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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01580-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01580-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 22 de junio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda; de conformidad con las consideraciones expuestas. En su lugar, se NIEGAN las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. No condenar en costas en ninguna de las dos instancias. TERCERO. Se reconoce personería a Evelyn María Molina Vega como apoderada de la UGPP, de acuerdo con el poder allegado vía correo electrónico y que se encuentra visible en el índice 45 del expediente digital disponible en SAMAI. w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 13 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 05001 23 33 000 2016 01580 01 (5071-2018) Demandante: Parmenio Córdoba Cuesta CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-01580-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2016 01580 01 (5071–2018)
Demandante: Parmenio Córdoba Cuesta
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.
Vinculación antes de 1980. Naturaleza de la vinculación
docente. Carga de la prueba. Ley 1437 de 2011

Decisión: Revoca y niega pretensiones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 22 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, que accedió a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda2

El señor Parmenio Córdoba Cuesta, por intermedio de apoderada judicial, solicitó
declarar la nulidad de las Resoluciones 49825 de 29 de setiembre de 2008 y
PAPA 056819 e 10 de junio de 2011, proferidas por la Caja Nacional de Previsión
Social EICE, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia.

Como restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir del 24 de junio de
2002, liquidada teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el
año inmediatamente anterior a obtener el estatus pensional; así mismo, que se

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001233300020160
1580011100103
2 Folios 54 a 69 del expediente físico.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2016 01580 01 (5071-2018)
Demandante: Parmenio Córdoba Cuesta

actualicen los valores resultantes de acuerdo con el IPC.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

Como sustento, señaló que el señor Parmenio Córdoba Cuesta nació el 24 de julio
de 1952, cumpliendo 50 años de edad el 25 de julio de 2002, y que prestó servicio
en la enseñanza estatal por 27 años, 3 meses y 8 meses así:

• Como docente territorial en el municipio de Murindó, Antioquia, como interino
de la siguiente manera:
o Por un mes, desde el 11 de junio hasta el 10 de julio de 1979.
o Por un mes y 10 días, entre el 19 de noviembre de 1979 y el 28 de enero
de 1980.
o Por un mes, desde el 16 de junio hasta el 15 de julio de 1980.
• Como docente nacionalizado, al servicio del departamento de Antioquia,
desde el 5 de mayo de 1981 hasta el 1 de abril de 2008.

Relató que el 3 de julio de 2008 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia ante la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE, la cual
fue resuelta de manera negativa con los actos hoy demandados.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Como argumento de lo pretendido, indicó que con los actos administrativos
demandados se infringieron los artículos 29, 48 y 53 de la Constitución Política, así
como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, y el Decreto
2277 de 1979, entre otras.

Explicó que, a pesar de haber aportado una certificación que indicaba el tipo de
vinculación territorial / municipal antes del 31 de diciembre de 1980 y,
posteriormente, del orden nacionalizado, CAJANAL negó la pensión gracia
deprecada a pesar de haber cumplido con los requisitos establecidos por la ley para
ello, pues desvirtuó la naturaleza jurídica de las vinculaciones laborales sin tener
sustento legal para ello.

1.4. Contestación de la demanda

Admitida la demanda el 28 de julio de 20163, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP4, como sucesora procesal de CAJANAL, una vez notificada, presentó escrito
con el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

3 Folio 71 del expediente físico.
4 Folios 85 a 88 del expediente físico.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2016 01580 01 (5071-2018)
Demandante: Parmenio Córdoba Cuesta

Sostuvo que los actos administrativos fueron expedidos en cumplimiento las
disposiciones legales que regulan la pensión gracia, y destacando que el reclamante
no cumplió con el requisito de contar con una vinculación antes del 31 de diciembre
de 1980 como docente territorial o nacionalizado.

1.5. Sentencia de primera instancia

En decisión de 22 de junio de 20185 el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió
a las pretensiones de la demanda, declaró la prescripción de mesadas y condenó
en costas a la parte demandada.

Como sustento de lo anterior, luego de referirse al marco normativo y jurisprudencial
que regula la pensión gracia, analizó la prestación del servicio docente por parte del
señor Parmenio Córdoba Cuesta, concluyendo que sí contó con vinculación antes
del 31 de diciembre de 1980, y acreditó los demás requisitos necesarios para el
reconocimiento de la prestación en comento, estimando como válida la labor
ejecutada en el programa de alfabetización para adultos.

