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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02052-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02052-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Segundo. CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. Tercero. RECONOCER personería a la abogada Giseth Ivonne Machado Mena, identificada con la cédula de ciudadanía 1.077.430.267 y portadora de la tarjeta profesional 230.279 del C.S. de la J. para representar los intereses del municipio de Itagüí (Antioquia), conforme al poder que obra en los índices 00030 y 00031 de SAMAI. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-02052-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02052-01 (1309-2023)
Demandante: Carlos Fernando Muñoz Castrillón
Demandado: Municipio de Itagüí

Tema: Marco jurisprudencial aplicable al análisis de los actos
administrativos que imponen sanciones disciplinarias. Debido
proceso en la actuación sancionatoria disciplinaria. Alcance del
non bis in idem. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022), por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Carlos Fernando Muñoz Castrillón instauró demanda en contra del
Municipio de Itagüí (Antioquia), en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria expedida el 30 de
septiembre de 2015 por la oficina de Control Disciplinario Interno del Municipio de
Itagüí, mediante la cual fue sancionado con suspensión en el ejercicio del cargo por
el término de diez (10) meses; y de la decisión expedida el 28 de diciembre de 2015
por la alcaldía municipal de Itagüí, que confirmó la medida.

Como restablecimiento del derecho solicitó que se ordene su reintegro al cargo, si
ello no ha ocurrido y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir durante el lapso de la medida sancionatoria.

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HECHOS

3. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

4. Que ocupa una plaza docente como profesor de tiempo completo de básica
primaria en la sección el Tablazo de la Institución Educativa Ciudad Itagüí y que es
miembro de la junta directiva de la organización sindical denominada Asociación de
Empleados del Municipio de Itagüí (ADEMI).

5. Que en el año 2012 se adelantó en su contra una actuación disciplinaria por
presuntas ausencias injustificadas al sitio de labor, durante distintas fechas, desde
enero de 2010 hasta el 8 de octubre de 2013 y que por la presunta ausencia
injustificada a partir del 16 de agosto de 2012 la Secretaría de Educación declaró la
vacancia administrativa del empleo, lo que determinó su salida del servicio, pese a
que informó que disfrutaba de una comisión sindical de tiempo completo en virtud
de la decisión adoptada en el proceso especial de fuero 2010-00135.

6. Que en firme la decisión de retirarlo del cargo dejó de prestar servicios;
inclusive, se negó a atender la orden librada por el Secretario de Educación el 26
de junio de 2012, de presentarse a laborar mientras se adelantaban los trámites de
levantamiento de la garantía foral.

7. Agregó que en la actuación disciplinaria se expidió la decisión del 30 de
septiembre de 2015, en la que se relacionó como falta la ausencia a su sitio de labor
durante los siguientes periodos: (i) los días 3, 16, 17 y 31 de marzo de 2011; (ii) 19
y 24 de mayo de 2011; (iii) 15 y 16 de junio de 2011; (iv) 17, 18, 19, 24, 24 (sic), 25,
26 y 31 de enero de 2012; (v) febrero de 2012 (salvo los días en que disfrutaba de
permiso); (vi) marzo de 2012 (salvo los días en que disfrutaba de permiso); (vii) 19
de abril de 2012; y (viii) mayo de 2012 (salvo los días en que disfrutaba de permiso)
y, en consecuencia fue sancionado con suspensión en el ejercicio del cargo por el
término de 10 meses.

8. Que la anterior determinación se confirmó el 28 de diciembre de 2015 y se
ejecutó mediante la Resolución 17214 del 19 de febrero de 2016, acto que se
comunicó el 22 del mismo mes y año a uno de los correos que suministró en el
trámite disciplinario.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Constitución Política: artículo 83; Código Sustantivo del Trabajo: artículos
405 a 407; Convenio 135 de 1971 de la OIT; Ley 548 de 2000; Decreto 2813 de
2000; Decreto Ley 2277 de 1979: artículo 66; Código Contencioso Administrativo
(sic): artículos 49 y 50; Código de Procedimiento Civil: artículos 332 y ss.; Código
de Procedimiento Laboral: artículos 113 y ss.; Decreto municipal 683 del 13 de julio
de 2011; Decreto municipal 750 del 27 de julio de 2011.

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10. Considera que con los actos demandados se desconocieron los Decretos
municipales 683 y 750 de 2011 porque en virtud del proceso especial de fuero
adelantado ante el Juzgado Segundo Laboral de Itagüí, bajo el radicado 2010-
00135, el ente municipal expidió el Decreto 683 de 2011, en el cual dispuso que lo
reinstalaba en las mismas condiciones en que se encontraba antes de su traslado;
y, luego, mediante el Decreto 750 del mismo año se dispuso el traslado de un
docente «mientras dura la comisión sindical del educador Calros Fernando Muñoz
Castrillón».

