Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01696-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01696-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-01696-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01696-01 (0833-2025)
Demandante: Miriam Gaviria Ramírez
Demandado: E.S.E. Metrosalud
Tema: Violación del debido proceso por falta de contradicción de la
prueba en que se fundó el acto demandado. La nulidad de la
decisión que revocó el encargo no produce el restablecimiento
del derecho reclamado en la demanda.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverán los recursos de apelación presentados por las
partes demandante y demandada contra la sentencia del 2 de diciembre del 2024,
a través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió parcialmente las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución nro. 1151
9 de septiembre de 2015, a través de la cual se revocó el encargo que la actora
ostentaba en el empleo profesional especializado —auditora de salud— de la
entidad accionada.
3. Así mismo se exigió anular la Resolución nro. 1226 de 25 de septiembre de 2015,
que resolvió el recurso de reposición presentado contra la decisión arriba señalada.
4. Como restablecimiento del derecho se pidió la reubicación2 de la actora en el
cargo antes citado y la indemnización de los perjuicios morales experimentados con
esas decisiones.
1 Tomadas de los documentos denominados «002Demanda.pdf» y «009EscritoDeSubsanacion.pdf», los cuales
pueden ser descargados en el archivo «21ENVIOAOTROSD_LINKEXPEDIENTE1696pd(.pdf) NroActua 54»
visible en el índice 54 de la plataforma SAMAI de primera instancia.
2 Al subsanar la demanda, la parte actora expresó lo siguiente «[s]e le recuerda al despacho que la pretensión
principal de la demanda es la REUBICACIÓN y no el REINTEGRO, como se menciona en el auto inadmisorio,
toda vez que la demandante sigue vinculada a la entidad demandada, pero fue ubicada en un cargo diferente
al que tenía durante el ENCARGO, y no fue desmejorada en su salario, si no que se le mantuvo el salario que
devengaba cuando tenía el cargo de AUDITORA EN SALUD.
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Demandantes: Miriam Gaviria Ramírez
5. Igualmente reclamó el cumplimiento de la sentencia de acuerdo con los términos
establecidos en el CPACA y la condena en costas y agencias en derecho de la
institución accionada.
6. Hechos. Se señalaron como tales los siguientes:
7. La demandante es médico especialista y empleada pública de carrera
administrativa vinculada a la entidad enjuiciada. Además, es miembro de las Juntas
Directivas de esa institución de salud y del sindicato ASMEDAS - Seccional
Antioquia.
8. A través de la Resolución nro. 538 de 15 de abril de 2010 fue encargada como
auditora en salud de la empresa demandada, luego de demostrar el cumplimiento
de los requisitos exigidos para ello.
9. En el año 2015 se inició una investigación administrativa en su contra que finalizó
con el Auto nro. 020 de 6 de agosto de 2015, en el que se concluyó que al momento
de tomar posesión en el aludido empleo no satisfizo las exigencias previstas en el
manual de funciones vigente para la fecha en que realizó el encargo.
10. Frente a la anterior decisión interpuso recurso de reposición en el que, además
de exponer las razones de su disenso, solicitó el testimonio del entonces director
Nacional de Prestaciones de Servicios de Salud de la Universidad Cooperativa de
Colombia, con el fin de que este reconociera la veracidad de la certificación suscrita
por él el 7 de febrero de 2007, en la que daba cuenta de las actividades laborales
desempeñadas por la actora en aquella institución educativa.
11. Que tal petición fue negada por inconducente —lo que vulneró su derecho al
debido proceso—, pues la demandada estimó que dicha prueba no aportaría nada
a la indagación adelantada, en tanto se había demostrado que el referido certificado
contenía información contraria a la realidad.
12. Con sustento en el referido Auto, la demandada emitió la Resolución nro. 1151
de 9 de septiembre de 2015 y revocó el señalado encargo, sin antes obtener la
autorización judicial pertinente, dado el fuero sindical del que gozaba.
13. Contra esta última determinación presentó recurso de reposición en el que
reiteró la solicitud de la reseñada prueba testimonial, decisión que fue confirmada a
través de la Resolución nro. 1226 de 25 de septiembre de 2015.
14. Que el procedimiento adelantado en su contra no está amparado en ninguna
norma, amén de que se desconoce la competencia compartida que, al respecto,
ejercieron la directora de Talento Humano y la gerente de la institución accionada.
Alegó, además, que la decisión lesionó su derecho preferencial de encargo, por ser
empleada de carrera administrativa y que la revocatoria de su designación no contó
con su previo consentimiento.
