Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01801-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01801-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-01801-03
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01801-03 (0756-2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandada: María Elena Rúa Uribe
Tema: Reliquidación de la pensión de jubilación - inclusión de la
bonificación por servicios prestados en una doceava parte
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
La Ugpp presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución UGM
1 En adelante Ugpp.
2 Expediente físico, visibles a folios 1 a 12.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2016-01801-03 (0756-2023)
Demandante: Ugpp
018824 del 29 de noviembre de 2011, por medio del cual Cajanal en cumplimiento
de una orden de tutela reliquidó la pensión de jubilación de María Elena Rúa Uribe
con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios; ii) Resolución UGM
045368 del 8 de mayo de 2012, en la cual Cajanal modificó el acto anterior y
ordenó el pago de las diferencias de forma indexada; y iii) Resolución RDP
052767 del 15 de noviembre de 2013, a través de la cual la Ugpp modificó la parte
considerativa, los artículos primero y segundo de la Resolución UGM 018824 del
29 de noviembre de 2011.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaración de que la demandada no tiene derecho a la reliquidación
de la prestación con el 100% de la bonificación por servicios prestados; ii) el
reintegro de las sumas de dinero que se pagaron en virtud de la reliquidación
pensional; iii) la indexación de las sumas que resultaren; iv) el pago de los
intereses moratorios; y v) la condena en costas y agencias en derecho a la
demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• María Elena Rúa Uribe nació el 11 de enero de 1954, por lo cual adquirió el
estatus pensional el 11 de enero de 2004, y prestó sus servicios así:
Entidad Desde Hasta
18 de enero de 1979 20 de noviembre de 1979
Rama Judicial 7 de diciembre de 1979 30 de junio de 1981
1° de agosto de 1981 6 junio de 1982
10 de abril de 1985 30 de junio de 1992
Fiscalía General de la Nación 1° de julio de 1992 20 de diciembre de 2004
• El último cargo que desempeñó fue el de fiscal delegado ante los jueces del
circuito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín.
• Con la Resolución 2-3096 del 3 de diciembre de 2004 expedida por la Fiscalía
General de la Nación fue retirada del servicio a partir del 20 de diciembre de 2004.
• A través de la Resolución 35819 del 1° de noviembre de 2005, Cajanal le
reconoció la pensión de jubilación en cuantía de $3.169.273, efectiva a partir del
1° de julio 2004, condicionado a partir del retiro del servicio. Y en cumplimiento del
fallo de tutela proferido el 11 de junio de 2008 por el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Medellín, reliquidó la prestación con el 75% del salario promedio
devengado en el último año de prestación del servicio.
• Mediante la Resolución UGM 018824 del 29 de noviembre de 2011, Cajanal en
cumplimiento de una orden de tutela expedida por el Juzgado Séptimo Penal del
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01801-03 (0756-2023)
Demandante: Ugpp
Circuito de Manizales, reliquidó la pensión de jubilación con el 75% del salario
promedio devengado en el último año de prestación del servicio con el 100% de la
bonificación por servicios, en cuantía de $4.313.300, efectiva a partir del 1° de
enero de 2005 con efectos fiscales desde el 7 de mayo de 2005 por prescripción
trienal.
• Con la Resolución UGM 45368 del 8 de mayo de 2012, Cajanal modificó el acto
administrativo anterior, en el sentido de ordenar el pago de las diferencias de
forma indexada.
• A través de la Resolución RDP 052767 del 15 de noviembre de 2013, la Ugpp
modificó la parte considerativa, los artículos primero y segundo de la Resolución
018824 del 29 de noviembre de 2011, en los siguientes términos:
«ARTICULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo de tutela proferido por el JUZGADO
SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) el 30 de mayo de 2008,
en consecuencia, reliquidar la pensión de vejez de la señora RUA URIBE MARIA
ELENA, ya identificada, en cuantía de ($4.313.300.38) CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS PESOS CON 38/100 М/СТЕ., efectiva a
partir del 01 de enero de 2005."
