Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01874-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01874-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-01874-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
26 de enero de 2023
1
Radicado: 05001-23-33-000-2016-01874-01 (3360-2022)
Demandante: Martha Cecilia Restrepo Castañeda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01874-01 (3360-2022)
Demandante: MARTHA CECILIA RESTREPO CASTAÑEDA
Demandada: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
1
PENSIONES , ADMINISTRADORA DE FONDO
DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.,
Y ADMINSITRADORA DE FONDO DE
PENSIONES BBVA HORIZONTES S.A.
Temas: Reconocimiento pensión de jubilación. Traslado
del régimen de prima media con prestación
definida al régimen de ahorro individual con
solidaridad. No procede inhibición por supuesta
falta de jurisdicción para resolver dicha situación.
Ineficacia del traslado. Ausencia de pruebas que
demuestren la debida asesoría y buen consejo
frente a la afiliada al momento del cambio de
administradora. Demandante es beneficiaria del
régimen de transición. Procede la consolidación
del derecho prestacional con base en el Decreto
758 de 1990.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-008-2023
ASUNTO
Decide la Subsección los recursos de apelación formulados por las partes
demandante y demandada contra la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022
por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las
pretensiones del libelo.
ANTECEDENTES
1 En adelante Colpensiones.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01874-01 (3360-2022)
Demandante: Martha Cecilia Restrepo Castañeda
La señora Martha Cecilia Restrepo Castañeda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones3
1. Declarar la nulidad de las Resoluciones 02032 del 1.° de febrero de 2012
y GNR 5875 del 10 de enero de 2014 proferidas respectivamente por el
entonces Instituto de los Seguros Sociales y por la Administradora
Colombiana de Pensiones, por medio de las cuales ambas entidades
negaron el reconocimiento de una pensión de vejez a favor de la libelista.
2. Declarar la ineficacia o subsidiariamente la nulidad del traslado de régimen
pensional efectuado por la demandante del entonces ISS a la AFP BBVA
Horizontes S.A., la cual fue posteriormente fusionada por absorción de la
AFP Porvenir S.A., y que por lo tanto se entienda que la señora Restrepo
Castañeda siempre ha estado afiliada al Régimen de Prima Media con
Prestación Definida y asimismo es beneficiaria del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993.
3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la AFP Porvenir S.A.
trasladar a Colpensiones todos los aportes, bonos pensionales y demás
sumas con todos sus frutos e intereses que haya acumulado la
demandante en la primera administradora en comento desde su primera
afiliación a la extinta AFP BBVA Horizontes S.A., y que en consecuencia,
la segunda entidad en mención los valide para que sean incluidos en la
historia laboral de la asegurada.
4. Como consecuencia de lo anterior, se conmine a Colpensiones a
reconocer, liquidar y pagar de forma retroactiva e indexada a favor de la
señora Martha Cecilia Restrepo Castañeda, una pensión de vejez con
efectividad a partir de la fecha de retiro del servicio, así como los intereses
moratorios a que haya lugar por la tardanza en el abono de las mesadas
adeudadas y hasta que se haga efectivo el derecho.
5. Condenar a la parte demandada a asumir las costas y agencias en
derecho, así como a cualquier otro tipo de prerrogativa derivada de las
facultades judiciales extra y ultra petita.
Supuestos fácticos relevantes4
1. La libelista nació el 12 de febrero de 1956, por lo que a la fecha de
presentación de la demanda (27 de febrero de 2014) contaba con 58 años
de edad.
2. La señora Restrepo Castañeda realizó aportes a pensión durante toda su
vida laboral, la cual se concreta en el servicio prestado a la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia del 29 de abril de 1981 al 25 de abril de
1982; al Instituto de Seguros Sociales del 2 de julio de 1979 al 26 de mayo
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
3 Ver archivo «01Demanda201601874» del expediente digital obrante en el índice 2 del registro en
SAMAI.
4 Idem.
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Demandante: Martha Cecilia Restrepo Castañeda
de 1987; y a la E.S.E. Metrosalud del 15 de julio de 1987 al 31 de julio de
2013. Inicialmente, aquella estuvo afiliada para el efecto al entonces
Instituto de los Seguros Sociales, no obstante, se trasladó de régimen al
administrado por la otrora AFP BBVA Horizontes S.A. (hoy AFP Porvenir
S.A.) y finalmente regresó al ISS.
3. La demandante aseguró que los asesores de los fondos privados en
comento en la oportunidad de cambio de régimen pensional, no le
brindaron «[…] la información debida acerca de las graves consecuencias del
traslado y le manifestó que en el fondo privado se pensionaba mejor que en el ISS
y anticipadamente, inclusive antes de la edad que el ISS, debido a los
rendimientos financieros que produciría la cuenta de ahorro individual, sería mejor
que en el ISS y que este acabaría, omitiendo la obligación de brindar una
información profesional acerca de las consecuencias del traslado […]».
4. La reclamante radicó solicitud de reconocimiento pensional ante el
entonces Instituto de Seguros Sociales el 5 de mayo de 2011, entidad que
mediante Resolución 002032 del 1.° de febrero de 2012 negó lo deprecado
al aducir que la señora Martha Cecilia Restrepo solo había cotizado 707.57
semanas.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias, de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»5, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 7 de noviembre de 2018.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«[…] Aduce Colpensiones que se presenta indebido agotamiento del procedimiento
administrativo (Vía gubernativa), porque la demandante no ejercicio ninguna
actuación tendiente a controvertir los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones Nos 002032 del 1 de febrero de 2012 y GNR 5875 del 10 de enero de
2014, ya que no interpuso los respectivos recursos dentro del término legal conforme
el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.
Al respecto se considera:
5 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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Demandante: Martha Cecilia Restrepo Castañeda
Con la expedición de Ley 1437 de 2011 desapareció el concepto de vía gubernativa,
en la actualidad se hace referencia а la actuación administrativa.
En efecto, en el numeral segundo del artículo 161 del CACA se dispone como
requisito de procedibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho el haber "ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren
obligatorios y el artículo 76 del mismo código establece las reglas de oportunidad y
presentación de los recursos de reposición y apelación contra los actos
administrativos.
Según el mismo artículo 76 sólo es obligatorio para acudir a la jurisdicción el recurso
de apelación.
En el presente caso, las pretensiones de la demanda están encaminadas a que se
declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 002032 del 1 de febrero de 2012 y GNR
5875 del 10 de enero de 2014 por medio de las cuales Colpensiones le negó el
reconocimiento de la pensión de vejez.
Si bien contra los actos administrativos procedía el recurso de apelación, no puede
desconocerse el contexto fáctico de este caso, comoquiera que se tiene en cuenta
que la demandante nació el 12 de febrero de 1956 y que para la fecha cuenta con 62
años de edad, lo que la cataloga, a la luz de la Ley 1251 de 2008, como un adulto
mayor, es decir, un sujeto de especial protección constitucional.
[…] Por lo expuesto, no se declarará probada la excepción de inepta demanda por no
agotar la actuación administrativa.
Tanto Colpensiones como Porvenir afirman que se configura la excepción de
prescripción no del derecho pensional, pero sí de las mesadas pensionales, con
fundamento en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, y 151 del Código
Procesal Laboral y de la Seguridad Social.
En efecto, no opera la prescripción respecto del derecho pensional en general sino
únicamente respecto de las mesadas pensionales correspondientes, pues se trata de
un derecho vitalicio que no se pierde por el paso del tiempo. Por lo tanto, el acto que
resuelve sobre las solicitudes pensionales puede ser demandado en cualquier tiempo
ya que, como se dijo, la prescripción no opera frente al derecho pensional, no
obstante, una vez se defina el derecho pretendido se hará un pronunciamiento sobre
las mesadas pensionales. […]». (Negrilla del texto original)6.
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] - Se debe establecer si están viciados de nulidad por infracción a las
normas legales y constitucionales en que debían fundarse y por falsa
motivación, el acto administrativo contenido en las Resoluciones Nos. 002032
del 1 de febrero de 2012 y GNR 5875 del 10 de enero de 2014 por medio de las
cuales Colpensiones le negó a la demandante el reconocimiento de la pensión
de vejez.
6 Ver archivo «01Demanda201601874» del expediente digital obrante en el índice 2 del registro en
SAMAI.
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• Si prospera la pretensión de nulidad, se debe establecer si procede el
restablecimiento del derecho en los términos solicitados en la demanda a folios
244 a 246.
En especial se debe definir si se debe condenar a Colpensiones al
reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la demandante.
Se interroga a las partes con el objeto de que manifiesten si están de acuerdo con la
fijación del litigio.
Parte demandante: Si fuera posible se declare la ineficacia del traslado de la
demandante al fondo de pensiones y cesantías Porvenir, para luego acceder a la
pensión teniendo en cuenta el régimen de transición.
Parte demandada Colpensiones: Conforme con la fijación del litigio.
Parte demandada Porvenir: Se ratifica con lo manifestado en la contestación de la
demanda y está conforme con la fijación del litigio.
Respecto de la solicitud del demandante, se da lectura a las pretensiones visibles a
folios 244 de la demanda, las cuales serán tenidas en cuenta como se señaló en la
fijación del litigio. […]». (Negrilla conforme a la transcripción)7.
SENTENCIA APELADA8
El a quo profirió sentencia escrita el 3 de marzo de 2022, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demandante con fundamento
en las siguientes consideraciones:
Inicialmente, el tribunal de primera instancia expuso que la afiliación a las
Administradoras de Fondos Privados equivale a un contrato de vinculación
entre particulares al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por
lo que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es competente para
pronunciarse respecto de la declaratoria de ineficacia o nulidad del traslado de
la libelista entre regímenes, por cuanto, conforme el artículo 104, numeral 4.º
de la Ley 1437 de 2011 «[…] la Jurisdicción Contenciosa Administrativa conoce en
materia laboral y de seguridad social de los procesos relativos a “la relación legal y
reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los
mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho
público” […]».
No obstante, señaló que otro de los pedimentos de la parte activa es la nulidad
de las Resoluciones 002032 del 1 de febrero de 2012 y GNR 5875 del 10 de
enero de 2014 por medio de las cuales Colpensiones negó el reconocimiento
y pago de una pensión de vejez, lo cual sí puede ser abordado en esta
oportunidad por tratarse de un caso relacionado con una servidora pública
que se afilió a una entidad de seguridad social de derecho público.
Con base en lo anterior, precisó que se pronunciará respecto de la pretensión
de reconocimiento prestacional, pero se inhibirá para pronunciarse acerca de
la ineficacia de la afiliación ante la AFP Porvenir S.A.
Seguidamente, el juez de primera instancia recordó que en materia de
aplicabilidad del régimen de transición para aquellos afiliados que realizaron
7 Idem.
8 Ver archivo «19Sentencia201601874» del expediente digital obrante en el índice 2 del registro en
SAMAI.
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Demandante: Martha Cecilia Restrepo Castañeda
traslados entre administradoras de pensiones privadas y el entonces ISS, el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contemplaba que en tales casos aquel
beneficio se perdería, presupuesto que fue regulado por el artículo 3.° del
Decreto 3800 de 2003, el cual fue declarado nulo por el Consejo de Estado
mediante sentencia del 6 de abril de 2011 dictada en el proceso con número
interno 1095-2007.
Asimismo, adujo que la referida Alta Corte en providencia del 13 de noviembre
de 2019 (2019-00023), desarrolló todo un apartado sobre la procedencia de
recuperar los beneficios de la transición en casos de traslado entre regímenes,
para lo cual se determinó que únicamente los afiliados con 15 años o más de
servicio cotizados al 1.° de abril de 1994 o 30 de junio de 1995 cuando entró
en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse «en
cualquier tiempo» del RAIS al RPMPD, ello con la ventaja de poder conservar
las prerrogativas propias del régimen en comento. Adicionalmente indicó que
para ello, se deberá trasladar la totalidad del ahorro depositado en la
respectiva cuenta individual, el cual no podrá ser inferior al monto total del
aporte legal correspondiente en caso de que hubieren permanecido con el
entonces ISS.
Frente a la situación particular de la demandante manifestó que esta presentó
solicitud de reconocimiento de pensión de vejez ante el Instituto de los Seguros
Sociales el 5 de mayo de 2011, la cual le fue negada a través de la Resolución
002032 del 1.° de febrero de 2012 al haberse considerado que la reclamante
había perdido el derecho a ser beneficiaria del régimen de transición por
haberse traslado de régimen y no acreditar 15 años de servicios a la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993. Lo propio ocurrió ante Colpensiones,
entidad frente a la cual también deprecó esta prerrogativa, pero que
igualmente fue negada conforme a la Resolución GNR 5875 del 10 de enero
de 2014.
Añadió que de acuerdo con el material probatorio practicado, se extrajo que
los tiempos laborados por la señora Restrepo Castañeda con anterioridad al
1.° de julio de 1995, lo fueron sin cotización, toda vez que esta realizó aportes
a pensión al ISS por su vinculación con la ESE Metrosalud, desde la aludida
data y hasta el 30 de junio de 1998 cuando se trasladó al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, primero al Fondo de Pensiones Colpatria que fue
absorbida por la AFP BBVA Horizontes S.A. y posteriormente por la AFP
Porvenir S.A. Sin embargo, destacó que al margen de lo anterior, se demostró
en el proceso que en virtud de un fallo de tutela proferido el 18 de enero de
2010, la libelista regresó al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
Ahora bien, puntualizó que como la vinculación de la reclamante al 1.º de abril
de 1994 era territorial, el análisis sobre la aplicación del régimen de transición
debía calcularse al 30 de junio de 1995, pues para esa data aquella laboraba
al servicio de la ESE Metrosalud de Medellín. Sobre el punto sostuvo que a la
fecha en comento la parte activa acumulaba 571 semanas de servicio
equivalentes a 11 años, 1 mes y 7 días de labores desempeñadas en el
Instituto de los Seguros Sociales, en la Dirección Seccional de Salud de
Antioquia y en la Empresa Social del Estado precitada, lo cual corresponde a
un monto inferior a las 750 semanas o 15 años de cotización exigidos por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser considerada beneficiaria del
régimen en mención.
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Demandante: Martha Cecilia Restrepo Castañeda
Al respecto aclaró que si bien pudo entenderse que la señora Restrepo
Castañeda era titular de los derechos de la transición por haber demostrado
39 años de edad al 30 de junio de 1995, debe tenerse en cuenta que al haberse
afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad el 30 de junio de 1998,
le era exigible para conservar tales prerrogativas, acreditar al menos 15 años
de servicio en la primera data aludida, lo cual no ocurrió y por lo tanto impedía
que el reconocimiento de su pensión se diera con base en los preceptos de la
Ley 33 de 1985 o el Decreto 758 de 1990.
Aun bajo aquel entendido, estimó que debía verificarse la situación jurídica de
la libelista con fundamento en los preceptos de la Ley 100 de 1993. Para ello
planteó que esta acumuló un total de 10.643 días de servicio correspondientes
a 29 años, 6 meses y 23 días de servicio (1520 semanas laboradas), es decir,
más de 1.300 semanas requeridas por el artículo 33 de la norma ejusdem.
Aunado a esto, resaltó que la reclamante nació el 12 de febrero de 1956, por
lo que cumplió 57 años de edad el 12 de febrero de 2013, mientras que el
tiempo de cotización lo obtuvo desde el 5 de septiembre de 2009.
De acuerdo con lo anterior planteó que Colpensiones debía reconocer a favor
de la señora Martha Cecilia Restrepo una pensión de vejez bajo los postulados
de los artículos 21, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, es decir, con inclusión
únicamente de los factores sobre los cuales se hubiesen realizado aportes
conforme al Decreto 1158 de 1994 y con efectividad desde el 12 de febrero de
2013 cuando esta adquirió el estatus jurídico respectivo.
En todo caso, destacó que cuando el ISS expidió la Resolución 002032 del 1.°
de febrero de 2012, la demandante no tenía derecho al reconocimiento de la
pensión de vejez, razón por la cual no resultaba procedente declarar la nulidad
de dicho acto administrativo.
Frente al estudio sobre el fenómeno prescriptivo de las mesadas adeudadas,
aseveró que este no se configuró, habida cuenta de que al tener como fecha
de exigibilidad del derecho a reconocer el 12 de febrero de 2013, y en el
entendido de que la solicitud de reconocimiento pensional se presentó el 5 de
mayo de 2011, se advierte que ocurrió la interrupción de la mentada figura por
una sola vez hasta el 5 de mayo de 2014, fecha anterior a la de la presentación
oportuna de la demanda el 27 de febrero de 2014.
Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente forma: i) se
declaró inhibido para pronunciarse sobre la ineficacia de la afiliación de la
demandante a la AFP Porvenir S.A.; ii) negó la pretensión de nulidad de la
Resolución 002032 del 1.° de febrero de 2012; iii) declaró la nulidad de la
Resolución GNR 5875 del 10 de enero de 2014; iv) condenó a Colpensiones
a reconocer la pensión de vejez a favor de la libelista conforme el artículo 33
de la Ley 100 de 1993, a la cual tiene derecho a partir del 12 de febrero de
2013, pero con efectividad desde el 15 de diciembre de 2013 cuando se retiró
del servicio, y además liquidada de conformidad con el artículo 34 de la Ley
100 de 1993; v) negó los demás pedimentos de la parte activa; y vi) autorizó a
la entidad demandada a descontar de la condena, los aportes
correspondientes al SGSSP.
RECURSOS DE APELACIÓN
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Demandante: Martha Cecilia Restrepo Castañeda
Parte demandada9: formuló impugnación contra el fallo de primera instancia
y en consecuencia solicitó que este sea revocado para que en su lugar se
denieguen las pretensiones de la libelista.
Como argumentos de oposición destacó en primer lugar que no es procedente
la declaratoria de la nulidad del traslado de la afiliación de la libelista al fondo
privado Porvenir S.A., en la medida en que dicho cambio tuvo plena validez.