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15. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 1.°,13, 25, 53, 93, 94 y 204 de la Constitución Política; la
Ley 909 de 2004 y el Decreto 785 de 2005. Al desarrollar el concepto de violación
sostuvo que los actos demandados violentaron su derecho al debido proceso por
cuanto:
16. La administración negó el decreto y practica de las pruebas testimoniales
requeridas, para lo cual alegó que solo a través de documentos se podía demostrar
la experiencia relacionada exigida para el desempeño del empleo objeto de
encargo. Con tal decisión se instituyó un sistema probatorio de tarifa legal, proscrito
de la ley procesal y, de contera, se vulneró el derecho fundamental arriba reseñado,
pues la actora no pudo ejercer adecuadamente su derecho de defensa y
contradicción.
17. La empresa accionada desplegó un procedimiento sancionatorio alejado de las
prescripciones contenidas en los artículos 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011,
cuando la actuación por ella desarrollada era de estirpe sancionatorio, pues se
invocaron cargos en contra de la accionante y se le permitió presentar los
respectivos descargos, amén de que este concluyó con la pérdida del derecho al
encargo previsto en la ley y con la revocatoria de su designación sin obtener
previamente su consentimiento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 97
ejusdem.
18. Con todo, aunque en ese procedimiento se citó el artículo 18 del Decreto 760
de 2005, lo cierto es que el trámite debió ceñirse a las reglas de la Ley 1437 de
2011, de manera que se determinara con claridad cómo inicia ese proceso, cuáles
son las pruebas que pueden ser tenidas en cuentas y los recursos que proceden en
contra de las decisiones allí adoptadas.
19. De haberlo hecho, la administración hubiera advertido que la revocatoria de la
designación en encargo solo era posible en la medida en que la demandante
manifestara su consentimiento, situación que no ocurrió y, por tanto, vicia las
decisiones cuestionadas.
20. Finalmente, reprochó la valoración probatoria desplegada por la accionada,
pues a través de ella dio más peso a la certificación posterior allegada al
procedimiento investigativo y descalificó el documento aportado por la actora al
tomar posesión del empleo bajo la figura del encargo y que demostraba el
cumplimiento de la experiencia requerida.
21. Así las cosas, estimó que al advertir esa contrariedad, la institución de salud
debió permitirle a la accionante ejercer su derecho de defensa, en orden a probar la
veracidad de la documentación por ella aportada y la falsedad de la nueva
certificación allegada a esa actuación.
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22. Contestación de la demanda3. Oportunamente la accionada se opuso a la
totalidad de las pretensiones en los siguientes términos:
23. Conforme al artículo 24 de la Ley 909 de 2004, el encargo demanda el
cumplimiento de los requisitos del respectivo empleo que, en el caso particular,
exigía la acreditación de un título universitario en el área de la salud, un posgrado
en Administración de Servicios de Salud y/o Gerencia en Salud o Auditoría y una
experiencia relacionada de dos años.
24. En el procedimiento administrativo se advirtió que la actora no satisfizo el último
pedimento en cita, pues el único documento que lo amparaba fue desvirtuado por
la subdirectora de Gestión Humana de la Universidad Cooperativa de Colombia al
informar que en los archivos de esa institución no existían evidencias de vínculos
laborales y contractuales de la actora con esa institución.
25. Con los actos cuestionados no se vulneró su derecho al debido proceso, pues:
i) el procedimiento se ajustó a lo previsto en el Decreto 760 de 2005; ii) la
revocatoria de la designación en encargo no requería consentimiento previo de la
parte actora, pues la decisión que la contuvo es un acto condición que, a la luz de
la jurisprudencia nacional, no es emitido en beneficio de la persona —lo que le resta
su carácter particular—sino en pro del interés general y; iii) tales determinaciones
estuvieron debidamente soportadas en el incumplimiento de los requisitos para el
ejercicio del señalado encargo.
26. Sentencia de primera instancia4. Es la dictada el 2 de diciembre de 2024, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió parcialmente las
pretensiones de la demanda.
27. Con tales fines, y luego de referenciar aspectos tales como la «situación
administrativa de encargo de empleados de carrera administrativa», la «revocatoria
directa de actos de contenido particular» y el «movimiento de personal: reubicación
del empleado», concluyó que:
28. La demandante fue encargada en el año 2010 como profesional especializado,
código 222. Posteriormente, la entidad accionada determinó que la actora no
cumplió con el requisito de experiencia exigido para el ejercicio de ese cargo, pues
el único documento aportado con tales fines fue desestimado con la certificación
emitida por la Universidad Cooperativa de Colombia, en la que se informó la
inexistencia de un vínculo laboral y/o contractual entre esa institución educativa y la
accionante.