"[...] ARTICULO SEGUNDO: El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional
pagará al interesado (a) las diferencias que resultaren de aplicar el artículo anterior y
la(s) Resolución(es) No(s). 35819 del 01 de noviembre de 2005 y la Resolución No.
60601 del 15 de diciembre de 2008 de manera INDEXADA conformidad con el artículo
178 del C.C.A., teniendo especial cuidado en deducir lo cancelado por vía ejecutiva o
administrativa, con los reajustes correspondientes, previas las deducciones ordenadas
por la ley, con observancia del turno respectivo.
El área de nómina realizará las operaciones pertinentes conforme se señala en el fallo
y en el presente acto administrativo, respecto al artículo 178 del CCA, pago que estará
a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional. [...]"»
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 6, 121, 128 y 209 de la Constitución
Política; 6, 7 y 8 del Decreto 546 de 1971; y 34 y 36 de la Ley 100 de 1993.
En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos4:
Los actos acusados vulneraron los postulados constitucionales y legales, pues la
entidad profirió las resoluciones en cumplimiento de una orden de tutela, en la cual
se ordenó reliquidar la pensión de jubilación de María Elena Rúa Uribe con la
inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados.
Lo anterior era contrario a la postura jurisprudencial del Consejo de Estado según
la cual, para el cálculo de las pensiones se debe computar en forma proporcional
4 Expediente físico, visible a folios 5 a 11.
3
Radicado: 05001-23-33-000-2016-01801-03 (0756-2023)
Demandante: Ugpp
la bonificación por servicios prestados, pues se trataba de una prestación que se
causó por año cumplido, su inclusión debió realizarse en una doceava parte.
La decisión administrativa no podía mantenerse incólume, porque implicaba la
destinación de recursos públicos para financiar una prestación que no fue
reconocida de acuerdo con las disposiciones legales y jurisprudenciales; además
era procedente el reintegro de los dineros pagados en virtud de la reliquidación de
la prestación los cuales no fueron percibidos de buena fe.
1.2. Contestación de la demanda
María Elena Rúa Uribe5 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, con los siguientes argumentos:
Los actos administrativos demandados fueron proferidos de acuerdo con los
preceptos legales, pues era beneficiaria de la pensión de jubilación, en tanto,
acreditó los requisitos legales para acceder a la prestación, además la
reliquidación pensional fue ordenada por el juez de tutela, en tal sentido se
configuró la figura jurídica de la cosa juzgada constitucional, por lo tanto, no era
procedente declarar la nulidad de las resoluciones acusadas, además en el trámite
administrativo actúo con buena fe.
Propuso las excepciones denominadas: i) indebida escogencia del medio de
control por demanda contra acto de ejecución; ii) cosa juzgada constitucional; iii)
falta de jurisdicción; iv) desconocimiento de derechos adquiridos; y v) buena fe.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, en sentencia
proferida el 30 de septiembre de 20226 accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la demandada, con sustento en
los siguientes argumentos:
La bonificación por servicios prestados es un factor salarial el cual debe incluirse
en la liquidación pensional, de acuerdo con el Decreto 247 de 1997, y el Decreto
1042 de 1978, esto es, se causa y paga con el cumplimiento de un año de servicio
continuo.
Al respecto, en la sentencia del 6 de febrero de 2020 proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado sobre la materia, señaló varios pronunciamientos
sobre al monto de la bonificación por servicios prestados para efectos
pensionales, dentro de los cuales destacó que, en providencia del 9 de noviembre
5 Expediente físico, visible a folios 282 a 285.
6 Samai, índice 2, expediente digital ED_EXPDIGITA_000201601801HIBRI(.zip) NroActua 2,
archivo en pdf 004 SENTENCIA.
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Demandante: Ugpp
de 2017, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez sostuvo:
«[…] La bonificación por servicios prestados, que corresponde a una prestación que
remunera la acumulación del tiempo de servicio del empleado, y que se causa cada
vez que cumple un año de labores.
