Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-02280-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2016-02280-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-02280-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2016-02280-02
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
10 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
Proceso: Reparación directa
MARCO NORMATIVO DE LA ACTIVIDAD MINERA-Ley 685 de 2001. MEDIDAS CONTRA MINERÍA ILEGAL
O NO FORMALIZADA-Decisión 774 de 2012, Ley 1450 de 2012, Decreto 2235 de 2012. SUBSUELO Y
RECURSOS NO RENOVABLES-Regulación y control de la actividad minera. LICENCIA AMBIENTAL-
Autorización de la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad. DAÑO-Lesión a
un interés protegido por el ordenamiento. DAÑO-Concepto. CERTEZA DEL DAÑO-Demostración
indispensable para la responsabilidad. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen (artículo 167 del CGP). COSTAS-Se
condena a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y la Sala tasará las agencias en
derecho en segunda instancia, art. 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 14 de marzo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
En zona rural del Municipio de Buriticá, Antioquia, Edilberto López Betancur
desarrollaba actividades de exploración y extracción de minería. El 4 de agosto de
2014, la Fiscalía 21 Especializada-Unidad de Protección a los Recursos Naturales
y el Medio ambiente ordenó el registro y allanamiento de varios predios en zona
rural del municipio de Buriticá (dentro de los que se encontraba el área de
explotación del demandante). El 20 de agosto de 2014, servidores de la Unidad
Nacional contra la Minería Ilegal-UNIMIL de la Policía Nacional ejecutaron la orden
de allanamiento en la zona de actividad minera de Edilberto López Betancur y
capturaron a dos personas. Además, amparados en el Decreto 2235 de 2012,
destruyeron seis máquinas excavadoras que estaban en el lugar. Las máquinas
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
eran de propiedad de Edilberto López Betancur quien, además, ejercía actos de
posesión sobre aquellas. Con motivo de la medida de destrucción, el demandante
no pudo continuar con su actividad minera.
Alega falla del servicio de la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional por
actuación arbitraria y extralimitación en el ejercico de sus funciones. La demanda
solicita, además, inaplicar los articulos 5 y 6 de la Decisión 774 de 2012, del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina de
Naciones y, –vía excepción de inconstitucionalidad– inaplicar el Decreto
Reglamentario 2235 de 2012.
ANTECEDENTES
La demanda
El 10 de octubre de 2016, Edilberto López Betancur presentó demanda de
reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, para
que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
“PRIMERA: Que, con fundamento en el articulo 20, inciso segundo, del protocolo
modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina de Naciones, del día 28 de mayo de 1996, en Cochabamba-Bolivia,
aprobado mediante la Ley 457 del día 4 de agosto de 1998, y el artículo 4 de la
Constitución Nacional, me permito formular solicitud de INAPLICABILIDAD del
Artículo 5 y 6 de la Decisión 774 de 2012, del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores de la Comunidad Andina de Naciones, para lo cual me permito
cuestionar la validez de dicha norma frente al Tratado de Creación de la
Comunidad Andina, los tratados de protección de derechos humanos, y las normas
que constituyen y representan el bloque de constitucionalidad en Colombia.
SEGUNDA: Que con fundamento en el articulo 4 de la Constitucion Nacional y el
articulo 148 de la ley 1437 de 2011, de acuerdo a lo expuesto en el CAPITULO III
de este escrito, pretendemos que en este caso particular y concrete, se declare la
excepción de inconstitucionalidad del Decreto Reglamentario 2235 de 2012, por
ser abiertamente inconstitucional.
TERCERA. Con fundamento en el articulo 90 de la Constitucion Nacional, se
declare administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN-MINISTERIO
DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL, de todos los daños y perjuicios causados al
senor EDILBERTO LÓPEZ BETANCUR, el día 20 de agosto de 2014, como
consecuencia de ordenar, aplicar y ejecutar autonomamente in situ la destrucción
de bienes sobre las excavadoras descritas en el numeral cuarto de los
antecedentes de este escrito, con violación de los derechos humanos
fundamentales de este, y extralimitándose en sus funciones de Policía Judicial,
violando los fines esenciales del Estado, como las limitaciones y sanciones que
pueden imponerse a la propiedad privada, como tambien desconociendo los
regímenes sancionatorios ordinarios en que se puede formular el reproche la
conducta (minero, ambiental y penal), e incurriendo en un trato cruel, inhumano y
2
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
degradante, como se expuso anteriormente, con lo cual causó un dano antijurídico
que debe ser indemnizado y que no esta obligado a soportar.
CUARTA: Consecuentemente a título de reparación directa se condene a la
NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL, al pago a favor del
senor EDILBERTO LÓPEZ BETANCUR de las siguientes suma:
a).- DAÑO EMERGENTE la suma de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES DE PESOS ($1,149,000,000), correspondiente al valor de la seis (6)
excavadoras destruidas, segun discrimina y detalla en el dictamen del perito
evaluador VICTOR FREDY RUIZ AGUDELO, de la siguiente forma:
a.I La suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200,000,000), para la
excavadora de orugas línea SK210 LC marca Kobelco modelo 2004, de 21
toneladas, Serie No. YQ08U1579, chasis No. YQ08J1579, Motor No. 6D34-
097303, con manifiesto de importación 4157707212489953802023847012586254
del 17 de abril de 2010 del Banco de Occidente., destruida e incinerada en las
coordenadas N 06° 43 56 W 75° 51 47.
a.2. La suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($230,000,000),
para la excavadora de orugas línea 320CL, marca Caterpillar modelo 2006, de 21
toneladas, serie CAT0320CCPAB01675, Chasis CAT0320CCPAB01675, motor N°
7JK75550, con motor Mitsubishi 3066, y declaracibn de importación N°
412008100008681-6, radicacion 4157707212489953802013920011545542 del 10
de diciembre de 2008 del BBVA de Turbo, incinerada y destruida en las
coordenadas N 06° 43 41 W 75° 51 42.
a.3. La suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS
(189.000.000), para la excavadora de orugas línea CX 240 marca Case, modelo
2005, de 24 toneladas, con serial N° DAC241518, chasis DAC24518, motor
N°46475761, manifiesto de importación N° 062008100136688-9,
4157707212489953802007678310002344 del 4 de junio de 2008 del Banco de
Colombia de Cartagena, incinerada y destruida en las coordenadas N 06° 43 41 W
75° 51 45. adhesive
a.4. La suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120,000,000), para la
excavadora de orugas línea E240 B marca Caterpillar, modelo 1989, de 24
toneladas, serie No. 1CK00892, chasis 9PF00075, motor No. 16660972, con
brazo, cucharon con dientes y declaración de importación N° 9401090895497,
radicación banco de Caldas No. 18026010016813 del 23 de agosto de 1994,
incinerada y destruida en las coordenadas N 06° 44 15 W 75° 51 31.
