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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2016-01304-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2016-01304-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Id Documento: 05001233300020160130401270111270270 PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el ordinal tercero de la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2021 Por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual quedará así: «TERCERO: ORDENAR como medidas de amparo de los derechos colectivos conculcados, las siguientes: 3.1. La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA- deberá: a) Suspender inmediatamente todas las actividades que, desprovistas de los fundamentos técnicos y científicos suficientes, están interviniendo los ecosistemas fluviales en las zonas afectadas. con el objeto de prevenir una mayor degradación ambiental: b) Imponer a los responsables. a partir de la ejecutoria de esta providencia y en el marco de los procedimientos establecidos en la ley, las obligaciones correspondientes orientadas a prevenir, corregir, restaurar, compensar y reparar las alteraciones ambientales registradas. particularmente, para reconformar la franja forestal protectora del río Medellín, así como velar por el cumplimiento efectivo de las medidas respectivas. En todo caso, la conclusión de esas actividades no podrá exceder del término de un (1) año; y 149 "Artículo 38.- Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado. cuando /a acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, &juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar". 150 "Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2016-01304-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01304-01
Demandante: La Hacienda S.A.S.
Coadyuva: Juan Javier Giraldo Ramírez'
Demandados: Municipio de Girardota, Departamento de Antioquia - Secretaria de
Minas y Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -
Corantioquia-
Vinculados: Canteras de Colombia SAS., Cementos Argos S.A., Topco SA,
Mincivil S.A. y Área Metropolitana del Valle de Aburra -AMVA-
Referencia: Acción popular — recurso de apelación de sentencia
Tema: Deterioros ambientales por actividades de mineria y disposición
inadecuada de residuos en el cauce del río Medellín. Relación causal

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
con procesos de erosión y socavación de las márgenes del cuerpo
hídrico intensifican los desbordamientos e inundaciones.

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el MUNICIPIO
DE GIRARDOTA2 y por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CENTRO DE ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA3-, en contra de la sentencia de 14 de
septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia4.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

1 La sociedad La Hacienda S.A.S., actuando por conducto de su representante
legal, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la
Constitución Política y desarrollada por las leyes 472 de 19985 y 1437 de 20116,

Reconocido mediante providencia de 17 de junio de 2016 (folio 92 y ss.).
2 En adelante el MUNICIPIO
3 En adelante CORANTIOQUIA.
4 En adelante el Tribunal.
5 "Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones".
s "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
Demandante: La Hacienda S.A.S.
Demandados: Municipio de Girardota y otros.

presentó demanda' en contra del MUNICIPIO, del DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA - SECRETARIA DE MINAS8, y de CORANTIOQUIA, con miras a
obtener la protección de los derechos colectivos previstos en los literales a), b), c) y
I) del artículo 4.° de la Ley 4729.

2. Como fundamentos de hecho, la parte actora adujo:

21. Que desde 1994 en la vereda La Palma del municipio de Girardota, vienen
ocurriendo inundaciones como consecuencias de las obras hidráulicas que
CORANTIOQUIA ha permitido con el otorgamiento de licencias o planes de manejo
ambiental a las sociedades Mincivil S.A. Topco S.A. y Áridos de Antioquia S.A.

2.2. Aseguró que dichas actividades están generando daños ambientales,
estrechamiento del cauce y disminución en la capacidad hidráulica del Río,
inundaciones y situaciones de riesgo e indefensión para los habitantes de los
predios vecinos, entre otros impactos negativos, con lo cual se transgreden los
derechos colectivos invocados.

Relató que, por Resolución núm. 5847 de 27 de agosto de 1996, el
2.3.

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
DEPARTAMENTO otorgó el Título núm. 505 para la exploración de una mina para
materiales de construcción y oro en el municipio de Girardota a Áridos Antioquía
S.A., hoy Cantera de Colombia S.A S.

2.4.Aseguró que, mediante Resolución núm. 9808 de 4 de mayo de 1998,
modificada por las resoluciones núms. 11417 de 15 de enero y 12353 de 14 de
diciembre de 1999. el DEPARTAMENTO otorgó a la sociedad Topco S.A. la licencia
radicada con el núm. 4276, para la explotación de una mina de materiales de
construcción, ubicada en el municipio de Girardota.

2.5.Destacó que, sin embargo, el área que ocupa dicha licencia había sido
explotada anteriormente, motivo por el que CORANTIOQUIA, mediante Resolución
núm. 1464 de 16 de julio de 1997, impuso un plan de manejo ambiental conforme a
lo exigido por el Decreto 501 de 1995, siendo procedente llenar la inscripción de la
licencia en el Registro Minero Nacional.

2.6.Indicó que, por lo anterior, CORANTIOQUIA por acto administrativo núm. 3025
de 30 de agosto de 1999 impuso a Áridos de Antioquia S.A. y Topco S.A. diferentes
medidas preventivas orientadas a determinar las características de los jarillones
construidos, el impacto sobre los recursos naturales y las medidas para solucionar
los problemas de inundaciones en el sector del Paraje San Diego en Girardota.

Folios 1 y ss. y 96 y ss. del expediente de la referencia. Demanda presentada el 19 de mayo de 2016, y
reforma de la demanda presentada el 27 de junio de 2016 por Jaime Alberto Ortiz Franco en su calidad de
representante legal de la sociedad demandante, La Hacienda.
8 En adelante el Departamento.
9 Derechos colectivos relacionados con el goce a un ambiente sano, con la existencia del equilibrio ecológico
y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
restauración o sustitución, con la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y con la
moralidad administrativa.

Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
Demandante: La Hacienda S.A.S.
Demandados: Municipio de Girardota y otros.

27 Añadió que. por la Resolución núm. 13032 del 31 de agosto de 2000, el
DEPARTAMENTO aprobó el informe final de explotación y otorgó a la sociedad
Topco S.A. la licencia radicada con el núm. 4276.

28 Adujo que, posteriormente, mediante la Resolución núm. 013953 de 5 de marzo
de 2002, el DEPARTAMENTO aprobó la cesión de derechos del título minero 4276
perteneciente a Topco S.A. a favor de la Sociedad Obras Civiles y Minería de
Colombia S.A. — Mincivil S.A.

2 9.Señaló que, por acto administrativo núm.130 AN-1422 de 19 de febrero de 2003,
CORANTIOQUIA requirió a las sociedades Áridos de Antioquia y Topco S.A. para
que presentaran el complemento del estudio integral de ese sector, que en principio
había sido presentado el 14 de febrero de 2000, concediendo un término de 90 días
para su complementación.

210 Precisó que, mediante Resolución núm. 0092472 de 7 de mayo de 2010, el
DEPARTAMENTO aceptó la renuncia de Mincivil S.A. a la licencia 4276, otorgada
para la explotación de una mina de materiales de construcción, ubicada en el

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
municipio de Girardota, y ordenó el archivo de esta.

2.11 En relación con la escombrera El Trapiche, manifestó que el MUNICIPIO, por
Resolución núm. 895 de 24 de junio de 2013, autorizó su funcionamiento en favor
de Yenner Arley Flórez Uribe, para los predios identificados con números catastrales
00- 023- 001, matricula catastral 7463 y 00-023-002 matricula catastral 7457. en
lotes de concesión minera [CF- 14081 X.

2.12. Añadió que, seguidamente, el MUNICIPIO, por medio de Resolución núm.1410
de 17 de septiembre de 2014. autorizó a la compañía Restauración Ambiental El
Trapiche para el funcionamiento de la escombrera, por un período inicial de 84
meses en los predios ya referenciados de la Vereda La Palma.

2.13. Refirió que, para la fiscalización minera y el seguimiento y control ambiental, se
celebró el Convenio Interadministrativo 1505-72 entre el Departamento de Antioquia
y CORANTIOQUIA, en virtud del cual se realizó visita conjunta de control y
seguimiento el día 5 de noviembre de 2015 sobre el área del título GCAM-02
perteneciente a Mincivil S.A.

2.14. Aseguró que, en el informe técnico resultante de aquella visita, núm.160 AN-
1602-30599 de 8 de febrero de 2016, CORANTIOQUIA estableció que Mincivil S.A.
no hace uso del recurso hídrico ni realiza vertimientos, sino solo actividades de
explotación, ya que las actividades de beneficio mineral se realizan en el área del
título minero HGBH-01 (505), perteneciente a la misma sociedad. Indicó que en la
visita se reconoció la existencia de una escombrera y que, por ello, la Corporación
inició un proceso sancionatorio, requiriendo a Mincivil S.A. para que presentara el

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Demandante: La Hacienda S.A.S.
Demandados: Municipio de Girardota y otros.

plan de cierre y abandono del área del Contrato de Concesión núm. 456,
correspondiente a la mina oriental.

2.15. Por último, manifestó que CORANTIOQUIA. por Resolución núm.160AN-1604-
17978 de 20 de abril de 2016, impuso medida preventiva de suspensión de
actividades en contra de la sociedad Restauración Ambiental del Trapiche S.A.S.,
que por Resolución núm.160AN-1604-28615 de 28 de abril de 2016, inició proceso
sancionatorio ambiental y, por acto administrativo núm.160AN-1606-28795 de 3 de
junio de 2016 formuló cargos a esa sociedad.

3. Por lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

«1. Que las entidades del Estado protejan la vida de los vecinos de la Vereda San Diego
del Municipio de Girardota (Antioquia), evitando un daño contingente y restituyendo o
efectuando obras hidráulicas que corrijan la llanura de inundación del río Medellín.

2. Que como consecuencia de lo anterior, ordenen a las entidades públicas
demandadas a contratar la consultoría para la elaboración de los estudios y diseños
hidrológicos e hidráulicos del río Medellín. sector vereda San Diego del Municipio de
Girardota (Ant.), en los cuales se determine el nexo causal entre las obras hidráulicas
denominadas jarillones y los llenos realizados por la escombrera, para ocasionar las

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
inundaciones generadas por el río Medellín en la vereda San Diego del Municipio de
Girardota (Ant.), asociadas a períodos de retorno de 2.33,10, 25, 50 y 100 años.

3. Que así mismo, dichas entidades sean condenadas a contratar los diseños del detalle
de obras requeridas para mitigar el impacto generado que resultare del estudio, en caso de que lo
hubiese, y a contratar la construcción de las obras diseñadas para la mitigación de los
im pactos. [. ..]».

1.2. Actuación procesal en primera instancia

4. La magistrada sustanciadora del Tribunal, mediante autos de 17 de juniol° y 12
de septiembre de 201611, admitió la demanda y decidió vincular al proceso a las
sociedades Canteras de Colombia S.A.S., Cementos Argos S.A., Topco S.A.,
Mincivil S.A. y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-12 y descartó
expresamente la vinculación de Áridos de Antioquia. De tal modo, ordenó la
notificación y el traslado correspondiente a todos los integrantes de la parte
accionada para que contestaran, propusieran excepciones y aportaran y/o
solicitaran la práctica de las pruebas que consideraren pertinentes. Igualmente,
notificó al Ministerio Público, al Defensor del Pueblo y a la Agencia Nacional para la
Defensa Jurídica del Estado. Además, dispuso comunicar la acción de la referencia
a los miembros de la comunidad.

1° Ibid., folios 92 y ss. Providencia suscrita por la magistrada Yolanda Obando Montes.
11 Ibid., folios 128 y ss. Auto por medio del cual se admitió la reforma de la demanda presentada el 27 de junio
de 2016 (folios 96 y ss.), y se aclaró que la sociedad vinculada en lugar de Áridos de Antioquia S.A., era
Canteras de Colombia S.A.S. por cuanto aquella fue absorbida por esta.
-2 En adelante AMVA.

Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
Demandante: La Hacienda S.A.S.
Demandados: Municipio de Girardota y otros.

5. Mediante providencia de 26 de octubre de 201713, dicha Sala de Decisión negó
la medida cautelar solicitada por la parte demandante, consistente suspender los
derechos emanados de los títulos mineros otorgados en el municipio de Girardota.
Sin embargo, decidió ordenar a ese ente territorial:

«[. ..] -Que en conjunto con las demás entidades que resulten competentes en
materia de gestión de riesgo, que asuma o adopte de forma inmediata y en los
eventos en que sea necesario, las medidas de contingencia para evitar, tratar y
mitigar eventos de inundación presentadas en el área circundante al río Aburrá —
Medellín, en jurisdicción de dicho ente territorial, y en especial en las veredas San
Diego y la Palma, en límites con el municipio de Barbosa (Ant.), en razón del
peligro que ello puede representar para las comunidades allí asentadas, así como
los daños a los recursos naturales que vienen ocurriendo, y presente un reporte a
esta Corporación de los hallazgos obtenidos en razón de ello.

• Presentar un informe completo de los resultados del trámite que aduce, adelantó
con los diferentes entes gubernamentales a fin de obtener recursos necesarios
para efectuar estudios hidrológicos e hidráulicos que faciliten la determinación de
los instrumentos de mitigación a aplicar en razón de lo que ocurre, las obras de
protección a estructurar en los sitios puntuales en que se presentan riesgos de
desvío de cauce, invasión de llanura de inundación, y en general de cualquier
lugar en el río Aburrá — Medellín (en jurisdicción de ese municipio) que requiera

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intervención para la prevención y mitigación de riesgos por inundación y alteración
en el cauce»,

1.3. Contestaciones de la demanda e intervenciones

1.3.1. CORANTIOQUIA14 solicitó su desvinculación de la acción, para lo cual expuso
los siguientes argumentos:

6 Explicó que en el sector objeto de la Mis se realizaron obras hidráulicas
consistentes en jarillones, teniendo como responsables en su momento a las
sociedades Topco S.A. y Áridos de Antioquia S.A.; y que aunque no autorizó dichas
obras, éstas se encontraban en proceso de evaluación para establecer su viabilidad
ambiental.

7. Informó que expidió el acto administrativo núm. 3025 de 30 de agosto de 1999
con el fin de determinar las características de las obras, el impacto sobre el recurso
natural y las medidas para solucionar los problemas de inundaciones en el sector
del Paraje San Diego en Girardota. por lo que impuso una medida preventiva a las
sociedades ya involucradas, quienes interpusieron recurso de reposición contra
dicho acto, que fue resuelto negativamente en la Resolución núm. 3124 de 26 de
noviembre de 1999.

13 !bici., folios 788 y ss. Providencia suscrita por los magistrados Jairo Jiménez Aristizábal, Martha Cecilia Madrid
Roldán y Yolanda Obando Montes, ponente de la decisión.
Esa decisión nugatoria tuvo como fundamento que «No se logra acreditar que con la suspensión de los
derechos derivados de títulos mineros existentes en la zona de ocurrencia de tales hechos. se logre evitar un
perjuicio irremediable, pues hasta la fecha no existe un reporte claro de las causas que originan los daños que
fundamentan la acción, o quiénes resultarían directamente responsables de estas (si son en realidad títulos
mineros), pues para ello es necesario que se lleve a cabo la actividad probatoria del proceso, a partir de las
solicitudes de las partes y si hubiere lugar a ello las decisiones oficiosas del juez».
14 Ibid., folios 264 y s.s. Documento suscrito por el abogado Henry Pérez Galeano.

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Demandante: La Hacienda S.A.S.
Demandados: Municipio de Girardota y otros.

8. Relató que mediante acto administrativo núm. 130 AN-1422 de 19 de febrero de
2003, requirió a las sociedades investigadas para que presentaran el complemento
del estudio integral del sector afectado.

9. Manifestó que con ocasión del Convenio Interadministrativo núm. 1505-72,
celebrado con el Departamento de Antioquia, realizó visita conjunta de control y
seguimiento el 5 de noviembre de 2015 sobre el área del título núm. GS AM-02
perteneciente a Mincivil S.A, cuyos resultados se consignaron en el informe técnico
núm. 160 AN- 1602-30599 de 8 de febrero de 2016, en el que se estableció que la
sociedad no hace uso del recurso hídrico y tampoco efectúa vertimientos, puesto
que en el área solo se ejecutan actividades de explotación; además, evidenció el
funcionamiento de una escombrera, por lo que inició un proceso sancionatorio en el
que requirió a la empresa para que presentara el plan de cierre y abandono del área
del contrato de concesión núm. 456, correspondiente a la mina oriental.

lo. Agregó que, por medio de la Resolución núm. 160AN-1604-17978 de 20 de abril
de 2016, impuso medida preventiva en contra de la sociedad Restauración
Ambiental El Trapiche S.A.S., y, posteriormente, mediante las resoluciones núms.

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
160AN-1604-28615 de 28 de abril y 160AN-1606-28795 de 3 de junio de 2016, le
inició un proceso sancionatorio ambiental y le formuló cargos.

ii Por lo anterior, propuso las excepciones de: «falta de legitimación por pasiva»,
«sujeción de Corantioquia a las funciones señaladas en la ley 99 de 1993»,
«competencia de los municipios respecto de la regulación, autorización, operación,
control y vigilancia de los llenos de tierra "escombreras"», «competencia de los
entes territoriales en materia de prevención y atención de desastres», «competencia
de los municipios en el ordenamiento de su territorio» y «los accionantes tienen la
carga de la prueba respecto de la vulneración de los derechos colectivos
invocados».

1.3.2. El Departamento de Antioquial5 solicitó denegar las pretensiones de la
demanda con fundamento en lo siguiente:

12 Afirmó que su Secretaría de Minas no vulneró los derechos colectivos, pues su
actuar siempre ha estado ajustado a la Constitución; y que, por el contrario, los
titulares de las licencias o contratos son los eventualmente responsables por la
actividad desarrollada en el ejercicio de derechos derivados de los títulos mineros.

13. Indicó que mediante Resolución núm. 5847 de 27 de agosto de 1996 otorgó
licencia núm. 505 para la exploración de una mina para materiales de construcción
y oro en el municipio de Girardota a la sociedad Cantera de Colombia S.A.S.

15 Ibid., folios 164 y ss. Documento suscrito por el abogado Jorge Winston Cardona
Navarro.

Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
Demandante: La Hacienda S.A.S.
Demandados: Municipio de Girardota y otros.

14. Explicó que, en apoyo a la fiscalización del título 505, el consorcio HGC realizó
las actividades de revisión documental e inspección de campo, elaboró informes de
fiscalización integral y, en consecuencia, expidió conceptos técnicos contenidos en
los antecedentes administrativos del desarrollo y trámite de la historia o memoria
descriptiva del título minero.

15.Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y
«ausencia del nexo causal para demandar al Departamento de Antioquía».

1.3.3. El MUNICIP1016 explicó que no tiene competencia para autorizar el desarrollo
de actividades de minería en su territorio.

16 Llamó la atención sobre la necesidad de que se demuestre de manera concreta
y puntual lo que cada entidad está realizando y la forma en que ello vulnera los
derechos colectivos invocados.

17 Reconoció que expidió la Resolución núm. 895 de 24 de junio de 2013, por la
cual autorizó el funcionamiento de la escombrera «Restauración Ambiental El
Trapiche S.A.S.». Sin embargo, ante su operación, puntualizó que el 5 de abril de

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
2016, CORANTIOQUIA inició proceso sancionatorio mediante acto administrativo
núm. AN-4201617 y el 3 de junio del mismo año formuló cargos a aquella sociedad
por acto administrativo núm. 1606-28795.

18. Adujo que no se le atribuyó acción u omisión concreta por la vulneración de los
derechos colectivos, por lo cual, los titulares de las licencias y contratos en la vereda
de San Diego son los eventualmente responsables por la actividad desarrollada en
el ejercicio de derechos derivados de dichos instrumentos.

19 Propuso las excepciones que denominó: «incongruencia de la demanda»,
«inexistencia de solidaridad», falta de legitimación en la causa por pasiva,
«inexistencia de violación o amenaza de los derechos colectivos invocados, por
parte del municipio de Girardota», «no hay acto alguno del municipio que contraríe
la moralidad administrativa» y «tampoco se violan por parte del municipio los
derechos al patrimonio público o a un ambiente sano».

1.3.4. Las sociedades Mincivil S.A. y Topco S.A.17 informaron que las causas de
las inundaciones son múltiples, por lo cual, no es posible afirmar que son
consecuencia de las actividades industriales mineras que realizan.

20. Explicaron que en el área del título minero núm. 456 no existe ni ha existido
escombrera, pues la operación de la escombrera El Trapiche fue autorizada a un
tercero y funciona en terrenos que no son propiedad de Mincivil S.A., por lo que
negaron que estén llenando unos pits resultantes de la actividad minera, con
residuos de rellenos sanitarios que se están depositando en el Río.

16 !bid., folios 463 y ss. Documento suscrito por la abogada Marcela Tamayo Arango.
17 ibid., folios 410 y ss. Documento suscrito por el abogado Gabriel Jaime Martinez cárdenas.

Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
Demandante: La Hacienda S.A.S.
Demandados: Municipio de Girardota y otros.

21. Mencionaron que la escombrera El Trapiche fue autorizada por el MUNICIPIO
mediante la Resolución núm. 895 de 24 de junio de 2013 en favor Yenner Arley
Flórez Uribe, para los predios identificados con números catastrales 00-023-001 -
matrícula catastral 7463 y 00-023-002 - matrícula catastral 7457, en lotes de
concesión minera LCF-14081 X. los cuales no son propiedad de Mincivil y de los
que no es concesionaria.

22 Añadieron que, por medio de Resolución núm. 1410 de 17 de septiembre de
2014, el MUNICIPIO concedió autorización para el funcionamiento de la escombrera
El Trapiche a la compañía Restauración Ambiental El Trapiche, por un período
inicial de 84 meses en los predios ya referenciados de la vereda La Palma.

23 Indicaron que, por Resolución núm. 0092472 de 7 de mayo de 2010, el
DEPARTAMENTO aceptó la renuncia de Mincivil S.A. respecto a la licencia 4276,
otorgada para la explotación de una mina de materiales de construcción, ubicada
en el municipio de Girardota.

24 Explicaron que una vez otorgado el titulo minero núm. 4276 realizaron obras de

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
protección con jarillones, las cuales fueron autorizadas en su momento por la
autoridad ambiental; sin embargo, mediante acto administrativo núm. 3025 de 30 de
agosto de 1999, CORANTIOQUIA suspendió la construcción de los jarillones.

25. Propusieron las excepciones que denominaron: «cosa juzgada»18, «Las
compañías MINCIVIL S.A. y TOPCO S.A. no han ocasionado agravio, amenaza o
vulneración de derechos colectivos a que se contrae la presente acción popular con
ocasión de las actividades propias de la industria minera que realizan en el
municipio de Girardota» y «Licitud de las actividades mineras que desarrolla la
compañía MINCIVIL S.A. en el municipio de Girardota».

