Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01542-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01542-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-01542-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01542-01 (3711-2024)
Demandante: Luis Carlos Loaiza Ángel
Demandadas: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Tema: Reconocimiento e incorporación de tiempos dobles de servicio
en el cómputo de la asignación de retiro. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Luis Carlos Loaiza Ángel instauró demanda contra la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional - Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio Nro. 20165620170461:MDN-CGFM-COEJC-
CEJEM-JEDEH-DIPER-SJUR-1.9 del 16 de febrero de 2016, por medio del cual se
le negó el reconocimiento del tiempo doble de servicio.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reconozca, liquide y
pague una pensión mensual de conformidad con lo dispuesto en la Ley 923 de 2004
y el Decreto 4433 de 2004, teniendo en cuenta el tiempo doble como factor laboral,
luego de que se ordene a la demandada que adicione el tiempo doble de servicio a
la hoja de vida 0490.
4. Que se condene a la accionada a pagar la suma correspondiente a 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a título de reparación por el daño moral que
le fue ocasionado. Y que las sumas reconocidas se indexen en debida forma.
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HECHOS
5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que prestó sus servicios al Ejército Nacional desde el 24 de abril de 1972 hasta
el 1° de enero de 1984.
7. Que el 3 de noviembre de 2015 radicó una petición ante el Ejército Nacional, en
la que solicitó la inclusión del tiempo doble de servicio en su hoja de vida, la cual se
contestó, negativamente, mediante Oficio Nro. 20165620170461:MDN-CGFM-
COEJC-CEJEM-JEDEH-DIPER-SJUR-1.9 del 16 de febrero de 2016.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Se indicaron como normas violadas los artículos 2, 4, 6, 13, 29, 53, 58, 90, 123,
125 y 218 de la Constitución Política de 1991; los artículos 59 y 121 de la
Constitución Política de 1886; el artículo 47 de la Ley 4ª de 1945; los artículos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 137, 138, 155 y 270 del Código Contencioso Administrativo; y la
Resolución Nro. 153 de Naciones Unidas.
9. En el concepto de violación manifestó que el acto demandado se expidió con
violación de las normas superiores en las que debió fundarse.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
10. La demanda se admitió en auto del 5 de octubre de 20151. La entidad
demandada se opuso a las pretensiones e indicó que los aumentos de la asignación
de retiro de los miembros de la fuerza pública se realizaron acorde con las
disposiciones vigentes y con los decretos que expide el Gobierno nacional,
anualmente. Que el acto demandado se sustentó en las normas vigentes que
regulan los casos de tiempos dobles de servicio, las cuales establecen que no hay
fundamento para reconocerlos durante los periodos solicitados.
11. Que a través de los diferentes decretos mediante los que se reorganizó la
carrera de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares se estableció la posibilidad
de reconocer tiempo doble de servicio al prestado en guerra internacional o
conmoción interior. Sin embargo, indicó que dicho reconocimiento no operaba de
forma inmediata, porque no bastaba con que se presentaran esas situaciones, sino
que se requería, además, que el consejo de ministros señalara las zonas en las que
operaría el beneficio.
12. Propuso como excepciones las de presunción de legalidad del acto acusado,
cobro de lo no debido, buena fe e inexistencia de la obligación e innominada2.
1 Véase a folio 43.
2 Véase a folios 61-72.
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13. El 24 de octubre de 2017 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio
y se decretaron las pruebas3. Se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó
sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
14. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del treinta (30) de
abril de dos mil veinticuatro (2024), negó las pretensiones. Indicó que el
demandante no demostró, específicamente, que respecto de los periodos
señalados en la demanda se hubiere prestado el servicio en zona declarada por el
Gobierno nacional con turbación del orden público y en estado de sitio, ni tampoco
la norma específica que reconociera dicho beneficio.
15. Que si bien era cierto, mediante los Decretos 1288 de 1965, 590 de 1970, 1128
de 1970, 250 de 1971, 1249 de 1975, 2131 de 1976, 1038 de 1984 se declaró
turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, no reposó
copia de los decretos que debió expedir el Gobierno nacional, previo concepto del
consejo de ministros, en los que se hubieren señalado las zonas en que la
prestación del servicio podía ser objeto de singular reconocimiento, pues una cosa
es la declaratoria del «estado de sitio» o de «conmoción interior» y otra la
determinación de los supuestos bajo los cuales, quienes por razón de esa
declaratoria y al desempeñarse en los lugares y circunstancias que el Gobierno
habría de señalar, se harían acreedores del cómputo doble por el tiempo de
servicios prestados bajo esos eventos.