Seguidamente, declaró la prescripción de mesadas causadas con anterioridad al 12
de julio de 2013, en la medida que la reclamación administrativa fue radicada el 12
de julio de 2016; y finalmente, condenó en costas a la UGPP toda vez que encontró
configuradas las causales de los artículos 365 y 366 del CGP en concordancia con
el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.

1.6. Recurso de apelación6

A través de apoderado, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP presentó recurso
de apelación con el que solicitó revocar la decisión de primera instancia, alegando
que el tiempo de servicio como docente en el programa de alfabetización para
adultos no es válido para la pensión gracia, ello, estimando que corresponde a
educación no formal, siendo contrario a lo exigido por la norma; así entonces, adujo
que no se cumplió con el mínimo de tiempo requerido para acceder a la prestación
reclamada, solicitando la revocatoria de la sentencia objetada.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Con auto de 16 de enero de 20197, se admitió el recurso de apelación.

El señor Parmenio Córdoba Cuesta8, por intermedio de su apoderada, allegó
escrito de alegatos en el que solicitó que se accediera a las pretensiones de la

5 Folios 110 a 119 del expediente físico.
6 Folios 124 a 126 del expediente físico.
7 Folio 139 del expediente físico.
8 Folios 157 a 160 del expediente físico.

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Radicado: 05001 23 33 000 2016 01580 01 (5071-2018)
Demandante: Parmenio Córdoba Cuesta

demanda en atención a la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018.

A través de apoderado, la UGPP9 presentó escrito de alegatos de conclusión en el
que precisó que los tiempos laborados en el programa de educación para adultos
como alfabetizador no resultan válidos para obtener el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, en ese sentido, al no acreditarse una vinculación válida para antes
del 31 de diciembre de 1980, estima que no es posible acceder a las pretensiones
de la demanda.

El Agente del Ministerio Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado,
guardaron silencio en esta etapa procesal.

De otro lado, en esta instancia el 4 de julio de 2024, se dictó auto para mejor
proveer, requiriendo al municipio de Murindó y a la Secretaría de Educación
Departamental de Antioquia para que remitieran pruebas documentales
relacionadas con la prestación del servicio docente del demandante; oportunidad en
la que, además, se aceptó el impedimento al Magistrado Jorge Iván Duque
Gutiérrez, siendo separado del conocimiento del asunto.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso11, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

9 Índice 9 del expediente digital disponible en SAMAI.

10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley.»

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2016 01580 01 (5071-2018)
Demandante: Parmenio Córdoba Cuesta

2.2. Del problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Parmenio Córdoba
Cuesta, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial la existencia de un vínculo docente
territorial o nacionalizado antes de 1980, y los 20 años de servicio bajo ese tipo de
designación; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para hacerse acreedor
a tal prestación.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Parmenio Córdoba Cuesta

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme
al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún
en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»12

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201813
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron
en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez
se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de
los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de

agosto de 1997.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2016 01580 01 (5071-2018)
Demandante: Parmenio Córdoba Cuesta

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que
los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a
sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»

Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».14

14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicado: 05001 23 33 000 2016 01580 01 (5071-2018)
Demandante: Parmenio Córdoba Cuesta

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y cumplió con los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4. Actuación administrativa

El señor Parmenio Córdoba Cuesta, actuando a través de apoderada, radicó el 3 de
julio de 2008 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la Caja
Nacional de Previsión Social EICE, que fue resuelta a través de las Resoluciones
49825 de 29 de septiembre de 2008 y PAP 056819 de 10 de junio de 2011, esta
última desatando recurso de reposición, negando la petición, en razón a que
consideró que los tiempos de servicio antes de 1981 no eran válidos por haber sido
prestados como alfabetizador en educación para adultos.

2.5. Caso concreto

Pasa la Sala a determinar si el demandante cumple con las exigencias contenidas
en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, principalmente las sentencias de unificación jurisprudencial
previamente descritas, para el reconocimiento de la acreencia pensional en
discusión.