[…]
Vista la normatividad aplicable y la postura jurisprudencial, se reitera que para calcular
el monto de la mesada pensional se toma la doceava parte de la bonificación por
servicios prestados y no el 100%, comoquiera que se causa por cada año laborado por
el empleado.
Por lo anterior, para efectos del cálculo de la pensión, la bonificación por servicios debe
tenerse en cuenta en una doceava parte y no sobre el 100%, debido a que el pago de
este emolumento se realiza anualmente, esto es, cuando el empleado cumple un año
de servicios. […]»
Los actos administrativos demandados, mediante los cuales se incrementó de una
doceava parte al 100% de su valor la bonificación por servicios prestados como
factor de liquidación pensional, son contrarios a la normatividad y la jurisprudencia;
pues la forma correcta de computar tal factor en la pensión de jubilación de la
demandada no es en un 100% como lo ordenó el fallo de tutela dictado por el juez
penal, sino en una doceava parte. En tal sentido, la reliquidación pensional
contenida en los actos acusados causa un detrimento al erario con perjuicio de los
intereses generales.
En relación con el reintegro de las sumas pagadas en exceso, se presume que
María Elena Rúa Uribe actuó de buena fe, sin que se hubiese probado lo contrario,
pues fue Cajanal la que mediante actos administrativos motivados reliquidó la
pensión en cumplimiento de una orden de tutela.
1.4. El recurso de apelación
La parte demandada interpuso recurso de apelación7, el cual sustentó así:
El a quo negó la excepción de la cosa juzgada constitucional, la cual debió
prosperar; pues la Corte Constitucional en sentencia C-774 del 26 de julio de 2001
precisó lo siguiente:
«[…] Es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones
plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias
y alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos
consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se
imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado,
7 Samai, índice 2, expediente digital ED_EXPDIGITA_000201601801HIBRI(.zip) NroActua 2,
archivo en pdf 006 MEMORIAL - RECURSO DE APELACIÓN.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01801-03 (0756-2023)
Demandante: Ugpp
impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa
juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que
determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a
las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio. De esta
manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a
los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función
positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.»
El tribunal desconoció que la Ugpp presentó la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, con identidad de partes y situación fáctica,
propuesta en la acción de tutela, y si bien demandó las resoluciones UGM 018824
de noviembre 29 de 2011, UGM 045368 de mayo 8 de 2012 y RDP 052767 de
noviembre 15 de 2013, la entidad solo controvierte la inclusión del 100% de la
bonificación por servicios, lo cual fue resuelto en el trámite constitucional
identificado con radicado 2008- 00075 del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de
Manizales.
La interpretación del Tribunal Administrativo de Antioquia respecto de la cosa
juzgada es contraria a lo expuesto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional;
además trasgredió el artículo 243 de la Constitución Política, pues la figura jurídica
opera para proteger los derechos fundamentales, asegura que las sentencias que
ampararon las garantías constitucionales sean definitivas, en atención a los
principios de estabilidad, firmeza y certeza de las decisiones judiciales.
El tribunal vulneró sus derechos fundamentales por ser sujeto de especial
protección constitucional, pues después de varios años de considerar consolidada
su situación pensional, sus condiciones de subsistencia son desmejoradas por la
decisión judicial.
Asimismo, no se pronunció sobre la excepción denominada desconocimiento de
derechos adquiridos, lo cual vulnera el derecho fundamental del debido proceso,
previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, pues la decisión judicial debe
contener el pronunciamiento sobre todos los instrumentos de defensa de la
demandada.
Por lo anterior, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y se
«declare probadas las excepciones propuestas por la afectada durante el presente
proceso».
1.5. Intervenciones en segunda instancia
Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar8.
