Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-01893-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-01893-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2016-01893-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Radicación: 05001233300020160189301 (73788)
Demandante: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
Demandado: JORGE LINO PEREA MOSQUERA
Tema: Medio de control de repetición. Régimen jurídico aplicable Ley
678 de 2001. Prueba del pago. No se probó la conducta dolosa
y/o gravemente culposa del agente estatal. Sin condena en
costas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión de 5 de mayo de 20051, decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 9
de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó
las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Mediante sentencia del 20 de noviembre de 2012, el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional por la lesión de la cual fue víctima Augusto Abelardo Mosquera
Girón, por lo que ordenó pagar al lesionado y a sus familiares perjuicios materiales
e inmateriales. Como la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional afirma
que pagó una indemnización por concepto de dicha condena, en ejercicio del medio
de control de repetición, presentó demanda en contra del soldado Jorge Lino Perea
Mosquera, pues considera que con su actuar doloso y/o gravemente culposo causó
el daño antijurídico por el cual resultó condenada.
1 Sala Plena Sección Tercera, acta número 15 de 5 de mayo de 2005.
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Radicado: 05001233300020160189301 (73788)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Demandado: Jorge Lino Perea Mosquera
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 25 de septiembre de 20152, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
(en adelante el “Ejército Nacional”), mediante apoderado judicial y en ejercicio del
medio de control de repetición, presentó demanda en contra del soldado Jorge Lino
Perea Mosquera, para que se le declarara patrimonialmente responsable del pago
de $454.872.440,07 a Augusto Abelardo Mosquera Girón y otros, el cual se llevó a
cabo en cumplimiento de la sentencia del 20 de noviembre de 2012, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 6 de abril de 2003,
Jorge Lino Perea Mosquera en calidad de soldado regular del Batallón de Infantería
No. 10 “Coronel Atanasio Girardot” con sede en Medellín, intervino en una riña
“entre particulares” accionando su arma de dotación oficial contra Augusto Abelardo
Mosquera Girón, causándole una herida en la pierna izquierda que le generó
secuelas físicas de carácter permanente.
Señala que, por esos hechos, en fecha indeterminada, Augusto Abelardo Mosquera
Girón y sus familiares presentaron demanda de reparación directa en contra del
Ejército Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable de los
daños y perjuicios de los que habían sido víctimas.
Manifiesta que, mediante sentencia del 20 de agosto de 2008, el Juzgado 22
Administrativo de Medellín declaró administrativa y patrimonialmente responsable
al Ejército Nacional por “los daños ocasionados a los demandantes, con ocasión de
las lesiones personales causadas al señor Augusto Abelardo Mosquera Girón el día
06 de abril de 2003” y, en consecuencia, se le condenó a pagar perjuicios materiales
e inmateriales a la víctima y a sus familiares.
2 Fl. 1 a 13, C. Ppal.
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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Demandado: Jorge Lino Perea Mosquera
Refiere que, en indeterminada fecha, Augusto Abelardo Mosquera Girón y el
Ejército Nacional presentaron recurso de apelación contra la sentencia del 20 de
agosto de 2008, proferida por el Juzgado 22 Administrativo de Medellín.
Destaca que, mediante sentencia del 20 de noviembre de 2012, el Tribunal
Administrativo de Antioquia modificó la decisión apelada para actualizar los
perjuicios reconocidos en primera instancia.
Atendiendo a que el Ejército Nacional afirma que pagó una indemnización por tal
condena, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición en
contra del soldado Jorge Lino Perea Mosquera, pues considera que con su
actuación dolosa y/o gravemente culposa incidió en la producción del daño
antijurídico por el cual fue condenada.
2. Contestación
El 19 de septiembre de 20163, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la
demanda y ordenó su notificación al demandado y al ministerio público.
2.1. Jorge Lino Perea Mosquera a través de curadora ad litem4 no se opuso a las
pretensiones “en la medida que se prueben los hechos que las fundamentan”.
Luego, propuso la excepción genérica.
3. Trámite primera instancia
3.1. El 11 de julio de 20195 y el 14 de noviembre de 20246, el Tribunal Administrativo
de Antioquia celebró la audiencia inicial, en la cual se realizó el saneamiento del
proceso, se decretaron pruebas y se fijó el objeto del litigio.
3 Fl. 98 a 99, C. Ppal.
4 Fl. 148 a 150, C. Ppal.
5 Fl. 154 a 117, C. Ppal.
6 Archivo “028AutoTraslado1_ok201601893RepetAuto.pdf”, expediente digital, Tribunal
Administrativo de Antioquia, Samai.
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Demandado: Jorge Lino Perea Mosquera
Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio el a quo señaló que se
circunscribiría a determinar si “[E]xistió responsabilidad por parte del señor Jorge
Lino Perea Mosquera por los perjuicios ocasionados a la demandante con el pago
que debió realizar por los daños ocasionados a un civil en cumplimiento de la
sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín, confirmada
y modificada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 20 de
noviembre de 2012, con ejecutoria del 30 del mismo calendario. ¿En caso de
probarse la responsabilidad del demandado, deberá cancelar la suma de
cuatrocientos cincuenta y cuatro millones ochocientos setenta y dos mil
cuatrocientos cuarenta pesos con 07/100 m/cte ($454.872.440,07), a favor de la
Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional?”
3.2. El 14 de noviembre de 20247, el Tribunal Administrativo de Antioquia dispuso
dictar sentencia anticipada en atención a que se cumplía el supuesto contemplado
en el numeral 1º del artículo 182A de la Ley 1437 de 20118, adicionado por el artículo
42 de la Ley 2080 de 2021.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 14 de noviembre de 20249 se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
7 Archivo “028AutoTraslado1_ok201601893RepetAuto.pdf”, expediente digital, Tribunal
Administrativo de Antioquia, Samai.
8 “Artículo 182ª modificado por el artículo 42 de la Ley 2080 de2021. “Sentencia anticipada. Se podrá
dictar sentencia anticipada:
1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la
contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya
lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el
litigio u objeto de controversia.
Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el' inciso final del artículo
181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.
No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este
numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá
hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.”
9 Archivo “028AutoTraslado1_ok201601893RepetAuto.pdf”, expediente digital, Tribunal
Administrativo de Antioquia, Samai.