a.5 La suma de CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS ($170,000,000), para
la excavadora de orugas línea 320B Caterpillar, modelo 1999, de 21 toneladas,
serial ' 3MR05969, Motor 7JK35951, arreglo 75K3595, con motor Mitsubishi 3066,
declaración 352005100111925-6, 4157707212489953802050111020002291 del
29 de junio del 2005 del Bancafe oficina de Buenaventura, incinerada y destruida
en las coordenadas N 06° 44 19 W 75° 51 28.
a.6. La suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($210,000,000),
para la excavadora de orugas línea 320C Caterpillar, modelo 2003, de 21
toneladas, serie No. CAT0320CTFBA02566, chasis CAT0320CTFBA02566, motor
No 7JK69025, declaracion de importacion N° 062007100310693-0, adhesive
01426031116020 del 21 de noviembre de 2007del Banco de Bogota, incinerada y
destruida en las coordenadas N 06° 44 18 W 75° 51 31.
b).- LUCRO CESANTE Debido a que el senor EDILBERTO LÓPEZ BETANCUR a
la fecha no ha podido remplazar las seis (6) maquinarias excavadoras destruidas
in situ autonomamente por la Policía Nacional, por cuanto carece de los medios
3
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
económicos para ello, pues el trabajo de los mencionados equipos representaban
su único ingreso en ese momento, y dichos equipos en promedio rentaban cada
uno la suma de setenta mil pesos ($70,000) por hora libres, y promedio trabajaban
siete (7) horas diarias, y doscientas diez (210) horas mensuales mínimo cada una.
Resulta que cada excavadora le producía diariamente la suma de
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($490,000) DIARIOS, por tanto, las
seis (6) excavadoras rentaban diariamente la suma de DOS MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($2,880,000), y, a la fecha elaboración
de este escrito, han transcurrido 771 días contados desde su destrucción, lucro
cesante consolidado que asciende a la suma de ($2,266,740,000), y para el futuro
(lucro cesante futuro) se deberá liquidar en la misma proporcion diaria hasta la
fecha que se produzca el pago por parte de la entidad demandada.
(…)
d).- PERJUICIOS MORALES. La destrucción de su patrimonio por parte de una
autoridad policial que debia protegerlo, represento un trato cruel, inhumano y
degradante que afecto su honra y dignidad, causandole un dolor moral profundo, el
cual se estima en la suma de cien (100) salaries minimos mensuales.
QUINTA. Se condene al pago de las costas y agendas en derecho1.
Hechos
La demanda afirmó que, en zona rural del Municipio de Buriticá, Antioquia,
Edilberto López Betancur desarrollaba actividades de exploración, extracción y
comercialización de minería. Para ejecutar su actividad, contaba con 6
retroexcavadoras marcas Kobelco SK210LC, CASE CX-240, CATERPILLAR 320
CL, CATERPILLAR 320B, CATERPILLAR E240B y CATERPILLAR 320C, frente a
las que ejercía actos de posesión.
Relató que, el 4 de agosto de 2014, la Fiscalía 21 Especializada-Unidad de
Protección a los Recursos Naturales y el Medio ambiente –con fundamento en la
presunta comisión de los delitos de “explotación ilícita de yacimiento minero (art.
338 del C.P.), daños a recursos naturales (art. 331 del C.P.) contaminación
ambiental por explotación de yacimiento minero (art. 333 del C.P.) e invasión de
área de especial importancia ecologógica (art. 337 del C.P.)– ordenó el registro y
allanamiento de varios predios en zona rural del municipio de Buriticá. Dentro de
esa zona se encontraba el área de explotación minera del demandante.
Para la diligencia se comisionó a la Policía Nacional y al CTI de la Fiscalía.
Además, conforme a la orden, estaban facultados para: (i) determinar los
responsables de los trabajos censurados, (ii) los minerales objeto de la extracción;
(iii) verificar si contaban con título minero o con solicitud de legalización o
1 Páginas 65-67 archivo “001Demanda”, carpeta “Cuaderno principal” expediente digital índice Samai 2.
4
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
formalización. Solicitar, además, (iv) la licencia ambiental y los permisos
ambientales correspondientes, (v) la utilización de sustancias como mercurio y
cianuro, (vi) la clase de maquinaria usada en la actividad minera, e identificar e
incautar la maquinaria de ser necesario con fines eminentemente probatorios.
Agegó que, el 20 de agosto de 2014, servidores de la Unidad Nacional contra la
Minería Ilegal-UNIMIL de la Policía Nacional ejecutaron la orden de allanamiento
en la zona de actividad minera de Edilberto López Betancur. En la diligencia
fueron recibidos en el inmueble por Edilberto López Betancur, quien explicó que
era el encargado del frente minero y exhibió una carpeta titulada “informe técnico
de solicitud de legalización de minería de hecho de fecha 20 de abril de 2012”.
Luego, abordaron a un trabajador mientras usaba una máquina retroexcavadora y
lo capturaron –junto a Edilberto López Betancur–.
Luego, miembros de la fuerza pública, autónomamente, in situ, presuntamente
amparados en el Decreto 2235 de 2012, destruyeron seis máquinas excavadoras
que estaban en el lugar y las dejaron abandonadas en el sitio produciendo una
grave contaminación ambiental. Edilberto López Betancur, además de ser el
dueño de las retroexcavadoras, ejercía actos de posesión sobre aquellas, y, con
motivo de la medida no pudo continuar con su actividad minera (único sustento
laboral y familiar).
La demanda solicita, como primera medida, inaplicar los articulos 5 y 6 de la
Decision 774 de 2012, del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la
Comunidad Andina de Naciones –en adelante CAN– (que estableció medidas de
prevención y control en desarrollo de la Política Andina de Lucha contra la Minería
Ilegal). Además, se pretende –vía excepción de inconstitucionalidad– inaplicar el
Decreto Reglamentario 2235 de 2012, por medio del cual se reglamentó el artículo
6 de la Decisión número 774 de 2012 y el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011
(sobre el uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras sin
autorización legal)
Por otro lado, alega falla del servicio de la Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional por actuación arbitraria y extralimitación en el ejercico de sus funciones.
Según la demanda, los agentes de la fuerza pública estaban facultados sólo para
cumplir las órdenes de la Fiscalía y no excederse en sus competencias. Al
respecto, sólo podían solicitar documentación (títulos mineros, procedimientos,
5
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
licencias y permisos) e incautar las máquinas con fines probatorios.
Adicionalmente, la destrucción era improcedente, porque la actividad cuestionada
estaba sometida a tres procesos de formalización minera promovidos por el padre
de Edilberto López Betancur”. Esta última circunstancia, conforme a la demanda,
no fue tenida en cuenta por los agentes quienes, de forma autónoma, quienes,
careciendo de competencia, afectaron los derechos fundamentales del trabajador 2.
Contestación de la demanda
La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al oponerse a las
pretensiones de la demanda, manifestó que no existía en el expediente material
probatorio que permitiera atribuir responsabilidad a la Policía Nacional. Sostuvo
que la actuación del 20 de agosto de 2014 fue legítima, ajustada a derecho y se
enmarcó en el plan de intervencion presidencial contra la mineria criminal y
concretamente al decreto N° 2235 del 30 de octubre de 2012, que reglamentó el
artículo 6° de la decision n° 774 de 2012 de la CAN y autorizó la destruccion de
maquinaria, partes y equipos utilizados en actividades mineras sin las
autorizaciones y exigencias previstas en la ley.
