todas aquellas cuestiones que sean
necesarias para proferir una decisión de mérito, aunque no hubieran sido propuestas por el apelante como
fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada. PRESUPUESTOS PARA LA PROSPERIDAD
DE LA DE REPETICIÓN - La jurisprudencia, de manera pacífica, ha determinado que debe acreditarse, entre
otros: (i) la condena, conciliación u otra forma de terminación de conflicto que imponga al Estado reparar
patrimonialmente un daño antijurídico; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño; y (iii) la calidad de agente o
exagente estatal del demandado. / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN - No existe tarifa legal para
acreditarlo. Corresponde a la entidad presentar medios de prueba que proporcionen certeza suficiente sobre el
efectivo cumplimiento de la prestación y la consecuente extinción de la obligación.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de
Defensa contra la sentencia del 28 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La parte actora promovió acción de repetición contra Carlos Arturo
Hernández Lugo, en su condición de agente adscrito al Ministerio de Defensa
Nacional, con el propósito de obtener el reintegro de la suma pagada por esta última
en cumplimiento de la sentencia proferida el 12 de junio de 2012 por el Juzgado
Veintitrés Administrativo de Medellín, dentro del proceso de reparación directa n.°
05001-33-31-023-2007-00251-00, mediante la cual se declaró la responsabilidad
patrimonial por los daños ocasionados a Elías de Jesús Mosquera Portela, Juan
Pablo Giraldo Granda y Carlos Alberto González Úsuga, como consecuencia de las
lesiones que sufrieron durante los hechos ocurridos el 4 de junio de 2007.

ANTECEDENTES

Demanda

3. Mediante escrito presentado el 4 de mayo de 20161, el Ministerio de Defensa2
promovió demanda de repetición contra Carlos Arturo Hernández Lugo3, en la que

1 Conforme consta en el sello de presentación personal del escrito. Ver Samai del Consejo de Estado. Índice

0002. Documento denominado “001.Demanda.pdf”. p. 13. Demanda admitida a través de auto del 16 de mayo
del 2016 (ibid., archivo “003AutoAdmisorio.pdf”). Entre otras determinaciones, se ordenó (i) notificar a los
actores procesales; (ii) disponer el emplazamiento de Hernández Lugo, advirtiendo que de no comparecer se
designaría curador ad litem; y (iii) reconocer personería adjetiva a la apoderada de la demandante.
2 En adelante, la entidad, la demandante, la parte actora, la censora o el Ministerio.
3 En lo sucesivo, el demandado, el agente del Estado, Hernández Lugo o el sargento primero.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01103-01 (74157)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa Nacional
Demandado: Carlos Arturo Hernández Lugo
Referencia: Repetición

solicitó las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe de manera literal,
incluso con los posibles errores):

“PRIMERO: se DECLARE RESPONSABLE al señor CARLOS ARTURO
HERN[Á]NDEZ LUGO; de los perjuicios ocasionados a la NACIÓN-MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, como consecuencia del pago que la entidad demandante
efectuó al señor EL[Í]AS DE JES[Ú]S MOSQUERA PORTELA Y OTROS, mediante
sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín del
12 de Junio de 2012, el cual quedo debidamente ejecutoriada el 28 de Noviembre de
2012.

SEGUNDO: Se CONDENE al señor CARLOS ARTURO HERN[Á]NDEZ LUGO, a
cancelar la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 02/100
M/CTE ($689.373.249.02), a favor de la NACI[Ó]N COLOMBIANA-MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, suma que pago esta entidad por concepto de capital a favor del
señor ELIAS DE JESUS MOSQUERA PORTELA Y OTROS, mediante la Resolución N°
3821 de 09 de Mayo de 2014, en cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado
Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín del 12 de Junio de 2012, el cual quedo
debidamente ejecutoriada el 28 de Noviembre de 2012.

TERCERO: Se CONDENE al señor CARLOS ARTURO HERN[Á]NDEZ LUGO a
cancelar intereses comerciales a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin al presente proceso.

CUARTO: Que la sentencia que ponga fin al proceso, reúna los requisitos de los arts.
99, y 187 del Nuevo Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo (Ley 1437 de 2011), que en ella conste una obligación [c]lara, expresa y
actualmente exigible a fin de que preste mérito ejecutivo.

QUINTO: Se ajuste la condena tomando como base el índice del precio al
Consumidor”4.

4. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, en síntesis, la parte actora
expuso lo siguiente:

5. Para el 4 de junio de 2007, fecha del acontecimiento que dio lugar a la
condena al Estado, el demandado ostentaba el grado de sargento primero del
Ejército Nacional y se encontraba adscrito al Batallón de Ingenieros n.º 4 “General
Pedro Nel Ospina”, con sede en Medellín. Para esa data, Elías de Jesús Mosquera
Portela prestaba el servicio militar como soldado regular y Juan Pablo Giraldo
Granda y Carlos Alberto González Usuga se desempeñaban como dragoneantes
en esa misma unidad.

6. Ese día, hacia las 6:30 p. m., el soldado regular Jeison Alexis Ortiz Penagos
regresó con retraso de un permiso que le había sido autorizado, por lo que fue
conducido por el dragoneante Juan Pablo Giraldo Granda desde el casco urbano
del municipio de Abejorral (Antioquia) hasta la base militar y presentado ante el
sargento primero, Hernández Lugo.

7. El demandado, en su condición de superior jerárquico, le ordenó al soldado
Ortiz Penagos vestir el uniforme de campaña, portar el armamento y el equipo

4 Ver Samai del Consejo de Estado. Índice 0002. Documento denominado “001.Demanda.pdf”. pp. 2 y 3.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01103-01 (74157)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa Nacional
Demandado: Carlos Arturo Hernández Lugo
Referencia: Repetición

asignados y realizar recorridos al interior de la unidad militar como consecuencia
del incumplimiento del horario de regreso.

