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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01300-02

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01300-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 29 de abril de 2014 dentro del radicado 1001032500020070008700 (1686-07), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. REVOCAR parcialmente la sentencia de primera instancia del 20 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su lugar se dispone: PRIMERO: Declarar la ocurrencia del silencio administrativo negativo, derivado de la no respuesta de la entidad demandada, respecto del recurso de apelación presentado por la parte actora. SEGUNDO: Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMR-14-4544 del 20 de agosto de 2014 que negó el reajuste solicitado por el actor, y del acto ficto o presunto que negó el recurso de apelación. TERCERO: Declarar probada la excepción de prescripción de los derechos reclamados por el demandante, con excepción de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones (1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007). CUARTO. CONDENAR a la entidad demandada a reajustar y pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de la remuneración, calculado sobre el total de la asignación básica fijada anualmente por el Gobierno nacional para los servidores de la Rama Judicial, que serán 29 Frente a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 05001-23-33-000-2016-01300-02 (0616-2025) Demandante: Hernando Antonio Bustamante Triviño reconocidos desde 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007, de conformidad con la ley. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-01300-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de agosto de 2026

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01300-02 (0616-2025)
Demandante: Hernando Antonio Bustamante Triviño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01300- 02 (0616-2023)
Demandante: Hernando Antonio Bustamante Triviño
Demandado: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Estarse a lo resuelto, revocar parcialmente la sentencia de
primera instancia, y, en su lugar, anula los actos
demandados, declara la prescripción excepto para aportes
pensionales y ordena restablecimiento frente a éstos. No se
condena en costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 20 de
noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución DESAJMR-14-4544
del 20 de agosto de 20142 y el silencio administrativo negativo derivado de la no
respuesta al recurso de apelación, mediante las cuales la entidad demandada
negó el reconocimiento y pago del reajuste solicitado.

1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del
presente proceso. De otro lado, mediante proveídos del 9 de abril del año en curso entre otros procesos
dentro de los radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-2025,2694-2023, 6334-2018 la sala declaró infundado
el impedimento manifestado por el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente,
tras considerar frente a un proceso en curso que « si bien existe coincidencia entre las partes, no integran
el mismo extremo procesal en uno y otro proceso; no coincide el medio de control bajo el cual se tramitan ni
la causa y objeto que se examina en ellos». Así mismo, se hace la claridad que el consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez había manifestado impedimento en el presente asunto, el cual fue declarado infundado
mediante providencia del 5 de febrero de 2026- índice 23 de Samai.
2 Folios 17-18 del expediente físico.

1
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01300-02 (0616-2025)
Demandante: Hernando Antonio Bustamante Triviño

3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] 2.- [...] el pago efectivo
[…] del monto total asignado legalmente de la parte de salario (30%), al igual que se le
reliquiden las prestaciones sociales sobre dicho porcentaje, el saldo restante de
cesantías 30%, todo ello, desde el año 2005 hasta el año 2007, inclusive3».

4. Además, «Que mediante acto administrativo se incluya el valor de los saldos
dejados de cancelar, durante los años descritos en la pretensión anterior, […]así como,
el pago proporcional adicional de las prestaciones sociales». No obstante, frente a
esta pretensión el demandante presentó desistimiento4.

Hechos que fundamentan la demanda

5. El actor prestó sus servicios en calidad de juez civil de circuito entre los años
2005 hasta el 20075.

Fundamentos de derecho

6. Para el abogado del demandante, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 13, 53, 150 y 189 de la Constitución Política; 14 de la Ley 4 de 1992.

7. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que los decretos expedidos
por el Gobierno nacional calificaron como prima especial el 30% de la
remuneración mensual, deduciéndolo del salario básico y no reconociéndolo
como un factor adicional.

Contestación de la demanda

8. Dentro de la oportunidad de ley, la Rama Judicial contestó la demanda 6 y se
opuso a las pretensiones, en razón a que la prima especial de servicios no
constituye factor salarial para liquidar las prestaciones sociales.

9. Finalmente, propuso como excepciones las de «legalidad de los actos
acusados», «ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y
cobro de lo no debido», y «prescripción trienal».

Sentencia de primera instancia

3 Transcripción literal del acápite de pretensiones.
4 Mediante providencia del 16 de octubre de 2024, el Tribunal de instancia aceptó el desistimiento parcial de

las pretensiones «se entienden desistidas las pretensiones de restablecimiento del derecho relacionadas
con las prestaciones sociales y cesantías solicitadas. Permanecen incólumes únicamente las relativas al
reconocimiento y pago del 30% del salario al que se le dio la denominación de prima especial de servicios
de que trata el artículo 14 de Ley 4ª de 1992, de conformidad con las razones expuestas en esta decisión»-
ver índice 44, gestión en otros despachos de Samai.
5 En los hechos de la demanda no se relacionó el agotamiento de la vía administrativa.
6 Folios 47-53 del expediente físico.