Adujo que en tal sentido, el aludido vicio del consentimiento en el contrato
suscrito con la mentada AFP deberá probarse en el desarrollo del proceso
judicial, toda vez que dicha vinculación de la demandante se efectuó con el
lleno de los requisitos legales exigidos, más aún cuando esta última de manera
libre y voluntaria, en uso de sus facultades y en ejercicio del derecho a la libre
escogencia de régimen consagrado en el artículo 13 literal b) de la Ley 100 de
1993, decidió afiliarse al RAIS y someterse a todas las condiciones y
consecuencias del mismo, lo cual se deduce adicionalmente al verificar que
aquella no hizo uso oportunamente de la posibilidad de retractarse de su
manifestación inicial.
Sin perjuicio de lo anterior indicó que frente a la solicitud de reconocimiento de
la prestación económica de vejez de la señora Restrepo Castañeda, debe
efectuarse un análisis para determinar si esta es o no beneficiaria del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993. Al respecto manifestó que en vía
administrativa se verificó el cumplimiento de los preceptos del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, empero se encontró que si bien la reclamante nació el 12 de
febrero de 1956 y por lo tanto al 1.° de abril de 1994 contaba con más de 35
años de edad, lo cierto es que al revisar su historia laboral se evidenció que a
la data en cuestión no acreditaba 15 años o más de servicio, puesto que solo
acumulaba en ese momento 131 semanas de cotización al Sistema General
de Pensiones, incluidos incluso los períodos certificados con la demanda.
Por lo expuesto aseguró que no era procedente aplicar los beneficios del
régimen de transición al caso de la parte activa, dado que conforme al material
probatorio se advierte que esta no colmó las exigencias normativas para el
efecto. Aunado a ello señaló que resultaba necesario estudiar su situación
jurídica conforme a los postulados de la Ley 100 de 1993, los cuales tampoco
satisfizo, pues todo el tiempo laborado y cotizado por la libelista solo equivale
a 707,57 semanas que no cumplen con el requisito de 1.200 semanas para el
año 2011 cuando obtuvo la edad mínima para la causación de la prerrogativa.
Adicionalmente manifestó que en el presente caso debe tenerse en cuenta el
cambio de administradora de pensiones que realizó válida y eficazmente la
demandante al RAIS, pues tal situación generaba la necesidad de acreditar la
acumulación de 15 años de servicio para que procediera la conservación de
los beneficios del régimen de transición, tal como lo planteó la Corte
Constitucional en las sentencias C-789 de 2002 y SU-062 de 2010, esto en
concordancia con el Decreto 692 de 1994 y el Decreto 3995 de 2008, situación
que no fue demostrada en el presente proceso y por consiguiente impedía al
a quo conceder tal prerrogativa.
Añadió en consecuencia que el régimen de transición se reconoce a una
categoría determinable de trabajadores vinculados al RPMPD antes de la
9 Ver archivo «26ApelaciónSentenciaColpensiones201601874» del expediente digital obrante en el
índice 2 del registro en SAMAI.
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Demandante: Martha Cecilia Restrepo Castañeda
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que además cumplieran con los
requisitos exigidos para lo propio. Es decir, dicho marco jurídico constituye
entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos por
un tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han
adquirido el derecho a la pensión, sí tienen una expectativa legítima de adquirir
esa prestación por estar próximos a colmar las exigencias para pensionarse
en el momento del tránsito legislativo.
Refirió sobre el punto que en la Sentencia C-596 de 1997, la Corte
Constitucional determinó que las personas que habían cotizado a pensiones
en los sistemas anteriores a la Ley 100 de 1993 pero que, cuando entró en
vigencia el sistema de pensiones conforme al artículo 151, no habían cumplido
los requisitos para acceder a la pensión conforme al sistema anterior, tenían
una expectativa, no un derecho adquirido a que se les aplicara el régimen de
transición consagrado en el artículo 36. Por lo tanto, aseguró que conforme al
criterio jurisprudencial sostenido por dicho Juez Plural, resulta
constitucionalmente admisible que el legislador imponga ciertos requisitos y
restrinja con ello el acceso de las personas al régimen de transición, siempre
y cuando tales restricciones sean razonables y proporcionadas.
Por lo tanto acotó que no resulta admisible el argumento de la parte
demandante, pues para el momento en que se trasladó al RAIS, aquella no
había adquirido el derecho a la pensión, sino que apenas tenía una expectativa
legítima a la cual decidió renunciar voluntaria y autónomamente para poder
concretar el cambio de administradora, en el cual Colpensiones no tuvo ningún
tipo de injerencia, así como tampoco en el incumplimiento en el pago de
cotizaciones a favor de la demandante.
Por lo expuesto aseveró que la referida entidad no está inmersa en ninguna
disyuntiva con la regulación vigente, tanto así que ajustó todas sus
actuaciones a la legalidad, habida cuenta de que no desconoció que la libelista
cuenta con 1.010 semanas cotizadas, las cuales en todo caso no permiten
satisfacer el requisito de tiempo de servicio necesario para el reconocimiento
de la prestación deprecada, situación que es disímil a las consideraciones que
el tribunal de primera instancia esgrimió para conceder parcialmente los
pedimentos de la parte activa.
Parte demandante10: interpuso apelación contra la decisión del a quo, esto
con el fin de que se emita pronunciamiento de fondo sobre la ineficacia o
nulidad de su afiliación a la AFP Porvenir S.A. y asimismo se acceda a la
totalidad de sus pretensiones, particularmente sobre el reconocimiento de una
pensión de vejez con fundamento en los preceptos del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993.
Como sustento de oposición, indicó inicialmente que no comparte la postura
adoptada por el juez plural de primera instancia, quien luego de 5 años en los
que la situación económica y de salud de la libelista empeoró, resolvió inhibirse
sobre la solicitud de declaratoria de ineficacia o nulidad del traslado que en su
momento hizo al RAIS, ello en desconocimiento de lo expuesto por la Corte
Constitucional en el Auto 919 de 2021 con el que al definir el conflicto de
jurisdicciones para dirimir el presente asunto, determinó expresamente que el
10 Ver archivo «30ApelaciónSentenciaParteDte201601874» del expediente digital obrante en el índice 2
del registro en SAMAI.
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Tribunal Administrativo de Antioquia sería el «[…] competente para pronunciarse
sobre la totalidad de las pretensiones de la demanda. […]».
Añadió al respecto que al no haberse estudiado de fondo la pretensión
anulatoria sobre la afiliación a la AFP Porvenir S.A., se genera una negación
inmediata de sus reclamaciones sobre el reconocimiento de una pensión de
vejez en aplicación de los beneficios del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, todo al sostener que ha perdido tales prerrogativas por haber
gestionado el aludido traslado entre administradoras.
No obstante, destacó que en lo que respecta a su situación, debe ponerse de
presente que el vínculo que en su momento solicitó la señora Restrepo
Castañeda al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de
Porvenir S.A., está viciado por no haber mediado su consentimiento libre y
suficientemente informado como lo prevén los artículos 1515, 2344, 1918,
1916 y 1989 del Código Civil en materia de obligaciones. Acerca de este tipo
de casos advirtió que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en el
sentido de respaldar la tesis de la responsabilidad de las administradoras de
pensiones en materia de información previa para proceder a la afiliación de
sus usuarios, así como del hecho de que la carga de esta prueba le
corresponde a tales entidades y no a los reclamantes de las prestaciones, tal
como se precisó en sentencia del 9 de septiembre de 2008 dictada en el
proceso 31989.
Sostuvo además que según el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, es
obligación de los promotores adscritos a las administradoras de fondos de
pensiones, suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles
afiliados al momento de la promoción de la vinculación, esto con el fin de darles
a entender todas las variantes y condiciones aplicables para el reconocimiento
de las prestaciones a las cuales tengan derecho bajo la égida del RAIS.
Bajo aquel entendido aseguró que el engaño en la afiliación en comento se
produjo por los silencios que guardó el profesional de la AFP Porvenir S.A.,
quien debió tener la iniciativa de proporcionar todo aquello, positivo o negativo,
que resultara relevante para la toma de decisión por parte de la demandante
al momento de buscar el referido traslado de régimen.
Planteó que aun en el entendido de que lo expuesto no desdice lo asentado
en la solicitud de vinculación de la libelista a la administradora demandada,
pues el respectivo formulario aparece firmado por la primera bajo la aclaración
de que adoptó la decisión de manera voluntaria, libre y espontánea, lo cierto
es que no se puede echar de menos que la parte pasiva no desvirtuó la falta
de información veraz y suficiente alegada por la reclamante para considerar
que su manifestación de traslado de régimen no fue realmente bajo las
anteriores condiciones, ello por haberse tomado sin el pleno conocimiento de
lo que esta entraña.
Asimismo, aclaró que la señora Restrepo Castañeda solo fue puesta en
conocimiento de las presuntas ventajas que obtendría al cambiarse de
régimen pensional, empero, se obvió del todo presentarle la información
detallada sobre los perjuicios que ello acarrearía, pues el acceso a la pensión
de vejez bajo el RPMPD en calidad de beneficiaria del marco jurídico
transicional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se hallaba
sometido a unas reglas de mayor favorabilidad que las del RAIS.
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Sobre el tema adujo que al deducirse que la afiliación de la libelista a la AFP
Porvenir S.A. es ineficaz o nula, necesariamente se desprende que aquella es
beneficiaria del régimen de transición en comento, al punto de que el
reconocimiento pensional deprecado debe fundarse en la normativa anterior a
la ley precitada, es decir, las condiciones de edad, número de semanas
cotizadas y monto tendrían que ser las consagradas en el artículo 12 del
Decreto 758 de 1990 por haberse afiliado al entonces ISS desde el 18 de julio
de 1979, incluso al margen de que se hubiese desempeñado a lo largo de su
historia laboral como empleada pública. De hecho, puntualizó que en su caso,
por contar con más de 1.250 semanas cotizadas, la tasa de reemplazo
aplicable al IBL es del 90% conforme al artículo 20 ibidem y la sentencia SU-
769 de 2014 proferida por la Corte Constitucional.
Frente a la situación particular de la señora Martha Cecilia Restrepo, indicó
que esta nació el 12 febrero de 1956, por lo que cumplió los 55 años de edad
el mismo día y mes de 2011, al punto de que lo propio la facultaba para
reclamar en ese momento su pensión de vejez, tal como hizo el día 5 de mayo
de 2011 de manera confiada en que cumplía los requisitos de edad y semanas
necesarias (55 años de edad y 1000 semanas). Aseveró que con base en lo
referido, no está conforme con los argumentos del a quo, en la medida en que
indefectiblemente es claro que la respuesta del entonces ISS no solo niega sin
fundamento y de manera inoportuna la referida prestación, sino que además
obligó e indujo a la afiliada a continuar en ejercicio de su labor, aspectos que
implican el reconocimiento de los intereses moratorios previstos en el artículo
141 de la Ley 100 de 1993, o en su defecto, de la indexación monetaria por la
pérdida del poder adquisitivo de la moneda debido al paso del tiempo.
Frente a la negativa a la condena en costas y agencias en derecho, manifestó
que no comparte los argumentos del tribunal de origen, pues frente a este
proceso debió aplicarse en su tenor literal lo consagrado en el artículo 365 del
Código General del Proceso, más aún cuando las decisiones del entonces
Instituto de los Seguros Sociales en el año 2012 no fueron ajustadas a
derecho, tanto así que obligaron a la demandante a acudir a la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo en ejercicio de su derecho de acción.
SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA
Una vez presentados los recursos de apelación por ambas partes, al estar
dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante
auto del 12 de julio de 2022 admitió dichas impugnaciones y, en concordancia
con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA, dispuso que por
Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la mencionada
providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar sentencia, salvo
que las partes presentaran solicitud probatoria.
En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 8 de
septiembre de 2022, proferida por la Secretaría visible en el índice 12 del
registro en SAMAI, en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se
procede a decidir de fondo el asunto.
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No obstante, se destaca que en esta oportunidad el Ministerio Público emitió
concepto frente al caso particular11 en el sentido de solicitar que se modifique
parcialmente el fallo apelado, a fin de que se reconozca la indexación de las
sumas objeto de condena y se confirme en todo lo demás dicha decisión.
Sobre el particular, la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de
Estado planteó como argumentos los siguientes:
«[…] Esta Agencia Social, con el respeto debido, estima procedente la confirmación
parcial del impugnado fallo al no ser posible jurídicamente, dentro de esta particular
controversia, conocer del traslado de régimen efectuado por la accionante
RESTREPO CASTAÑEDA y, con base a ello, decretar el acceso al régimen de
transición, que es, en últimas, la apetencia medular, como tampoco es pasible de
acceder a intereses moratorios y a condena en costas procesales, pero sí al
reconocimiento, a valor presente, de la jubilación decretada por el juez de primera
instancia.
[…] Pues bien, si COLPENSIONES o, en su momento, el transformado ISS, al que
sucedió en sus derechos y obligaciones, en nada, absolutamente en nada, hicieron
parte de la personalísima actuación de la accionante MARTA CECILIA RESTREPO
CASTAÑEDA dirigida al oscilante cambio de Fondo Administrador de Pensiones y
Cesantías, es de sentido común y de simple lógica la imposibilidad, a esta hora, de
responder por un hecho creado a voluntad de aquélla frente a unas empresas
privadas. Así las cosas, la falta de legitimación en la causa por pasiva de ISS-
COLPENSIONES, en términos adjetivos -normas de orden público-, es tan evidente,
tan diáfana, tan palmaria.
[…] Ergo, no procede reconsiderar esta posición, so pretexto de favorabilidad, dado
que no hay conflicto entre dos (2) normas, antes, por el contrario, se aplica la de plena
competencia plasmada en la parte motiva del recurrido fallo, con lo cual se hace
realidad lo dispuesto en el inciso primero del artículo 230 de la Constitución Nacional,
y con ello, de paso, se decide igualmente la inexistencia del derecho al régimen de
transición pensional (art. 36 de la Ley 100 de 1993), pues, como es sabido, las
personas que se trasladen al régimen de ahorro individual con solidaridad y no hayan
cumplido 15 años de servicios cotizados a 30 de junio de 1995, para el caso de
empleados territoriales, pierden la posibilidad de pensionarse de conformidad con el
régimen de transición.
[…] no puede entenderse y darle la dimensión alegada por el libelista apelante que la
orden del tribunal constitucional, recaída en la Sala Unitaria de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, fuera el de resolver, en beneficio de la actora
RESTREPO CASTAÑEDA, la ineficacia de su múltiple y pendular afiliación a los
privados fondos administradores pensionales, para, a través de dicha decisión
habilitar tiempo pro régimen transicional, dado que al dirimir el conflicto de jurisdicción
determinó una competencia legal, esto es, la dedicada a conocer de la juridicidad de
los actos administrativos y no de negocios particulares.
Y, de otra parte, el hecho de la declaratoria de inhibición debe entenderse en su sana
lógica, sea de aseverar, el de la total imposibilidad, de parte de la jurisdicción
contenciosa administrativa, para juzgar un hecho de naturaleza privada, en el que,
como tal, nunca se presentó una manifestación pública de obligatorio cumplimiento.
[…] 6.4. Derecho a la indexación. Para una mayor precisión del derecho a conceder
la pensión de vejez en los términos en los que viene resuelta, para el Ministerio
Público procede el ajuste a valor presente, para el reconocimiento de todos conocido
11 Ver archivo denominado «10_05001233300020160187401120220822154445» que reposa en el
índice 10 del registro en SAMAI.
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de amparo a la revaluación monetaria, pues no es posible, ni factible, jurídicamente,
que la desvalorización corra a cargo de la demandante del derecho surgido a su favor
desde hace cerca de una década.
Lo anterior, igualmente, para evitar las desafortunadas interpretaciones que al interior
de la administración se suelen presentar cuando no se específica, con fuerza de
autoridad, el real alcance del derecho reconocido.
6.5. La condena en costas procesales. Como quiera que procede una revocación
parcial a favor de la recurrente actora es de entender la viabilidad del recurso, amén
de la total falta de acreditación de conducta temeraria o de base infundada de
pretensiones, es, en sentir de esta Agencia Social, el que este particular acápite no
sea reformado por la decisión definitiva de segunda instancia. […]». (Negrilla y
mayúscula conforme a la transcripción).
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia resolverá sin limitaciones cuando las partes hayan
controvertido la totalidad de la sentencia, tal como sucede en el presente caso.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
resume en las siguientes preguntas:
1. ¿En el presente caso se estructuraron las causas para la configuración
de oficio de la excepción de «inepta demanda» que habilitara al a quo,
como lo hizo, para declararse inhibido a fin de resolver de fondo sobre
la pretensión tendiente a determinar la ineficacia o nulidad de la
afiliación de la demandante a la AFP Porvenir S.A., ello por razones
específicas de supuesta falta de jurisdicción?
En caso negativo,
2. ¿Fue válido el traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
solicitado por la señora Martha Cecilia Restrepo Castañeda el 11 de
mayo de 1998, a través del trámite de afiliación a la administradora
privada demandada, ello desde el punto de vista de la suficiencia e
integridad de la asesoría que dicha sociedad comercial debió brindarle
a la reclamante en su momento para que adoptara la decisión que más
se ajustara a sus intereses?
En caso negativo,
3. ¿La libelista en su calidad de empleada pública con afiliación al
entonces Instituto de los Seguros Sociales desde el 18 de julio de 1979,
es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, y en consecuencia, su derecho al reconocimiento de
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una pensión de vejez debe someterse a las previsiones del Decreto 758
de 1990 o a las de la primera norma en mención?
Primer problema jurídico
¿En el presente caso se estructuraron las causas para la configuración de
oficio de la excepción de «inepta demanda» que habilitara al a quo, como lo
hizo, para declararse inhibido a fin de resolver de fondo sobre la pretensión
tendiente a determinar la ineficacia o nulidad de la afiliación de la demandante
a la AFP Porvenir S.A., ello por razones específicas de supuesta falta de
jurisdicción?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: no se estructuraron las
causas para configurar la excepción de inepta demanda en el asunto sub
examine, pues la decisión inhibitoria del tribunal de origen se fundó en la falta
de jurisdicción entendida como una irregularidad procesal, y no en la
verificación de defectos formales de la demanda suficientes para impedir un
pronunciamiento de fondo, tal como se explica a continuación:
De la excepción denominada «inepta demanda» y su inaplicación
en casos como el particular por falta de jurisdicción
En primer lugar, es necesario destacar que si bien el tribunal de origen no
declaró expresamente probada de oficio la excepción en comento,
tácitamente este arribó a la misma conclusión inhibitoria que le es propia a
dicho medio de defensa, solo que para ello acudió al argumento de la falta de
jurisdicción, la cual constituye una irregularidad procesal saneable y no un
elemento constitutivo de incumplimiento del precepto procesal de demanda
en forma, tal como pasa a explicarse.