8. Mientras el uniformado cumplía esa instrucción, una granada que
permanecía en la cartuchera de su uniforme “se le cayó accidentalmente”, lo que
ocasionó lesiones a Elías de Jesús Mosquera Portela, Juan Pablo Giraldo Granda
y Carlos Alberto González Úsuga.

9. Elías de Jesús Mosquera Portela sufrió ruptura del menisco de la rodilla
izquierda; Juan Pablo Giraldo Granda presentó contusión del globo ocular izquierdo
y catarata traumática; y Carlos Alberto González Úsuga padeció trauma cerrado de
tórax, lesión de la arteria pulmonar, fractura conminuta del tercio distal del cúbito y
heridas ocasionadas por las esquirlas en el pie izquierdo.

10. En los informes administrativos por lesiones n.º 23, 24 y 25, expedidos el 25
de junio de 2007, se calificaron los hechos como ocurridos en el servicio, por causa
y razón de este.

11. Con fundamento en esos acontecimientos, las personas lesionadas
promovieron demanda de reparación directa contra la Nación –Ministerio de
Defensa –Ejército Nacional, la cual culminó con la sentencia proferida el 12 de junio
de 2012 por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín, mediante
la cual se declaró la responsabilidad de la entidad y se le condenó al pago por valor
de $689’373.249,025.

12. La anterior providencia quedó ejecutoriada el 28 de noviembre de 2012 y,
para su cumplimiento, se expidió la Resolución n.º 3821 del 9 de mayo de 2014, por
la cual el Ministerio de Defensa Nacional ordenó el reconocimiento y pago de la
condena. Dicha suma “fue cancelada a través de La Dirección del Tesoro Nacional
mediante Transferencia electrónica”.

13. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa
Nacional, en sesión del 21 de abril de 2016, autorizó el ejercicio de la acción de
repetición contra Carlos Arturo Hernández Lugo, al considerar que su actuación
obedeció a una conducta gravemente culposa derivada del desconocimiento de los
protocolos de seguridad para el manejo de armas de fuego.

14. En sustento de sus pretensiones, la parte actora invocó lo dispuesto en los
artículos 90 -inciso 2- y 209 de la Constitución Política, así como en el numeral 1

5 En la providencia, entre otras determinaciones, se dispuso: (i) declarar administrativamente responsable a la

entidad demandada, por los perjuicios causados a Elías de Jesús Mosquera Portela, Juan Pablo Giraldo Granda
y Carlos Alberto González Úsuga; como consecuencia de lo anterior, (ii) condenarla al pago de perjuicios
morales y materiales (lucro cesante) a favor de los tres afectados directos, así como de perjuicios morales a
favor de seis familiares (Elvia Oliva Granda Gómez, Jaime Mauricio Giraldo Granda, Luciano Alfonso Giraldo
Granda, Lina Milena Giraldo Granda, José de Jesús Granda Vanegas y María Margarita Gómez de Granda),
por sumas que oscilaron entre $5’667.000 y $187’026.164,94, equivalentes a montos de entre 10 y 100 SMLMV;
(iii) ordenar el pago de intereses comerciales moratorios sobre todas las sumas reconocidas, a partir de la
ejecutoria de la sentencia; y (iv) denegar las demás súplicas de la demanda. Ídem, pp. 49 a 81.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01103-01 (74157)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa Nacional
Demandado: Carlos Arturo Hernández Lugo
Referencia: Repetición

del artículo 6 de la Ley 678 de 20016. Bajo la gravedad de juramento, adujo
desconocer el domicilio del accionado y solicitó su emplazamiento7.

Contestación de la demanda

15. Mediante auto del 2 de agosto de 2018 se designó curador ad litem del
demandado, quien aceptó el nombramiento y se notificó el 3 de septiembre de
20188.

16. A través de memorial radicado el 11 de septiembre de 2018, el auxiliar de la
justicia presentó escrito de contestación de la demanda, con el que se opuso a las
pretensiones9. Señaló que la acción de repetición exige la demostración de la
conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, cuya acreditación
corresponde a la entidad demandante. En ese sentido, afirmó que la
responsabilidad del servidor público es de carácter subjetivo, por lo que no basta la
existencia de una condena impuesta al Estado para que prospere la pretensión
resarcitoria. Asimismo, invocó los principios del debido proceso y de presunción de
inocencia y sostuvo que no podía atribuirse responsabilidad al demandado sin que
existiera prueba suficiente de su conducta.

17. Como medios de defensa, propuso las excepciones de (i) falta de prueba de
los presupuestos de la acción de repetición; (ii) ausencia de legitimación en la causa
por activa; y, (iii) la “universal u oficiosa”.

18. En sustento de la primera, sostuvo que la entidad demandante no acreditó
que el demandado hubiera actuado con dolo o culpa grave, ni aportó decisión penal
o disciplinaria ejecutoriada que estableciera su responsabilidad, razón por la cual
estimó que no se encontraban demostrados los presupuestos para la prosperidad
de las pretensiones. En cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa

