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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-01530-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-01530-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 2 de marzo de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante al pago de costas y agencias en derecho de segunda instancia. Esta condena se liquidará de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia. TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2016-01530-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de julio de 2025

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01530-01 (69798)
Actor: Dora María Duque Narváez
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: acción de reparación directa – Daños causados por la administración de justicia en
proceso ordinario laboral- Culpa exclusiva de la víctima.

Síntesis del caso: la parte actora reclama la reparación del daño causado con el error
jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el trámite
del proceso ordinario laboral, en el cual se negaron las pretensiones de la demanda que
reclamaban la declaratoria de existencia de un contrato realidad entre la demandante, el
Hospital San Juan de Dios de Rionegro y una cooperativa de trabajo asociado.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en
contra de la Sentencia de 2 de marzo de 2023, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda.1

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 6 de julio de 2016, Dora María Duque Narváez presentó demanda de
reparación directa2 en contra de la Nación- Rama Judicial, con el fin de
obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia y el error jurisdiccional en el
que incurrieron las autoridades judiciales que adelantaron el proceso laboral
en el que la actora demandó al Hospital San Juan de Dios de Rionegro y a
la cooperativa Futurcoop, con el fin de que se declarara la existencia de un
contrato realidad y se restablecieran sus derechos laborales. El proceso
finalizó con sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

2. En la demanda se planteó la siguiente pretensión declarativa (se
trascribe):

1 La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una

sentencia proferida por un tribunal administrativo, de conformidad con los artículos 150, 152 y 157 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la presentación
de la demanda.
2 Folios 1 al 25 del cuaderno No. 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01530-01 (69798)
Actor: Dora María Duque Narváez
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

“(…) Primera. Declárese a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial administrativamente responsable de los daños y perjuicios
ocasionados a la demandante, señora Dora María Duque Narváez, ya
identificada, con ocasión a los errores judiciales (por comisión y omisión) y por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, referente al trámite
impartido al proceso ordinario surtido en sus dos instancias ante la jurisdicción
laboral, en su especialidad del trabajo, radicado bajo el nro único nacional 05-
615-31-05-001-2011-00024-00, que llevó a negar las pretensiones de la demanda”.

3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:

Perjuicio Demandante Monto
Perjuicios morales Dora María Duque Narváez 100 SMLMV
Daño emergente Dora María Duque Narváez $1.182.7003
Lucro cesante Dora María Duque Narváez $ 483.307.4374

4. Como fundamento de las pretensiones, la parte actora refirió, en síntesis,
los siguientes hechos:

5. 1) La cooperativa de trabajo asociado Futurcoop pactó un contrato con
el Hospital San Juan de Dios de Rionegro (Antioquia), en el que se obligó a
suministrar personal para la prestación de servicios administrativos al hospital.
En virtud de ese contrato, Dora María Duque Narváez trabajó para el
hospital como auxiliar administrativa de cartera, desde el 1 de abril de 2005
hasta el 23 de junio de 2008.

6. 2) El 2 de febrero de 2011, la actora presentó demanda ordinaria laboral
en contra del hospital y Futurcoop, en la que pretendió que se declarara
que entre ella y las demandadas existió un contrato laboral, y que se les
condenara al pago de prestaciones sociales, indemnización por despido
injusto, indemnización por no consignación de cesantías e indemnización
moratoria.

7. 3) El proceso correspondió al Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro y
se adelantó bajo el radicado 05615-31-05-001-2011-00024-00. El 7 de marzo
de 2011 se admitió la demanda; el 31 de enero de 2012 se llevó a cabo la
audiencia obligatoria de “conciliación, decisión de excepciones previas,
saneamiento, fijación del litigio y primera de trámite”, la cual continuó el 6
de septiembre de 2012; el 25 de septiembre, el 4 de octubre y el 21 de
noviembre de 2012 se realizó la audiencia de pruebas; finalmente, el 30 de
noviembre de 2012, el juzgado profirió Sentencia de primera instancia, en la
que negó las pretensiones de la demanda.