16. Negó las pretensiones al indicar que el demandante no demostró que se
encontrara inmerso en la especial situación que ameritara el reconocimiento de
tiempos dobles, porque no obró prueba que demostrara, específicamente, que
respecto de los periodos señalados en la demanda se hubiera prestado el servicio
en zona declarada por el Gobierno nacional con turbación del orden público y en
estado de sitio, ni tampoco la norma que, adicionalmente, reconociera el beneficio4.
RECURSO DE APELACIÓN
17. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que
no aportó copia de los conceptos del consejo de ministros porque son documentos
reservados.
18. Que prestó sus servicios durante los espacios temporales contemplados en los
decretos como aquellos donde rigió el estado de sitio, razón por la que es claro que
laboró durante la vigencia de la normativa que reconoció tiempos dobles de servicio
toda vez que, desde 1972 (abril 24) hasta 1984 (enero 1º), estuvo vinculado a la
autoridad castrense, escalafonado como suboficial en el grado de cabo primero5.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
19. El 13 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
3 Véase a folios 121-124.
4 Véase el archivo «09Sentencia20160154200Estadodesitiotemposdobles» del expediente digital.
5 Véase el archivo «14AnexoApelacionSentencia201601542» del expediente digital.
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una vez ejecutoriado, el expediente pasaría para resolver la solicitud probatoria en
segunda instancia6.
20. Por auto del 16 de septiembre de 2024, se accedió a la solicitud probatoria y se
ofició al Comando General de las Fuerzas Militares para que, remitiera copia de los
conceptos del consejo de ministros que para la época en la que el demandante
laboró al servicio de la institución (1972-1984), autorizaron, presuntamente, el
reconocimiento del tiempo doble de servicios por encontrarse turbado el orden
público7.
21. El Comando General de las Fuerzas Militares dio respuesta mediante Oficio
Nro. 2024313002888631: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-
1.9 del 21 de octubre de 2024, en el que remitieron copia de los Decretos 0329 de
1958, 1048 de 1970, 739 de 1970 y 1386 de 19748.
22. Una vez se corrió traslado del anterior oficio, el demandante indicó que a él solo
le tuvieron en cuenta el tiempo doble del que trataba el Decreto 1386 de 1974, pero
que la demandada desconoció demás normas aplicables como los Decretos 2368
de 1971, 250 de 1971, 1249 de 1975, 2131 de 1976, 1263 de 1976, 1131 de 1976,
0613 de 1977, 0586 de 1977 y 1038 de 19849.
23. Mediante auto del 9 de mayo de 2025 se ordenó, nuevamente, que se oficiara
al Comando General de las Fuerzas Militares y, la entidad demandada dio respuesta
mediante Oficio con Radicado Nro. 2025118001312181:MDN-COGFM-COEJC-
SECEJ-CEAYG-1.9 del 20 de mayo de 202510, del cual se ordenó correr traslado.
24. La entidad demandada alegó de conclusión y manifestó que el acto demandado
se expidió de acuerdo con el ordenamiento jurídico, porque no solo era necesario la
expedición del decreto que declaraba el estado de sitio o conmoción interior, sino
que era imperativo que, previamente, se expidiera la recomendación del consejo de
ministros que determinara, explícitamente, las regiones afectadas en las que se
reconocerían los tiempos dobles para los integrantes de la fuerza pública11.
25. El demandante alegó de conclusión y consideró que la demandada mostró
renuencia frente a los conceptos o recomendaciones del consejo de ministros. Que
solo se le computó el tiempo doble que autorizó el Decreto 1386 de 1974 y se
omitieron las demás normas aplicables que, en total, le permitirían sumar 6 años y
11 meses a su tiempo total de trabajo, lo que lo haría acreedor de la asignación
mensual de retiro, al superar los 15 años al servicio del Ejército Nacional12.