6 La parte actora aportó: (i) la cuenta de cobro presentada por la apoderada de los beneficiarios de la condena,

junto con los documentos allegados para obtener el pago; (ii) la Resolución n.º 3821 del 9 de mayo de 2014,
mediante la cual el Ministerio reconoció, ordenó y autorizó el desembolso; (iii) copia auténtica de la sentencia
proferida el 12 de junio de 2012 por el Juzgado 23 Administrativo de Medellín; (iv) los oficios n.º 356 y 357 del
6 de abril de 2016, dirigidos, respectivamente, al Batallón de Ingenieros n.º 4 y a la Dirección Ejecutiva de la
Justicia Penal Militar, mediante los cuales se solicitó información sobre las investigaciones disciplinarias y
penales adelantadas por los hechos ocurridos el 4 de junio de 2007; y (v) el oficio n.º 370 del 25 de abril de
2016, dirigido al Jefe de Estado Mayor del Batallón de Ingenieros n.º 4, mediante el cual se requirió información
sobre el último domicilio registrado del demandado. Asimismo, solicitó: (i) oficiar a la Dirección de Personal del
Ejército Nacional para que certificara el número de identificación y el último domicilio registrado de Hernández
Lugo; (ii) requerir al Coordinador del Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional para que remitiera
copia auténtica de la Resolución n.º 3821 del 9 de mayo de 2014; (iii) oficiar al Comandante del Batallón de
Ingenieros n.º 4 “General Pedro Nel Ospina” con el fin de que allegara copia de los informes administrativos por
lesiones, así como información sobre las investigaciones disciplinarias y penales adelantadas con ocasión de
los hechos; y (iv) requerir a la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar para que remitiera copia auténtica
de la actuación o del fallo proferido dentro de la investigación penal adelantada contra el demandado. Precisó
que tales documentos habían sido solicitados previamente por su apoderada y que serían aportados al
expediente tan pronto fueran remitidos por las autoridades correspondientes. Ver Samai del Consejo de Estado.
Índice 0002. Documento denominado “001. Demanda. Pdf”. pp. 8 a 9.
7 Archivos “005Memorial.pdf” y “006Notificaciones.pdf” ibid.
8 Previamente, a través de autos del 27 de enero y 9 de noviembre de 2017 y 2 de agosto de 2018 se designaron

como curadores a dos profesionales que no tomaron posesión del cargo (Samai del Consejo de Estado. Índice
002, (ibid., documento “014AutoAclaraCorrigeAdiciona.pdf”).
9 Ibid., archivo “021.Contestaciondelademanda.pdf”.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01103-01 (74157)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa Nacional
Demandado: Carlos Arturo Hernández Lugo
Referencia: Repetición

de la parte demandante, señaló que en el expediente no obraba elemento de
convicción alguno que permitiera establecer que la condena impuesta al Estado
hubiese tenido origen en una conducta atribuible al demandado.

Trámite relevante en primera instancia

19. Mediante auto del 23 de enero de 2019 se fijó fecha para la realización de la
audiencia inicial10, la cual tuvo lugar el 31 de julio de la misma anualidad. En el curso
de dicha diligencia se decretaron los siguientes medios de prueba:

“Documental
De la Entidad demandante. Se tendrán como pruebas los documentos allegados con la
demanda, dándoles el valor que les asigne la ley al momento de decidir la litis, los cuales
fueron relacionados a folio 8, y aportados con la demanda a folios 12 a 86.

(…)

Exhorto
De la Entidad demandante (…)
Por ser pertinentes y conducentes, se ordenan librar los respectivos EXHORTOS por
conducto de la Secretaria de esta Corporación, excepto el relacionado en el literal b.
con destino al Coordinador de Archiv[o] General, ya que fue aportado a folios 78 a 82”11.

Sentencia de primera instancia

20. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 28 de
noviembre de 202512, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas. En lo concerniente a las excepciones propuestas, estableció
que no resultaba acreditada la falta de legitimación en la causa por activa, pues la
entidad fue a quien se le ordenó asumir la condena que sustentó la demanda.

21. Por otra parte, analizó los presupuestos para la prosperidad de la demanda
y concluyó que, si bien estaba probada la obligación reparatoria impuesta a la
entidad (condena judicial del 12 de junio de 2012 proferida por el Juzgado 23
Administrativo del Circuito de Medellín) y la calidad de agente del Estado del
demandado13, al expediente no se allegó elemento de convicción que diera cuenta
del pago de la indemnización por parte del Ministerio, puesto que no bastaba arrimar
la resolución que ordenaba el desembolso, sino que se hacía indispensable “la
demostración fehaciente de la erogación del recurso público”14, lo cual desconoció

10 Cfr. ibid., documento “024.AutoQueFijaFechaParaAudiencia.pdf”.
11 En el marco de la audiencia inicial, también, (i) se realizó el saneamiento; (ii) se fijó el litigio; (iii) se decretaron

las pruebas solicitadas por las partes; y (iv) por no considerarse necesario, no se fijó fecha para la audiencia de
práctica de pruebas. Ibid., documento “026.ActaDeAudiencia(AlegatosyJuzgamiento).pdf”.
12 Ver Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia. Índice 055.
13 En la providencia, el tribunal de primera instancia señaló: “Asimismo, está demostrada la calidad de agente

del Estado del demandado, señor Carlos Arturo Hernández Lugo, quien para la época de los hechos ostentaba
el grado de Sargento Primero del Ejército Nacional, conforme la información que reporta la sentencia del 12 de
junio de 2012 del Juzgado 23 Administrativo de esta ciudad a folios 43 y 44 y el documento que está a folio
177”.
14 Al respecto, el a quo indicó: “En el sub examine, la parte demandante afirmó en el hecho 8º de su demanda

que la suma de $689.373.249,02 ‘fue cancelada a través de La Dirección del Tesoro Nacional mediante
Transferencia electrónica’. Para soportar dicha afirmación, se aportó copia de la Resolución 3821 del 9 de mayo
de 2014 (folios 78 a 82), acto administrativo que se limitó a ordenar el pago ‘mediante consignación ... en la

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01103-01 (74157)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa Nacional
Demandado: Carlos Arturo Hernández Lugo
Referencia: Repetición

la carga procesal descrita en el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP),
falencia probatoria que, per se, resultaba suficiente para no acceder a las
pretensiones de la demanda.