1.3.5. La sociedad Cementos Argos S.A.19 manifestó que no es responsable de la
amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados, dado que no realiza
actividad alguna cerca al río Medellín y tampoco ha construido jarillones en las
veredas La Palma y San Diego del municipio de Girardota.

26. Explicó que junto con Áridos de Antioquia S.A. y Canteras de Colombia SAS.,
son personas jurídicas diferentes, por lo que precisó que para considerarlos
responsables frente a los hechos y omisiones de la demanda es necesario encontrar
un factor de atribución de responsabilidad respecto de cada una de ellas, sin que la
eventual responsabilidad de una de ellas comprometa objetivamente la
responsabilidad de las demás.

18 !bid., folio 417. El abogado informó que en el marco de la acción popular N.' 05308-31-03-001-2005-00616-
00, el Juzgado Civil del Circuito de Girardota, en el año 2009, emitió sentencia mediante la cual absolvió a la
sociedad MinCivil S.A. de los cargos que guardan relación con los hechos y derechos que se relatan en el
presente caso.
19 Ibid., folios 480 y ss. Documento suscrito por el abogado Daniel Arango Perfetti.

Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
Demandante: La Hacienda S.A.S.
Demandados: Municipio de Girardota y otros.

27. Adujo que no ha ejercido actos de señor y dueño en los predios objeto de la
controversia: y que, por el contrario, desarrolló actividades de apoyo a favor de
Canteras de Colombia S.A.S. en algunos procesos logísticos para la elaboración de
estudios asociados a la obtención de autorizaciones ambientales y para la gestión
social, sin que ello implique desconocer la titularidad de dicha empresa sobre el
Título núm. 505.

28. Propuso las excepciones de ausencia de legitimación en la causa por pasiva e
«inexistencia de acciones u omisiones que vulneren derechos o interés colectivos»:
la primera, porque la demanda no dirige ninguna pretensión en su contra; y, la
segunda, porque no posee ningún título minero en la zona y su actuación no tiene
relación alguna con los factores denunciados como transgresores de los derechos
colectivos invocados.

1.3.6. Canteras de Colombia S.A.S.2° explicó que es una persona jurídica distinta
de las otras dos empresas accionadas, pero que junto con Áridos de Antioquia S.A.
han adelantado actividades mineras en las veredas San Diego y La Palma del
municipio de Girardota, amparadas con títulos mineros debidamente obtenidos.

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
29. Puntualizó que la licencia de exploración fue inicialmente otorgada a Áridos de
Antioquia S.A. en 1996; que, posteriormente, en virtud de la fusión por absorción
con ésta, en 2009 dicha licencia quedó a su nombre; y que en la actualidad no
adelanta actividades de explotación minera en el área objeto del Título 505, en la
medida en que no cuenta con el programa de trabajos y obras ni con la licencia
ambiental correspondiente.

30 Reconoció que Áridos de Antioquia S.A. sí construyó jarillones al margen del
río Medellín, pero, tras la absorción de esa sociedad, no ha construido obras de este
tipo, sino que ha conservado las existentes como medida lícita e idónea de
protección de los bienes y personas ubicados en las inmediaciones de los títulos
mineros que aún conserva.

31 Sostuvo que la construcción de los jarillones no son la causa directa de las
inundaciones en la vereda San Diego, sino que, por el contrario, estas barreras
pretenden evitar los desbordamientos del río Medellín, los cuales tienen
multiplicidad de causas.

32. Indicó que no adelanta actividades de recepción ni disposición de escombros
en predios aledaños al río Medellín.

33 Propuso las excepciones: de ausencia de legitimación en la causa por pasiva,
pues Canteras de Colombia S.A.S. ha desarrollado sus actividades con estricto
apego a las normas ambientales y mineras vigentes; de «cumplimiento de la
normatividad vigente», pues en 2015 la Secretaría de Minas del DEPARTAMENTO

20 !bid., folios 509 y ss. Documento suscrito por el abogado
Daniel Arango Perfetti.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
Demandante: La Hacienda S.A.S.
Demandados: Municipio de Girardota y otros.

visitó el sector y concluyó que la situación era «técnicamente aceptable»: y de
«inexistencia de nexo causal - causa extraña», pues la construcción de los jarillones
ostentan una causalidad insignificante en la problemática del río Medellín, debido a
que si no existieren, de igual modo las inundaciones -como factor ambiental
imprevisible- se seguirían presentando.

1.3.7. El AMVA optó por guardar silencio en esta etapa procesal.

1.4. Audiencia de pacto de cumplimiento

34 La magistrada a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 15 de
marzo de 201821, declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de
la Ley 472, en tanto que no se propuso fórmula de pacto de cumplimiento.

11. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

35. El Tribunal, mediante sentencia de 14 de septiembre de 202122 , encontró

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
demostrada la afectación de los derechos colectivos a la prevención de desastres
técnicamente previsibles y al ambiente sano, porque no se han realizado estudios
necesarios para identificar y remediar los procesos de erosión y socavación, las
inundaciones ni los impactos de las actividades realizadas en las veredas San Diego
y La Palma del municipio de Girardota en relación con el comportamiento hidrológico
del río Medellín y, en lugar de eso, la autoridad ambiental ha venido permitiendo
factores de presión del ambiente al autorizar diversas intervenciones y actividades
industriales en la zona. Esta conclusión se fundamentó en las siguientes
apreciaciones:

36 Del análisis del material probatorio, observó que en la zona objeto de la
demanda se han adelantado diferentes tipos de intervenciones como la extracción
de materiales de construcción, la edificación de jarillones en el cauce del río y
actividades escombreras. Adicionalmente, evidenció que «desde hace mucho
tiempo» se presentan inundaciones que afectan los predios ribereños, las cuales
son de pleno conocimiento de las autoridades.

37. No obstante, aseguró que no hay prueba de que las licencias ambientales,
autorizaciones y permisos emitidos por CORANTIOQU1A, ni que la actividad de

' 1 Ibid., folios 830 y s.s. Acta de la audiencia suscrita por la magistrada sustanciadora de la Sala Tercera de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, Yolanda Obando Montes, por Jaime Alberto Ortiz Franco,
representante legal de La Hacienda S.A.S., por Juan Javier Giraldo Ramírez, coadyuvante de las pretensiones,
por Jorge Winston Cardona Navarro, apoderado de la Gobernación Departamental de Antioquia, por Daniel
Arango Perfetti, apoderado de Canteras de Colombia S.A.S. y Cementos Argos S.A., por Gabriel Jaime
Martínez Cárdenas, apoderado de Mincivil S.A. y Topco S.A., por Wilson Aguilar Román (sustituto de Henry
Pérez Galeano). apoderado de Corantioquia, por Marcela Tamayo Arango, apoderada del municipio de
Girardota, por Héctor Manuel Hinestroza Álvarez, procurador 1.° Agrario y Ambiental de Antioquia, por María
Luisa Toro Vásquez, representante legal de Canteras de Colombia S.A.S. y Cementos Argos S.A., y por la
auxiliar judicial, María Auxy Tirado Bula.
22 Ibid., folios 1059 y ss. Providencia suscrita por los magistrados Jairo Jiménez Aristizábal. Andrew Julián
Martínez Martínez y Martha Nury Velásquez Bedoya, ponente de la decisión.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
Demandante: La Hacienda S.A.S.
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escombreras o su autorización por parte del MUNICIPIO hayan desconocido el
ordenamiento ni que sean la causa eficiente de las inundaciones.

38. Argumentó que pese a estar demostrado que la operación de la escombrera
infringió la norma ambiental por una serie de irregularidades allí advertidas, ello no
significa que los actos administrativos por los cuales se autorizó su funcionamiento
hayan sido la causa de las inundaciones, pues la escombrera inició su
funcionamiento en 2013, empero aquellas datan de hace más de 20 años.

39. Reconoció que las actividades de minería y escombreras vienen ejerciendo
presión sobre el territorio y que «pueden contribuir con el menoscabo de las
condiciones ambientales de la zona». Sin embargo, advirtió que las inundaciones
responden a múltiples causas, naturales y antrópicas, como lo son las
características de la zona, la ubicación de predios en la llanura de inundación del
Río, la deforestación, el cambio de uso del suelo en el Área Metropolitana, la
canalización del Río, el crecimiento y desarrollo urbanístico de Medellín, el trasvase
de cuencas, entre otros.

ao. Mencionó que CORANTIOQUIA inició procedimientos contravencionales en

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
contra de Áridos de Antioquia, Topco S.A. y Triturados Medellín por la construcción
de jarillones en el cauce del Río. Desde el 2000 la autoridad ambiental requirió a
dichas sociedades para que identificaran técnicamente el impacto de la minería y
los jarillones sobre el Río y las inundaciones, sin que a la fecha haya cumplido, por
lo que concluyó que «no hay claridad causal, aunque si se reconoce su incidencia».

41. Precisó que aunque desde 1999 CORANTIOQUIA ha iniciado diversas
actuaciones tendientes a fiscalizar las intervenciones del Río, no se evidencia la
conclusión del procedimiento administrativo adelantado contra Áridos de Antioquia,
Topco y Triturados de Medellín, pues dicha actuación «se frenó» con ocasión de la
demanda presentada contra los actos administrativos que formularon
requerimientos. No obstante, reprochó que ello no es óbice para suspender el
ejercicio de su función, pues los actos no fueron suspendidos.

42. Consideró inadmisible que CORANTIOQUIA, al evidenciar una posible
afectación de las condiciones del río, luego de más de 20 años aun desconozca los
impactos de las intervenciones sobre el comportamiento del Río y las inundaciones
presentadas, pese a lo cual expidió el acto administrativo núm. 160AN- RES1704-
1901 de 20 de abril de 2017, en el que otorgó permiso de ocupación del cauce para
aumentar el tamaño de los jarillones construidos por Áridos de Antioquia, hoy titular
Canteras de Colombia, sin que se hubiesen adelantado los estudios.

43. Advirtió que en el proceso se demostró la necesidad imperiosa de preservar la
cobertura vegetal de la ribera del Río, frente a lo cual la autoridad ambiental no
desplegó las acciones correspondientes y, por el contrario, recomendó a los
propietarios de la zona la construcción de barreras para protegerse de las

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Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
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inundaciones, aun sin saber los impactos que tales barreras podrían ocasionar a la
dinámica del cuerpo hídrico.

44. En síntesis, el Tribunal censuró que CORANTIOQUIA reconozca la necesidad
de hacer estudios de impacto, pero, a la vez, autorice otras intervenciones sin
disipar dudas sobre la inocuidad de estas.

45. Evidenció el conocimiento de la posible afectación al ambiente por las
actividades ejercidas que generan situaciones de riesgo en relación con el
comportamiento del Río, lo que se puede traducir en desastres técnicamente
previsibles.

46 Consideró que el MUNICIPIO, pese a su papel fundamental en materia de
gestión de riesgo, no adelantó las medidas necesarias para estudiar y dimensionar
el riesgo y definir las acciones de mitigación correspondientes.

47. Indicó que las intervenciones de las sociedades mineras tampoco inciden en el
comportamiento del Río ni son la causa de las inundaciones, pero además precisó
que: i) frente a la Escombrera El Trapiche no podía emitirse pronunciamiento alguno

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
pues no fue vinculada al proceso; ii) aunque Áridos de Antioquia construyó los
jarillones, tampoco fue vinculada; iii) pese a que Canteras de Colombia detenta el
título minero 505, no desarrolla actividades mineras en el predio; iv) Cementos
Argos no está desarrollando directamente actividades en la zona; y) los títulos
mineros 456 y 525 de Mincivil están ubicados lejos de la ladera del Río; y vi)
actualmente Topco no desarrolla actividades en la zona.

48. Adujo que los jarillones pueden generar presiones sobre la parte contraria del
Río al provocar mayor energía, lo que repercute en la orilla contraria y la hace más
vulnerable. Sin embargo, reiteró que no se cuenta con estudios de modelación que
permitan definir si dichas obras son la causa de las inundaciones.

49. Por todo lo anterior, el Tribunal resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la amenaza de los derechos colectivos a la prevención
de desastres técnicamente previsibles en concordancia con el derecho al
ambiente sano, por los hechos ocurridos en las veredas San Diego y La Palma del
Municipio de Girardota, relacionados con procesos de erosión, socavación e
inundaciones en el Río de Medellín.

SEGUNDO: Revocar la medida cautelar dispuesta en el auto del 26 de octubre de
2017

TERCERO- ORDENAR:

• A cargo del Municipio de Girardota realizar los estudios de condiciones
hidrológicas, hidráulicas y demás pertinentes que evalúen el riesgo y determinen
específicamente las medidas a ejecutar para atender los procesos de erosión.
socavación y riesgos de inundación. Estos estudios deben evaluar el impacto de
los jarillones sobre el comportamiento hidráulico del río. El correspondiente

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Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
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estudio técnico deberá realizarse dentro de un término no superior a cuatro (4)
meses, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia.

En un término no superior a seis (6) meses. contados a partir del cumplimiento del
plazo anterior, la entidad territorial deberá iniciar la ejecución de las medidas que
los estudios determinen como necesarias en sus territorios para garantizar la
protección de los derechos colectivos objeto de la presente acción.

• A cargo de CORANTIOQUIA, en desarrollo de los principios de solidaridad,
coordinación, concurrencia y subsidiaridad positiva, se ordena: i) apoyar a los
municipios en la implementación de los procesos de gestión de riesgo y en los
estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo; en específico.
deberá apoyar los estudios hidrológicos para la determinación de los impactos de
los jarillones y actividades industriales en la zona, sobre el comportamiento del rio,
y ii) realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de
desastres, en coordinación con los municipios, así como las autoridades
competentes; asistiéndolas en aspectos medio ambientales en la prevención y
atención de emergencias y desastres.

• A cargo de CORANTIOQUIA, en un término no superior a 2 meses, continuar los
procedimientos administrativos iniciados, en uso de sus facultades legales, a
efectos de verificar las intervenciones a través de jarillones y los impactos de éstas
sobre el río, culminar los mismos y verificar el estado de cosas en la zona objeto
de la litis. Los estudios y conclusiones dentro de este procedimiento servirán de

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
insumo para la autoridad territorial y la toma de decisiones a la que se refiere los
numerales anteriores.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.

QUINTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de la
sentencia, de conformidad con el artículo 34 de la ley 472 de 1998, en el cual
participarán los actores populares, un representante del MUNICIPIO DE
GIRARDOTA, un representante de CORANTIOQUIA y el PROCURADOR
DELEGADO EN TEMAS AGRARIOS Y AMBIENTALES, quienes deberán rendir
informe a esta Corporación dentro de los 4 meses siguientes sobre las gestiones
realizadas para el cumplimiento de la sentencia. [ ]».

III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

111.1. CORANTIOQUIA23 adujo que demostró el cabal cumplimiento de sus
obligaciones de protección ambiental frente a las intervenciones que se realizan en
la vereda San Diego del municipio de Girardota y ejerció todas las actividades que
le correspondían de conformidad con las funciones asignadas por la normativa,
como lo evidencian los convenios, visitas de verificación, procesos sancionatorios,
medidas preventivas, actos administrativos y demás actividades.

50. Aseveró que el Tribunal desconoció la normativa que rige el manejo de
escombreras en el país y, por lo tanto, pasó por alto que el MUNICIPIO es al que le
asiste, con apoyo de las autoridades de policía, la función coercitiva de evitar que
una vez se agote el sitio de la escombrera se continúe con su explotación.

" :-3 !bid., folios 1100 y ss. Documento suscrito por la abogada Olga Patricia Giraldo
castaño.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
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51. Afirmó que no le corresponde el control de la actividad minera, la cual es del
resorte del DEPARTAMENTO, a través de la Secretaría de Minas, al que le
corresponde otorgar los títulos mineros, así como su control, fiscalización y cierre;
asimismo, de acuerdo con el Código de Minas, también son autoridades mineras la
Agencia Nacional de Minería -ANM- y el Ministerio de Minas y Energía.

52 Precisó que el MUNICIPIO y los explotadores mineros, -que son los que
directamente causan los impactos-, deben acometer las obras de mitigación.

53 Mencionó que la prueba pericial del proceso no contiene aspectos o
afirmaciones que impliquen o la comprometan como responsable de la afectación a
los derechos colectivos; antes bien, las declaraciones de su testigo técnica, la
ingeniera Gloria Patricia Restrepo Cuervo, dan cuenta que ha cumplido cabalmente
con todas sus obligaciones.

111.2. El MUNICIPI024 sostuvo que la Secretaría de Minas del DEPARTAMENTO fue
la que otorgó las licencias de explotación minera y que el control ambiental
respectivo estaba a cargo de CORANTIOQUIA, lo que evidencia una ausencia de
imputación jurídica del daño o, en su defecto, una falta de legitimación en la causa

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
por pasiva, material o sustancial en lo que le respecta.

54. Explicó que no hay prueba de que la violación de los derechos colectivos le sea
imputable porque, en virtud de lo anteriormente expuesto, son aquellas entidades
las que deben intervenir y, en caso de violación a la normatividad ambiental,
imponer las medidas preventivas y adelantar los procedimientos administrativos
sancionatorios del caso.

55 Aclaró que, a través de su Subsecretaría del Medio Ambiente, autorizó a la
compañía Restauración Ambiental El Trapiche para la escombrera. Sin embargo.
adujo que en el expediente se observan una serie de hechos y conductas que tienen
origen en las actividades de explotación minera y que no le resultan imputables.

56. Insistió en que carece de competencia para otorgar licencias de explotación
minera y que, por lo tanto, no otorgó las licencias objeto de debate, así como
tampoco ha omitido el cumplimiento de las obligaciones a cargo, pues realizó las
intervenciones que se encontraban a su alcance.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

57. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en segunda instancia,
mediante auto de 8 de febrero de 202225 y conforme al artículo 322 del CGP, admitió
los recursos de apelación presentados por el MUNICIPIO y CORANTIOQUIA.

Ibid.. folios 1113 y ss. Documento suscrito por el abogado José A. Fernández Gómez.
!bid., Registro N.' 4 de 8 de febrero de 2022. Documento denominado:
"AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACIO 111(pdt) NroActua 4".

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Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
Demandante: La Hacienda S.A.S.
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58. Mediante providencia de 21 de abril de 202326, el Despacho decidió oficiar a
CORANTIOQUIA, al MUNICIPIO y al DEPARTAMENTO para que allegaran sendos
informes, junto con los soportes respectivos, de las actividades que. en ejercicio de
sus competencias, han desarrollado sobre el objeto del proceso con posterioridad a
2019. En virtud de dicho requerimiento, las autoridades mencionadas presentaron
los memoriales y documentos correspondientes'.

59. En ejercicio de su derecho de contradicción, las sociedades Mincivil S.A. y
Topco S.A., por conducto de su apoderado judicial, manifestaron que los medios de
convicción incorporados al proceso «confirman que la decisión de la primera
instancia se sustentó de manera adecuada desde el punto de vista fáctico, y en
nuestro entender, desde el punto de vista jurídico»28.

so Finalmente, mediante auto de 12 de julio de 202329, el Despacho ordenó que se
corriera traslado a las partes para que alegaran de conclusión, y que se informara al
Ministerio Público que se encontraba habilitado para emitir concepto en la presente
causa hasta antes de que el proceso ingresara al despacho para emitir sentencia. Las
siguientes fueron las manifestaciones presentadas por los sujetos procesales:

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
IV.1. Las compañías Cementos Argos S.A. y Canteras de Colombia S.A.S. -hoy
Concretos Argos S.A.- solicitaron39 que se confirme la sentencia de primera
instancia, para lo cual manifestaron que las autoridades recurrentes no cuestionaron
las conclusiones a las que llegó el Tribunal en torno a las causas de las
inundaciones en las zonas afectadas, ni frente a su falta de injerencia en la
afectación de los derechos colectivos amparados, por lo que el pronunciamiento en

2'3 !bid. . Registro N.° 24 "Actuación: Auto para mejor proveer", "Anotación/detalle: ORDENA PRUEBAS DE
OFICIO. Documento firmado electrónicamente por:ROBERTO AUGUSTO SERRA TO VALDES fecha firma:Apr
24 2023 8:02AM". Documento denominado "AUTOPARAMEJORPROVEER(pdf) Nro Actua 24".
Ibid., Municipio de Girardota: Registro N.' 33 de 12 de mayo de 2023. "Actuación: RECIBE MEMORIALES
POR CORREO ELECTRONICO", "Anotación/detalle: CGQ- Memorial con informe suscrito por Diego Armando
Agudelo Torres, Alcalde municipal de Girardota en 850 folios más carpeta de anexos".
!bid., Corantioquia: Registro N.° 33 de 12 de mayo de 2023. "Actuación: RECIBE MEMORIALES POR
CORREO ELECTRONICO", "Anotación/detalle: LCV - Se recibe memorial con contestación suscrito por Olga
Patricia Giraldo, apoderado de Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORPOANTIOQUIA
en 5 folios mas una carpeta en formato winrarzip".
Ibid., Gobernación de Antioquia: Registro N.' 36 de 18 de mayo de 2023. "Actuación: RECIBE MEMORIALES
POR CORREO ELECTRONICO", "Anotación/detalle: CGQ- Memorial COI) respuesta al requerimiento suscrito
por Jorge Alberto Jaramillo Pereira, Secretario de Minas de la Gobernación de Antioquia en 50 folios".
28 !bid., Registro N.' 45 de 29 de mayo de 2023. "Actuación: RECIBE MEMORIALES POR CORREO
ELECTRONICO". "Anotación/detalle: JTCM - Memorial desconiendo traslado suscrito por Gabriel Jaime
Martínez Cárdenas como apoderado de las sociedades Mincivil S.A. y Topco S.A en 5 folios". Documento
denominado "227 050012333000201601304012RECIBEMEMORIAL20230529112241.pdr.
29 !bid., Registro N.° 47 "Actuación: Auto que corre traslado para alegar", "Anotación/detalle: HGFCORRE
TRASLADO PARA ALEGAR DE CONGLUSIóN . Documento l'intuido electrówcwrIentu pur:ROBERTO
AUGUSTO SERRATO VALDES fecha firma:Jul 13 2023 2:29PM". Documento denominado
"AUTOQUECORRETRASLADOPARAALEGAR (.00 NroActua 47'.
3° !bid., Registro N.° 54 de 28 de julio de 2023. "Anotación/detalle: JRB-Metnorial con alegatos de conclusión
remitido por Daniel Arango Perfetti en su calidad de apoderado de la Sociedad Cementos Argos S.A.. en 11
folios". Documento denominado:
"234_050012333000201601304011REC1BEMEMORIAL20230728160227.pdf , suscrito por el abogado Daniel
Arango Perfetti.