8. 4) En la Sentencia el juzgado consideró que “resulta[ba] imperiosa la

3 Por el pago de costas judiciales que fue condenada a pagar en el proceso laboral.
4 Por las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el periodo que estuvo vinculada laboralmente y cuyo

pago se frustró en el proceso laboral.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01530-01 (69798)
Actor: Dora María Duque Narváez
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
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absolución de las demandadas, al no poderse declarar por este despacho
la existencia de un contrato de trabajo ni con la cooperativa de trabajo
asociado, de quien se deduce la simple calidad de intermediaria en el pago
(…) ni con la ESE, porque su vinculación es de orden legal o reglamentaria,
debido a los oficios que ejecutó la actora, que la enmarcan dentro de la
categoría de empleado público, cuya competencia para definir del
derecho a las acreencias laborales derivabas de tal calidad, radica en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Además, se condenó a la
demandante al pago de costas y agencias en derecho. Contra dicha
decisión, la parte actora presentó recurso de apelación.

9. 5) El 30 de mayo de 2014, la Sala Primera de Decisión Oral del Tribunal de
Descongestión con sede en Santa Marta profirió Sentencia de segunda
instancia que confirmó la decisión de primera instancia. En la providencia,
el tribunal consideró que “no se puede invocar la existencia de un contrato
de trabajo en concordancia con el principio de la primacía de la realidad
sobre las formas, porque como se ha dicho anteriormente para ser un
trabajador oficial debía cumplir con actividades de aseo, vigilancia,
cafetería, es decir, “servicios generales”, funciones que, por las calidades
mismas, nunca fueron ejercidas por la demandante. Ahora bien, al quedar
establecido que la labor de la accionante no es susceptible de ser
considerada como de trabajador oficial, ni existió contrato de trabajo con
la demandada, no prosperan los cargos atribuidos a la ESE demandada”.
En esta instancia, también se condenó a la parte actora al pago de costas.

10. Como fundamentos de la demanda, la parte actora afirmó que las
decisiones proferidas en el proceso laboral le causaron un grave perjuicio,
toda vez que le imposibilitaron reclamar sus derechos laborales ante el juez
competente. Refirió que el error jurisdiccional consistió en que “no era
menester esperar hasta la decisión de fondo, con la sentencia, para concluir
que la justicia ordinaria laboral y de la seguridad social no era la
competente para conocer el litigio presentado, en tanto el vínculo laboral
de la actora no se asemejaba a la de una trabajadora oficial, regida por un
contrato laboral, sino a la de una empleada pública, en donde la
competente para la declaración de la relación laboral con el estado era la
jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Indicó que, según lo previsto
en el artículo 28 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el
juez debía devolver la demanda que no cumpliera con los requisitos mínimos
para su admisión con el fin de que el interesado la subsanara; además, el
artículo 85 del Código de Procedimiento Civil establecía que el juez debía
rechazar la demanda cuando careciera de jurisdicción o competencia y
debía enviarla al juez competente; asimismo, el artículo 77 del Código de
Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social disponía que, en la
audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y
fijación del litigio, el juez debía adoptar las medidas que considerara

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01530-01 (69798)
Actor: Dora María Duque Narváez
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
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necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias. Pese a ello, el juez
y el tribunal no advirtieron su falta de competencia en el asunto y tan solo al
momento de proferir sentencia se pronunciaron al respecto.

1.2. Posición de la parte demandada

11. La Nación- Rama Judicial, al contestar la demanda5, se opuso a las
pretensiones. Señaló que no se configuró un daño antijurídico, toda vez que,
por una parte, las decisiones proferidas en el proceso ordinario laboral no
fueron erradas; y por otra parte, las pretensiones laborales de la
demandante no estaban llamadas a prosperar en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, toda vez que la demanda laboral se presentó
ante la jurisdicción ordinaria tres años después de la terminación de la
relación laboral, es decir, cuando ya había vencido el plazo de dos años
previsto en la ley para el ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, así como también había trascurrido el plazo de cuatro meses
para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Indicó que el error fue cometido por el apoderado de la parte
actora, quien no identificó debidamente el juez ante quien debía reclamar
sus pretensiones ni advirtió el cumplimento de los requisitos procesales.
Concluyó que se configuró la causal de exoneración del hecho de la
víctima.