22. No obstante la conclusión precedente, “en aras de agotar el debate jurídico
propuesto”, el Tribunal analizó el elemento subjetivo de la conducta y expuso que,
a pesar de que en la providencia condenatoria se calificó el actuar del sargento
como “deplorable e irresponsable”, ello no era conclusivo para efectos de la
repetición. Teniendo en cuenta lo anterior, el a quo señaló que la sentencia que
declaró la responsabilidad del Estado por los sucesos acaecidos el 4 de junio de
2007 no permitía inferir culpa grave y/o dolo. Enfatizó que “si bien la orden del
sargento creó una situación de riesgo, el hecho que produjo de manera directa y
eficiente el daño fue la activación voluntaria del artefacto explosivo, un acto que
escapa a la previsibilidad ordinaria del superior (Sargento aquí demandado) que
impuso el castigo, por más imprudente que este fuera”. Por lo que consideró que
ello era suficiente para excluir la causalidad entre el daño y la conducta del sargento.

Recurso de apelación

23. El 9 de diciembre de 202515, la accionante impugnó la precitada sentencia.
Como fundamentos, expuso que las entidades del Estado pueden repetir contra los
servidores o exservidores públicos siempre y cuando reúnan los siguientes
presupuestos: (i) la existencia de un daño en contra de la entidad por el pago de
una sentencia condenatoria; y (ii) la condena proferida debe ser consecuencia de la
acción dolosa o gravemente culposa del agente o exagente.

24. Trajo a colación el material probatorio recaudado con ocasión de los hechos
ocurridos el 4 de junio de 2007, frente a los cuales se adelantó una investigación
disciplinaria, cuyas pruebas igualmente sirvieron de sustento para que, dentro del
proceso de reparación directa, se condenara a la entidad por los hechos que hoy
dan lugar a la repetición.

25. En ese sentido, afirmó que, a partir de las pruebas practicadas en contra del
demandado era posible concluir que su comportamiento encuadraba en los
presupuestos legales para ser considerado como una conducta “culposa”, por
cuanto se encontraba plenamente demostrado que las lesiones sufridas por las
víctimas directas se produjeron como consecuencia de la explosión de una granada

cuenta corriente No. 014177049860 del Bancolombia S.A.’. Sin embargo, la certificación de la Tesorería o el
comprobante de la transferencia electrónica que acreditaría la salida efectiva de los recursos del erario, y que
se anunció en la demanda, jamás fue allegado al proceso. Revisado el acápite probatorio del libelo introductorio
(folios 8 y 9), se constata que dicho documento no solo no fue aportado, sino que ni siquiera fue solicitado como
prueba (…) Esta falencia probatoria es, por sí sola, suficiente para el fracaso de la demanda, pues sin pago no
hay perjuicio patrimonial para la entidad pública que pueda ser objeto de repetición”.
15 Ver Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 058. A través de auto del 15 de enero de 2026, el

recurso fue denegado, en tanto la profesional del derecho que interpuso la alzada no aportó poder para actuar
(ibid., índice 059). El 20 de enero siguiente, la entidad presentó recurso de reposición respecto de la anterior
decisión y aportó el poder correspondiente (ibid., índice 062). En providencia del 28 de enero de 2026 se
concedió el recurso de apelación (ibid., índice 064).

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01103-01 (74157)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa Nacional
Demandado: Carlos Arturo Hernández Lugo
Referencia: Repetición

de mano accionada por el soldado que había sido objeto del castigo impuesto por
el demandado.

26. Resaltó que Hernández Lugo omitió advertir el estado de embriaguez del
uniformado y, pese a ello, le ordenó presentarse portando armamento para cumplir
el correctivo disciplinario impuesto, conducta que, a su juicio, implicó el
incumplimiento del decálogo de seguridad para el manejo de armas y constituyó la
causa del daño ocasionado a las víctimas16, lo cual derivó en el pago de perjuicios.
Con ello, pidió revocar el fallo y conceder las pretensiones de la demanda.

Trámite relevante en segunda instancia

27. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 4 de mayo de 202617.
No se presentaron pronunciamientos de ninguna de las partes.

28. El Ministerio Público emitió concepto y solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia. Sostuvo que la prosperidad de la acción de repetición exige la
acreditación de los presupuestos previstos en la Ley 678 de 2001 y desarrollados
por la jurisprudencia del Consejo de Estado18. En particular, indicó que, conforme a
los lineamientos judiciales de esta corporación, la demostración del pago de la
condena no está sujeta a una tarifa legal, pero exige que los medios de convicción
allegados otorguen al juez certeza suficiente sobre su realización. No obstante,
advirtió que en este asunto la entidad demandante no aportó el soporte de la
transferencia electrónica que afirmó haber efectuado el 9 de mayo de 2014 a una
cuenta bancaria, ni comprobante de egreso, consignación o cualquier otro
documento bancario que evidenciara el ingreso de los recursos a los beneficiarios.
Finalmente, señaló que el recurso de apelación no cuestionó las conclusiones del
tribunal respecto de la demostración del desembolso, sino que circunscribió la
inconformidad de la entidad demandante al análisis del elemento subjetivo de la
acción de repetición.

CONSIDERACIONES

29. A la Sala le corresponde decidir la segunda instancia de la presente controversia.
Con ese propósito, se abordarán los siguientes asuntos: (i) el objeto de la instancia;
(ii) los problemas jurídicos; (iii) la prueba del pago de la condena como presupuesto
de la responsabilidad; (iv) el caso concreto; y (v) las costas.

16 Respecto de la configuración de la conducta dolosa o gravemente culposa, la censora hizo alusión a la

sentencia del 11 de agosto de 2010 proferida por esta Corporación, exp. 25000-23-31-000-1996-07864-
01(16074).
17 Ver Samai del Consejo de Estado. Índice 006.
18 Ibid., Índice 014.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01103-01 (74157)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa Nacional
Demandado: Carlos Arturo Hernández Lugo
Referencia: Repetición

El objeto de la segunda instancia

30. Esta Corporación ha reconocido19 que el marco fundamental de competencia
del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y
argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere
adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos,
diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate
en la instancia superior, salvo aquellos que deban auscultarse de manera oficiosa20,
con fundamento en el artículo 328 del CGP.

