Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01678-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Régimen laboral
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01678-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-01678-01
Consejero ponente: César Palomino Cortés
5 de agosto de 2021
RÉGIMEN LABORAL / COMPATIBILIDAD PENSIÓN DE VEJEZ Y PENSIÓN DE JUBILACIÓN / CONDENA EN COSTAS
[…] El artículo 128 de la Constitución Política establece que: “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas”. […] [E]l artículo 31 del Decreto 3135 de 1968 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”, indica que, “Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas”. […] [E]l artículo 19 de la Ley 4 de 1992, establece la prohibición de recibir más de una asignación que provenga del erario, […] El Consejo de Estado en diversas oportunidades ha considerado que es posible percibir una pensión de jubilación como empleado del sector público y una pensión de vejez pagada por el ISS, siempre que ésta última se cause por los servicios laborados en el sector privado. […] Sobre el mismo punto, la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, en sentencia del 19 de febrero de 2015, consideró: “[…] De lo anterior se concluye que es viable percibir una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público y a la vez recibir una pensión de vejez por parte del ISS siempre que ésta se reconozca por servicios prestados a patronos particulares. […] No sucede lo mismo cuando la pensión que reconoce el Instituto del Seguro Social incluye tiempos laborados en el sector público porque en ese caso se involucran dineros que provienen del “tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado” y en tal sentido sería incompatible con la pensión de jubilación reconocida por servicios prestados en el sector público.[…] En un asunto con contornos fácticos y jurídicos similares al presente, la Subsección A, Sección Segunda de esta Corporación concluyó: […] “La anterior jurisprudencia es aplicable al caso concreto. En efecto, se trata de dos asignaciones completamente diferentes por su origen y por su fuente: una, la que reclama el actor del Fondo de Prestaciones del Magisterio y otra la que recibe del ISS; la primera obedece a servicios prestados al Estado; la otra por haber cotizado como trabajador independiente, lo cual conduce a indicar que las dos pensiones son compatibles por cuanto no se opone a lo señalado en la norma constitucional que prohíbe, salvo excepciones, percibir una pluralidad de asignaciones provenientes del Tesoro Público. […]”. […] [E]l artículo 279 de la Ley 100 de 1993 establece que el Sistema Integral de Seguridad Social previsto en esa normativa no se aplica, entre otros, “a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración.
Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida”. […] [L]os únicos factores salariales que deberán tenerse en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación a que tiene derecho el demandante son la asignación básica y lo percibido por horas extras, de acuerdo con la regla establecida respecto del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, según la cual los factores que deben tenerse en cuenta son únicamente aquellos sobre los que se hubieran efectuado los aportes, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. […] [P]or lo anterior, se anularán las Resoluciones (…) y, en su lugar, se ordenará el reconocimiento pensional con base en el 75% promedio de los factores sobre los cuales hizo aportes, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 62 de 1985, con efectividad a partir (…) fecha de adquisición del estatus pensional. […] [L]a condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”, aplicable al caso por expresa remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 279 / LEY 91 DE 1989 / LEY 82 DE 2003 / LEY 62 DE 1985 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 3135 DE 1968 - ARTÍCULO 31 / LEY 4 DE 1992 - ARTÍCULO 19 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 188
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN "B"
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 05001-23-33-000-2016-01678-01(0555-19)
Actor: GABRIEL ROMERO APONTE
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-LEY 1437 DE 2011. TEMA: COMPATIBILIDAD ENTRE PENSIÓN DE VEJEZ Y PENSIÓN DE JUBILACIÓN COMO DOCENTE OFICIAL.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 10 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Medellín, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.
ANTECEDENTES
1. La demanda
El señor Gabriel Romero Aponte solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones 013601 del 27 de octubre de 2015 y 003535 del 7 de abril de 2016, expedidas por el municipio de Medellín, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene al municipio de Medellín y a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que emitan una nueva resolución reconociendo y pagando la pensión de jubilación desde el 28 de marzo de 2015, así como la suma de $54.175.504.oo, más lo que resulte hasta que se profiera el fallo.
Igualmente, solicitó que se ordene a las demandadas: (i) actualizar la condena, desde que adquirió el status de pensionado; (ii) pagar los intereses moratorios; (iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011; (iv) condenar a las demandadas a pagar costas y agencias en derecho; y (v) condenar extra y ultra petita a las demandas con lo probado en el presente proceso.
Como hechos de la demanda relató:
Que el señor Gabriel Romero Aponte fue nombrado como Maestro de tiempo completo, según Decreto 188 de 13 de febrero de 1995, expedido por el municipio de Medellín.
Que el 4 de enero de 2016 fue desincorporado del servicio, por haber cumplido 65 años de edad, con un tiempo de servicio de 20 años, 9 meses y 7 días.
Que el 16 de julio de 2015 presentó solicitud ante el municipio de Medellín, con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación.
Que mediante la Resolución 013601 del 27 de octubre de 2015, el municipio de Medellín negó el reconocimiento de la pensión de jubilación, bajo el argumento que el peticionario goza de una mesada pensional otorgada por Colpensiones desde el 1 de junio de 2013 y que, debido a la incompatibilidad indicada en el artículo 49 del Decreto 758 de 1990, aplicable en virtud del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, no es procedente el pago de una nueva pensión de jubilación.
Que inconforme con la anterior decisión, el interesado presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto por el municipio de Medellín mediante la Resolución 003535 del 7 de abril de 2016, en la cual confirmó el acto recurrido.