1.3. Sentencia de primera instancia

12. El 2 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión, resolvió negar las pretensiones de la demanda y no
condenar en costas en esa instancia6. El tribunal consideró que no se
configuró un error jurisdiccional ni un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, toda vez que la sentencia que puso fin al proceso
ordinario laboral se fundamentó en un análisis conforme a derecho,
además, no se presentó mora o tardanza en el trámite del asunto.

13. Por una parte, precisó que el Hospital San Juan de Dios ESE, mediante
acuerdo 62 de 19 de septiembre de 1995, fue constituido como una
empresa social del Estado, con categoría especial de entidad pública
descentralizada del orden municipal, y que la relación laboral de la
demandante no se asemejaba a la de un trabajador oficial, de manera que
la jurisdicción ordinaria no era la competente para resolver la controversia
sobre la existencia de un contrato realidad, tal como lo declararon el
juzgado y el tribunal. Por otra parte, adujo que el proceso se surtió en un
plazo razonable.

5 Folios 348 al 359 del cuaderno No. 2.
6 Folios 598 al 606 del cuaderno principal.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01530-01 (69798)
Actor: Dora María Duque Narváez
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
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14. Además, refirió que las pretensiones de la demanda laboral tampoco
tenían la vocación de prosperar en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, toda vez que la parte actora no cumplió con los requisitos
previos para la reclamación. La demandante no demostró haber
presentado solicitud de reconocimiento de sus prestaciones sociales ante el
hospital ni provocó el pronunciamiento de la administración que la
habilitaría para demandar mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Además, la acción estaba caducada, en
tanto el término debía contabilizarse a partir de la fecha en que la
demandante tuvo conocimiento del acto administrativo que le negó la
existencia de la relación laboral, pero este acto no se materializó.

15. En todo caso, advirtió que los derechos de la demandante habían
prescrito, pues “si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral
con el Estado supera los tres años, contados a partir de la terminación de su
vínculo contractual, para reclamar las prestaciones que de ella se derivan,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales de que
trata el artículo 53 constitucional, perderá la oportunidad de obtenerlas, ya
que dicha inactividad o tardanza será traducida en desinterés, el cual no
puede soportar el Estado en su condición de empleador”. Todo lo cual era
atribuible a la propia culpa de la parte actora.

1.4. Recurso de apelación

16. La parte demandante presentó recurso de apelación7, en el que solicitó
la revocatoria de la decisión de primera instancia. Señaló que el tribunal se
centró en un asunto distinto al reclamado en la demanda e insistió en que
la controversia versaba sobre “la confluencia de errores judiciales y
deficiente administración de justicia, por parte de la jurisdicción del trabajo
y de la seguridad social, que impidió el desarrollo jurídico procesal, ante la
jurisdicción competente de ese debate (jurisdicción contencioso-
administrativa)”. Precisó que la falla en el servicio se presentó desde el
momento de la admisión de la demanda, pues el hecho de que la
demandante desempeñaba funciones como auxiliar administrativa en el
hospital, lo cual determinaba la competencia del asunto, fue conocida
desde el inicio del proceso. Insistió en que los jueces laborales no cumplieron
con las normas procesales que les ordenaban evitar pronunciamientos
inhibitorios y remitir el proceso al juez competente del asunto, según lo
previsto en el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 138
del Código General del Proceso. En definitiva, concluyó que esas
actuaciones configuraron el error jurisdiccional y defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia que ocasionaron que la