29. No obstante, en sede judicial se demostró que la actora sí satisfizo ese
pedimento, pues el emisor de la certificación inicial, esto es, el otrora director
Nacional de Prestaciones de Servicios de Salud de la Universidad Cooperativa de
3 Ver archivo denominado «015ContestaciónDeLaDemanda.pdf», ejusdem.
4 Ver documento denominado «028SentenciaPrimera.pdf», ib.
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Colombia declaró que era cierta la experiencia allí señalada. Que con esa finalidad
dio a conocer que aquella dirección dejó de existir y que el ente educativo le pidió
ratificar la anterior información, actuación que no pudo completar a tiempo porque
se encontraba fuera del país.
30. Por ende, la institución de salud vulneró el debido proceso de la actora, pues no
empleó la sana crítica frente a la petición de la aludida prueba testimonial, máximo
porque advirtió la existencia de dos documentos emitidos por la misma universidad
que se contradecían entre sí. En consecuencia, la valoración incompleta y
fragmentada de esa documentación impidió a la demandante ejercer plenamente su
derecho de defensa y desvirtuar la información que le era adversa.
31. En consecuencia, pregonó que la revocatoria del encargo estuvo indebidamente
motivada, ya que partió de una apreciación errónea sobre el incumplimiento del
requisito de experiencia relacionada.
32. Finalmente, anuló las decisiones demandadas y negó el restablecimiento del
derecho solicitado al considerar que: i) el encargo de que era titular la accionante
es una situación administrativa precaria que no genera un derecho automático a la
reincorporación y; ii) no se demostró la causación de los perjuicios morales
invocados en la demanda.
33. Recursos de apelación. Oportunamente las partes recurrieron la anterior
decisión en los siguientes términos:
34. Parte demandada5. Refirió que el tribunal realizó una incorrecta valoración
probatoria y concluyó erradamente que se vulneró el debido proceso.
35. Sostuvo que la decisión judicial desconoció el principio de la carga de la prueba,
según el cual correspondía a la demandante demostrar el cumplimiento de los
requisitos del cargo. Alegó que no existía prueba suficiente, clara y válida de la
experiencia exigida, y que el fallador no valoró adecuadamente el material
probatorio conforme a las reglas de la sana crítica.
36. En relación con la supuesta vulneración del debido proceso, argumentó que la
negativa a practicar la prueba testimonial no implica, por sí sola, violación de este
derecho, ya que la administración puede rechazar pruebas inconducentes o inútiles.
En este caso, la entidad consideró suficiente la certificación oficial de la Universidad
Cooperativa de Colombia que negó cualquier vínculo laboral con la demandante,
por lo que el testimonio solicitado era redundante e ineficaz.
37. Adicionalmente, cuestionó la validez de la certificación aportada por la actora,
para lo cual indicó que no demostró que quien la suscribió tuviera competencia para
ello. Además, destacó que la experiencia debió probarse con el documento emitido
5 Ver documentos «030RecursoApelacionDemandado.pdf» y «031RecursoApelacionDemandado.pdf»,
ejusdem.
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por la autoridad competente, lo que no se cumplió en este asunto, pues existió una
contradicción entre dicha documentación y la información remitida por la
subgerencia de Gestión Humana de la universidad. Alegó que no había otros
soportes documentales que acreditaran la relación laboral y/ contractual invocada
por la demandante y que las funciones descritas en ese documento no
correspondían a las de un auditor en salud.
38. Concluyó que la accionante no probó el cumplimiento de los requisitos del
empleo ejercido en encargo, lo que tornó procedente la revocatoria de esa
designación. Asimismo, reiteró que tal nombramiento es un acto condición,
orientado al interés general y sujeto al cumplimiento de los requisitos legales, por lo
que puede ser revocado sin el consentimiento previo del titular, conforme lo
establecido en las Leyes 190 de 1995 y 909 de 2004.
39. Finalmente, afirmó que durante la actuación administrativa se le garantizó el
debido proceso a la demandante, pues fue informada del procedimiento, escuchada
en descargos y se le permitió el aporte de pruebas y la interposición de los recursos
de ley; incluso, señaló que en sede de tutela se concluyó que no hubo vulneración
de sus derechos fundamentales. Con base en lo anterior, solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y declarar ajustados a derecho los actos
administrativos que revocaron el encargo.