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segunda instancia deberá ceñirse a los reparos y conductas alusivos a
CORANTIOQUIA y el MUNICIPIO.

61 Adujeron que: i) Áridos -absorbida por Canteras- (hoy Concretos Argos SA) solo
construyó jarillones en la vereda San Diego, mas no en La Palma; ii) las actividades
mineras desarrolladas por esas entidades están amparadas por el Título minero 505
debidamente obtenido; iii) Canteras no ha construido nuevos jarillones, sino que ha
conservado los existentes como una medida lícita e idónea para proteger bienes y
personas alrededor el Título 505; iv) los jarillones construidos por Canteras al
margen de la quebrada La Máquina fueron objeto de conocimiento y autorización
por la autoridad ambiental; v) las inundaciones tienen diferentes causas, dentro de
las cuales los jarillones «son virtualmente insignificantes»; y vi) con o sin jarillones
seguirán presentándose inundaciones.

IV.2. Las compañías Topco S.A. y Mincivil S.A. solicitaron31 confirmar la sentencia
apelada, dado que los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentaron se
mantienen vigentes.

62 Indicaron que los argumentos expuestos por los apelantes no controvierten la

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
conclusión del Tribunal, según la cual sus comportamientos no generan la
afectación de los derechos colectivos amparados.

63 Explicaron que Mincivil S.A., aunque se encuentra amparada por los títulos
mineros 456 y 425. no realiza actividades industriales cerca del río Aburrá; que en
la zona ya existían unos jarillones construidos por Triturados Medellín Ltda. , y que
Topco se limitó a conservarlos.

64. Insistieron en que Topco S.A. no realiza actividades mineras en la zona; y que
no se demostró que la construcción de jarillones incida en el comportamiento del
Río ni constituya infracción ambiental.

65. A su juicio, los recursos interpuestos deben ser resueltos bajo la óptica del
apelante único y. por lo tanto, el examen de la segunda instancia debe limitarse a
las razones expuestas por los recurrentes.

IV.3. CORANTIOQUIA32 reiteró los argumentos expuestos en su recurso apelación
referentes a: i) cumplimiento de sus obligaciones y a que no ha vulnerado los
derechos colectivos conforme lo evidencia el material probatorio obrante y la

31 lbid., Registro N.° 61 del 1.° de agosto de 2023. "Anotación/detalle: JCM-Memorial con alegatos de
conclusión
suscrito por Gabriel Jaime Martínez Cárdenas apoderado de las compañías Topco S.A. y Mincivil S.A. en 20
folios". Documento denominado:
"250 050012333000201601304013RECIBEMEMORIAL20230801153445.pdr, suscrito por el abogado
Gabriel Jaime Martínez Cárdenas.
32 !bid., Registros 59 y 62 del 1.° de agosto de 2023. "Anotación/detalle: LCV-2. Se recibe
memorial con alegatos
suscrito por Olga Patricia Gira/do, apoderada de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquía -
CORANTIOQU1A en 35 folios". Documento denominado:
"244_050012333000201601304011RECIBEMEMORIAL20230801143020". suscrito por la abogada Olga
Patricia Giraldo Castaño.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
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Demandados: Municipio de Girardota y otros.

información aportada con ocasión del auto para mejor proveer de 21 de abril de
2023; y ii) a la responsabilidades del MUNICIPIO, respecto de la escombrera, la
gestión del riesgo de desastre y de planificar el ordenamiento de su territorio, del
DEPARTAMENTO, en cuanto a la actividad minera, y de las sociedades
explotadoras, que son las llamadas a ejecutar las obras de mitigación
correspondientes.

IV.4. El DEPARTAMENT033 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia
pues ha cumplido cabalmente con sus competencias y de manera alguna ha
ocasionado las inundaciones, tal y como lo estableció el a quo, y coincidió en que
las inundaciones ocurren por la acción del hombre (antrópico) al construir en llanura
de inundación, al ampliar la frontera industrial, agrícola y de construcción sin
respetar la margen del río.

66. Precisó que los titulares de las licencias o contratos son los eventualmente
responsables por la actividad desarrollada en el ejercicio de derechos derivados del
título, que para este caso es la sociedad Canteras de Colombia por la licencia
exploración N.° 505.

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
IV.5. El MUNICIPI034 solicitó revocar la sentencia de primera instancia y que se
deniegue la protección de los derechos colectivos, toda vez que no hay prueba de
que sea responsable de la vulneración de los mismos, ni de que las inundaciones
sean causadas por las autorizaciones emitidas para la explotación en la zona, la
construcción de jarillones y la actividad de escombreras. Subsidiariamente pidió que
no se haga más gravosa su situación jurídica.

IV.6. La actora35 solicitó modificar la sentencia impugnada en el sentido de incluir a
CORANTIOQUIA y al DEPARTAMENTO en el cumplimiento de las mismas
obligaciones asignadas al MUNICIPIO, en atención a que en el proceso quedó
demostrado que dichas autoridades han agravado la situación de riesgo de las
laderas del río Medellín, pues no vigilaron el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el plan de abandono de las licencias ambientales ni el cierre de los
contratos mineros.

33 !bid., Registros 63 y 65 de 2 de agosto de 2023. "Anotación/detalle. JRB-Memorial con escfito de alegatos
de conclusión remitido por Andrés Sierra Ramírez en su calidad de apoderado del Deparatmento de Antioquía,
en 7 folios". Documento denominado:
-259_050012333000201601304011RECIBEMEMORIAL20230803123626.pdr, suscrito por el abogado
Jhonatan Andrés Sierra Ramírez.
34 Ibid., Registro N.° 64 de 2 de agosto de 2023. 'Anotación/detalle: JCM-Memorial con alegatos de
conclusión
suscrito por Cailos Fernando Roldán Pérez en calidad de apoderado del demandado Municipio de Girardota
en 10 folios.". Documento denominado:
"255 050012333000201601304011RECIBEMEMORIAL2023080309412apdf, suscrito por el abogado Carlos
Fernando Roldán Pérez.
35 Ibid. , Registros 58 y 60 del 1." de agosto de 2023. "Anotación/detalle: LCV-Se recibe memorial con
alegatos
suscrito por Catalina Mana Jaramillo Vallejo, apoderada del actor en 5 folios". Documento denominado:
"REC1BEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CORREO_LORENACARMO(pdf ) NroActua 60",
suscrito por la abogada Catalina María Jaramillo Vallejo.

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Demandados: Municipio de Girardota y otros.

67.Añadió que en el reciente informe técnico de 2 de febrero de 2023,
CORANTIOQUIA verificó que las afectaciones al territorio no han cesado, toda vez
que la zona no ha sido objeto de medidas de regeneración.

IV.7. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado36, en su
concepto, solicitó confirmar la sentencia impugnada, «dentro del preciso ámbito de
competencias de las entidades demandadas y atendiendo a las actividades
desplegadas y ya ejecutadas para el cumplimiento de esa decisión».

68. Para el efecto, describió los fundamentos de la decisión emitida por el Tribunal,
expresó su acuerdo con cada uno de ellos y enfatizó en que los recursos de
apelación no están llamados a prosperar los apelantes no han desplegado la función
administrativa correspondiente en orden a proteger eficazmente el medio ambiente
y los recursos naturales, ni a gestionar adecuadamente el riesgo de desastre
detectado.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
69 De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 3 ' ,
en concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del CPACA38 y con el artículo
13 del Acuerdo N.° 080 de 2019 39 , la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento del problema jurídico

70 En el asunto bajo examen, la sociedad La Hacienda S.A.S. demandó al
DEPARTAMENTO, a CORANTIOQUIA y al MUNICIPIO por estimar que las
actividades de minería de materiales de construcción y otras relacionadas como de
intervención del cauce, obras hidráulicas y disposición de escombros que se llevan
a cabo a la vera del río Medellín, en su paso por las veredas La Palma y San Diego
del municipio de Girardota, están generando afectaciones ambientales y elevando
el riesgo de inundación de los predios vecinos. En consecuencia, la sociedad
accionante denunció la transgresión de los derechos colectivos al goce de un

36 !bid., Registro N.' 13 de 18 de febrero de 2022. "Anotación/detalle: Se
anexó 1 documento(s) a través de la
ALEJANDRO
sede electrónica SAMA!, por parte de la Procuraduría delegada Sección Primera por JAIME
DIAZ, certificados:. 785E9AF5D0434F90 FDO3A670AEAC89B8 BCFEF62EABAD1D01 67592522D0290EFA-
CONCEPTO MINISTERIO PUBLICO", suscrito por el agente del Ministerio Público, Jaime Alejandro Díaz
Vargas.
37 "Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Politica de
Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones". Disposición referente a la procedencia de
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas primera instancia en acciones
populares.
36 "Por la cual se expide e/ Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
Disposición relativa a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.
39 Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.

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ambiente sano, al desarrollo sostenible, a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, y a la moralidad administrativa.

71. El Tribunal amparó los derechos colectivos a la prevención de desastres
previsibles técnicamente y al ambiente sano por encontrar acreditado que las
veredas de San Diego y La Palma del municipio de Girardota, contiguas al río
Medellín, se han visto afectadas desde el punto de vista ambiental por cuenta de
diversos factores de presión asociados, fundamentalmente, al ejercicio de
actividades industriales.

72. El a quo identificó que las actividades de minería, la construcción de jarillones, la
disposición de escombros y demás obras de protección frente al caudal del río
Medellín, «pueden contribuir con el menoscabo de las condiciones ambientales de
la zona», toda vez que dichas acciones estaban siendo habilitadas por las
autoridades accionadas sin contar con los fundamentos técnicos y científicos que
avalaran que los impactos generados se encontraban dentro de los límites permisibles
establecidos en el ordenamiento.

73. En otras palabras, la Sala observa que el Tribunal amparó los derechos colectivos

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
relacionados con el goce a un ambiente sano en consideración al «daño contingente»
y/o la «amenaza»4° que las actividades denunciadas representan para los
ecosistemas asociados al río Medellín, particularmente para la franja forestal
protectora de dicho cuerpo hídrico.

74 Asimismo, a juicio del Tribunal, la seguridad pública de los asentamientos vecinos
también se encontraba en vilo como consecuencia de que las autoridades llamadas a
gestionar el riesgo de desastres han omitido su deber de diagnosticar la medida en
que las actividades industriales ya mencionadas están ocasionando los procesos de
erosión y socavación de las márgenes del río Medellín, e incidiendo en las
inundaciones en las veredas San Diego y La Palma.

75 En ese sentido, el Tribunal reprochó que, a sabiendas de las repercusiones de las
dinámicas del Río sobre los asentamientos humanos, las autoridades continuaban
permitiendo nuevas actividades de intervención de su flujo, en lugar de adoptar
medidas idóneas de prevención y mitigación del riesgo de inundación.

76. Frente a estas circunstancias de perturbación de los derechos colectivos, las
autoridades recurrentes no expresaron fundamentos ni razones debidamente
sustentadas en orden a desvirtuar su existencia, tal y como lo exige el Código General
del Proceso -CGP41, sino que, sus argumentos se encaminaron a asegurar que los

4° Ley 472 de 1998. "Articulo 20. Acciones populares. Son los medios procesales para la protección de los
derechos e intereses colectivos.
Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando
fuere posible".
41
Ley 1564 de 2012. "Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo
con las siguientes reglas: [...].

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hechos generadores de la afectación de los derechos colectivos son atribuibles a la
conducta de otras entidades y/o personas, las cuales son a las que se les debe
imponer las obligaciones que busquen reestablecer las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos perturbados.

77.En efecto, CORANTIOQUIA y el MUNICIPIO en sus recursos de apelación
manifestaron:

78. La Corporación adujo, esencialmente, que: i) ha cumplido cabalmente con sus
obligaciones legales de cara a las actividades que se desarrollan en los sectores
afectados; ii) el MUNICIPIO es el responsable de los impactos generados por la
escombrera; iii) los que están generando impactos de manera directa en el territorio
son quienes deben asumir la ejecución de obras de mitigación del riesgo; y iv) no le
corresponde el control de las actividades de minería.

79 Por su parte, el MUNICIPIO argumentó que la violación de los derechos
colectivos está vinculada, en primer lugar, a las licencias de explotación minera
otorgadas por la Secretaría de Minas del DEPARTAMENTO; y, en segundo término,
a las decisiones adoptadas por CORANTIOQUIA en materia de control ambiental;

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
que las afectaciones encontradas por el Tribunal no le son imputables, puesto que
las mismas tienen origen en las actividades de explotación minera, las cuales deben
ser intervenidas por las autoridades mineras y ambientales y, además, que cumplió
con las obligaciones que se encontraban a su alcance.

ao En consecuencia, el objeto del debate en esta instancia procesal consiste en la
imputación de las afectaciones al ambiente y a la seguridad pública que se
presentan en el sector objeto de la demanda y, por consiguiente, de la asunción de
las obligaciones que permitan hacer cesar la amenaza y, de ser posible, restituir
las cosas a su estado anterior.

81. En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si: ¿hay lugar a
revocar las órdenes de amparo impuestas al MUNICIPIO y a CORANTIOQUIA,
debido a que tales entidades no tienen injerencia alguna en: i) los impactos
ambientales ocasionados por las actividades asociadas a la minería que se llevan
a cabo a la vera del río Medellín: ni en ii) la agravación de los procesos activos de
inestabilidad por socavación de las márgenes de dicho cauce, los cuales
desencadenan los fenómenos de riesgo de desbordamiento e inundación?

82 Con el fin de resolver el interrogante planteado, la Sala examinará los medios de
convicción que presten mayor utilidad y que, a su vez, resulten idóneos para

Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad
con la providencia apelada.
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera
instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia
apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de
apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado. "T.

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demostrar los hechos que constituyen los presupuestos esenciales del debate
jurídico en esta instancia.

V.4. De la responsabilidad de CORANTIOQUIA

V.4.1. De las obligaciones jurídicas de CORANTIOQUIA en torno a la
controversia

83. El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, -Decreto Ley 2811 de 1974-, establece que la extracción de materiales
de arrastre de los lechos de los cuerpos de agua, así como la ocupación de estos
requiere de autorización previa otorgada por la autoridad ambiental competente.
Adicionalmente, a esa misma entidad le corresponde velar por los ecosistemas
correspondientes:

«Artículo 99.- Requiere permiso la extracción por particulares, de materiales de
arrastre de los cauces o lechos de las corrientes o depósitos de aguas, como piedras,
arena, y cascajo. [. ..I

Artículo 100.- En cuanto autoricen trabajos en cauces o lechos de ríos o lagos, las

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
concesiones para la exploración o explotación mineral, no podrán ser otorgadas sin
previa autorización de la entidad que debe velar por la conservación del cauce o
lecho.

Artículo 102.- Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente
o depósito de agua, deberá solicitar autorización». (Negrilla fuera del texto).

84 Ahora, frente al riesgo de desastre que se genere por cuenta de las
explotaciones autorizadas, el Decreto Ley es claro en advertir que la autoridad
ambiental deberá ordenar, como medida de prevención, la suspensión de las
actividades de intervención del cauce:

«Articulo 101.- Se ordenará la suspensión provisional o definitiva de las
explotaciones de que se derive peligro grave o perjuicio para las poblaciones
y las obras o servicios públicos». (Negrilla fuera del texto).

85 En cuanto a la utilización de los recursos hídricos para el desarrollo de
actividades mineras, el Código de Recursos Naturales establece las siguientes
obligaciones de protección ambiental en cabeza de los beneficiarios de las
concesiones de agua:

«Artículo 146.- Las personas a quienes se otorgue una concesión de agua para la
explotación de minerales, además de las previstas en otras normas. deberán
sujetarse a las siguientes condiciones:

a - A la de mantener limpios los cauces donde se arroje la carga o desechos
del laboreo para que las aguas no se represen, no se desborden o se
contaminen;

b.- A la de no perjudicar la navegación;

c.- A la de no dañar los recursos hidrobiológicos». (Negrilla fuera del texto).

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86 Nótese cómo la disposición mencionada relaciona las buenas prácticas de
minería y, particularmente, de disposición adecuada de los residuos de esa
actividad, con la preservación de los recursos naturales y el control de los factores
de riesgo como las inundaciones.

87 Adicional a lo anterior, se observa que las personas que realicen obras de
rectificación de cauces o de defensa marginal para evitar desbordamientos e
inundaciones, también tienen el deber de presentar ante la autoridad ambiental
competente los estudios que las respalden:

«Artículo 123.- En obras de rectificación de cauces o de defensa de los taludes
marginales, para evitar inundaciones o daños en los predios ribereños, los
interesados deberán presentar los planos y memorias [42] necesarios». (Negrilla
fuera del texto).

88 Es más, aquellas obras hidráulicas que se hubieren ejecutado sin permiso de la
autoridad ambiental o que, teniéndolo, generen la mera posibilidad de causar daños
inminentes, podrán ser demolidas:

«Artículo 127.- Se podrá ordenar la destrucción de obras ejecutadas sin

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
permiso o de las autorizadas que puedan causar daños inminentes que no
hayan sido previsibles en épocas de avenidas o crecientes». (Negrilla fuera del texto).

89. De igual modo, el Decreto es claro en advertir que toda actividad minera deberá
estar respaldada en los fundamentos técnicos y científicos correspondientes en
orden a proteger los ecosistemas:

«Artículo 185.- A las actividades mineras, de construcción, ejecución de obras de
ingeniería, excavaciones, u otras similares, precederán estudios ecológicos y se
adelantarán según las normas, sobre protección y conservación de suelos».
(Negrilla fuera del texto).

90 Por último, el Código señala que las situaciones de desastre, como los
desbordamientos y las inundaciones, que amenacen con perjudicar los recursos
naturales o el medio ambiente, impone el deber de ejecutar las medidas que se
requieran en orden a evitar, contener o reprimir los impactos o afectaciones que
puedan desencadenarse:

«Artículo 306.- El incendio, inundación, contaminación u otro caso semejante, que
amenace perjudicar los recursos naturales renovables o el ambiente se
adoptarán las medidas indispensables para evitar, contener o reprimir el daño,
que durarán lo que dure el peligro». (Negrilla fuera del texto).

42 Para efectos de la interpretación del precepto jurídico mencionado, se acoge la tercera acepción de la
definición de «memoria» establecida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. según la
[.. .1».
cual se trata de: «[. . .], 3. f. Exposición de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto.

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91 Posteriormente, la Ley 99 de 22 de diciembre de 199343 , por medio de la cual
se creó el Sistema Nacional Ambiental -SINA-, estableció como funciones propias
de las corporaciones autónomas regionales, entre otras, las siguientes:

i) Desplegar, en su rol de máxima autoridad ambiental, y directora y coordinadora del
SINA en el área de su jurisdicción44, una adecuada gestión del patrimonio natural a fin
de propender por el desarrollo sostenible45.

ii) Celebrar contratos y convenios con entidades públicas y privadas con el fin de
ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no
correspondan al ejercicio de funciones administrativas46.

iii) Ejercer funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades
de exploración. explotación, beneficio, transporte. uso y depósito de los recursos
naturales no renovables, así como de otras actividades, proyectos o factores que
generen o puedan generar deterioro ambienta147.

iv) Ejercer funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos".

y) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley,
en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados4°.

vi) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones
superiores y a las políticas nacionales5°.

vii) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras

43 " Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones".
Ley 99 de 1993, articulo 31, numeral 4.
45 !bid., articulo 23.
46 ibid
articulo 31, numeral 6.
47 !bid., numeral 11.
48 !bid., numeral 12.
49 Ibid., numeral 17.
5° Ibid., numeral 18.

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que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas
hidrográficas del territorio de su jurisdicción51.

viii) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura
cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables52.

ix) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres,
en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres53. Dicha
función también se encuentra en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres -SNGRD-, toda vez que, conforme a la Ley 1523 de 2012 54 , las CAR
hacen parte del Sistema e integran los consejos territoriales de gestión del riesgo,
por lo que, en el marco de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia
y subsidiariedad positiva, deben apoyar a los municipios de su jurisdicción en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres conforme a las
leyes 99 de 1993, 388 de 1997, 1931 de 2018, entre otras.

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
92. Así, las CAR apoyarán a los entes territoriales «en todos los estudios necesarios
para el conocimiento y la reducción del riesgo», justamente porque sus contenidos
resultan fundamentales para el ordenamiento y la gestión ambiental sostenible del
territorio, cuya cooperación debe tener cabida en el contexto actual de los efectos
del cambio climático en el país, y, en desarrollo de sus funciones de manejo de
cuencas hidrográficas y de promoción y ejecución de obras de defensa contra
inundaciones, de regulación de cauces, de recuperación de tierras -como las rondas
hídricas- y de todas las que fueren necesarias para la defensa. protección y
adecuado manejo de las cuencas hidrográficas".

51 Ibid., numeral 19
52 /bid., artículo 31, numeral 20.
53 /bid., numeral 23.
54 Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema Nacional. Las corporaciones
autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que para efecto de la presente ley se denominarán las
corporaciones autónomas regionales, corno integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además
de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen.
Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios
para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de
cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.
Parágrafo 1'. El papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario y subsidiario respecto a
la labor de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio y. por tanto, no eximen a los alcaldes y
gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de
desastres.
Parágrafo 2. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la articulación de las
acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres en su territorio, en
virtud que ambos procesos contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial
sostenible.
Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los consejos territoriales de gestión
del riesgo, en desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad
positiva, deben apoyar a las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y serán
corresponsables en la implementación. "T.
'"-' Articulo 31, numerales 18 y 19.

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V.4.2. Resolución del recurso de apelación

93. En su recurso de apelación CORANTIOQUIA afirmó que ha cumplido cabalmente
con sus obligaciones legales en relación con las actividades que se desarrollan a la
vera del río Medellín en su paso por las veredas San Diego y La Palma del municipio
de Girardota; y que los impactos y afectaciones detectados son imputables al
MUNICIPIO y a las sociedades titulares de las referidas actividades industriales.