7 Folios 613 y 618 del cuaderno principal.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01530-01 (69798)
Actor: Dora María Duque Narváez
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
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actora perdiera la oportunidad de obtener el restablecimiento de sus
derechos laborales.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo; 2.3.
Condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

17. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque encuentra
reunidos los presupuestos procesales de la acción. En efecto, la acción de
reparación directa es procedente en el caso concreto, toda vez que, en la
demanda, se pretendió la declaración de responsabilidad por los daños y
perjuicios derivados de un supuesto error jurisdiccional y un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia. La falla alegada, esto es, la
no remisión del proceso al juez competente, se concentró en las
providencias de primera y segunda instancia que pusieron fin al proceso, en
tanto en estas se advirtió que la relación laboral de la demandante no
correspondía con la de un trabajador oficial, sino de una empleada pública
“cuya competencia para definir el derecho de las acreencias laborales
derivadas de tal calidad, radica en la jurisdicción contencioso
administrativa”.

18. La acción se ejerció de manera oportuna. El daño alegado por la
demandante deriva de la Sentencia de 30 de noviembre de 2012 proferida
por el Juzgado Adjunto Laboral del Circuito de Rionegro y la Sentencia de
30 de mayo de 2014 proferida por el Tribunal de descongestión con sede en
el Distrito Judicial de Santa Marta. En el expediente no obra constancia de
ejecutoria de la providencia, no obstante, aun si el término se contabiliza
desde la fecha de expedición de la providencia, se concluye que la
demanda se presentó oportunamente. La parte actora presentó solicitud de
conciliación extrajudicial el 27 de marzo de 2016, con lo cual interrumpió el
término hasta el 6 de julio de 2016, fecha en que se expidió la constancia de
no conciliación entre las partes8. De modo que, la demanda presentada ese
mismo día (6 de julio de 2016) se realizó dentro del término de dos años
previsto en el literal i del artículo 164.2 del CPACA.

19. La Sala, en esta providencia, confirmará la Sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la
demanda, toda vez que el daño reclamado por la parte actora se ocasionó
por su propio actuar. En efecto, el daño, esto es, la pérdida de la
oportunidad de obtener el restablecimiento de sus derechos laborales
derivó la falta de experticia del abogado que interpuso la demanda, quien

8 Folio 335 del cuaderno No. 2.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01530-01 (69798)
Actor: Dora María Duque Narváez
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
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no determinó debidamente el juez competente y formuló erróneamente sus
pretensiones, además, no solicitó la declaratoria de nulidad ni la remisión del
proceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, no activó
los mecanismos que el ordenamiento jurídico preveía para corregir la
presunta omisión que ahora reclama. Adicionalmente, las providencias
presuntamente contentivas del error fueron proferidas conforme a derecho,
el razonamiento allí expuesto corresponde con la ley y la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sobre el asunto.

2.2. Análisis sustantivo

20. En la demanda laboral, Dora María Duque solicitó que se declarara que
entre ella y el Hospital San Juan de Dios de Rionegro ESE, en solidaridad con
Futurcoop, “hubo un contrato laboral entre el 1 de abril de 2005 hasta el 23
de junio de 2008”.9

21. En la Sentencia de primera instancia, el juez expuso que las personas
vinculadas a una Empresa Social del Estado podían ser clasificadas como
empleados públicos o trabajadores oficiales. Encontró probado que la
demandante inicialmente tenía un contrato de prestación de servicios con
el hospital, en el cual se obligó a prestar sus servicios como “auxiliar
administrativo”, en el área de cartera, y posteriormente continuó realizando
la misma actividad con intermediación de la cooperativa de trabajo
Futurcoop. También encontró probado que entre el hospital y la
demandante existió una auténtica relación laboral. No obstante, las labores
desempeñadas por la actora no eran inherentes a las de un trabajador
oficial, pues no se trataba de labores de mantenimiento de la planta física
hospitalaria ni de servicios generales, sino de manejo de recursos
económicos de la entidad, lo que materialmente indicaba que se trataba
de una empleada pública.