Como normas violadas invocó los artículos 53 de la Constitución Política; 115 de la Ley 115 de 1994; 4 y 15 de la Ley 91 de 1989; 6, inciso 4 de la Ley 60 de 1993; 19 de la Ley 4 de 1992; y 279 de la Ley 100 de 1993.
Como concepto de violación, señaló que el actor goza del beneficio de compatibilidad pensional de acuerdo con lo previsto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
Afirmó que la Ley 91 de 1989 hizo una diferenciación en materia de prestaciones sociales, incluida a pensión, frente a los docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1989 y los nombrados después del 1 de enero de 1990, siendo así que el demandante tiene derecho a que se reconozca la pensión ordinaria de jubilación por cumplimiento de los requisitos.
2. La contestación de la demanda
La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda.
Aseguró que lo pretendido por la parte actora es el reconocimiento de una jubilación por aportes, sin embargo, al revisar señaló que, verificados los documentos aportados, se puede observar que la pretensión no está ajustada a derecho, toda vez que no es viable conforme a la ley que se le otorgue su pensión de jubilación con inclusión de todos los factores salariales sobre los cuales no ha cotizado durante el año status de pensión.
Igualmente, advirtió que, la liquidación de la pensión contenida en las resoluciones objeto de litis, se efectuaron de conformidad con la Ley 33 de 1985. Y adicionó que la pensión fue reconocida en vigencia del Decreto 3752 de 2003.
Propuso como excepciones: (i) la ineptitud de la demanda, como quiera que no hay un acto administrativo de fondo por parte de la administración que niegue la pretensión del actor; (ii) falta de agotamiento de la vía gubernativa, siendo un requisito indispensable para la presentación de la demanda, pues no se presentó ninguna reclamación; (iii) inexistencia de la obligación, ya que el monto o cuantía de la mesada pensional reconocida y ahora impugnada en sede judicial, ha sido liquidada con arreglo a la normativa legal y reglamentaria aplicable al caso; (iv) cobro de lo no debido, porque no existe sustento normativo o jurisprudencial que justifique la prosperidad de la solicitud de liquidación pensional; (v) compensación, en caso de ser procedente, de las sumas de dinero pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; y (vi) genérica e innominada.
El municipio de Medellín se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que las pretensiones carecen de sustento jurídico, ya que existe expresa prohibición legal para el reconocimiento de la pensión de jubilación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues el actor ya está percibiendo una pensión de vejez por parte de Colpensiones.
Propuso las excepciones de (i) falta de conformación del litisconsorcio necesario, por cuanto es Colpensiones la entidad responsable en el pago de la mencionada pensión, por lo que es necesario que se haga parte en este proceso; (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que la Secretaría de Educación no obra en representación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ni administra los dineros de dicho fondo, pues esas son competencias de la Fiduprevisora S.A.; (iii) inexistencia de causa para pedir, por cuanto el derecho pensional se liquidó con base en los conceptos salariales definidos por las normas vigentes que regulan la materia; (iv) inexistencia de la obligación, toda vez que el ente territorial giró los aportes que por ley correspondían, y no es el competente para liquidar y/o administrar las pensiones de docentes; (v) buena fe; y (vi) prescripción del derecho, en el evento en que se den los presupuestos legales.
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 10 de octubre de 2018, decidió: (i) declarar la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa material formulada por el municipio de Medellín; (ii) negar las pretensiones de la demanda; y (iii) condenar en costas a la parte actora.
Indicó que el demandante se vinculó al servicio público educativo antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen aplicable a su caso, es el previsto en la Ley 91 de 1989, que en el artículo 15, inciso segundo, regula el tema pensional.
Advirtió que, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que el régimen de los docentes corresponde al mismo que regula a los empleados públicos del orden nacional y que, las prerrogativas que regulan las pensiones de jubilación, se encuentran señaladas por la Ley 33 de 1985 y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, normas que son aplicables al caso del demandante, teniendo en cuenta que se vinculó a la labor docente desde febrero de 1995.
Afirmó que, si bien los docentes están exceptuados de la prohibición de recibir doble asignación del tesoro público por disposición de la ley, también es cierto que no podrán percibir dos pensiones ordinarias, pues únicamente son compatibles la pensión gracia, la pensión ordinaria y el sueldo por el ejercicio de la profesión docente.
Manifestó que al actor se le aplica lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968, en el cual se establece con toda claridad que son incompatibles las pensiones de jubilación entre sí.
4. Recurso de apelación
La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, bajo el argumento que no se tuvo en cuenta lo expuesto en el fallo proferido en el año 2011 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el cual se estableció que, de acuerdo con la Ley 100 de 1993, los dineros recaudados por cotizaciones que hace el empleador y el trabajador al Instituto de Seguros Sociales o a los fondos de pensiones, son aportes parafiscales y no recursos del tesoro público.
Añadió que, no obstante lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, se reclama la pensión de jubilación como docente oficial cotizante al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, teniendo en cuenta que los dineros de Colpensiones que financian su pensión no hacen parte del patrimonio de esta entidad, por lo tanto, no son dineros públicos y recibir la pensión del magisterio no contraviene la preceptiva constitucional enmarcada en el artículo 128.