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

a. Edad

Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala encuentra probado que el demandante nació el 24 de julio de 195215, razón
por la cual, el 24 de julio de 2002 cumplió 50 años de edad.

b. Buena conducta

En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que

15 Copia del registro civil de nacimiento visible a folio 6 del expediente físico.

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Demandante: Parmenio Córdoba Cuesta

pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito; siendo pertinente destacar que, dicho
aspecto no fue objeto de reproche por la demandada.

c. Tiempo de servicio

Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales como docente oficial;
requisito este sobre el que gira la controversia en esta instancia:

• Vinculación como docente alfabetizador interino desde 1978 (4 meses)

Se tiene entonces que, al expediente se allegó el siguiente material probatorio, en
lo que al periodo bajo estudio se refiere:

Certificación laboral expedida el 24 de octubre de 2007, por el alcalde del municipio
de Murindó, en el que se señaló:

«Que PARMENIO CORDOBA CUESTA, […]. Laboró al servicio del municipio de
Murindó-Antioquia. En calidad de educador municipal en el programa de
alfabetización o escuela de padres con los adultos, durante el periodo de tiempo así:
Año, 1979 desde el 11 de junio hasta el 10 de julio y desde el 19 de noviembre hasta
el 28 de enero de 1980.
Año, 1980 desde el 16 de junio hasta el 15 de julio y desde el 21 de noviembre hasta
el 30 de enero de 1981.
Fecha de ingreso día 11 del mes de junio del año 1979.
Fecha de retiro día 30 del mes de enero del año 1981.»16 (sic)

Posteriormente, el 13 de enero de 2009, nuevamente la administración municipal
de Murindó expidió certificado laboral en el que indicó:

«Que el Señor PARMENIO CORDOBA CUESTA, […] laboró al servicio del municipio
de Murindó Antioquia, en calidad de Educador Municipal; por contratos vacacionales
durante el periodo de tiempo comprendido entre el 11 de junio de 1.979 y el 30 de
enero de 1.981, en el programa de ALFABETIZACION CON ADULTOS, en Educación
Primaria; cumpliendo con la intensidad horaria y jornada nocturna, con base a lo
estipulado por el programa; 20 horas semanales ósea (sic) 4 horas diarias de 6 pm a
10pm.
[…]
El anterior Certificado se expide a petición del interesado y con base al archivo que
reposa en esta Alcaldía. »17

Pues bien, advierte la Sala que en el plenario no reposa ningún otro documento que
dé cuenta de la prestación del servicio durante los años 1979 y hasta enero de 1981,
lapso temporal con el cual pretende acreditar la vinculación al servicio docente antes

16 Folio 8 del expediente físico.
17 Folio 9 del expediente físico.

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Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2016 01580 01 (5071-2018)
Demandante: Parmenio Córdoba Cuesta

de 1980.

Ahora, revisados dichos documentos, se estima que no contienen la información
suficiente que ofrezca certeza a esta Colegiatura sobre una designación del orden
territorial y/o nacionalizado; ello, en tanto inicialmente se menciona una actividad
como educador en el programa de alfabetización i) desde el 11 de junio hasta el 10
de julio de 1979, ii) entre el 19 de noviembre y el 28 de enero de 1980; luego iii)
desde el 6 de junio hasta el 15 de julio de 1980, y finalmente iv) entre el 21 de
noviembre hasta el 30 de enero de 1981; no obstante, a partir de dicho material no
se conoce si se trató de un nombramiento legal y reglamentario, o si prestó servicios
a través de contratos, y si bien se señala que el actor ejerció como docente
municipal, no reposa prueba adicional a la certificación que se revisa, que respalde
dicha afirmación.

Y aun cuando con una segunda certificación, que data de 13 de enero de 2009, se
reiteró que existió la prestación del servicio como educador municipal desde el 11
de junio de 1979 y el 30 de enero de 1981 (ya no precisando que fue en distintos
periodos), en virtud de contratos vacacionales, tampoco se adjunta soporte alguno,
esto es, los respectivos contratos o cualquier otro material probatorio que permita
establecer de manera fehaciente que el señor Córdoba Cuesta tuvo una vinculación
de naturaleza territorial o nacionalizada, lo cual resulta fundamental para obtener la
pensión gracia.