11. Con los anteriores actos, como lo sostuvo de manera posterior la Sala Sexta
de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, se generó en él la convicción
de que se le había restituido la comisión o permiso sindical de tiempo completo que
disfrutaba, lo que se acentuó al no pedirle explicaciones por su ausencia y pagarle
la totalidad de su salario y, por tanto, no puede la entidad derivar una
responsabilidad disciplinaria en contravía de lo resuelto en sus propios actos.

12. Que la autoridad disciplinaria violó la cosa juzgada, porque en los procesos
2012-00198 y 2012-00242 la jurisdicción ordinaria laboral reconoció que disfrutaba
de una comisión sindical de tiempo completo, vigente inclusive hasta la fecha de las
decisiones de segunda instancia, proferidas el 12 de noviembre de 2012 y el 13 de
enero de 2013, respectivamente.

13. Según lo anterior, las fechas por las que fue sancionado disciplinariamente
quedaron cobijadas por la comisión sindical permanente y, al existir identidad de
objeto, se desconoció el imperativo de la cosa juzgada.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

14. La demanda fue admitida el 6 de octubre de 20161. El Municipio de Itagüí se
opuso a las pretensiones, al considerar que se respetó el debido proceso y el
derecho a la defensa en el trámite disciplinario y que los periodos de ausencia a los
que se refiere el demandante son incorrectos.

15. Que el demandante gozaba de una comisión sindical regulada por el Decreto
215 del 11 de marzo de 1998, modificada por el Decreto 838 del 16 de julio de 2010.
Con el primer acto se entendía que el permiso era de tiempo completo, con el
segundo se aclaró que este no podía exceder las 10 horas semanales; decisión en
contra de la cual el docente interpuso recurso de reposición, el cual se resolvió
mediante la Resolución 8781 del 6 de septiembre de 2010.

16. Que el artículo 5 del Decreto 838 de 2010 dispuso que el permiso, otorgado
inicialmente por el término de 1 año, podía renovarse siempre y cuando el
representante legal de la organización sindical así lo solicitara y cumpliera con los
requisitos de los artículos 2 y 3 del mismo acto y, como ello no ocurrió este expiró
el 30 de julio de 2011.

1 Véase folio 82 del cuaderno 1. El conocimiento del proceso correspondió, por reparto, al Juzgado Treinta y

Seis Administrativo de Medellín, el cual por auto del 1 de septiembre de 2016 declaró la falta de competencia y
ordenó su remisión al Tribunal Administrativo de Antioquia (véanse folios 75-76 del cuaderno 1).

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17. Agregó que el demandante pretende engañar al juez y revivir términos
legales ya prescritos, al tiempo que desconoce que las decisiones disciplinarias se
adoptaron en un ámbito distinto al de la jurisdicción laboral, sumado a lo cual los
periodos por los que fue sancionado son distintos de aquellos que se sometieron a
discusión ante el juez laboral.

18. Que el señor Muñoz Castrillón tenía la obligación de presentarse a laborar
aun cuando ostentara un cargo directivo en la organización sindical, por lo que mal
podría decirse que se encontraba excluido de responsabilidad disciplinaria.

19. Propuso como excepciones la inexistencia de la obligación, la presunción de
legalidad de los actos y la buena fe2.

20. Se celebró audiencia inicial el 29 de junio de 20173, en la que se determinó
que la decisión sobre las excepciones se tomaría en el fallo, se fijó el litigio y se
decretaron pruebas documentales. Una vez aportadas, por auto del 30 de abril de
20194 se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera su concepto; luego de lo cual se dictó sentencia, que fue
apelada en el plazo oportuno por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

21. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del dieciséis (16)
de noviembre de dos mil veintidós (2022)5, negó las pretensiones y declaró la
prosperidad de la excepción denominada «presunción de legalidad de los actos
administrativos», propuesta por el municipio de Itagüí.

22. En primer lugar, analizó el argumento relacionado con la configuración de la
cosa juzgada, de lo cual concluyó que no se satisfacían los presupuestos de
identidad de causa y objeto, si lo buscado era que esta se declarara respecto de
este medio de control y los procesos adelantados ante la jurisdicción ordinaria
laboral con los radicados 05360-31-05-002-2012-00198-00 y 05360-31-05-002-
2012-00242-00.

23. Respecto del 05360-31-05-002-2012-00198-00 encontró que si bien las
partes correspondían, en sus extremos activo y pasivo, al señor Muñoz Castrillón y
al Municipio de Itagüí, no había identidad de objeto y causa, pues lo que allí se
pretendió consistió en que se declarara que tenía fuero sindical, que disfrutaba de
una comisión sindical y que se ordenara su reintegro, pues se había declarado la
vacancia por abandono del cargo. Y, sobre el proceso 05360-31-05-002-2012-
00242-00 destacó que no existía siquiera identidad de partes, pues el extremo
demandante era el municipio de Itagüí y se pretendió que se levantara el fuero
sindical del docente Muñoz Castrillón.