Indicó que el actor ingresó a trabajar como docente activo el 13 de febrero de 1995 y prestó sus servicios al municipio de Medellín durante 20 años, 9 meses y 7 días, tiempo después del cual fue retirado forzosamente por haber cumplido 65 años de edad, sin embargo, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al que le negaron la pensión de vejez. Igualmente, resaltó que el accionante también laboró para empleadores particulares, por lo que cotizó al Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, lo que derivó el otorgamiento de su pensión de jubilación.
Advirtió que, en la pensión de vejez reconocida por Colpensiones, no se tuvieron en cuenta los tiempos de servicios cotizados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
5. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia. Adicionalmente, señaló que si bien el sistema de seguridad social no permite la posibilidad de que un mismo afiliado cause dos pensiones bajo el régimen de prima media, también es cierto que los docentes cuentan con un régimen especial que está exceptuado de la Ley 100 de 1993.
Solicitó que se revoque la sentencia apelada y que se disponga a la entidad el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, sin que se condene en costas. Añadió que, de persistir la negativa, se conceda el derecho condicionado a la renuncia a la pensión que recibe de Colpensiones, por cuanto esta equivale a un poco más de un salario mínimo, mientras que el monto pensional calculado en virtud de las normas citadas en la demanda, corresponde a una pensión de $3.385.969, o que se disponga la devolución de los aportes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio indicó que las normas aplicables al caso establecen la incompatibilidad de la pensión de vejez reconocida por Colpensiones, con la pensión de jubilación debido a su vinculación con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
El Ministerio Público no conceptuó de fondo en el presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.
2. Problema Jurídico
La Sala debe decidir si, en los términos del recurso de apelación, se debe revocar la sentencia de primera instancia, con el fin de establecer si al demandante le asiste o no el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por parte de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, al haberse desempeñado por más de 20 años como docente vinculado al municipio de Medellín, pese a que ya le fue reconocida una pensión de vejez por parte del Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones.
Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos 2.1. Compatibilidad pensional; 2.2. Compatibilidad pensional; 2.3. Sobre la pensión de docentes oficiales; 2.4. Pruebas relevantes recaudadas; y 2.5. Solución al caso concreto.
2.1 La prohibición de percibir doble asignación del Tesoro Público
El artículo 128 de la Constitución Política establece que:
“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas”.
A su vez, el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”, indica que, “Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas”.
Asimismo, los artículos 77 y 88 del Decreto 1848 de 1969 “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”, sobre la incompatibilidad pensional, consagran lo siguiente:
“Artículo 77. Incompatibilidad con el goce de la pensión. El disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de entidades de derecho público, establecimientos púbicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la contraprestación del servicio, salvo lo que para casos especiales establecen las leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1a de 1963.
Artículo 88. Incompatibilidad. Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son incompatibles entre sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga económicamente”.
Se advierte que el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, establece la prohibición de recibir más de una asignación que provenga del erario, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 19.- Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:
a. Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la rama legislativa;
b. Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c. Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d. Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e. Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud.
f. Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de mas de dos juntas.
g. Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades”.
2.3. Compatibilidad pensional
El Consejo de Estado en diversas oportunidades ha considerado que es posible percibir una pensión de jubilación como empleado del sector público y una pensión de vejez pagada por el ISS, siempre que ésta última se cause por los servicios laborados en el sector privado.
Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto 1480 del 8 de mayo de 2003 (M.P. Sunana Montes de Echeverri), indicó:
“[…] Como se dejó explicado en el aparte 2 de este concepto, hasta la vigencia de la ley 100 de 1.993 los máximos tribunales de justicia, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, habían señalado que los aportes efectuados por los trabajadores y los patronos del sector privado al ISS eran de índole privada y, por lo mismo, las pensiones que con tales recursos se pagaran no provenían del tesoro público y, por ello, eran compatibles con cualquier otra asignación provenientes de éste. Se dijo, entonces, que el ISS resultaba ser un simple administrador de recursos de índole privada. Por el contrario, se entendió que las pensiones pagadas por las entidades de previsión del sector público constituían asignaciones provenientes del tesoro público.
[…]
Es claro, entonces, que hoy y dentro del Sistema General de Pensiones, no se puede afirmar que las pensiones reconocidas por los fondos de pensiones o por el ISS, financiadas en todo o en parte con los aportes o cotizaciones de índole parafiscal obligatoria pagados por entes públicos a dichos fondos o al ISS, constituyen asignaciones provenientes del tesoro público, pues una vez pagadas dichas cotizaciones patronales en cumplimiento de ese deber legal, los recursos son del Sistema y no pertenecen ni a la Nación ni a las entidades que los administran. Con tales aportes, las entidades públicas satisfacen un deber legal respecto de sus servidores y, por consiguiente, los recursos salen de su patrimonio e ingresan al sistema general de pensiones, refundiéndose con todos los demás recursos del mismo sistema, los cuales si bien tienen naturaleza pública19 por provenir de una contribución parafiscal, no son propiedad de ninguna entidad estatal ni pertenecen al tesoro público.
[…]
En este punto es preciso reiterar lo que ya se ha dicho en este concepto: que siempre deben tenerse en cuenta los derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigencia de estas leyes y los regímenes de transición específicamente establecidos y determinados en ellas, los cuales expresamente han sido preservados por una y otra (arts. 11 ley 100/93 y 1º de la ley 797/03). En tales regímenes anteriores, era posible que un pensionado por vejez del ISS pudiera ingresar a un cargo público y obtener una pensión de jubilación, o viceversa, que un pensionado con derecho a jubilación del sector público ingresara al sector privado y obtuviera la pensión de vejez pagada por el ISS, resultando compatible la coexistencia de las dos.