Al respecto se precisa que la referida ineptitud sustantiva de la demanda ha
tenido una evolución interpretativa a lo largo de la actividad judicial en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior obedece al hecho
de que su declaratoria ha reñido en múltiples ocasiones con el acceso a la
administración de justicia que se materializa en el derecho fundamental a una
tutela judicial efectiva.
En principio, la referida excepción se ha concebido como la opción jurídica
válida para que el juez se abstenga de emitir un pronunciamiento de mérito
tendiente a resolver en concreto una situación jurídica en litigio, ello siempre
que se encuentren defectos de origen formal con la suficiente entidad para
afectar las garantías sustanciales propias del proceso, al punto de ser
indispensable inhibirse y de este modo protegerlas. Esto se traduce finalmente
en una falta de definición de la controversia, que por supuesto es indeseable
tanto para las partes como para el propio juez.
Debido a la consecuencia aludida que conlleva declarar este medio exceptivo
en comento, se ha planteado la necesidad de restringir su aplicación al
máximo posible, básicamente a casos totalmente excepcionales que no
encuentren mecanismos diferentes para la subsanación de los yerros
advertidos o para la terminación del proceso con una decisión de fondo sobre
el caso. Acerca de dicho punto, esta Subsección ha fijado una posición
recurrente que confirma el postulado anterior, con el propósito de mantener
indemne el aludido derecho constitucional.
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En auto del 21 de abril de 201612 proferido por esta Subsección, recopilado y
traído a colación en sentencia de tutela dictada el 15 de enero de 2018 13, se
manifestó lo siguiente:
«[…] 2.6.- La ineptitud sustantiva de la demanda como excepción de
mérito.
De igual forma, sobre la figura de «ineptitud sustantiva de la demanda» se han
hecho consideraciones puntuales respecto su aplicación y procedencia, las
cuales se citan a continuación:
«De tiempo atrás, en múltiples providencias judiciales al igual que en la que es
objeto de estudio, se ha hecho alusión a la figura de la “ineptitud sustantiva o
sustancial de la demanda” como una excepción previa y/o causal de rechazo
de demanda, incluso de fallos inhibitorios, lo cual -a criterio de esta Sala-
constituye actualmente una imprecisión que debe ser superada.
[…]
De lo anterior se advierte que la denominación “ineptitud sustancial o
sustantiva” ha tomado diferentes formas, sin embargo, técnicamente ha de
señalarse que en la actualidad sólo es viable declarar próspera la que
denomina la ley como “inepta demanda por falta de cualquiera de los requisitos
formales o por la indebida acumulación de pretensiones”, en las cuales
encuadran parte de los supuestos en que se basaba la denominada “ineptitud
sustancial o sustantiva”.
b.- Actual regulación procesal sobre la materia
Como se verá a continuación, en la actualidad existen diversos mecanismos
procesales a efectos de afrontar las diferentes falencias de orden procesal o
sustancial que pueden presentarse en la demanda, a saber.
i- Supuestos que configuran excepciones previas.
En efecto, el ordenamiento jurídico colombiano consagra de manera expresa
la excepción previa denominada “Ineptitud de la demanda”, encaminada
fundamentalmente a que se adecúe la misma a los requisitos de forma que
permitan su análisis en sede judicial, so pena de la terminación anticipada del
proceso. Esta se configura por dos razones:
a) Por falta de los requisitos formales. En este caso prospera la excepción
cuando no se reúnen los requisitos relacionados con el contenido y anexos de
la demanda regulados en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA., en
cuanto indican qué debe contener el texto de la misma, cómo se individualizan
las pretensiones y los anexos que se deben allegar con ella (salvo los previstos
en los ordinales 3. y 4. del artículo 166 ib. que tienen una excepción propia
prevista en el ordinal 6. del artículo 100 del CGP).
Pese a ello, hay que advertir que estos requisitos pueden ser subsanados al
momento de la reforma de la demanda (Art. 173 del CPACA en concordancia
con el ordinal 3.del artículo 101 del CGP), o dentro del término de traslado de
la excepción respectiva, al tenor de lo previsto en el parágrafo segundo del
artículo 175 del CPACA y 101 ordinal 1 del CGP.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del
21 de abril de 2016. Radicado: 47-001-23-33-000-2013-00171-01 (1416-2014).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 15 de enero de 2018. Radicado: 11001-03-15-000-2017-03032-00(AC).
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b) Por indebida acumulación de pretensiones. Esta modalidad surge por la
inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 138
y 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.»14
En resumen, de conformidad con los parámetros normativos de la Ley 1564 de
2012 (CGP) y el CPACA, la excepción de «ineptitud sustantiva de la demanda»
se configura solamente por (i) la falta de requisitos formales de la demanda o
(ii) la indebida acumulación de pretensiones; en consecuencia, aquellas
falencias procesales diferentes de las antes enunciadas encontraran solución
en otros mecanismos jurídicos (sean estos: otros medios exceptivos o
saneamientos en otras etapas procesales). […]». (Negrilla y subrayado del
texto original).
Como se aprecia, la procedencia, o mejor, la estructuración de la excepción
referida, se centra en una denominación más acorde con su naturaleza
jurídica que es la de la «inepta demanda por falta de cualquiera de los
requisitos formales o por la indebida acumulación de pretensiones». Tal
precepto implica que la viabilidad para declarar lo propio, se sustenta en
condiciones específicas irregulares del libelo introductor, que si bien son de
orden formal, únicamente pueden surtir consecuencias inhibitorias cuando no
hayan sido enmendadas a lo largo de la actuación en sus respectivas
oportunidades, y siempre que su exigencia no constituya un exceso ritual
manifiesto que afecte el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva.
Pues bien, en el sub examine, el fundamento del tribunal de primera instancia
para inhibirse de fallar sobre la pretensión de ineficacia o nulidad del traslado
de la demandante al RAIS a través de la AFP Porvenir S.A., fue estimar como
lo adujo en el mismo sentido el Ministerio Público en su concepto, que se
evidenciaba una falta de jurisdicción para dirimir tal conflicto, habida cuenta
de que lo propio debía ser abordado y resuelto por los jueces laborales
ordinarios conforme al ámbito de competencia de lo contencioso
administrativo previsto en el artículo 104, numeral 4.° del CPACA que
enmarca el análisis de casos relativos a las prestaciones del Sistema de
Seguridad Social, solo cuando sean administrados por personas jurídicas de
derecho público y no privado como lo era la sociedad comercial en mención
sobre la que se discute un acto jurídico privado o contrato de afiliación.
Ahora, sobre el punto debe tenerse en cuenta que la determinación de la
jurisdicción competente para conocer de una controversia específica, no es
en sí mismo un requisito formal de la demanda previsto en los artículos 162,
163, 166 y 167 de la Ley 1437 de 2011, sino que corresponde a un
presupuesto adjetivo propio de las actuaciones judiciales, relacionado con la
asignación adecuada de un litigio al juez natural del caso a fin de garantizar
el debido proceso.
De hecho, la falta de jurisdicción en realidad solo debe ser tenida en cuenta
como una irregularidad saneable y no como una causal de nulidad en sí
misma, pues en atención a que este tema se encuentra regulado por el Código
General del Proceso por remisión expresa que hace el artículo 208 del
CPACA, resulta evidente que solo constituye una situación anulatoria
conforme al artículo 133, numeral 1.° del CGP, la actuación del juez posterior
14Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 21 de abril de 2016. Radicado.
47001233300020130017101 (1416-2016).
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a la declaratoria de falta de jurisdicción o competencia, pues todo lo
desarrollado con antelación debe conservar su validez en atención al artículo
138 ibidem.
Por lo expuesto, la advertencia de determinado operador judicial sobre la
imposibilidad jurídica de conocer y tramitar un asunto en concreto al no ser de
su ámbito de decisión, constituye una situación perfectamente subsanable
tanto en la subetapa de saneamiento del proceso prevista en desarrollo de la
audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, o bien en los
diferentes controles de legalidad contemplados en el artículo 207 de la norma
ejusdem, eventos en los que si no se advierte lo propio ni se alega por ninguna
de las partes, se torna en un defecto superado como lo señala el parágrafo
del artículo 133 del CGP.
Al verificar el caso sub iudice, se observa que el Tribunal Administrativo de
Antioquia en virtud de las reglas precitadas, declaró la falta de jurisdicción
para dirimir el presente litigio según lo expuso en el auto del 30 de julio de
202015, con el que además propuso un conflicto negativo con la Jurisdicción
Ordinaria Laboral, que posteriormente resolvió la Corte Constitucional
mediante providencia del 3 de noviembre de 202116, en virtud de la cual asignó
la competencia para fallar el asunto al aludido tribunal de origen, ello con base
en los siguientes postulados:
«[…] 14. Así las cosas, en el presente caso la señora Restrepo Castañeda
pretende que Colpensiones reconozca y pague la pensión de vejez, teniendo
en cuenta los tiempos cotizados al ISS, a Porvenir y a BBVA Horizonte. Se
trata de una pretensión que se relaciona con la seguridad social de la
demandante, mediante la cual solicita una pensión a la cual habría accedido
por su calidad de empleada pública, conforme a régimen de transición, las
leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, y el Decreto 758 de 1990.25 En
consecuencia, es necesario evaluar la situación a la luz del numeral 4 del
Artículo 104 del CPACA para determinar si los jueces administrativos son
los competentes para conocer el asunto, o si, por el contrario, no cumple con
los dos factores que asignan la competencia a dicha jurisdicción. Respecto
al primer factor, es decir si fue empleada pública, en el expediente se
acredita que la señora Restrepo Castañeda trabajó desde 1987 hasta el 15
de diciembre de 2013 en Metrosalud ESE, donde ocupó el cargo de auxiliar
de enfermería-área de la salud, el cual fue catalogado por la misma entidad
como un cargo de empleados públicos.
15. Frente al segundo, se observa con claridad en el expediente que la
demandante se encuentra afiliada en el momento a Colpensiones, es decir,
una persona de derecho público.
16. De lo dicho se evidencia que la demandante pretende principalmente el
reconocimiento y pago de su pensión de vejez, de conformidad con el
régimen de transición y demás normas referidas. Además, se evidencia que
la señora Martha Cecilia Restrepo Castañeda fue empleada pública desde
el 15 de julio de 1987 hasta el 15 de diciembre de 2013, mismo año en que
solicitó el reconocimiento pensional. En consecuencia, consta que la
señora Restrepo Castañeda fue empleada pública, solicitó el
reconocimiento pensional en dicha calidad y está afiliada a un régimen
15 Visible en el archivo denominado «05AutoProponeConflictoCompetencia201601874» que reposa en
el expediente digital obrante en el índice 2 del registro en SAMAI».
16 Visible en el archivo denominado «14CorteConstitucionalDirimeConflicto201601874» que reposa en
el expediente digital obrante en el índice 2 del registro en SAMAI».
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administrado por una persona de derecho público. Teniendo en cuenta
esos factores, se concluye que la autoridad competente para resolver
el presente conflicto es la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Por lo tanto, esta Corporación resolverá el conflicto en el sentido de declarar
que corresponde a la Sala Unitaria de Oralidad del Tribunal Contencioso
Administrativo de Antioquia conocer de la demanda presentada por Martha
Cecilia Restrepo Castañeda contra Porvenir, BBVA Horizonte S.A., y
Colpensiones. La autoridad judicial mencionada será la competente
para pronunciarse sobre la totalidad de las pretensiones de la
demanda. La Sala ordenará remitirle el expediente de la referencia a dicha
autoridad judicial para lo de su competencia y para que comunique la
presente decisión a los interesados. […]». (Líneas de la Sala).
Como se observa, la tensión en materia de definición jurisdiccional ha sido
resuelta para el asunto de marras de una forma absolutamente clara y de
obligatorio acatamiento, es decir, sin posibilidad de generar una nueva
confrontación sobre el punto, pues la decisión que resolvió el conflicto fue la
de asignar el conocimiento del proceso al Tribunal Administrativo de
Antioquia, en orden de que este resolviera (como se resaltó previamente),
sobre todas las pretensiones de la demanda, es decir, incluida la referente al
traslado de la libelista al RAIS.
Con base en lo expuesto, se torna evidente que la alegada falta de
jurisdicción, en caso de que hubiese sido procedente, en realidad solo pudo
haber constituido una irregularidad procesal saneable, que tal como ocurrió
en el presente caso, fue superada en la medida en que el a quo declaró lo
propio, propuso un conflicto negativo de jurisdicciones y finalmente este fue
resuelto por la autoridad competente en el entendido de que, en efecto, era la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la encargada de analizar y
decidir este litigio.
En este orden de ideas, el hecho de que el juez plural de primera instancia
hubiese considerado que no se encontraba facultado para fallar sobre la
pretensión anulatoria de la afiliación al RAIS de la demandante, no significaba
que lo propio constituía una causal de nulidad que enervara lo actuado hasta
el momento, y mucho menos configuraba un defecto formal de la demanda
que estructurara la excepción de ineptitud sustantiva del libelo introductor.
Bajo el referido contexto, se advierte que el fundamento jurídico de la
sentencia de primera instancia que sustentó la decisión inhibitoria frente a la
pretensión en comento, no se centró en la verificación de los presupuestos de
la demanda en forma como tendría que haberse analizado en procura de
adoptar dicha decisión, sino en la supuesta falta de jurisdicción para resolver
sobre aquel punto, lo cual de ninguna manera conllevaba la ausencia de
pronunciamiento de fondo, y menos cuando la determinación del juez natural
del proceso ya había sido resuelta por la Corte Constitucional sin posibilidad
de generar una nueva controversia acerca del particular.
En todo caso, lo cierto es que bajo las particularidades del sub lite en virtud
de las cuales la parte activa ha radicado varias peticiones de impulso procesal
debido a la dificultad económica y de salud por la que atraviesa ante la
incertidumbre sobre la procedencia del derecho prestacional reclamado,
aunado a su condición de adulta mayor por tener 66 años de edad a la fecha
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de esta providencia17, para la Sala resultaría un desacierto jurídico convalidar
la declaratoria de inhibición bajo estudio, pues no solo tal decisión debe ser
absolutamente excepcional e indeseada, sino que únicamente puede
fundarse en los casos en los que prospere la ineptitud de la demanda por
verificación de defectos formales del libelo, que no puedan ser subsanados y
que además tengan la entidad sustancial suficiente para impedir al juez
pronunciarse sobre determinada reclamación, lo cual como se expresó
previamente no ocurre en el sub examine.
De hecho, respaldar en esta instancia la posición del Tribunal Administrativo
de Antioquia y del Ministerio Público, fundada en la falta de jurisdicción que
nunca acaeció como lo definió en su momento la Corte Constitucional,
constituiría una transgresión directa del derecho fundamental de la
demandante al acceso a la administración en clave de una tutela judicial
efectiva, sobre la cual se predica la posibilidad de los administrados de acudir
ante los jueces para obtener un fallo de fondo y en derecho sobre su situación
particular, con estricta sujeción de los procedimientos fijados, pero a la vez
con plena garantía y prelación de las prerrogativas sustanciales, como en este
evento sería la resolución de una controversia sobre una prestación periódica
de un sujeto de especial protección constitucional que busca la materialización
del sustento necesario para su congrua subsistencia.
En conclusión: en el presente caso no se estructuraron las causas para la
configuración de oficio de la excepción de «inepta demanda», con base en la
cual el a quo pudo haberse declarado válidamente inhibido respecto de la
pretensión tendiente a determinar la ineficacia o nulidad de la afiliación de la
demandante a la AFP Porvenir S.A., toda vez que dicha decisión se fundó en
la falta de jurisdicción entendida como una irregularidad procesal saneable,
que de ninguna manera conlleva la ausencia de pronunciamiento de fondo, y
menos aún cuando la determinación del juez natural del proceso ya había sido
resuelta por la Corte Constitucional sin posibilidad de generar una nueva
controversia acerca del particular.
Sobre el punto se recuerda que para la procedencia de una manifestación
inhibitoria, no deben verificarse aspectos procesales o nulidades de la
actuación, sino únicamente defectos formales de la demanda o una indebida
acumulación de pretensiones, que a su vez sean suficientes para impedir un
fallo de mérito respecto del litigio, esto por no poder ser subsanados y
asimismo por tener la injerencia sustancial necesaria que no configure un
exceso ritual manifiesto vulneratorio de garantías fundamentales como la tutela
judicial efectiva, principalmente en asuntos en los que el reclamante es un
sujeto de especial protección constitucional como sucede en el sub examine.
Segundo problema jurídico
¿Fue válido el traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
solicitado por la señora Martha Cecilia Restrepo Castañeda el 11 de mayo de
1998, a través del trámite de afiliación a la administradora privada demandada,
ello desde el punto de vista de la suficiencia e integridad de la asesoría que
dicha sociedad comercial debió brindarle a la reclamante en su momento para
que adoptara la decisión que más se ajustara a sus intereses?
17 Pues nació el 12 de febrero de 1956.
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La Subsección sostendrá la siguiente tesis: no es válido el traslado al régimen
de ahorro individual con solidaridad solicitado por la libelista mediante su
afiliación a la AFP Porvenir S.A., pues no se demostró que dicha
administradora hubiese suministrado la información clara, suficiente, integral y
transparente frente a las posibles consecuencias negativas que con dicho
cambio se generarían en su contra, lo cual trae consigo la ineficacia de aquella
decisión de cambio de marco regulatorio, tal como se explicará a continuación:
Regímenes del Sistema General de Pensiones creados en la Ley
100 de 1993 y su aplicabilidad para servidores públicos
El legislador expidió la Ley 100 de 1993 con la cual creó el Sistema General
de Pensiones, cuyo propósito era unificar los requisitos y condiciones para
reconocer dicha prestación social a todos los habitantes del territorio nacional,
sin distinción de sus tipos de vinculaciones laborales, bien en el sector privado
o público. No obstante, es claro que el sistema sí exceptuó de su regulación a
quienes fueran beneficiarios de algún régimen especial de aquellos
determinados expresamente en el artículo 279 ibidem.