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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Demandado: Jorge Lino Perea Mosquera
4.1. El Ejército Nacional10 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
4.2. El ministerio público11 solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, toda
vez que se probaron tanto los requisitos de procedibilidad del medio de control de
repetición, así como la culpa grave del soldado Jorge Lino Perea Mosquera, pues
la sentencia condenatoria contra el Ejército Nacional dentro de la acción de
reparación directa era prueba suficiente del actuar doloso y/o gravemente culposo
del aquí accionado.
4.3. La parte demandada guardó silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 9 de octubre de 202512 el Tribunal Administrativo de
Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se probó la
culpa grave del soldado Jorge Lino Perea Mosquera, pues la sentencia condenatoria
de la reparación directa no era prueba suficiente para tener por acreditada su
actuación dolosa y/o gravemente culposa. Finalmente, no condenó en costas.
Al efecto, sostuvo: “La entidad demandante fundamenta la existencia de este
elemento subjetivo en las mismas providencias proferidas dentro del proceso de
reparación directa. Sin embargo, un examen detallado de dichas sentencias
conduce a una conclusión contraria a sus intereses. En efecto, la argumentación de
la jurisdicción contencioso administrativa para declarar la responsabilidad del
Estado no se basó en una calificación de la conducta personal del soldado como
gravemente culposa, sino en la configuración de una falla del servicio. (…) La
demandante no aportó a este proceso ningún elemento de prueba adicional — como
podría ser una sentencia penal condenatoria ejecutoriada por un delito doloso o con
culpa grave, o un fallo disciplinario que así lo declarara— que permitiera a esta Sala
10 Archivo “032_MemorialWeb_Alegatos-00020161893alegat.pdf” expediente digital, Tribunal
Administrativo de Antioquia, Samai.
11 Archivo “031RecepcionMemor_concepto3NOVIEMBRE20.pdf”, expediente digital, Tribunal
Administrativo de Antioquia, Samai.
12 Archivo “034Sentencia_ok20161893Repeticion.pdf”, expediente digital, Tribunal Administrativo de
Antioquia, Samai.
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llegar a una convicción diferente. Se limitó a invocar los fallos de la reparación
directa que, paradójicamente, atribuyen la causa del daño a una "crasa falla"
institucional.”
6. Recurso de apelación
El 28 de octubre de 202513, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 10 de noviembre de 202514 y admitido el 28 de noviembre de
202515.
6.1. El Ejército Nacional16 reiteró los argumentos expuestos en la demanda. De
hecho, resaltó que estaban acreditados todos los elementos necesarios para la
procedencia del medio de control de repetición, esto es, la condena contra el
Estado, la calidad de servidor público (soldado) del demandado, el pago de la
condena y la actuación dolosa y/o gravemente culposa de Jorge Lino Perea
Mosquera, razón por la cual debía accederse a las pretensiones de la demanda.
Textualmente indicó: “Tal como se puede inferir del material probatorio allegado al
proceso de la reparación directa, se puede establecer que la condena judicial que
debió cancelar La Nación - Ministerio de Defensa, obedece a la lesión del señor
Augusto Abelardo Mosquera Girón, hecho respecto del cual se tiene como
responsable al militar soldado Jorge Lino Pérez (sic) Mosquera, tal como se
estableció en el proceso de reparación directa que se adelantó bajo el radicado
05001233100020040486400. Consecuente con lo anterior y conforme a la
descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se infieren tanto de
la providencia proferida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se
infiere que el insuceso (sic) que nos ocupa, acaeció como consecuencia de disparos
13 Archivo “037_MemorialWeb_Recurso-00020161893apela.pdf” expediente digital, Tribunal
Administrativo de Antioquia, Samai.
14 Archivo “039Autoconcedere_20160189300CONCEDEAP.pdf” expediente digital, Tribunal
Administrativo de Antioquia, Samai.
15 Índice 3, expediente digital, Samai.
16 Archivo “037_MemorialWeb_Recurso-00020161893apela.pdf” expediente digital, Tribunal
Administrativo de Antioquia, Samai.
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de arma de fuego de largo alcance, lo que da lugar a la configuración de una
conducta que encuadra en los parámetros de la culpa grave”.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del
auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5° del artículo 247 del CPACA17, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda
instancia18.
7.1. El ministerio público19 rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia, dado que no estaba demostrada la calidad de servidor o ex
servidor público del demandado y tampoco se probó su conducta dolosa y/o
gravemente culposa, pues la sentencia condenatoria de la reparación directa no era
prueba suficiente de su actuación.
III. CONSIDERACIONES
1. Jurisdicción y competencia
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico,
conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten
condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación
dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares
que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro
de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta
jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento
17 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se
tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una
vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá
un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El
secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días
siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”
18 Índice 3, expediente digital, Samai.
19 Índice 10, expediente digital, Samai.
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)20 y el inciso 1° del
artículo 7 de la Ley 678 de 200121.
En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es
competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 9 de octubre de 2025 el Tribunal Administrativo
de Antioquia, puesto que la cuantía supera la exigida, de 500 SMLMV, para que un
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación
de doble instancia ante esta Corporación22, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.
2. Medio de control procedente
De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 23, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política 24, la
pretensión de repetición es aquel instrumento procesal de carácter patrimonial que
se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función
pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un
20 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio
con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del
particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo
pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía
del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del
proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de
repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el
cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con
pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.”
21 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá
de la acción de repetición.”
22 En el caso bajo estudio la pretensión del medio de control de repetición se estimó en la suma de
$454.872.440,07 la cual supera los 500 SMLMV para el año en que se presentó la demanda, pues
en el año 2015 el SMLMV ascendía a la suma de $644.350, de ahí que 500 SMLMV correspondían
a $322.175.000.
23 “Artículo 2o. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter
patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia
de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte
del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La
misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado,
en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial […]”.
24 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al
disponer que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales
daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquél deberá repetir contra éste”.
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reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena,
conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.
En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita
declarar a Jorge Lino Perea Mosquera patrimonialmente responsable del pago de
$454.872.440,07 realizado en cumplimiento de la sentencia del 20 de noviembre de
2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
3. Vigencia del medio de control
Si bien el Tribunal Administrativo de Antioquia estimó en la audiencia inicial que el
medio de control de repetición se interpuso oportunamente, resulta necesario
verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto
procesal25.
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general26, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
25 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
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judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción27, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure28 que opera
27 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
28 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
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por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para
hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 29,
cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley
procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción
de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del
accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho
de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto
el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar
de oficio.
Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de
julio de 201230, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)31. En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
29 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
30 La demanda de repetición se presentó el 4 de septiembre de 2015.
31 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)
de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
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General del Proceso (CGP)32, en virtud de la integración normativa dispuesta por el
artículo 306 del primero de los estatutos mencionados33.
No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA34, los procesos iniciados con
anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen
jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales
no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al
vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario.
En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con que contaba la entidad
pública para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de
reparación directa, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177
del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de
que la sentencia quede en firme.
Asimismo, el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA señala que el medio
de control de repetición caducará en dos años contados a partir del día siguiente de
la fecha del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la
administración para el pago de condenas.
En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 20 de noviembre de 201235, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al Ejército Nacional a pagar
perjuicios materiales e inmateriales a Augusto Abelardo Mosquera Girón y sus
familiares, quedó ejecutoriada el 30 de noviembre de 2012, según da cuenta copia
32 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unificó su jurisprudencia para indicar que el CGP
entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaciones que se gobiernen por la
norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el
respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto
de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299.
33 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
34 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)
de julio del año 2012. (…)
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior”.
35 Fl. 61 a 78, C. Ppal.
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de la constancia de ejecutoria expedida por la secretaría de esta Corporación36; ii)
que el 27 de septiembre de 2013 el Ejército Nacional pagó la suma de
$454.872.440,07 a Luz Mary Muñoz Mesa (apoderada37 de Augusto Abelardo
Mosquera Girón y su grupo familiar), según da cuenta el certificado de tesorería de
la entidad38, el cual está firmado por María Fernanda Paredes Rojas, en calidad de
Tesorera General Principal de Ministerio de Defensa; iii) que el vencimiento de los
18 meses para pagar la condena se cumplió el 30 de mayo de 2014; iv) que lo
primero que ocurrió fue el pago de la condena; y, v) que la demanda se presentó el
25 de septiembre de 201539, esto es, dentro de los dos años que otorga el literal l),
del numeral 2°, del artículo 164 del CPACA para presentarla de forma oportuna.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis40.
4.1. La Nación se encuentra legitimada en la causa por activa y está debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pues fue la entidad
condenada por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 20
de noviembre de 201241.
4.2. Jorge Lino Perea Mosquera está legitimado en la causa por pasiva, pues
presuntamente fue el agente estatal que con su conducta dolosa y/o gravemente
culposa dio lugar a la condena impuesta en contra del Ejército Nacional.
36 Fl. 79, C. Ppal.
37 Fl. 14 a 17, C. Ppal.
38 Fl. 84, C. Ppal.
39 Fl. 1 a 13, C. Ppal.
40 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
41 Fl. 61 a 78, C. Ppal.
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5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se probó que la lesión de Augusto Abelardo
Mosquera Girón fue causada por el demandado a título de culpa grave.
6. Solución al problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
sobre el régimen jurídico aplicable al presente caso.
7. Régimen jurídico aplicable al caso
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso
segundo del artículo 90 de la CN señala que “en el evento de ser condenado el
Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquel deberá repetir contra éste”.
Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se
reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del
Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía
con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una “acción” civil de
carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o exservidor público,
así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando
como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar
al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto.
La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la
acción de repetición, hoy medio de control, así como del llamamiento en garantía
con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y
deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se
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califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales
con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso.
Además, respecto a los aspectos formales del citado instrumento procesal, la Ley
678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación,
desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación
judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución,
así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas
cautelares en el proceso42.
Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en
contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional ocurrieron el 6 de
abril de 2003, esto es, cuando Augusto Abelardo Mosquera Girón resultó herido en
su pierna izquierda por un disparo de arma de fuego, el régimen vigente aplicable a
la acción de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001, sin la modificación
introducida por la Ley 2195 de 202243, toda vez que esta última normativa no estaba
vigente al momento de los hechos.
8. El caso concreto
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación44, para la procedencia del medio
de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación
reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor
o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii)
el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente
culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al
Estado.
42 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, Rad.: 28448 y 23
de noviembre de 2016, Rad.:46108, entre muchas otras.
43 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra
la corrupción y se dictan otras disposiciones”.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
noviembre de 2006, Rad.: 22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, Rad.: 22056; sentencia del
12 de diciembre del 2007, Rad.: 27.006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad.:
42.183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.: 60423.
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En este sentido, en aras de resolver los cargos invocados en el recurso de
apelación, la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos para la
procedencia del medio de control de repetición, ya que para la configuración de
dicho instituto jurídico todos ellos deben estar acreditados.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia de uno de estos elementos
el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia, no
será posible declarar la procedencia del medio de control de repetición y, por ende,
declarar patrimonialmente responsable al agente por los hechos que dieron lugar a
la condena o conciliación contra el Estado y condenarlo a reembolsar la suma de
dinero que éste pagó.
8.1. La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante
El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que
formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma
de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia
debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza
judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto45, tal
y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 200146.
En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que mediante
sentencia del 20 de noviembre de 201247, el Tribunal Administrativo de Antioquia
declaró administrativa y patrimonialmente responsable al Ejército Nacional por la
lesión que sufrió Augusto Abelardo Mosquera Girón y ordenó pagar a la víctima y
45Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016,
Rad.:56284.
46 “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra
del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente
culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena,
conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el
particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente
culposa, la reparación patrimonial”.
47 Fl. 61 a 78, C. Ppal.
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sus familiares perjuicios materiales e inmateriales y, que dicha providencia quedó
ejecutoriada el 30 de noviembre de 201248.
8.2. La calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya
ejercido funciones públicas del demandado
El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el
demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la
responsabilidad del Estado, tengan la calidad de servidor o ex servidor público o de
particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas.
En el caso sub judice, para probar la calidad de servidor público del demandado, la
parte actora aportó los siguientes medios probatorios:
8.2.1. Copia de la sentencia del 20 de agosto de 2008, proferida por el Juzgado 22
Administrativo de Medellín mediante la cual se declaró administrativa y
patrimonialmente responsable al Ejército Nacional por “los daños ocasionados a los
demandantes, con ocasión de las lesiones personales causadas al señor Augusto
Abelardo Mosquera Girón el día 06 de abril de 2003” y, en consecuencia, se le
condenó a pagar perjuicios materiales e inmateriales a la víctima y a sus familiares.