En cuanto a la diligencia de destrucción de maquinaria pesada, señaló que esta
fue precedida por la verificación en tiempo real y por teléfono satelital con
servidores de la Agencia Nacional de Minería sobre la existencia de título minero.
Al no existir el exigido título, ni licencia ambiental, y al prohibirse el uso de
maquinaria en este tipo en actividades de explotación sin legalización, procedieron
a su destrucción, tal y como lo preveía el Decreto 2235 de 2012.
Añadió que las pruebas daban cuenta de que la actividad del demandante
implicaba una explotacion ilícita de yacimientos mineros a cielo abierto con
máquinas pesadas sin título minero. Ello imponía que debía soportar la
destrucción. Estas medidas, entonces, estaban ajustadas a derecho y no
constituyeron una falla del servicio.
Respecto a la de solicitud de inaplicabilidad del Articulo 5 y 6 de la Decision 774
de 2012, del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la CAN, afirmó que
la misma no era procedente. Tampoco la inaplicación del Decreto N° 2235 del 30
2 F. 1-4 c. 1. Páginas 1-4 archivo “001Demanda”, carpeta “Cuaderno principal” expediente digital índice 2
Samai.
6
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
de octubre de 2012, que autorizó la destruccion de maquinaria y equipos utilizados
en actividades mineras sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley.
Estas normas, según la entidad demandada, no desconocían derechos
fundamentales ni los principios de la Constitución. Por otro lado, agregó que el
demandante había interpuesto una demanda de nulidad contra el Decreto
Reglamentario 2235 de 2012, que el proceso estaba en curso y se había negado
la solicitud de suspensión provisional.
Sobre el Decreto Regalmentario 2235 de 2012, puntualmente, adujo que este no
era inconstitucional, porque fue expedido en desarrollo del artículo 106 de la Ley
1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014), que prohibió en todo el
territorio nacional la utilización de dragas, retroexcavadoras y demás equipos
mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro
Minero Nacional, y, en desarrollo de las facultades otorgadas en el artículo 6 de la
decisión 774 de 2012 de la CAN.
Por último, alegó la falta de legitimación en la causa por activa, porque el
demandante no acreditó el derecho de propiedad sobre las excavadoras. Para el
efecto, no aportó contratos de compraventa ni los documentos de inscripción en el
Registro Terrestre Automotor (exigidos por ser vehículo de maquinaria pesada)3.
Sentencia de primera instancia
El 14 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia
en la que negó las pretensiones de la demanda al no inaplicar el Decreto 2235 de
2012 –vía excepción de inconstitucionalidad– y, además, por la inexistencia del
daño antijurídico derivado de la destrucción de maquinaria pesada destinada a
actividad minera.
Sobre la solicitud de excepción de inconstitucionalidad frente al Decreto 2235 de
2012, sostuvo que esta reglamentación fue expedida en virtud de una orden
andina de obligatorio cumplimiento, la cual ordena a los países miembros aplicar
de manera directa e incondicionada las directrices del ordenamiento jurídico
comunitario. Este mandato, según el Tribunal, al ser incorporado de manera
directa no requería pasar por un procedimiento de aprobación previo. La medida
3 Páginas 1-21 archivo “007Contestación de la demanda”, carpeta “Cuaderno principal” expediente digital
índice 2 Samai.
7
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
en contra de la minería ilegal era y es de obligatoria aplicación en cumplimiento de
los atributos de preeminencia, aplicación inmediata y efecto directo de las normas
andinas) y en aplicación del principio de prevención que caracteriza al derecho
ambiental. La Decisión 774 (que fundamentó la expedición del Decreto 2235 de
2012) creó una doble facultad para los países miembros de la CAN: por un lado, la
de decomisar, incautar, inmovilizar, destruir (entre otras medidas) los bienes o
maquinaria empleada en minería ilegal, y, por el otro, la de reglamentar la
oportunidad y procedimiento necesario para hacer efectivas las medidas.
Frente a la medida de destrucción de las seis retroexcavadoras, el Tribunal
sostuvo que, aun cuando se afectaron los bienes en posesión de Edilberto López
Betancur, la lesión no constituyó un daño antijurídico. Según se estimó, al
momento de llegar los agentes de la Policía, constataron que el demandante
ejecutaba una actividad prohibida en la Ley (minería y aprovechamiento de
recursos naturales con empleo de maquinaria pesada sin autorización legal).
Además, una vez consultada a la Agencia Nacional de Minería (en tiempo real por
teléfono satelital), la entidad informó que no existía título minero vigente y que la
explotación se hacía en un área de reserva de recursos naturales y declarada de
utilidad por motivos ambientales.
Sobre la diligencia de allanamiento y registro del 20 de agosto de 2014, el Tribunal
consideró que el procedimiento se adelantó en compañía de expertos del grupo de
criminalistica ambiental de la Policía Nacional-DICAR: un ingeniero químico, una
ingeniera ambiental y una bióloga, quienes procedieron a tomar muestras de la
explotación minera a cielo abierto y encontraron un grave daño ambiental y
contaminación ambiental. Estimó, además, que el demandante, para el momento
de la diligencia, no tenía título minero conocido, ni licencia ambiental y su
explotación no correspondía a los procesos de legalización de minería de hecho o
minería tradicional, puesto que empleaba medios mecánicos para la actividad.
Finalmente, sostuvo que, aun cuando el demandante sufrió un daño cierto, real y
determinado por la destrucción de las retroexcavadoras de su posesión (que le
privó del uso, goce y disposición de los vehículos de manera permanente), este no
era antijurídico, puesto que Edilberto López Betancur no contaba con los requisitos
exigidos por la ley minera para desarrollar actividades de explotación con
8
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
maquinaria pesada en área de reserva ambiental protegida4.
Recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia. En el
escrito del recurso sostuvo que:
a) Con fundamento en el artículo 20, inciso segundo del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (aprobado mediante
Ley 477 de 1998), y de conformidad con el artículo 4 de la C.N., el Tribunal, en la
sentencia de primera instancia, debió inaplicar los artículos 5 y 6 de la
Decisión 774 de 2012 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de
la Comunidad Andina de Naciones. Al respecto, el recurso indicó que la
Decisión 774 definió una conducta (con connotación de delito) y determinó una
sanción a esa conducta sin competencias para expedir la misma. El Acuerdo de
Creación de la CAM no dispuso –dentro de sus objetivos y fines– tipificar
conductas y establecer sanciones penales, administrativas o policivas. Por otro
lado, la Decisión no debió dejar en los gobiernos (rama ejecutiva) la regulación de
aspectos que tenían y tienen reserva legal en materia minera y ambiental.
Además, desconocía y desconoce el poder del órgano legislativo, el estado de
derecho y la división de poderes.