2 Véanse folios 88 a 99 del cuaderno 1.
3 Véanse folios 301 a 303 del cuaderno 2.
4 Véase folio 430 del cuaderno 2.
5 Véanse folios 436 a 445 del cuaderno 2.

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24. Advirtió que si lo buscado por el demandante era estructurar la cosa juzgada
entre las actuaciones del juez laboral y las de la autoridad disciplinaria, no había
lugar a su declaratoria, pues ante la jurisdicción ordinaria no se adelantó ninguna
actuación de índole sancionatoria, lo que de entrada implica que se trata de trámites
con naturaleza y objeto distintos.

25. Que la demandada no incumplió lo dispuesto por los Decretos 683 y 750 de
2011. Destacó que el primer acto nació como consecuencia de la decisión proferida
el 24 de junio de 2011 en el proceso 05360-31-05-002-2010-00135-00 y en este se
mantuvieron los beneficios sindicales del señor Muñoz Castrillón, contenidos en el
Decreto 838 del 2010 y en la Resolución 8761 del mismo año, esto es, que el
docente tenía un permiso sindical que no podía exceder de las 10 horas semanales,
según la programación que presentara.

26. En relación con el Decreto 750 de 2011 encontró que en este la entidad buscó
contar con un reemplazo en ausencia del demandante, lo que en modo alguno
implicó una ampliación del permiso sindical que ya se le había otorgado mediante
otros actos administrativos y, en ese orden, no podría decirse que un acto expedido
para atender las contingencias que se presentaban con el docente Muñoz Castrillón
le suponga un derecho o beneficio mayor.

27. Se abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

28. El demandante6 interpuso recurso de apelación, en el cual manifestó que la
«cosa juzgada» no se invocaba en relación con los procesos surtidos ante la
jurisdicción ordinaria, sino en relación con el trámite disciplinario y el de declaratoria
de vacancia por abandono del cargo.

29. Lo anterior, porque las actuaciones disciplinarias (sic) que lo desvincularon
fueron retiradas del ordenamiento porque, para las fechas en que se endilgó el
abandono del cargo, las acciones de la administración le habían dado a entender
que disfrutaba una comisión sindical de tiempo completo. Esas mismas fechas
sirvieron de fundamento para el procedimiento disciplinario que concluyó con la
suspensión debatida y es por eso por lo que si el juez laboral ya las había
descartado, la entidad no podía fundamentar el trámite sancionatorio en ellas.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

30. El 24 de marzo de 20237 fue admitido el recurso de apelación y el 15 de
septiembre del mismo año se corrió traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto 8. Por
auto del 5 de marzo de 20269 se decretó una prueba documental y se ordenó correr

6 Véase folio 449 del cuaderno 2. Si bien el escrito contiene otros anexos, analizados estos, se trata de dos (2)

copias del escrito de la demanda (véanse folios 451 a 461 y 461 reverso a 466 del cuaderno 2).
7 Véase folio 475 del cuaderno 2 e índice 00003 de SAMAI.
8 Véase índice 00011 de SAMAI y constancia en el folio 477 del cuaderno 2.
9 Véase índice 00024 de SAMAI.

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traslado a las partes por el término de 10 días, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 247, numeral 5, de la Ley 1437 de 2011.

31. La demandada10 expresó que el Tribunal no encontró configurada la cosa
juzgada y que tampoco se advirtió algún vicio en la expedición de los actos. Que el
trámite disciplinario se sujetó a lo dispuesto en el Código Disciplinario Único y que
el juez de lo contencioso administrativo no puede convertirse en una tercera
instancia en la materia.

32. En escrito posterior11, reiteró que en vigencia del Decreto 215 de 1998 el
permiso sindical del demandante era de tiempo completo, pero que este se modificó
mediante el Decreto 838 de 2010 y se limitó a 10 horas semanales, lo que fue
aceptado por el mismo docente mediante oficio 06F de 2010, de forma que resulta
contradictorio que afirme que su ausencia se encontró justificada, bajo una
interpretación subjetiva del alcance del permiso sindical.

33. Que no es posible hablar de «cosa juzgada» porque las decisiones de la
jurisdicción ordinaria laboral tuvieron por objeto establecer la necesidad de levantar
el fuero sindical antes de declarar la vacancia del cargo, situación que condujo al
reintegro del demandante; pero dichas providencias no se pronunciaron en relación
con la existencia o no de justificación para sus ausencias laborales.