8 Samai, índice 7.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01801-03 (0756-2023)
Demandante: Ugpp
1.6. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se contrae a resolver ¿si se debe mantener la inclusión del 100 % de lo recibido
por concepto de bonificación por servicios en el ingreso base para reliquidar la
pensión de jubilación de María Elena Rúa Uribe?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Contexto normativo y jurisprudencia sobre la liquidación de la
bonificación por servicios prestados en la mesada pensional
El artículo 6 del Decreto 546 de 19719, estableció para los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público una pensión de jubilación en
los siguientes términos:
«Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho al llegar
a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de
servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este
Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».
En cuanto a la base de liquidación de la pensión el artículo 12 del Decreto 717 de
197810, modificado por el artículo 4 del Decreto 911 de 197811, dispuso:
«De otros factores de salario: Además de la asignación básica mensual fijada por la
Ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución de sus servicios.
Son factores de salario:
a. Los gastos de representación,
b. La prima de antigüedad,
c. El auxilio de transportes,
d. La prima de capacitación,
e. La prima ascensional,
f. La prima de servicio,
9
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares».
10
«Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de
remuneración correspondiente a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones».
11
Reglamentario del Decreto 546 de 1971.
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Demandante: Ugpp
g. Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo
de comisiones de servicio».
Por su parte, en relación con la bonificación por servicios prestados, el Decreto
1042 de 197812 creó el emolumento para los empleados públicos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional y dispuso que
se pagaría cada vez que el empleado cumpliera un año continuo de labor, de la
siguiente manera:
«Artículo 45: A partir de la expedición de este Decreto, créase una bonificación por
servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1º.
Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año
continuo de labor en una misma entidad oficial.
Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los
enumerados en el artículo 1º de este decreto, el tiempo laborado en el primero se
tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre
que no haya solución de continuidad en el servicio.
Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la
nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.
La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación
básica y no será acumulativa.
Artículo 46.- La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los
empleados que trabajan en las entidades a que se refiere el artículo 1º de este
decreto, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la
asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación
que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla,
siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación
básica y gastos de representación superior a cien mil setecientos cincuenta pesos
($100.750).
Para los demás empleados la bonificación por servicios prestados será equivalente
al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres (3) factores de
salario señalados en el inciso anterior.
Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio».
A su vez, la bonificación por servicios prestados fue creada mediante el Decreto
247 de 1997 para «los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Tribunales,
Juzgados, Fiscalía General de la Nación, Direcciones Ejecutivas de la Administración
Judicial, Consejos Seccionales de la Judicatura y empleados de las altas Corporaciones)
y la Justicia Penal Militar, en los mismo términos establecidos en los artículos 45 y
siguientes del Decreto-ley 1042 de 1978 y las demás normas que lo modifiquen o
12
«Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones».
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01801-03 (0756-2023)
Demandante: Ugpp
adicionen, la cual será exigible a partir del 1º de enero de 1997» y se le otorgó carácter
salarial y efectos para determinar la pensión.
Así las cosas, la bonificación por servicios prestados fijada, en principio, para los
empleados del orden nacional, fue creada para los servidores de la Rama Judicial
y Fiscalía General de la Nación mediante el Decreto 247 de 1997 como un factor
salarial al que estos tendrían derecho cumplido un año continuo de labores y que
debía tenerse en cuenta para efectos pensionales.
Sobre este emolumento, en sentencia del 29 de junio de 200613 esta corporación
consideró que «es computable para efectos pensionales y por consiguiente, se debe
cotizar por ella; ahora, como es una prima anual, se debe tener en cuenta su doceava
parte para la liquidación pensional».
Este criterio ha sido reiterado en sentencia del 31 de julio de 202014, al establecer
que:
«[L]a bonificación por servicios prestados constituye un factor salarial que se paga
siempre que el empleado cumpla un año de servicios en forma continua en la misma
entidad oficial, motivo por el cual para efectos de la inclusión del referido emolumento
en la liquidación de la pensión del accionado debe hacerse en una doceava parte, y
no sobre el 100%, tal como lo determinó el a quo, habida cuenta de que este se recibe
de manera anual, y en razón a ello, resulta contrario a derecho lo dispuesto en la
sentencia de tutela de 30 de mayo de 2008, emitida por el Juzgado Séptimo (7°) Penal
de Manizales, y por ende, es dable declarar la nulidad de las Resoluciones 46558 de
11 de septiembre de 2008 y UGM 38867 de 20 de marzo de 2012, que fueron
expedidas en cumplimiento de esa decisión». [Se resalta].