La Decisión Andina, además, se ocupa de temas que no le corresponden: (i) no le
compete eliminar y afectar la propiedad privada, (ii) afectar las garantías mínimas
judiciales y derechos humanos fundamentales (expidiendo normas sancionatorias
contravencionales o penales); (iii) desconocen tratados de derechos humanos
adoptados por la CAN (Carta Andina de Promocipon de Derechos Humanos),
suscritos por los países miembros (entre ellos Colombia), y (iv) desconoce los
principios consitucionales nacionales de defensa, contradicción, juez natural,
legalidad de la conducta, formas propias de juicios, reserva legal; protección de la
propiedad privada y su limitación por motivos de utilidad pública o ecológica.
b) En cuanto a la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 2235 de
2012, sostuvo que era un acto reglamentario que no hacía parte del ordenamiento
jurídico andino por ser una decisión interna de país miembro. Al respecto, precisó
4 Páginas 9-19 pdf sentencia de primera instancia. Expediente Samai Tribunal Administrativo de Boyacá.
9
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
que el ejecutivo no tenía competencia para regular conductas con reserva legal
(artículo 80), circunstancia que constituyó un exceso en la potestad reglamentaria
que afectó el principio de legalidad, separación de poderes. Además, desconoció
el derecho al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y a la impugnación.
Afectó, además, la propiedad privada y sus limitaciones constitucionales. En ese
orden, expuso, debía inaplicarse el Decreto vía excepción de inconstitucionalidad
por violación de normas superiores. Sobre el particular, dijo el recurso:
Se indica que la Constitución sólo autoriza –y garantiza- que las sanciones y los
procedimientos sancionatorios sean establecidos por la ley conforme al principio
de reserva, de legalidad y debido proceso definido en el artículo 29, en artículo 80
y el artículo 360, que dicha relación de adecuación del poder debe ser
judicialmente controlada si se quiere respetar la inobjetable condición de “norma
jurídica” que caracteriza a la Carta Política26 (art. 4). Por lo cual, un procedimiento
administrativo policial sancionatorio, minero, o ambiental, o judicial, que prescinda
o excluya de dicha garantía constitucional, resulta inconstitucional, contrarío al
sentido de justicia no solo del ordenamiento andino de promoción de los derechos
humanos, sino también de la Constitución Política Colombiana, como al respeto
que toda persona merece a su dignidad y sus bienes, por parte de la autoridades
en un Estado que se considere Social Democrático de Derecho; más aún cuando
dicha disposición en los términos concebidos por el Gobierno pretende desplazar
el ordenamiento jurídico interno, por su presunta prevalencia y aplicación directa,
creando un vacío normativo (i) no solo en relación con los límites establecidos en
las normas internacionales y nacionales para la afectación de la propiedad privada
y los derechos humanos fundamentales, como el debido proceso, la presunción de
inocencia, buena fe y el derecho de defensa, y conexos como el trabajo y vida
digna; (ii) sino también recorta etapas y recursos esenciales que deben contener
los procedimientos sancionatorios colombianos; (iii) desconoce la asignación de
funciones de las autoridades internas competentes para el juzgamiento y la
aplicación de las sanciones que afectan los derechos humanos fundamentales en
los diferentes ámbitos jurídicos en los que se puede formular el reproche penal,
ambiental y minero, lo cual resulta violatorio del derecho a la igualdad –art.13 C N-
y del debido proceso –art.29 Superior-. Aunque se invoque presuntamente la
protección de un bien colectivo como el medio ambiente, en todo caso y en ningún
momento justifica la violación y afectación de derechos humanos fundamentales,
que son de la esencia de un estado democrático social de derecho.
Adicionalmente, sostuvo que el Decreto 2235 de 2012, al fundamentarse en el
artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, incurrió en una extralimitación en los temas
que debía regular, pues estableció, en cabeza de la Policía Nacional, la
competencia para imponer y ejecutar las sanciones previstas, cuando lo correcto
era sujetarse a lo establecido en lel artículo 106 que, al respecto, precisaba “las
sanciones la simpondrá la autoricad policiva correspondiente”. Esta competencia
se reducía, según la Ley, a las autoridades policivas mineras: alcaldes
municipales en sus jurisdicciones, el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones
Regionales Ambientales y las Unidades Ambientales en grandes centros urbanos.
Por otro lado, agregó que la Policía Nacional (como fuerza pública), en el ámbito
10
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
penal, debía sólo cumplir las órdenes de la Fiscalía, pero no tenía facultades para,
de forma autónoma, ejecutar sanciones que puedan afectar derechos
fundamentales.
Al respecto, dijo el recurso:
La Policía Nacional, en todos estos casos policivos mineros ambientales, como
miembros de la fuerza pública, de acuerdo a la constitución y la ley (artículo 218 de la
C.N.), simplemente cumplen funciones de cooperación permanente con dichas
autoridades, en los términos de artículo 307 del Decreto Ley 2811 de 1974. Por lo
tanto, al tratarse de un asunto policivo minero de explotación de minerales sin título
minero con maquinaria pesada, por autoridad policiva correspondiente, la
competencia policiva minera debe entenderse asignada a los Alcaldes Municipales de
acuerdo con los artículos 306 y 313 de la Ley 685 de 2001.
De otra parte, en el ámbito penal, la Policía Nacional en las investigaciones penales
como funcionarios de Policía Judicial, se encuentran bajo la Dirección y coordinación
de la Fiscalía General de la Nación, pero en ningún momento autónomamente tiene
funciones jurisdiccionales que puedan afectar derechos fundamentales, como lo prevé
el Decreto 2235, para la ejecución de la destrucción de la maquinaria, con lo cual se
viola el artículo 29, los numerales 2, 3 y 8 del artículo 250, artículo 251 y 228 de la
Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 338 de la Ley 559 de 2000, y
artículo 36 y 79 de la Ley 600 de 2004, por cuanto corresponde a la Fiscalía General,
dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que cumple la Policía Nacional, y en
caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos
fundamentales, la Fiscalía deberá obtener la respectiva autorización judicial por parte
del juez que ejerza las funciones de control de garantías para proceder a ello, según
los determina expresamente el numeral 2 de la norma constitucional (artículo 250) y la
ley penal adjetiva (artículo 78, 92 y 246 de C.P.P).
De tal manera que el mencionado decreto en artículo 1, sin competencia y facultades
para ello, usurpando las funciones legislativas del Congreso de la Republica (Numeral
2 Artículo 150, en concordancia con el artículo 360 de la C.N.), tipifico y estableció una
sanción no prevista en la constitución ni en la ley Colombiana, particularmente la de
“destrucción de la maquinaria pesada”, para cuando se realice exploración o
explotación de minerales por cualquier persona natural o jurídica, sin contar con título
minero inscrito en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental o su equivalente,
cuando esta última se requiera, independientemente de quién tenga en su poder la
maquinaria pesada o los haya adquirido o si se trata o no de terceros de buena fe
exenta de culpa.