En dicha sentencia, se indicó que el soldado que causó la lesión a la víctima fue
Jorge Lino Perea Mosquera, de hecho, el contenido textual de la referida
providencia, es el siguiente:
“(…) En el proceso se pudo determinar con claridad la calidad de soldado del Ejército
Nacional que ostentaba el señor Jorge Lino Perea Mosquera y del arma que fue
utilizada como se hace mención en la relación de los medios de prueba, al igual que
el suceso de la lesión al demandante ocurrido en momentos en que el soldado
estaba en servicio. En estas condiciones, el Despacho considera que se encuentra
demostrada la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, por el daño causado a los demandantes y en consecuencia prosperan las
pretensiones de la demanda.”
8.2.2. Copia de la sentencia del 20 de noviembre de 201249, proferida por el Tribunal
48 Fl. 79, C. Ppal.
49 Fl. 61 a 78, C. Ppal.
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Administrativo de Antioquia, mediante la cual se confirmó la decisión del 20 de
agosto de 2008 del Juzgado 22 Administrativo de Medellín, de cuyo contenido se
destaca lo siguiente:
“(…) La Sala de conformidad con los fundamentos fácticos y probatorios obrantes
en el expediente, encuentra acreditado que evidentemente el señor Augusto
Abelardo Mosquera Girón, fue lesionado por parte del soldado regular JORGE
PEREA MOSQUERA, pues así se desprende de la prueba obrante a (fl 57-61),
donde la entidad accionada se abstuvo de iniciar investigación en contra de este por
las lesiones ocasionadas al señor Mosquera Girón, con el argumento que era un
soldado regular y que por ello no era sujeto disciplinable, de conformidad con el
Decreto 1797/00, advirtiendo que dicha razón no obsta para que fuera investigado
penalmente como evidentemente se dio con el soldado Perea Mosquera.
Investigación Penal que obra en el expediente contencioso administrativo (cuaderno
02) y donde existe informe de novedad fechado del día 8 de abril de 2003, donde se
establece los hechos ocurridos el 6 de abril del año 2003, indicando que
evidentemente el soldado regular Perea Mosquera Jorge Eliécer al verse atacado
accionó su arma de fuego y lesionó a la víctima directa. Razón que generó que la
Justicia Penal Militar según obra en el proceso penal (cuaderno 02 fl 213-235), le
impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva al SLR PEREA
MOSQUERA JORGE-LINO, por lesiones personales seguidas de perturbación
funcional de órgano de carácter permanente en la modalidad de culposa.”
8.2.3. Oficio No. 20195171914341 del 1 de octubre de 201950, por medio del cual el
Jefe de Estado Mayor Séptima División del Ejército Nacional, coronel Omar Vargas
Solano, indicó que “verificado el sistema de información y administración del Talento
Humano, se encontró la siguiente información: Soldado Regular Jorgelino Perea
Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No. (…), se encuentra retirado del
servicio activo del Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot”.
Pues bien, aunque la Sala advierte que no reposa certificación del área de talento
humano del Ejército Nacional o la hoja de vida de Jorge Lino Perea Mosquera en
donde conste la fecha en que ingresó a esa institución castrense, así como el tiempo
de servicio, lo cierto es que de conformidad con las pruebas anteriormente
expuestas se puede concluir que Jorge Lino Perea Mosquera prestaba su servicio
como soldado regular en el batallón Atanasio Girardot de Medellín para la fecha en
que ocurrieron los hechos, pues está demostrado que en tal calidad estuvo presente
en un establecimiento en donde resultó herido un particular, así mismo, con la
constancia emitida por el Jefe de Estado Mayor Séptima División del Ejército
50 Fl. 171, C. Ppal.
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Nacional, coronel Omar Vargas Solano, se tiene que el soldado Perea Mosquera si
estuvo adscrito al Ejército Nacional – batallón Atanasio Girardot con sede en
Medellín, sino que ya había sido retirado.
Así las cosas, está demostrado que el Jorge Lino Perea Mosquera tenía la calidad
de servidor público para el momento en que ocurrió la lesión de Augusto Abelardo
Mosquera Girón, esto es, el 6 de abril 2003.
8.3. El pago de la obligación reparatoria
Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe
acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por
una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier
otra forma de terminación de conflictos.
A efectos de demostrar este requisito, en el caso sub examine la actora aportó las
siguientes pruebas:
8.3.1. Copia de la Resolución No. 7233 del 19 de septiembre de 201351, proferida
por el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa “por la cual se da
cumplimiento a una sentencia a favor de Augusto Abelardo Mosquera Girón y otros”,
en la que se dispuso realizar el pago de $454.872.440,07 a Augusto Abelardo
Mosquera Girón y otros a través de su apoderada judicial, Luz Mary Muñoz Mesa.
8.3.2. Copia de la certificación del 5 de febrero de 201652, por medio de la cual María
Fernanda Paredes Rojas, en calidad de Tesorera General Principal de Ministerio de
Defensa hace constar que el 27 de septiembre de 2013, esa entidad pagó la suma
de $454.872.440,07 a Luz Mary Muñoz Mesa, apoderada de Augusto Abelardo
Mosquera Girón y su grupo familiar. De hecho, el contenido de dicha certificación
es el siguiente:
51 Pág. 14 a 17, C. Ppal.
52 Fl. 84, C. Ppal.
20
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Pues bien, según lo dispuesto en el artículo 1626 del Código Civil “el pago efectivo
es la prestación de lo que se debe”, en otras palabras, el pago implica el
cumplimiento de una obligación a cargo de un deudor y consiste en la ejecución de
la prestación (dar, hacer o no hacer).
En efecto, el Código Civil no instituye una forma específica para demostrar el pago
de una obligación y a pesar de que a tal efecto y en sus normas se refiere a la “carta
de pago”53, que es la declaración documental del acreedor de haber sido satisfecho;
lo cierto es que en el artículo 175754 se estipuló la libertad de las partes para acudir
a cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto que extingue las
53 Artículos 1628, 1653, 1654 y 1669 Código Civil.
54 “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
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obligaciones, postura que fue recogida y adoptada en el artículo 175 55 del C.P.C. y
que se mantiene vigente en el artículo 16556 del C.G.P.57
Así las cosas, la “carta de pago”, recibo o paz y salvo, “es una prueba que, por
provenir del acreedor, tiene plena capacidad de acreditar el pago o solución de una
obligación; no obstante, no es la única, dado que el ordenamiento jurídico permite
que el deudor pueda valerse de cualquier medio legalmente válido para tal fin y, en
consecuencia, en tanto en esta materia no hay una tarifa probatoria, para la
acreditación del pago no puede reclamarse exigencias probatorias específicas. Así,
el juez debe apoyarse en medios allegados y valorarlos conjuntamente al amparo
de la sana crítica y la objetividad probatoria para fundar su decisión, según lo
prescribe el artículo 17658 del C.G.P antes el 18759 del C.P.C.” 60
En ese orden de ideas, en cuanto a la prueba del pago de obligaciones provenientes
de condenas o acuerdos conciliatorios, la jurisprudencia se inclinó inicialmente por
la tesis según la cual los documentos allegados por una entidad pública deudora
que hubieran sido expedidos por sus funcionarios y con los cuales pretendiera
acreditar el pago, como las resoluciones de pago y los comprobantes de egreso,
no eran probatoriamente válidos. Según esta postura, aceptar la posibilidad de que
el deudor gestara su propia prueba frente a las pretensiones de cobro de su
acreedor y que saliera avante con su defensa artificiosa, soslayaría los derechos
reales de crédito y pondría en riesgo el tráfico jurídico.