De tal forma, para calcular el monto de la mesada pensional se toma la doceava
parte de la bonificación por servicios prestados y no el 100 %, puesto que se
causa por cada año laborado por el empleado.
2.3. Caso concreto
En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:
• María Elena Rúa Uribe nació el 11 de enero de 195415 16 y prestó sus servicios
en la Rama Judicial como juez penal municipal y juez promiscuo municipal desde
el 18 de enero de 1979 hasta 30 de junio de 199217, y en la Fiscalía General de la
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de junio de 2006, expediente 15001-23-
31-000-2000-02396-01(7559-05), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2020.
Radicación número: 05001-23-33-000-2013-00450-02(2641-17), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
15 Expediente físico, visible en el folio 151.
16
Según cedula de ciudadanía. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_4_170012333000201700709021EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE2023070792446 (1)»,
subcarpetas «ExpedienteFisicoEscaneado», «01PrimeraInstancia» y «C01Principal», archivo
«05AnexosDemanda.pdf», folio 52.
17
Expediente físico, visible en el folio 85.
9
Radicado: 05001-23-33-000-2016-01801-03 (0756-2023)
Demandante: Ugpp
Nación como fiscal delegada ante los jueces del circuito de Medellín desde el 1°
de julio de 1992 hasta el 20 de diciembre de 200418.
• Certificado de salarios expedido por la Unidad de Recursos Humanos de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, en los que
se indicaron los valores devengados por la demandada entre los años 1979 a
199219, por concepto de asignación básica mensual y factores salariales.
• Certificado de salarios expedido por la Dirección Seccional Administrativa y
Financiera de Medellín de la Fiscalía General de la Nación, en los que se
señalaron los salarios percibidos desde el 1° de julio de 1992 hasta el 20 de
diciembre de 200420.
• A través de la Resolución 35819 del 1° de noviembre de 2005 21 Cajanal le
reconoció la pensión de jubilación en cuantía de $3.169.273, efectiva a partir del
1° de julio 2004, condicionado a partir del retiro del servicio.
• Sentencia de tutela del 30 de mayo de 200822 proferida por el Juzgado Séptimo
Penal del Circuito de Manizales, en la cual se amparó los derechos del debido
proceso y seguridad social de la demandada, y ordenó la reliquidación pensional
con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios.
• Mediante la Resolución UGM 018824 del 29 de noviembre de 2011 23, Cajanal en
cumplimiento de una orden de tutela expedida por el Juzgado Séptimo Penal del
Circuito de Manizales, reliquidó la pensión de jubilación con el 75% del salario
promedio devengado en el último año de prestación de servicios con el 100% de la
bonificación por servicios, en cuantía de $4.313.300, efectiva a partir del 1° de
enero de 2005 con efectos fiscales desde el 7 de mayo de 2005 por prescripción
trienal.
• Con la Resolución UGM 45368 del 8 de mayo de 201224, Cajanal modificó el acto
administrativo anterior, en el sentido de ordenar el pago de las diferencias de
forma indexada.