(iii) En cuanto a las conclusiones del Tribunal sobre el registro de maquinaria y la
legitima posesión en poder del demandante, la sentencia incurrió en un error
fáctico en la valoración de las pruebas aportadas con la demanda pues estos
documentos acreditaban, además de la posesión, la legítima propiedad de las
excavadoras destruidas. Indicó que los bienes fueron importados con anterioridad
al año 2012, que este tipo de retroexcavadoras (por sus características técnicas)
no podían desplazarse por sí misma y circular en las vías del territorio nacional
(artículo 2 de la Ley 769 de 2002). Dichos vehículos, para su desplazamiento,
11
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
deben hacerlo por medio de otros vehículos diseñados para transportarlos. En ese
orden, al haberse comprado la máquina antes del año 2012 y no poder transitar
por sí misma, no estaba obligada a inscribirse en el “registro de maquinaria
agrícola, industrial y de construcción”, el cual, según el recurrente, procedía de
forma voluntaria y era sólo con fines estadísticos.
(iv) En lo que respecta a la falla del servicio alegada por la destrucción de las
retroexcavadoras en diligencia de allanamiento y registro, el recurso planteó
que hubo una indebida valoración probatoria a la sentencia penal absolutoria
proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito, quien absolvió al demandante de
la comisión del delito de “invasión área de especial importancia ecológica” y del
delito de “explotación ilícita de minerales”. En relacion con el delito de explotación
ilícita (Articulo 332 del C.P.), el recurso agregó que su comisión se descartó
porque, en el área donde se encontraron las excavadoras, se contaba vigente la
legalización NEU-101381 para el momento de la diligencia de allanamiento,
circunstancia que dejó sin piso la ilicitud de la conducta.
Sostuvo, además, que la entidad demandada, al ejecutar la medida de
destrucción, desconoció que, conforme a las Leyes 1382 de 2010, el Decreto
Reglamentario 1970 de 2012 y el Decreto 933 de 2013, las autoridades no podían
aplicar las medidas de los artículos 161 y 306 de la Ley 685 de 2001 hasta tanto
no se resolvieran las solicitudes de legalización de quienes ejercían actividades
mineras sin título. Entonces, la actividad de Edilberto López Betancur no debió ser
limitada (menos destruida) hasta tanto no se le resolvieran sus actuaciones
administrativas de legalización. El empleo de la maquinaria pesada en la zona de
la actividad del demandante estaba respaldada por la Ley y no desconocía las
exigencias legales previstas.
Agregó que la falla del servicio también se concretó en la ausencia de orden de
Fiscalía o juez penal para destruir las retroexcavadoras del demandante. La orden
de allanamiento expedida por la Fiscalia de Recursos Naturales los facultaba
única y exclusivamente a incautar los bienes del área registrada con fines
probatorios. Sobre este punto, dijo el recurso:
También debemos advertir, que la Policía Nacional, el día 20 de agosto de 2014,
cuando el señor EDILBERTO LOPEZ BETANCUR, se acercó para mostrarles y
exhibirles su documentación de las legalizaciones que amparaban la actividad minera
desarrollada en su predio, y estos gendarmes se niegan a escucharlo, y por el
12
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
contrario, lo reducen a la impotencia tirándolo al suelo, lo propio hicieron con el señor
ALCIDES DE JESUS AVILA PEREZ, quien se encontraba operando una excavadora
haciendo una conformación o adecuación del terreno, la Policía con su
comportamiento irregular de igual forma violaron el debido proceso y los derechos
fundamentales de los investigados, por cuanto la existencia de las legalizaciones, tal
como lo estipulo la fiscalía y le defensa en la etapa del juicio en el proceso penal,
permitía descartar el tipo penal de explotación ilícita de yacimiento minero (artículo
338 del C.P.), y justificaba la existencia de la actividad minera, como la presencia de
la maquinaria lugar, pues no puede existir ilicitud cuando es la ley la que otorga
autorización provisional a la persona en proceso de legalización, mientras se resuelve
de manera definitiva la solicitud (artículo 12 de la ley 1382 de 2010 y artículo 165 de la
ley 685 de 2001), por lo que en estos casos, reiteramos es imposible adecuar el tipo
penal a partir de su primer elemento normativo, referente al desarrollo de las
actividades de exploración, explotación o extracción sin el permiso de la autoridad
competente, lo que fue pasado por alto absurdamente por la autoridad policial que
practicó la diligencia de allanamiento y registro, menos dicha autoridad policial podía
proceder a la destrucción de la maquinaria como se hizo en este caso, porque el
artículo 1 del decreto 2235 de 2012, solo admite la procedencia de la aplicación de la
medida de destrucción de maquinaria pesada y sus partes cuando es utilizada en
actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y
exigencias previstas en la ley.
En efecto, no puede existir ilicitud cuando es la ley la que otorga una autorización
provisional, mientras se resuelve la solicitud de legalización44, aspecto que fue
desconocido burda y flagrantemente por la Policía Nacional, al destruir la maquinaria
autónomamente, desconociendo las legalizaciones de minería de hecho que el señor
EDILBERTO LOPEZ BETANCUR, le exhibió en ese momento, más aún cuando la
orden de allanamiento y registro presentada, respecto de los bienes que se utilizan en
la explotación minera, simplemente los facultaba para “incautarlos”, una vez hubiesen
constatado que no existía “título o legalizaciones”, como expresamente se consigna
en la respectiva orden de registro resolución No. 0845.
Trámite de segunda instancia
El 14 de mayo de 2024, el Tribunal concedió el recurso de apelación6 y el
Despacho lo admitió el 8 de julio de 20247. Como no se solicitaron pruebas en el
recurso de apelación, el expediente ingresó para fallo, de conformidad con el
artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20218.
CONSIDERACIONES
1. La demanda se presentó el 10 de octubre de 2016, por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
5 Páginas 1-90 pdf recurso de apelación. Expediente Samai Tribunal Administrativo de Boyacá.
6 Índice 52 Samai Tribunal Administrativo de Boyacá (páginas 1-2).
7 Índice 06 Samai Consejo de Estado.
8 Índice 12 Samai Consejo de Estado.
13
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este código9, en los aspectos no contemplados se
seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando
se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de
una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA10. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA11, según el cual conoce de los recursos de apelación
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la
cuantía, porque el valor de la pretensión material mayor12 supera los 500 SMLMV
exigidos por el artículo 152.6 del CPACA13, esto es, $344.727.000.14.
Medio de control procedente
3. La reparación directa es el medio de control procedente para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
9 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
10 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
11 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]».
12 El lucro cesante fue concretado en $2.266.740.000.
13 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]».
14 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2015, $644.350, por 500.
14
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo 15, cuya legalidad no
se cuestiona. En este caso, el medio de control de reparación directa procede para
reclamar el daño derivado de la presunta extralimitación de la Policía Nacional
como autoridad protectora del medio ambiente y del control de la seguridad y
orden público en su jurisdicción.