34. La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado12 solicitó
que se confirme la sentencia apelada, pues lo cierto es que el señor Muñoz
Castrillón no fue sometido a un trámite disciplinario distinto al que aquí se demanda
por los mismos hechos y, sumado a ello, los procesos que el demandante invocó a
lo largo de sus intervenciones tienen la naturaleza de ordinario laborales y allí no
fue valorada su conducta a la luz del Código Disciplinario Único, de manera que no
es posible aplicar el principio de la cosa juzgada respecto de trámites con objeto,
naturaleza y jurisdicción distintos. Tampoco podría hablarse de la vulneración del
non bis in idem, como parece sugerirlo el apelante, porque para ello debe existir una
decisión ejecutoriada que haga tránsito a cosa juzgada material, respecto de un
asunto con identidad de sujeto, de acción, objeto y causa.

35. Que el demandante, para la fecha de los hechos, tenía autorizados unos
permisos sindicales y los periodos de ausencia objeto de sanción ocurrieron en
vigencia del Decreto 838 de 2010 que establecía las 10 horas semanales de
permiso; además, las fechas en que se ausentó injustificadamente de su sitio de
trabajo no fueron descartadas ni por la jurisdicción ordinaria ni por la autoridad
disciplinaria, de manera que los argumentos de su apelación carecen de verdad.

36. El demandante guardó silencio.

37. Se resolverá previas las siguientes,

10 Véanse índices 00016 y 00022 de SAMAI.
11
Véanse índices
12 Véase índice 00009 de SAMAI.

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CONSIDERACIONES

38. Corresponde a la Sala determinar si los actos demandados deben revocarse
porque, en términos del apelante, para los periodos que se endilgaron como de
ausencia laboral injustificada, que fueron los mismos que llevaron a que fuera
retirado del empleo, las acciones de la administración le habían dado a entender
que disfrutaba una comisión sindical de tiempo completo y que, por tanto, la entidad
no podía fundamentar el trámite disciplinario en los periodos de ausencia, pues
inclusive el juez laboral los descartó.

39. Con este propósito, la sentencia se referirá al marco jurisprudencial aplicable
al análisis de los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias, al non
bis in idem como componente del debido proceso en materia sancionatoria
disciplinaria y resolverá el caso concreto.

Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

40. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.

41. De ahí que la respectiva actuación esté regida por normas y procedimientos
propios, en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la
defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido pacífica la
posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional de esta
clase de actos, tal como pasa a exponerse.

42. Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del
juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba
el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias13.

43. Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en
que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el
concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental
de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo
que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»14.

44. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se

13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes

Moreno.
14 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.

2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.

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unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»15, y se indicó además que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial» respecto
de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de
cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley,
de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que
lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino
también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.

La garantía de non bis in idem como componente del debido proceso en
materia disciplinaria

45. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

46. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 13716 y 13817 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

47. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se

15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

1210-11. C.P. William Hernández Gómez.
16 Del medio de control de nulidad.
17 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.

48. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir
un límite al ejercicio del poder público, constituye un mecanismo para proteger los
derechos de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los
agentes del Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el
curso de cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan
resultar afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico18.

49. Para determinar si hay lugar a declarar la nulidad por su desconocimiento, se
examinan elementos formales y sustanciales en la formación del acto administrativo
que repercuten en la garantía que consagra el artículo 29 constitucional: a) en la
perspectiva formal, (i) que la actuación se adelante por el competente, (ii)
permitiendo la participación activa de todos los interesados; (iii) que estos sean
escuchados durante el trámite; (iv) que no existan dilaciones injustificadas; (v) que
los interesados puedan aportar, solicitar y controvertir pruebas; (vi) que las
decisiones que se profieran se notifiquen en debida forma y que se dé el trámite
oportuno cuando las decisiones sean impugnadas19; y b) en sentido sustancial, (vi)
que la autoridad aplique el principio de favorabilidad siempre que sea pertinente;
(vii) que durante el trámite de la actuación el investigado se presuma inocente.

50. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del
derecho al debido proceso20 puede predicarse tanto de las providencias judiciales
como de los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente

18 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-

33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
19 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-

01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
20 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la

sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución21.

51. En los supuestos que estructuran el desconocimiento del debido proceso
subyace la protección de los diferentes elementos que estructuran la garantía en el
rango constitucional: el in dubio pro disciplinado, la proscripción de reforma en peor,
la garantía del non bis in idem, las cuales encuentran eco, entre otros, en los
artículos 6, 9 y 116 de la Ley 734 de 2002, régimen disciplinario aplicable al
demandante.

52. En especial, la garantía del non bis in idem implica que al Estado, titular de
la potestad sancionadora en sus distintas manifestaciones, le está proscrita la
actuación tendiente a investigar, juzgar y condenar a una persona varias veces por
la misma conducta22; limite que de manera estricta se ha desarrollado en relación
con el derecho penal y se ha admitido al interior de las actuaciones de naturaleza
disciplinaria, en tanto se satisfagan los supuestos identitarios de objeto, sujeto y
causa23.