2
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Demandante: Hernando Antonio Bustamante Triviño

10. Mediante sentencia del 20 de noviembre de 20247, el Tribunal Administrativo
de Antioquia negó las súplicas de la demanda.

11. En primer lugar, el a quo analizó de oficio la excepción de cosa juzgada y
señaló que si bien existe identidad de partes, no hay identidad de objeto, en la
medida en que se demandan actos administrativos diferentes, así como el
restablecimiento del derecho respecto de años diferentes, por lo que declaró no
probada dicha excepción:

12. Al resolver el caso concreto, determinó que la petición fue radicada ante la
entidad el 28 de julio de 2014, lo que implica que se encuentran prescritos frente
a esta solicitud, las sumas causadas antes del 28 de julio de 2011, es decir, los
derechos laborales pretendidos de los años 2005 a 2007.

13. Asimismo, precisó que «La Sala no se pronunciará respecto a años posteriores
en los que el señor BUSTAMANTE TRIVIÑO haya ocupado el cargo de Juez, en razón
a que por los años 2009 y siguientes existe cosa juzgada al resolverse el asunto en el
proceso radicado 05001 33 31 701 2013 000 76 00, en los términos ya indicados. Aunado
a que en la demanda de la referencia de este proceso, el señor BUSTAMANTE TRIVIÑO
pidió el reconocimiento de sus pretensiones para los años 2005 hasta el año 2007
inclusive».

Recurso de apelación

7 Índice 48, gestión en otros despachos de Samai.

3
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01300-02 (0616-2025)
Demandante: Hernando Antonio Bustamante Triviño

14. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte actora la recurrió en
apelación.8

15. En su intervención, precisó que la presente demanda persigue el
reconocimiento y pago del reajuste salarial correspondiente al 30 % que, a su
juicio, dejó de percibir entre los años 2005 y 2007, así como de las sumas que
continuaron causándose posteriormente hasta la fecha en que se produzca un
acuerdo conciliatorio definitivo.

16. Asimismo, explicó que la sentencia proferida dentro del proceso con radicado
No. 05001-33-31-701-2013-00076-01 versó sobre un acto administrativo distinto
al aquí controvertido y que, como restablecimiento del derecho, únicamente
dispuso la reliquidación de cesantías y demás prestaciones sociales con
incidencia de la prima especial, sin ordenar el reconocimiento de un incremento
adicional equivalente al 30 % de la asignación salarial.

17. Finalmente, sostuvo que la petición presentada el 28 de julio de 2014
interrumpió la prescripción, razón por la cual, incluso en gracia de discusión, los
derechos reclamados debían reconocerse desde el 28 de julio de 2011 y hasta
el 1.º de agosto de 2021, fecha en la que culminó su vinculación como juez. En
consecuencia, afirmó que no procedía declarar prescritas la totalidad de las
pretensiones, sino reconocer aquellas correspondientes al periodo no afectado
por dicho fenómeno jurídico.

18. Finalmente, refirió que el Tribunal de instancia aplicó la prescripción en los
términos que señalaron las sentencias del 2 de septiembre de 2019 y 15 de
diciembre de 2020, proferidas por el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la
exigibilidad del derecho. Así las cosas, a partir de la ejecutoria de la sentencia del
29 de abril de 2014 que declaró la nulidad por inconstitucional de los decretos
anuales que consagraron la prima especial del 30% en los años de 1993 a 2007,
se debe contar el término prescriptivo, por ser de naturaleza declarativa.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

19. Por auto del 6 de febrero de 2026,9 se admitió el recurso de apelación de la
parte actora.

20. Las partes guardaron silencio.

21. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

8 Índice 50, gestión en otros despachos de Samai.
9 Índice 5 de Samai.

4
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Demandante: Hernando Antonio Bustamante Triviño

II. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

23. Le corresponde a la Sala determinar si el periodo objeto de reclamación se
circunscribe a los años 2005 a 2007 o si el Tribunal debió pronunciarse también
respecto de las anualidades posteriores durante las cuales el actor ejerció el
cargo de juez. Asimismo, deberá establecerse si el señor Hernando Antonio
Bustamante Triviño tiene derecho al reajuste de su asignación básica, al
considerar que esta fue reducida en un 30 % con ocasión de la inclusión de dicho
porcentaje como prima especial de servicios, o si, por el contrario, las
pretensiones se encuentran afectadas por la prescripción trienal, y además se
deberá determinar desde cuando procedía su exigibilidad.

24. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y el precedente jurisprudencial y 2. Caso concreto.

La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992

25. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial11 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir

10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de

junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».

5
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Demandante: Hernando Antonio Bustamante Triviño

del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

26. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno nacional desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de
abril de 201412 bajo el argumento de que «[d]e acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno
Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los
decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2°
de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar
los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al
haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como
para declarar su nulidad».

27. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 2019,13 respecto de la prima
especial de servicios determinó lo siguiente:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la fiscalía general de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100
% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que
había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen

Anaya De Castellanos (Conjuez).

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Demandante: Hernando Antonio Bustamante Triviño

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

28. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
11 de julio de 202314, 5 de septiembre de 202315, 5 de diciembre de 202316, 6 de
agosto de 202417 y 18 de diciembre de 202418.

29. En la misma línea, esta corporación mediante sentencia del 9 de abril de
202419, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos
proferidos entre los años 2008 y 2018. En efecto, bajo idéntico criterio, se insistió
en que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del
salario».

Hechos probados

30. Dentro del proceso se encuentra probado que el actor presta sus servicios a
la Rama Judicial como juez municipal y del circuito, así: del 5 de diciembre de
2002 al 11 de julio de 2013, y desde 18 de julio de 2013, sin que reporte retiro del
servicio hasta la fecha de la certificación.20

31. Que percibió desde un principio la remuneración mensual y las prestaciones
sociales por montos inferiores a los que tenía derecho, ya que la Administración
le restó la prima especial de servicios del 100% del salario, lo que arroja un 70%
de éste, y sobre ese 70% liquidó tanto el salario como las prestaciones sociales21.

32. Que el 28 de julio de 2014,22 la parte actora realizó petición a la entidad
demandada, solicitando el reajuste de la prima especial de servicios, de la cual
obtuvo respuesta negativa mediante los actos administrativos demandados.

Caso concreto

33. En el recurso de apelación, el demandante sostiene que sus pretensiones no
se encontraban limitadas al período comprendido entre 2005 y 2007, puesto que

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023.

Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.

Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
20 Folio 74 del expediente físico. Certificación del 30 de abril de 2019.
21 Folios 75-80 del expediente físico.
22 Ver Ref. folio 17 del expediente físico.

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Demandante: Hernando Antonio Bustamante Triviño

solicitó el reconocimiento de los derechos reclamados hasta la fecha en que se
alcanzara un acuerdo definitivo de pago. Asimismo, señala que, aunque
promovió un proceso anterior, en este únicamente se dispuso la reliquidación de
prestaciones sociales, sin que se emitiera pronunciamiento alguno respecto del
reajuste de la asignación básica.

34. Sobre el particular, la Sala observa que en el proceso de la referencia se
formuló como pretensión «[…] el pago efectivo […] del monto total asignado
legalmente de la parte de salario (30%), al igual que se le reliquiden las prestaciones
sociales sobre dicho porcentaje, el saldo restante de cesantías 30%, todo ello, desde el
año 2005 hasta el año 2007, inclusive». Igualmente, se advierte que el actor había
solicitado el reajuste de las prestaciones sociales; sin embargo, dicha pretensión
fue objeto de desistimiento, el cual fue aceptado por el Tribunal de primera
instancia mediante providencia de 16 de octubre de 202423.

35. Asimismo, se encuentra acreditado que en el expediente con radicado
0500133317012013000760024, el demandante solicitó: «2. […] cancelar la
asignación salarial ordenada en la Ley 4ª de 1992 en un 100% ya que a la fecha solo se
ha cancelado un 70% en aplicación directa del artículo 4º de los decretos reglamentarios
No 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 2012; hasta la fecha en que se ordene el
acto administrativo solicitado o hasta la fecha en que efectivamente se ocupe el cargo o
similar [...] 3. […] el pago efectivo […] del saldo restante de cesantías, 30% así como, se
ordene la reliquidación de todas las prestaciones sociales sobre la base del 100% del
salario ordenado por el gobierno Nacional, en los decretos No. 723 de 2009, 1388 de
2010, 1039 de 2011, reglamentarios de la Ley 4ª de 1992, por los años 2009, 2010, 2011,
2012, hasta la fecha en que se ordene el acto administrativo solicitado o hasta la fecha
en que efectivamente se ocupe el cargo o similar […]».

36. Mediante sentencia del 20 de noviembre de 201725, proferida por el Juzgado
31 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, se accedió a las
pretensiones de la demanda y ordenó

«CUARTO. CONDÉNESE a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, a título de restablecimiento del derecho, a realizar
reliquidación de las cesantías y demás prestaciones sociales reclamadas por el
demandante, sobre la base del 100% del salario devengado como juez de la
República, a partir del 18 de mayo de 2009 y mientras continúe desempeñándose
en el cargo como Juez».