Cuando el sistema se unifica y es uno sólo para todos los trabajadores, sean del sector público o del privado y, aún del independiente, ya no es posible pensar que un trabajador pueda adquirir dos pensiones de vejez provenientes del mismo Sistema General de Pensiones, salvo cuando una pensión la adquiere como fruto de sus propias cotizaciones y, la otra, en calidad de sobreviviente (pensión propia y pensión transmitida por causa de muerte). […]”
Sobre el mismo punto, la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, en sentencia del 19 de febrero de 2015, consideró:
“[…] De lo anterior se concluye que es viable percibir una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público y a la vez recibir una pensión de vejez por parte del ISS siempre que ésta se reconozca por servicios prestados a patronos particulares.
No sucede lo mismo cuando la pensión que reconoce el Instituto del Seguro Social incluye tiempos laborados en el sector público porque en ese caso se involucran dineros que provienen del “tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado” y en tal sentido sería incompatible con la pensión de jubilación reconocida por servicios prestados en el sector público.
En un asunto con contornos fácticos y jurídicos similares al presente, la Subsección A, Sección Segunda de esta Corporación concluyó:
“La anterior jurisprudencia es aplicable al caso concreto. En efecto, se trata de dos asignaciones completamente diferentes por su origen y por su fuente: una, la que reclama el actor del Fondo de Prestaciones del Magisterio y otra la que recibe del ISS; la primera obedece a servicios prestados al Estado; la otra por haber cotizado como trabajador independiente, lo cual conduce a indicar que las dos pensiones son compatibles por cuanto no se opone a lo señalado en la norma constitucional que prohíbe, salvo excepciones, percibir una pluralidad de asignaciones provenientes del Tesoro Público. […]”.
2.3. Sobre la pensión de docentes oficiales
Pues bien, el ordinal 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, establece:
“ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional”.
A su vez, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, prevé:
“Artículo 6. Administración del personal. […] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. […]”.
Por su parte, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 establece que el Sistema Integral de Seguridad Social previsto en esa normativa no se aplica, entre otros, “a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida”.
2.4. Pruebas relevantes recaudadas
En el plenario se encuentran probados los siguientes hechos:
El señor Gabriel Romero Aponte nació el 14 de febrero de 1950, según consta en el registro civil de nacimiento.
Tiempo de servicios cotizados ante el ISS
En reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido por el ISS el 25 de junio de 2010, se evidencia que el actor cotizó sobre los siguientes tiempos de servicios:
Patronal/NitRazón SocialDesdeHastaSalarioSemanasLic.Sim.Total6108200025TORRES ROA HENRY08/02/197101/12/1971$1,29042.430,000,0042.436108200025TORRES ROA HENRY01/02/197201/12/1972$1,77043.570,000,0043.576108200025TORRES ROA HENRY08/02/197301/12/1973$1,77042.430,000,0042.436108200025TORRES ROA HENRY01/02/197401/12/1974$1,77043.430,000,0043.436108200025TORRES ROA HENRY01/02/197501/12/1975$1,77043.430,000,0043.436108200184COLEGIO CELCO01/03/197630/11/1978$4,410143.570,000,0043,572038200815COLEGIO SAN JUAN EUD12/02/197923/01/1980$7,47049,290,000,0049,292018206343COLEGIO SAN JUAN EUD24/01/198031/12/1980$7,47049.000,000,0049.002018204338GIMNASIO GUAYACANES07/02/198131/12/1981$9,48046.860,000,0046.862018206343COLEGIO SAN JUAN EUD12/02/198231/12/1982$9,48046.140,000,0046.142018206343COLEGIO SAN JUAN EUD01/03/198331/12/1983$14,61043.710,000,0043.712018206343COLEGIO SAN JUAN EUD03/02/198431/12/1994371,800569.290,000,00569.29890913383COLEGIO SAN JUAN EUD01/01/199528/02/1995$371,8008.570,000,008.57890913383COLEGIO SAN JUAN EUD01/03/199531/03/1995$448,0004.290,000,004.29890913383COLEGIO SAN JUAN EUD01/04/199531/01/1996240,00036.710,000,0036.71890913383COLEGIO SAN JUAN EUD01/02/199629/02/19968,0000.000,000,000.00860056070CORPORACION UNIVERSI01/02/199629/02/1996$203,5004.290,000,004.29860056070CORPORACION UNIVERSI01/03/199630/06/1996$142,12517.140,000,0017.14890320573GIRPEL LTDA01/05/199631/05/1996$125.9993.000,003,000.00890320573GIRPEL LTDA01/06/199630/06/1996$180,0004.290,004,290.00890320573GIRPEL LTDA01/07/199631/07/1996$174,0004.140,004,140.00860056070CORPORACION UNIVERSI01/07/199631/08/1996$154,0008.570,000,008.57890905980PIA SOCIEDAD SALESIA01/09/199630/09/1996$31,3730.570,000,570.00860056070CORPORACION UNIVERSI01/09/199630/09/1996$142,5154.290,000,004.29860056070CORPORACION UNIVERSI01/10/199631/10/1996$159,5000.000,000,000.00890905980PIA SOCIEDAD SALESIA01/10/199631/12/1996$238,40212.860,000,0012.86860056070CORPORACION UNIVERSI01/11/199630/11/1996$142,1250.000,000,000.00860056070CORPORACION UNIVERSI01/12/199631/12/1996$33,1660,000,000,000,00800047324CENTROS DE DESARROLL01/02/199928/02/1999$54,6580,860,000,000,86800047324CENTROS DE DESARROLL01/03/199931/05/1999$273,28912,860,000,0012,86800047324CENTROS DE DESARROLL01/06/199930/06/1999$10.2061,570,000,001,57811015368CEDECO01/08/200531/08/2005$444,3802,140,000,002,14811015368CEDECO01/09/200530/09/2005$1,044,9434,290,000,004,29811015368CEDECO01/10/200531/10/2005$888,7594,290,000,004,29811015368CEDECO01/12/200531/12/2005$711,7512,570,000,002,57811015368CEDECO01/01/200631/01/2006$489,3764,290,000,004,29811015368CEDECO01/02/200628/02/2006$1,178,8154,290,000,004,29811015368CORPORACION EDUCATIV01/11/200630/11/2006$933.0004,290,000,004,29
Actuación administrativa adelantada por el ISS (hoy Colpensiones) frente al reconocimiento de la pensión de vejez al accionante
Mediante Resolución 023058 del 31 de agosto de 2011, dictada por el Jefe del Departamento de Atención al Pensionado, se concedió la prestación económica de vejez al señor Gabriel Romero Aponte, en cuantía mensual de $1.209.910, para el año 2011, más los reajustes anuales de ley. En el mismo acto se indicó que dicha prestación se dejaría en reserva hasta que se aportara prueba en la que conste la renuncia del causante a la entidad donde laboraba, así como la aceptación de la renuncia.