22. Por lo anterior, el juez absolvió a las demandadas. Concluyó que “al no
poderse declarar por este despacho la existencia de un contrato de
trabajo, ni con la cooperativa de trabajo asociado, de quien se deduce la
simple calidad de intermediaria del pago (…) ni con la ESE (…) debido a los
oficios que ejecutó la actora, que la enmarcan dentro de la categoría de
empleado público, cuya competencia para definir el derecho de
acreencias laborales derivadas de tal calidad radica en la jurisdicción
contenciosa administrativa”.10

23. La parte actora, en el recurso de apelación, insistió en que se declarara
la existencia de un contrato laboral, con la cooperativa, respecto de lo cual
debía responder también solidariamente el hospital. En efecto, en el escrito

9 Folios 34 al 36 del cuaderno No. 1.
10 Folios 266 al 288 del cuaderno No. 2.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01530-01 (69798)
Actor: Dora María Duque Narváez
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
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se adujo que “no se le debe tratar a mi cliente como empleada pública por
hecho de haber laborado por un espacio corto con la ESE Hospital San Juan
de Dios de Rionegro Antioquia, por cuanto en última instancia su vinculación
laboral y por más de un 80% fue con Futurcoop, cooperativa de carácter
privado que puede prestar servicios públicos/privados y para esta ocasión,
su intermediación con el Hospital San Juan de Dios, quien en última instancia
era la que cancelaba a la señora Dora María Duque Narváez su salario
devengado”.11

24. En ese sentido, el tribunal, en la Sentencia de segunda instancia se
centró en analizar las características del vínculo laboral de la demandante
y la procedencia de la declaratoria de un contrato realidad, por lo que, con
base en las mismas razones del juzgado, absolvió a las demandadas.12

25. El artículo 70 de la Ley 270 de 1996 prevé la causal de exoneración de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, según la cual: “[e]l daño
se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la víctima cuando ésta
haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos
de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”. En este
caso, la parte demandante atribuyó al juzgado y al tribunal no remitir el
proceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no obstante, la
Sala observa que la causa que tuvo incidencia directa y exclusiva en la
producción del daño alegado fue la culpa grave de la parte actora, quien,
a través de su abogado, reclamó ante el juez ordinario unas pretensiones
que competía resolver al juez de lo contencioso administrativo y en el
trascurso del proceso no alegó la causal de nulidad que se configuró.

26. La Sala no comparte las afirmaciones realizadas por la parte actora
sobre la omisión del despacho judicial de remitir el asunto al juez
competente. El juzgado surtió adecuadamente las etapas del trámite del
asunto y las conclusiones respecto del trabajo desempeñado por la
demandante, el cual no se asemejaba a las funciones de un trabajador
oficial, solo fueron evidentes tras la práctica de las pruebas. De manera que
el juez se pronunció sobre lo pedido en la demanda que estaba en el
ámbito de su competencia. Por su lado, la parte actora, en el recurso de
apelación, insistió en que el competente era el juez laboral y encaminó sus
argumentos en que se declarara la existencia de una relación laboral con
la cooperativa de trabajo asociado, y no con el hospital, en ningún
momento cuestionó la falta de competencia del juez que conoció el
asunto.

27. Con independencia de si el juez laboral o el tribunal tenía la obligación
de remitir el proceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo o no,

11 Folio 290 del cuaderno No. 2.
12 Folio 273 al 320 del cuaderno No. 2.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01530-01 (69798)
Actor: Dora María Duque Narváez
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
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el daño no puede ser atribuible a la demandada, sino a la falta de
experticia del abogado, quien no identificó el juez competente de acuerdo
con las declaraciones y condenas que pretendía obtener frente a la
empresa social del estado, promovió la acción equivocada, no cumplió
con los requisitos de la acción procedente13, y después de advertir que se
había configurado una causal de nulidad insaneable no la alegó, conforme
a lo previsto en los artículos 133 y siguientes del CGP14. En definitiva, el daño
se ocasionó por la falta de diligencia de la demandante.