53. Ahora, visto desde la perspectiva de un comportamiento que pueda activar
distintos regímenes sancionatorios e inclusive administrativos, la garantía del non
bis in idem encuentra un matiz: la actuación de un servidor público puede lesionar
bienes jurídicos protegidos por distintos regímenes de responsabilidad, sin que en
ningún caso uno deba subsumir al otro o las consecuencias de este deban
trasladarse a aquel. Este punto ha sido pacíficamente abordado por la
jurisprudencia de esta Corporación, destacando que “(…) si bien los distintos
regímenes punitivos comparten elementos comunes, cada uno de ellos tiene su
peculiaridad, en especial, el penal y el disciplinario, dado que la misma conducta
puede ser sancionada en estos ámbitos sin que haya violación al principio non bis
in idem”24.

54. Lo anterior, desde la óptica de procedimiento disciplinario, se explica a partir
de la autonomía que lo caracteriza respecto de los demás regímenes de
responsabilidad y de los medios con que cuenta la administración para actuar
cuando el comportamiento de un funcionario público afecta la prestación del
servicio, como ocurre, por ejemplo, en los supuestos de declaratoria de vacancia
del empleo por abandono del cargo, previsiones en las que no puede dejarse de
lado que, como elemento común, las distintas herramientas con que cuentan las
autoridades que comparten la obligación de aplicar el derecho constitucional al

21 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076

de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
22 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-870 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza. En la providencia

se analizó la exequibilidad del inciso segundo del artículo 28 de la Ley 393 de 1997, pues en dicha disposición
se previó, respecto de la actuación temeraria del abogado que presentara varias acciones de cumplimiento
respecto de los mismos hechos y normas, que sería sancionado por la «autoridad competente», sin perjuicio de
las sanciones «disciplinarias o penales» a que hubiere lugar. La Corte encontró que la expresión «autoridad
competente» se ajustaba a las garantías constitucionales propias del debido proceso; no así el término
«disciplinarias», pues las sanciones contempladas por el Decreto 196 de 1971 (normativa disciplinaria del
ejercicio de la abogacía entonces vigente) y las previstas en el artículo 28 de la Ley 393 de 1997 eran impuestas
por el mismo órgano e implicaban el despliegue de la actividad disciplinaria.
23 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de agosto de 2011. Exp. 25000-

23-25-000-1999-06324-01 (1155-2008). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
24 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de septiembre de 2012. Radicado

11001-03-25-000-2010-00127-00 (0977-2010). Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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debido proceso en sus distintas manifestaciones.

Caso concreto

55. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria25, la Sala destaca
que:

• El 11 de abril de 2012 la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía de Itagüí
(Antioquia) ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en contra del señor
Carlos Fernando Muñoz Castrillón, quien, en su condición de docente de la I.E. Ciudad
Itagüí, al parecer, no asistió a laborar durante distintas fechas, comprendidas entre los
años 2010 y 201226.

• A lo largo de la investigación, se incorporaron distintos informes que daban cuenta de
la constante ausencia del funcionario, quien al parecer disfrutaba de una comisión
sindical27.

• Por auto del 18 de febrero de 2015 se formularon dos cargos al señor Muñoz Castrillón:

«PRIMER CARGO
“Presuntamente, no dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al
desempeño de las funciones encomendadas como docente mientras se desempeñaba
en la Institución educativa (sic) Enrique Vélez Escobar, al no asistir a su lugar de trabajo
durante los días: 3, 16, 17 y 31 de marzo de 2011, 19 y 24 de mayo de 2011, 15 y 16
de junio de 2011, sin justificación alguna, vulnerando así los numerales 1, 2 y 11 del
artículo 34 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el numeral 1 del artículo 35
ibídem (sic), incurriendo así en una falta grave a título de culpa gravísima”.

SEGUNDO CARGO:
“Presuntamente, no dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al
desempeño de las funciones encomendadas como docente mientras se desempeñaba
en la Institución Educativa Ciudad Itagüí, al no asistir a su lugar de trabajo durante los
días 17, 18, 19, 24, 24 (sic), 25, 26 y 31 de enero de 2012, el mes de febrero de 2012,
el mes de marzo de 2012 con excepción de los días 28, 29 y 30, 19 de abril de 2012,
el mes de mayo de 2012, sin justificación alguna, vulnerando así los numerales 1, 2 y
11 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el numeral 1 del artículo
35 ibídem (sic), incurriendo así en una falta grave a título de culpa gravísima”» (negrillas
y mayúsculas en el texto original).