55 “Medios de prueba. Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de
terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros
medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.
56 “Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de
terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y
cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 27 de agosto de 2021, Rad.
52757.
58 “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos
actos”.
59 “Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la
existencia o validez de ciertos actos”.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 27 de agosto de 2021, Rad.
52757.
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No obstante, desde 201361, esta Corporación ha venido revisando tal postura,
considerando que, si bien los documentos que allegaban las entidades públicas a
los estrados judiciales eran expedidos por ellas mismas, tenían plena validez y
capacidad probatoria, toda vez que la naturaleza de quien lo expedía hacía que se
tratara de documentos públicos probatoriamente válidos.
Así, según lo dispuesto en el artículo 24462 del C.G.P., los documentos y
certificaciones expedidas por los funcionarios públicos, ostentan la misma
naturaleza (públicos) y tienen capacidad probatoria, sin perjuicio de la tacha de
falsedad o prueba que en su contra pueda elevarse o reputarse por la parte contra
quien se aduce.
Esta es la tesis que, con plena reserva de los derechos del demandado a discutirlo,
prohíja la Sala en la medida en que supone una interpretación sistemática de la
capacidad probatoria de los documentos públicos que prevén los estatutos
procesales y de la libertad probatoria que les asiste a las partes para acreditar tanto
las obligaciones como su extinción. Además, debe dejarse claro que los
documentos que allegue el interesado para acreditar el pago se hallan a disposición
de la parte contra quien se aducen y, por ende, a ella le es permitido probar o, por
lo menos, controvertir su contenido público, por los medios probatorios pertinentes;
así, si existen documentos que emanan de un funcionario competente no hay razón
que demande con apremio al juez para que dude de su contenido y, entonces,
pretenda un medio de prueba adicional para corroborar el pago.
En suma, la razón práctica que refuerza la postura adoptada por la Sala, es aquella
que indica que el legislador decidió elevar tal interpretación a rango normativo en el
artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 -vigente cuando se presentó la demanda-, cuya
literalidad indica que: “(…) Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición,
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de septiembre de 2013, Rad. 25631.
62 “Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo
ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se
atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia,
elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen,
se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso
(…)”.
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el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en
el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el
proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”.
Al respecto, aunque el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, señala que el certificado
de pagador, tesorero o servidor público es prueba suficiente “para iniciar” el proceso
de repetición, lo cierto es que dicha prueba per se no acredita definitivamente el
pago de la condena impuesta contra el Estado, tal como lo sostuvo la Subsección
A de la Sección Tercera de esta Corporación: "[P]reciso es advertir que lo dispuesto
no implica que los documentos expedidos por el servidor público a cargo, sea una
prueba definitiva e incontrovertible desde la presentación de la demanda, pues es
importante recalcar que aquellos adquieren esa condición cuando su contenido
acredite con suficiencia el hecho que se certifica y en la medida que estando a la
disposición de la parte contraria, no han sido controvertidos, objetados o tachados
de falsos. Así, antes de superar tales eventos, tan solo son prueba sumaria que
sirve como presupuesto para la admisión de la demanda de repetición, pero no así
para la definición del fondo del asunto hasta que sea controvertida" 63.
Justamente, el Consejo de Estado64 se pronunció sobre el alcance del citado
artículo 142 del CPACA, específicamente sobre la calidad de prueba sumaria de la
certificación expedida por el pagador o tesorero para iniciar el proceso de
repetición, manifestando que si bien dicho documento es sumario al presentarse la
demanda, lo cierto es que al contestarse ésta, deja de ser sumario para convertirse
en plena prueba porque ya puede ser objeto de contradicción por la parte contra
quien se aduce. De hecho, la Sección Tercera65 indicó textualmente lo siguiente:
“50. La anterior disposición normativa -se refiere al artículo 142 del CPACA- supone
el interrogante de si la certificación a que se refiere y que resulta necesaria para
admitir la demanda de repetición es, a su vez, prueba definitiva del pago de la suma
de dinero por la cual se repite.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 54518.
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de julio de 2021, Rad. 49051.
65 Ibídem.
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52. En orden a responder el anterior interrogante, la Sala incorporará el concepto de
prueba sumaria expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-523 de 2009,
así:
‘Sobre la noción de prueba sumaria, esta Corporación precisó: ‘No obstante, de vieja
data, la doctrina y la jurisprudencia nacionales han precisado la noción de prueba
sumaria. Así, para Antonio Rocha Alvira, la prueba sumaria es aquella que aún no ha
sido controvertida por aquel a quien puede perjudicar. En efecto, de conformidad con
el artículo 29 Superior, toda prueba para ser considerada como tal debe ser sometida
al principio de contradicción del adversario, lo cual significa que, aunque de hecho en
el proceso no haya sido controvertida, por ejemplo, porque la contraparte lo consideró
inútil o haya dejado pasar la etapa procesal para hacerlo, se haya tenido la
oportunidad procesal de hacerlo (…)’66.
‘En ese sentido la doctrina también ha sido uniforme en señalar que la prueba
sumaria suministra al juez la certeza del hecho que se quiere establecer en idénticas
condiciones que lo hace la plena prueba, con la diferencia que la prueba sumaria no
ha sido sometida a contradicción, ni conocimiento o confrontación por la parte contra
quien se quiere hacer valer (…)’67
53. Considera la Sala que la jurisprudencia en cita contiene los elementos
conceptuales para responder la pregunta inicialmente planteada desde la perspectiva
de lo que es una prueba sumaria. No sobra mencionar que el Código General del
Proceso, al igual que el derogado Código de Procedimiento Civil, no incorporó una
definición legal de la misma.