Ahora bien, dado que en el caso de la libelista no se alega ni se advierte que
su condición como empleada pública hubiese estado enmarcada en alguna de
las sometidas a un régimen exceptuado, se tornará necesario verificar los
postulados de la Ley 100 de 1993 a título de fundamento normativo que
gobierna su situación particular, esto en orden de identificar las implicaciones
jurídicas desde el punto de vista del régimen de transición y de la posibilidad
de traslados entre el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y el
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD).
Acerca de este postulado, se destaca que el artículo 12 de la norma en cita
instituyó los referidos marcos regulatorios de la siguiente forma:
i) Del régimen de prima media con prestación definida
El primero está contemplado en el artículo 31 de la citada normativa, el cual
lo definió como «[…] aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen
una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización,
previamente definidas». Asimismo, el artículo 32 literal b) ibidem señaló que en
este régimen los aportes de sus afiliados constituyen «[…] un fondo común de
naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la
calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y
la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley […]».
Las personas afiliadas a este régimen obtendrán el derecho a la pensión de
vejez al cumplir los requisitos señalados en el artículo 9.° de la Ley 797 de
2003 que, en lo pertinente, modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 así:
«Artículo 9.° (Reglamentado parcialmente, Decreto Nacional 510 de 2003) El
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a
la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60)
años si es hombre.
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A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete
(57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en
50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015 […]»
De esta manera en el régimen de prima media con prestación definida el
afiliado adquiere el derecho a pensionarse por vejez cuando:
a) Cumpla 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del año
2014, 57 y 62 años respectivamente y;
b) Acredite tener mínimo 1000 semanas cotizadas, las cuales aumentarán a
partir del 1.º de enero de 2005 en 50 y de ahí en adelante hasta el año
2015 en 25 cada año para un total de 1300 semanas.
ii) Del régimen de ahorro individual con solidaridad
Ahora bien, el segundo régimen regulado por la Ley 100 de 1993 lo contempla
el artículo 59 y es el denominado de ahorro individual con solidaridad, el cual
se definió por la norma como «[…] El conjunto de entidades, normas y
procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos
destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus
afiliados […]».
Este, a diferencia del régimen de prima media con prestación definida, se basa
en el capital ahorrado por los aportes efectuados por el trabajador o la persona
independiente en un tiempo determinado, así como los respectivos
rendimientos financieros que aquel acumulado genere, los cuales constituyen
un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados.
Otra diferencia notoria es que el monto de la pensión no es determinado por
la ley sino que el mismo depende, en los términos del artículo 60 literal a) «[…]
de los aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros, y de los
subsidios del Estado, cuando a ellos hubiere lugar […]» lo que implica que sea
variable.
En cuanto a los requisitos para obtener la pensión de vejez en este régimen,
el legislador los reguló así:
«[…] Articulo. 64 Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los afiliados al
régimen de ahorro individual con solidaridad, tendrán derecho a una pensión de
vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta
de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110%
del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta ley,
reajustado anualmente según la variación porcentual del índice de precios al
consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en
cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste hubiere lugar.
Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los términos
del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador estará
obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral,
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legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60)
años si es mujer y sesenta y dos (62) años de edad si es hombre […]»
Es así como, quienes se encuentren afiliados al régimen de ahorro individual
con solidaridad, tienen derecho a obtener la pensión de vejez una vez hayan
reunido en su cuenta individual el capital necesario para financiarla y siempre
que la cuantía pensional no sea inferior al 110% del valor del salario mínimo
mensual legal vigente.
A diferencia del régimen de prima media con prestación definida la norma no
exige al afiliado el cumplimiento de una edad determinada o de un número
específico mínimo de semanas de cotización.
Ahora bien, la principal característica de los dos regímenes expuestos es que
aunque coexisten, son excluyentes entre sí, lo que quiere decir que solo puede
aplicarse uno al momento de reconocerse la pensión18.
Respecto a las características del sistema general de pensiones, el artículo 13
de la mencionada Ley 100, indicó:
«ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE
PENSIONES. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes
características:
a. <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El texto original era
el siguiente:> La afiliación es obligatoria salvo lo previsto para los trabajadores
independientes.
b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior
es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por
escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o
cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier
forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271
de la presente ley.
c. Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de
las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto
en la presente ley.
d. La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en
esta ley.
e. <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El texto original era
el siguiente:> Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el
régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, éstos
sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada tres (3) años, contados
a partir de la selección inicial, en la forma que señale el gobierno nacional.
f. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos
regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a
cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio
como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el
tiempo de servicio.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2016, radicación
número: 11001-03-25-000-2012-00016-00(0072-12).
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g. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los
dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a
cualesquiera de ellos.
h. En desarrollo del principio de solidaridad, los dos regímenes previstos por el
artículo 12 de la presente ley garantizan a sus afiliados el reconocimiento y pago
de una pensión mínima en los términos de la presente ley.
[…]
l. <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse
semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con
el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente
realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento
de la pensión. Tampoco podrán otorgarse pensiones del Sistema General que no
correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados, de
conformidad con lo previsto en la presente ley. Lo anterior sin perjuicio de lo
dispuesto en pactos o convenciones colectivas de trabajo; […]»
Por su parte, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, reguló el régimen de
transición e incorporó tres segmentos protegidos por esta, bajo los siguientes
parámetros:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.
[…]
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Lo dispuesto en el presente artículo
para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta
y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de
edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se
acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán
a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Tampoco será aplicable para quienes
habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan
cambiarse al de prima media con prestación definida. […]» (Subraya la
subsección).
Con posterioridad la Ley 797 de 2003 modificó algunos literales del artículo 13
de la Ley 100 de 1993, como se transcribe:
«Artículo 2.º Se modifican los literales a), e), i), del artículo 13 de la Ley 100 de
1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales
quedarán así:
Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones.
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a) La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e
independientes;
e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen
de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo
podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años,
contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia
de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le
faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la
pensión de vejez;
i) El fondo de solidaridad pensional estará destinado a […]» (Resaltado fuera del
texto original)
La norma anterior fue reglamentada por el Decreto 3800 de 2003, el cual, para
el caso de traslados de régimen señaló:
«[…] Artículo 1º. Traslado de Régimen de Personas que les falte menos de diez
años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. De
conformidad con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, las personas
a las que a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir
la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única
vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad, hasta dicha fecha. […]»
Igualmente, el Acto Legislativo 01 de 2005, delimitó la aplicación del régimen
de transición y reguló el parámetro temporal su vigencia en los siguientes
términos:
«[…] el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas
que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de
2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además,
tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios
a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les
mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios
pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen
[…]».
De ahí que, esta habilitación normativa y práctica de operación simultánea
avalada en nuestro ordenamiento entre el RPMPD (administrado por el extinto
ISS, hoy Colpensiones) y el RAIS (gestionado por los fondos privados), fue
precisamente para que cada uno de ellos pudiera satisfacer las obligaciones
de su competencia y respecto de los trabajadores que, de manera libre y
voluntaria, hubieren optado por afiliarse en uno u otro régimen.
Ahora bien, en lo concerniente a la delimitación de la protección transicional,
la cual no sería aplicable en los eventos en los que las personas se acogieran
de manera libre y voluntaria al régimen de ahorro individual con solidaridad,
pues estarían sujetas plenamente a las reglas de este sistema, se tiene que la
Corte Constitucional en sentencia C-789 de 2002 condicionó la aplicación de
este beneficio excepcional bajo el concepto de las expectativas legítimas, en
cuanto consideró que estas debían respetarse para quienes alcanzaron por lo
menos 15 años de servicio y, de esta manera, avaló que les fuera respetada
la transición, con el condicionamiento de que retornaran al régimen de prima
media con un ahorro que no fuera inferior al monto del aporte legal que allí les
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correspondía; no así para quienes únicamente hubieren acreditado el
requerimiento de la edad (35 años para mujeres y 40 para hombres).
Finalmente, acerca de las disposiciones reseñadas y para dilucidar toda la
problemática que giraba alrededor de las situaciones de traslados entre
regímenes del Sistema de Seguridad Social Integral, así como la exclusión de
los beneficios del régimen de transición, la Corte Constitucional emitió la
sentencia SU-130 del 13 de marzo de 2013, en la cual hizo varias definiciones
que despejan los argumentos de la parte apelante, a saber:
«[…] 10. Unificación de la jurisprudencia constitucional en relación con el traslado
del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con
prestación definida de los beneficiarios del régimen de transición y sus
implicaciones
[…]
10.3. Así las cosas, los sujetos del régimen de transición, tanto por edad como por
tiempo de servicios cotizados, pueden elegir libremente el régimen pensional al
cual desean afiliarse, pero la elección del régimen de ahorro individual o el
trasladado que hagan al mismo, trae como consecuencia ineludible, para el caso
de quienes cumplen el requisito de edad, la pérdida de los beneficios del régimen
de transición. En este caso, para efectos de adquirir su derecho a la pensión de
vejez, deberán necesariamente ajustarse a los parámetros establecidos en la Ley
100/93.
10.4. Según quedó explicado, la Corte, al resolver una demanda de
inconstitucionalidad presentada contra los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la
citada ley, en la Sentencia C-789 de 2002, declaró exequibles dichas
disposiciones, al constatar que la exclusión de los beneficios del régimen de
transición, únicamente para las personas que cumpliendo el requisito de
edad se acogieron al régimen de ahorro individual o se trasladaron a él, no
vulnera la Constitución Política, en la medida en que existe una clara
diferencia entre dichos sujetos y quienes tenían 15 años o más de servicios
cotizados a 1° de abril de 1994, lo cual justifica y hace razonable un trato
diferencial.
[…]
Bajo esa orientación, en la Sentencia C-789 de 2002, se declaró exequibilidad
condicionada de los incisos 4° y 5° de la Ley 100/93, en cuanto se entienda que
su contenido no aplica para las personas que tenían 15 años o más de servicios
cotizados para la fecha en que entró en vigencia en SGP. Es decir, que
únicamente esta categoría de trabajadores no pierde el régimen de transición por
el hecho de trasladarse al régimen de ahorro individual, pudiendo hacerlo efectivo
una vez retornen al régimen de prima media con prestación definida. Para tal
efecto, se fijaron dos importantes condiciones, a saber: (i) que al regresar
nuevamente a (sic) al régimen de prima media se traslade a él todo el ahorro
efectuado en el régimen de ahorro individual y (ii) que dicho ahorro no sea inferior
al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubieren
permanecido en el régimen de prima media.
10.5. En cuanto a la oportunidad para realizar el traslado del régimen de ahorro
individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, a
partir de la Sentencia C-1024 de 2004, se entendió que la prohibición contenida
en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100/93, en el sentido que no podrán
trasladarse quienes les falte diez (10) años o menos para cumplir la edad para
tener derecho a la pensión de vejez, no aplica para los sujetos del régimen de
transición por tiempo de servicios cotizados, quienes podrán hacerlo “en cualquier
tiempo”, conforme a los términos señalados en la Sentencia C-789 de 2002. La
referencia hecha a este último fallo, por parte de la Sentencia C-1024 de 2004, no
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Demandante: Martha Cecilia Restrepo Castañeda
significa cosa distinta a que solo quienes cumplen con el requisito de tiempo
se servicios cotizados (15 años o más) pueden retornar sin límite temporal
alguno al régimen de prima media, pues son los únicos afiliados que no
pierden el derecho al régimen de transición por efecto del traslado.
10.6. No sucede lo mismo, en cambio, con quienes son beneficiarios del régimen
de transición por edad, pues como quiera que el traslado genera en esta categoría
de afiliados la pérdida automática del régimen de transición, en el evento de querer
retornar nuevamente al régimen de prima media, por considerar que les resulta
más favorable a sus expectativas de pensión, no podrán hacerlo si les faltaren
diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de
vejez, dada la exequibilidad condicionada del artículo 13 de la Ley 100/93,
declarada en la Sentencia C-1024 de 2004.
10.7. Así las cosas, más allá de la tesis jurisprudencial adoptada en algunas
decisiones de tutela, que consideran la posibilidad de trasladado “en cualquier
tiempo”, del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, con beneficio
del régimen de transición para todos los beneficiarios de régimen, por edad y por
tiempo de servicios, la Corte se aparta de dichos pronunciamientos y se reafirma
en el alcance fijado en las sentencias de constitucionalidad, en el sentido de que
solo pueden trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de
prima media, en cualquier tiempo, conservando los beneficios del régimen
de transición, los afiliados con 15 años o más de servicios cotizados a 1° de
abril de 1994.
[…]
10.10. Bajo ese contexto, y con el propósito de aclarar y unificar la
jurisprudencia Constitucional en torno a este tema, la Sala Plena de la Corte
Constitucional concluye que únicamente los afiliados con quince (15) años
o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en
vigencia el SGP, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de
ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación
definida, conservando los beneficios del régimen de transición. Para tal
efecto, deberán trasladar a él la totalidad del ahorro depositado en la respectiva
cuenta individual, el cual no podrá ser inferior al monto total del aporte legal
correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima
media. De no ser posible tal equivalencia, conforme quedó definido en la
Sentencia C-062 de 2010, el afiliado tiene la opción de aportar el dinero que haga
falta para cumplir con dicha exigencia, lo cual debe hacer dentro de un plazo
razonable.
[…]
10.13. Así las cosas, con el fin de reconocerle efectos vinculantes a la
presente decisión, en la parte resolutiva de este fallo, se incluirá el criterio
de unificación adoptado en torno al tema del traslado de regímenes
pensionales, en el sentido de que únicamente los afiliados con quince (15)
años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual
entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse “en
cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad al
régimen de prima media con prestación definida, conservando los
beneficios del régimen de transición. […]». (Resaltado intencional).
Con fundamento en la sentencia de unificación citada, se puntualizan las
reglas generales de la circunstancia de traslado de régimen pensional en torno
al beneficio del régimen de transición:
• La Corte Constitucional en sentencia SU-130 de 2013, definió que
únicamente los afiliados al sistema pensional con 15 años o más de
servicios cotizados al 1.° de abril de 1994, podían trasladarse en cualquier
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momento del régimen de ahorro individual al de prima media y conservar
los beneficios del régimen de transición.
• De igual forma, en relación con lo previsto en el artículo 2 literal e) de la
Ley 797 del 2003, la Corte fue clara en torno a la interpretación armónica
que se debe dar a la normativa y descartó la posibilidad de traslado con
sostenimiento de los beneficios del régimen de transición para aquellos que
pretendan conservar dicho régimen por cumplir únicamente con la edad
exigida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, mujeres y hombres
con 35 y 40 años o más de edad, respectivamente.
• Así, para que el traslado del RAIS al RPMPD sea viable, sin pérdida del
beneficio de la transición de la Ley 100 de 1993, el afiliado como requisito
sine qua non debe acreditar que para la fecha de entrada en vigencia de
dicha norma tenía cumplidos 15 años o más de servicios.
Dicha postura ha sido asumida por parte de esta Subsección en asuntos con
contornos similares al presente19, en el sentido de hacer exigible el requisito
temporal de los 15 años de servicios o cotizaciones a la fecha de promulgación
de la Ley 100 de 1993 para aquellos trabajadores que al margen de que se
hubieran hecho beneficiarios de la transición prevista en el artículo 36
ejusdem, optaron voluntariamente por el RAIS para realizar los aportes
obligatorios con destino a pensión.
En el caso particular, la Subsección advierte que es necesario verificar si el
traslado del régimen de la demandante cumplió o no con los requisitos
señalados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte
Suprema de Justicia para conservar su validez. Lo anterior porque la
demandante busca que en virtud de la declaratoria de nulidad de su afiliación
a la AFP Porvenir S.A., se entienda que siempre ha estado sometida a las
previsiones del RPMPD a través del entonces ISS (hoy Colpensiones), para
que dicha entidad le reconozca una pensión de jubilación bajo la égida de una
normativa previa a la Ley 100 de 1993, y especial para los vinculados al
Instituto de los Seguros Sociales, esto es, el Decreto 758 de 1990.
Es decir, en esencia lo que se pretende es la aplicación del régimen de
transición de la primera norma en comento para ser beneficiario de los
postulados anteriores a la vigencia del Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones.
Este estudio es indispensable en la medida en que se advierten como
consecuencias colaterales a dicho traslado, la posible pérdida de transición, y
de contera la imposibilidad de acceder a la pensión de vejez conforme al marco
normativo invocado, por lo que se torna indispensable acudir a una
hermenéutica adecuada que se ajuste a los principios que inspiran el sistema
y a los regímenes pensionales, bajo el espectro de garantizar los derechos
irrenunciables de la persona para obtener una calidad de vida acorde con la
dignidad humana.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: (i) sentencia del 5 de noviembre de 2020,
radicación: 200012339000-2015-00358-01 (4244-2017), demandante: Libia del Carmen Ripoll Ripoll; (ii)
sentencia del 7 de mayo de 2020, radicación: 250002342000201503434 01 (2004-201), demandante:
Gladys Mora de Fúquene.
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Deber de información, asesoría y buen consejo frente a afiliados
en punto a los traslados de regímenes
De acuerdo con la trascendencia en materia de consecuencias jurídicas que
conlleva un cambio de régimen pensional dentro del sistema propiamente
dicho, se hace palmaria la necesidad de que, al momento en que la persona
opte por escoger el régimen al cual efectuar sus cotizaciones a seguridad
social, esta hubiere sido debidamente asesorada de manera precisa y
transparente respecto a las repercusiones que dicha transferencia podría
acarrear, pues es justamente la información asimétrica referente a la forma en
que operan y conceden la prestación de vejez de los regímenes, la que
permitirá la escogencia espontánea y consciente de los afiliados.