40. Parte demandante6. Bajo la figura de la apelación adhesiva manifestó que el
tribunal incurrió en error al no ordenar el retorno al cargo, ya que la declaratoria de
nulidad implicó que el acto administrativo nunca produjo efectos jurídicos, lo que
conlleva a restituirla a la situación anterior.
41. Argumentó que, aunque no hubo desmejora salarial inmediata, sí existió una
afectación en las condiciones del cargo, lo cual justifica el restablecimiento del
derecho. Respecto a los perjuicios morales, afirmó que la ilegalidad del acto
administrativo y su permanencia en el tiempo le produjo afectaciones que no estaba
obligada a soportar.
42. Señaló que la actuación irregular de la administración, violatoria del debido
proceso, produjo un daño que debía ser reparado, por lo que el juez debió reconocer
y tasar dichos perjuicios. En consecuencia, solicitó que en segunda instancia se
determine la indemnización correspondiente.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
43. La admisión de los recursos. Mediante auto del 20 de mayo de 20257 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley solo intervino la
Agente del Ministerio Público Delegada ante esta corporación8, quien solicitó
revocar la sentencia impugnada.
6 Ver documento «034SolicitudApelaciónAdhesiva.pdf», ibid.
7 Índice 00004 de la plataforma SAMAI.
8 Índice 00009, ib.
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44. Con tal fin, advirtió que el procedimiento respetó el debido proceso y el derecho
de defensa, ya que la certificación de 2007 carecía de validez al no provenir de
autoridad competente, y su verificación confirmó que no existía vínculo de la actora
con la universidad. Adujo que la valoración probatoria fue adecuada, pues la
experiencia debía acreditarse mediante certificación idónea, lo que justificó la
negativa de la prueba testimonial.
45. Asimismo, advirtió irregularidades ignoradas en primera instancia: el
nombramiento sin acreditar el requisito de experiencia y la permanencia prolongada
en un empleo bajo la modalidad de encargo más allá de lo permitido por la ley. Por
ello, concluyó que no se configuró la violación del debido proceso.
46. Control de legalidad9. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
47. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,10 esta Sala de
Subsección es competente para resolver los recursos de apelación.
48. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados en los
recursos, se deberá establecer si:
49. ¿Se debe revocar la sentencia apelada por qué en el procedimiento
administrativo que concluyó con la revocatoria de la designación en encargo de la
parte actora no se le vulneró su derecho al debido proceso?
50. En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea negativa, la Sala
determinará si:
51. ¿La nulidad de los actos administrativos demandados conlleva necesariamente
el derecho de la demandante a ser reubicada al empleo de auditora en salud?
52. ¿Están demostrados los elementos necesarios para reconocer los perjuicios
morales reclamados en la demanda?
53. En orden a resolver el primer cuestionamiento, la Subsección referenciará los
componentes del debido proceso administrativo.
9 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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54. El debido proceso administrativo. El artículo 29 Constitucional concibió el
derecho fundamental al debido proceso en los siguientes términos:
«ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un
debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria,
y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.»
55. A partir de allí, la jurisprudencia nacional ha construido un fuerte concepto de
esa prerrogativa y, en consecuencia, ha pregonado que encierra un plexo de
garantías que deben ser observadas en los trámites judiciales y administrativos, en
orden a garantizar, frente a los ciudadanos, su autonomía y libertad y, restringir, en
torno a la administración estatal, el ejercicio arbitrario de sus atribuciones11.
56. La Corte Constitucional ha señalado que el «debido proceso» es, como lo indica
su nombre, un conjunto de fases y etapas previamente concebidas que delimitan el
accionar de la administración y del ciudadano, de modo tal que permite advertir, con
la suficiente antelación, cuáles son los pasos que deben darse para iniciar una
determinada actuación, sea esta jurisdiccional o administrativa.
57. De esta manera, sus fases se concatenan con tal simetría que conllevan el
cumplimiento de todas y cada una de las variantes que convergen en la prerrogativa
en estudio. Así, por ejemplo, al respetarse el principio de publicidad y notificación
de las actuaciones, se facilitará el ejercicio del derecho de defensa y contradicción,
sea con la solicitud de pruebas o la presentación de los recursos procedentes.