31. La Sala, de entrada, advierte que la providencia objeto de reproche denegó
las pretensiones centrándose en dos aspectos fundamentales. En primer lugar,
concluyó que la entidad demandante no acreditó el pago efectivo de la condena
cuya restitución pretende obtener, al considerar que los documentos allegados no
otorgaban certeza suficiente sobre la realización de la erogación. Como segundo
motivo, en gracia de discusión, examinó el elemento subjetivo de la responsabilidad
y determinó que no se encontraba demostrado que la conducta desplegada por el
demandado hubiese sido dolosa o gravemente culposa, en los términos de la Ley
678 de 2001.

32. No obstante, del examen de la sustentación de la alzada se evidencia que la
entidad apelante circunscribió su inconformidad exclusivamente a cuestionar la
valoración efectuada por el a quo respecto del elemento subjetivo de la acción de
repetición. En contraste, se abstuvo de reprochar lo relativo a la erogación
correspondiente al pago de la condena, en tanto no formuló reparo alguno contra
las consideraciones relacionadas con la falta de acreditación de ese presupuesto,
no controvirtió la valoración de los medios de convicción efectuada sobre dicho
aspecto, ni expuso razones encaminadas a demostrar que el acervo probatorio
resultaba suficiente para tener por acreditado el desembolso.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P.

Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de
abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.
25000233600020150243101(59925). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
20 Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación del 6 de

abril de 2018, consideró: “Si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para
revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya
referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de
pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción,
aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia
censurada”. Expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01103-01 (74157)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa Nacional
Demandado: Carlos Arturo Hernández Lugo
Referencia: Repetición

33. De cara a lo anterior, resulta pertinente precisar que, de conformidad con la
Ley 678 de 2001, los artículos 142, inciso 321,161-522y 166-123 de la Ley 1437 de
2011 (CPACA) y la jurisprudencia reiterada de esta Subsección, el estudio de la
pretensión de repetición se encuentra supeditado a la acreditación de una serie de
presupuestos concurrentes24, entre los cuales se encuentra la demostración de la
erogación correspondiente al pago de la condena asumida por la entidad pública.
Se trata, por tanto, de un requisito cuya verificación constituye un elemento
ineludible para la adopción de una decisión que declare la responsabilidad del
demandado.

34. Así las cosas, pese a la ausencia de cargo respecto de la acreditación de la
erogación correspondiente al pago de la condena, la Sala abordará su estudio25, por
cuanto:

(i) dicho pago constituye el hecho que da origen a la pretensión de repetición, de
manera que define la ruta que debe seguir el análisis en segunda instancia: si se
confirma que la erogación no fue acreditada, la denegatoria de las pretensiones
queda sustentada en ese único fundamento y torna innecesario pronunciarse sobre
el elemento subjetivo, que el a quo examinó apenas en gracia de discusión, mientras
que, de encontrarse demostrado el pago, el estudio del cargo de apelación relativo
a la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado resultaría ineludible;

(ii) la acción de repetición fue instituida para resguardar el erario y desincentivar las
conductas dolosas o gravemente culposas de los servidores públicos 26. Si el a quo
se equivocó al considerar que el pago no fue acreditado, y la Sala se limita a
confirmar esa conclusión porque se cuestionó en la apelación, no se garantizaría la
administración de justicia en punto de determinar si se satisfizo el elemento
subjetivo;

21 “Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público

que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar
el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”
22 “Cuando el Estado pretenda recuperar lo pagado por una condena, conciliación u otra forma de terminación

de un conflicto, se requiere que previamente haya realizado dicho pago”.
23“A la demanda deberá acompañarse: 1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación,

comunicación, notificación o ejecución, según el caso. Si se alega el silencio administrativo, las pruebas que lo
demuestren, y si la pretensión es de repetición, la prueba del pago total de la obligación”.
24 Al respecto, se ha indicado que, entre otros, corresponden “a i) la condena al Estado a reparar un daño

antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño; (iii) la calidad de agente o exagente
estatal de los demandados – (elementos objetivos), y, (iv) la existencia de una conducta dolosa o gravemente
culposa del agente como factor determinante de la condena (elemento subjetivo).”. Cfr. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Providencias del 27 de septiembre de
2024. C.P Fernando Alexei Pardo Flórez. Rad.: 08001 23 33 000 2022 00082 01 (71165).; Cfr. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Providencia del 11 de julio de
2025. C.P Fernando Alexei Pardo Flórez., Rad: 13001-23-33-000-2015-00602-01 (72.639).
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P.

Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de
abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.
25000233600020150243101(59925). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
26 Corte Constitucional. Providencia del 26 de agosto de 2020. Rad: (i) T-7616782 y (ii) T-7629189.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01103-01 (74157)
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Demandado: Carlos Arturo Hernández Lugo
Referencia: Repetición

(iii) el juez debe fundar su decisión en lo que efectivamente obra en el expediente,
(CGP, art. 16427, aplicable por remisión del art. 306 del CPACA). Que el recurrente
haya guardado silencio sobre la acreditación del pago no exime a la Sala de
constatar si esa conclusión del a quo tiene o no respaldo probatorio, en particular
cuando de ella depende si la denegatoria de las pretensiones se debe confirmar o
si, por el contrario, es necesario examinar el cargo propuesto.

35. Así, la jurisdicción está habilitada para pronunciarse sobre las cuestiones
necesarias para proferir una decisión sobre la responsabilidad del accionado,
aunque el apelante no las hubiera propuesto como fundamento de su
inconformidad. La acreditación del pago se inscribe en esa categoría, porque, según
se explicó, compromete la existencia misma del derecho reclamado y el interés
público subyacente a la acción de repetición.

Problemas jurídicos

36. Corresponde determinar: (i) si la entidad demandante acreditó la erogación
correspondiente al pago de la condena judicial cuyo reintegro pretende; y, solo en
caso de encontrarse probado dicho presupuesto, examinar si (ii) el tribunal incurrió
en un error al concluir que no se encontraba demostrado el elemento subjetivo de
la responsabilidad. De ser negativa la primera respuesta, la Sala se verá relevada
de estudiar el segundo componente.