• A través de la Resolución RDP 05276725 del 15 de noviembre de 2013, la Ugpp
modificó la parte considerativa, los artículos primero y segundo de la Resolución
018824 del 29 de noviembre de 2011, en los siguientes términos:
«ARTICULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo de tutela proferido por el JUZGADO
18 Expediente físico, visible en el folio 82.
19 Expediente físico, visible a folios 86 a 89
20 Expediente físico, visible a folios 90 a 112.
21 Expediente físico, visible a folios 134 a 139.
22 Expediente físico, visible a folios 157 a 170.
23 Expediente físico, visible a folios 221 a 223.
24 Expediente físico, visible a folios 219 y 220.
25 Expediente físico, visible a folios 224 a 226.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01801-03 (0756-2023)
Demandante: Ugpp
SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) el 30 de mayo de 2008,
en consecuencia, reliquidar la pensión de vejez de la señora RUA URIBE MARIA
ELENA, ya identificada, en cuantía de ($4.313.300.38) CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS PESOS CON 38/100 М/СТЕ., efectiva a
partir del 01 de enero de 2005."
"[...] ARTICULO SEGUNDO: El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional
pagará al interesado (a) las diferencias que resultaren de aplicar el artículo anterior y
la(s) Resolución(es) No(s). 35819 del 01 de noviembre de 2005 y la Resolución No.
60601 del 15 de diciembre de 2008 de manera INDEXADA conformidad con el artículo
178 del C.C.A., teniendo especial cuidado en deducir lo cancelado por vía ejecutiva o
administrativa, con los reajustes correspondientes, previas las deducciones ordenadas
por la ley, con observancia del turno respectivo.
El área de nómina realizará las operaciones pertinentes conforme se señala en el fallo
y en el presente acto administrativo, respecto al artículo 178 del CCA, pago que estará
a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional. [...]"»
2.4. Análisis sustancial
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda porque consideró que los actos
administrativos demandados, mediante los cuales se incrementó de una doceava
parte al 100% de su valor la bonificación por servicios prestados como factor de
liquidación pensional, son contrarios a la normatividad y la jurisprudencia; pues la
forma correcta de computar la prestación en la pensión de jubilación no era en un
100%, sino en una doceava parte.
La demandada presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que las
excepciones propuestas en la contestación de la demanda, denominadas cosa
juzgada constitucional y desconocimiento de derechos adquiridos, debieron
declararse probadas por el tribunal.
Respecto del argumento según el cual, se configuró el fenómeno jurídico de la
cosa juzgada, toda vez que, en la sentencia de tutela del 30 de mayo de 2008
ordenó la reliquidación pensional con la inclusión del 100% de la bonificación por
servicios, se evidencia que lo pretendido en la tutela era el amparo de los
derechos fundamentales de María Elena Rúa Uribe y el estudio que realizó el juez
constitucional fue la ponderación de los derechos del debido proceso y seguridad
social, por otro lado lo que se pretende en la presente demanda es el estudio de
legalidad de los actos administrativos que reliquidaron la pensión de jubilación;
además la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, es el juez natural para
adelantar el juicio de legalidad de un acto administrativo. En consecuencia, no se
vulneró el principio de cosa juzgada constitucional, toda vez que, aunque la
pretensión era igual en los dos asuntos, el marco de la competencia que establece
el alcance que el juez debe efectuar en cada uno es diferente.
Aunado a lo anterior, se evidencia que el Consejo de Estado a través de auto del 8
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Demandante: Ugpp
de marzo de 2018, dentro del trámite del presente asunto, resolvió la apelación
presentada contra el auto que negó las excepciones de indebida escogencia de la
acción y cosa juzgada, en el cual confirmó la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
La apelante sostuvo en el recurso de apelación que, de conformidad con las
normas constitucionales, el acto objeto de reproche la hizo acreedora de un
derecho adquirido pensional. Al respecto es importante precisar que los derechos
adquiridos se refieren a aquellas situaciones individuales o subjetivas que se
constituyeron así de acuerdo con las disposiciones que la rigen, por lo que no
puede ser modificada por normas que se expidan con posteridad26, esto es, este
concepto se encuentra relacionado con la aplicación de la ley en el tiempo, en
tanto normas posteriores no pueden afectar situaciones jurídicas consolidadas, lo
que se encuentra íntimamente ligado con principios como el de la seguridad
jurídica.