58. En cuanto al debido proceso administrativo, en sentencia C-034 de 2014, la
Corte Constitucional afirmó:
«[…] Una de las notas más destacadas de la Constitución Política de 1991 es la
extensión de las garantías propias del debido proceso a las actuaciones
administrativas.12 Ello demuestra la intención constituyente de establecer un orden
11 Sentencia C-034 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
12 En los considerandos sucesivos, la exposición toma como fundamento, principalmente, las sentencias C-089
de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-980/10 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-012 de 2013
(MP. Mauricio González Cuervo). Sin embargo, destaca la Sala que esas consideraciones corresponden a una
doctrina pacífica, constante y uniforme sobre el alcance del debido proceso administrativo; sus relaciones y
diferencias con el debido proceso judicial.
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normativo en el que el ejercicio de las funciones públicas se encuentra sujeto a
límites destinados a asegurar la eficacia y protección de la persona, mediante el
respeto por sus derechos fundamentales. El Estado Constitucional de Derecho es,
desde esta perspectiva, un conjunto de garantías de esos derechos, al tiempo que
las normas que determinan la estructura del Estado y sus instituciones deben
interpretarse en función de esas garantías. En la sentencia C-980 de 2010, señaló
la Sala Plena:
a. “Así entendido, en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho
al debido proceso hace referencia al comportamiento que deben observar las
autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto éstas se
encuentran obligadas a “actuar conforme a los procedimientos previamente
establecidos en la ley, con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan
resultar afectados por las decisiones de la administración que crean, modifican
o extinguen un derecho o imponen una obligación o una sanción”13 5.5. En el
propósito de asegurar la defensa de los administrados, la jurisprudencia ha
señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo,
entre otros, los derechos a: (i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la
notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se
surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la
actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se
adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas
propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a
solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a
promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido
proceso14».
59. Así las cosas, para verificar si este derecho fundamental fue vulnerado se
requiere examinar la estructura del procedimiento en el que se emitió la decisión
censurada por el ciudadano, en orden a determinar si la autoridad incumplió con
una de las fases que lo integran y/o pasó por alto una etapa previamente establecida
o incluyó una que no estaba prevista para su desarrollo.
60. Caso concreto – la resolución del primer interrogante: ¿Se debe revocar la
sentencia apelada por qué en el procedimiento administrativo que concluyó con la
13 Sentencia T-653 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
14 C-980/10. En la sentencia C-598/11 complementó la Corte: “El derecho al debido proceso administrativo se
traduce en la garantía que comprende a todas las personas de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal
manera que el compromiso o privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado a sus ciudadanos no
pueda hacerse con ocasión de la suspensión en el ejercicio de los derechos fundamentales de los mismos. Es
entonces la garantía consustancial e infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que
pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones como establecer prerrogativas
(Sentencia T-1263 de 2001). Si bien la preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento de
los fines propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan
a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas
con los derechos fundamentales de los asociados” (Sentencia T-772 de 2003). Refiriéndose también al
alcance específico del debido proceso administrativo, en un asunto relativo a la importancia de las
notificaciones de los actos administrativos que afectan situaciones particulares y concretas, explicó la
Corporación: “Específicamente, el debido proceso administrativo se consagra en los artículos 29, 6 y 209 de la
C.P. Y la jurisprudencia lo ha definido como: ‘(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la
administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad
administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado
de manera constitucional y legal’ (…) con dicha garantía se busca ‘(i) asegurar el ordenado funcionamiento de
la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica
y a la defensa de los administrados’. […] el desconocimiento del debido proceso administrativo, supone
también la violación del derecho de acceso a la administración de justicia y transgrede los principios de
igualdad, imparcialidad, publicidad, moralidad y contradicción que gobiernan la actividad administrativa”. [C-
012 de 2013 (MP. Mauricio González Cuervo].
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revocatoria de la designación en encargo de la parte actora no se le vulneró su
derecho al debido proceso?
61. Recordemos que en la decisión impugnada el tribunal afirmó que la institución
de salud vulneró el derecho al debido proceso de la demandante porque no le
permitió controvertir la única prueba que fundamentó la revocatoria directa del acto
administrativo de encargo en el empleo de auditora de salud.
62. Por su parte, la demandada adujo que durante el trámite administrativo no
infringió la aludida prerrogativa, pues negar por inconducente la prueba testimonial
exigida por la accionante no es constitutiva de ninguna infracción. Sostuvo, además,
que fue aquella quien incumplió la carga probatoria que le asistía, pues nunca
demostró con suficiencia que para la fecha en que se produjo el encargo cumplió
con los requisitos que tal empleo demandaba.