La prueba del pago de la condena como presupuesto de la responsabilidad

37. El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado
a reparar patrimonialmente un daño antijurídico, está llamado a repetir contra su
agente o exagente cuando la condena haya sido el resultado de una conducta
dolosa o gravemente culposa de éste28. Este mecanismo ha tenido desarrollo legal
en las Leyes 678 de 200129, 1437 de 201130 y, recientemente, en la 2195 de 202231.

27 “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.
28 Constitución Política, artículo 90, inciso segundo: “…en el evento de ser condenado el Estado a la reparación

patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa
de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.
29 “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del

Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.
30 Según el artículo 142 de este compendio: “Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento

indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o del particular en
ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. || La pretensión
de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o exservidor público o
del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.
|| Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público
que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar
el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”.
31 Publicada en el Diario Oficial No. 51.921 de 18 de enero de 2022, en vigor a partir de dicha fecha. Norma que

no gobierna el asunto bajo estudio, ya que empezó a regir de manera posterior a la configuración de la conducta
(4 de junio de 2007) que da lugar a la acción de repetición y a la fecha de interposición de la demanda (4 de
mayo de 2016).

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Referencia: Repetición

38. Según se estableció en el artículo 2° de la primera de las leyes citadas, la
repetición se considera “una acción civil de carácter patrimonial que deberá
ejercerse en contra del servidor o exservidor público que como consecuencia de su
conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio
por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto”.

39. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido como presupuesto para
la prosperidad de la acción de repetición el pago de la condena o reparación32. Así,
el numeral 1 del artículo 166 del estatuto antes reseñado indica que en los eventos
donde se formulan pretensiones de repetición, deberá acompañarse “la prueba del
pago total de la obligación”.

40. Por su parte, el inciso tercero del artículo 142 ejusdem dispone que, cuando
se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero
o servidor público que cumpla tales funciones, en el cual conste que la entidad
realizó el pago, será prueba suficiente para iniciar el proceso contra el funcionario
responsable del daño.

41. Como se observa, el requisito en comento consiste en haber pagado la
indemnización por la que se busca repetir y, con ello, la necesidad de demostrar el
cumplimiento total de esa obligación, sin que la ley establezca que el “certificado del
pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones” sea el único
documento con el que puede acreditarse la extinción de la obligación33, lo que
implica que esta disposición no instituyó una tarifa legal probatoria al respecto. De
allí que el referido certificado no excluya la posibilidad de acreditar el pago a través
de cualquier medio de prueba previsto en el ordenamiento procesal, de conformidad
con el principio de libertad probatoria34.

32
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de julio de 2025. C.P Fernando Alexei Pardo Flórez.
Rad. 13001-23-33-000-2015-00602-01 (72.639).
33 Al respecto, se ha señalado: “En consecuencia, la “carta de pago”, recibo o paz y salvo, es una prueba que,

por provenir del acreedor, tiene plena capacidad de acreditar el pago o solución de una obligación; no obstante,
no es la única, dado que el ordenamiento jurídico permite que el deudor pueda valerse de cualquier medio
legalmente válido para tal fin y, en consecuencia, en tanto en esta materia no hay una tarifa probatoria, para la
acreditación del pago no puede reclamarse exigencias probatorias específicas. Así, el juez debe apoyarse en
medios allegados y valorarlos conjuntamente al amparo, de la sana crítica y la objetividad probatoria para fundar
su decisión, según lo prescribe el artículo 176 del C.G.P antes el 187 del C.P.C.”. Cfr. Consejo de Estado Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Providencia del 16 de julio de 2021. C.P José
Roberto Sáchica Méndez. Rad.: 110010326000201300153 (49.051). Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Providencia del 19 de mayo de 2025. C.P Nicolás Yepes
Corrales. Rad.: 68001233300020150102202 (71329).
34 Dicho criterio ha sido adoptado por la Corporación para establecer que, aunque el artículo 142 de la Ley 1437

de 2011 “señala que el certificado de pagador, tesorero o servidor público es prueba suficiente “para iniciar” el
proceso de repetición, lo cierto es que dicha prueba per se no acredita definitivamente el pago de la condena
impuesta contra el Estado. En este orden, conviene señalar que, tal como lo sostuvo la Subsección A de la
Sección Tercera de esta Corporación, ‘[P]reciso es advertir que lo dispuesto no implica que los documentos
expedidos por el servidor público a cargo, sea una prueba definitiva e incontrovertible desde la presentación de
la demanda, pues es importante recalcar que aquellos adquieren esa condición cuando su contenido acredite
con suficiencia el hecho que se certifica y en la medida que estando a la disposición de la parte contraria, no
han sido controvertidos, objetados o tachados de falsos. Así, antes de superar tales eventos, tan solo son prueba
sumaria que sirve como presupuesto para la admisión de la demanda de repetición, pero no así para la definición
del fondo del asunto hasta que sea controvertida’ (…)”. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Providencia del 28 de junio de 2023. C.P Nicolás Yepes
Corrales. Rad.: 050012333000201301741 01 (65562). Cita del original: “Consejo de Estado, Sala de lo

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Referencia: Repetición

42. Por su parte, el Código Civil no establece un modo o tarifa legal para probar
el pago efectivo de una obligación35. En punto a ello, en el artículo 175736 consagró
la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de
acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada
en el CGP, canon 16537, al enunciar los medios probatorios a los que es viable
acudir, los cuales, en virtud del artículo 176 ibidem, “deberán ser apreciad[o]s en
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica”38.