Lo anterior, como en efecto lo ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia,
al estudiar la importancia de la información y las consecuencias de su
ausencia, así:
«[…] la elección de cualquiera de los dos regímenes debe ser libre y voluntaria, lo
que se exige no es cualquier tipo de asesoría, sino aquella que permita el
ejercicio de la libertad informada, cuya infracción castiga la propia normativa en
la medida en que indica que si el empleador o cualquier persona natural o jurídica
la desconoce, se hace merecedor de las sanciones previstas en el inciso 1 del
artículo 271
[…]
Es que el propio Estatuto de Seguridad Social, desde su origen, reconoce que, en
el marco de los regímenes pensionales de prima media y el de ahorro individual
con solidaridad, podían presentarse asimetrías en la información, sobre todo con
estas últimas Administradoras de Pensiones, y contempló para el efecto unas
consecuencias en las que, fundamentalmente, da cuenta sobre lo trascendente de
las afiliaciones a ellos para los asociados, máxime la incidencia que, frente al
régimen de transición tenían y en ese sentido adopta las correcciones pertinentes,
también para los empleadores.
Así que es la propia ley la que sanciona, con severidad, el incumplimiento íntegro
de los deberes de información que les atañe e incluso, para la controversia aquí
suscitada ello era determinante, de un lado porque la simple manifestación
genérica de aceptar las condiciones, no era suficiente y, de otro, correspondía dar
cuenta de que se actuó diligentemente, no solo por la propia imposición que trae
consigo la referida norma, sino porque en los términos del artículo 1604 del Código
Civil, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo y,
en este específico caso ellas no se agotan solo con traer a colación los
documentos suscritos, sino la evidencia de que la asesoría brindada era
suficiente para la persona, y esto no se satisfacía únicamente con llenar los
espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la
información plasmada correspondiera a la realidad y atendiera las pautas
para que se adoptara una decisión completamente libre, en las voces del
referido artículo 13 de la Ley 100 de 1993 […]»20. (Negrita intencional).
Sobre el punto se recalca que el deber de información en lo que atañe a su
contenido y alcance se encuentra en cabeza de las administradoras de
pensiones, en la medida en que sobre estas recae la obligación de informar
de manera idónea y oportuna acerca de las ventajas y desventajas que se
20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 14 de noviembre de 2018, número
de providencia: SL4964-2018.
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derivan para el afiliado sobre su vinculación y posterior traslado entre un
régimen y otro.
Con relación a ello se pronunció la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en sentencia el 22 de noviembre de 201121. Se cita:
«[…] Es razón de existencia de las Administradoras la necesidad del sistema de
actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, con conocimientos y
experiencia, que resulten confiables a los ciudadanos quienes les van a entregar
sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez, su invalidez o para su familia
cercana en caso de muerte prematura.
Esas particularidades ubican a las Administradoras en el campo de la
responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y
oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de carácter
previsional, la misma que, por ejercerse en un campo que la Constitución Política
estima que concierne a los intereses públicos, tanto desde la perspectiva del
artículo 48 como del artículo 335, se ha de estimar con una vara de rigor superior
a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares. […]»
A su vez, la Corte Constitucional ha ratificado y desarrollado el principio de
«libertad de elección de régimen», en acatamiento del deber de proporcionar
información, el cual se configura como uno de los plurales deberes de las
administradoras con respecto a sus afiliados. Tal como se señaló en sentencia
T-191 de 2020, de la siguiente manera:
«[…] 88. La libertad de elección presupone conocimiento de los regímenes
pensionales, así como de las consecuencias que implica la elección. Este
conocimiento, a su vez, se rige por el principio de la información, el cual
vincula al empleador al momento de enganchar al trabajador, así como a la
administradora de fondos de pensiones, al momento de afiliarse o
trasladarse.
89. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha derivado este principio
del artículo 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 3
literal c) de la Ley 1328 de 2009 y ha indicado que las administradoras de fondos
de pensiones tienen la obligación de brindar asesoría seria y concreta, conforme
con un análisis o estudio previo de la posición, la condición y la situación fáctica
del afiliado. Esta información tiene como finalidad permitirle a los afiliados o
usuarios del sistema pensional a adoptar una decisión consciente y
realmente libre sobre su futuro pensional, así como las ventajas y
desventajas de la elección.
90. El principio de información se concreta, a su vez, en las siguientes
obligaciones: a) se debe suministrar información y asesoría a través de un
lenguaje claro, simple y comprensible, y; b) debe darse a conocer toda la
verdad objetiva –y comparada– de los regímenes, evitando
sobredimensionar lo bueno, callar lo malo y parcializar lo neutro. […]»22
(Negritas de la Subsección).
En virtud de lo anterior, se colige que el hecho de la afiliación o traslado de
regímenes de un usuario trae consigo repercusiones de gran envergadura,
verbi gracia, los términos en que se causará y disfrutará el derecho económico
21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 22 de noviembre de 2011,
radicación: 33083.
22 Corte Constitucional, sentencia T-191 de 2020.
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de la pensión, o en el caso de los beneficios o inconvenientes que puedan
recaer sobre el afiliado partiendo de las diferentes alternativas para acceder a
dicha prestación en los dos regímenes pensionales existentes.
Por lo que el traslado deja de ser entonces una mera cuestión legal y adquiere
de manera inexorable una relevancia superior por estar en juego un derecho
constitucional como lo es el de la seguridad social, y especialmente el de la
pensión.
Bajo este contexto, en materia de seguridad social, la responsabilidad de los
fondos de previsión social atinente a brindar la adecuada asesoría, no puede
ser abstracta o limitada, pues lo que se pretende es recaudar información
contenciosa respecto a las necesidades individuales de cada uno de los
afiliados, porque de no hacerse así, se desconocería el postulado de la debida
información, esto es, de conocer de manera detallada los hechos y
consecuencias de la decisión que el administrado opte por escoger. En
consecuencia, los datos sesgados o incompletos serían transcendentes para
que las personas tomen decisiones equivocadas.
En armonía con dicha intelección, el Decreto 663 de 199323 aplicable a las
administradoras de fondos de pensión, previó en el numeral 1.° del artículo 97
la siguiente obligación a cargo de las referidas entidades:
«ARTICULO 97. INFORMACIÓN.
1. Información a los usuarios. <Numeral modificado por el artículo 23 de la Ley 795
de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Las entidades vigiladas deben suministrar
a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la
mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a
través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del
mercado y poder tomar decisiones informadas. […]».
Por consiguiente, puede verse que las sociedades administradoras de fondos
pensionales han acarreado la obligación de garantizar una afiliación libre y
voluntaria a través de la entrega de información clara, suficiente y responsable
que permitiera al trabajador elegir entre las diversas opciones posibles en el
mercado aquella que mejor se ajustara a sus intereses.
En tal sentido, el ofrecimiento de estos servicios, por estar relacionado con una
garantía constitucional como el derecho a la seguridad social, debía estar
precedida del respeto frente a las personas e inspirado en los principios de
prevalencia del interés general, transparencia y buena fe de quien presta un
servicio público.24
Es por ello que dada la doble calidad de las AFP de sociedades de servicios
financieros y entidades de la seguridad social, el cumplimiento de brindar
información objetiva y transparente a los usuarios es mucho más riguroso que
el que podía exigirse a otra entidad financiera, pues de su ejercicio dependen
23 "Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación
y numeración".
24 ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que señale la ley.
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onerosos intereses sociales, como lo son la protección de los riesgos de la
vejez, invalidez y/o muerte.25
A su turno, con la expedición de la Ley 1328 de 200926 se desarrolló de manera
significativa la protección de los usuarios financieros del sistema de seguridad
social en pensiones, el cual puntualizó que, en las relaciones entre los
consumidores y las entidades financieras, debía observarse de manera
minuciosa el principio de transparencia e información cierta, suficiente y
oportuna, así:
«Artículo 3. Principios. Se establecen como principios orientadores que rigen las
relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los
siguientes:
[…]
c) Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades
vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta,
suficiente, clara y oportuna, que permita, especialmente, que los consumidores
financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en
las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. […]».
Por su parte, el Decreto 2555 de 201027 que incorporó lo preceptuado por el
Decreto 2241 del mismo año28, en su artículo 2.6.10.1.2 efectuó sendos
desarrollos de los principios trazados por la Ley 1328 de 2009, a saber:
«Artículo 2.6.10.1.2 Principios. Los principios previstos en el artículo 3 de la ley
1328 de 2009 se aplican integralmente al Sistema General de Pensiones, teniendo
adicionalmente en cuenta los aspectos particulares que se desarrollan en los
siguientes numerales:
1. Debida Diligencia. Las administradoras del Sistema General de Pensiones
deberán emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos
y/o en la prestación de sus servicios a los consumidores financieros, a fin
de que éstos reciban la información y/o la atención debida y respetuosa en
relación con las opciones de afiliación a cualquiera de los dos regímenes
que conforman el Sistema General de Pensiones, así como respecto de los
beneficios y riesgos pensionales de la decisión. En el caso del Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad, deberán poner de presente los tipos de fondos
de pensiones obligatorias que pueden elegir según su edad y perfil de riesgo, con
el fin de permitir que el consumidor financiero pueda tomar decisiones informadas.
Este principio aplica durante toda la relación contractual o legal, según sea el
caso.
2. Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las administradoras
del Sistema General de Pensiones deberán suministrar al público información
cierta, suficiente, clara y oportuna que permita a los consumidores
financieros conocer adecuadamente los derechos, obligaciones y costos
que aplican en los dos regímenes del Sistema General de Pensiones.
25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 9 de septiembre de 2008,
radicación: 31989.
26 Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras
disposiciones.
27 Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del
mercado de valores y se dictan otras disposiciones.
28 Por el cual se reglamenta el Régimen de Protección al Consumidor Financiero del Sistema General
de Pensiones y se dictan otras disposiciones.
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3. Manejo adecuado de los conflictos de interés. Las administradoras del
Sistema General de Pensiones y las compañías aseguradoras de vida que tienen
autorizado el ramo de rentas vitalicias deberán velar porque siempre
prevalezca el interés de los consumidores financieros. […]». (Subrayas de
la Sala).
De acuerdo con las anteriores preceptivas, es dable asumir que el deber de
asesoría y promoción en la prestación del servicio por parte de los fondos
privados de pensiones, guarda cohesión especialmente con la noción de
protección de los usuarios financieros del sistema de seguridad social en
pensiones, a fin de instar por el respeto y cumplimiento de los principios y el
contenido básico de información, así como permite avizorar el alcance que
acarrea dicho traslado con precisión de las asesorías y buen consejo a cargo
de las administradoras de pensiones.
Lo anterior ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte
Suprema de Justicia29, cuando se indicó lo siguiente:
«[…] La información cierta es aquella en la que el afiliado conoce al detalle las
características legales del régimen, sus condiciones, requisitos y las circunstancias en
las que se encontraría de afiliarse a él. La información suficiente incluye la
obligación de dar a conocer al usuario, de la manera más amplia posible, todo lo
relacionado sobre el producto o servicio que adquiere; por tanto, la suficiencia es
incompatible con informaciones incompletas, deficitarias o sesgadas, que le impidan
al afiliado tomar una decisión reflexiva sobre su futuro. La información oportuna
busca que esta se transmita en el momento que debe ser, en este caso, en el
momento de la afiliación o aquel en el cual legalmente no puede hacer más traslados
entre regímenes; la idea es que el usuario pueda tomar decisiones a tiempo […]».
(Negritas por fuera del texto).
En relación con el deber del buen consejo por parte de las administradoras
con los consumidores, el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2555 ejusdem indicó
lo siguiente:
«Artículo 2.6.10.2.3 Asesoría e información al Consumidor Financiero. Las
administradoras del Sistema General de Pensiones tienen el deber del buen
consejo, por lo que se encuentran obligadas a proporcionar a los
consumidores financieros información completa respecto a los beneficios,
inconvenientes y efectos de la toma de decisiones en relación con su
participación en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de
Pensiones.
Las administradoras de los dos regímenes del Sistema General de
Pensiones, deberán garantizar que los afiliados que quieran trasladarse entre
regímenes pensionales, esto es del Régimen de Ahorro Individual al Régimen
de Prima Media y viceversa, reciban asesoría de representantes de ambos
regímenes, como condición previa para que proceda el traslado. Lo anterior
de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la
Superintendencia Financiera de Colombia. […]». (Resaltado intencional).
A su turno el parágrafo 1 del artículo 2.° de la Ley 1748 de 2014 30 indicó que
los afiliados que quieran trasladarse deben recibir asesoría de representantes
29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 3 de abril de 2019, radicación:
68852.
30 «Por medio de la cual se establece la obligación de brindar información transparente a los
consumidores de los servicios financieros y se dictan otras disposiciones». Exigencia, que fue reafirmada
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de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado. Al
respecto, se cita:
«Artículo 2°. Las administradoras de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro
Individual tendrán la obligación de poner a disposición de sus afiliados a través de
los distintos canales que dispongan las administradoras y, trimestralmente, a
través de extractos que serán enviados al afiliado por el medio que este escoja, la
siguiente información:
[…]
Parágrafo 1°. Adicionar un inciso 2 al artículo 9° de la Ley 1328 de 2009, que
regula el contenido mínimo de la información al consumidor financiero, cuyo texto
es el siguiente:
En desarrollo de lo anterior, las Administradoras del Sistema General de
Pensiones deberán garantizar que los clientes que quieran trasladarse entre
regímenes pensionales, reciban asesoría de representantes de ambos
regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre
regímenes. Lo anterior de conformidad con las instrucciones que para el
efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia». (Subrayas
fuera del texto original).
El deber de información por parte de los dos regímenes al momento del
traslado también fue exigido en la Circular Externa 016 de 2016 expedida por
la Superintendencia Financiera de Colombia que modificó el Capítulo I del
Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de
2014), que en su artículo 3.° previó:
«3.13 Deber de asesoría para que proceda el traslado de afiliados entre
regímenes.
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 9° de la ley 1328 de 2009, adicionado
por el parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 1748 de 2014, y el artículo 2.6.10.2.3
del Decreto 2055 de 2010, las Administradoras del Sistema General de Pensiones
deben garantizar que los afiliados que deseen trasladarse de regímenes
pensionales, reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como
condición previa para que proceda el traslado».
Bajo dicha premisa, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que antes de
que se realice un cambio de régimen, debe informarse al usuario como mínimo
las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada
régimen pensional, así como los riesgos y consecuencias que el traslado
genera para cada afiliado. En efecto, en sentencia SL2324-2019 del 19 de
marzo de 201931 señaló:
«[…] Teniendo en cuenta el rol y la composición de las administradoras de
pensiones, la ley ha estatuido en ellas el deber de informar idónea y oportunamente
acerca de las ventajas y desventajas que acarrea para el afiliado la vinculación y/o
posterior traslado entre uno y otro régimen. Lo anterior, bajo el entendido de que
son estas instituciones las que conocen y son expertas en el andamiaje y
funcionamiento del Sistema General de Pensiones, pues es su deber suplir de la
mejor manera posible todas las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y
la muerte.
en el Decreto 2071 de 2015 «Por el cual se modifica el Decreto número 2555 de 2010 en lo referente al
régimen de protección al consumidor financiero del Sistema General de Pensiones».
31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 19 de marzo de 2019, radicación:
64860.
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Dicho razonamiento quedó consignado en el fallo CSJ SL, 22 noviembre 2011,
radicación 33083, así:
Las administradoras de pensiones lo son de un patrimonio autónomo propiedad de
los afiliados, según lo prescribe el artículo 97 de la Ley 100 de 1993; la ley radica
en ellas el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculen a ellas, y cuyos
deberes surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su
afiliación a la administradora.
Es razón de existencia de las Administradoras la necesidad del sistema de actuar
mediante instituciones especializadas e idóneas, con conocimientos y experiencia,
que resulten confiables a los ciudadanos quienes les van a entregar sus ahorros y
sus seguros de previsión para su vejez, su invalidez o para su familia cercana en
caso de muerte prematura.
Esas particularidades ubican a las Administradoras en el campo de la
responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y
oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de carácter
previsional, la misma que, por ejercerse en un campo que la Constitución Política
estima que concierne a los intereses públicos, tanto desde la perspectiva del
artículo 48 como del artículo 335, se ha de estimar con una vara de rigor superior
a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.
Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de
carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las
obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial las de los
artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia,
con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de
la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida
para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o
contractual.
La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con
específica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión
fiduciaria, como la de las administradoras de pensiones, que emanan de la buena
fe, como el de la transparencia, vigilancia, y el deber de información.
Así las cosas, teniendo como punto de partida el hecho de que la afiliación o
traslado entre regímenes trae consigo repercusiones de gran envergadura, a
saber, los términos en que se causará y disfrutará el derecho fundamental a la
pensión, debe indicarse con especial énfasis que el contenido de la
información a suministrar por parte de las administradoras, debe constar
imprescindiblemente tanto en las etapas del proceso de traslado, como de
los beneficios o inconvenientes que se puedan recaer sobre el afiliado, en
concordancia con las diferentes alternativas para acceder a determinada
prestación en el RPM o en el RAIS. […]» (Cursiva del texto original, Negrita
de la Subsección).
Como se advierte de lo antedicho, en este nuevo curso se elevó el nivel de
exigencia a las administradoras de fondos de pensiones, pues ya no es
suficiente con proporcionar las distintas opciones del mercado, con sus
características, condiciones, riesgos y demás efectos que se deriven de la
escogencia, sino que, de manera concomitante, implica un mandato de brindar
asesoría y buen consejo; de modo que la situación del trabajador, con sujeción
a su edad, semanas de cotización, IBC, grupo familiar, entre otros, conjugue
un conocimiento objetivo de los regímenes pensionales y subjetivo a nivel
individual, más la opinión experta sobre el asunto, de cara a tomar una decisión
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responsable en torno a la inversión más apropiada de sus ahorros
pensionales.
En resumen, el deber de información que tienen las AFP frente a los
administrados es amplia, puesto que comporta el análisis previo, especializado
y global de los antecedentes del interesado, junto con los pormenores que
provengan con los regímenes pensionales. De ello que en los casos en que
los afiliados sean beneficiarios del régimen de transición de que trata el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, esto implicaría una responsabilidad aún superior,
por cuanto, de manera indiscutible, aquellos trabajadores tenían una
expectativa legítima que se podría ver comprometida a causa del arbitrio de
las administradoras al momento de suministrar información.