37. Posteriormente, mediante sentencia complementaria del 16 de mayo de
2019, el Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, ordenó:

«PRIMERO: ADICIONAR la parte resolutiva de la providencia de primera instancia
de veinte (20) de noviembre de 2017, con un nuevo numeral, así:

23
Índice 44, gestión en otros despachos de Samai.
24 Ver folios 82-281 del expediente físico.
25 Folios 237-257 del expediente físico.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01300-02 (0616-2025)
Demandante: Hernando Antonio Bustamante Triviño

SÉPTIMO: CONDÉNESE a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, a título de restablecimiento del derecho, a realizar
reliquidación del salario del demandante, incluyendo e 30% de la prima de servicios
como factor salarial y prestacional, a partir del 18 de mayo de 2009 y mientras
continúe desempeñándose en el cargo como Juez».

38. Conforme a lo anterior, la Sala advierte que le asiste razón al a quo al señalar
que no era posible emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los períodos
posteriores al año 2009, contrario a lo señalado por el recurrente, por cuanto
estos ya fueron objeto de decisión en el proceso con radicado No.
05001333170120130007600, dentro del cual se accedió a las pretensiones de la
demanda y se ordenó, mediante sentencia del 20 de noviembre de 2017 y su
providencia complementaria del 16 de mayo de 2019, el reajuste salarial con la
inclusión del 30 % que había sido considerado como prima especial, así como la
reliquidación de las prestaciones sociales a partir del 18 de mayo de 2009 y
mientras el demandante continuara desempeñándose en el cargo de juez. En
consecuencia, dicha decisión hizo tránsito a cosa juzgada. A ello se suma que,
como ya se indicó, las pretensiones formuladas en el presente proceso se
limitaron a reclamar el reajuste correspondiente a los años 2005 a 2007. Distinto
es que, al comparar las pretensiones de ambos procesos, encontró que estas
recaían sobre períodos diferentes, razón por la cual no la declaró probada.

39. En cuanto a la prescripción esta Corporación ha sostenido, de forma
pacífica26, que el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se
reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó
primigeniamente la Ley 4ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha
de entrada en vigor del Decreto 57 de 1993. En consecuencia, en el presente
caso desde que fue vinculado al cargo de juez, el demandante pudo interrumpir
el fenómeno prescriptivo, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969, por lo que no le asiste razón al recurrente al señalar que dicho fenómeno
se cuenta a partir de la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014.

40. Según lo expuesto, si bien en principio, la parte demandante tendría derecho
a que se le paguen las diferencias salariales y prestacionales solicitadas, lo cierto
es que frente a los periodos de 2005 a 2007, conforme a las pretensiones de la
demanda, y haber presentado la petición ante la entidad demandada el 28 de
julio de 2014, los derechos reclamados se vieron afectados por el fenómeno
jurídico de la prescripción, como fue advertido por el Tribunal de instancia.

26 Para el efecto pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
25000-23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024.
Radicación: 170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.

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41. No obstante, dicho fenómeno no aplicó frente a la cotización al Sistema
General en Pensión, ya que está íntimamente relacionada con el restablecimiento
del derecho, por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible, no solo por la
naturaleza parafiscal de la misma, sino por la sostenibilidad del sistema 27, por lo
que procede su reconocimiento por el todo el tiempo reclamado por el
demandante (2005 a 2007), en el que laboró como juez de la República.

42. Por otro lado, se ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril
de 201428 que declaró la nulidad de los apartes de los decretos salariales emitidos
entre 1993 a 2007, que establecieron la prima especial creada por el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como una reducción del salario y no como un pago adicional
equivalente al 30% de aquel.

43. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) estarse a lo resuelto en la
sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, antes mencionada; y ii) revocar parcialmente la sentencia de primera
instancia para en su lugar declarar la nulidad del acto administrativo demandado
y declarar la prescripción, excepto para efectos pensionales y disponer el
restablecimiento del derecho frente a éstos.

Condena en costas

44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.

27 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
28 Proceso 11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07).

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46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

47. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que el recurso de apelación está siendo concedido parcialmente 29, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en
el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 29 de abril de 2014 dentro del
radicado 1001032500020070008700 (1686-07), de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. REVOCAR parcialmente la sentencia de primera instancia del 20
de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en
su lugar se dispone:

PRIMERO: Declarar la ocurrencia del silencio administrativo negativo,
derivado de la no respuesta de la entidad demandada, respecto del recurso de
apelación presentado por la parte actora.

SEGUNDO: Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMR-14-4544 del 20
de agosto de 2014 que negó el reajuste solicitado por el actor, y del acto ficto
o presunto que negó el recurso de apelación.

TERCERO: Declarar probada la excepción de prescripción de los derechos
reclamados por el demandante, con excepción de los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones (1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de
2007).

CUARTO. CONDENAR a la entidad demandada a reajustar y pagar los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones,
utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de la remuneración,
calculado sobre el total de la asignación básica fijada anualmente por el
Gobierno nacional para los servidores de la Rama Judicial, que serán

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Frente a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

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reconocidos desde 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007, de
conformidad con la ley.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Con aclaración de voto

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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