La autoridad disciplinaria fijó el periodo objeto de reproche entre el 28 de septiembre de
2010 y hasta el 12 de junio de 2012, este último, tras considerar que la Resolución 6078
del 9 de abril de 2012, que declaró la vacancia del empleo por abandono del cargo,
quedó en firme en dicha fecha (una vez notificada la decisión sobre los recursos
interpuestos) y, por tanto, los lapsos posteriores de presunta ausencia no podían
tenerse por tales.

También se abordó lo resuelto por la jurisdicción ordinaria laboral en los procesos
tramitados (i) por el disciplinado para ser reintegrado, una vez declarada la vacancia y
en razón de la modificación de la comisión sindical del Decreto 838 de 2010 y (ii) por el
municipio para que se le levantara el fuero sindical, de lo cual se precisó que en las

25 Disponible en formato .zip en el índice 00028 de SAMAI.
26 Véanse páginas 99 a 102 del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 1 DE 4_».
27 Es el caso de los autos del 21 de junio de 2012 (páginas 221 a 222 del archivo «CARLOS FERNANDO

MUÑOZ CASTRILLON 1 DE 4_», 13 de agosto de 2012 (paginas 14-15 del archivo «CARLOS FERNANDO
MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 2 DE 4»), 17 de septiembre de 2012 (páginas 23-24 del archivo «CARLOS
FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 2 DE 4»), 6 de noviembre de 2012 (páginas 40-41 del archivo
«CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 2 DE 4»), 14 de enero de 2013 (páginas 46-47 del
archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 2 DE 4»), 14 de marzo de 2013 (páginas
117-118 del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 2 DE 4»), 2 de mayo de 2013
(páginas 123 a 125 del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 2 DE 4»), 9 de
agosto de 2013 (página 2 del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 3 DE 4»).

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providencias judiciales quedó claro que los términos de la comisión eran los contenidos
en el referido decreto y que, por tanto, esta no era de tiempo completo por expresa
proscripción legal28.

• El 30 de septiembre de 2015 se expidió la decisión disciplinaria de primera instancia.
En esta, el señor Muñoz Castrillón fue sancionado con suspensión por el término de 10
meses, tras ratificarse la calificación grave de la falta y la culpa gravísima como
elemento subjetivo de la responsabilidad.

Se reiteró que en virtud de la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2013 por la Sala
Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, había de entenderse que
la comisión sindical de la que disfrutaba el investigado era la definida en el Decreto 838
de 2010, pues de conformidad con la Ley 584 de 2000 y el Decreto Reglamentario 2813
del mismo año, no resultaba procedente conceder permisos ni comisiones sindicales
con carácter permanente y renovación indefinida y que, inclusive, mediante oficio 06-F
del 4 de octubre de 2010 el docente informó a la Institución la forma en que ejercería su
comisión29.

• Esta decisión fue confirmada el 28 de diciembre de 2015 por el despacho del alcalde
del municipio de Itagüí, quien aclaró, en punto a las razones de la apelación, que al
entonces investigado no se le endilgó responsabilidad por conductas ocurridas en el
año 2010 (para descartar lo relativo a la prescripción). También desvirtuó el argumento
relacionado con que los hechos debían analizarse a la luz del Decreto 215 de 1998 (que
otorgó comisión sindical de tiempo completo) y no del Decreto 838 de 2010 (que la
modificó a 10 horas semanales), tras considerar que el último estaba presumido de
legalidad y que un servidor público no podía desligarse completamente del desempeño
de sus funciones; inclusive, reiteró que el docente, previo conocimiento del contenido
del Decreto 838, mediante oficio 06-F del 4 de octubre de 2010, indicó la forma como
ejercería la comisión que le fue otorgada.

Que, en suma, fue en vigencia del Decreto 838 de 2010 que se analizaron los periodos
de ausencia del funcionario, ocurridos durante el año 2011 y, respecto del 2012, se tuvo
en cuenta que mediante oficio 00375 del 16 de enero de ese año se le comunicó al
docente que debía reintegrarse a cumplir con la totalidad de su carga académica, pues
su permiso sindical había expirado en los términos del mismo Decreto 838 de 2010. El
señor Muñoz Castrillón interpuso recurso de reposición, que se le resolvió mediante
Resolución 577 del 16 de marzo de 2012; y que, no obstante, los reproches
disciplinarios se analizaron como si no hubiese fenecido el término de su comisión30.

56. Para el demandante, la sentencia de primera instancia debe revocarse, pues
no se interpretó en debida forma su manifestación respecto de la «cosa juzgada»,
pues lo que pretendió decir es que, como las fechas de sus ausencias fueron objeto
de la declaratoria de vacancia que fue retirada del ordenamiento, no podían servir
de sustento para endilgarle responsabilidad disciplinaria.