Lo expuesto no conlleva argüir per se que una persona beneficiaria de la
referida transición no pueda optar por el traslado de regímenes y, en principio,
perder dicha expectativa del derecho económico; sino que se torna necesario
que la decisión sea tomada con pleno conocimiento de las consecuencias que
acarrean dicho cambio, lo que, en todo caso, supondría una mayor carga
probatoria por parte de las administradoras a fin de evidenciar la ilustración y
acompañamiento de personas expertas en la materia que le hubieren
permitido al trabajador tomar la decisión aún bajo los posibles resultados
adversos a sus intereses.
Es así como se ha hecho imprescindible demostrar por parte de las entidades
de previsión que no existió asimetría de la información y, en consecuencia,
proveer al juez de conocimiento todos los medios probatorios que lleven al
convencimiento pleno de que, al momento de producirse el traslado de
regímenes, el afiliado contaba con los elementos de juicio suficientes para
decidir libre y voluntariamente.32
El solo consentimiento que versa en el formulario de afiliación no
es suficiente para determinar la plena validez del traslado
Como bien se ha expuesto en parágrafos que anteceden, la doctrina y la
legislación colombiana han elaborado una serie de obligaciones especiales
para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, dentro de
las cuales se encuentran inmersas las administradoras de pensiones, que
provienen de los principios de la buena fe, transparencia, vigilancia y, sobre
todo, el deber de información. Así entonces, estos detalles informativos deben
comprender todas las etapas del proceso, desde el momento intencional en
que el interesado recurre a la AFP en procura de obtener conocimiento sobre
la posible afiliación al nuevo régimen, hasta la determinación de las
condiciones para el disfrute prestacional.
De este modo, es relevante aclarar que, en la oportunidad que el afiliado opte
por el traslado de régimen pensional, no será suficiente la simple suscripción
del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe
corresponder a la realidad, es decir, que el acto jurídico de cambio de régimen
debe estar antecedido de una serie de instrucciones al usuario acerca de las
consecuencias y riesgos de dicho traslado. En otros términos, no simplemente
se debe verificar que existió una transferencia al régimen de ahorro individual
32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 3 de septiembre 2014, número
de providencia: SL12136.
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con solidaridad, sino, advertir que el mismo se hubiere realizado bajo los
parámetros de libertad informada.
Sobre el particular, en sentencia del 9 de septiembre de 2008 33 la Corte
Suprema de Justicia indicó:
«[…] Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus
interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría
que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias
de alta complejidad.
Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que
ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está,
y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como
en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de
información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la
administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio
más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer
las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si
ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente
le perjudica.
[…]
No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación
a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante,
que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria,
que "se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones", pues lo que se
echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa
decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo
que ella entraña. […]». (Negrita de la Sala).
Conforme a la jurisprudencia en cita, se observa que las administradoras de
los fondos privados de pensiones, al versar su naturaleza sobre entidades que
desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia
en la prestación de los servicios, bajo el entendido que, en el escenario que
conduce al traslado de regímenes pensionales por parte de los particulares,
no se trataba únicamente de completar requerimientos formales como la
suscripción de un formato, sino de haber contado con los elementos
suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada.
En relación con esta exigencia relativa a la simetría en la información
entregada al usuario, la cual resulta determinante para advertir sobre la validez
o no de la escogencia del régimen pensional, se observa que esta no solo
estaba prevista en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 antes indicado, sino
además en el artículo 97 del entonces Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero (Decreto 663 de 1993) señalado en párrafos que anteceden, en los
cuales se contempló la severidad frente a dichas entidades en cuanto debían
obrar tanto de conformidad a la ley, así como soportadas en los principios de
buena fe y de servicio a los intereses sociales.
En efecto, de cara a la suscripción del formulario de traslado como única
prueba para desvirtuar la negligencia en la remisión de información al afiliado,
33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 9 de septiembre de 2008,
radicación: 31389.
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el supremo órgano de la jurisdicción ordinaria en providencia SL12136-201434
enunció:
«[…] De manera que, conforme lo discurrido queda claro que existirá ineficacia de
la afiliación cuando quiera que i) la insuficiencia de la información genere lesiones
injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al
derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo
con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los
términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de
Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados,
los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo
271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y
negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. […]»
Sobre el anterior aspecto, vale decir que no podría argüirse que existe un
consentimiento informado cuando las personas desconocen sobre la
incidencia que el traslado pudiere tener frente a sus derechos prestacionales,
como mucho menos que pueda estimarse satisfecho el requisito de la
información clara y responsable con una simple expresión genérica como lo
es el formulario de afiliación del usuario. De allí que desde un inicio se haya
impuesto el deber a las AFP de documentar el asesoramiento claro y suficiente
sobre los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar
ineficaz dicho tránsito.
Inversión de la carga de la prueba a favor del afiliado
De todo lo expuesto, es plausible concluir que, la demostración de un
consentimiento informado y libre en el traslado de régimen, es el que tiene la
virtud de brindar al juez el convencimiento de que ese contrato de
aseguramiento goza de plena validez.
En ese sentido, frente al puntual cuestionamiento de a quién le corresponderá
probar la eficacia del traslado, debe precisarse que, si el afiliado aduce no
haber recibido la información debida al momento del asesoramiento previo al
cambio de régimen, ello incumbe un supuesto negativo que no puede
demostrarse materialmente por la parte que lo invoca. Es así como se torna
imprescindible que esta carga probatoria recaiga sobre la contraparte (entidad
administradora), quien deberá demostrar que se suministró la asesoría en
forma correcta, dado que es quien está en posición de hacerlo.
Por cuanto conforme se ha visto, el deber de información al momento del
traslado de regímenes se configura como una obligación conducida por las
administradoras de fondos de pensiones, por lo que es precisamente a estas
a quienes les corresponde acreditar la realización de todas las actuaciones
necesarias a fin de que el afiliado conociera las implicaciones del cambio.
Todo lo anterior, justamente porque la inversión de la carga de la prueba en
favor del afiliado guarda relación con la regla de justicia, que traza el desatino
de exigir a quien está en una posición probatoria desmejorada o de desventaja,
el esclarecimiento de hechos que el otro extremo está en mejor condición de
ilustrar. Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha expuesto los motivos que
conllevan a afirmar dicha premisa, porque:
34 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 3 de septiembre de 2014, número
de providencia: SL12136.
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«[…] En este caso, pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito,
en la medida que (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a
un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el fondo de pensiones
mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación
soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que (iii) es
esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información
y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno
cumplimiento.
Mucho menos es razonable invertir la carga de la prueba contra la parte débil de
la relación contractual, toda vez que, como se explicó, las entidades financieras
por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la
operación, tienen una clara preeminencia frente al afiliado lego. A tal grado es lo
anterior, que incluso la legislación (art. 11, literal b), L. 1328/2009), considera una
práctica abusiva la inversión de la carga de la prueba en disfavor de los
consumidores financieros. […]»35.
El anterior marco normativo y jurisprudencial aplicado al sub
examine
Definidos los lineamientos que preceden respecto a las obligaciones y
consecuencias derivadas del traslado de régimen en el Sistema General de
Seguridad Social, de cara al caso de marras, la Subsección encuentra probado
lo siguiente36:
Copia del registro civil de nacimiento de la señora Martha Cecilia Restrepo
Castañeda, a partir del cual se desprende que aquella nació el 12 de
febrero de 1956.
Certificado de información laboral emitido por la Dirección Seccional de
Salud de Antioquia, en la que se indica que la libelista estuvo vinculada
como auxiliar de enfermería con dicha entidad desde el 29 de abril de 1981
hasta el 25 de abril de 1982. Se destaca que en dicho documento se
precisó que durante el referido lapso no se realizaron aportes a Seguridad
Social en Pensiones.
Certificado laboral suscito por el jefe encargado del Departamento de
Recursos Humanos del Instituto de los Seguros Sociales de Antioquia del
que se desprende que la demandante laboró al servicio del ISS como
auxiliar de servicios asistenciales del 2 de julio de 1979 al 15 de diciembre
de 1980, del 29 de diciembre de 1980 al 22 de enero de 1981, del 26 de
enero al 11 de febrero de 1981, del 23 de febrero al 15 de marzo de 1981,
del 1.° al 23 de noviembre de 1984, del 30 de noviembre al 26 de diciembre
de 1984, del 28 de diciembre de 1984 al 21 de enero de 1985, del 4 al 19
de febrero de 1985, del 22 al 26 de abril de 1985, del 2 al 13 de mayo de
1985, del 30 de mayo al 2 de junio de 1985, del 24 de junio al 11 de julio
de 1985, del 22 de julio al 14 de agosto de 1985, y del 21 de mayo al 25
de junio de 1987.
Certificado de información laboral emitido el 15 de febrero de 2012 por la
ESE Metrosalud, con el que se precisa que la señora Restrepo Castañeda
35 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 8 de mayo de 2019, número de
providencia: SL1688.
36 Todo el material probatorio que se relaciona a continuación, reposa en el archivo denominado
«01Demanda201601874», visible en el expediente digital obrante en el índice 2 del registro en SAMAI.
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laboró como auxiliar de enfermería inicialmente vinculada con el municipio
de Medellín desde el 15 de julio de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1990
sin que se hubiesen efectuado aportes a pensión. Posteriormente, aquella
laboró directamente al servicio de la Empresa Social del Estado aludida
del 1.° de enero de 1991 al 30 de junio de 1995, ello nuevamente sin
cotizaciones al SGSSP, así como del 1.° de julio de 1995 al 30 de junio de
1998, pero esta vez con aportes al entonces ISS, luego del 1.° de julio de
1998 al 31 de diciembre de 2002 afiliada a la AFP BBVA Horizonte S.A.,
posteriormente del 1.° de enero de 2003 al 30 de abril de 2010 con
cotizaciones a la AFP Porvenir S.A., y finalmente del 1.° de mayo de 2010
hasta la data de expedición del certificado (15 de febrero de 2012),
nuevamente con afiliación al otrora Instituto de los Seguros Sociales (hoy
Colpensiones).
Constancia signada el 20 de noviembre de 2018 por el líder del programa
de administración de salarios de la E.S.E. Metrosalud de Medellín, en la
que se advierte que la libelista ejerció funciones en dicha entidad en
calidad de auxiliar de enfermería desde el 15 de julio de 1987 hasta el 15
de diciembre de 2013.
Resumen de semanas cotizadas al extinto ISS (hoy Colpensiones),
actualizado al 4 de septiembre de 2014, del que se verifica que la
reclamante realizó aportes a dicha administradora por sus vinculaciones
laborales con el Instituto de los Seguros Sociales (del 18 de julio de 1979
al 30 de enero de 1981) y con la ESE Metrosalud (del 1.° de julio de 1995
al 31 de diciembre de 2013), para un total de 1.010,71 semanas
acumuladas.
Formulario de solicitud de traslado de régimen y vinculación al Fondo de
Pensiones Colpatria, radicado por la demandante el 11 de mayo de 1998,
en el que se observa que aquella se encontraba afiliada al entonces ISS
en vigencia del RPMPD, y particularmente se destaca un espacio para
firma donde se indica lo siguiente: «[…] Hago constar que la selección del
régimen de ahorro individual con solidaridad la he efectuado en forma libre,
espontánea y sin presiones. Manifiesto que he elegido a al Fondo de Pensiones
Colpatria para que administre mis aportes pensionales y solicite el traslado de los
valores a que tenga derecho de la anterior entidad administradora. Así mismo
declaro que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos. […]». Lo
anterior conforme se observa de la siguiente imagen:
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Solicitud de traslado de la AFP BBVA Horizonte S.A. a la AFP Porvenir
S.A. por absorción de esta última a la primera, radicada el 2 de enero de
2012 por la señora Martha Cecilia Restrepo, de la cual se resalta que su
firma está precedida del mismo aparte referido anteriormente sobre la
toma de la decisión libre y espontánea, tal como se verifica de la siguiente
imagen:
Petición del 28 de enero de 2009 formulada por la libelista ante el jefe
nacional de afiliación y registro del ISS, con la que solicitó que se aceptara
su traslado de la AFP Porvenir S.A., nuevamente a la referida
administradora del RPMPD, a fin de conservar sus beneficios del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993.
Oficio 2734 del 17 de marzo de 2010 emitido por el director de afiliaciones
y traslados de la AFP Porvenir S.A., en el que se le informa a la libelista
que en cumplimiento del fallo de tutela proferido en contra de la referida
administradora, se autorizó y aprobó su traslado al ISS, por lo que el 16 de
marzo de 2010 se procedió a girar a dicha entidad todos los aportes y
rendimientos que se encontraban en su cuenta particular.
Reporte de consulta de ASOFONDOS del 28 de octubre de 2014, en el
que se indica que la reclamante ha tenido 4 vinculaciones a
administradoras de fondos de pensiones: i) por traslado de régimen del
entonces ISS al Fondo de Pensiones Colpatria, efectiva desde el 1.° de
julio de 1998; ii) con motivo de una cesión por fusión de esta última con la
AFP BBVA Horizonte S.A. ocurrida desde el 29 de septiembre de 2000; iii)
en razón de un proceso de absorción de la precitada administradora por
parte de la AFP Porvenir S.A. generada el 1.° de diciembre de 2012; y iv)
finalmente por traslado nuevamente al RPMPD afiliada al entonces ISS
(hoy Colpensiones), desde el 1.° de marzo de 2010 en adelante.
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Certificado del 21 de octubre de 2013 signado por el gerente de clientes
de la AFP Porvenir S.A., del cual se verifica que la demandante estuvo
afiliada desde el 1.° de diciembre de 2002 hasta el 28 de febrero de 2010
con aportes efectuados por la ESE Metrosalud y que correspondieron
finalmente a un capital acumulado de $49.431.583 que fueron trasladados
al entonces ISS.
Solicitud del 5 de diciembre de 2013 presentada ante Colpensiones por la
señora Restrepo Castañeda con la que instó a dicha autoridad que validara
las cotizaciones trasladadas por la AFP Porvenir S.A. desde el 16 de marzo
de 2010.
Resolución 002032 del 1.° de febrero de 2012 proferida por el Instituto de
Seguros Sociales en respuesta a la petición de reconocimiento pensional
formulada por la parte activa, ello en el sentido de denegar el pago de la
prestación deprecada al asegurar que aquella solo demostró haber
acumulado un total de 707,57 semanas que no colman el requisito de
tiempo de servicio para el año 2011 equivalente a 1.200 semanas
necesarias para el reconocimiento de la mentada prerrogativa, esto en el
entendido de que la reclamante no era beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 por haberse trasladado de régimen antes
de haber acreditado 15 años de labores.
Resolución GNR 5875 del 10 de enero de 2014 con la que Colpensiones
igualmente denegó la prestación reclamada por la libelista con base en
igual planteamiento descrito anteriormente.
Acorde con lo evidenciado previamente, es dable concluir que la señora
Martha Cecilia Restrepo Castañeda realizó aportes a pensión al extinto ISS,
(hoy Colpensiones), tanto directamente como por traslado de cotizaciones
provenientes de la AFP Porvenir S.A., equivalentes a 1.010,71 semanas
derivadas de la prestación de su servicio tanto para el extinto Instituto de los
Seguros Sociales, como para la E.S.E. Metrosalud.
Seguidamente, resulta claro que de manera voluntaria, la demandante se
trasladó de régimen pensional al haber solicitado la afiliación inicial al Fondo
de Pensiones Colpatria desde el 11 de mayo de 1998, fusionado por la AFP
BBVA Horizonte S.A., la cual igualmente fue fusionada por absorción con la
AFP Porvenir S.A., tal como se aprecia del historial de vinculaciones emitido
por ASOFONDOS.
Asimismo se advierte que aquella solicitó de nuevo un cambio de régimen para
retornar al RPMPD en virtud de una nueva afiliación con Colpensiones, ello al
haber descubierto que sus condiciones en el RAIS no le eran favorables para
el otorgamiento de una pensión de jubilación, pues perdía los beneficios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 que le permitían adquirir el
mentado derecho en virtud de las previsiones del Decreto 758 de 1990. Al
respecto se observa que este pedimento inicialmente fue denegado por parte
de la AFP Porvenir S.A., hasta que en cumplimiento de un fallo de tutela se
materializó dicho traslado desde el 1.° de marzo de 2010.
En todo caso, lo cierto es que para concretar lo anterior no se efectuó un
análisis sobre la validez de su paso inicial al RAIS en 1998, bajo el entendido
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de que, en su sentir, no se realizó una asesoría adecuada, íntegra y completa
en ese momento para haber adoptado la decisión que se ajustara más a sus
intereses pensionales.
Pues bien, sobre este eje temático y conforme quedó ilustrado en la relación
probatoria que antecede, efectivamente se evidencia que en el plenario obran
los formularios de afiliación al RAIS suscritos por la demandante el 11 de mayo
de 1998 y el 2 de enero de 2012, a través del cual la AFP Porvenir S.A. procuró
demostrar mediante un pre-formato la afiliación libre y voluntaria, acompañada
de la presunta asesoría brindada a la libelista al momento de incorporarse a la
referida administradora de pensiones.
Empero, lo cierto es que en el sub lite no obra constancia u otro medio
documental, así como tampoco se allegó prueba adicional al simple formulario
aludido, con la cual la AFP demandada hubiese demostrado fehacientemente
que le suministró a la recurrente en el año 1998 la información clara y precisa
sobre las características, condiciones consecuencias y riesgos del cambio de
régimen. Se recuerda que esa carga le correspondía a dicha administradora
por tratarse de una negación indefinida de la parte activa y estar en las mejores
condiciones para desvirtuar tal aseveración de omisión en el cumplimiento del
deber informativo.
Al respecto, es claro que la AFP Porvenir S.A. debió comprobar todo lo que
atañe a la indicación material y objetiva a la libelista de las condiciones en las
que consolidaría el monto de la prestación bajo uno u otro marco regulatorio
del SGSSP, esto es, haberle informado las exigencias mínimas con las que
habría adquirido su pensión, en qué cuantía aproximada, y cuáles podrían ser
las desventajas de una u otra opción, como sería por ejemplo, la posible
pérdida del régimen de transición en virtud del cual se hubiese permitido
estructurar su derecho en vigencia de un régimen anterior al de la Ley 100 de
1993, como sería el especial previsto en ese momento para los afiliados al ISS
concretado en el Decreto 758 de 1990.