63. Pues bien, en orden a resolver este punto, la Sala referenciará los hechos
probados en el expediente, así:
• Mediante Resolución nro. 538 de 15 de abril de 201015, el gerente general de
la entidad demandada encargó a la accionante como profesional
especializado —auditora en salud— de esa institución; empleo del que tomó
posesión el 3 de mayo siguiente16.
• Por Auto nro. 010 de 6 de julio de 201517, la entidad demandada inició una
investigación administrativa en contra de la actora, con la finalidad de
determinar si al tomar posesión del cargo antes citado cumplió con los
requisitos que este demandaba.
La Sala destaca que en esa decisión solo se dispuso escuchar en diligencia
de descargos a la demandante, para lo cual fijó la fecha y hora en que tendría
lugar esa audiencia.
• El 9 de julio siguiente18 la accionante rindió sus descargos. En su
intervención, indicó que al momento de tomar posesión del aludido empleo
aportó el documento que acreditaba el cumplimiento de la experiencia exigida
para tal efecto y reprochó que en los archivos de esa institución no reposara
esa información. Con todo, aportó la certificación que daba cuenta de la
satisfacción de ese requisito.
• Mediante correo electrónico del día 10 de julio de 201519, la entidad
accionada solicitó a la Universidad Cooperativa de Colombia que verificara
15 Folio 7 del documento denominado «002Demanda.pdf», el cual puede ser descargado en el archivo
«21ENVIOAOTROSD_LINKEXPEDIENTE1696pd(.pdf) NroActua 54» visible en el índice 54 de la plataforma
SAMAI de primera instancia.
16 Folio 15 del documento denominado «015ContestacionDeLaDemanda.pdf», ejusdem.
17 Folios 45-46, ib.
18 Folios 50-51, ib.
19 Folios 47-48, ib.
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el aludido certificado y, además, que informara los horarios en que la
demandante prestó sus servicios a esa institución.
Se resalta que dentro del expediente administrativo aportado por
METROSALUD no reposa ninguna decisión que contenga el decreto de la
aludida prueba.
• Como respuesta se recibió la certificación GH – 015 – 845 del 3 de agosto
de 2015, a través de la cual la subdirectora de Gestión Humana de esa
universidad expresó que «[…] una vez consultadas nuestras bases de datos
pudimos verificar que la señora MIRIAN GAVIRIA RAMIREZ, no aparece con
relación laboral, ni como prestadora de servicios de la Universidad
Cooperativa de Colombia.»
• El 11 de agosto siguiente20 la actora se notificó personalmente del contenido
del Auto 020 del día 6 de ese calendario21, a través del cual se concluyó que
a la fecha de tomar posesión del empleo conferido en encargo no cumplió
con el requisito de experiencia exigido en el manual de funciones vigente
para entonces.
Esta decisión se tomó con fundamento en el certificado anteriormente
reseñado y en ella no se indicó si a la actora se le informó su contenido y/o
se le corrió traslado para su respectiva contradicción.
• La demandante recurrió en reposición esa determinación22 y reprochó, entre
otras cosas, que nunca se le informó que esa certificación sería pedida, amén
de que luego de su incorporación a la actuación no le fue puesta en
conocimiento para su debida contradicción. Adicionalmente, la recurrente
pidió escuchar en declaración al señor Nicolás Pérez Soto, quien emitió el
certificado laboral que ella aportó para acreditar la experiencia que el empleo
de auditor en salud demandaba.
• Mediante oficio 2500/4.3 de 20 de agosto de ese año 23, la entidad
demandada: i) denegó por inconducente e inútil la práctica de la prueba
testimonial arriba señalada, al considerar que era a través de evidencias
documentales que se podía desvirtuar la conclusión adoptada en el Auto nro.
020 de 6 de agosto de 2015 y; ii) confirmó la decisión recurrida.
• Posteriormente, por Resolución nro. 1151 de 9 de septiembre de 2015 24, la
gerente de METROSALUD, fundada en la anterior determinación, revocó
parcialmente la Resolución nro. 538 de 15 de abril de 2010, en relación con
20 Folio 53, ib.
21 Folios 54-56, ib.
22 Folios 57-65, ib.
23 Folios 67-79, ib.
24 Folios 80-84, ib.
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el encargo del que fue destinataria la actora, así como también el acta de
posesión de fecha 3 de mayo de ese año.