Llama la atención de la Sala que, las constancias a las que se vienen haciendo
mención, que datan de los años 2007 y 2009, dan fe de la prestación de un servicio
docente que se ejecutó más de 20 años antes, y si bien se aduce por dicha autoridad
municipal, que la certificación se emite con base en el archivo que reposa en la
entidad, no se mencionan o identifican tales contratos, y menos aún se allega al
plenario por el actor, dichos documentos.

Resulta importante rememorar que, la administradora de pensiones inicialmente
negó el derecho a la pensión gracia al actor, precisamente restándole mérito al
tiempo de servicio que aquél pretendía hacer valer a partir del año 1979 y hasta
1981, y que estaba certificado por la Alcaldía de Murindó en los años 2007 y 2009,
según obran en el expediente administrativo, que son los mismos que se aportan
ahora en sede judicial.

En ese momento la entidad señaló que el certificado de tiempos de servicio “no es
claro en cuanto no específica, intensidad horaria, jornada, si fue en primaria o
secundaria y si dicta conferencias en forma esporádica, razón por la cual dichos
tiempos se desestiman”; en ese orden, estimó que no acreditaba los 20 años de
servicio en la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital y no se
encontraba vinculado como docente al 31 de diciembre de 1980. Más adelante, al
desatar el recurso de reposición contra la anterior decisión, también desestimó el
tiempo de servicio en mención.

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Demandante: Parmenio Córdoba Cuesta

De manera que, para el señor Córdoba Cuesta no es desconocido el debate
planteado por la entidad frente a dicho periodo, y los reparos que había frente a las
pruebas documentales con los cuales buscaba acreditar uno de los requisitos para
obtener la dádiva solicitada; que se itera, vienen a ser las mismas allegadas en sede
judicial, las cuales para la Sala no resultan suficientes para determinar la naturaleza
del vínculo docente.

Precisamente con miras a establecer lo anterior, se dictó por parte de esta Sala de
Decisión, auto para mejor proveer el 4 de julio de 2024, requiriendo de oficio, entre
otros, al municipio de Murindó a fin de que allegara copia de los actos de
nombramiento o de los contratos que dieron origen a las vinculaciones desde 1979
en adelante, así como certificación actualizada de la labor docente allí
desempeñada durante el mismo tiempo.

Empero, el ente territorial en cita no aportó prueba alguna, mientras que la
Secretaría de Educación del municipio de Bello – Antioquia, el 21 de noviembre de
2024, arrimó un acto de nombramiento efectuado por el Departamento de Antioquia
al actor como educador, pero a partir del 2 de marzo de 1981, sin que de dicha
documentación se avizore la existencia de designaciones anteriores.

A su turno, la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia, el 21 de agosto
de 2024, informó que el actor laboró al servicio de dicha cartera, pero a partir del 30
de abril de 1981 y hasta el 31 de diciembre de 2002, aportando a su vez certificación
electrónica de tiempos laborados -CETIL-.

Hasta lo aquí expuesto, para esta Sala no está suficientemente probado el requisito
de una vinculación como docente territorial o nacionalizado antes de 1980, pues, se
insiste, el material probatorio resulta insuficiente para establecer que en efecto el
actor ejerció como educador en algunos de los órdenes mencionados.

Vale la pena poner de presente respecto a la carga de la prueba, que conforme con
el artículo 167 del Código General del Proceso, se prevé que «Incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen», de manera que, corresponde al extremo activo de esta causa probar
fehacientemente el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener el derecho
a la pensión gracia; no obstante, el demandante allegó la misma documentación
que ya había sido cuestionada por la entidad en sede administrativa; y pese a que
se decretó una prueba de oficio a fin de esclarecer la situación jurídica de aquél, no
realizó mayor diligencia con miras a que reposaran en el plenario dichas pruebas; y
en todo caso, era de su carga haber aportado con la demanda, todos los medios de
convicción a su alcance que soportaran sus pretensiones, para el caso,
certificaciones de tiempos de servicios con información completa, copias de los
contratos de prestación de servicios que dieron origen a la labor que aduce
desempeñó desde el año 1979, entre otros; y de no ser posible obtener dicha
información, así manifestarlo en esta causa, teniendo la posibilidad incluso, de
haber solicitado la reconstrucción de expediente.