En la Resolución GNR 100714 del 19 de mayo de 2013, dictado por la Gerente Nacional de Reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, se reconoció el pago de una pensión de vejez a favor del señor Gabriel Romero Aponte con el valor de mesada a 1 de junio de 2013, en la suma de $1.347.527.
A través de la Resolución GNR 305352 del 2 de septiembre de 2014, expedida por la Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, se dio cumplimiento al fallo judicial proferido el 16 de mayo de 2012 por el Juzgado Veinte Laboral de Oralidad del Circuito de Medellín - Juez Adjunto y, en consecuencia, dispuso el pago del retroactivo por concepto de la pensión de vejez, tomando como valor de la mesada a 1 de junio de 2012 la suma de $1.245.704, teniendo en cuenta lo indicado en la sentencia señalada. Igualmente, en la resolución se solicitó al interesado que allegue consentimiento expreso y por escrito para revocar la Resolución 100714 del 19 de mayo de 2013, toda vez que la suma reconocida en dicho acto supera el valor que debía reconocerse por pensión de vejez, según lo indicado por el juez laboral.
Tiempo de servicios como docente
Según lo consignado en el “Formato Único para la expedición de certificado de tiempo de servicio para pensión de jubilación” del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el señor Gabriel Romero Aponte estuvo vinculado como docente en el municipio de Medellín, entre el 21 de marzo de 1995 y el 17 de noviembre de 2015, por un total de 20 años y 176 días.
Actos administrativos demandados
No se discute que el actor presentó petición de reconocimiento de la pensión de jubilación.
A través de la Resolución 013601 del 27 de octubre de 2015, expedida por el Secretario de Educación del municipio de Medellín, se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación al señor Gabriel Romero Aponte, con fundamento en lo siguiente:
“8. Que la prestación fue negada mediante la hoja de revisión con fecha de estudio del 12 de septiembre de 2015 por la Fiduciaria la Previsora S.A, entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de acuerdo a Ley 91 de 1989 y al Artículo 3° del Decreto 2831 de 2005; con la Observación “No procede la prestación toda vez que el docente ya se encuentra pensionado por la Entidad de Colpensiones, según certificado mediante resolución GNR 100714 con fecha 19 de mayo de 2013, por la cual según las normas aplicables es incompatible, en el artículo 128 de la Constitución Nacional consagra nadie puede devengar más de una asignación del erario. En razón a ello existe incompatibilidad de pensiones según consagra el artículo No. 88 del Decreto 1848 de 1969.- los educadores vinculados al Fondo de prestaciones se hallan amparados por normas especiales y su aplicación es de régimen se (sic) excepción artículo 279 ley 100, se aplica normas del Decreto 1848/69, ley 91/8 y normas concordantes articulo 77 Decreto 1848/69 y artículo 16 de la ley 100/93 no puede efectuar cotizaciones obligatorias a dos regímenes del sistema general de pensiones - en consecuencia no procede esta prestación”. […]”.
• Mediante la Resolución 003535 del 7 de abril de 2016, dictado por el Secretario de Educación del municipio de Medellín, se resolvió no reponer la decisión contenida en la Resolución 013601 del 27 de octubre de 2015 que negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.
2.5. Solución al caso concreto
El accionante solicita la nulidad de las Resoluciones 013601 del 27 de octubre de 2015 y 003535 del 7 de abril de 2016, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, por haber laborado más de 20 años como docente oficial en el municipio de Medellín.
El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente al municipio de Medellín; negó las pretensiones de la demanda; y condenó en costas a la parte demandante. Lo anterior, al considerar que no se puede percibir doble asignación del Tesoro Público por concepto de pensión ordinaria de jubilación, por ser incompatibles entre sí.
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, alegando que no existe incompatibilidad alguna entre la pensión de vejez reconocida por el ISS, por haber cotizado en empresas privadas y la pensión de jubilación por haber prestado sus servicios como docente oficial en el municipio de Medellín por más de 20 años.