• La accionante recurrió en reposición esa decisión25 y reiteró, entre otros, los
argumentos relacionados con la falta de información de la petición de la
prueba a la Universidad Cooperativa de Colombia y la ausencia del traslado
del documento recaudado para los fines de defensa y contradicción. Así
mismo, volvió a insistir en la práctica de la prueba testimonial del señor
Nicolás Pérez Soto.
• Por Resolución nro. 1226 de 25 de septiembre de 201526, la entidad denegó
la práctica de esa prueba y confirmó la decisión recurrida.
64. Pues bien, advierte la Sala que, contrario a lo indicado por la parte demandada,
con la emisión de las citadas Resoluciones sí se vulneró el derecho al debido
proceso de la parte actora, por las siguientes razones:
• Primero, porque se fundamentaron en el Auto nro. 020 de 6 de agosto de
2015 y en el 2500/4.3 del día 20 de ese calendario, que concluyeron que para
la fecha en que aquella tomó posesión como auditora en salud, no demostró
la experiencia relacionada que tal empleo demandaba.
• Segundo, porque a partir de la notificación del Auto en mención fue que la
actora se enteró de la existencia del certificado GH – 015 – 845 del 3 de
agosto de 2015, a través de la cual la subdirectora de Gestión Humana de la
Universidad Cooperativa de Colombia expresó que «[…] una vez consultadas
nuestras bases de datos pudimos verificar que la señora MIRIAN GAVIRIA
RAMIREZ, no aparece con relación laboral, ni como prestadora de servicios
de la Universidad Cooperativa de Colombia.»
• Tercero, porque al recurrir esa decisión la accionante puso de presente que
tal prueba fue solicitada sin que antes se le pusiera en conocimiento, amén
de que, luego de incorporada a la actuación no se le brindó el traslado
respectivo para ejercer su derecho de defensa.
• Cuarto, porque en esa misma oportunidad la actora intentó controvertir la
evidencia aducida en su contra y la petición elevada en tal sentido fue negada
rotundamente por la demandada, por considerar que el testimonio solicitado
era inconducente e inútil.
• Quinto, porque en la Resolución nro. 1151 de 9 de septiembre de 2015 se
reiteraron los argumentos contenidos en el Auto en cita, especialmente los
atinentes al valor y fuerza probatoria del certificado de fecha 3 de agosto de
2015.
25 Folios 42-53 y 61-73, del documento denominado «002Demanda.pdf».
26 Folios 24-30 del documento denominado «015ContestacionDeLaDemanda.pdf», ejusdem.
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• Sexto, porque al recurrir esta determinación, la demandante nuevamente
intentó ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a esa
certificación y la entidad accionada no se lo permitió, pues reiteró los
argumentos invocados en aquella primigenia Resolución.
65. Así las cosas, es claro que la revocatoria del encargo que ahora se discute se
tomó con fundamento en una prueba documental no controvertida pues, como aquí
quedó demostrado, la entidad accionada le cerró toda posibilidad a la demandante
de ejercer su derecho de defensa.
66. Adicionalmente, llama la atención de la Sala las afirmaciones realizadas en la
alzada, según las cuales la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que
le era exigible y que, además, con la negativa de una prueba no implica la
vulneración del derecho al debido proceso.
67. Lo anterior, por cuanto es evidente que la falta de cumplimiento de esa carga
procesal está íntimamente ligada con la negativa reiterada de la institución
demandada en permitirle a la accionante el ejercicio de su derecho de contradicción
y defensa.
68. Adicionalmente, la Subsección no hará ningún pronunciamiento frente al reparo
según el cual la certificación aportada por la parte activa no fue emitida por
«autoridad competente», en tanto tal situación no fue objeto de análisis en el curso
de la actuación administrativa cuyas decisiones hoy son objetadas.
69. En consecuencia, y como los cargos invocados en la alzada por parte de
METROSALUD no prosperaron, se confirmará la sentencia apelada.
70. Segundo interrogante: ¿La nulidad de los actos administrativos demandados
conlleva necesariamente el derecho de la demandante a ser reubicada al empleo
de auditora en salud?
71. La Sala concluye que no hay lugar al restablecimiento del derecho reclamado
en la demanda, consistente en la reubicación de la actora en el empleo de auditora
de salud. Lo anterior, en razón a que se demostró que la accionante ostenta
derechos de carrera administrativa al interior del ente accionado y que, con
posterioridad a la terminación del encargo continuó en ejercicio de su empleo
original.