43. En todo caso, lo señalado en el inciso tercero del artículo 142 del CPACA no
implica que el documento referenciado (el certificado expedido por el pagador o
tesorero) acredite, per se, de manera definitiva e incontrovertible, la satisfacción de
la condena. Como lo ha precisado esta Subsección, esa certificación constituye una
“prueba suficiente” para efectos de la admisión de la demanda, pero su eficacia para
resolver el fondo del litigio, esto es, para determinar -con los otros requisitos- la
responsabilidad del demandado, depende de su valoración conjunta con los demás
medios de convicción y del ejercicio del derecho de contradicción por parte de
aquel39.

44. En consonancia con esta línea, los documentos allegados por las entidades
públicas y expedidos por ellas mismas para acreditar el pago de la obligación tienen
valor probatorio en los términos del artículo 244 del CGP, por cuanto se presumen
auténticos mientras no hayan sido desconocidos o tachados de falsos. La misma
eficacia se predica de los recibos, paz y salvos y demás documentos provenientes
del acreedor, en la medida en que resultan idóneos para demostrar el cumplimiento
de la obligación. No obstante, con independencia del medio de convicción aportado,
este deberá otorgar al juzgador certeza suficiente acerca del efectivo cumplimiento
de la prestación y de la consiguiente extinción de la obligación40.

45. Esta interpretación responde a una lectura sistemática del ordenamiento
jurídico, en tanto preserva la libertad probatoria de las partes para acreditar el pago,

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad.
54518”.
35 De acuerdo con lo establecido en el Código Civil en el artículo 1626: “El pago efectivo es la prestación de lo

que se debe”.
36 “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
37 “Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el

dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios
que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.
38 Criterio que ha sido acogido igualmente en providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección

A. Sentencia del 22 de octubre de 2021. C.P José Roberto Sáchica Méndez. Rad: 68001-23-31-000-2008-
00334-01 (55893).
39 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Providencia

del 16 de julio de 2021. C.P José Roberto Sáchica Méndez. Rad: 110010326000201300153 (49.051), sentencia
en la que se reitera dicho criterio jurisprudencial, el cual ha sido acogido (entre otras) en los fallos del (i) 6 de
diciembre de 2017, expediente n.° 52001-23-33-000-2013-00080-01 (50.192); y (ii) 1° de marzo de 2018,
expediente n.° 17001-23-31-000-2013-00047-01(52.209).
40 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Providencia

del 27 de agosto de 2021. C.P Marta Nubia Velásquez Rico. Rad.: 85001123300020130019101 (54.750)
acumulado con 05001233100020150009601 (65.767). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Providencia del 22 de noviembre de 2021. C.P José Roberto
Sáchica Méndez. Rad: 680012331000200700173 01 (54518).

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Referencia: Repetición

así como la existencia y extinción de las obligaciones, sin perjuicio del ejercicio del
derecho de contradicción. En ese sentido, los documentos aportados con ese
propósito podrán ser objeto de tacha de falsedad o desconocimiento por la parte
contra quien se aduzcan o pueden ser desmentidos por otros medios suasorios, que
permitan probar en contra de lo que en ellos se indica.

Caso concreto

46. Con la plataforma descrita, la Sala observa que la entidad demandante afirmó
en el libelo introductorio que, en cumplimiento de la sentencia proferida el 12 de
junio de 2012 por el Juzgado 23 Administrativo de Medellín, el Ministerio expidió la
Resolución n.º 3821 del 9 de mayo de 2014, mediante la cual reconoció y ordenó la
erogación de la condena impuesta. Asimismo, en el hecho octavo sostuvo que, “de
acuerdo con lo certificado por la Tesorería Principal del Ministerio de Defensa”, la
suma de $689’373.249,02 “fue cancelada a través de la Dirección del Tesoro
Nacional mediante transferencia electrónica (…) el 9 de mayo de 2014”.

47. Del mismo modo, la actora edificó su petitum sobre la erogación realizada
por el Ministerio de Defensa en cumplimiento de la condena judicial, al solicitar que
se declarara patrimonialmente responsable al demandado por los perjuicios
ocasionados al Ministerio de Defensa, “como consecuencia del pago que la entidad
efectuó al señor Elías de Jesús Mosquera Portela y otros”.

48. Con el propósito de acreditar los hechos que sustentan sus pretensiones, la
actora aportó con la demanda como medios de convicción: (i) la cuenta de cobro
presentada por la apoderada de los beneficiarios de la condena, junto con la
documentación anexa para obtener el pago de la sentencia; (ii) la referida
Resolución 3821 2014; (iii) copia auténtica de la sentencia condenatoria; y (iv)
diversos oficios relacionados con las investigaciones adelantadas por los hechos
que dieron lugar a la condena. Asimismo, solicitó el decreto de pruebas
documentales mediante exhorto, dirigidas a obtener información adicional de
distintas dependencias del Ministerio de Defensa, del Ejército Nacional y de la
Justicia Penal Militar.

49. En la audiencia inicial celebrada el 31 de julio de 2019, el tribunal tuvo como
pruebas los documentos allegados con la demanda y, por estimarlos pertinentes y
conducentes, decretó la práctica de los exhortos solicitados por la parte actora41.

50. A partir de lo expuesto, la Sala observa del examen del material probatorio
obrante en el expediente que, aunque la entidad afirmó haber efectuado el
desembolso de la condena, el único medio de convicción aducido tendiente a
respaldar esa afirmación correspondió a la Resolución n.º 3821 del 9 de mayo de

41 Con excepción del dirigido al Coordinador del Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional, por cuanto

la Resolución n.º 3821 del 9 de mayo de 2014 ya estaba incorporada al expediente.