Ahora bien, como en la demanda existen pretensiones en las que se pide inaplicar
–en el caso concreto– unos cuerpos normativos (Decisión 774 de 2012 y Decreto
2235 de 2012), es importante aclarar en este presupuesto procesal que, al
interpretar tales pretensiones –a la luz de los hechos y fundamentos de derecho–
la única finalidad de la demanda, en este aspecto, es la de no aplicar las normas en
el estudio del caso concreto, sin pretensiones de afectar su validez o la presunción
de legalidad que los reviste.
Demanda en tiempo
4. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el literal i)
del artículo 164.2 del CPACA es de dos años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.
La demanda se interpuso en tiempo –10 de octubre de 2016– porque el
demandante conoció el daño el 20 de agosto de 2014, fecha en la que la Policía
Nacional ejecutó la orden de allanamiento y registro y destruyó las 6
retroexcavadoras destinadas a actividades mineras. El 18 de agosto de 2016 se
presentó la solicitud de conciliación prejudicial, diligencia que suspendió el término
de caducidad hasta el 7 de octubre siguiente siguiente, fecha en la que se declaró
fallida la audiencia16. A partir de ese momento se reanudó el término por los 3 días
faltantes, que vencían el 10 de octubre de 201617.
Legitimación en la causa
15 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
16 SAMAI, índice 2, en el archivo “EXPEDIENTEDIGI20210609094855.pdf”, Cuaderno 1, páginas 119-124.
17 Páginas 263-264 C. 1 Expediente digital.
15
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
5. Edilberto López Betancur alegó la condición de propietario y poseedor de las
seis máquinas retroexcavadoras destruidas en diligencia de allanamiento y
registro por la entidad demandada. Para el efecto, el demandante aportó seis
certificados de declaración de importación18.
Los documentos de importación aportados fueron expedidos a nombre de Jaime
Horacio Gómez Serna, Soledad Patricia Velásquez Nieto, Edilberto Vergara
Morales; Almacenadora de Bancos S.A.13; Germán Augusto Gutiérrez14 y Ortiz
Alfredo Manuel. Pero en ninguno de ellos figura el demandante19.
5.1. Sobre la inscripción y registro de vehículos y maquinaria agrícola, el artículo
46 de la Ley 769 de 2002 prevé que todo vehículo automotor registrado para
circular por el territorio (incluida la máquina capaz de desplazarse, los remolques y
semi-remolques) debe ser registrado e inscrito en el Registro Nacional Automotor
que llevará el Ministerio de Transporte.
A su turno, el numeral 7 del literal a) del artículo 10 de la Ley 1005 de 2006
–modificado por el artículo 207 del Decreto Ley 019 de 2012– dispone que toda la
maquinaria agrícola, industrial y de construcción debe ser inscrita en el Registro
Único Nacional de Tránsito -RUNT- y que el Ministerio de Transporte, una vez
efectuada la inscripción, expedirá la tarjeta de registro.
En concordancia, la Resolución 0012335 de 2012 expedida por el Ministerio de
Transporte estableció, en el artículo 320, que el Registro Nacional de Maquinaria
Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada pasaría a incorporarse en el
RUNT. A su vez, según el artículo 1121, el propietario de maquinaria agrícola,
industrial y de construcción podía solicitar un certificado de tradición del vehículo
registrado en el RUNT.
18 F. 146 a 151 C. 1.
19 F. 146 a 151 C. 1.
20 “Artículo 3°. Obligatoriedad del Registro. A partir de la fecha de entrada en operación del Registro Nacional
de Maquinaria Agrícola y de Construcción Autopropulsada en el Sistema RUNT, la maquinaria agrícola,
industrial y de
construcción autopropulsada, fabricada, importada o ensamblada en el país, debe ser registrada en el sistema
RUNT”.
21 “Artículo 11. Certificado de Tradición. El interesado podrá obtener ante el Organismo de Tránsito,
Certificación de Tradición de la maquinaria registrada en el sistema RUNT”.
16
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
Conforme al marco normativo que antecede, la maquinaria industrial y agrícola
–como lo es una retroexcavadora– debe ser debidamente inscrita en el Registro
Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada,
incorporado en el RUNT. La tarjeta de registro expedida (luego de la inscripción)
más el certificado de tradición correspondiente son la prueba del derecho de
dominio sobre este tipo de maquinaria.
En el caso concreto, el demandante no aportó tarjetas de propiedad ni certificados
de tradición de las seis maquinarias, ni la tarjeta de registro correspondiente,
circunstancia que impide acreditar su condición de propietario. Esta sola
circunstancia podría dar lugar para concluir que el actor no se encuentra
legitimado en la causa por activa. Sin embargo, como en la demanda también se
alegó la calidad de poseedor sobre los bienes, se pasará a verificar si el
demandante demostró que utilizaba las máquina con el ánimo de señor y dueño.
5.2. Sobre esta calidad, la Sección Tercera ha sostenido que quien alegue un
daño sobre un bien frente al cual ostenta la calidad de poseedor, puede reclamar
los perjuicios derivados de esa afectación, siempre y cuando demuestre que sobre
el mismo ejercía actos de señor y dueño. Sobre el particular, dijo la Sala:
De conformidad con la jurisprudencia de la Corporación y del artículo 47 de la Ley
769 de 2002, Código Nacional de Tránsito vigente para la época de los hechos, la
manera de demostrar la propiedad de un vehículo automotor era a través de la
prueba de la inscripción, ante las autoridades de tránsito, del título por medio del
cual se adquirió el bien22.
22 Acerca de la prueba de la propiedad de los vehículos automotores, así se pronunció la Subsección A de la
Sección Tercera de la Corporación en sentencia fechada 26 de febrero de 2014, dentro del expediente No.
41001-23-31-000-1997-09808-01 (27.749), Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez:
“Como colofón a la cadena de previsiones normativas aludidas, la Ley 769 de 2002 Código Nacional de
Tránsito Terrestre actualmente en vigor estableció como requisitos uniformes tanto en materia civil como
en el ámbito mercantil para hacer efectiva la tradición de los automotores, tanto la entrega material del
automotor como la inscripción del negocio jurídico correspondiente en el Registro Nacional Automotor,
obligación ésta consignada de forma expresa en el artículo 47 del citado conjunto normativo, en los términos
que se trascriben a continuación:
‘Artículo 47. La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material,
su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro Nacional
Automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá
hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo’.
‘Si el derecho de dominio sobre el vehículo hubiere sido afectado por una medida preventiva decretada entre
su enajenación y la inscripción de la misma en el organismo de tránsito correspondiente, el comprador o el
tercero de buena fe podrá solicitar su levantamiento a la autoridad que la hubiere ordenado, acreditando la
realización de la transacción con anterioridad a la fecha de la medida cautelar’.
“La norma transcrita deja completamente claro y expreso no solo que el mecanismo del título y el modo es el
que continúa operando en Colombia para transmitir la propiedad o para introducir modificaciones en los
derechos reales respecto de vehículos automotores, sino también que la tradición —modo— ha de cumplirse
mediante la correspondiente inscripción en el registro público respectivo; (…).