Se destaca que la señora Restrepo Castañeda sostuvo que la única
información otorgada al firmar el formulario de afiliación de la mentada
sociedad comercial, fue centrada en las ventajas que tendría en el RAIS para
adquirir la prerrogativa por jubilación en cualquier edad, sin que se hubiese
precisado cómo en razón del capital acumulado, su prestación equivaldría a
un monto inferior al que obtendría con una tasa de reemplazo mayor prevista
en la normativa anterior a la Ley 100 de 1993, la cual sería aplicable en virtud
del régimen de transición si hubiese permanecido en el RPMPD.
Estas afirmaciones de la demandante no fueron desvirtuadas por la parte
pasiva de la controversia por medio de ningún instrumento de convicción,
pues el único sustento de la supuesta asesoría completa y adecuada, radica
en el hecho de que aquella firmó el aparte del formulario de afiliación en el
que se manifiesta que su decisión fue libre y voluntaria, lo cual no se discute
en esta oportunidad.
Lo expuesto hasta este punto permite evidenciar la carencia de elementos
probatorios que requieren los casos de esta naturaleza a fin de comprobar la
validez del traslado de regímenes de quienes hubieren optado por el RAIS al
momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues se reitera,
aquellos sujetos se encontraban en una situación susceptible en la que
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además de las posibles condiciones desfavorables que podría conllevar la
decisión para algunos trabajadores, también podrían perder los beneficios de
la transición prevista en el artículo 36 ejusdem, a fin de obtener su pensión de
jubilación bajo prerrogativas excepcionales y más favorables a sus intereses.
Por dicha razón, la parte demandada, especialmente AFP Porvenir S.A., no
podía restar trascendencia a esta carga de prueba si lo que pretendía era
demostrar la suficiente y buena asesoría brindada al afiliado, quien aún bajo
estas circunstancias negativas que acarreaban su traslado, hubiese podido
optar por realizarlo, y de esta manera brindar el convencimiento al juez de que
aquel no tenía derecho a que su prestación pensional fuera otorgada bajo
postulados diferentes a los del RAIS.
En tal sentido, vale precisar que, las llamadas «expectativas legítimas» se
refieren a aquellas situaciones en las que la persona en el instante del cambio
normativo no ha adquirido el derecho de manera definitiva, empero, está cerca
de cumplir todos los requisitos para lograrlo.37
En tales eventos, lo que generalmente se concibe por parte del legislador es
fijar un régimen de transición que, por un lado, permita el cambio regulación y,
por el otro, se proteja la expectativa válida que tiene la persona de adquirir
pronto su derecho, se trata entonces de señalar «[…] la necesaria previsión de
los efectos de ese tránsito respecto de situaciones jurídicas concretas que, aunque
no estén consolidadas ni hayan generado derechos adquiridos, sí han determinado
cierta expectativa válida, respecto de la permanencia de la regulación».38
Bajo el anterior preludio, resulta insostenible el argumento de que la
demandante firmó de manera libre y voluntaria el formulario de afiliación para
trasladarse al RAIS, y que, como consecuencia de ello no podría retornar al
RPMPD bajo la égida de sus beneficios y condiciones, pues conforme se ha
explicado en precedencia, la libertad supone el conocimiento pleno de los
alcances positivos y negativos que una decisión traiga consigo en su adopción,
cuya carga demostrativa, se insiste, le correspondía a la AFP a fin de
evidenciar que dicha información fue expuesta al interesado.
Esto precisamente obedece a la inversión de la carga de la prueba en favor de
la afiliada, pues mal se haría al plantear en estos casos que la mera
suscripción del acto jurídico de afiliación era suficiente para materializar el
traslado, toda vez que, cualquier determinación personal de la índole que aquí
se discute, es eficaz cuando existe un consentimiento informado, y sobre todo
en materia de seguridad social que no se puede ignorar la trascendencia de
los derechos pensionales.
Pues tales condiciones fácticas cobran relevancia justamente cuando se
pretende esclarecer, en caso de controversia, si el cambio de régimen
pensional cumplió los mínimos de transparencia, así como si al momento de
la afiliada tomar la decisión de trasladarse, contaba con los elementos de juicio
37 En la sentencia C-789 de 2002 la Corte Constitucional preceptuó lo siguiente: «La creación de un
régimen de transición constituye entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos
por un tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho
a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir
ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse, en el momento del
tránsito legislativo» (Resalta la Sala).
38 Sentencia C-314 de 2004.
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suficientes para ello, y de contera, sirven de soporte para considerar si el
régimen de transición aún le resultaba aplicable o no.
Con base en este planteamiento, lo que define que en un asunto se resuelva
la declaratoria de nulidad o no del traslado, depende del ejercicio probatorio
que hayan hecho las partes, especialmente la administradora del fondo
privado de pensiones dentro del proceso a fin de determinar si la persona
estaba o no debidamente informada. Por ende, es dable concluir que, aun
cuando no haya certeza de si la afiliada recibió al momento de su traslado toda
la información requerida, existen otros mecanismos que permiten colegir que
la persona tenía vocación de permanecer en el régimen y que contaba con los
elementos útiles y consejos profesionales para adoptar su elección.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado el concepto de
«actos de relacionamiento» para definirlos como aquellas acciones concretas
de los afiliados, las cuales permiten concluir que el usuario desea continuar en
dicho régimen. Para lo pertinente, se cita:
«[…] Como puede advertirse, en estas hipótesis se le ha dado un lugar
preeminente a la realización de cotizaciones (afiliación tácita) o al cese de ellas
(desafiliación tácita) como un claro reflejo de la intención del trabajador, más allá
de la existencia del acto formal del diligenciamiento y entrega del formulario de
vinculación o reporte de retiro.
Por esta misma razón, en casos como el presente, donde se discute la
materialización del acto jurídico de la afiliación o traslado, es relevante tener en
cuenta los aportes al sistema, no como un requisito ad substantiam actus de la
afiliación, como lo sostuvo el Tribunal, sino como una señal nítida de la voluntad
del trabajador cuando existen dudas razonables sobre su genuino deseo de
cambiarse de régimen.
Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de
cotizaciones consistente con el formato de vinculación no es la única
expresión de esa voluntad, pueden existir otras, tales como las solicitudes
de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de
claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que
pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es
que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad
sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del
deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado.
[…]»39. (Negrillas por fuera del texto).
De esta manera, tales actuaciones descritas conjeturan cierto conocimiento de
la persona respecto al funcionamiento del régimen, sus beneficios y
desventajas y su modo de operar, lo cual permite suponer que tiene la
intención de continuar en él, aún con la posibilidad eventual de retornar al
RPMPD administrado por Colpensiones.
Lo propio en el caso bajo estudio tampoco se demostró, pues la Sala no
evidencia en el plenario algún medio de convicción tendiente a demostrar
dicha correspondencia informativa distinto al formulario de afiliación suscrito
entre la libelista y la AFP Porvenir S.A., el cual, según se ha indicado en líneas
atrás, no constituye una prueba inexorable a fin de determinar la debida
39 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 21 de febrero de 2018, radicación:
52704.
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asesoría y buen consejo de la entidad con respecto a la señora Restrepo
Castañeda.
Por estas razones, resulta válido concluir que la administradora del fondo de
pensiones a la cual se trasladó la libelista inicialmente:
i) incumplió con su deber de información en cuanto a explicar las ventajas y
desventajas de ambos regímenes y en especial el de ahorro individual con
solidaridad.
ii) en conexión con lo anterior, desconoció el deber del buen consejo, porque
no se observó que ilustrara sobre cuál era el beneficio o ventaja que le
reportaba para el demandante el traslado de régimen.
iii) por el contrario, se avizoró la intención de retracto de la afiliada al haber
pretendido retornar al régimen de prima media con prestación definida y cotizar
de nuevo a Colpensiones, lo cual comporta su voluntad de no haber tomado
la decisión correcta sobre su afiliación al fondo privado.
iv) no permitió el ejercicio del principio de libertad de escogencia informada del
que gozaba la señora Restrepo Castañeda, a pesar de la grave consecuencia
que era evidente en punto al monto de la pensión en comparación con su
situación salarial y lo que le generaría eventualmente la posible pérdida del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
v) al invertirse la carga de la prueba, la AFP demandada se limitó a allegar un
formulario suscrito por la libelista bajo la premisa errada de que es prueba
suficiente de un consentimiento libre e informado del usuario.
vi) puso en riesgo el derecho pensional de la demandante bajo la sola
suscripción de un formulario, desprovisto de las demás pruebas que debió
acompañar en su momento y en el proceso judicial, sobre los elementos de
juicio y aritméticos que debió tener en cuenta el afiliado para trasladarse.
La suma de los argumentos expuestos, generan la desprotección del derecho
a la seguridad social de raigambre superior cuya garantía está colmada desde
instrumentos internacionales, a nivel constitucional y en el ordenamiento legal
interno, esto por parte del Fondo de Pensiones Colpatria (absorbido por la AFP
BBVA Horizonte S.A., fusionada finalmente con la AFP Porvenir S.A.) al dar
paso al traslado de régimen carente de prueba de su validez.
Por consiguiente, resulta procedente declarar la ineficacia o invalidez del
traslado de la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad,
determinación que implica la ficción jurídica de que aquella siempre estuvo
afiliada al régimen de prima media con prestación definida y, en consecuencia,
no perdió los beneficios y condiciones propias de este.
Este tipo de decisiones y estudios jurídicos sobre la falta de información
adecuada a los afiliados que han realizado traslados entre regímenes
pensionales, ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta misma
Subsección40 en sentencias del 26 de noviembre de 2020 y del 22 de julio de
40Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencias del 26 de noviembre de 2020, Consejero Ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, radicado
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2021, en las cuales se reitera la importancia de que las administradoras de
fondos de pensiones involucradas, cumplan con esta carga de capital
importancia para materializar la esencia del derecho a la seguridad social del
que gozan sus afiliados, a riesgo de que las afiliaciones respectivas sean
ineficaces y produzcan efectos como los aludidos previamente.
En conclusión: no resulta válido el traslado al régimen de ahorro individual
con solidaridad solicitado por la señora Martha Cecilia Restrepo Castañeda el
11 de mayo de 1998 a través del trámite de afiliación a la AFP Porvenir S.A.,
ello por cuanto no se demostró por parte de esta administradora que le hubiese
suministrado a la libelista toda la información suficiente, completa e integral a
través de una asesoría directa que comprendiera el análisis y explicación de
las condiciones, ventajas, desventajas, proyecciones y circunstancias en las
que consolidaría su derecho prestacional al amparo de las previsiones del
RAIS, en comparación con las propias del régimen de prima media con
prestación definida.
Por esta razón, se hace evidente que hubo una indebida estructuración del
consentimiento informado de la demandante cuando decidió trasladarse a un
fondo privado de pensiones, pues lo demostrado en la actuación fue que este
desconocía las consecuencias desfavorables que conllevaba su decisión
debido a la ausencia de información oportuna y adecuada sobre las
implicaciones de sus condiciones salariales y laborales en uno u otro régimen
para adquirir un derecho pensional más beneficioso.
Tercer problema jurídico
¿La libelista en su calidad de empleada pública con afiliación al entonces
Instituto de los Seguros Sociales desde el 18 de julio de 1979, es beneficiaria
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
en consecuencia, su derecho al reconocimiento de una pensión de vejez debe
someterse a las previsiones del Decreto 758 de 1990 o a las de la primera
norma en mención?
En el entendido de que se resolvió negativamente el segundo cuestionamiento
jurídico, se hace necesario absolver este tercer problema respecto del cual la
Subsección tendrá la siguiente tesis: debido a que se encuentra determinada
la ineficacia del traslado de la libelista al RAIS y por lo tanto no se requiere
verificar que haya cumplido 15 años de servicio al 1.° de abril de 1994 para
evitar la pérdida de la aplicación del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, se logra deducir que aquella sí es beneficiaria de dicho
beneficio normativo, y por ende, es procedente que le sea reconocida una
pensión de vejez conforme a las previsiones del Decreto 758 de 1990, tal como
se precisa a continuación:
Del régimen de transición y la aplicación de marcos jurídicos
anteriores como el Decreto 758 de 1990
88001233300020160000401 (2913-17), y del 22 de julio de 2021, Consejero Ponente William Hernández
Gómez, radicado 68001-23-33-000-2013-00253-01 (2764-2017). Al respecto, se destaca que la Sala ha
precisado lo siguiente: «[…] De esta manera, desde su creación, las sociedades administradoras de fondos de
pensiones tienen la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de información
suficiente y trasparente que permita al afiliado elegir, entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que
mejor se ajuste a sus intereses. No se trata, entonces, de un simple ofrecimiento por parte de los promotores de la
AFP de servicios prestacionales, sino de una asesoría seria y jurídica. […]».
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En primer lugar debe tenerse en cuenta que como la conclusión del segundo
problema jurídico implica asumir la ficción legal de que nunca se configuró
válidamente el traslado de la demandante al RAIS en 1998, tampoco sería
válido examinar si aquel perdió o no la posibilidad de aplicación del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 bajo las exigencias normativas y
jurisprudenciales consagradas para eventos de cambio de regímenes
pensionales, según las cuales en orden de conservar ese beneficio debía
acreditarse necesariamente la acumulación de 15 años de servicio al 1.° de
abril de 1994, al margen de la edad cumplida.
Lo anterior se afirma por cuanto se reitera que la consecuencia lógica de
acceder a la nulidad de la afiliación de la libelista a la AFP Porvenir S.A.,
conlleva el supuesto de que su situación jurídica siempre estuvo sometida a
una vinculación en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida
administrado por Colpensiones, regulado precisamente por la Ley 100 de 1993
y con inclusión del régimen de transición contenido en su artículo 36 que reza
lo siguiente:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. […]
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más
años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida
en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones
y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se
regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. […]».
En este sentido, aquellos trabajadores que a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, hubieren acreditado el cumplimiento del requisito etario o de
tiempo de servicios, podría decirse que contaban con una expectativa legítima
de acceder a la pensión de jubilación conforme a los requisitos señalados en
la norma anterior (Decreto 758 de 1990 para el caso de los afiliados al ISS
como la demandante), pues se insiste, estos fueron modificados al entrar a
regir el Régimen General de Seguridad Social.
Ahora, al verificar la situación particular de la libelista se observa con claridad
lo siguiente:
i) La señora Martha Cecilia Restrepo Castañeda nació el 12 de febrero de
1956 según la copia del registro civil de nacimiento obrante en el
expediente digital, por lo que al 30 de junio de 199541, esta tenía
cumplidos más de 39 años de edad.
Con claridad se advierte que a esta última data cuando entró en vigor
la Ley 100 de 1993, la demandante acreditaba más de 35 años de edad
exigidos para las mujeres conforme al artículo 36 ibidem como una de
las condiciones para ser beneficiaria del régimen de transición, la cual
en todo caso es suficiente para entender que su situación jurídica
pensional tenía que ser valorada de acuerdo con la normativa anterior
a la de la legislación precitada.
41 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para el caso de empleados del nivel territorial
como la demandante.
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ii) Respecto de los tiempos de servicio acumulados de la señora Restrepo
Castañeda al 30 de junio de 1995, en el expediente se encuentran
probados los siguientes interregnos:
Empleador Lapso Días / Semanas Cotizaciones
2/07/1979 al 587 días/7 = 83,85 Cotización al ISS
15/12/1980 semanas del 18/07/1979 al
30/01/1981, los
29/12/1980 al siguientes períodos
22/01/1981 sin reporte de
cotización
ISS
26/01/1981 al
11/02/1981
23/02/1981 al
15/03/1981
Dirección 29/04/1981 al 357 días/7 = 51 semanas Sin cotización
Seccional de 25/04/1982
Salud de
Antioquia
1/11/1984 al 186 días/7 = 26,57 Sin cotización
23/11/1984 semanas
30/11/1984 al
26/12/1984
28/12/1984 al
21/01/1985
04/02/1985 al
19/02/1985
22/04/1985 al
26/04/1985
ISS
02/05/1985 al
13/05/1985
30/05/1985 al
02/06/1985
24/06/1985 al
11/07/1985
22/07/1985 al
14/08/1985
21/05/1987 al
25/06/1987
ESE 15/07/1987 al 2.867 días/7 = 409,57 Sin cotización
Metrosalud 30/06/1995 semanas
Total al 30 de junio de 1995 = 571 semanas
Como se aprecia, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la
libelista contaba con 571 semanas de servicio acumulado que no satisfacen la
exigencia normativa del artículo 36 de la norma ejusdem, referente a
demostrar al menos 15 años de cotización (750 semanas) para poder
consolidar la situación como beneficiario del régimen de transición.
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No obstante, lo cierto es que como la reclamante sí colmó la exigencia etaria
precitada, necesariamente debe asumirse que aquella es, en efecto,
beneficiaria de los postulados transicionales del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 que permiten reconocer el derecho pensional con base en la edad,
tiempo de servicio y monto previstos en la norma vigente anterior.
Régimen pensional que gobierna el caso bajo estudio
Cómo se explicó anteriormente, la demandante satisfizo uno de los
presupuestos mínimos para ser beneficiaria del régimen de transición, por lo
que, debido a su calidad de empleada pública bajo el cargo de auxiliar de
servicios asistenciales, vinculada desde el 2 de julio de 1979 directamente con
el Instituto de los Seguros Sociales como empleador, efectivamente, aquella
tuvo que estar afiliada de manera obligatoria en materia pensional a esa
misma autoridad, tal como lo previó el artículo 1.°, numeral 1.° del Decreto 758
de 199042, norma que precisamente por aquel ámbito de competencia, es la
aplicable en el sub examine para verificar el cumplimiento de requisitos
necesarios para el otorgamiento de una prestación como la deprecada.