57. Al respecto, lo primero que destaca la Sala es que los planteamientos que el
demandante expuso en su concepto de violación se referían, en efecto, a la
configuración de la «cosa juzgada» y, en esos términos, el Tribunal Administrativo
de Antioquia los despachó de manera desfavorable con dos consideraciones: (i) la
contradicción que implicaría hablar de «cosa juzgada» entre las decisiones de la
jurisdicción ordinaria y el proceso tramitado ante el juez de lo contencioso
administrativo y (ii) la imposibilidad de «cosa juzgada» entre el trámite desplegado
por el juez laboral y el que correspondió a la autoridad disciplinaria, en virtud de que

28 Véanse páginas 31 a 56 del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 2 DE 4».
29 Véanse páginas 225 a 253 del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 4 DE 4».
30 Véanse páginas 301 a 314 del archivo « CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 4 DE 4».

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se trata de actuaciones con objeto y finalidades distintos.

58. El demandante no cuestiona los elementos estructurales de la
responsabilidad disciplinaria, sino que se refiere a la supuesta imposibilidad que
tenía la demandada de sancionarlo por comportamientos que, a su juicio, fueron
objeto de pronunciamiento por parte de otra autoridad. Este enfoque, contenido en
el recurso de apelación, que la Sala interpreta como una forma de invocar el non bis
in idem, tampoco basta para anular los actos demandados y, en ese sentido, se
anuncia que se confirmará la sentencia apelada.

59. Como se explicó previamente, un mismo comportamiento puede dar lugar a
que se activen actuaciones distintas, como al parecer sucedió respecto del señor
Muñoz Castrillón, respecto de quien se declaró la vacancia del empleo por
abandono del cargo y, además, se inició un trámite disciplinario que culminó con
una sanción de suspensión por el término de 10 meses.

60. Es necesario precisar que en los procesos tramitados ante la jurisdicción
laboral no se discutió la existencia o no de periodos de ausencia laboral
injustificados, aspecto que, de entrada, limita la posible discusión acerca del non bis
in idem. Para mayor ilustración, se aclara que, en relación con los actos
administrativos que declararon la vacancia del empleo por abandono del cargo, la
jurisdicción ordinaria laboral conoció de dos demandas:

• Una, promovida por el señor Carlos Fernando Muñoz Castrillón, que buscaba
que se declarara que para cuando se expidió la Resolución que declaró la
vacancia del empleo por abandono del cargo, disfrutaba de la garantía de fuero
sindical y que la orden de reintegrarse a sus labores, impartida el 16 de enero
de 2012 y confirmada el 16 de marzo del mismo año, no estuvo precedida de
autorización judicial y, por tanto, devenía en ilegal. Sumado a ello, la declaratoria
de vacancia tampoco estuvo precedida de autorización judicial, por lo cual
resultaba ilegal31.

Esta demanda se tramitó bajo el radicado 05-360-31-05-002-2012-00198-00 y,
en providencia del 4 de diciembre de 2013, proferida por la Sala Sexta de
Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en sede de apelación, se
ordenó reintegrar al señor Muñoz Castrillón y restablecer la comisión sindical
con base en el Decreto 838 del 16 de julio de 2010, luego de definir que «(…) el
empleador no solicitó en oportunidad permiso para despedir, mediante acción
de levantamiento del fuero sindical del señor MUÑOZ, previamente a la
declaratoria de la vacancia de su cargo, deviene en ineficaz su retiro del
servicio». 32.

• La otra, promovida por el municipio de Itagüí, pretendía obtener la autorización
del juez para levantar el fuero sindical del cual gozaba el referido docente, tras
considerar que mediante Resolución 6078 del 9 de abril de 2012, confirmada
mediante la Resolución 12091 del 16 de mayo del mismo año, que se notificó
por edicto desfijado el 12 de junio de 2012, se declaró la vacancia del empleo
por abandono del cargo y, por tanto, se configuraba la causal de retiro del

31 Véanse páginas 90 a 102 y 103 a 115 del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012

ID 3 DE 4».
32 Véanse páginas 174 a 197 del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 3 DE 4».

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servicio contemplada en el literal i) del artículo 41 de la Ley 909 de 200433.

Esta se tramitó bajo el radicado 05-360-31-05-002-2012-00242-00 y, en
segunda instancia, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Medellín confirmó la decisión de negar el levantamiento del fuero por considerar
que la naturaleza especial del proceso de levantamiento supone que el acto de
despido o de desvinculación no se hubiese efectuado, tanto así, que en el
radicado 2012-00198-00 el señor Muñoz Castrillón obtuvo su reintegro34.

61. De manera que, en ninguno de los dos escenarios, se discutió la ocurrencia
o no del hecho que ocupó el trámite sancionatorio en el cual se expidieron los actos
demandados. Y no se hizo porque el objeto de tales litigios se circunscribió al trámite
que debía adelantar el municipio de Itagüí para desvincular al señor Muñoz
Castrillón, por gozar este de fuero sindical.