72. Esta circunstancia resulta determinante en la medida en que acto demandado
no afectó su relación legal y reglamentaria, ni mucho menos alteró sustancialmente
su situación jurídica, pues al subsanar la demanda, la parte actora reconoció que la
finalización del encargo no implicó una reducción salarial, pues al retornar a su
empleo de carrera continuó recibiendo la misma retribución económica.
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73. Así las cosas, y como quiera que no se demostró que el acto demandado
produjo un perjuicio económico y/o de otra índole a la parte actora, no es procedente
acceder a la medida de restablecimiento del derecho invocada por ella.
74. Por lo anterior, no se acogen los reparos expuestos en la apelación adhesiva,
dado que no es cierto que la sentencia hubiera omitido considerar que el
restablecimiento en el cargo de auditora pudiera generar un beneficio económico en
la actualidad, pues para ello era indispensable que dicha circunstancia hubiera sido
debidamente acreditada dentro del proceso, lo cual no ocurrió.
75. Tampoco es acertado sostener que correspondía a la entidad demandada poner
de presente dicha situación, ni que, al momento de atender la solicitud de
cumplimiento de la sentencia estuviera obligada a verificar si el eventual perjuicio
económico derivado del acto anulado se había mantenido en el tiempo. Tal
planteamiento desconoce las reglas propias de este medio de control, según las
cuales el restablecimiento no se presume, sino que exige la acreditación de un daño
cierto y su relación directa con el acto administrativo anulado.
76. En consecuencia, la actora no puede soslayar la carga procesal de demostrar
los supuestos de hecho en que fundamentó sus pretensiones, razón por la cual,
ante la ausencia de pruebas al respecto, no hay lugar a reconocer el
restablecimiento invocado en la demanda.
77. Tercer interrogante: ¿Están demostrados los elementos necesarios para
reconocer los perjuicios morales reclamados en la demanda?
78. La Subsección concluye que la parte activa no evidenció los perjuicios morales
reclamados en la demanda.
79. En efecto, cuando se pretende el reconocimiento de este tipo de perjuicios,
corresponde a quien los exige cumplir con la carga de probar su existencia, aun
cuando esta corporación ha admitido que dicha demostración puede realizarse a
través de una prueba indiciaria.
80. Sobre este punto, la doctrina ha definido el indicio como un hecho conocido y
debidamente probado, a partir del cual, mediante un proceso lógico basado en
reglas de la experiencia o principios científicos, se infiere la existencia de un
supuesto desconocido. En todo caso, para que el indicio tenga valor probatorio es
indispensable que el elemento indicador esté plenamente probado y que exista una
conexión lógica y razonable con la circunstancia que se pretende demostrar.
81. Ahora bien, el daño moral se refiere a la afectación del fuero interno de la
persona, manifestada en el dolor, la angustia o el sufrimiento ocasionado por la
lesión a un bien jurídicamente tutelado. Se trata de un daño autónomo que para su
reconocimiento debe reunir los requisitos generales de todo perjuicio, esto es, que
sea cierto, determinado o determinable y que tenga una relación directa con el
hecho que se señala como generador.
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82. En este contexto, resulta aplicable el principio de la carga de la prueba,
conforme al cual corresponde a quien alega un hecho demostrarlo, regla que
actualmente se encuentra consagrada en el artículo 167 del Código General del
Proceso. Así, incumbía a la demandante acreditar, siquiera de manera indiciaria, la
existencia de un sufrimiento o afectación moral derivada de la revocatoria del
encargo.
83. Sin embargo, revisado el material probatorio, la Sala advierte que no se
aportaron elementos que permitan inferir la existencia de un daño moral. No obra
prueba directa ni indicios graves, precisos y concordantes que den cuenta de una
afectación en la esfera psíquica de la demandante, ni de circunstancias particulares
que permitan deducir razonablemente la ocurrencia de dicho perjuicio.
84. En consecuencia, ante la ausencia de prueba sobre la existencia del daño moral
alegado, no es posible acceder a su reconocimiento, pues el mismo no se presume
y exige demostración dentro del proceso, conforme a las reglas probatorias
vigentes.
85. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
86. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
87. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
88. En consecuencia, y dado que ninguno de los recursos prosperó, no se
impondrán costas en esta instancia.
89. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 2 de diciembre del 2024, a través de la
cual el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió parcialmente las pretensiones
de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, promovió la señora Miriam Gaviria Ramírez en contra de la E.S.E.
Metrosalud.
SEGUNDO. Sin costas en esta instancia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión
devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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