94. Pues bien, el Tribunal determinó que CORANTIOQUIA, como autoridad
ambiental, ha venido permitiendo diversas intervenciones y actividades que están
impactando el ambiente y los recursos naturales de las veredas aludidas. Aunado a
ello, el a quo recriminó que:

i) La Corporación no ha concluido los procedimientos administrativos sancionatorios
iniciados en contra de las sociedades que ejercen actividades industriales en el sector.

ii) Luego de más de 20 años de ocupación e intervención de las zonas afectadas, la
Corporación no ha hecho valer sus poderes jurídicos a fin de precisar científicamente

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
el grado de injerencia de las sociedades titulares de los diferentes proyectos, en los
impactos ambientales que ha venido registrando, particularmente en los fenómenos
de inundación.

iii) Pese a ello, la Corporación ha otorgado nuevos permisos de ocupación de cauce
para aumentar el tamaño de los jarillones que, de por sí, ya generan presión sobre los
ecosistemas, y

iv) Aunque la Corporación ha advertido sobre la importancia vital de conservar la
cobertura vegetal protectora del cuerpo hídrico, ha permitido el desarrollo de obras
de protección hidráulica en detrimento de tales ecosistemas, lo cual puede incidir
en la situación de riesgo de inundación en la medida en que repercuten la energía
del caudal sobre las orillas sin adoptar las medidas técnicas de prevención
correspondientes.

95. Como puede observarse, dichas conductas activas y omisivas de
CORANTIOQUIA no se compadecen con los imperativos legales en materia de
protección del ambiente y los recursos naturales, descritos en el apartado anterior
(V.4.1.).

96. La Sala pasará a corroborar las transgresiones detectadas por el a quo a partir
de las funciones esenciales de CORANTIOQUIA referentes a: i) la evaluación
ambiental previa de los proyectos mineros: ii) la instrucción ambiental de las
actividades de minería: y iii) la restauración y compensación de los impactos
ambientales ocasionados.

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A. Sobre los estudios y evaluaciones previas para la planificación de las
actividades de minería

97. Como se advirtió en el apartado anterior (V.4.1.), el Decreto Ley 2811 de 1974
-CNRN- estableció que las actividades mineras deben ser instrumentalizadas56 con
un criterio de planificación ambiental sostenible57; esto es, permitiendo, mediante el
ejercicio de la función administrativa, el desarrollo de la actividad económica a partir
de estudios, planos, memorias e informaciones detalladas que permitan el
aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como la anticipación y
prevención de los impactos ambientales negativos del proyecto58.

98 De manera específica, el Código propende porque las actividades de minería
se efectúen conservando el lecho fluvial, manteniendo limpios los cauces, buscando
que las aguas no se represen, desborden o contaminen, sin dañar los recursos
hidrobiológicos, protegiendo los suelos aledaños, evitando, conteniendo y
reprimiendo eventuales daños, entre otros56.

99 En el mismo sentido, la Ley 99 estableció diversos principios que han de regir
el SINA, entre los cuales se destacan aquellos asociados a la planificación técnica

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
ambiental como presupuesto indispensable para la gestión adecuada del ambiente
y del riesgo de desastres:

«Articulo 1 Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana
seguirá los siguientes principios generales: [. . .1.

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del
deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables.
[. . .1.

9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas
tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio
cumplimiento. [. . .1.

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base
criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los
procesos de planificación económica, social y física. [. . . ]». (Negrilla fuera del
texto).

loo. De igual forma, el Decreto 1753 de 3 de agosto de 199460 definió el plan de
manejo ambiental así:

«Artículo 1.- Definiciones. Para la correcta interpretación de las normas contenidas
en el presente Decreto, se adoptan las siguientes definiciones: [.. .].

56 Artículos 99 y 100.
57 Artículos 9, literal f): 10, literal a): 45. literales c), d), g) y h), entre otros.
58 Decreto 1753 de 1994. Artículo 1.
59 Artículos 100, 146, 185 y 306.
parcialmente
6° Normativa vigente para la época de los acontecimientos. Decreto "por el cual se reglamentan
los Títulos VIII y XII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales".

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Demandados: Municipio de Girardota y otros.

Plan de Manejo Ambiental: Es el plan, de manera detallada, establece las
relaciones que se requieren para corregir, mitigar, controlar. compensar, y
corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en
desarrollo de un proyecto, obra o actividad: incluye también los planes de
seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia. [. . .]». (Negrilla fuera
del texto).

iot De tal modo, la Sala observa que CORANTIOQUIA no ha desplegado sus
funciones con base en criterios mínimos de planificación ambienta161 y de sustento
técnico62, los cuales son indispensables para, inicialmente, cumplir con la debida
fundamentación de sus determinaciones administrativas y, finalmente, prevenir
daños y factores de degradación ambiental, así como propender por el uso eficiente
de los recursos naturales.

102. Pese a que CORANTIOQUIA tiene precisas obligaciones orientadas a conducir
los procesos de planeación ambienta163 para el uso y manejo adecuado de las
cuencas hidrográficas, dicha autoridad no acreditó la elaboración, administración y
ejecución eficiente de proyectos y programas de desarrollo sostenible en relación
con la defensa, protección y recuperación de los ecosistemas asociados a la cuenca
del río Medellín frente a los efectos acumulativos de las intervenciones y, en

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
particular, de los impactos concretos que están generando las actividades de
minería.

103. Deacuerdo con el Decreto 1640 de 2 de agosto de 201264, es deber de
CORANTIOQUIA diseñar planes de ordenación y manejo de las cuencas
hidrográficas -POMCA- que discurren por su territorio, como el río Medellín, y, en el
marco de ellos, ejecutar obras y tratamientos que velen por mantener el equilibrio
de la estructura físico-biótica de la cuenca y del recurso hídrico66.

61 Al tenor del artículo 80 de la Constitución, la planificación ambiental
constituye el instrumento necesario para
la administración eficiente de los recursos naturales renovables y para prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental.
De igual modo el artículo 9 del Decreto 2811 de 1974 dispone: "Artículo 9. El uso de elementos ambientales y
de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: [...]. a.- Los recursos
naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo
aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que
orientan este Código [...]". Los literales c), e) y f) de la misma disposición también propenden por la prevención
de daños ambientales y el deterioro grave de los recursos naturales en el marco del principio de planeación
ambiental.
En tal virtud el artículo 45 del Decreto traslada dichas funciones a las autoridades ambientales, al precisar que:
"[...]. La actividad administrativa en relación con el manejo de los recursos naturales renovables se ajustará a
las siguientes reglas: [...1. h.- Se velará para que los recursos naturales renovables se exploten en forma
eficiente, compatible con su conservación y acorde con los intereses colectivos [. . .]". En sentido similar, los
literales c), d) y g) del mismo artículo propenden por los principios de desarrollo sostenible y planeación
ambiental.
62 Cfr. Decreto Ley 2811 de 1974, artículo 9.°, literal c), y Ley 99 de
1993. articulo 1.". numerales 6.° y 11.°.
63 Ley 99 de 1993, articulo 31, numeral 5. "Participar con los demás
organismos yentes competentes en el ámbito
de su jurisdicción* en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea
tenido en cuenta en las decisiones que se adopten".
64 "Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la
planificación, ordenación y manejo de las
cuencas hidrográficas y acuiferos. y se dictan otras disposiciones".
65 Normativa compilada en el Decreto 1076 de 2015, artículo
2.2.3.1.5.1.

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104 En consecuencia, para proteger tales elementos naturales, CORANTIOQUIA
debe tener en cuenta, entre otros factores: i) el carácter especial de conservación
de las áreas de especial importancia ecológica66, como las márgenes67 y las
fajas de paralelas a los cuerpos de agua68; ii) los ecosistemas y zonas de
protección prioritaria, como las rondas hídricas o hábitats similares de
recursos hidrobiológicos; iii) la prevención y control de la degradación de los
recursos naturales asociados a la cuenca; iv) acciones de conservación y
recuperación del medio natural respectivo; y v) los factores de riesgo que puedan
afectar las condiciones físico-bióticas y socioeconómicas de la cuenca69.

105. Frente a este punto se debe agregar que la misma herramienta de ordenación
del territorio del municipio de Girardota -Acuerdo 092 de 2007- delimitó los suelos
de protección del entorno rural del municipio, entre los cuales se encuentra la
llanura aluvial del río Aburrá por factores de riesgo por inundación:

«ARTÍCULO 23. Delimitación de los suelos de protección en suelo rural. Las zonas
definidas como suelo de protección son las siguientes:

1. Zona de Protección por Amenaza Hidrológica

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
a. En la Llanura Aluvial del Río Aburrá:

Esta zona de protección se estipula en el área de inundación del Río Aburrá,
que conforma en esta parte del Valle una amplia llanura aluvial. Su delimitación
obedece a la identificación de la llanura de inundación establecida por el estudio
de microzonificación sísmica del Valle de Aburrá, además del retiro de 60 metros
[ ]»70,
a partir del cauce, acorde con el plano 2F Clasificación del suelo.

106. No obstante, se reitera que CORANTIOQUIA no demostró que: i) su actividad
administrativa tuviera lugar en el marco de un diagnóstico preciso sobre la
problemática de alteración y degradación de las márgenes del río Medellín y su
geomorfología, de la dinámica de sus aguas y transporte de sedimentos, y de la
integridad de sus ecosistemas asociados; ii) que su actividad estuviera organizada
para alcanzar objetivos y propósitos puntuales, medibles y cuantificables en
torno a ese problema; y iii) mucho menos, que los indicadores y balances de
seguimiento y evaluación de su gestión, estuvieren revelando resultados positivos
de cara a los impactos generados al suelo, las aguas, la flora y la fauna del río
Medellín.

107. CORANTIOQUIA asegura que ha venido iniciando procedimientos y emitiendo
actos administrativos orientados a: i) determinar los impactos que las actividades
relacionadas con los títulos mineros están ocasionándole al cauce, ii) precisar las
medidas que solucionen las inundaciones, iii) suspender actividades industriales y
de construcción de jarillones, iv) realizar control y seguimiento de las actividades

66 Cfr. Decreto 1504 de 1998. articulo 5.°, y Decreto 3600 de 2007,
artículo 4, numeral 1.4.
67 Código Nacional de Recursos Naturales -Decreto-Ley 2811 de
1974-. articulo 86.
68 !bid.. articulos 83, literal d); 182, literales b) y d); y 186.
69 Artículo 2.2.3.1.5.2
7° Documento digital "ACUERDO 092- PBOT GIRARDOTA
2007-2019.pdr.

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extractivas y sancionar las infracciones ambientales identificadas, entre otras
acciones.

los Sin embargo, no se puede concluir que dichas actuaciones estén contribuyendo
a la efectiva conservación, restauración y recuperación de los ecosistemas fluviales
de las zonas afectadas o que, especialmente, tengan un efecto preponderante en
los objetivos de prevenir, controlar, mitigar y restaurar los impactos causados por
las actividades industriales y mineras a lo largo de la cuenca hidrográfica del Valle
de Aburrá, ni que tiendan a la gestión adecuada de los riesgos de desbordamiento
e inundación acentuados por las diversas intervenciones de los recursos naturales.

109 La Corporación ha manifestado que es deber de las sociedades explotadoras
de materiales de construcción presentar los estudios de impacto de la totalidad de
sus actividades sobre el entorno. Sin perjuicio de la validez jurídica de tal
aseveración, se echa de menos el rol de máxima autoridad ambiental de
CORANTIOQUIA en orden a exigir el cumplimiento de esas obligaciones, pero
también para medir los impactos acumulativos que la totalidad de explotaciones,
jarillones, obras de defensa y demás intervenciones han tenido sobre el ambiente y
los recursos naturales, en el marco de las herramientas de planeación

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
correspondientes.

lio. En efecto, CORANTIOQUIA no ha venido atendiendo a uno de los principios
estructuradores del SINA. según el cual toda acción que utilice, deteriore o altere
los recursos naturales o el ambiente, debe estar evaluada y fundamentada en los
componentes técnicos y científicos esenciales que arrojen certeza sobre los
métodos que permitan precaver daños y factores de degradación ambiental, así
como optimizar el desarrollo sostenible71. De tal manera, se tiene que la autoridad
ambiental, durante aproximadamente 20 años, no ha procedido con los criterios
técnicos ni ha sido capaz de exigirlos a los titulares de los proyectos, obras y
actividades que han venido afectando la dinámica natural del río Medellín.

lit Sobre el particular baste mencionar que la jurisprudencia de esta Sección ha
sostenido que el desconocimiento de los principios de planeación ambiental y de
motivación científica suficiente de las determinaciones en materia ambiental, frustra
la posibilidad de optimizar y racionalizar el uso de los recursos naturales y de evitar
o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse. En
consecuencia, se transgreden los derechos colectivos relacionados con el goce de
un ambiente sano72.

"'Originalmente, el literal c) del articulo 9.` del Decreto Ley 2811 de 1974 estableció dicho principio al disponer
que las actividades de uso, deterioro o alteración de los recursos naturales y de los ecosistemas deberán ser
evaluadas o calculadas a fin de maximizar el desarrollo sostenible.
Posteriormente, los numerales 6.° y 11.° del articulo 1.° de la Ley 99 de 1993 dispusieron, fundamentalmente,
que "la fommlación de la políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación
científica", y que "los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones
respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o
artificial'.
72 En sentencia de 18 de marzo de 2021, la Sección Primera del consejo de
Estado (Expediente núm. 73001-
23-31-000-2012-00241-02 (AP). C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés) advirtió que «[...] resulta contrario a la

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112. Dicha consideración fue producto del razonamiento según el cual la
incertidumbre sobre las consecuencias ambientales que generaría un proyecto,
obra o actividad imposibilita la toma de decisiones que aseguren el adecuado
aprovechamiento de los recursos naturales.

113Luego, entonces, la omisión -prolongada en el tiempo- de adoptar las medidas
conducentes a cuantificar el grado de sostenibilidad de tales impactos, supone el
desconocimiento de las funciones de prevención, control, corrección y
compensación de los recursos naturales y, por tanto, perturba las condiciones
mínimas para gozar de un ambiente sano.

B. Sobre la función de seguimiento e instrucción de las actividades de minería
con criterios de sostenibilidad ambiental

114 Mediante Resolución núm. 3124 de 26 de noviembre de 199973 , el director
general de la Corporación confirmó la imposición de la medida preventiva
consistente en suspender actividades de construcción de jarillones, abstenerse de
disponer material estéril y lodos, iniciar labores de revegetalización y presentar

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
estudio integral a cargo de Áridos de Antioquia S.A., Topco S.A. y Triturados
Medellín Ltda., debido a los impactos que la actividad minera estaba ocasionando.

115 Sin embargo, a la fecha, dichos jarillones siguen afectando el cauce y los
ecosistemas de ribera, al igual que tampoco se conoce la idoneidad técnica y
científica de las obras. Adicionalmente, no se conoce la implementación de medidas
contundentes frente a la operación de las sociedades mineras en orden a remediar
la situación74 y, por el contrario, se observa que la autoridad ambiental les ha
autorizado la ejecución de nuevas actividades cuyo impacto se acumula sobre la
cuenca hidrográfica del Valle de Aburrá. En esa oportunidad se precisó que:

«[. ..]. Reitera la Corporación no desconoce la problemática del río Medellín, y
la competencia que le asiste a la autoridad ambiental de promover una
solución; pero la situación que ha dado lugar al presente trámite contravencional
corresponde a un caso puntual, en el cual la construcción de los jarillones por
las empresas explotadoras de material, viene incidiendo en la problemática
del río, razón por la cual el sustento del recurrente en tal sentido no es de recibo.
[. ..]». (Negrilla fuera del texto).

116. Posteriormente, en la Resolución núm. 3234 de 9 de marzo de 200075, el
mismo
director general de la Corporación, corroboró que «los jarillones vienen generando

competente
ley y a la protección y adecuada utilización de los recursos naturales que la autoridad ambiental
un proyecto, obra o actividad, sin contar con la totalidad de fundamentos que
haya autorizado la ejecución de
le permitan establecer la manera en la que el medio ambiente se puede ver afectado [...]».
73 Folios 277 y ss. del expediente de la referencia.
74 !bid., folios 912 y 952. En audiencia de testimonios
celebrada el 12 de junio de 2018, la funcionaria de
Corantioquia, Gloria Patricia Restrepo Cuervo, adujo que «que no se han tomado decisiones definitivas pues
se requieren los estudios hidrológicos para verificar el impacto de los jarillones construidos sobre e/ Río
Medellín».
75 !bid., folios 301 y SS.

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un impacto negativo sobre el río y consecuente con ello una afectación a los predios
colindantes».

117 En este mismo sentido se expuso el concepto técnico trasladado de la acción
popular radicada con el N.° 2005-0061676, la cual constituye antecedente del
conflicto en cuestión. En ese documento se reconoció que las actividades de
minería, al impactar las franjas forestales protectoras del cauce, alteran la dinámica
y la geomorfología del río Aburrá. estrechando su cauce y provocando que la
energía del caudal repercuta y afecte otras zonas de la ribera, aguas abajo, que se
encuentren más vulnerables a fenómenos de desbordamientos e inundaciones.

118. Pese a los referidos pronunciamientos, el 6 de enero de 2005, la jefe (e) de la
Oficina Territorial Aburrá Norte de la Corporación, por Resolución núm. 279777,
decidió «prorrogar a favor de la sociedad Obras Civiles y Minería de Colombia -
MINCIVIL S.A. el plan de manejo ambiental para la explotación y beneficio de los
materiales de construcción depositado sobre la margen izquierda del río Aburra
(Medellín)».

119. Así pues, no se explica cómo la autoridad ambiental decidió prorrogar un plan

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
de manejo ambiental, habiendo declarado de manera consistente hasta la
actualidad que las actividades desplegadas por los agentes económicos a la orilla
del río Medellín no se encuentran respaldadas en los estudios que permitan verificar
el alcance y la connotación de los impactos respectivos frente a la integridad,
funcionalidad, capacidad de regeneración y equilibrio de los medios biótico, abiótico
y socioeconómico de las zonas objeto de explotación.

120. A su turno, el alcalde del MUNICIPIO, Yan Bladimir Jaramillo García, también
reconoció en comunicado de 8 de abril de 201678 que:

«[. . .] la transformación morfológica que ha sufrido el río aguas arriba del
municipio, producto de la conurbación y los títulos mineros otorgados por la
entidad competente han desencadenado en la disminución del área del cauce
y el aumento en la velocidad y energía de la corriente de agua en época de
alta pluviosidad, debiendo ser el municipio quien asuma las medidas de
contingencia. [.. .]». (Negrilla fuera del texto).

76 'bid., folios 980 y ss. Documento incorporado mediante Oficio N.° 184
allegado el 8 de agosto de 2019 por la
secretaria del Juzgado Civil del Circuito de Girardota.
La Sala precisa que, aunque en la acción popular 2005-00616 se discutió si la sociedad MinCivil. al construir
jarillones para la actividad minera, generó o no impactos ambientales e inundaciones en el sector El Peaje -
situado entre Girardota y Barbosa-, lo cierto es que se trató de una sentencia: i) desestimatoria de las
pretensiones, ii) que no estudió la responsabilidad de las autoridades administrativas involucradas y iii) que,
por razones obvias, no analizó los documentos, pruebas e informaciones que se generaron con posterioridad
al 2009 -año de la sentencia- frente a la situación que se estudia en el asunto de la referencia. Por tales motivos,
se trata de una decisión que, en los términos de la sentencia C-622 de 2007, no hizo tránsito a cosa juzgada
absoluta y, por lo tanto, no impide un nuevo pronunciamiento asociado a «nuevas pruebas trascendentales que
puedan variar la decisión anterior», en virtud de la naturaleza de la acción popular y «e/principio de efectividad
de los derechos colectivos».
77 'bid., folios 422 y ss.
78 Ibid., folios 64 y ss.

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121 Incluso, en el año 2016, la jefe (e) de la Oficina Territorial Aburrá Norte de la
Corporación, por Resolución núm. 1605-18026 de 17 de mayo, reiteró las
repercusiones de las interferencias sobre la cuenca hidrográfica, al señalar que «el
río y disipa su energía en avenidas torrenciales, intensificando con el hecho, el
proceso de rebote e incidencia en la margen derecha en el predio de la Finca El
Chispero [. . .], aumentando con ello además, el proceso de arrastre y aporte de
sedimentos a la fuente»79.

122 En el dictamen pericial aportado por Canteras de Colombia, elaborado el 15 de
noviembre de 2016 por Carlos Humberto Vargas Rubio8°, se insiste en que las
intervenciones del cauce constituyen un factor que contribuye a la alteración de la
dinámica fluvial y, por consiguiente, a las problemáticas de desbordamientos e
inundaciones:

«[ los problemas asociados a las inundaciones ocurren cuando las
personas y sus actividades interfieren con su espacio, al ocupar zonas bajas
y construir viviendas e infraestructura en sitios al alcance de la inundación
sin la debida adecuación, manejo del agua y protección [ 1» (Negrilla fuera del
texto)

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
123 Es más, la líder de la Unidad de Gestión del Riesgo del AMVA, mediante
«informe de visita técnica a la escombrera El Trapiche» núm. 1611-4508 de 17 de
noviembre de 201681, precisó que el sector donde se autorizó la operación de la
escombrera fue producto del grave deterioro ambiental que ocasionó la actividad de
minería, sin que la autoridad ambiental hubiere impuesto las medidas preventivas,
correctivas, sancionatorias, restaurativas ni compensatorias a los responsables.

124. La pasividad sostenida de CORANTIOQUIA facilitó que las actividades
extractivas y de intervención del cauce se desarrollaran con tal intensidad y
desproporcionalidad, que se alteró el alineamiento del río, lo cual produjo el desvío
de sus aguas hasta el punto de conformar un «lago artificial» paralelo, en detrimento
de los ecosistemas circundantes. Adicionalmente, la sobreexplotación de los
recursos minerales fue tan agresiva y profunda que sobrepasó el nivel freático del
cuerpo hídrico, con lo cual se trastocó la morfología del cauce, lo que sin duda
alguna propicia los eventos de desbordamientos e inundaciones en ese sector.
Veamos:

«[.. .1. El sitio actual de depósito de la denominada escombrera "El Trapiche".
corresponde a una depresión de varios metros de profundidad resultado de
la antigua excavación y explotación de materiales aluviales en las terrazas
del río Aburrá. Depresión en la que se constituyó un cuerpo de agua tipo
"lago artificial" debido al aporte de aguas pertenecientes al nivel freático, la
precipitación y probablemente su conexión subsuperficial con el río Aburra,
teniendo en cuenta que el fondo del cauce del río se encuentra en un nivel

79 'bid., folios 393 y ss. En el mismo sentido acto administrativo 160 AN-1609-287951 de 8 de septiembre de
2016.
8° !bid., folios 574 y ss.
81 ibid., folio 991.