62. También es claro que las decisiones que se tomaron por el juez laboral
partieron de considerar que los términos del permiso sindical del que gozaba el
demandante eran los contenidos en el Decreto 838 del 16 de julio de 2010, «Por
medio del cual se modifica el Decreto 215 del 11 de marzo de 1998», en el cual este
se otorgó durante un año, comprendido entre el 30 de julio de 2010 y el 30 de julio
de 2011 y se agregó que «el permiso sindical no podrá exceder las 10 horas
semanales conforme a la programación presentada (…)»35; decisión que fue
confirmada mediante Resolución 8761 del 6 de septiembre del mismo año36.

63. En el marco de lo anterior, el docente informó, en oficio 06-F del 4 de octubre
de 2010 al rector de la I.E. Oreste Sindici de Itagüí, que «(…) ejerceré la comisión
otorgada así: cinco horas el primer día hábil y cinco (5) horas el último día hábil de
cada semana»37 y, luego, en oficio 07-F de la misma fecha, a la rectora de la I.E.
Enrique Vélez Escobar (a la que fue trasladado mediante Decreto 997 de 2010),
que «(…) el permiso sindical del que habla el artículo dos, lo ejerceré el primero (1°)
y el último día hábil de cada semana (…)»38.

64. Estas precisiones son necesarias para advertir que: (i) respecto de los
periodos de ausencia durante la vigencia 2011, para el docente era claro en qué
términos debía hacer uso de su permiso sindical y así lo manifestó a las directivas
de las respectiva instituciones educativas; y (ii) en relación con la inasistencia a
laborar durante la vigencia 2012, si bien administrativamente fue lo que llevó a la
expedición de la Resolución 6078 del 9 de abril de 201239, confirmada el 16 de
marzo del mismo año40, las razones para que el juez laboral ordenara su reintegro
no partieron de la inexistencia de la ausencia, sino de la omisión en que incurrió el

33
Véanse páginas 199 a 213 del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 3 DE 4».
34 Véanse páginas 254 a 275 del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 3 DE 4»

y 1 a 7 del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 4 DE 4».
35 Véanse páginas 147 a 150 del archivo CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 1 DE 4_», 179 a 182 y

192 a 195 del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 2 DE 4» y páginas 41 a 44
del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 3 DE 4».
36 Véanse páginas 166 a 168, 171, 173, 175, 177, 179-180, 182 y 185 del archivo « CARLOS FERNANDO

MUÑOZ CASTRILLON 1 DE 4_».
37 Véase página 165 del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 1 DE 4_».
38 Véanse página 174 y 185 del archivo « CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 003 2012 ID 2 DE 4».
39 Véanse páginas 119 a 130 del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 1 DE 4_».
40 Véanse páginas 131 a 138 del archivo «CARLOS FERNANDO MUÑOZ CASTRILLON 1 DE 4_».

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empleador, pues, consideró el juez, que antes de expedir el acto administrativo se
debió adelantar el proceso de levantamiento del fuero sindical.

65. Adicionalmente, y ubicados en la vigencia 2012, el trámite administrativo para
declarar la vacancia de un empleo por abandono del cargo tiene un propósito que
dista de aquel que activa la potestad disciplinaria del Estado, pues mientras que
aquel tiene lugar cuando la ausencia del funcionario entorpece el correcto
funcionamiento de la administración, en el segundo se analiza la actuación del
servidor desde tres aristas, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, para determinar
si con su conducta se incurrió en un comportamiento previsto en el ordenamiento
como falta disciplinaria, si con este se desconoció de forma injustificada el deber
funcional y si en su ejecución intervinieron el conocimiento y la voluntad del sujeto
disciplinable, al cabo de lo cual se impone un correctivo de los que consagra la
normativa aplicable que, en el caso del demandante, correspondía a la prevista en
la Ley 734 de 2002.

66. Estas consideraciones resultan suficientes para concluir que la autoridad
disciplinaria no desconoció las garantías procedimentales que le asistían al señor
Muñoz Castrillón y que, en el procedimiento que concluyó con la expedición de los
actos demandados, no se investigó dos veces por los mismos hechos. En
consecuencia, lo procedente es confirmar la sentencia apelada.

De la condena en costas en esta instancia

67. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

68. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

69. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

70. En consecuencia, se impondrán costas, en esta instancia, a la parte
demandante, por cuanto se niegan las pretensiones del recurso de apelación. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02052-01 (1309-2023)

liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de noviembre de dos
mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Segundo. CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Tercero. RECONOCER personería a la abogada Giseth Ivonne Machado Mena,
identificada con la cédula de ciudadanía 1.077.430.267 y portadora de la tarjeta
profesional 230.279 del C.S. de la J. para representar los intereses del municipio de
Itagüí (Antioquia), conforme al poder que obra en los índices 00030 y 00031 de
SAMAI.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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