Bajo aquel entendido, resulta necesario verificar si la parte activa colmó los
presupuestos contemplados en el artículo 12 ibidem para acceder a la
prerrogativa en tensión. Para el efecto se efectúa el siguiente análisis:
REQUISITOS PENSIÓN DE JUBILACIÓN DEL ACUERDO 049 DE 1990 (APROBADO DECRETO 758 DE 1990)
«Artículo 12. Requisitos de la pensión por Edad: La libelista cumplió 55 años el 12 de febrero La señora
vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez de 2011, pues nació el 12 de febrero de 1956. Restrepo
las personas que reúnan los siguientes Castañeda
requisitos: Semanas de cotización: la demandante laboró en acreditó los
los siguientes tiempos y realizó aportes de esta requisitos de la
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es forma: pensión de
varón o cincuenta y cinco (55) o más años de jubilación prevista
edad, si se es mujer y, en el Acuerdo
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas 049 de 1990
de cotización pagadas durante los últimos (aprobado por el
veinte (20) años anteriores al cumplimiento Decreto 758 de
de las edades mínimas, o haber acreditado 1990), pues
un número de un mil (1.000) semanas de demostró tener
cotización, sufragadas en cualquier tiempo.» más de 55 años
de edad y haber
prestado servicio
por más de 1.000
semanas, de las
cuales, si bien no
se reporta
cotización
durante todos los
períodos de
vinculación, no
implica que tales
tiempos no
puedan ser
tenidos en cuenta
para cumplir el
mentado
requisito, puesto
que la obligación
de aportar en
42 «Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional
de Seguros Sociales Obligatorios.»
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vigencia de
sendas
relaciones legales
y reglamentarias,
es de los
respectivos
empleadores, y
por lo tanto, dicha
carga no puede
ser trasladada al
servidor en
detrimento de sus
derechos
prestacionales,
principalmente el
de la pensión de
vejez que es un
elemento
esencial de la
garantía
fundamental a la
seguridad social.
Ahora bien, acerca del período de cálculo de la prestación, debe tenerse en
cuenta que tal aspecto corresponde a un elemento determinante del ingreso
base de liquidación (IBL), el cual no fue objeto de transición normativa como
se planteó en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado43
el 28 de agosto de 2018, por cuanto así lo previó el legislador en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, de manera que debe acudirse a lo previsto en la norma
precitada sobre el particular de la siguiente forma:
PERÍODO PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Se aplica la regla de unificación de la Consolidación del estatus La pensión de jubilación se debe
sentencia del 28 de agosto de 2018: pensional: 12 de febrero de 2011 por liquidar con el promedio de los
edad (las 1.000 semanas de labor salarios o rentas sobre los cuales
«[…] 94. La primera subregla es que para los oficial cotizadas o pendientes de cotizó la afiliada durante los diez
servidores públicos que se pensionen cotización, las consolidó el 10 de (10) años anteriores al
conforme a las condiciones de la Ley 33 de agosto de 2003) reconocimiento de la pensión,
198544, el periodo para liquidar la pensión es: Tiempo que faltaba para actualizados anualmente con base
consolidarlo a la entrada en en la variación del índice de
Si faltare menos de diez (10) años vigencia de la Ley 100: más de 10 precios al consumidor, según
para adquirir el derecho a la pensión, el años (del 30 de junio de 199545 al 12 certificación que expida el DANE,
ingreso base de liquidación será (i) el de febrero de 2011) período que en presente caso
promedio de lo devengado en el tiempo que corresponde al comprendido entre
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado el 31 de diciembre de 2003 y el 31
durante todo el tiempo, el que fuere superior, de diciembre de 2013, dado que
actualizado anualmente con base en la esta última data corresponde a
variación del Índice de Precios al consumidor, aquella en la que la libelista se
según certificación que expida el DANE. retiró del servicio oficial, momento
Si faltare más de diez (10) años, el que le permitía que su pensión
ingreso base de liquidación será el promedio fuera efectiva, pues no podía serlo
de los salarios o rentas sobre los cuales ha desde la fecha de adquisición de
cotizado el afiliado durante los diez (10) años su estatus jurídico, habida cuenta
anteriores al reconocimiento de la pensión, de que aún estaba vinculada
actualizados anualmente con base en la laboralmente con el Estado y por
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018.
Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
44 Entiéndase como Acuerdo 049 de 1990.
45 Se tiene en cuenta que la libelista se encontraba vinculada en calidad de empleada pública del orden
territorial para la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993, de suerte que la data en la que entró en
vigencia para su caso es desde el 30 de junio de 1995.
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Demandante: Martha Cecilia Restrepo Castañeda
variación del índice de precios al consumidor, lo tanto no podía devengar doble
según certificación que expida el DANE. […]» asignación del erario.
Por otro lado, en lo que respecta a los factores salariales que deberán ser
computados en el IBL de la pensión a reconocer, deberá seguirse la segunda
subregla de la sentencia de unificación en comento que indica lo siguiente:
«[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir
en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones. […]».
Es decir, los haberes a incluir en el cálculo del ingreso base de liquidación
pensional, tendrán que ser exclusivamente aquellos sobre los cuales se
hubiesen realizado descuentos para aportes a pensión, particularmente los
consagrados en el Decreto 1158 de 1994 como lo son: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación, c) prima técnica, cuando sea factor de
salario, d) primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean
factor de salario, e) remuneración por trabajo dominical o festivo, f)
remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna, g) bonificación por servicios prestados.
Finalmente, en cuanto al monto o tasa de reemplazo aplicable al IBL en
mención con el fin de determinar el valor final de la prerrogativa bajo estudio,
resulta imperioso acudir a la siguiente precisión:
MONTO O TASA DE REEMPLAZO APLICABLE
Se aplican las previsiones del artículo 20 del Tasa de Debido a que la demandante acreditó
Acuerdo 049 de 1990: reemplazo: 1.540 semanas de cotización o
Conforme a la pendientes de cotizar, el monto aplicable
«Artículo 20. Integración de las pensiones de tabla reseñada para su pensión debe ser del 90% del IBL.
invalidez por riesgo común y de vejez. Las en la norma en
pensiones de invalidez por riesgo común y por cita, de 1.250
vejez, se integrarán así: […] semanas o más
II. Pensión de Vejez:
cotizadas, el
porcentaje a
a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y aplicar para
cinco por ciento (45%) del salario mensual de determinar la
base y, pensión
corresponde al
b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento 90% del IBL.
(3%) del mismo salario mensual de base por
cada cincuenta (50) semanas de cotización que
el asegurado tuviere acreditadas con
posterioridad a las primeras quinientas (500)
semanas de cotización. El valor total de la
pensión no podrá superar el 90% del salario
mensual de base ni ser inferior al salario mínimo
legal mensual ni superior a quince veces este
mismo salario.
Parágrafo 1° El salario mensual de base se
obtiene multiplicando por el factor 4.33, la
centésima parte de la suma de los salarios
semanales sobre los cuales cotizó el trabajador
en las últimas cien (100) semanas. El factor 4.33
resulta de dividir el número de semanas de un
año por el número de meses.
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Parágrafo 2° La integración de la pensión de
vejez o de invalidez de que trata este artículo, se
sujetará a la siguiente tabla:
PORCENTAJE DE PENSION SOBRE SALARIO
MENSUAL DE BASE
Número de semanas: Número de semanas
cotizadas.
% Inv. P. Total: Porcentaje Invalidez Permanente
Total.
% Inv. P. Absoluta: Porcentaje Invalidez
Permanente Absoluta.
% Gran Inv.: Porcentaje Gran Invalidez.»
Como se observa de lo planteado anteriormente, la demandante sí era
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, esto por cuanto
ante la declaratoria de ineficacia de su traslado al RAIS a través de la afiliación
con la AFP Porvenir S.A., debe entenderse que aquella siempre perteneció al
RPMPD administrado por el ISS (hoy Colpensiones), y por consiguiente su
situación jurídica debía ser resuelta de acuerdo con el Decreto 758 de 1990
que en su caso le permitía adquirir una pensión de vejez según las previsiones
de esta norma reseñadas previamente.
En este orden de ideas, se torna evidente que las decisiones cuestionadas en
esta oportunidad, esto es, la Resolución 002032 del 1.° de febrero de 2012
proferida por el entonces ISS, así como la Resolución GNR 5875 del 10 de
enero de 2014 dictada por Colpensiones, no se ajustan a la realidad de los
hechos y de los preceptos jurídicos aplicables, por lo que se encuentran
viciados de nulidad por falsa motivación, en la medida en que negaron el
reconocimiento del derecho deprecado al haber considerado eficaz y válido el
traslado de régimen de la señora Restrepo Castañeda, al punto de haberle
generado los efectos adversos de tal consideración, como en efecto lo fue el
estimar que esta no era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100
de 1993.
De hecho, otro de los puntos que sustentaron la negativa del reconocimiento
y pago de la prerrogativa solicitada por la parte activa, fue que el tiempo
cotizado a Colpensiones con inclusión de aquel reportado en forma de capital
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a la AFP Porvenir S.A., solo acumulaba 1.010,71. Empero, lo cierto es que los
períodos faltantes en los que se demostró que existió un vínculo legal y
reglamentario con el ISS empleador, la Dirección Seccional de Salud de
Antioquia y la ESE Metrosalud, si bien no fueron objeto de cotización directa
como se extrae del material probatorio, definitivamente no pueden ser
excluidos del cómputo inherente al requisito de la densidad de semanas para
consolidar el derecho pensional, pues la obligación de descontar y girar los
aportes a la administradora del riesgo de vejez de la libelista, era una carga
propia de los respectivos empleadores y no de la servidora pública.
Es decir, la falta de cotización por los períodos en los que no figura el reporte
correspondiente, no puede ser una carga trasladable a la reclamante en
perjuicio de su derecho fundamental a la seguridad social concretado en el
otorgamiento de la prestación debatida, pues avalar lo propio sería vulnerar
una de sus garantías constitucionales más relevantes para su subsistencia en
clave del mínimo vital. Por lo tanto, será necesario ordenar que Colpensiones
reconozca la prerrogativa en comento, pero que a su vez realice de manera
oportuna todas las actuaciones administrativas necesarias y pertinentes para
obtener de los diferentes empleadores de la libelista o quienes hubiesen
asumido sus obligaciones, el pago actualizado del 100% de los aportes
faltantes para financiar la mentada prestación, ello sin que proceda el
descuento de monto alguno a cargo de la señora Martha Cecilia Restrepo.
Ahora, en la medida en que a través de las numerosas peticiones radicadas
por la demandante a lo largo del proceso, se ha evidenciado su condición
actual de adulta mayor, al igual que la precariedad de su situación económica
y de salud que le ha impedido el goce pleno de su actual condición etaria, en
virtud del principio pro homine y con plena observancia de la primacía de las
garantías fundamentales de aquella, bajo la égida de una especial protección
constitucional derivada de la aludida situación particular, será necesario
resaltar que las órdenes a impartir a título de restablecimiento del derecho,
deberán ser acatadas y cumplidas por Colpensiones a la mayor brevedad
posible para garantizar la efectividad material del derecho a la seguridad social
de la reclamante.
Sobre la prescripción de mesadas
Habida cuenta de que en atención a la línea de intelección desarrollada
previamente se accederá a los pedimentos de la demanda, resulta
indispensable verificar la ocurrencia o no del fenómeno prescriptivo sobre las
mesadas adeudadas.
Al respecto, el Consejo de Estado46 ha señalado que la configuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual
no se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los
derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde
que la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción
del término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969 aplicable al sub examine, que reza lo siguiente:
«ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
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1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»
En consecuencia, para determinar la fecha de exigibilidad del derecho a
restablecer a partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el lapso referido
en el presente caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta data se
concreta desde el 12 de febrero de 2011 cuando la demandante adquirió el
estatus jurídico pensional y por consiguiente consolidó la prerrogativa a
percibir la prestación en litigio.
Ahora bien, pese a que del material probatorio no se extrae la fecha exacta de
radicación de la petición de reconocimiento pensional ante el entonces ISS
(hoy Colpensiones), a partir de la data de expedición de la Resolución 2032
del 1.° de febrero de 2012 que negó aquel derecho, es posible inferir que la
parte activa reclamó lo propio a finales del año 2011 o comienzos del año 2012,
y posteriormente radicó la demanda el 27 de febrero de 2014, esto es, ejerció
las acciones correspondientes dentro del término de 3 años siguientes a la
fecha de efectividad de la pensión (12 de febrero de 2011) y su consecuente
interrupción, por lo que no se consolidó la figura bajo estudio respecto de las
mesadas adeudadas.
En conclusión: la libelista en su calidad de empleada pública con afiliación al
entonces Instituto de los Seguros Sociales desde el 18 de julio de 1979 por
haber sido servidora de esa misma entidad, es beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por cumplimiento
del requisito etario, ello debido a que se encontró determinada la ineficacia del
traslado de la libelista al RAIS y por lo tanto no se requiere verificar que haya
cumplido 15 años de servicio al 30 de junio de 1995 para evitar la pérdida de
la aplicación de dicho marco jurídico contemplado en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
En tal sentido, la situación jurídica pensional de la demandante debía
resolverse con la normativa anterior a la Ley 100 de 1993 que regía en su
momento el reconocimiento de aquel derecho prestacional, la cual
correspondía efectivamente al Decreto 758 de 1990, cuyos requisitos para el
otorgamiento de la prerrogativa en comento, fueron acreditados en debida
forma por la reclamante, al punto de ser titular de una pensión de vejez en
cuantía del 90% del IBL calculado sobre los factores salariales respecto de los
cuales hubiese cotizado entre el 31 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre
de 2013, con efectividad por retiro definitivo del servicio desde esta última
fecha.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone revocar la sentencia proferida el 3 de marzo de
2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, ello habida cuenta de que prosperan los
argumentos del recurso de apelación formulado por la libelista, no así los
expuestos por la parte pasiva.
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En su lugar, se accederá a los pedimentos de la parte demandante en el
sentido de declarar ineficaz el traslado que en su momento esta había
solicitado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de la
afiliación con la AFP Porvenir S.A. En tal sentido, se declarará la nulidad de
los actos administrativos censurados, en virtud de los cuales se había negado
el reconocimiento de una pensión de vejez a favor de la reclamante.
Asimismo, se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), que en el menor tiempo posible reconozca, liquide y pague
con los correspondientes reajustes de valor y de manera retroactiva e
indexada, una pensión de vejez a favor de la señora Restrepo Castañeda bajo
los preceptos del Decreto 758 de 1990, esto es, en cuantía del 90% del IBL
calculado sobre los factores salariales respecto de los cuales hubiese cotizado
entre el 31 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2013, ello con
efectividad por retiro definitivo del servicio desde esta última fecha.
Finalmente, se conminará a la autoridad demandada a iniciar las actuaciones
administrativas necesarias y pertinentes para obtener de los diferentes
empleadores de la libelista o quienes hubiesen asumido sus obligaciones, el
pago actualizado del 100% de los aportes faltantes para financiar la mentada
prestación por los tiempos de servicio que no se hubiesen reportado y girado,
ello sin que proceda el descuento de monto alguno a cargo de la señora Martha
Cecilia Restrepo.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, esta subsección en
providencia de 7 de abril de 201647 determinó el criterio objetivo-valorativo para
la imposición de dicha carga, ello bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
47 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP48, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público49.
Por tanto, bajo este hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en
costas de ambas instancias a Colpensiones, esto a favor de la demandante,
en la medida que conforme el numeral 4.º del artículo 365 del CGP se revocará
totalmente la providencia apelada, lo que implica que la entidad demandada
resultó vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió la señora Martha Cecilia Restrepo
Castañeda contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
y la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. AFP.
En su lugar,
Segundo: Declarar con todos sus efectos la ineficacia del traslado que desde
el 11 de mayo de 1998 la demandante había solicitado al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad a través de la afiliación con la AFP Porvenir S.A.,
esto es, en el entendido de que ello no ocurrió y que en consecuencia, siempre
estuvo vinculada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida
administrado por el entonces ISS (hoy Colpensiones).
Tercero: Declarar la nulidad de las Resoluciones 02032 del 1.° de febrero de
2012 y GNR 5875 del 10 de enero de 2014 proferidas respectivamente por el
entonces Instituto de los Seguros Sociales y por la Administradora Colombiana
de Pensiones, por medio de las cuales ambas entidades negaron el
reconocimiento de una pensión de vejez a favor de la libelista.
Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) a reconocer,
48 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
49 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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liquidar y pagar con los correspondientes reajustes de valor, una pensión de
vejez a favor de la señora Martha Cecilia Restrepo Castañeda bajo los
preceptos del Decreto 758 de 1990, esto es, en cuantía del 90% del IBL
calculado sobre los factores salariales respecto de los cuales hubiese cotizado
entre el 31 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2013, ello con
efectividad por retiro definitivo del servicio desde esta última fecha.
En razón de lo expuesto, Colpensiones deberá pagar de manera retroactiva
las mesadas adeudadas a favor de la demandante desde el 31 de diciembre
de 2013 hasta la inclusión de aquella en la respectiva nómina de pensionados,
esto de manera actualizada de conformidad con el inciso 4.° del artículo 187
del CPACA, es decir, con base en la siguiente fórmula:
R= Rh x índice final
Índice inicial
En relación con el término para el acatamiento y cumplimiento de estas
órdenes, se conmina a la referida entidad a realizar de manera eficiente todos
los actos tendientes a materializar el restablecimiento del derecho de la
libelista a la mayor brevedad posible una vez se encuentre ejecutoriada esta
providencia, ello en atención al principio pro homine y a la especial protección
constitucional de la que goza esta última en razón a su condición etaria y salud
actual.
Quinto: Se ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones, iniciar las
actuaciones administrativas necesarias y pertinentes para obtener de los
diferentes empleadores de la libelista o quienes hubiesen asumido sus
obligaciones, el pago actualizado del 100% de los aportes faltantes para
financiar la mentada prestación por los tiempos de servicio que no se hubiesen
reportado y girado, ello sin que proceda el descuento de monto alguno a cargo
de la señora Martha Cecilia Restrepo.
Sexto: Condenar en costas de ambas instancias a Colpensiones, ello a favor
de la parte demandante, las cuales serán liquidadas por el a quo.
Séptimo: Las entidades condenadas darán cumplimiento a la sentencia con
base en los términos y previsiones de los artículos 189 y 192 del CPACA.
Octavo: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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