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Sin embargo, ello no ocurrió, y por tanto lo que se avizora es el incumplimiento de
la carga probatoria a que hace alusión el artículo 167 del CGP. Ahora, la Corte
Constitucional respecto a la carga de la prueba en materia pensional cuando existan
inconsistencias en la historia laboral del solicitante, en sentencia SU-182 de 2019
señaló:

«En este punto es importante precisar que la carga de la prueba sobre las
posibles inconsistencias o irregularidades recae, en principio, sobre la
administradora de pensiones, pues “el trabajador sigue siendo el sujeto jurídico
más débil del sistema, por lo cual merece una especial protección del Estado”18.
Además, la administradora cuenta con “mejores y mayores elementos de juicio
que le permitan adoptar una decisión más fiel a la realidad de los hechos que
se le plantean”19. Pero cuando la administradora de pensiones presenta una
“justificación bien razonada”, soportada en medios probatorios que
advierten razonablemente sobre una inconsistencia o una irregularidad en
la historia laboral, le corresponde al afiliado desvirtuar tal hecho. En
términos similares, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que, frente
a una “censura fundada” de la administración, la carga de la prueba se traslada
al afiliado, quien podrá hacer uso de los distintos medios probatorios a su
alcance.20» (Negrilla de la Sala)

Ante el panorama descrito, no cabe duda a la Sala que, el señor Parmenio Córdoba
Cuesta no acreditó el requisito de la vinculación al servicio educativo en el orden
territorial o nacionalizado antes de 1980, el cual es determinante para acceder a la
pensión gracia. En vista de ello, la Sala de releva de analizar los demás tiempos de
servicios, pues, dan cuenta de un periodo posterior.

Así entonces, se impone revocar la sentencia de primera instancia emitida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda,
para en su lugar, negar las mismas.

2.6. Conclusión

En relación con el caso que nos ocupa, Parmenio Córdoba Cuesta no cumplió con
el requisito mínimo de acreditar su vinculación como docente territorial y/o

18 «Sentencia C-177 de 1998. MP. Alejandro Martínez. Reiterada recientemente en la Sentencia T-

376 de 2018. MP. José Fernando Reyes.»
19 «Sentencia T-482 de 2012. MP. Luis Ernesto Vargas.»

20 «“En su defensa el demandante se limitó a hacer apreciaciones generales sobre la presunción de

buena fe sin desvirtuar el cargo que le hizo la demandada, el cual fue reiterativo en señalar que
nunca prestó servicios al Municipio. En este aspecto confunde el demandante la carga de la prueba,
pues en este caso, frente a una censura fundada de la administración, le correspondía desvirtuar tal
acusación, demostrando por los diversos medios probatorios que efectivamente fue empleado del
citado Municipio, en las fechas que dice haber desempeñado los diferentes empleos a que hace
alusión en su demanda”. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. CP: Ana
Margarita Olaya Forero Sentencia del 16 de julio de 2002. Radicación número: 23001-23-31-000-
1997- 8732-02 (IJ 029).»

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nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, razón por la que esta
Sala revocará la decisión dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo
de Antioquia el 22 de junio de 2018, que accedió a las pretensiones de la demanda,
y en su lugar, se negarán las mismas, de acuerdo con las razones expuestas en
esta providencia.

2.7. Condena en costas

En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el proceso y la carencia
de fundamentación jurídica.

En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CPG4, por tanto,
no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se sustentaron
las razones esgrimidas por la parte actora en defensa jurídica de sus intereses, así
como por la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 22 de junio de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda; de
conformidad con las consideraciones expuestas.

En su lugar, se NIEGAN las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. No condenar en costas en ninguna de las dos instancias.

TERCERO. Se reconoce personería a Evelyn María Molina Vega como apoderada
de la UGPP, de acuerdo con el poder allegado vía correo electrónico y que se
encuentra visible en el índice 45 del expediente digital disponible en SAMAI.

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CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CON IMPEDIMENTO FUNDADO
JORGE IVÁN DUQUE GUTIERREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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