54. Ciertamente, la certificación a la que se refiere el artículo 142 de la Ley 1437 de
2011 es, prima facie, una prueba sumaria en relación con el pago de la condena por
la cual una entidad pública repite.
55. En efecto, la certificación acerca del pago ostenta la naturaleza de prueba
sumaria desde la presentación de la demanda hasta antes de su contestación, en el
entendido de que es un medio de convicción respecto del cual la parte contra la que
se aduce no ha tenido la oportunidad de controvertirlo.
56. Una vez la mencionada certificación pierde su carácter de sumaria, se somete a
dos exigencias que, de ser superadas, hacen que esta se constituya en la prueba del
pago de la condena. Ellos son: i) los cuestionamientos que pueda presentar la parte
demandada -lo que no es obligatorio y depende de su estrategia de defensa y ii) el
examen que el juez lleve a cabo a la luz de los principios que gobiernan el análisis
de las pruebas.
57. En lo que a este presupuesto se refiere, la Sala advierte que a este proceso se
allegó copia de la Resolución 277 de 28 de diciembre de 2011, mediante la cual el
Ministerio de Justicia y del Derecho autorizó el pago de la referida sentencia
condenatoria en su contra, con cargo al rubro de sentencias y conciliaciones y, a
través de Resolución 422 de 25 de junio de 2012, se ordenó el pago de la suma de
$843’917.250,14 a favor de la señora Adriana Ricaurte Aldana29. Asimismo, a través
de certificación expedida el 23 de julio de 2013, el Coordinador del Grupo de Gestión
Financiera y Contable del Ministerio de Justicia y el Derecho hizo constar que el pago
66 Original de la cita: “Sentencia T-1033 de 2007, MP. Clara Inés Vargas Hernández”.
67 Corte Constitucional, sentencia C-523 de 2009, expediente D-7612, Magistrado Ponente: María
Victoria Calle Correa.
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ordenado en la Resolución 422 del 25 de junio de 2012 se efectuó 8 de agosto de
2012.
58. Con los documentos antes relacionados, está acreditado que el Ministerio de
Justicia y del Derecho pagó la suma de $843’917.250,14 en favor de la señora
Adriana Ricaurte Aldana, teniendo en cuenta el alcance que, de manera reiterada por
esta Subsección, se le ha dado al inciso 3º del artículo 142 del CPACA., razón por la
cual, para la Sala es claro que se cumple este requisito.”
En el caso sub judice el Ejército Nacional para probar el pago de la condena que le
impuso el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 20 de
noviembre de 2012, aportó copia de la Resolución No. 7233 del 19 de septiembre
de 201368 (prueba 8.3.1) y el certificado de la Tesorera Principal del Ministerio de
Defensa Nacional, en el cual se aseguró que la citada resolución fue cancelada
mediante transferencia electrónica el 27 de septiembre de 2013 a la abogada Luz
Mary Muñoz Mesa (prueba 8.3.2).
De conformidad con lo expuesto, en el caso sub judice se encuentra acreditado el
pago de la condena impuesta al Ejército Nacional mediante providencia del 20 de
noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, esto es,
la suma de $454.872.440,07, toda vez que la certificación del 5 de febrero de 2016
(prueba 8.3.2) es un documento público que fue expedido y suscrito por la tesorera
de la entidad demandante, por lo que de conformidad con el artículo 24469 del CGP
se presume auténtico. Adicionalmente en él se discriminó el pago que el Ejército
Nacional realizó en cumplimiento de la sentencia del 20 de noviembre de 2012
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con indicación de la fecha,
valor y concepto. Finalmente, dicho documento obró a lo largo del proceso sin que
fuera desvirtuado o tachado de falso por la parte demandada.
68 Pág. 14 a 17, C. Ppal.
69 “Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la
persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o
de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados
de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales
presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los
que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Así mismo se
presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La
parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad
y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma
de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los
procesos y en todas las jurisdicciones.”
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8.4. La conducta dolosa o gravemente culposa del agente en la causación del
daño reparado por el Estado
Como cuarto y último presupuesto del medio de control de repetición, la entidad
demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los
hechos70, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido
de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la
Administración, fue dolosa o gravemente culposa.
Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del
agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente
culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es
necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia
condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un
conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión71.
Como lo ha sostenido esta Corporación72, para el estudio del dolo o la culpa grave
se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos que originaron la
condena. En el caso en particular, aquella resulta ser la Ley 678 de 2001, en virtud
de la cual hay lugar a predicar las presunciones previstas en la ley ibídem.
Al efecto, el artículo 5° de la Ley 678 de 2001, prevé que la conducta es dolosa
cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades
del servicio del Estado. Asimismo, dispone que se presume que existe dolo del
agente público por las siguientes causas: 1. Obrar con desviación de poder; 2.
Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia
del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de
fundamento; 3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por
desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la
70 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016,
Rad.: 56284.
71 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2018, Rad.:55661.
72 Cfr. Sentencias del 30 de agosto de 2007. Rad.: 29.223; del 26 de febrero de 2009. Rad.: 30329;
del 22 de julio de 2009. Rad.: 25659.
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decisión de la administración; 4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable
a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la
responsabilidad patrimonial del Estado; y 5. Haber expedido la resolución, el auto o
sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.
A su turno, el artículo 6° de la misma norma, dispone que la conducta del agente
del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una
infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones. Esta norma señala que se presume
que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 1. Violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho; 2. Carencia o abuso de
competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable;
3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos
administrativos determinada por error inexcusable y; 4. Violar el debido proceso en
lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con
detención física o corporal.
Pese a lo anterior, es menester recordar que en sentencia C-374 de 2002 la Corte
Constitucional señaló que la parte demandada puede desvirtuar este tipo de
presunciones de hecho mediante prueba en contrario; posición que posteriormente
fue reiterada por el Consejo de Estado73 mediante sentencia del 6 de julio de 2017,
en la que indicó que las presunciones que contempló la Ley 678 de 2001 son
legales, esto es, que admiten prueba en contrario, con lo cual se garantiza el
ejercicio del derecho de defensa.
Además, la jurisprudencia de esta Sección74 ha destacado que quien invoque en la
demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá
probar el supuesto de hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho
inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe
la conclusión que se presume.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2017, Rad.: 45203;
y Subsección A, sentencia del 7 de agosto de 2017, Rad.: 42777.
74 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de mayo de 2014, Rad.:
40755. Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.: 62571.