Ahora bien, dentro del contexto fáctico y jurídico en el que se dio la solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación del accionante, se señala que esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la compatibilidad de esta con la pensión de vejez reconocida por el ISS por tiempos de servicios laborados en el sector privado. Así pues, en sentencia del 2 de mayo de 2013, sobre la compatibilidad pensional se indicó que “[d]ada la circunstancia especial de la demandante, quien prestó el servicio de la docencia en planteles educativos del sector público y privado, lo que significó que cotizara al I.S.S. y fuera afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y el hecho de que se encuentra devengando una pensión por vejez del I.S.S., se puede señalar conforme a lo expresado en anteriores apartes, que es perfectamente compatible que devengue las dos pensiones al no desconocerse el artículo 128 de la C.P., por considerarse la pensión por vejez del I.S.S. proveniente del servicio en el sector privado, antes o después de la ley 100 de 1993, una asignación que no proviene del tesoro público. Tampoco existe razón para suspender o negar el pago de alguna de las dos pensiones, cuando el fundamento de las mismas no guarda ninguna relación en cuanto a su origen y fuente del servicio prestado, pues el tiempo acreditado ante el I.S.S. no es el mismo que se pretende que se reconozca conforme a la ley 33 de 1985”.
En el mismo sentido, en providencia de tutela del 30 de agosto de 2018 se consideró lo siguiente:
“En efecto, como lo indicó el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la sentencia de 22 de octubre de 2009, los recursos recibidos por aportes a pensión recaudados por el ISS, no gozan de la calidad de públicos, por lo cual la pensión de vejez reconocida a la accionante con base en cotizaciones provenientes del sector privado, no compromete la afectación de recursos públicos.
Bajo esta consideración, la misma Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de manera puntual sobre la compatibilidad pensional ha señalado lo siguiente:
“[...] Es viable percibir una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público y a la vez recibir una pensión de vejez por parte del ISS siempre que ésta se reconozca por servicios prestados a patronos particulares. [...]””.
Visto lo anterior, la Sala procede a examinar si el demandante tiene derecho a que el ente demandado le pague una pensión de jubilación independiente a la de vejez que fue reconocida por el Instituto del Seguro Social, hoy Colpensiones. Así las cosas, es necesario examinar si los tiempos cotizados en cada uno de los fondos son independientes, o si, por el contrario, el ISS tuvo en cuenta tiempo de servicios laborados por el actor en el municipio de Medellín o en otra entidad del sector público.
Servicios cotizados ante el ISS
NIT
RAZÓN SOCIAL
TIEMPO
6108200025
Torres Roa Henry
08/02/1971 - 01/12/1971
01/02/1972 - 01/12/1972
08/02/1973 - 01/12/1973
01/02/1974 - 01/12/1974
01/02/1975 - 01/12/1975
6108200184
Colegio Celco
01/03/1976 - 30/11/1978
2018206343
Colegio San Juan Eudes
12/02/1979 - 23/01/1980
24/01/1980 - 31/12/1980
12/02/1982 - 31/12/1982
01/03/1983 - 31/12/1983
03/02/1984 - 31/12/1994
01/01/1995 - 28/02/1995
01/03/1995 - 31/03/1995
01/04/1995 - 31/01/1996
01/02/1996 - 29/02/1996
2018204338
Gimnasio Guayacanes
07/02/1981 - 31/12/1981
860056070
Corporación Universitaria Antonio Nariño
01/02/1996 - 29/02/1996
01/03/1996 - 30/06/1996
01/07/1996 - 31/08/1996
01/09/1996 - 30/09/1996
01/10/1996 - 31/10/1996
01/11/1996 - 30/11/1996
01/12/1996 - 31/12/1996
890320573
Girpel Ltda.
01/05/1996 - 31/05/1996
01/06/1996 - 30/06/1996
01/07/1996 - 31/07/1996
890905980
Pía Sociedad Salesiana - Inspectora San Luis Beltrán
01/09/1996 - 30/09/1996
01/10/1996 - 31/12/1996
800047324
Centros de Desarrollo Integrado Ltda. - CENDI
01/02/1999 - 28/02/1999
01/03/1999 - 31/05/1999
01/06/1999 - 30/06/1999
811015368
Corporación Educativa de Desarrollo Colombiano - CEDECO
01/08/2005 - 31/08/2005
01/09/2005 - 30/09/2005
01/10/2005 - 31/10/2005
01/12/2005 - 31/12/2005
01/01/2006 - 31/01/2006
01/02/2006 - 28/02/2006
01/11/2006 - 30/11/2006
Como consecuencia de los anteriores tiempos, el Jefe del Departamento de Atención al Pensionado de Colpensiones le reconoció, mediante Resolución No. 023058 del 31 de agosto de 2011, la pensión por vejez al actor, quedando suspendido el pago hasta que el actor se desvinculara como docente oficial. Posteriormente, mediante la Resolución GNR 100714 del 19 de mayo de 2013, se reconoció el pago de la pensión de vejez señalada anteriormente con el valor de la mesada a 1 de junio de 2013, por la suma de $1.347.527.
En cumplimiento de una decisión judicial, Colpensiones expidió la Resolución GNR 305352 del 2 de septiembre de 2014, y dispuso el pago del retroactivo por concepto de la pensión de vejez, tomando como valor la mesada a 1 de junio de 2012, por la suma de $1.245.704.