26. Se resolverá previas las siguientes
CONSIDERACIONES
6 Véase a índice 4 de SAMAI.
7 Véase a índice 9 de SAMAI.
8 Véase a índice 15 de SAMAI.
9 Véase a índice 24 de SAMAI.
10 Véase a índice 32 de SAMAI.
11 Véase a índice 46 de SAMAI.
12 Véase a índice 47 de SAMAI.
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27. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si al señor Luis Carlos Loaiza
Ángel le asiste derecho al reconocimiento del tiempo doble por sus servicios
prestados como miembro de las fuerzas militares, dentro de los periodos solicitados.
Del tiempo doble de servicios
28. Los tiempos dobles constituyen un derecho previsto por el legislador de manera
especialísima para determinados funcionarios y actividades cuando se hubiere
declarado, bajo la Constitución de 1886, el estado de guerra exterior o de conmoción
interior en todo o parte del territorio nacional. De ese modo, constituía una ficción
porque se tenía como laborado un tiempo que materialmente no lo fue, para lo cual
resultaba imperativo demostrar que se reunían los requisitos exigidos para su
reconocimiento.
29. Este beneficio no se paga en dinero, sino que se reconoce para efectos
prestacionales. Al respecto, el artículo 121 de la referida Carta indicaba:
«Artículo 121.En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá
el Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos
los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la
República o parte de ella.
Mediante tal declaración quedará el Presidente investido de las facultades que
le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes,
para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas
extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de
dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma
de todos los Ministros.
El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la
perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada
de sus providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los
abusos que hubieren cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias».
30. La Ley 2ª de 1945, organizó la carrera de oficiales del Ejército; señaló las
prestaciones sociales para los empleados civiles del ramo de guerra y dictó otras
disposiciones sobre prestaciones sociales de los individuos de tropa.
Concretamente, en su artículo 47 preceptuó:
«Artículo 47. El tiempo de servicio en guerra, desde la fecha en que se declare
turbado el orden público, hasta la expedición del decreto por el cual se
establezca la normalidad, se computa doble para todos los efectos, con
excepción del de ascensos.
Parágrafo. Para el cómputo de que trata el presente Artículo, es condición
indispensable que la prestación del servicio se efectué dentro de la zona
afectada».
31. Posteriormente, la Ley 126 de 1959, a través de la cual se reorganizó la carrera
de oficiales de las fuerzas militares, previó:
«Artículo 52. El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior,
en las zonas que el Gobierno determine, desde la fecha en la que se declare
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turbado el orden público, hasta la expedición del Decreto por el cual se
restablezca la normalidad, se computará como tiempo doble de servicio.
Parágrafo 1º. El tiempo doble a que se refiere el presente artículo, se liquidará
exclusivamente para la asignación de retiró y demás prestaciones sociales.
Parágrafo 2º. Quedan exceptuados de este cómputo los dos últimos años de
permanencia en las Escuelas de Formación de Oficiales y las fraccione que se
liquiden por este concepto».
32. El Decreto 3071 de 1968, que reorganizó la carrera de oficiales y suboficiales
de las fuerzas militares, preceptuó:
«Artículo 158. El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción
interior, en las zonas que determine el Gobierno, a juicio del Consejo de
Ministros si las condiciones justifican la medida, desde la fecha en que se
establezca el Estado de Sitio por turbación del orden público hasta la expedición
del Decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computará como tiempo
doble de servicio para efectos de prestaciones sociales».
33. Por otro lado, el Decreto 2337 de 1971 prescribió:
«Artículo 181.Tiempo doble. El tiempo de servicio en guerra internacional o
conmoción interior, en las zonas que determine el Gobierno, a juicio del Consejo
de Ministros si las condiciones justifican la medida desde la fecha en que se
establezca el estado de sitio por turbación del orden público hasta la expedición
del Decreto por el cual se restablezca la normalidad se computará como tiempo
doble de servicio para efectos de prestaciones sociales».