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más alto que el fondo del lago y los materiales de la zona corresponden a
depósitos aluviales que comúnmente poseen permeabilidades moderadas a
altas [. . .]». (Negrilla fuera del texto)

125. Paralelo a lo anterior, es de recordar que, precisamente, con un criterio
preventivo ante posibles impactos ambientales y situaciones de amenaza,
vulnerabilidad o riesgo de desastre82, la regulación de cuencas hidrográficas es
enfática en exigir la demolición de toda obra hidráulica que se hubiere ejecutado sin
permiso de la autoridad ambiental o que carezca de los estudios ecológicos
necesarios para garantizar la protección y conservación de las condiciones del
entorno.

126 Dicho mandato no ha sido observado por CORANTIOQUIA, en tanto que, a
sabiendas de «la posible producción de daños o riesgos que se puedan ocasionar
sobre el medio ambiente a partir del desarrollo de detertninada actividad [.. .], [no se
observa que haya cumplido su deber de] adoptar decisiones con antelación con el
fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas [.. .]»83, sobre todo cuando hoy se
observa que las intervenciones del cauce con jarillones anteceden a los eventos de
inundación por factores invernales".

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
127. La Corporación tampoco demostró que al ejercer sus atribuciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, tanto de las actividades de exploración.
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de las gravas y arenas para
construcción, como de los usos correspondientes del agua, el suelo, el aire y demás
recursos naturales renovables, evitara los impactos y deterioros que han venido
interfiriendo con la dinámica fluvial, y que inciden en la situación de riesgo de
desbordamiento e inundación que amenaza a las comunidades ribereñas.

82 Decreto 1076 de 2015. "Articulo 2.2.3.1.1.3. Definiciones. Para los efectos de
la aplicación e interpretación
del presente capítulo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: [. . .].
Amenaza. Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana
de manera accidental o intencional, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas,
lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. [...].
Gestión del riesgo. Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y
acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo,
impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las
situaciones de desastre, asi como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción.
Estas acciones tienen el propósito explicito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las
personas y al desarrollo sostenible. [...].
Vulnerabilidad. Susceptibilidad o fragilidad fisica, económica, social, ambiental o institucional que tiene una
comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente.
Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia.
así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos
físicos peligrosos. [...]".
83 Acerca del principio de prevención en materia ambiental: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2021. Rad. N.°. 73001-23-31-000-2012-00342-
01. C.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
84 En el dictamen pericia] aportado por Canteras de Colombia y elaborado
el 15 de noviembre de 2016 por
Carlos Humberto Vargas Rubio, el experto advirtió que los eventos de inundación se han presentado así: 6
entre 1999 y 2000, 1 en 2002, 2 en noviembre de 2010 y 2 en 2011. Sin embargo, también reconoció que los
jarillones se han venido construyendo desde 1994 por Áridos de Antioquia, Topco y propietarios de predios en
la Vereda Meseta. De tal modo se descarta la idea de que los desbordamientos e inundaciones obedezcan
única y exclusivamente a factores propiamente naturales, y que los jarillones se tengan como medidas de
mitigación del riesgo de desastres.

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128. Lo anterior porque, entre otras cosas, se reitera que la autoridad ambiental, al
pretermitir hasta el día de hoy las exigencias técnicas de las actividades
cuestionadas, carece de insumos específicos que le permitan conducir de manera
eficiente sus funciones hacia la oportuna y efectiva prevención, corrección y
compensación de las alteraciones ambientales registradas.

129. En efecto, mediante Informe Técnico núm. 120-IT2302-1780 de 21 de febrero
de 202385, el ingeniero geólogo de CORANTIOQUIA, Esteban José Arrieta Ortega,
constató que las intervenciones antrópicas del cauce, especialmente, mediante la
construcción de jarillones, han modificado drásticamente la dinámica natural del río,
lo cual desata en fenómenos de socavación e inundaciones:

«[.. .]. Al iniciar el recorrido por el área, se evidencia la construcción de un
Jarillón en predios de la empresa Topco SA, sobre la margen izquierda del río
Aburra, debido al cual esa margen supera en altura a la margen derecha que
corresponde a los predios de la Hacienda SAS, generando problemas de
inundación como se puede evidenciar en la imagen No. 3. [. . .1».

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
Mediante análisis multitemporal de imágenes satelitales es posible
identificar, como se ha modificado drásticamente el cauce del río Aburrá a
lo largo de los años existe un desplazamiento de aproximadamente 100
metros hacia la margen derecha producto de la dinámica natural del río y de
las intervenciones antrópicas que se han llevado a cabo en la zona
(construcción de jarillones), como se observa a continuación (Imagen 4 y 5),
teniendo como referencia el punto amarillo.

Imagen N 4. Cauce del río año 2005. Actualmente el cauce se localiza en el punto amarillo de la
Imagen, lo que evidencia el desplazamiento que se ha presentado a través del tiempo.

85 Documento digital "120-MEM2305-3180".

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Imagen N° 5 Cauce actual do Aburrá año 2022. (Cauce Antiguo Linea Azul).

Así mismo. es importante mencionar que la Hacienda S.A.S, realizó la
construcción de un jarillón de aproximadamente 50 metros. con el fin de proteger
los predios de inundaciones cómo es posible observar en la imagen No. 5. [. . .].

2.1 Tipo de amenaza

Se evidencia amenaza por inundación asociada a los jarillones realizados

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
por las diferentes empresas que se encuentran en las veredas San Diego y
La Palma y por procesos de socavación lateral

2.2 Afectaciones

Debido a los Jarillones identificados en la zona, se presentan problemas de
inundación y socavación lateral en el área
[ .]»86. (Negrilla fuera del texto).

130. En consecuencia, la Corporación concluyó, entre otras cosas, que «[d]e acuerdo
con lo evidenciado en campo es importante realizar los estudios de hidrología e
hidráulica solicitados mediante la sentencia 239, con radicado judicial
05001233300020160130400 de Acción Popular, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquía en la acción instaurada por La Hacienda S.A.S, por los
hechos ocurridos en las veredas San Diego y La Palma del municipio de Girardota».

131. Luego de más de dos décadas de construidos los jarillones y de calificarlos
como hecho generador de las afectaciones, CORANTIOQUIA no les ha exigido a
los responsables el cumplimiento de la obligación mencionada, aun cuando en el
mismo informe esa autoridad zonificó el área en cuestión como de alto nivel de
amenaza por inundación. En otras palabras, pese a que hace parte de sus
competencias propender por mitigar los factores de riesgo de inundación asociados
a los jarillones autorizados desde hace más de 20 años, la Corporación ha
mantenido una posición pasiva frente a las intervenciones permanentes del cauce.

132. En conclusión, a sabiendas de los deterioros ambientales detectados desde un
inicio, la Sala no encuentra que CORANTIOQUIA: i) haya exigido a la totalidad de

86 Documento digital "120-MEM2305-3180-, folios 15, 29 y 58.

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titulares mineros la presentación de los instrumentos de gestión ambiental
correspondientes conforme a la normativa aplicable, ni que los impuestos hubieran
permitido de manera efectiva materializar los deberes de manejo de las actividades
extractivas; ii) que haya evaluado la información entregada por los titulares mineros
a efectos de constatar las repercusiones de los proyectos en los ecosistemas
impactados; iii) que a lo largo de las concesiones haya modificado, readecuado o
actualizado periódicamente los instrumentos de gestión ambiental disponibles con
el fin de encauzar eficazmente las actividades económicas conforme a las
necesidades ambientales y sociales del sector; y iv) que hubiere desplegado
acciones continuas de seguimiento y control para verificar el cumplimiento de las
disposiciones ambientales aplicables, así como para garantizar oportunamente los
estándares de protección de los ecosistemas afectados.

C. Sobre la función restaurativa y compensatoria de los proyectos mineros

133 Por último, CORANTIOQUIA, en ejercicio de sus atribuciones sancionatorias y
de policía, no allegó resultados significativos en cuanto a la imposición de sanciones
efectivas en proporción a la cantidad y magnitud de infracciones e impactos
ambientales que ha venido registrando desde 1999.

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
134 La Sala observa que, ante la multiplicidad de actores que generan impactos en
los puntos afectados desde 1996 hasta hoy, la autoridad ambiental, por un lado, ha
tomado medidas sancionatorias ineficientes frente a la escombrera El Trapiche; y,
de otro lado, ha permanecido totalmente pasiva en relación el resto de
responsables.

135. En el marco del expediente sancionatorio AN4-1995-328, CORANTIOQUIA: i)
emitió la Resolución núm. 160AN-RES2211-7083 del 28 de noviembre de 2022 por
la cual cesó la investigación iniciada en contra de Áridos S.A. y Triturados Medellín
Ltda. debido a que se trataba de sociedades disueltas y liquidadas87; y ii) expidió la
Resolución núm. 160AN-RES2303-1137 del 30 de marzo de 2023, por la cual cesó
la investigación seguida contra la sociedad Topco S.A., al estimar que la
construcción de los jarillones no era un hecho que le fuera imputable a Topoco S.A.,
sino a las sociedades Áridos S.A. y Triturados Medellín Ltda.88.

136. Nótese que la resolución de los procedimientos administrativos
sancionatorios
es excesivamente tardía, pues se iniciaron en 1995 y solo se resolvieron en 2022 y
2023, esto es 28 años después. Esta dilación injustificada de CORANTIOQUIA
denota un ejercicio inadecuado de sus funciones, al punto de que las sociedades
inicialmente investigadas, a la fecha de definir su responsabilidad, ya no existían.

137 Además, aunque el polígono minero pasó a estar en cabeza de una sociedad
diferente, la autoridad ambiental no adoptó ningún tipo de recaudo a fin de
garantizar la exigibilidad de las obligaciones derivadas de los impactos ambientales

Documento digital "160AN-MEM2305-3105", folios 5.
88 /bid., folio 36.

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ocasionados, ni para imponer nuevas obligaciones tendientes a restaurar el área
afectada, pese a que las nuevas sociedades son las titulares de la actividad
extractiva en el mismo sector degradado y se benefician de los jarillones construidos
de tiempo atrás, al manifestar en sus alegatos de conclusión que «se limitaron a
conservarlos».

138. Tal es la poca proactividad de CORANTIOQUIA, que la fecha de la cesación de
las investigaciones aseguró que «no habían medidas preventivas para levantar»,
aun cuando inició y finalizó el proceso sancionatorio AN4-1995-328 sin obtener
ningún efecto útil en la gestión ambiental de la zona.

139. Es más, a pesar de que en el Informe Técnico 160AN-IT2302-840 del 2 de
febrero de 202389, la ingeniera ambiental de CORANTIOQUIA, Ana Isabel Guevara
Cifuentes, determinó que sí hay afectaciones ambientales y que Topco sí realiza
actividades de explotación minera en la zona, concluyó que esta no genera
afectaciones ambientales, aun cuando esa sociedad -que funge como la nueva
persona autorizada para explotar el mismo sector- ha reconocido que decidió
conservar los jarillones que allí se encuentran:

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
«I.] sin embargo, se reitera que en la actualidad si realizan actividades de
explotación en las coordenadas N 65°23'38.45 O 75°2558.49" (aguas arriba),
actuando como Mincivil — Topco y cuentan con título de explotación o
minero, donde se cuenta con algunos trámites ambientales ante la corporación.

Además, presenta un mapa donde se encuentra delimitado el titulo minero de
ARIDOS y TRITURADOS Medellín para ese momento, y menciona que dichas
empresas fueron las que construyeron los jarillones, y debido a que las empresas
están canceladas, los cargos se presentaron para TOPCO S.A los cuales
mencionan que en su momento no realizaron afectación sobre las llanuras de
inundación.

Por tanto, no se genera afectación ambiental por parte de la empresa TOPCO
sobre las franjas de retiros o llanuras de inundación del río Medellín, no se
procede técnicamente a realizar valoración de impactos, sin embargo, en la
actualidad la afectación ambiental, se genera por no respetar los retiros
obligatorios del Río Medellín y realizar actividades pecuarias en la zona, por
parte de inversiones San Pedro. [. . .]». (Negrilla fuera del texto).

140. Incluso, en el mismo informe técnico, CORANTIOQUIA corroboró que los
impactos ambientales ocasionados por las actividades mineras y por la construcción
antitécnica de jarillones en el cauce del río Medellín, no habían sido objeto de
actividades de restauración y compensación, y que tampoco se han cumplido con
las obligaciones ambientales impuestas desde 1997:

«[ ] No se observó revegetalización del Jarillón y llanuras de inundación
como actividades de restauración del predio después de las actividades
de explotación

69 'bid. , folio 23. Informe decretado mediante acto administrativo
160AN-ADM2211-8749 del 28 de noviembre
de 2022.

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Se revisó el expediente y a la fecha no se ha presenta las recomendaciones
dispuestas dentro del informe técnico No 130AN-97-05270 del 29 de
agosto de 1997, tales como:

"Programa de cierre y abandono de la mina, destinación del uso final de la
zona de explotación"

'Presentar obras de prevención, corrección y mitigación, compensación
de los efectos generados

"programa de seguimiento, evaluación, control, monitoreo Y
contingencia- [ • ]». (Negrilla fuera del texto).

141. Así pues, se concluyó, entre otras cosas, que los jarillones fueron construidos
para que funcionaran como barrera de protección de la actividad minera y «también
para ampliar e! área de la actividad de explotación de material». No obstante, dichos
jarillones «no tenían diseños técnicos como estructura y análisis geotécnico de
estabilidad de taludes» y, al día de hoy, permanecen como ruinas que afectan los
ecosistemas fluviales sin que la Corporación haya exigido oportunamente las
restauraciones del caso.

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
142. En el marco del expediente sancionatorio AN4-2016-17, CORANTIOQUIA,
mediante la Resolución núm. 160AN-1610-18392 de 19 de octubre de 201693,
sancionó a la sociedad Restauración Ambiental El Trapiche S.A.S. con multa
equivalente a $205'711.548 por infracción de normas ambientales en un área de
terreno destinada a la escombrera, en las veredas La Palma y San Diego-La
Meseta, en jurisdicción del Municipio de Girardota; sin embargo, no acreditó que
dicha sanción se hubiere ejecutado, ni que fuera realmente la idónea para
salvaguardar el medio ambiente, en atención a los graves y reiterados impactos
generados por la sociedad responsable (los cuales se describirán con mayor detalle
en el apartado V.5.2.).

143 Asimismo, la Corporación no demostró que hubiere dictado la orden de
cese
inmediato de la actividad lesiva ni que la sociedad responsable ejecutara las labores
de restauración y compensación correspondientes.

144. Por último, asabiendas de que con posterioridad a la sanción de multa, la
escombrera continuaba operando, recibiendo y depositando en zona de llanura de
inundación y en el propio cauce del río Medellín, escombros y residuos peligrosos
de carácter corrosivo, tóxico, infeccioso e inflamable (verificación de 24 de abril de
201891. requerimiento de 11 de marzo de 201992, denuncia de 3 de julio de 201993,
reporte de 14 agosto de 201994 y requerimiento de 19 de noviembre de 201995),

99 !bid., folio 1, Memorando 160AN-MEM2305-3105 de 4 de
mayo de 2023.
91 !bid., folios 857 y ss. Cuaderno 2.
92 !bid., folio 991.
93 Ibidem.
94 fbidem.
95 Ibidem.

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CORANTIOQUIA decidió omitir toda medida eficiente para impedir la degradación
alarmante de los ecosistemas.

145 Muestra de la actualidad de los impactos mencionados se observa en el
expediente de licencia ambiental AN3-1998-1372 a nombre de la sociedad Mincivil
S.A. Mediante el Informe Técnico de Control y Seguimiento 160AN-IT2012-13958
del 22 de diciembre de 202096, suscrito por el zootecnista José Miguel Rojas Rua,
CORANTIOQUIA registró que Mincivil «ha desarrollado durante varios años la
actividad de explotación de materiales de la vega aluvial del río Medellín, dentro del
área correspondiente al contrato de concesión minero N.° 456». De igual forma se
reconoció que:

«[...]. En el área en recuperación se adelanta la actividad de depósito de
materiales mediante la ejecución de una escombrera. debidamente autorizada
por el municipio, entidad competente para el otorgamiento del permiso requerido.
[...]». (Negrilla fuera del texto).

146. Asimismo, la Corporación describe que parte de las actividades autorizadas en
el sector afectado desde 201 397 involucran el «manejo de residuos sólidos» y el
«manejo de residuos peliqrosos»98, lo cual es abiertamente incompatible con el

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
régimen de escombreras.

147. Además, destacó que la zona degradada no ha sido objeto de restauración, que
la cota inicial del terreno no ha sido nivelada y que, por lo tanto, ni el «programa de
reforestación» ni el «plan de conservación por pérdida de cobertura vegetal y
hábitats» se han ejecutado.

148. Pese a la gravedad de los hallazgos, el profesional de CORANTIOQUIA se
limitó a recomendar que se «continúe con las acciones de mantenimiento.
mejoramiento y seguridad del proyecto minero» y que, en atención a su
incumplimiento, «la empresa M1NCIVIL SA deberá enviar informes posteriores del
cumplimiento ambiental [ICA] para el año 2019 y 2020».

149 Mediante comunicación 040-0012203-7094 de 18 de marzo de 2022 99,
CORANTIOQUIA requirió a la sociedad Mincivil S.A. para que aporte los informes
de cumplimiento ambiental -ICA- de 2019, 2020 y 2021.

150. Mismo requerimiento se replicó en el Informe Técnico
160AN-1T2212-16710 del
lo. de diciembre de 20221°0, donde el ingeniero de minas y metalurgia de
CORANTIOQUIA, Breyner Stevens Arango Martínez, precisó que los informes de
cumplimiento ambiental que no ha aportado la sociedad Mincivil deben integrar «las
actividades de los Planes de Manejo Ambiental aprobadas que fueron ejecutadas
en las labores de cierre y abandono del proyecto minero».

96 !bid., folios 46 y ss., Documento digital
"160AN-MEM2305-3105".
97 !bid., folios 226 y ss. Cuaderno 1: Resolución 895 de 24 de junio
de 2013.
98 Ibid., folio 49 del Documento digital
"160AN-MEM2305-3105".
99 !bid., folio 55 del Documento digital "160AN-MEM2305-3105".
loo Ibid., folios 60 y ss.

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151. Posteriormente, sin haber exigido el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes, especialmente de aquellas que permitan restaurar los sectores
alterados, la directora general de CORANTIOQUIA expidió la Resolución núm. 040-
RES2212-7939 de 22 de diciembre de 20221°1, por la cual resolvió declarar la
pérdida de vigencia de la licencia ambiental por vencimiento del título minero:

«[...] ARTÍCULO 2°: DECLARAR LA PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA
AMBIENTAL otorgada mediante Resolución 130AN-3359 del 31 de mayo de 2005,
modificada mediante la Resolución 130AN-9061 del 4 de junio de 2009, a la
empresa MINCIVIL SA. con Nit 890.930.545-1, para el desarrollo de las
actividades en la mina consistentes en la explotación, beneficio, transformación,
cierre, abandono y restauración, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente decisión [...]». (Negrilla fuera del texto).

D. Conclusión

152. Conforme a todo lo evidenciado en los diferentes proyectos, obras y actividades
que generan presión sobre los ecosistemas fluviales, se evidencia que al día de hoy
CORANTIOQUIA persiste en omitir el ejercicio de sus poderes legales a efectos de
poner un alto definitivo a las acciones de degradación ambiental identificadas en

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
campo, y de exigir el restablecimiento de los impactos ocasionados y,
particularmente, del pasivo ambiental que data desde 2016102 .

153. En efecto, la única medida sancionatoria impuesta en el año 2016 a la sociedad
El Trapiche consistió en: (i) readecuar el terreno afectado; (ii) realizar obras de
defensa o contención hidráulica; (iii) presentar un plan de manejo ambiental; (iv)
proteger y aislar la cobertura vegetal nativa, permitiendo su proceso de sucesión
natural; y (v) respetar en adelante la zona de llanura de inundación afectada y el cauce
del río Aburrá.

154. Sin perjuicio de que a la fecha no se acreditó la debida ejecución de las
sanciones impuestas, la Sala considera que ante la gravedad de los impactos
ambientales, dichas sanciones, en primer lugar, no permiten concluir que se hubiere
dispuesto el cese definitivo de la acción lesiva de los ecosistemas fluviales, pues la
«escombrera» no ha sido clausurada y tampoco se decomisaron los elementos,
medios e instrumentos que allí se utilizan para rellenar el pasivo ambiental dejado
por las actividades de minería. Y, en segundo lugar, CORANTIOQUIA tampoco ha
adoptado medida alguna en relación con la pasividad de la alcaldía municipal de
Girardota como entidad responsable de haber autorizado el funcionamiento de
dicho establecimiento —tal y como se verá en el próximo apartado-.

1°1 !bid., folios 66 y ss.
2016, por el cual la jefe
1°2 Ibid., folios 371 y ss. (Acto administrativo N.° 160AN-1606-28795 de 3 de junio de
Trapiche), y 991
de la Oficina Territorial Aburrá Norte de Corantioquia sancionó con multa a la sociedad El
(«informe de visita técnica a la escombrera El Trapiche» N.' 1611-4508 de 17 de noviembre de 2016 suscrito
Aburrá -AMVA-, Luz
por la líder de la Unidad de Gestión del Riesgo del Área Metropolitana del Valle de
Jeannette Mejía C.).

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155 A lo anterior se agrega que la Corporación tampoco ha exigido, en el marco de
la generalidad de los procedimientos administrativos relacionados con la
problemática en cuestión, la corrección de las conductas irregulares, ni mucho
menos medidas específicas orientadas hacia la restauración, compensación y
reparación de los daños evidenciados, tal y como lo exige la Constitución y la ley.

156 En síntesis, la Sala evidencia que CORANTIOQUIA ha autorizado y permitido
de manera prolongada, situaciones, actividades de intervención de cauce y obras
de defensa en detrimento del ambiente y los recursos naturales, lo cual se identificó
claramente como factor de los procesos erosivos y de socavación de las márgenes
del río Medellín y, en consecuencia, de los desbordamientos e inundaciones que
afectan a la población.