“Como corolario de lo anterior, la propiedad o la realización de cualquier negocio jurídico que afecte un
derecho real respecto de un vehículo automotor, solamente puede probarse con la acreditación tanto del título
(contrato) como del modo (tradición tabular) del cual se deriva la calidad de propietario, usufructuario,
acreedor pignoraticio, etcétera; las normas que expresamente establecen una tarifa legal de prueba en esta
17
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
Pese a que la discusión gira en torno a una retroexcavadora, no por ello el
demandante estaba exento de aportar la prueba que lo acreditara como su
propietario, pues, según la Ley 769 de 2002, esa clase de bienes se consideran
vehículos automotores y por ende se encuentran sujetos a registro.
Ahora bien, aunque en el proceso obra el contrato de permuta por medio del cual el
demandante adquirió la retroexcavadora, no se cuenta con la prueba de que el
negocio jurídico hubiere sido inscrito ante un organismo de tránsito […].
Así las cosas, no puede concluirse que el demandante era el propietario del referido
automotor, calidad con la que compareció a este proceso. Sin embargo, lo cierto es
que el señor Julio Ernesto Guamán Caro era su poseedor.
La Sala no puede obviar los siguientes medios de prueba que aportó la DIAN con la
contestación de la demanda, entre los cuales se encuentra el contrato de permuta
referido anteriormente.
En efecto, dicho contrato, calendado el 3 de junio de 2005 –anterior a la
aprehensión del automotor que ocurrió el 7 de ese mes y año -, es demostrativo de
que el demandante era su legítimo poseedor desde esa fecha.
Adicionalmente, debe considerarse la Resolución número 0496 del 19 de abril de
2006, por medio de la cual la DIAN decidió ordenar la entrega de la retroexcavadora
objeto de discusión al señor Julio Ernesto Guamán Caro y no a alguna otra
persona.
De igual manera, cuenta el expediente con la comunicación que la DIAN remitió a la
Almacenadora Almagrario Bosa, para que, con fundamento en la Resolución
número 0496, hiciera entrega del vehículo al ahora demandante23.
En posterior pronunciamiento, la Subsección A consideró que, aun cuando no se
acreditó la propiedad sobre los bienes reclamados, los documentos aportados (el
contrato de promesa de compraventa y la declaración de importación) permitían
constatar la condición de poseedor sobre los referidos vehículos. Al respecto, se
estimó en esa oportunidad:
En concordancia con lo anterior, en el sub lite, si bien el demandante no acreditó la
calidad de propietario de los vehículos por los cuales reclama, dado que están
sujetos a registro y no se aportaron las pruebas para demostrar la propiedad, lo
cierto es que de los documentos aportados al proceso se puede evidenciar que el
señor Ramón José Posada Pérez acreditó su condición de poseedor de las
máquinas destruidas, como se procede a explicar.
Al respecto, la Sala destaca que: i) en relación con la máquina marca Volvo, N° de
chasis VCEC210BJ00040080 se tiene el acta de entrega del vehículo y el acta de
entrega técnica del mismo automotor y ii) en cuanto al vehículo marca Volvo, N° de
chasis VCEC210BL00071917 se encuentra el contrato de promesa de compraventa
junto con su declaración de importación ante la DIAN; documentos que en ambos
casos ponen en evidencia que el demandante demostró su posesión, además, el
materia —artículos 43 y 44 del Decreto-ley 1250 de 1970— excluyen la posibilidad de que las anteriores
circunstancias puedan acreditarse mediante la sola aportación de los títulos o instrumentos sujetos a
inscripción (…)” (Negrilla por la Sala).
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de octubre de 2017, radicado 25000-
23-26-000-2008-00195-01 (39126). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
18
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
actor certificó desarrollar actividades mineras, a través de su establecimiento de
comercio mina La Posada, de ahí que es dable analizar la configuración de los
elementos del daño antijurídico en el caso concreto24.
5.3. Obra en el expediente el “informe de registro y allanamiento –FPJ– “, suscrito
por tres funcionaros del grupo de policía judicial. En el documento se reseña la
diligencia de allanamiento y registro –ordenado por la Fiscalía 21 Especializada de
Protección a los Recursos Naturales– en la vereda Mogotos, finca “Tesorero” a
orillas del río Cauca. Conforme al informe, una vez llegaron a un “frente minero” en
las coordenadas n° 06° 43 56”, a orillas del río Cauca, observaron varias
retroaxcavadoras en funcionamiento y en labores de explotación. Una vez llegaron
al lugar de la actividad, según se consignó en el documento, fueron atendidos por
Edilberto López Betancur, quien informó a los servidores de la Policía que era el
dueño del predio (por herencia de su padre), de los bienes contenidos en él, y,
además, era el encargado del “frente minero” desde hacía muchos años.
Este documento público se presume auténtico porque fue suscrito por empleados
a cargo de la diligencia policial y judicial del 20 de agosto de 2014, y no fue
desconocido por las partes. En cuanto a la calidad alegada en la demanda
(poseedor), su contenido da cuenta que Edilberto López Betancur, al momento de
la diligencia, alegó su condición de dueño del predio, de la actividad y de los
bienes destinados a esta.
5.4. En el proceso declararon Cruz Oralia Patiño, MarÍa Victoria López Patiño,
Alcides De Jesus Avila Perez, Diofanor Tuberquia Zapata y Alvaro De Jesus
Mestra Martinez –amigos y vecinos del demandante– quienes afirmaron que
Edilberto López Betancur tenía a su cargo la actividad minera que antiguamente
era de su padre, era el dueño de la maquinaria con la operaba la mina y dirigía la
explotación y comercialización. Agregaron que, el 20 de agosto de 2014, fecha de
la destrucción de las retroexcavadoras, López Betancur se encontraba en el área
de operaciones a cargo de la mina y fue quien recibió a las autoridades para la
práctica de la diligencia. Además, declararon que, con motivo de la diligencia
judicial y por estar bajo su responsabilidad la mina, Edilberto fue procesado
penalmente.
24Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de noviembre de 2020, radicado:
25000-23-36-000-2015-01594-02(58954). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
19
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
El dicho de estos testigos merece credibilidad porque fue coherente, claro y
uniforme. Identificaron a Edilberto López como “el dueño de la maquinaria y el
encargado de la actividad minera en zona rural de Buriticá” y precisaron actos de
señor y dueño sobre sus bienes, en especial, sobre la retroexcavadoras
destruídas el 20 de agosto de 2014. Hicieron mención de la diligencia de
allanamiento de la Policía Nacional y que fue él, precisamente, quien estuvo a
cargo de la diligencia. Además, lo declarado coincide con el informe de policía
judicial de registro y allanamiento del 20 de agosto de 2014 en el área en la que
López Betancur ejecutaba actividades de minería con maquinaria pesada.
La prueba documental y testimonial da cuenta de la relación física –o de hecho–
entre Edilberto López Betancur y las retroexcavadoras destinadas a la actividad
minera –que alega– a su cargo (así lo reconocieron los testigos y así dio cuenta la
diligencia de allanamiento del 20 de agosto de 2014). Estos elementos probatorios
acreditan, además, el elemento volitivo o intencional (propio de la condición de
poseedor) al reputarse Edilberto López Betancur frente a las demás personas y
frente a las autoridades con ánimo de señor y dueño sobre los referidos bienes.