34. El Decreto 612 de 1977, estipuló cómo debía computarse el tiempo para la
liquidación de la asignación de retiro y las prestaciones sociales, así:
«Artículo 140. Cómputo de tiempo. Para efectos de asignación de retiros y de
más prestaciones sociales, el Ministerio de Defensa Nacional liquidará el tiempo
de servicio así:
a) El tiempo de permanencia en la respectiva escuela de formación de Oficiales,
con un máximo de dos (2) años;
b) El tiempo de permanencia como soldado o alumno de una escuela de
formación de suboficiales, con un máximo de dos (2) años:
c) El tiempo de servicio como Oficial o Suboficial
Parágrafo 1. los tiempo dobles que en virtud de lo dispuesto en el artículo 181
del Decreto 2337 de 1971 y se disposiciones legales anteriores sobre la misma
materia, se hayan reconocido o se reconozcan por servicios prestados con
anterioridad a la vigencia del presente Decreto, se tendrán en cuenta para la
liquidación de las prestaciones sociales de los Oficiales y Suboficiales
favorecidos en tales reconocimientos.
Parágrafo 2. Las fracciones mayores a seis (6) meses se considerarán como
año completo para la liquidación del auxilio de cesantía, pero no para las demás
prestaciones sociales».
35. Las anteriores disposiciones hacen referencia a los tiempos dobles y cuáles
eran los requisitos que debían cumplirse para que se configurara el derecho a que
fueran incorporados en la hoja de servicios y, de ese modo, aplicarlos al momento
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de liquidar la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública. Dicha
normativa, en términos generalas, concordaba al exigir que el Gobierno nacional, a
juicio del consejo de ministros, instituyera, específicamente, cuáles zonas del país
merecían tal reconocimiento por los problemas de orden público que vivían, o que
señalara para tales efectos, expresamente, que se entendía comprendido todo el
territorio nacional13.
36. Se tiene entonces, que el reconocimiento del tiempo doble de servicio se trataba
de un beneficio consagrado a favor del personal de las fuerzas militares que prestó
sus servicios en determinadas zonas que, a juicio del Gobierno y de acuerdo con
determinas condiciones, ameritaban su reconocimiento atendiendo a factores de
necesidad y conveniencia en el marco de la declaración del estado de sitio14.
37. Es así como el Consejo de Estado estableció que para que un miembro de la
fuerza pública pueda ser acreedor al cómputo del tiempo doble de servicio, es
necesario que se cumplan ciertos requisitos, como:
«[…] “1. Declaratoria de Estado de sitio por turbación del orden público, hasta
el decreto que levante la medida.
2. Concepto previo del Consejo de Ministros.
3. Decreto del Gobierno reconociendo expresamente a determinados agentes,
suboficiales, etc.
Sin el cumplimiento de estos requisitos no hay lugar al reconocimiento de
tiempo doble por servicios prestados por los Agentes y Suboficiales de la Policía
Nacional”»15 (cursivas originales).
38. En ese sentido, para acceder al reconocimiento del tiempo doble de servicio es
indispensable que: i) se acrediten los decretos que expidió el Gobierno, que son los
que constituyen el sustento legal de la petición, porque, no basta con la declaratoria
del estado de sitio; ii) se señalen las zonas en que operó el beneficio o, en su
defecto, indicar que operó para todo el territorio nacional; y iii) se demuestre que el
interesado prestó efectivamente los servicios en cada zona durante el lapso
alegado16.
Resolución del caso concreto
39. De acuerdo con el formato de liquidación de servicios Nro. 0490 EJC-84, el
señor Luis Carlos Loaiza Ángel prestó los siguientes servicios al Ejército Nacional17:
NOVEDAD DESDE HASTA TIEMPO
A M D
Soldado 24/04/1972 09/09/1973 1 4 15
Cabo Segundo 09/09/1973 N/A N/A
13 Al respecto, véase: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 25 de septiembre de
2008. Rad. 11001-03-25-000-2005-00222-01 (9549-2005). C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
14 Al respeto, véase: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 8 de febrero de 2018.
Rad. 25000-23-42-000-2015-04371-01 (1705-2017). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 24 de enero de 2002. Rad. 63001-23-31-000-1999-
00708-01 (2709-2000). C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 25 de noviembre de 2021. Rad. 05001-
23-33-000-2015-01769-01 (1160-2021). C.P. William Hernández Gómez.