Servicios prestados al sector público
RAZÓN SOCIAL
TIEMPO
Municipio de Medellín
21/03/1995 - 17/11/2015
(20 años - 176 días)
Valorado el material probatorio obrante dentro del presente asunto, se puede afirmar que, la pensión de vejez reconocida por el ISS y la pensión de jubilación que reclama ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, son diferentes, toda vez que tienen un origen o concepto distinto, pues la primera se funda en que prestó servicios laborales en entidades del sector privado; mientras que la segunda obedece a los servicios prestados al municipio de Medellín como docente oficial, es decir, que los fondos con los que se pagaron las respectivas cotizaciones son también diferentes, lo que conlleva a considerar que las dos pensiones son compatibles.
A juicio de la Sala el Tribunal erró al concluir que en este caso no era procedente el pago de la pensión de jubilación reclamada, pues como quedó visto, el tiempo de cotización que sirvió para que el ISS reconociera la pensión de vejez al demandante, fue exclusivo en el sector privado, por lo que no puede afirmarse que existe incompatibilidad en virtud de la prohibición constitucional referente a que nadie puede recibir más de una asignación del tesoro público.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el actor se vinculó al municipio de Medellín al servicio docente con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen aplicable es el previsto en la Ley 91 de 1989, en concordancia con la Ley 33 de 1985. Al respecto, esta Corporación ha establecido los parámetros que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, así:
“(…) El literal B del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 no fijó condiciones ni requisitos especiales para el goce de la pensión de jubilación docente. La misma norma dispuso que los docentes tienen derecho a una pensión de jubilación, cuando cumplan los requisitos de ley, equivalente al 75% sobre el salario mensual promedio del último año de servicio docente. Los requisitos de ley en cuanto a edad y tiempo de servicios son los señalados en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Las pensiones de los docentes se liquidan de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
El artículo 1º de la Ley 62 de 1985, establece: i) la obligación de pagar los aportes; ii) los factores que conforman la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado del orden nacional que son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio y; iii) la base de liquidación de la pensión, que en todo caso corresponderá a “los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.
En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los numerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el 8% equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente. (…)
La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores. Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º de la Ley 33 de 1985.
Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor según certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la regla sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la mesada pensional.
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:
Edad: 55 años
Tiempo de servicios: 20 años
Tasa de remplazo: 75%
Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.”
Con tales planteamientos, sobre el régimen pensional de los docentes oficiales, la sección concluyó lo siguiente:
Los docentes vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, por lo tanto, los factores salariales que deben incluirse para la liquidación de la pensión son aquellos sobre los que se efectuaron los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les es aplicable el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para la liquidación pensional se deben incluir los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones”.
Ahora bien, el artículo 1º de la citada Ley 33 establece que “El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años, tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio…”.
En el caso bajo estudio se encuentra demostrado que el señor Gabriel Romero Aponte nació el 14 de febrero de 1950, por lo que cumplió 55 años el 14 de febrero de 2005, con lo cual se acreditó el requisito de la edad para efectos pensionales. Igualmente se acreditó que el actor laboró por más de 20 años como docente oficial al servicio del municipio de Medellín.
Asimismo, en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Tiempo de Servicio para Pensión de Jubilación expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se evidencia que el demandante estuvo vinculado entre el 21 de marzo de 1995 y el 27 de marzo de 1995 como funcionario de hecho según acto administrativo 2730 del 23 de octubre de 1997 y fue nombrado como docente mediante acto 188 del 13 de febrero de 1995, entre el 28 de marzo de 1995 y el 17 de noviembre de 2015, es decir, por 20 años y 176 días.
Pues bien, el ingreso base de liquidación, comprende i) el período del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
Sobre los factores salariales y de conformidad con el certificado expedido el 6 de mayo de 2015 por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se desprende que el demandante devengó en el año anterior a la fecha de adquisición del estatus pensional (21 de marzo de 2015) los siguientes factores salariales: asignación básica, prima profesional docente, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios y subsidio de transporte. Igualmente, se evidencia que en los meses de marzo y abril de 2014 devengó una suma de dinero por concepto de horas extras.
En consecuencia, los únicos factores salariales que deberán tenerse en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación a que tiene derecho el demandante son la asignación básica y lo percibido por horas extras, de acuerdo con la regla establecida respecto del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, según la cual los factores que deben tenerse en cuenta son únicamente aquellos sobre los que se hubieran efectuado los aportes, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
Por otra parte, la Sala advierte que en el asunto bajo estudio no se encuentra configurada la prescripción trienal de mesadas pensionales, toda vez que, el demandante consolidó el estatus de pensionado el 21 de marzo de 2015, la solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación se presentó el 16 de julio de 2015 y la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se instauró 25 de julio de 2016.
Con relación a los intereses moratorios solicitados por el demandante, debe decirse que la Ley 100 de 1993, en su artículo 141, establece que “(…) en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago”; es decir, que su pago procede cuando se presente demora en la cancelación de la mesada pensional (luego de su reconocimiento).
Como se dejó anotado, estos se causan cuando con posterioridad al reconocimiento pensional la entidad de previsión social incurre en mora en el pago de las mesadas pensionales, lo que no ocurre en el presente caso, habida cuenta que dicho reconocimiento se origina en la presente sentencia.
Además, se precisa que el pago de los intereses moratorios no es compatible con el pago simultáneo de la indexación de las mesadas adeudadas, en consideración a que estas obedecen a la misma causa “cuál es la devaluación del dinero”, sin perjuicio de lo preceptuado en el inciso 3° del artículo 192 del CPACA.