157. Esta relación se fundamenta en que, luego de más de 23 años de permanencia,
las intervenciones y obras mencionadas, por un lado, están desprovistas de los
cálculos, memorias y soportes científicos que justifiquen su sostenibilidad
ambiental; y, de otro lado, se han efectuado menoscabando la morfología del
paisaje, del cauce de su franja forestal protectora, la cual presta la función
ecosistémica de servir como regulador natural del afluente y de prevenir

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
desbordamientos, al disipar la energía del caudall°3.

158. En consecuencia, al ser removida esa cobertura vegetal y reemplazada con
intervenciones que desconocen el principio de rigor técnicol", además de
transgredir la regulación ambiental y desconocer su connotación de área de especial
importancia ecológica y, por tanto, ecosistema de protección prioritaria, se altera la
geomorfología del río y la dinámica de las aguas, aumentando así los niveles de
vulnerabilidad en términos de gestión del riesgo de inundaciones.

159 Así, se pone de relieve que la «modificación drástica del cauce del río Aburrá a
lo largo de los años» identificada por CORANTIOQUIA y atribuida a «la dinámica
natural del río y a las intervenciones antrópicas que se han llevado a cabo en la
zona: construcción de jarillones», encuadra dentro de las hipótesis transgresoras de
la integridad de los ecosistemas acuáticos previstas por el Decreto 1076 de 2015:

«Artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el
medio acuático se prohíben las siguientes conductas:

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias
sólidas, liquidas o gaseosas. o formas de energía en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar o salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados
con el recurso hídrico. [. . .].

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:

1°3 Ibid., folios 912 y 952. Testimonio depuesto por la funcionaria de Corantioquia, Gloria Patricia Restrepo
Cuervo, en audiencia de 12 de junio de 2018.
1°4 Decreto Ley 2811 de 1974. "Artículo 185.- A las actividades mineras, de construcción, ejecución de obras de
ingeniería, excavaciones, u otras similares, precederán estudios ecológicos y se adelantarán según las
normas, sobre protección y conservación de suelos". (Negrilla fuera del texto).

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a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas;
b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;
e. La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la
fauna acuática [. ..]». [Decreto 1541 de 1978, art. 238]. (Negrilla fuera del texto).

160 Paralelo a ello, valga señalar que aunque Corantioquia no tiene competencias
de control y fiscalización minera propiamente dichas, sí tiene, -como ya se ha
reiterado-, deberes específicos en materia de protección de los recursos naturales
objeto de explotación y, especialmente, de los ecosistemas fluviales situados en el
territorio de su jurisdicción.

161 Por consiguiente, aunque no haya otorgado los títulos mineros en cuestión y
tampoco hubiere expedido los actos administrativos que autorizaron el
funcionamiento de la escombrera, lo cierto es que en su rol de máxima autoridad
ambiental, ha estado investida de los poderes y facultades que, desde un inicio, le
hubieren permitido: i) evaluar la viabilidad técnico-ambiental de los proyectos
mineros; ii) instruir las actividades económicas autorizadas, así como corregirlas y
suspenderlas al haber transgredido los criterios técnicos de sostenibilidad que les

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
son exigibles; y iii) obligar las restauraciones y compensaciones de los ecosistemas
impactados.

162. Dicho de otro modo, no es la actividad de licenciamiento minero la causa
eficiente de las transgresiones a los derechos colectivos, sino la omisión prolongada
de Corantioquia en el ejercicio coordinado y oportuno de sus funciones para efectos
de haber precavido las afectaciones ambientales1"5, al igual que para haber
orientado las actividades económicas con base en los instrumentos de gestión
aplicables'''.

163 En ese sentido, la autoridad ambiental ha faltado a su obligación de planificar la
administración eficiente de los recursos naturales —vinculando y asignando de
manera coordinada y armónica precisas obligaciones a los entes territoriales,
autoridades mineras y agentes económicos correspondientes- en orden a prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental de la cuenca hidrográfica del Valle de
Aburrál°7, al igual que a su obligación de ejecutar, con todo el rigor técnico y

105 Ley 99 de 1993. "Artículo 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones
Autónomas Regionales son entes [1
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. [...]".
106 Cfr. Folios 340 y ss. del cuaderno 1 del expediente. Convenio 1505-72
suscrito entre Corantioquia y el
Departamento de Antioquia con el "OBJETO: Aunar esfuerzos que conlleven al ejercicio de la fiscalización
minera y al seguimiento y control ambiental respeto de los títulos mineros ubicados en jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia — CORANTIOQUIA, a fin de garantizar el adecuado
manejo de los recursos mineros y la administración de los recursos naturales".
107 Decreto 2811 de 1974. "Artículo 9. El uso de elementos ambientales y de
recursos naturales renovables,
debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: [...]. a.- Los recursos naturales y demás elementos
ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al
interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código [.1.
Artículo 45.- La actividad administrativa en relación con el manejo de los recursos naturales renovables se
ajustará a las siguientes reglas:[...]. h.- Se velará para que los recursos naturales renovables se exploten en
forma eficiente, compatible COn su conservación y acorde con los interese colectivos [. ..]".

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científico del caso, las obras que permitan regular el cauce adecuadamente,
prevenir desbordamientos e inundaciones y recuperar los recursos naturales y
ecosistemas asociados.

V.5. De la responsabilidad del MUNICIPIO

V.5.1. De las obligaciones jurídicas del MUNICIPIO en torno a la controversia

164. El MUNICIPIO se opuso al cumplimiento de sentencia de primera instancia en
la medida en que la transgresión de los derechos colectivos se debe a las
actividades de explotación minera, las cuales, a su parecer, deben ser objeto de
control por parte de las autoridades mineras y ambientales.

165. Pues bien, aunque la Sala no desconoce la injerencia de otras entidades en la
problemática, esa situación no desvirtúa la participación del MUNICIPIO en los
graves impactos ocasionados a los ecosistemas fluviales del valle de Aburrá, ni
conduce a exonerarla en el cumplimiento de sus obligaciones como máxima autoridad
ordenadora del territorio y planificadora del desarrollo local, como autoridad operativa
del SINA y como conductora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
-SNGRD- en el ámbito de su jurisdicción.

166. La Ley 99 estableció los principios generales de la Política Ambiental
Colombiana, dentro de los cuales se encuentran aquellos que expresamente
vinculan la gestión de las entidades territoriales:

«Artículo 63°.- Principios Normativos Generales. A fin de asegurar el interés
colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar
el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio
de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades territoriales,
se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor
subsidiario definidos en el presente articulo.

Principio de Armonía Regional. Los Departamentos. los Distritos, los Municipios.
los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley diere
el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales
y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales
renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de
carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin
de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos
naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio
natural de la nación.

Principio de Gradación Normativa. En materia normativa las reglas que dicten
las entidades territoriales en relación con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables respetarán el carácter superior y la preeminencia
jerárquica de las normas dictadas por autoridades y entes de superior
jerarquía o de mayor ámbito en la comprensión territorial de sus
competencias. [.

Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental; es
decir aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación
del uso, manejo. aprovechamiento y movilización de los recursos naturales

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renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que
limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la
preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso
para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse
sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las
autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o
municipal. en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se
reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias
locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la
presente Ley. "I». (Negrilla fuera del texto).

167. Ahora, de cara al asunto objeto de debate, resulta apropiado destacar las
siguientes funciones que la Ley 99 le atribuyó a los municipios en materia ambiental:

i) Adoptar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos nacionales, regionales
y sectoriales de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, así como
elaborar los planes, programas y proyectos en su ámbito territoriall°8

ii) Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de los
planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios para
la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables1°°.

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
iii) Ejercer, conforme a la distribución legal de competencias, funciones de control y
vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar
por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia
ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano11°.

iv) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales,
las actividades de control y vigilancia ambientales con el apoyo de la fuerza pública.
en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo111.

y) Dictar y hacer cumplir las disposiciones sobre ordenamiento del territorio municipal
y las regulaciones sobre usos del suelo112.

vi) Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua
afectados por vertimiento del municipio, así como programas de disposición,
eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones
contaminantes del airel ' 3 .

108 Ley 99 de 1993. articulo 65, numerales 1 y 3.
109 Ibid., numeral 5.
110 Ibid., numeral 6.
111 !bid., numeral 7.
112 Ibid., numeral 8.
113 Ibid., numeral 9

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vii) Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y
organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las
Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje,
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o
corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y micro-
cuencas hidrográficas114.

168. Por su parte, el artículo 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001115 asignó
a los municipios, entre otras, las siguientes obligaciones en materia ambiental:

«Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones. corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General
de Participaciones u otros recursos. promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: [. ..].

76.5. En materia ambiental

76.5.1 Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la
defensa del medio ambiente en el municipio, en coordinación con las
corporaciones autónomas regionales

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76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener
el ambiente sano.

76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas
Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales.
que se realicen en el territorio del municipio.

76.5.5. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras
entidades públicas, comunitarias o privadas, obras y proyectos de
irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones
y regulación de cauces o corrientes de agua.

76.5.6 Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo Y
aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas. [ ]s

76.9. En prevención y atención de desastres. Los municipios con la cofinanciación
de la Nación y los departamentos podrán:

76.9.1 Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción.

76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de
asentamientos. [. . .]». (Negrilla fuera del texto).

169. Nótese cómo las competencias que está llamada a desempeñar la alcaldía
municipal de Girardota se estructuran a partir del principio de articulación de la

114
Ibid., 10.
115 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros".

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actividad administratival16 propio del SINA. De tal manera. las responsabilidades
que apuntan a la administración eficiente del patrimonio ambiental del país no son
excluyentes, sino complementarias, justamente en atención a los postulados de
colaboración armónica y coordinación117.

170. Paralelo a lo anterior, la regulación estableció, fundamentalmente, en cabeza de
los alcaldes -pero también en otras autoridades-, deberes concretos dirigidos a
planificar, orientar. priorizar, articular y armonizar las actividades atinentes a la
gestión ambiental, a la ordenación del territorio, a la planificación del desarrollo y a
la adaptación al cambio climático, en el marco de los procesos de gestión del riesgo
de desastres118.

171. En consecuencia, resulta fundamental que la administración municipal de
Girardota, como responsable directa en el desarrollo e implementación de los
procesos de gestión del riesgo de desastres, contribuya en la materialización de
medidas que permitan mitigar la amenaza. así como disminuir la vulnerabilidad de
los sectores afectados por los fenómenos de erosión y socavación de las márgenes
del río Medellín y que intensifican los desbordamientos y las inundaciones. Esto,
claro está, a partir de los lineamientos, directrices e insumos que para el efecto le

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
brinde CORANTIOQUIA en materia ambiental.

172. Hasta aquí está claro que, independientemente de su injerencia causal, por
imperio de la ley, la alcaldía de Girardota está llamada a ejercer funciones
importantes en materia de gestión ambiental de su territorio, lo cual involucra, por
supuesto, el componente del riesgo de desastres derivado de los impactos
ocasionados a los ecosistemas fluviales del valle de Aburrá. La ejecución oportuna
de tales competencias permitirá mitigar la problemática objeto de la demanda. Por
lo tanto, desde este punto de vista, no se halla en el recurso de alzada un argumento
válido para revocar las órdenes de amparo impuestas a ese ente territorial.

V.5.2. Resolución del recurso de apelación

173 En el expediente contiene diversos medios de prueba que revelan una gestión
pública deficiente de la alcaldía de Girardota, al estar directamente involucrada en
la degradación ambiental ocasionada por las actividades de disposición inadecuada
de residuos a la vera del río Medellín Veamos:

174 Mediante Resolución núm. 895 de 24 de junio de 2013119, el secretario de
Planeación y Desarrollo Urbano de la alcaldía municipal de Girardota, Jorge
Humberto Sosa Cataño, autorizó a una persona natural el funcionamiento de una

116 Cfr. : Leyes 136 de 2 de junio de 1994, articulo 4; 1454 de
28 de junio de 2011, artículo 27 y 1551 de 6 de
julio de 2012: coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad.
117 Ley 99 de 1993. articulo 31. parágrafo 4°.
118 Ley 1523 de 2012, articulos: 14, parágrafo; 21, numeral 8;
23, numeral 2; 31, parágrafo 2.°; 39 y 40.
119 Folios 226 y ss. del expediente de la referencia

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«escombrera» dentro de un perímetro minero con el fin de «contribuir a la
restauración paisajística»12° de los sectores degradados por la actividad minera.

175. Conforme a la Resolución núm. 541, emitida el 14 de diciembre de 1994 por el
Ministerio del Medio Ambiente121, dicha restauración consistía en rellenar los «pits»
o huecos dejados por la actividad extractiva con materiales y elementos como
escombros, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa
orgánica, suelo y subsuelo de excavación, entre otros122.

176. En efecto, baste recordar que la líder de la Unidad de Gestión del Riesgo del
AMVA, Luz Jeannette Mejía CH., mediante «informe de visita técnica a la
escombrera El Trapiche» núm. 1611-4508 de 17 de noviembre de 2016123, precisó
que el sector donde se autorizó la operación de la escombrera fue producto del
grave deterioro ambiental ocasionado por la actividad de minería, tal y como se
advirtió en el capítulo anterior:

«[...]. El sitio actual de depósito de la denominada escombrera El Trapiche".
corresponde a una depresión de varios metros de profundidad resultado de
la antigua excavación y explotación de materiales aluviales en las terrazas

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del río Aburrá. Depresión en la que se constituyó un cuerpo de agua tipo
"lago artificial" debido al aporte de aguas pertenecientes al nivel freático, la
precipitación y probablemente su conexión subsuperficial con el río Aburrá,
teniendo en cuenta que el fondo del cauce del río se encuentra en un nivel
más alto que el fondo del lago y los materiales de la zona corresponden a
depósitos aluviales que comúnmente poseen permeabilidades moderadas a
altas. [.. . ]». (Negrita fuera del texto)

177. En ese sentido, la determinación administrativa municipal impuso las siguientes
obligaciones:

«Artículo primero. Conceder al señor Yenner Arley Flórez Uribe con cédula de
ciudadanía N° 70.140.821 autorización para funcionamiento por un período inicial
de doce (12) meses de una escombrera en los predios identificados con número
catastral 00-023-001, matrícula catastral 7463 y 00-023-002 matrícula catastral
7457 vereda La Palma en lotes de la concesión minera LCF-14081X.

Artículo segundo. Para el funcionamiento de la escombrera, al señor Yenner Arley
Flórez Uribe se impone el PMA presentado en el estudio "Plan de Restauración
Ambiental de Áreas Degradadas por la minería Restauración de La Palma 2012"
con la obligación de implementar todas las medidas ambientales contenidas en
este. para una correcta ejecución del proyecto en las fases de adecuación y
construcción, operación, cierre y clausura del mismo. [. . ,]»124.

120 Resolución 541 de 14 de diciembre de 1994, artículo 3.
121 -Por medio de la cual se regula el cargue, descargue. transporte,
almacenamiento y disposición final de
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa
orgánica. suelo y subsuelo de excavación".
122 Ibid., artículo 1.
123 Folio 991 del expediente de la referencia.
124 Ibid., folios 226 y ss.

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178. Se destaca que en el artículo 4° de esa Resolución, la Secretaría de Planeación
Municipal de Girardota se comprometió expresamente a «[...] realizar el control de
la actividad autorizada [.. .1».

179. Posteriormente, mediante Resolución núm. 1410 de 17 de septiembre de
2014125, el mismo secretario de Planeación y Desarrollo Urbano de Girardota
prolongó la autorización mencionada en los siguientes términos:

«Artículo primero. Conceder a la Escombrera Restauración Ambiental El Trapiche
SAS NIT 900630086-0, que tiene como representante legal al señor Yenner Arley
Flórez Uribe [...] la autorización para funcionamiento por un período inicial de
ochenta y cuatro (84) meses de una escombrera en los predios identificados con
número catastral 00-023-001, matricula catastral 7463, número catastral 00-023-
002 matrícula catastral 7457 y lote número catastral 00-023-238 matricula
catastral 60360, vereda La Palma, en lotes de la concesión minera LCF-14081X.
terrenos que fueron explotados, y que están en proceso de recuperación. El
avance será revisado cada año y al final de los 84 meses se deberá revisar el
avance final y prorrogar si fuera el caso revisando las condiciones puestas al
principio y su cumplimiento. [. . .]».

180. De igual forma, en el mismo acto administrativo, la administración municipal se
comprometió a «realizar la vigilancia y control pertinentes al cumplimiento del plan

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de manejo ambiental y al plan de trabajo que complementa el primero, respecto a
la adecuación constructiva del terreno, la secretaría de Planeación y Desarrollo
Urbano, con el apoyo de la subsecretaria de Medio Ambiente y la secretaria de
Gobierno, si fuere el caso, realizará el control de la actividad autorizada para lo cual
el interesado deberá presentar anualmente cuentas del avance del llenado»126.

181. Pues bien, en primera medida, la entidad territorial recurrente no demostró
haber desplegado adecuada y oportunamente sus funciones de vigilancia,
seguimiento. evaluación y control durante los 9 años en que fue autorizada la
actividad, esto, es, en los términos precisados en el apartado anterior de esta
providencia, relativos al componente técnico y científico de sus atribuciones y en el
marco de los instrumentos de planificación y articulación del SINA.

182. En segundo lugar y como consecuencia de dicha omisión, el 26 de febrero de
2016, CORANTIOQUIA inspeccionó el área donde opera la escombrera autorizada
por la alcaldía municipal de Girardota. Mediante Informe Técnico núm. 160AN-1604-
30815 de 5 de abril de ese año, los profesionales especializados de esa autoridad
ambiental, Héctor Iván Builes Moreno y Juan Carlos Vasco López, registraron los
siguientes hallazgos:

«[...]. La disposición del material es inadecuada y antitécnica ya que no posee
diseños con obras de drenaje y contención; realizado sobre la cobertura vegetal
existente sin descapote previo, por lo cual se presenta una superficie de contacto
muy deficiente constituyéndose en una superficie de debilidad y potencial falla del
depósito.

125 !bid., folios 229 y ss.
126 Artículo Quinto.

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En caso de presentarse lluvias, el caudal del Río Aburrá se incrementa, lo que
conlleva a un aumento en la lámina de agua, en la velocidad de las líneas de flujo y
en el poder erosivo y de socavación de las misma, situación que pone en riesgo
de inundación a los predios ribereños localizados a margen derecha del río,
así como a la activación de procesos de inestabilidad en dichos predios. lo que
ocasiona el desprendimiento del material que los conforma.

La disposición inadecuada de estos materiales en la zona de llanura de inundación
y cauce meándrico del río, constituye una afectación a los recursos flora, agua y
suelo, incrementando el aporte de sedimentos al curso de agua sin ningún
manejo ni tratamiento técnico en dicha zona, sin Plan de Manejo ni permisos para
ello de la Autoridad Municipal y Autoridad Ambiental que pudiera requerir, afectando
un área aproximada de 10600 m2.

Las afectaciones ambientales generadas por las actividades desarrolladas ya
descritas, se califican como severas con base en la metodología definida en la
Resolución 2086 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tal
como se relaciona en el presente informe. [...]»,27. (Negrilla fuera del texto).

183. En consideración a las referidas evidencias, mediante acto administrativo núm.
160AN-1604-28615 de 20 de abril de 2016, la jefe de la Oficina Territorial Aburrá
Norte de CORANTIOQUIA inició procedimiento administrativo sancionatorio de
carácter ambiental en contra de la sociedad El Trapiche S.A.S. Dicha determinación

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se basó en las siguientes apreciaciones:

«[. . .1. Que del seguimiento a la actividad comercial desarrollada por la sociedad
RESTAURACION AMBIENTAL EL TRAPICHE SAS, con Nit 900630086-0, en
inmueble ubicado en la vereda La Palma, jurisdicción del Municipio de Girardota,
donde opera una escombrera autorizada por el ente territorial, se evidenció la
disposición de tierras, escombros y residuos diversos, conformando un
terraplén de unos tres (3) metros de altura sobre la llanura aluvial, por donde
discurre el Río Aburrá y disipa su energía en avenidas torrenciales,
intensificando con el hecho el proceso de rebote e incidencia en la margen
derecha en el predio de la Finca El Chispero, aumentando con ello además, el
proceso de arrastre y aporte de sedimentos a la fuente.

Que como consecuencia de la disposición inadecuada de material por parte de la
sociedad RESTAURACION AMBIENTAL EL TRAPICHE SAS con Nit. 900630086-
0, se han evidenciado impactos negativos al medio ambiente y a los recursos
naturales renovables. "I». (Negrilla fuera del texto).

184 En consecuencia, la autoridad ambiental dispuso:

«ARTÍCULO 1°. Iniciar Proceso Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental
contra la sociedad RESTAURACION AMBIENTAL EL TRAPICHE SAS, con Nit.
900630086-0, representada legalmente por el señor YENNER ARLEY FLOREZ
URIBE, con C. C. No. 70.140.821. en calidad de responsable de la actividad
comercial (escombrera), que se desarrolla en inmueble ubicado en la vereda La
Palma, en jurisdicción del Municipio de Girardota. y como presunta responsable de
afectaciones ambientales derivadas de la actividad comercial. [. .]»128

127Folios 939 y ss. del expediente de la referencia.
128 Ibid.,
folios 396 y ss.

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185 Asimismo, mediante acto administrativo núm. 160AN-1606-28795 de 3 de junio
de 2016'29, la jefe de la Oficina Territorial Aburrá Norte de CORANTIOQUIA dispuso
lo siguiente:

«ARTÍCULO 1°. Formular a la sociedad RESTAURACION AMBIENTAL EL
TRAPICHE SAS, con Nit. 900630086-0, por intermedio de su representante legal o
quien haga las veces, en calidad de responsable de las actividades adelantadas al
interior de inmueble ubicado en la vereda La Palma, jurisdicción del Municipio de
Girardota, donde en la actualidad opera una escombrera. el siguiente cargo:

a) Disposición inadecuada de escombros y material en zona de llanura de
inundación y Cauce meándrico del Río Aburrá, en las coordenadas 6° 24' 04.54"
N: 75° 25' 23.23" W, sobre una cota de 1.332 msnm, en la margen izquierda del Río
Aburrá, en la Vereda La Palma del Municipio de Girardota, en un área de 10.600 m2
aproximadamente. interfiriendo con la dinámica fluvial de dicha fuente hídrica.
ya que se elevó el nivel de la llanura aluvial y se impide que el río en épocas de
lluvias tome su curso disipando energía en dicha zona, produciéndose como
resultado la intensificación del proceso de socavación lateral de la margen
derecha a la altura del predio el Chispero por rebote e incidencia de las líneas
de flujo en dicho punto, así como el consecuente aumento del aporte de
sedimentos a la fuente hídrica por arrastre. Transgrediendo con las acciones
documentadas los Artículos 1°, 8°, 9°, 83, 178, 179 y 180 del Decreto ley 2811 de
1974; y el Articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015. [. . .]». (Negrilla fuera del texto).