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Referencia: Repetición

2014, acto administrativo que, en su parte resolutiva, dispuso (se transcribe con los
posibles errores):

“ARTÍCULO 1°.- Reconocer, ordenar y autorizar el pago de la suma de SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 02/100 M/CTE ($689.373.249,02),
en la forma como quedó expuesta en la parte motiva a favor del señor ELIAS DE JESUS
MOSQUERA PORTELA Y OTROS (…), a través de su apoderada Doctora ELIANA
PATRICIA QUINTERO GARCIA(…).
ARTÍCULO 2°.- La Tesorería Principal de la Dirección Administrativa del Ministerio
de Defensa Nacional-Gabinete, pagará la suma liquidada previo los descuentos
de ley con cargo al rubro presupuestal de sentencias mediante consignación a
favor de la Doctora ELIANA PATRICIA QUINTERO GARCIA (…), en la cuenta
corriente (…), cuyo comprobante reemplazará en sus efectos al paz y salvo que
expide la Tesorería Principal del Ministerio de Defensa Nacional.
ARTÍCULO 3°. - Contra la presente resolución no procede recurso alguno por la vía
gubernativa, por tratarse de un acto de ejecución (Artículo 75 del CPACA).
ARTÍCULO 4°. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición”42
(énfasis agregado).

51. Sobre este particular, resulta pertinente destacar que la resolución antes
citada, en su artículo 2°, dispuso que la Tesorería Principal efectuaría la
consignación correspondiente a favor de la apoderada de los beneficiarios en la
cuenta bancaria allí señalada, y precisó que el comprobante de dicha operación
“reemplazará en sus efectos al paz y salvo que expide la Tesorería Principal del
Ministerio de Defensa Nacional”. Lo anterior da cuenta de que la entidad, por medio
de este acto, reconoció, ordenó y autorizó la erogación, pero por sí mismo no
acredita su ejecución material.

52. En ese orden, los actos mediante los cuales la administración reconoce y
ordena el pago de una condena constituyen un elemento de convicción acerca de
la existencia de la obligación y de la decisión de satisfacerla. Sin embargo, por sí
solos, no permiten tener por acreditado el desembolso efectivo de los recursos, pues
no demuestran el cumplimiento de la prestación y de la consiguiente extinción de la
obligación. Para ello resulta necesario que obren en el expediente medios de
convicción que otorguen certeza sobre la materialización de dicha erogación.

53. Para el caso, la Sala constata que no se encuentra dentro del material
probatorio la certificación de la Tesorería Principal a la que aludió la demanda, ni el
soporte de la transferencia electrónica que allí se afirmó fue realizada el 9 de mayo
de 2014. Tampoco fueron allegados, v.gr., comprobantes de egreso, constancias
de consignación, certificaciones bancarias posteriores a esa fecha, recibos suscritos
por los beneficiarios, paz y salvos o cualquier otro medio de convicción que permita
establecer que la suma reconocida salió del patrimonio de la entidad e ingresó
efectivamente al de los acreedores, lo que desconoce lo normado en el artículo 167
del CGP43.

42 Ver Samai del Consejo de Estado. Índice 002. Documento denominado” 001.Demanda.pdf”, pp. 118 a 122.
43 Su tenor literal: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto

jurídico que ellas persiguen”.

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Referencia: Repetición

54. Ahora, si bien se allegó al plenario una certificación expedida por
Bancolombia el 5 de febrero de 2013, en la que dicha entidad bancaria informa que
la apoderada de los beneficiarios de la condena era titular de una cuenta corriente
activa desde 1994, dicho elemento no resulta idóneo para tener por acreditado el
pago de la condena, pues, por una parte, es anterior en más de un año a la fecha
en que la propia demandante afirmó haber efectuado la transferencia, esto es, el 9
de mayo de 2014, según el hecho octavo de la demanda y, por otra, su contenido
se limita a certificar la existencia y vigencia del producto bancario, sin dar cuenta de
la recepción de suma alguna por concepto de la condena. Se trata, en
consecuencia, de un documento cuya única función fue la de identificar la cuenta a
la cual habría de dirigirse el pago, pero no acredita que la transferencia
efectivamente se realizó44.

55. En consecuencia, la Sala concluye que la entidad demandante no acreditó la
erogación correspondiente al pago de la condena cuya restitución pretende obtener
mediante la presente acción de repetición. Se reitera que si bien obra en el
expediente la Resolución n.º 3821 del 9 de mayo de 2014, dicho acto únicamente
acredita la decisión de efectuar el desembolso, mas no el pago efectivo de la
obligación. Esta conclusión coincide con la del a quo, quien sostuvo que ese
instrumento no bastaba para dar cuenta del pago, pues era necesaria la
“demostración fehaciente de la erogación del recurso público”.

56. Comoquiera que la acreditación del pago de la condena constituye uno de
los presupuestos indispensables para la prosperidad de la repetición, su ausencia
resulta suficiente para impedir que se decida sobre las pretensiones, aun cuando
en el proceso puedan llegar a estar demostrados los demás elementos objetivos de
la acción. En consecuencia, el primer problema jurídico se despachará
negativamente y, por tal razón, se confirmará la sentencia apelada. En esas
condiciones, la Sala no abordará el estudio del aspecto subjetivo de la conducta
atribuida al demandado, por cuanto dicho análisis únicamente tendría lugar en el
evento de haberse comprobado el pago efectivo de la condena.

Sobre las costas

57. El artículo 18845 del CPACA dispone que, salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil.

44 Certificado bancario. Ver Samai del Consejo de Estado. Índice 002. Documento denominado
“001Demanda.pdf”, pp. 98 y 114.
45 “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en

costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. || En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal”.

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Referencia: Repetición

58. Esta Subsección46, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia C-832 de 200147, ha considerado que el proceso que se adelanta en
ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un
interés público, pues se busca la protección del patrimonio público. Por lo tanto, la
Sala se abstendrá de condenar en costas al Ministerio de Defensa.

59. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de noviembre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la presente
providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en segunda instancia.

TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11

de abril de 2019, exp. 59.139; sentencia de 12 de agosto de 2019, exp. 63.519; sentencia del 20 de febrero de
2020, exp. 51.949 y sentencia del 7 de mayo de 2021, exp. 58.503.
47 Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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