Por lo anterior, se anularán las Resoluciones 013601 del 27 de octubre de 2015 y 003535 del 7 de abril de 2016 y, en su lugar, se ordenará el reconocimiento pensional con base en el 75% promedio de los factores sobre los cuales hizo aportes, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 62 de 1985, con efectividad a partir del 16 de mayo de 2012, fecha de adquisición del estatus pensional.
Las sumas para reconocer deberán ser actualizadas a la fecha de la liquidación de la pensión. Así entonces, para efecto del ajuste de la condena, el valor presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh), que es la diferencia dejada de percibir por el demandante por concepto de pensión de jubilación desde la fecha en que ésta se hizo exigible hasta la ejecutoria de la presente sentencia, con inclusión de los reajustes legales correspondientes a dicho período, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente al último día del mes en que se ejecutoríe esta sentencia) por el índice inicial (vigente al último día del mes en que se causó el derecho).
Además, por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes para cada mesada pensional, comenzando desde la fecha de su causación y para las demás mesadas teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas.
De la condena en costas
En relación con la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”, aplicable al caso por expresa remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, lo cual no ocurre en el sub lite. Por ello, al observar que en el trámite del proceso no se causaron, esta Sala revocará también lo correspondiente a la condena en costas impuesta en primera instancia y no condenará en esta instancia.
III. DECISIÓN
En virtud de lo anterior, la Sala revocará la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en primera instancia, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar, declarará la nulidad de los actos acusados y ordenará a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, reconocer y pagar la pensión de jubilación al señor Gabriel Romero Aponte, teniendo en cuenta una tasa de remplazo del 75% de los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, devengados en el año anterior a la fecha en que se adquirió el estatus pensional, que en el presente caso es la asignación básica y las horas extras, efectiva a partir del 22 de marzo de 2015, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva. Sumas que deberán ser indexadas, según lo indicado en párrafos anteriores.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 10 de octubre de 2018, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. En su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 013601 del 27 de octubre de 2015 y 003535 del 7 de abril de 2016, expedidas por el Secretario de Educación de municipio de Medellín, que negaron el reconocimiento de la pensión de jubilación al demandante.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar la pensión de jubilación al señor Gabriel Romero Aponte, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985. Para el cálculo del monto pensional, la tasa de remplazo corresponderá al 75% y el IBL al promedio de lo devengado en el último año de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional, incluyendo como factor salarial la asignación y básica y las horas extras, dineros que serán actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios a consumidos, según certificado que expida el DANE, con efectividad a partir de 22 de marzo de 2015, día siguiente a la consolidación del estatus pensional.
CUARTO: Las sumas que se paguen en favor del accionante se actualizarán en la forma como se indica en la parte considerativa, a la fecha de la liquidación de la sentencia, de acuerdo con el régimen general y se aplicarán sobre las mismas los reajustes de ley.
QUINTO: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
SEXTO: En firme esta providencia DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
La presente providencia fue discutida y aprobada en la Sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Relatoría: AJSD/Cle/Lmr.
Según el certificado expedido por el municipio de Medellín, el actor estuvo vinculado hasta el 17 de noviembre de 2015.
Folios 42-54.
Folios 77-82.
Folios 156-162 reverso.
Folios 169-180.
Folios 207-211.
Folios 212-215.
Sobre este tema en particular la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en Concepto de 8 de mayo de 2003, C. P. doctora Susana Montes de Echeverri, radicado No. 1480, sostuvo: ”(…)”.
Sentencia de 19 de octubre de 2006, C. P. doctor Jaime Moreno García, radicado interno No. 3691-05.
Folio 117 CD. Archivo: CC-9514409_ExpCompleto_2, folio 7.
Folio 117 (CD). Archivo: CC-0514409_ExpCompleto_3, folios 11-13.
Folio 117 (CD). Archivo: GJR-NOT-AF-2015_7612082-20150820131803, folios 18-23.
Folio 117 (CD). Archivo: GEN-ANE-CM-2014_6351729-20140912011209.
Folios 14; 90.
Folios 16-17 reverso; 92-93 reverso. Este acto se notificó el 27 de noviembre de 2015 (folios 18; 94).
Folios 19-21; 95-97. Este acto se notificó personalmente el 18 de abril de 2016 (folios 21 y 97 reverso).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de mayo de 2013. Radicado: 25000-23-25-000-2010-01157-01(1742-12) M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 30 de agosto de 2018, proceso con radicado 11001-03-15-000-2018-02331-00(AC). M.P. William Hernández Gómez
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del expediente Nro. 05001233100020010042301, sentencia de 22 de octubre de 2009, M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ, sentencia de 19 de febrero de 2015, Radicación número: 25000-23-25-000-2008-00147-01(0882-13)
Desde el 21 de marzo de 1995 como funcionario de hecho y a partir del 28 de marzo del mismo año nombrado como docente.
Consejero Ponente: César Palomino Cortés. Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00569-01(0935-17) SUJ-014-ce-s2-19.
LEY 62 DE 1985 "Por la cual se modifica el artículo HYPERLINK "http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=248" \l "3" 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985"
“ARTÍCULO 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: César Palomino Cortés. Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00569-01(0935-17) SUJ-014-ce-s2-19.
Folio 33.
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 6 de noviembre de 2020. Rad. 05001-23-33-000-2016-00460-01(4412-18). Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER.
“ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (…) Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código”.
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