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
186. Agotado el trámite correspondiente, mediante Resolución núm. 160AN-1610-
18392 de 19 de octubre de 2016, la jefe de la Oficina Territorial Aburrá Norte de
CORANTIOQUIA resolvió:

«ARTICULO 1'. Declarar a la sociedad RESTAURACION AMBIENTAL EL
TRAPICHE S.A.S [. ..] responsable de infracción de las normas ambientales vigentes,
acorde con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 [. . .].

ARTICULO 2°. Imponer a la sociedad RESTAURACION AMBIENTAL EL TRAPICHE
SAS [ . .] multa tasada en DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($205711.548) [

ARTÍCULO 4°. Requerir a la sociedad RESTAURACION AMBIENTAL EL TRAPICHE
S.A.S. [.1 para que atienda a las siguientes exigencias:

a. En consideración a la situación crítica evidenciada en uno de los costados de la
escombrera, zona de estrechamiento del terraplén o dique que separa el antiguo pit
de explotación y el Río Aburrá. donde se denota la existencia de un proceso activo
de inestabilidad por socavación lateral del río en esta margen, con potencial
derrumbamiento o volcamiento por acción natural del régimen hídrico de la
corriente en dicho sitio, deberá implementarse como medida de control inmediata el
realizar un llenado o disposición de los escombros que se recepcionen en el pit, del
lado de la zona de mayor estrechamiento del dique o franja de separación,

b. Como medida posterior a corto plazo, en la margen izquierda del río, se deberá
ejecutar una obra de defensa-contención en la zona de incidencia de la corriente en
dicho talud, obra que deberá presentarse a consideración de la autoridad ambiental
para su respectiva aprobación, mediante el permiso de ocupación de cauce.

129 Ibid., folios 371 y ss.

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c. Presentar un Plan de Manejo Ambiental que contenga un conjunto detallado de
medidas y actividades que. producto de una evaluación ambiental están orientadas
a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales
debidamente identificados, que se causen o se puedan generar. El plan de manejo
deberá allegarse en un término de CUARENTA Y CINCO (45) días contados a partir
de la fecha de notificación de la presente providencia.

d Proteger y aislar la cobertura vegetal nativa de dicha zona permitiendo el
proceso de sucesión natural con el crecimiento de rastrojos y arbustos en el
lugar.

e. Respetar dicha zona como llanura de inundación y cauce de régimen
meándrico del Río Aburrá. [. . .]». (Negrilla fuera del texto)

187Con todo, en el documento denominado «informe seguimiento»13° allegado el
24 de abril de 2018131 por el coordinador del componente ambiental de la
Subsecretaría de Medio Ambiente de la alcaldía de Girardota, Jorge Iván Banquez
Moreno, se reconoció, entre otras cosas, que:

«[. . .]. Se recomienda el cierre temporal de la escombrera hasta tener terminado
las obras que hacen parte del plan de manejo ambiental. [. . .].

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
[. . .] a la fecha la RESTAURACIÓN EL TRAPICHE SAS no cumple a cabalidad con
el PMA para ejercer la actividad de operación y funcionamiento de la escombrera,
toda vez que no se ejerce control pertinente en uso de la Resolución N° 1410 de
2014 [. . .].

[. . .] aún se evidencia la recepción de material mezclado a lo que aducen los
funcionarios de la escombrera que para controlar dicha situación sancionan a las
yolquetas impidiéndoles su ingreso nuevamente [. ..].

[.. .] aún no se da inicio a la construcción del dique en concreto para que el río
asimile el caudal entrante sin creciente bruscas, tampoco se observa la
implementación de cobertura vegetal sugerida para mitigar sustancialmente el
impacto generado por la actividad. [ . .1.

Pese a que se tiene una cuadrilla para la separación en el sitio de los residuos que
llegase, se evidencia descargue de material heterogéneo como icopor, madera,
malla para aislamiento de obra (sarán), tubos, plásticos entre otros. [...].

Parte del área finalizada está destinada a parqueadero vehicular, donde es
ineludible [. . .] la creciente necesidad de implementar superficies o cubiertas
verdes [. . .]». (Negrilla fuera del texto)

188. En audiencia de testimonios llevada a cabo el 12 de junio de 2018132
la testigo
técnico de CORANTIOQUIA, Gloria Patricia Restrepo Cuervo, en cuanto a la
actividad autorizada por la administración municipal de Girardota, declaró que «[...]
la escombrera El Trapiche incurrió en infracción porque intervino el cauce y la faja
de retiro sin autorización [. . .]».

130 !bid., folios 864 y ss. Documento sin ningún tipo de soporte
técnico ni científico, ni referencia sobre su
elaboración.
131 Ibid., folios 857 y ss.
132 !bid.. folios 912 y 952.

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189. Posteriormente, la Oficina Territorial Aburrá Norte de CORANTIOQUIA expidió
requerimiento núm. 160AN-1903-6405 de 11 de marzo de 2019133, para que el
alcalde municipal de Girardota: i) adoptara medidas administrativas que prevengan
una situación de riesgo mayor; y ii) allegara copia de las actuaciones técnicas y
administrativas que hubiere adelantado, así como del plan de manejo ambiental de
la escombrera. Lo anterior debido a que, mediante inspección ocular de 3 de octubre
de 2018, la cual dio lugar al Informe Técnico N.° 160AN-IT1810-10498 del día 26
del mismo mes y año, se constató lo siguiente:

«[. ..]. Al momento de la visita se encontró que la escombrera aún está operando
recibiendo diariamente entre 30 y 50 volquetas (información suministrada por el
señor Gaviria). La totalidad del PIT se encuentra lleno, por lo que están realizando
la disposición de los escombros alrededor de 3-4 metros por encima del nivel
base del terreno de la escombrera. incluidas las zonas de retiro de la quebrada
La Silva, donde se observa el cubrimiento parcial de los árboles de la margen
derecha de la misma. así como de la faja de retiro del río Aburrá en su margen
izquierda; en ambos sitios se ha avanzado con la disposición hasta una distancia
variable de 5 a 20 metros de la orilla de las fuentes hídricas; sitio con coordenadas 6°
24' 17.30" N; 75° 25' 24.0" W. [. . .]. Ésta situación denota que la vida útil de la
escombrera ya llegó a su fin y que se está disponiendo gran cantidad de

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
material extra. [. . .1» (Negrilla fuera del texto).

190. Por su parte, el personero municipal de Girardota, mediante Oficio
núm. PM 641
de 3 de julio de 20191", remitió a la jefatura de la Oficina Territorial Aburrá Norte de
CORANTIOQUIA, informe de visita elaborado por el profesional universitario de la
subsecretaría de Medio Ambiente de la alcaldía de Girardota, Jorge Iván Banquez
Moreno, del cual se destaca que:

«[. . .]. La visita es atendida por el Sr. Juan Gaviria, quien manifiesta que se suspendió
el ingreso de volquetas para disposición de escombros desde la primera quincena del
mes de enero. sin embargo en el terreno se evidencian montículos de descargas
posiblemente más recientes ya que no se encuentran dispersas ni compactas
como el resto de material.

Mientras se realizaba el ingreso para la visita, en la entrada de la restauradora se
encontraban tres volquetas en fila, que de acuerdo a lo relatado por el Sr.
Gaviria estas las estaban devolviendo y enviando a otros botaderos para que
dispusieran allí.

Durante el recorrido se observa todo tipo de material dispuesto en el terreno,
evidenciando que no solo se hace la recepción de escombros, sino también de todo
tipo de residuos como madera, plástico, residuos de podas, aparatos eléctricos.
pipetas de gas, residuos de recipientes que almacenan químicos, basura
convencional y con el agravante de disponer residuos peligrosos RESPEL que
posiblemente pueden propiciar riesgo biológico y ser peligrosos para el medio
ambiente, tal cual se evidencia en sus etiquetas. Estas contienen rótulos de
laboratorios y rótulos de empresas que disponen lodos para biorremediación,
clasificados con el rombo clase 9, el cual determina que es una sustancia peligrosa
para el ambiente.

133 !bid., folio 991.
134 lbidem.

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Demandados: Municipio de Girardota y otros.

Actualmente la administración municipal en conjunto con la personería, está
desarrollando el documento que revoca la Resolución 1410 del 17 de septiembre de
2014. toda vez que la escombrera ya excedió su vida útil de funcionamiento, al ser
llenado el pit explotado y haber sobrepasado el nivel superior original del mismo. 11»
(Negrilla fuera del texto).

191 Mediante Oficio de 19 de noviembre de 20191", el jefe de la Oficina Territorial
Aburrá Norte de CORANTIOQUIA, Julián Andrés Granada Restrepo, insistió en el
requerimiento formulado en el mes de marzo al alcalde municipal de Girardota,
Bladimir Jaramillo García, en atención al referido Informe Técnico núm. 160AN-
IT1810-10498 del 26 de octubre de 2018.

192. Finalmente, mediante memorial allegado el 14 de agosto de 20191", la Oficina
Territorial Aburrá Norte de CORANTIOQUIA aportó registro fotográfico que hace
parte del expediente ambiental núm. AN4-2016-17, el cual permite visualizar las
anomalías que se están presentando en el perímetro de la escombrera municipal
de Girardota137, pues se observan grandes cantidades de residuos sólidos, además
de desechos peligrosos para la salud humana y el medio ambiente.

193. De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que no le asiste razón al

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MUNICIPIO cuando afirma que la transgresión de los derechos colectivos
amparados por el Tribunal no le es imputable. Para el efecto, respaldó dicha premisa
en que no tuvo injerencia en las decisiones administrativas en cuyo marco se
generaron los factores de degradación ambiental denunciados, y que, en el marco
de sus posibilidades, no omitió el cumplimiento de las obligaciones jurídicas a su
cargo.

194 Sin embargo, al examinar los medios de convicción incorporados al proceso,
dichas afirmaciones son totalmente rebatidas al contrastar abiertamente con el
proceder de la administración local.

195. Es responsabilidad del MUNICIPIO que se haya utilizado el instituto jurídico de
la escombrera, no para restaurar el paisaje degradado por las actividades mineras,
sino para disponer a la vera del río Medellín diversas clases de residuos sólidos, lo
cual ha agravado aún más las condiciones ambientales de la zona. El proceder de
los funcionarios de la alcaldía de Girardota ha permitido que dicho afluente se
convierta en un botadero de basura a cielo abierto, lo cual, además de transgredir
abiertamente el ordenamiento ambiental, amerita su conocimiento por parte de las
autoridades disciplinarias, fiscales y penales competentes.

196Como ya se advirtió, el MUNICIPIO autorizó el funcionamiento de una aparente
escombrera, desprovista de los estudios y fundamentos que justificaran

135 lbidem.
136 lbidem.
137 lbidem.. imágenes: (4) IMG_20190222_095207696: (8) IMG_20190222_095300264_HDR; (9)
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suficientemente la sostenibilidad de la actividad y que les facilitara a las autoridades
realizar un control riguroso de la misma, a fin de precaver situaciones de deterioro
ambiental.

197. Pese a tener el deber de hacerlo, la alcaldía de Girardota nunca desplegó
acciones de vigilancia y control oportunas, a fin de asegurarse de que las
actividades de relleno de los huecos dejados por la minería se realizaran con los
elementos autorizados y bajo las condiciones establecidas por la regulación vigente.

198 Sin duda alguna, esto evidencia una grave desatención de sus competencias
en materia ambiental, comoquiera que, mediante las resoluciones núms. 895 de
2013 y 1410 de 2014, la administración realmente asumió la obligación de llevar a
buen término el proceso de restauración ambiental de los ecosistemas fluviales del
valle de Aburrá. Dicha determinación exigía la máxima diligencia y cuidado del
MUNICIPIO, precisamente para remediar la situación delicada de degradación
ambiental que había recibido, mas no para empeorarla.

199 Desde el año 2013, el MUNICIPIO no ha adoptado medidas contundentes para,
en ejercicio de las atribuciones del poder público, impedir y prohibir definitivamente

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la disposición ilegal de residuos a la vera del río Medellín, sancionar a los
responsables y obligarlos a la reparación y compensación de los daños
ocasionados; ni siquiera dispuso el desarrollo de los estudios necesarios para
precisar el alcance de los impactos que el botadero está teniendo sobre el ambiente
y los recursos naturales.

200. Los profesionales de CORANTIOQUIA, en ejercicio de las labores de vigilancia
y control a las que se había comprometido la alcaldía de Girardota, verificaron los
siguientes impactos ambientales de carácter «severo», ocasionados por las
actividades de la escombrera autorizada por el ente territorial: i) deterioro de la franja
forestal protectora del cuerpo hídrico; ii) debilitamiento del suelo, aumentando la
posibilidad de falla del depósito generado por la actividad minera; iii) afectación de
la flora, la fauna, el suelo, el agua y, particularmente, de la llanura aluvial del río
Medellín; iv) alteración del paisaje138; v) incremento en el aporte de sedimentos al
caudal; vi) alteración de la morfología del cauce; y vii) la consecuente incidencia de
lo anterior en la situación de riesgo de desbordamiento e inundación por la erosión
y degradación de las márgenes de la corriente hídrica.

201 Como ya se ha venido advirtiendo, las perturbaciones dictaminadas por la
autoridad ambiental vulneran abiertamente la integridad de los ecosistemas
acuáticos al tenor del Decreto 1076 de 2015, según el cual:

«Artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el
medio acuático se prohíben las siguientes conductas:

138Decreto 1076 de 2015. "Artículo 2.2.1.7.1 1. Al tenor de lo establecido por el artículo 80, letra j del Decreto-
Ley 2811 de 1974, la alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales es un factor que deteriora
el ambiente; por consiguiente, quien produzca tales efectos incurrirá en las sanciones previstas en la
Ley 1333 de 2009 o la norma que lo modifique o sustituya". (Decreto 1715 de 1978, Art 5).

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1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias
sólidas, liquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar o salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados
con el recurso hídrico. [.

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:

a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas;
b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;
e. La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la
fauna acuática [ ]». [Decreto 1541 de 1978, art. 238]. (Negrilla fuera del texto).

202. Es de destacar que, en atención al criterio del personal técnico de la Corporación,
las actividades de relleno y disposición «antitécnica» de la escombrera están
afectando e interfiriendo el cauce y la dinámica de sus aguas, pues el nivel de la Ilan ura
aluvial se ha elevado. Esto impide que el río, en épocas de lluvias, se expanda y ocupe
dichas zonas alteradas, causando, en consecuencia, que la energía de la corriente se
intensifique, generando así procesos de rebote que van desbastando las márgenes
del afluente, llevándose consigo los sedimentos desprendidos, todo lo cual contribuye

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
a aumentar el nivel de amenaza del torrente.

203. Adicionalmente, como pudo observarse con anterioridad, los informe técnicos
de CORANTIOQUIA son enfáticos en señalar que las afectaciones ambientales
mencionadas son antecedidas por las siguientes irregularidades: i) la escombrera
opera sin diseños ni obras de drenaje y contención; ii) allí se disponen residuos
diversos no autorizados por el marco jurídico de las escombreras; y iii) la actividad
se desarrolla sin criterios técnicos y científicos, sin herramientas o instrumentos de
control y verificación ambiental, y sin los permisos y autorizaciones
correspondientes.

204 Al evidenciar tal «situación crítica» y diagnosticarla como «un proceso activo de
inestabilidad por socavación lateral del río Medellín, con potencial de derrumbamiento
o volcamiento por acción natural del régimen hídrico de la corriente», la referida
autoridad ambiental impuso a la sociedad encargada de la escombrera la ejecución
de las siguientes medidas a título de sanción: (i) readecuar el terreno; (ii) obras de
defensa o contención hidráulica; (iii) plan de manejo ambiental; (iv) proteger y aislar la
cobertura vegetal nativa, permitiendo su proceso de sucesión natural; y (v) respetar
en adelante la zona de llanura de inundación afectada y el cauce del río Aburra.

205. Pues bien, a juicio de la Sala, los impactos e irregularidades identificados por
CORANTIOQUIA también son atribuibles a la actitud pasiva de la alcaldía municipal
de Girardota, toda vez que, además de que el ordenamiento le otorgó un cúmulo de
obligaciones orientadas a garantizar los derechos colectivos relacionados con el
goce de un ambiente sano, se trata de situaciones que ha debido anticipar, corregir,
controlar y sancionar en el marco del procedimiento administrativo iniciado con las
resoluciones de autorización de la escombrera. De manera que la entidad territorial

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recurrente no solo es responsable en virtud de la ley, sino también por cuenta de
sus propias decisiones administrativas y sus omisiones sostenidas en el tiempo.

206. Muestra de ello es que la misma administración municipal de Girardota, mediante
el funcionario Jorge Iván Banquez Moreno139, manifestó que era necesario decretar
el cierre de la escombrera debido al incumplimiento de las condiciones operativas. No
obstante. a la fecha, tal medida no ha sido acreditada ante esta instancia judicial, y
tampoco las relativas a sancionar, corregir, restaurar, compensar y reparar los daños
correspondientes. Asimismo, dicha alcaldía reconoció no haber ejercido control
permanente de la actividad conforme a los actos administrativos de autorización.

207. Tal ha sido la renuencia del MUNICIPIO en torno a sus deberes de fiscalización
ambiental que luego de 5 años de operación de la escombrera, constató que allí se
estaban disponiendo residuos no aptos para el propósito de restauración del paisaje
degradado por la minería, sino materiales como «icopor. madera, malla para
aislamiento de obra (serán), tubos, plásticos, residuos de podas, aparatos eléctricos,
pipetas de gas, químicos, basura convencional. RESPEL, entre otros».

208. Adicionalmente, la alcaldía de Girardota verificó que, en desarrollo de las

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actividades de la escombrera, se ha venido deteriorando la cobertura vegetal
protectora del río Medellín, la cual, como se advirtió en el apartado anterior, por
disposición legal constituye área de especial importancia ecológica y, por lo tanto,
ecosistema de protección prioritaria. De esta manera se insiste en la particular
diligencia con la que debió proceder esa administración local.

209. Pese a ello, la autoridad municipal no ha dado muestras de adoptar medidas
contundentes para haber evitado la degradación de los ecosistemas fluviales, ni
mucho menos para ponerle un punto final inmediato a los factores que están
deteriorando el ambiente y los recursos naturales en la zona afectada.

210 Ante los diversos medios de convicción acerca del fraude a la ley ambienta114° en
el que incurrió la sociedad Restauración Ambiental El Trapiche S.A.S., la alcaldía

139 Informes de 24 de abril de 2018 y 3 de julio de 2019. visibles a folios 857 y ss., 864 y ss,
y 990 y 991 del
expediente de la referencia.
140 Cfr. : Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Once
Especial de Decisión,
sentencia de 5 de mayo de 2020. Rad. N.": 11001-03-15-000-2016-02148-00(REV). C.P.: María Adriana Marín.
"En sentencia C-258 de 2013 se explicaron las dos concepciones, en los siguientes términos:
"Según las anteriores referencias, a juicio de la Sala quien actúa en fraude a la ley, ejecuta actos que guardan
fidelidad al texto de la norma o que se desprenden de una interpretación en apariencia razonable de ella, pero
que en realidad eluden el sentido de las disposiciones y conducen a resultados que desbordan la naturaleza y
finalidades de la respectiva institución jurídica.
Tales actos pueden o no tener lugar por /a voluntad del agente. Por ello el fraude a la ley no debe confundirse
con e/ fraude susceptible de sanción penal o de otra naturaleza. En su dimensión objetiva, el fraude a la ley
únicamente requiere que exista un aprovechamiento de las opciones hermenéuticas que se desprenden de
una regla, para hacerla producir resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico apreciado en su
conjunto. (...)
En términos generales. comete abuso del derecho: (i) aquél que ha adquirido el derecho en forma legítima,
pero que lo utiliza para fines no queridos por el ordenamiento jurídico; (ii) quien se aprovecha de la
interpretación de las normas o reglas, para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico; (iii) el
titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable de él a la luz de su contenido esencial y de

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municipal de Girardota se ha limitado a realizar visitas y llamados de atención inanes,
dilatando la clausura definitiva del botadero que ciertamente opera en la llanura aluvial
del río Medellín, bajo la apariencia jurídica de las escombreras municipales instituidas
por el Ministerio del Medio Ambiente mediante la Resolución núm. 541 del 14 de
diciembre de 1994.

211 Es tal la desidia de los funcionarios de la alcaldía municipal de Girardota que, a
pesar de que -por lo menos hace 5 años- la «escombrera» agotó su vida útil, no han
hecho nada para evitar que dicho establecimiento siga recibiendo los residuos de entre
30 y 50 volquetas por día. La «actividad restaurativa» del hueco dejado por la actividad
minera, ahora es un terraplén de desechos que alcanza 4 metros de altura y que,
además de intervenir la dinámica fluvial está afectando los ecosistemas asociados.

212. Incluso, es alarmante que la propia subsecretaría de Medio Ambiente de
Girardota, no solo hubiere comprobado que los ecosistemas fluviales, -objeto de
protección prioritaria-, se estén utilizando para disponer residuos peligrosos -RESPEL- de
carácter corrosivo, tóxico (como los de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE-), infeccioso,
inflamable, entre otros, -tal y como se confirmó con las fotografias aportadas por Corantioquia-,
sino que, además, hubiere precisado que tal situación «puede propiciar riesgo

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
biológico y ser peligrosos para el medio ambiente», sin que haya desplegado alguna
acción para conjurar, de manera efectiva, la continua transgresión de los derechos de
la colectividad al goce de un ambiente sano y a la salubridad pública.

213 En vista de lo anterior, se encuentra que la administración local de Girardota está
desconociendo sus deberes de fiscalización ambiental, orientados a vigilar,
inspeccionar y controlar actividades como la autorizada, habiendo adoptado las
medidas policivas necesarias para «proteger la diversidad e integridad del ambiente y
conservar las áreas de especial importancia ecológica»141 . Un ejercicio adecuado y
oportuno de estos deberes hubiera impedido la degeneración de la llanura inundable
del río Medellín en un botadero con implicaciones sobre la salud pública, en
observancia del Código Nacional de Recursos Naturales, que dispone:

«Artículo 35.- Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y
desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño
o molestia al individuo o núcleos humanos».