En línea con lo anterior, se advierte que en situaciones pensionales se entiende
que se está ante un derecho adquirido cuando para su reconocimiento el
interesado acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos para esos efectos,
pero además este se efectuó en los términos y condiciones establecidos por la
norma correspondiente. Lo expuesto justifica porqué, aunque el acto
administrativo de reconocimiento se encuentra cobijado bajo la presunción de
legalidad, este puede ser modificado o revocado en el marco de un proceso
judicial en el que se revise su legalidad.
Ahora bien, en el sub judice, la Ugpp demandó la Resolución UGM 018824 del 29
de noviembre de 2011, la cual fue proferida en cumplimiento de una orden de
tutela expedida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, con la
cual reliquidó la pensión de jubilación con el 100% de la bonificación por servicios,
en cuantía de $4.313.300, y no la doceava parte de este factor salarial.
De la lectura de dicho acto administrativo, se observa que se trasgredió el
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, pues la bonificación por
servicios prestados constituye un factor salarial que se paga siempre que el
empleado cumpla un año de servicio en forma continua en la misma entidad, por
el cual para efectos de la inclusión del emolumento en la reliquidación de la
pensión debe hacerse en una doceava parte y no sobre el 100%.
Así las cosas, tal como lo consideró el tribunal de primera instancia, a partir del
análisis de la actuación administrativa, las normas citadas y el criterio
jurisprudencial mencionado, los actos acusados son ilegales, toda vez que
reconoció la pensión de jubilación de María Elena Rúa Uribe con inclusión del
100 % de la bonificación por servicios prestados, pues de acuerdo con la
26
Corte Constitucional, sentencia C-242 del 2009.
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Demandante: Ugpp
jurisprudencia del Consejo de Estado, se debe computar con la doceava parte del
emolumento.
Cabe destacar que, respecto del reintegro de dineros, se confirmará la decisión
que negó la pretensión toda vez no se desvirtuó en el proceso ni en sede
administrativa la buena fe con la que se presume actuó la demandada para
obtener el pago del beneficio pensional otorgado, y no existe prueba que
demuestre fraude, maniobras o actos ilegales tendientes a lograr tal
reconocimiento, es decir, la Ugpp no acreditó una actitud inmoral o ilegal de la
pensionada; además no fue objeto de apelación.
Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida el 30 de septiembre de
2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, que
accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda.
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma27.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.
27
En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01801-03 (0756-2023)
Demandante: Ugpp
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Reconocimiento de personería
• Se reconocerá personería a la abogada Vanessa Fernanda Garreta Jaramillo
identificada con la cédula de ciudadanía 1.085.897.821 y portadora de la tarjeta
profesional 212.712 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderada de la Ugpp, y al abogado Kevin Daniel Amado Sanabria identificado
con la cédula de ciudadanía 1.013.667.312 y portador de la tarjeta profesional
384.281 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado
sustituto de la entidad, con las facultades y para los fines establecidos en los
poderes que obran en el índice 11 de SAMAI.
4. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que los actos acusados son
parcialmente ilegales, toda vez que reconoció la pensión de jubilación de María
Elena Rúa Uribe con inclusión del 100 % de la bonificación por servicios
prestados, cuando lo correcto era tomar la doceava parte del emolumento
comoquiera que se causa por cada año laborado.
En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 30 de septiembre de
2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, en
tanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia del 30 de septiembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social [Ugpp], en contra de María Elena Rua Uribe, por las razones
expuestas en esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Reconocer personería a la abogada Vanessa Fernanda Garreta
Jaramillo identificada con la cédula de ciudadanía 1.085.897.821 y portadora de la
tarjeta profesional 212.712 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01801-03 (0756-2023)
Demandante: Ugpp
como apoderada de la Ugpp, y al abogado Kevin Daniel Amado Sanabria
identificado con la cédula de ciudadanía 1.013.667.312 y portador de la tarjeta
profesional 384.281 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderado sustituto de la entidad, con las facultades y para los fines establecidos
en los poderes que obran en el índice 11 de SAMAI.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KGO
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