17 Véase a folio 116 PDF del archivo «01ExpDigital201601542», del expediente digital.
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Cabo Primero 01/09/1981 N/A N/A
Retiro N/A 01/01/1984 10 03 22
Tiempo Doble 09/09/1973 29/12/1973 00 03 20
Diferencia año laboral N/A N/A 00 02 00
SUBTOTAL DE SERVICIOS 12 01 27
Sep. Temporal 30/09/1979 30/04/1980 00 07 00
Diferencia año laboral N/A N/A 00 00 03
Total deducción N/A N/A N/A 07 03
TOTAL SERVICIOS 11 06 24
40. Se observa que, en ejercicio del derecho de petición, solicitó ante el Ejército
Nacional la corrección de su hoja de servicios para que en ella se incorporaran los
tiempos dobles18.
41. A través del Oficio Nro. 20165620170461:MDN-CGFM-COEJC-CEJEM-
JEDEH-DIPER-SJUR-1.9 del 16 de febrero de 2016, el subdirector de personal del
Ejército Nacional negó el reconocimiento del tiempo doble de servicio, en los
siguientes términos:
«[…] me permito manifestarle; que no es procedente teniendo en cuenta que
los diferentes Decretos mediante los cuales se reorganizó la carrera de Oficiales
y Suboficiales de las Fuerzas Militares, se estableció la viabilidad del
reconocimiento como tiempo doble de servicio el prestado en guerra
internacional o conmoción interior, sin embargo dicho reconocimiento no
operaba de forma inmediata, es decir, que no bastaba el solo hecho de que se
hubiesen declarado las mencionadas situaciones, sino que se requería que el
consejo de Ministros señalara las respectivas zonas donde operaría el
beneficio, por considerar que las condiciones que se presentaban así lo
justificaban y se expidiera un Decreto por parte del señor Presidente de la
República, en donde previo concepto del consejo de Ministros determinaba las
zonas del territorio nacional en donde se configuraba el mencionado
beneficio»19.
42. En virtud de la relación probatoria que antecede, se estima que no es posible
acceder a las pretensiones encaminadas a la corrección administrativa de la hoja
de servicios, con el fin de incluir los tiempos dobles reclamados, porque, la sola
declaratoria del estado de sitio no es suficiente para que se reconozca dicho lapso
de forma doble. Además, de que no se demostró en cuál zona geográfica del país
prestó sus servicios.
43. Si bien hubo distintos decretos que declararon turbado el orden público y el
estado de sitio en todo el territorio nacional, lo cierto es que era necesario que el
Gobierno, mediante un acto administrativo, ordenara su reconocimiento, tal y como
se dispuso en el Decreto 2337 de 1971.
44. De ese modo, se observa que no se acreditaron las autorizaciones por parte del
Gobierno nacional, previo concepto del consejo de ministros, de las zonas que
justificaban la medida, lo cual resultaba necesario para el reconocimiento porque,
se reitera, la declaración del estado de sitio o turbación del orden público, por sí
sola, no daba lugar al reconocimiento de tiempo doble.
18 Véase a folios 20-21 PDF, ibid.
19 Véase a folios 22-23 PDF, ibid.
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45. Además, aun cuando el apelante adujera que la demandada se mostró renuente
a aportar los conceptos o recomendaciones del consejo de ministros, no cabe duda
de que hubo deficiencias probatorias, en la medida que no se aportaron pruebas
idóneas que dieran cuenta, objetivamente, sobre dónde el interesado prestó
efectivamente los servicios en cada zona durante el lapso alegado.
46. De ese modo, ante la ausencia de este material, las pretensiones no tienen
vocación de prosperar, por cuanto su estudio exigía que la parte demandante
acreditara que laboró en una zona geográfica en la que operaba el beneficio, lo cual
obedece a lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso,
conforme con el cual incumbe «[…] a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
47. Por ello los períodos reclamados por el actor no pueden reconocerse como
tiempos dobles de servicios, porque para ser acreedor al reconocimiento ha debido
acreditar, además de otras exigencias, la prestación del servicio en la zona afectada
y el decreto que lo establezca en su favor, lo que no aparece demostrado en este
asunto.
48. Con base en lo anterior y como las pretensiones de la demanda no están
llamadas a prosperar, se confirmará la sentencia proferida el treinta (30) de abril de
dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de
la cual se negaron las pretensiones.
De la condena en costas en segunda instancia
49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
50. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; y, en ese sentido, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. En consecuencia, se impondrán costas a la parte vencida, por cuanto se
negaron totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01542-01 (3711-2024)
la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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