214 De igual modo, el Decreto 1076 de 2015 tipifica como infracción la conducta
consistente en arrojar escombros y residuos a las fuentes de agua:

sus fines; y (iv) aquél que invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada que desvirtúa el
objetivo jurídico que persigue. ( . . ..)
De conformidad con las consideraciones previas. la figura jurídica del abuso del derecho es la otra cara del
fraude a la ley. ahora mirada desde la acción cometida por el titular de un derecho. En otras palabras, mientras
el fraude a la ley se construye desde la mirada del resultado objetivo contrario a las finalidades de una institución
jurídica, el abuso del derecho se mira desde el punto de vista de quien es titular del derecho y puede
caracterizarse como un ejercicio manifiestamente irrazonable o desproporcionado.
Para que se configure el fraude a la ley y el abuso del derecho no se requiere la existencia de una
intención o culpa, basta que se produzca un resultado manifiestamente desproporcionado contrario a
las finalidades previstas por el ordenamiento para una disposición o institución jurídica-.
" 1 Cfr.: Constitución Política, artículo 80, y Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.2.25.1. y ss.

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«Artículo 2.2.5.14.1.2. La codificación de las infracciones sobre aseo, limpieza y
recolección de escombros será la siguiente:

[ ]
05 Arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, páramos, bosques,
entre otros ecosistemas y a fuentes de aqua.

[ [

[ ] >. [Decreto 3695 de 2009, art. 2]. (Negrilla fuera del texto).
215 Adicionalmente, dicho Decreto establece que «Aquellas personas que resulten
responsables de la contaminación de un sitio por efecto de un manejo o una gestión
inadecuada de residuos o desechos peligrosos, estarán obligados entre otros, a
diagnosticar, remediar y reparar el daño causado a la salud y el ambiente, conforme
a las disposiciones legales vigentes»142.

216Amén de lo anterior, el MUNICIPIO nobservó que, conforme al Decreto 1077 de
2015143, está prohibido localizar áreas para la disposición final de residuos sólidos

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dentro de la faja paralela del río Aburrá:

«Artículo 2.3.2.3.2.2.5. Prohibiciones y restricciones en la localización de áreas
para disposición final de residuos sólidos. En la localización de áreas para realizar
la disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología de relleno sanitario,
se tendrán en cuenta las siguientes:

1. Prohibiciones: Corresponden a las áreas donde queda prohibido la
localización, construcción y operación de rellenos sanitarios:

Fuentes superficiales. Dentro de la faja paralela a la línea de mareas máximas
o a la del cauce permanente de ríos y lagos, cómo mínimo de treinta (30)
metros de ancho o las definidas en el respectivo POT, EOT y PBOT, según
sea el caso [. . .]». [Decreto 838 de 2005, art. 6]. (Negrilla fuera del texto).

217. Así pues, aunque el apoderado de la alcaldía de Girardota haya recordado que
el Departamento de Antioquia fue la autoridad que otorgó las licencias de
explotación minera, dicha situación de ninguna manera permite excluir la
responsabilidad directa de esa administración municipal en la expedición de los
actos administrativos por medio de los cuales autorizó y prorrogó el funcionamiento
de una aparente escombrera en uno de los «pits» dejados por la actividad extractiva.

218. Como ya se ha señalado anteriormente, dicha actividad de relleno no solamente
trastocó el equilibrio de los ecosistemas naturales aledaños, sino que también
incidió en los fenómenos de erosión y socavación de las márgenes del río Medellín,
lo cual intensifica los desbordamientos e inundaciones que aquejan a la comunidad.

" 2 Artículo 2.2.6.1.3.9. (Decreto 4741 de 2005. art. 19).
143 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio".

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219. En consecuencia, el ejercicio adecuado y prudente de sus competencias, como
autoridad ordenadora del territorio y planificadora del desarrollo local, como
autoridad operativa del SINA y como conductora del SNGRD, sin lugar a dudas
hubiera permitido mitigar los efectos ambientales y de riesgo de desastres
ocasionados y acrecentados por las actividades económicas desarrolladas a la vera
del río Medellín.

220 Es decir, independientemente de las atribuciones del Departamento de
Antioquia en materia minera, el ente territorial tuvo la oportunidad de evitar la
degradación ambiental generada por la escombrera, así como de adelantar los
procesos de gestión del riesgo de desastres que facilitaran la mitigación de los
factores de amenaza y que disminuyeran la vulnerabilidad o mejoraran la resiliencia
de las comunidades y los elementos expuestos a los desbordamientos y las
inundaciones'.

V.6. Conclusiones

221 Conforme a las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el MUNICIPIO

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y CORANTIOQUIA tienen responsabilidad en los impactos ambientales
ocasionados, no solo por las actividades asociadas a la minería, sino también por
la disposición inadecuada de residuos que se llevan a cabo a la vera del río Medellín.
Del mismo modo, dichas autoridades tienen responsabilidad en la consecuente
agravación de los procesos activos de inestabilidad por socavación de las márgenes
de dicho cauce, los cuales desencadenan los fenómenos de riesgo de
desbordamiento e inundación.

222 Lo anterior, habida cuenta que las autoridades recurrentes no se articularon de
manera armónica para el desempeño de sus competencias en materia protección
del ambiente y de una adecuada gestión de los factores que inciden en la elevación
del riesgo de desastres.

223 Particularmente, las entidades condenadas no se coordinaron en punto de
armonizar apropiadamente cada uno de los proyectos, obras y actividades que
generan impacto, en relación con los correspondientes estudios, planes de manejo
y demás instrumentos o herramientas específicas de gestión ambiental. Además,
dicha desarticulación también se presentó a la hora de cuantificar y controlar la

1"' Ley 1523 de 2012. "Articulo 4'. Definiciones. Para efectos de la presente ley se entenderá por [...].
10. Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia.
servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura que por su
localización pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza. [. . .1.
16. Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir los
daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión
pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad
existente. [...].
27. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene
una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se
presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de
subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados
por eventos físicos peligrosos. [. . .]".

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suma de los impactos generados por la totalidad de acciones que están impactando
los ecosistemas fluviales, de cara a las directrices generales de planificación
ambiental de la cuenca del Valle de Aburrá.

224. En efecto, la Sala pudo evidenciar que la vulneración de los derechos colectivos
amparados por el Tribunal es producto, fundamentalmente, de la falta de abordaje
sistémico de la problemática de proliferación de intervenciones nocivas de los
ecosistemas fluviales del Valle de Aburrá en el municipio de Girardota.

225. En el marco del SINA, la desconexión entre las competencias planificadoras,
directoras, asesoras y coordinadoras de CORANTIOQUIA, y aquellas operativas,
ejecutoras y colaborativas de MUNICIPIO, degeneró en el desconocimiento del
deber fundamental del Estado consistente en velar por la efectiva protección de las
riquezas naturales de la Nación, previsto en el artículo 80 de la Constitución Política.
En consecuencia, el manejo y aprovechamiento indebido de los recursos naturales
permitido por las autoridades condenadas incidió directamente en el aumento e
intensificación de la vulnerabilidad y los fenómenos amenazantes145.

226. En ese sentido, las acciones desplegadas por las entidades recurrentes,

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tendientes a mitigar los efectos perjudiciales de las intervenciones resultaron
infructuosas a la hora de salvaguardar la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica, gestionar el riesgo de
desastres a partir de las dinámicas de las estructuras ecológicas y garantizar los
derechos de la colectividad.

227. Ante las alegaciones planteadas por el MUNICIPIO, es menester precisar que,
en el marco del debate procesal que tuvo lugar en atención a los reparos cruzados
propuestos por las autoridades apelantes, resulta oportuna la aplicación del artículo
34 de la Ley 472 de 1998. según el cual es obligación del juez de la acción popular,
entre otras cosas: «exigir la realización de conductas necesarias para volver las
cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o interés colectivo [...] [así
como] prevenir que se vuelva a incurrir en acciones u omisiones que dieron mérito
para acceder a las pretensiones [...] [y asegurar] la restauración del área afectada
146
[• • 1 > •

228. Con base en dicho mandato legal y con fundamento en los principios de
efectividad de los derechos colectivos y de prevalencia del interés general por sobre

145 Conforme a la Ley 1523 de 2012. el riesgo se compone, de un
lado. por una condición de amenaza asociada
a eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural. tecnológico, biosanitario o humano no intencional.
Y. de otro lado, por un escenario de vulnerabilidad de personas, medios de subsistencia, bienes, infraestructura,
recursos naturales u otros bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento, al encontrarse frágiles, expuestos
o susceptibles a posibles daños, afectaciones o eventos adversos por la materialización de la amenaza.
146 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera, sentencia de 16 de mayo
encuentra que esa
de 2019. Rad. N.° 11001-03-15-000-2019-00906-00. C.P.: Oswaldo Giraldo López. "la Sala
reformatio in
sola circunstancia no tiene mérito suficiente para entender vulnerado el principio de non
pejus en los términos en que lo alega la parte actora, habida cuenta del conjunto de facultades de las que
impartir
goza el juez de la acción popular para adoptar las medidas que estime necesarias en orden a
una protección eficaz de los derechos colectivos que encuentre vulnerados".

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el particular147, la Sala considera conveniente modificar dicha providencia en los
siguientes aspectos:

229 En primer término, la Sala observa que el río Medellín es el principal bien jurídico
afectado por las actividades económicas y sociales. Además, como eje
estructurador del territorio, dicho ecosistema se debe gestionar a partir del POMCA
del río Aburrá. En consecuencia, conforme a los artículos 2.2.3.1.5.1. y siguientes
del Decreto 1076 de 2015, CORANTIOQUIA es la autoridad que debe asumir las
siguientes medidas:

i) Suspender inmediatamente todas las actividades que, desprovistas de los
fundamentos técnicos y científicos suficientes, están interviniendo los ecosistemas
fluviales en las zonas afectadas, con el objeto de prevenir una mayor degradación
ambiental;

ii) Imponer a los responsables las obligaciones correspondientes orientadas a
prevenir, corregir, restaurar, compensar y reparar las alteraciones ambientales
registradas, particularmente, para reconformar la franja forestal protectora del río
Medellín, así como velar por el efectivo cumplimiento de todas ellas: y

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iii) Realizar, a costa de los sujetos responsables, los estudios que permitan
identificar y cuantificar los impactos acumulativos de las intervenciones realizadas
sobre la cuenca hidrográfica del Valle de Aburrá a fin de que, en armonía con el
POMCA, se puedan proponer y ejecutar medidas concretas para gestionar sus
implicaciones sobre los componentes ambientales y sociales del territorio de
Girardota.

230 Dichos estudios serán el insumo básico para que el MUNICIPIO, con la asesoría
y dirección de CORANTIOQUIA, pueda desplegar adecuadamente sus funciones
en materia de planificación ambiental del territorio y de gestión del riesgo de
desastres.

231. Por su parte, dicho ente territorial deberá acudir, en el marco de la Ley 99 de
1993 y los instrumentos y directrices fijadas por CORANTIOQUIA, a cooperar en la
materialización de las determinaciones administrativas que dicha autoridad adopte
para el cabal cumplimiento de las medidas de amparo establecidas anteriormente.

Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 26 de agosto de
2010. Rad. N.' Rad. N.' 25000-23-24-000-2000-00327-02. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. "Ahora, en lo
que atañe al principio de la reformatio in pejus. la Sala en sentencia de 9 de diciembre de 2004 (Expediente
núm. 276, Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero) consideró, y ahora se reitera, que si bien
es cierto que en virtud de dicho principio no es viable hacer más gravosa la situación del apelante único en
segunda instancia, también es cierto que este principio no tiene carácter absoluto, y que. por el contrario,
en cada caso deben establecerse qué fundamentos se encuentran en juego, si existe alguna manera de
armonizarlos y, en caso de que no sea posible, cuál de ellos debe prevalecer. Que en el tipo de casos
como el estudiado aparentemente se puede presentar un conflicto entre dos principios constitucionales: el
principio de la reformatio in pejus y el principio de la legalidad, debiendo prevalecer este último".
Ley 1523 de 2012. "Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. [...]". Cfr. Artículo 34 de la Ley 472 de 1998.

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Demandante: La Hacienda S.A.S.
Demandados: Municipio de Girardota y otros.

232. En segundo término, el MUNICIPIO deberá adoptar inmediatamente las
medidas administrativas y operativas necesarias para clausurar el funcionamiento
de la «escombrera» operada por la sociedad Restauración Ambiental El Trapiche
S.A.S. o por quien haga sus veces. Adicionalmente, en coordinación y bajo la
dirección y asesoría técnica de CORANTIOQUIA, deberá contribuir para vigilar y
controlar que esa sociedad o la persona correspondiente se limite a restaurar,
compensar y reparar las alteraciones ambientales ocasionadas, a fin de mitigar los
fenómenos de erosión y socavación de la margen del río Medellín en ese sector.

233. Ahora, como ya se advirtió, una vez cuente con los estudios y propuestas que
elabore CORANTIOQUIA, la administración local deberá, en el marco la respectiva
herramienta de ordenación del territorio, activar los procesos de gestión del riesgo
de desbordamientos, inundaciones y desastres asociados a la cuenca hidrográfica
del valle de Aburrá en el territorio de su jurisdicción.

234. Lo anterior deberá ser ejecutado, sin perjuicio de las medidas de carácter
urgente que deba adoptar el MUNICIPIO para mitigar la vulnerabilidad de los
sectores, asentamientos y comunidades que, por su fragilidad física, económica,
social, ambiental o institucional, ameriten la implementación de acciones inmediatas

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
que anticipen los efectos adversos de posibles crecidas, desbordamientos e
inundaciones en el territorio bajo su jurisdicción.

235 Finalmente, el MUNICIPIO deberá presentar ante el Tribunal un informe que, en
el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos —PGIRS148- de ese
territorio, explique los programas, procedimientos, acciones, mecanismos de
control, plazos y agentes encargados, relativos al esquema de manejo de residuos
en ese ente territorial, particularmente, en relación con aquellos que ameritan una
gestión diferenciada -como los de carácter peligroso-, y al estado de cumplimiento
de los regímenes correspondientes.

236. Como medida conjunta, CORANTIOQUIA y el MUNICIPIO deberán elaborar un
plan orientado a la remoción de los residuos peligrosos e incompatibles situados en
sector donde opera la «escombrera», y a la restauración integral de la zona
afectada. Para ello, las autoridades deberán, en virtud del principio «el que
contamina paga», identificar y vincular a los actores contaminantes del caso, para
efectos de garantizar que ellos financien y ejecuten oportuna y adecuadamente las
medidas dispuestas en el Plan.

148 Decreto 1077 de 2015. "Artículo 2.3.2.1.1. Definiciones: Adóptense las siguientes definiciones: [.. .1. 32. Plan
de gestión integral de residuos sólidos (PG1RS). Es el instrumento de planeación municipal o regional que
contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por
uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral
de los mismos, el cuál se ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en
su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar e/ mejoramiento continuo del
manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la
medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación. implementación. evaluación,
seguimiento y control y actualización del PG1RS. [. . .1". [Decreto 2981 de 2013. artículo 2].

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Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
Demandante: La Hacienda S.A.S.
Demandados: Municipio de Girardota y otros.

237. Asimismo, la Sala conformará el comité para la verificación del cumplimiento de
la sentencia en los precisos términos señalados en el artículo 34 de la Ley 472 de
1998.

238. Por último, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 19981' y 365
del Código General del Proceso15° y atendiendo el criterio sostenido por la Sala
Especial de Decisión N.' 27 en providencia del 6 de agosto de 2019151, a través del
cual se unificó la jurisprudencia de la Corporación respecto de la condena en costas
procesales en acciones populares, no se condenará en costas en esta instancia,
porque, aunque los recursos de apelación fueron resueltos de manera desfavorable,
no se comprobó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el ordinal tercero de la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2021
Por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual quedará así:

«TERCERO: ORDENAR como medidas de amparo de los derechos colectivos
conculcados, las siguientes:

3.1. La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA- deberá:

a) Suspender inmediatamente todas las actividades que, desprovistas de los
fundamentos técnicos y científicos suficientes, están interviniendo los ecosistemas
fluviales en las zonas afectadas. con el objeto de prevenir una mayor degradación
ambiental:

b) Imponer a los responsables. a partir de la ejecutoria de esta providencia y en el
marco de los procedimientos establecidos en la ley, las obligaciones
correspondientes orientadas a prevenir, corregir, restaurar, compensar y reparar
las alteraciones ambientales registradas. particularmente, para reconformar la
franja forestal protectora del río Medellín, así como velar por el cumplimiento
efectivo de las medidas respectivas. En todo caso, la conclusión de esas
actividades no podrá exceder del término de un (1) año; y

149 "Artículo 38.- Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá
condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado. cuando /a
acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, &juez podrá
imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo
para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar".
150 "Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. [. . .]"
151 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 6 de agosto
de 2019, CP. Rocio Araújo Oñate, radicación número: 15001-33-33-007-2017-00036-01.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
Demandante: La Hacienda S.A.S.
Demandados: Municipio de Girardota y otros.

C) Realizan a costa de los sujetos responsables, a partir de la ejecutoria de esta
providencia y dentro del lapso de un (1) año, los estudios que permitan identificar
y cuantificar los impactos acumulativos de las intervenciones realizadas sobre la
cuenca hidrográfica del Valle de Aburrá, a fin de que. en armonía con el POMCA.
se propongan medidas concretas para gestionar sus implicaciones sobre los
componentes ambientales y sociales del territorio ribereño de Girardota.

Dichos estudios serán el insumo básico para que el MUNICIPIO DE GIRARDOTA.
con la asesoría y dirección de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA. pueda desplegar adecuadamente
sus funciones en materia de planificación ambiental del territorio y de gestión del
riesgo de desastres.

3.2. El MUNICIPIO DE GIRARDOTA deberá:

a) Acudir, en el marco de la Ley 99 de 1993 y los instrumentos y directrices fijadas
por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
• CORANTIOQUIA, a cooperar en la materialización de las determinaciones
administrativas que dicha autoridad adopte para el cabal cumplimiento de las
medidas de amparo establecidas en el numeral 3.1 de este ordinal;

b) Adoptar inmediatamente -a partir de la ejecutoria de esta providencia- las
medidas administrativas y operativas necesarias para clausurar el funcionamiento

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
de la «escombrera» operada por la sociedad Restauración Ambiental El Trapiche
S.A.S. o por quien haga sus veces. La clausura deberá ser efectiva dentro del
término máximo de cuatro (4) meses.

c) Contribuir. en coordinación y bajo la dirección y asesoría técnica de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -
CORANTIOQUIA. en las acciones de vigilancia y control y las demás que se
requieran para que la sociedad Restauración Ambiental El Trapiche S.A.S. o la
persona correspondiente restaure, compense y repare las alteraciones
ambientales ocasionadas, a fin de mitigar los fenómenos de erosión y socavación
de la margen del río Medellín en ese sector:

d) Activar, con base en los estudios y propuestas que elabore la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA, y
en el marco la respectiva herramienta de ordenación del territorio. los procesos de
gestión del riesgo de desbordamientos. inundaciones y desastres asociados a la
cuenca hidrográfica del valle de Aburrá en el territorio de su jurisdicción.

Lo anterior deberá ser ejecutado, sin perjuicio de las medidas de carácter urgente
que deba adoptar el MUNICIPIO DE GIRARDOTA para mitigar la vulnerabilidad
de los sectores, asentamientos y comunidades que. por su fragilidad física,
económica, social. ambiental o institucional, ameriten la implementación de
acciones inmediatas que anticipen los efectos adversos de posibles crecidas,
desbordamientos e inundaciones en el territorio bajo su jurisdicción.

e) Presentar ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del plazo de tres
(3) meses, contabilizado a partir de la ejecutoria de esta providencia, un informe
que, en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos —PGIRS- de
ese territorio, explique los programas. procedimientos, acciones, mecanismos de
control, plazos y agentes encargados, relativos al esquema de manejo de residuos
en ese municipio, particularmente, en relación con aquellos que ameritan una
gestión diferenciada -como los de carácter peligroso-, y al estado de cumplimiento
de los regímenes correspondientes.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
Demandante: La Hacienda S.A.S.
Demandados: Municipio de Girardota y otros.

3.3. La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA- y el MUNICIPIO DE GIRARDOTA deberán; en el
término de seis (6) meses. contado a partir de la ejecutoria de esta providencia,
elaborar un plan orientado a la remoción de los residuos peligrosos e
incompatibles situados en sector donde opera la «escombrera», y a la
restauración integral de la zona afectada. Para ello, las autoridades deberán, en
virtud del principio «el que contamina paga», identificar y vincular a los actores
contaminantes del caso, para efectos de garantizar que ellos financien y ejecuten
oportuna y adecuadamente las medidas dispuestas en el Plan».

SEGUNDO: MODIFICAR, por los motivos expuestos en la parte considerativa de
esta providencia, el ordinal quinto de la sentencia impugnada, el cual quedará así:

«TERCERO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de
esta providencia, el cual estará integrado por la Sala Tercera de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de su magistrada ponente -quien lo
presidirá-; por la sociedad demandante, La Hacienda S.A.S., y su coadyuvante, el
señor Juan Javier Giraldo Ramírez: por la alcaldía municipal de Girardota; por la
gobernación departamental de Antioquia. Por la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia —Corantioquia-i por el Área Metropolitana del Valle de
Aburra -AMVA-; por el agente del Ministerio Público y por el Defensor del Pueblo.
De igual modo en el comité podrán participar los agentes económicos, vecinos y

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
cualquier persona que habite en las zonas afectadas por las situaciones de
degradación ambiental y/o de riesgo de desbordamientos, inundaciones y
desastres asociados a la cuenca hidrográfica del valle de Aburrá en el territorio del
municipio de Girardota. Los participantes del comité deberán hacer seguimiento a
lo ordenado en la presente decisión y rendir informes trimestrales sobre las
decisiones y acciones que se adopten y ejecuten para el cabal cumplimiento de la
sentencia».

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta
providencia.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2016-01304-01
Demandante: La Hacienda S.A.S.
Demandados: Municipio de Girardota y otros.

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

ALDO LÓPEZ PE -0( G ZÓN
C nsejero e Estado de Estado )
Presid nte

HE » OMCEZSÁÑCHEZ
:Consejero de Estacr

Id Documento: 05001233300020160130401270111270270
CONSTANCIA: La presente providencia fue frtiada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia. se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta. de conformidad con la ley. (P.11)

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