28. Finalmente, se advierte que los fundamentos de las sentencias proferidas
dentro del proceso ordinario laboral estuvieron conforme a la postura
jurisprudencial vigente en ese momento. La jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia ha sido reiterada en cuanto a la competencia de la
jurisdicción ordinaria respecto de los asuntos en los cuales se pretende la
declaratoria de la existencia de un vínculo laboral entre un trabajador oficial
y una entidad pública15. Asimismo, el Consejo de Estado, en varias
ocasiones, ha establecido que le compete a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo resolver las controversias suscitadas por la
existencia de una relación legal y reglamentaria entre un empleado público
y una entidad del estado. En la Sentencia de 31 de enero de 2019, la
Sección Segunda de esta corporación indicó:

“(…) el régimen jurídico tiene previstas tres clases de vinculaciones con entidades
del Estado: a) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); b) De
los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y c) De los contratistas de
prestación de servicios (relación contractual estatal). Si en el caso de los contratos
de prestación de servicios se llegan a desdibujar sus elementos esenciales,
corresponderá decidir, a la justicia ordinaria, cuando la relación se asimile a la
de un trabajador oficial o, a la jurisdicción contencioso administrativa, cuando el
contratista desarrolle el objeto del contrato ejerciendo las mismas funciones que
corresponden a un cargo de empleado público.”16 (Resaltado fuera del texto
original)

29. Así las cosas, la Sala observa que la decisión del juez laboral y del tribunal
de negar las pretensiones de la demanda, al encontrar que las labores
desempeñadas por la actora no correspondían con las de un trabajador

13 Tal como lo señaló el tribunal, para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la

jurisdicción de lo contencioso administrativo era necesario provocar el pronunciamiento previo de la
administración sobre los derechos reclamados, lo cual no realizó la demandante.
14 En la sentencia de constitucionalidad c-537 de 2016, al analizar varios de las normas sobre nulidad del CGP, la

Corte señaló: “la asunción de competencia por un juez sin estar de acuerdo con lo dispuesto por los factores
objetivo, territorial y por conexidad, le permite al juez prorrogar o extender no obstante su competencia y, por lo
tanto, este hecho no genera nulidad de la sentencia dictada por el juez, si el vicio no fue alegado, mientras que,
la asunción de competencia con desconocimiento de la competencia de la jurisdicción y de los factores subjetivo
y funcional, sí genera necesariamente nulidad de la sentencia.”
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 22 de agosto de 2023, SL2156-2023,

Radicación No. 78385. En el mismo sentido, sentencia de 5 de febrero de 2024, SL272-2024, radicación No. 90221
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de sentencia de 31 de

enero de 2019, radicación No. 68001-23-32-000-2012-00555-01(0952-15). En el mismo sentido, sentencia de 8 de julio
de 2021, radicación No. 13001-23-31-000-2007-00499-02(3564-15)

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01530-01 (69798)
Actor: Dora María Duque Narváez
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
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oficial, fue legal y se enmarcó en lo pedido por la parte actora, esto es, la
declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo con las
demandadas. Por lo tanto, la Sala concluye que el resultado desfavorable
a los intereses de la demandante, en el proceso que le impidió obtener el
reconocimiento de sus derechos laborales, no se debió a un error
jurisdiccional de las autoridades judiciales que resolvieron el asunto, sino a la
culpa de la propia víctima quien no demandó ante al juez competente y
formuló erradamente la demanda.

2.3. Condena en costas

30. De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365 (numerales 1 y 3) del
CGP, la parte actora será condenada en costas en esta instancia. El tribunal
de origen liquidará la condena de manera concentrada, según lo dispuesto
en el artículo 366 del CGP.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 2 de marzo de 2023, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante al pago de costas y
agencias en derecho de segunda instancia. Esta condena se liquidará de
manera concentrada por el Tribunal de primera instancia.

TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmando electrónicamente Firmando electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

10 de 10

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