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Justamente, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-354 de 202075,
fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta por los
funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición. Entre ellos, dicha
Corporación advirtió que la entidad demandante debía probar plenamente y, al
margen del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del
Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a
título de dolo o culpa grave”.
De hecho, en esa misma oportunidad el alto tribunal indicó que las presunciones
legales de dolo y culpa grave, contempladas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678
de 2001, no relevan a la entidad actora de probar ante el juez contencioso
administrativo que el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión
atribuible al demandado, y que tal actuación se enmarca en alguno de los supuestos
legales, como por ejemplo, la desviación de poder, pues “está prohibida la
posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado
contenidas en la providencia condenatoria a la administración”, toda vez que la
determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos
de juicio allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la
oportunidad real de ejercer su derecho de defensa.
Bajo esta óptica, se establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si dentro del sub examine se encuentra acreditado el actuar
doloso y/o gravemente culposo de Jorge Lino Perea Mosquera.
8.4.1. Está demostrado que, mediante sentencia del 20 de agosto de 2008, proferida
por el Juzgado 22 Administrativo de Medellín se declaró administrativa y
patrimonialmente responsable al Ejército Nacional por “los daños ocasionados a los
demandantes, con ocasión de las lesiones personales causadas al señor Augusto
Abelardo Mosquera Girón el día 06 de abril de 2003” y, en consecuencia, se le
condenó a pagar perjuicios materiales e inmateriales a la víctima y a sus familiares.
75 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-354 de 2020, del 26 de agosto de 2020.
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De ello, da cuenta copia de la referida providencia76, de cuyo contenido se destaca
lo siguiente:
“(…) En el presente caso, la responsabilidad del Estado se establece con fundamento
en la aplicación de un régimen objetivo. Como se advirtió en la primera parte de estas
consideraciones, cuando se trata de daños causados por agentes estatales en
desarrollo de actividades que crean un riesgo para los administrados, a pesar de estar
autorizadas, precisamente, para garantizar su protección, poco importa que se
demuestre o no la falla del servicio; probada la actuación del agente estatal, el daño
y el nexo de causalidad existente entre uno y otro, se establece la responsabilidad del
Estado, y la entidad demandada sólo podrá exonerarse demostrando causa extraña,
esto es, fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero, causas
eximentes de responsabilidad, las que no lograron ser probadas en el transcurso del
proceso.
(…) En el caso en estudio aunque está acreditada la propiedad del arma con la que
se generó la lesión al señor Augusto Abelardo Mosquera Girón, lo realmente
importante es determinar quién tiene la guarda de ésta, que en el caso que nos ocupa
le correspondía al agresor, quien para el momento de los hechos se desempeñaba
como soldado regular, perteneciente al Ejército Nacional, al que se le había otorgado
la custodia del arma para cumplir a cabalidad sus funciones, tal como se estableció
en el acápite anterior con las pruebas practicadas en el proceso y por lo tanto se hace
extensiva la responsabilidad al Estado.
(…) En el proceso se pudo determinar con claridad la calidad de soldado del Ejército
Nacional que ostentaba el señor Jorge Lino Perea Mosquera y del arma que fue
utilizada como se hace mención en la relación de los medios de prueba, al igual que
el suceso de la lesión al demandante ocurrido en momentos en que el soldado estaba
en servicio. En estas condiciones, el Despacho considera que se encuentra
demostrada la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, por el daño causado a los demandantes y en consecuencia prosperan las
pretensiones de la demanda.”
8.4.2. Consta que el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 20
de noviembre de 2012, confirmó la decisión del 20 de agosto de 2008, proferida por
el Juzgado 22 Administrativo de Medellín, según da cuenta copia del mencionado
proveído77, de cuyo contenido se destaca lo siguiente:
“(…) La Sala de conformidad con los fundamentos fácticos y probatorios obrantes
en el expediente, encuentra acreditado que evidentemente el señor Augusto
Abelardo Mosquera Girón, fue lesionado por parte del soldado regular Jorge Perea
Mosquera, pues así se desprende de la prueba obrante a (fl 57-61), donde la entidad
accionada se abstuvo de iniciar investigación en contra de este por las lesiones
ocasionadas al señor Mosquera Girón, con el argumento que era un soldado regular
y que por ello no era sujeto disciplinable, de conformidad con el Decreto 1797/00,
advirtiendo que dicha razón no obsta para que fuera investigado penalmente como
76 Fl. 18 a 51, C. Ppal.
77 Fl. 61 a 78, C. Ppal.
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evidentemente se dio con el soldado Perea Mosquera. Investigación Penal que obra
en el expediente contencioso administrativo (cuaderno 02) y donde existe informe
de novedad fechado del día 8 de abril de 2003, donde se establece los hechos
ocurridos el 6 de abril del año 2003, indicando que evidentemente el soldado regular
Perea Mosquera Jorge Eliécer al verse atacado accionó su arma de fuego y lesionó
a la víctima directa. Razón que generó que la Justicia Penal Militar según obra en el
proceso penal (cuaderno 02 fl 213-235), le impusiera medida de aseguramiento de
detención preventiva al SLR Perea Mosquera Jorge-Lino, por lesiones personales
seguidas de perturbación funcional de órgano de carácter permanente en la
modalidad de culposa.”
Así las cosas, en lo que respecta a la responsabilidad del demandado, se reitera
que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley
678 de 2001, deberá probar el supuesto de hecho en que se funda, sin perjuicio de
que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume78. Además, respecto
de aquellas situaciones que no se subsumen en los supuestos contemplados en las
presunciones previstas en los artículos 5° y 6° de la referida norma, la parte actora
debe, entonces, demostrar que en el caso concreto se configuró el dolo o la culpa
grave del agente con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil.
De lo hasta aquí expuesto, encuentra la Sala que la parte demandante no probó el
obrar doloso y/o gravemente culposo de Jorge Lino Perea Mosquera, pues si bien
al proceso se aportaron las copias de las sentencias de primera y segunda instancia
por medio de las cuales se declaró administrativa y patrimonialmente responsable
al Ejército Nacional por “los daños ocasionados a los demandantes, con ocasión de
las lesiones personales causadas al señor Augusto Abelardo Mosquera Girón el día
06 de abril de 2003” y, la condenó a pagar perjuicios materiales e inmateriales a la
víctima y a sus familiares (hechos probados 8.4.1 y 8.4.2), lo cierto es que dichas
decisiones judiciales por sí solas no acreditan que la conducta del demandado fue
dolosa y/o gravemente culposa.
78 “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del
caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante
su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho
a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer
los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su
cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o
por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares.”
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En efecto, llama la atención de la Sala la orfandad probatoria con la que la parte
demandante pretende endilgar responsabilidad a Jorge Lino Perea Mosquera, pues
pese a que en la demanda señala que fue el agente estatal que causó la lesión a
Augusto Abelardo Mosquera Girón con su arma de dotación oficial, lo cierto es que
no se logró acreditar, en aras de aplicar las presunciones de dolo y/o culpa grave
de los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que el soldado Perea Mosquera participó en los hechos en que resultó
lesionado Augusto Abelardo Mosquera Girón, pues si bien en las sentencias de la
reparación directa se hace mención a su actuación, lo cierto es que en aquella
oportunidad no se analizó de manera concreta la responsabilidad subjetiva del
soldado.
De hecho, no solo se tiene que la parte demandante no demostró los supuestos
para abrir paso a las presunciones establecidas en la Ley 678 de 2001, sino que
tampoco probó por otros medios que el demandado actuó con dolo y/o culpa grave
cuando se causó la lesión a Augusto Abelardo Mosquera Girón.
En ese sentido, es indispensable destacar que la responsabilidad patrimonial del
servidor público es eminentemente subjetiva, de allí que el legislador exija que el
deber de indemnizar se desprende de un obrar doloso o gravemente culposo de
aquel.
Así las cosas, para que prospere el medio de control de repetición, además de los
otros requisitos (condena, pago y calidad de servidor o ex servidor público), se
exigen los máximos grados de culpabilidad, pues el agente estatal debe conocer el
resultado lesivo para la entidad y perseguir su acaecimiento o sin querer buscar un
resultado, generarlo, al faltar al deber objetivo de cuidado que se exige del
ciudadano más desprevenido.
En el caso de autos no existe prueba, además de las enunciadas en los hechos
probados 8.4.1 y 8.4.2, que indiquen que la actuación de Jorge Lino Perea
Mosquera fue dolosa y/o gravemente culposa, pues no hay copia del informe oficial
de los hechos o de minutas de servicio, tampoco reposan testimonios u otros medios
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de prueba válidos que acrediten con grado de certeza que la intención del
demandado era la de actuar por fuera de la ley o en desconocimiento de ella.
De otro lado, es importante destacar que la sentencia proferida dentro de la acción
de reparación directa, resolvió la responsabilidad de la entidad demandada (Ejército
Nacional) y el derecho del demandante (víctima) a obtener la reparación de
perjuicios que en ella se dispuso. No obstante, la misma no hace tránsito a cosa
juzgada frente al agente estatal al que se le imputa la causación del daño, porque
el proceso mencionado no tuvo como propósito el juzgamiento de su conducta pues
allí el agente estatal no fue llamado en garantía y, desde luego, no se juzgó lo
relativo a su actuación, así como tampoco su responsabilidad fue en modo alguno
objeto de análisis de dolo y/o culpa grave. De suerte que no puede afirmarse que la
sentencia de condena contra la entidad estatal hace tránsito a cosa juzgada en este
aspecto, es decir, frente a la conducta de Jorge Lino Perea Mosquera.
Lo anterior constituye una razón adicional para concluir que las sentencias del 20
de agosto de 2008 proferida por el Juzgado 22 Administrativo de Medellín (hecho
probado 8.4.1) y la del 20 de noviembre de 2012 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia (hecho probado 8.4.2) no son per se prueba de la
culpabilidad del agente y, por tal razón, en el medio de control de repetición deben
acreditarse todos los supuestos que lleven a inferir razonadamente que el
demandado es acreedores de la aplicación de las presunciones de dolo y/o culpa
grave consagradas en la Ley 678 de 2001, lo cual no ocurrió en el presente caso.
En otras palabras, la Sala considera que la parte demandante no allegó medio de
convicción alguno que permita valorar y analizar si la conducta de Jorge Lino Perea
Mosquera se adecúa a la “presunción” de dolo y/o culpa grave de los artículos 5° y
6° de la Ley 678 de 2001.
De igual modo, es importante destacar que al analizar el acervo probatorio tampoco
se encontró acreditado que la conducta de Jorge Lino Perea Mosquera haya sido
dolosa y/o gravemente culposa, razón por la que, en suma, no está llamado a
responder dentro del medio de control de repetición.
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De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso
la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le era exigible, teniendo en
cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General
del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, cuya omisión por la demandante,
a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia de uno de
los elementos estructurales de la acción de repetición, sin la cual, en los términos
del inciso 2o del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible la declaración
de responsabilidad del demandado.
Así las cosas, se reitera que, al tratarse de un medio de control de repetición, la
carga de la prueba que recaía en el demandante implicaba la comprobación de los
requisitos para su procedencia, esto es, la obligación reparatoria a cargo del
Estado; la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya
ejercido funciones públicas del demandado; el pago de la obligación reparatoria; y
que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño
antijurídico por el cual se condenó al Estado, situación que no aconteció en el sub
examine.
Y aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello
auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente
concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera
buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las
partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para
suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico
procesal entre ambos extremos procesales, pues al juez corresponde guardar la
debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan
a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria.
9. Costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
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costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso el recurso de apelación, establece las siguientes reglas para
proceder a la condena en costas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”
Bajo este entendido, no se fijarán costas y agencias en derecho de segunda
instancia, toda vez que el demandado, Jorge Lino Perea Mosquera, estuvo
representado por curadora ad litem79, quien desempeñó el cargo en forma gratuita
como defensor de oficio80 de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 48
del CGP81.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
79 Fl. 122 a 126, C. 1.
80 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 8 de octubre de 2021, Rad. 61022: “[…] La Sala no fijará agencias en derecho de
segunda instancia, porque los demandados estuvieron representados por curador ad litem (f. 169,
187 y 188 c. 1), quien desempeñó el cargo en forma gratuita como defensor de oficio (art. 48.7 CGP)”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 4 de mayo de 2022, Rad. 58501: “14. La Sala se abstiene de condenar en costas a la
parte demandante porque no se encuentran causadas, debido a que el demandado no compareció
al proceso”.
81 “La designación del curador ad lítem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión,
quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de
forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos
como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir
el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán
copias a la autoridad competente.”
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Radicado: 05001233300020160189301 (73788)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Demandado: Jorge Lino Perea Mosquera
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, por
las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: SIN COSTAS.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
VF
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