En consecuencia, está acreditada la legitimación en la causa por activa.
La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional está legitimada en la causa por
pasiva porque tienen a su cargo el control del orden público y del medio ambiente.
Además, porque miembros de policía judicial –en diligencia de allanamiento y
registro a predios destinados a minería– ejecutaron medida de destrucción de 6
excavadoras empleadas en actividades mineras.
Problema jurídico
6. Corresponde a la Sala determinar: (i) si hay lugar a inaplicar los artículos 5 y 6
de la decisión 774 del 30 de julio de 2012, expedida por el Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina de Naciones; (ii) si se debe
inaplicar –vía excepción de inconstitucionalidad– el Decreto 2235 de 2012, que
reglamentó el artículo 6° de la Decisión No. 774 de la Comunidad Andina de
Naciones y el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011. Y (iii) si se configuró un daño
antijurídico que deba ser reparado, por la ejecución de medida de destrucción de
maquinaria pesada empleada en extracción y explotación de minería.
20
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
Análisis de la Sala
7. Según el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia debió
inaplicar los artículos 5 y 6 de la Decisión 774 de 2012 del Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina de Naciones. Al respecto,
sostuvo que la Decisión 774 definió una conducta (con connotación de delito) y
determinó una sanción a ese comportamiento sin competencias para expedir la
misma. El Acuerdo de Creación de la CAN no dispuso, dentro de sus objetivos,
tipificar delitos y establecer sanciones penales, administrativas o policivas, y, al
tratar la “minería ilegal” abarcó temas que no le correspondían en directa
afectación de los derechos humanos. Además, la Decisión no debió dejar en los
gobiernos (rama ejecutiva) la regulación de aspectos que tenían y tienen reserva
legal en materia minera y ambiental. Además, desconocía y desconoce el poder
del órgano legislativo, el estado de derecho y la división de poderes.
Política Andina de Lucha contra la minería ilegal
8. Los gobiernos de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela25, conscientes
de que la integración de la subregión andina era necesaria para preservar la
soberanía e independencia de cada país, crearon, a través del Acuerdo de
Cartagena de 1969, la Comunidad Andina de Naciones26 –en adelante CAN–, una
organización subregional de derecho internacional público, con la finalidad de
“permitir una coordinación efectiva de los órganos e instituciones que lo
conforman, para profundizar la integración subregional andina, promover su
proyección externa y consolidar y robustecer las acciones relacionadas con el
proceso de integración”27.
Conforme al artículo 128 del Acuerdo de Cartagena, los países miembros
emprenderían acciones para impulsar el desarrollo integral de las regiones de
frontera para incorporarlas de manera efectiva a las economías nacionales y
subregionales andinas. Asimismo, emprenderían acciones conjuntas para un
mayor aprovechamiento tanto de sus recursos naturales renovables y no
renovables, así como la conservación y mejoramiento del medio ambiente.
25 En la actualidad solo son parte de la organización Colombia, Perú y Ecuador.
26 Artículo 5 del Acuerdo de Cartagena.
27 Artículo 7 del Acuerdo de Cartagena.
21
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
En desarrollo de la finalidad general de la CAN y de los objetivos concretos
enunciados, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de los
países miembros de la comunidad expidió la Decisión 774 de 3 de mayo de 2012,
por medio de la cual se estableció “la política andina de lucha contra la minería
ilegal”. Conforme a los motivos de la normativa, como la minería ilegal28 era un
“problema de carácter multidimensional en todos sus aspectos” y atentaba contra
la aspiración de mayores nivel de desarrollo económico, social y ambiental
sostenible de los países involucrados, y, dado que esta actividad (ejecutada sin
autorización legal y sin control de autoridad competente) provocaba graves daños
–en muchos casos irreversibles- a la salud de la población, al medio ambiente y a
los recursos naturales, los países integrantes de la CAN debían implementar
acciones de prevención y lucha contra este tipo de minería29.
En artículo 5 de la Decisión 774 de 2012 dispuso que los países debían adoptar
las medidas legislativas, administrativas y operativas necesarias para garantizar la
prevención y control de la minería ilegal, con el objeto de formalizar o regularizar la
minería en pequeña escala, artesanal o tradicional, y ejecutar acciones contra la
minería ilegal tales como el decomiso o incautación, o la neutralización,
destrucción e inmovilización (cuando –por sus características o situación concreta-
no resulte viable lo primero).
A su turno, el artículo 6 previó que los países miembros de la comunidad se
encontraban facultados para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir,
demoler, inutilizar y neutralizar, los bienes, maquinaria, equipos e insumos
utilizados en la minería ilegal. Para el efecto, a los Gobiernos les correspondía
reglamentar la oportunidad y el procedimiento respectivo, a fin de instrumentalizar
y hacer efectivas estas medidas.
Naturaleza y atributos de las normas comunitarias
9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido, a través de su
jurisprudencia, que el ordenamiento jurídico andino goza de los siguientes
atributos: preeminencia, aplicación inmediata y efecto directo 30.
28 Entiéndase por minería ilegal aquella actividad minera que se desarrolla sin autorizaciones y sin
cumplimiento de requisitos legales de cada país de la CAN. Artículo 3 de la Decisión 774 de 2012.
29 Considerandos y art 1 de la Decisión 774 de 2012.
30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial del proceso 575-IP-2015 e
interpretación prejudicial del proceso 2-IP-90.
22
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
El principio de preeminencia implica que la normativa comunitaria prevalece
sobre las normas internas (incluidas en ellas las normas constitucionales) de cada
uno de los países miembros de la Comunidad Andina. Así, en caso de una
incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá
preferir la primera31.
El artículo 5 del Tratado de 26 de mayo de 1979 dispuso que la entrada en vigor
de una norma comunitaria ha de determinar automáticamente la inaplicabilidad del
derecho interno que sea contrario a sus determinaciones o que, de alguna manera
las desnaturalice, y ello en virtud de la primacía que tiene la norma comunitaria. La
posible colisión de normas, en consecuencia, ha de resolverse sin vacilaciones ni
reticencias en favor del derecho de la integración.
Al respecto, ha resaltado el Tribunal Andino:
“El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio
de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los
países miembros (…) según las normas fundamentales o básicas del
ordenamiento inegracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de
la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La comunidad
organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por
razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno (…)32”
El principio de aplicación inmediata, por su parte, alude a la exigibilidad de la
norma comunitaria, es decir, al efecto obligatorio en el país integrante (sin
requerirse una norma interna de incorporación al derecho nacional). En ese orden,
el carater obligatorio impone a las autoridades y a los jueces la obligación de
aplicar la disposición andina desde el momento en que empiecen a regir. Al
respecto, el artículo 3 del Protocolo Modificatorio al Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina33 prevé que las decisiones del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión, y las
Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los
países miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del
Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. Cuando su texto
así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno
31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial del proceso 575-IP-2015 e
interpretación prejudicial del proceso 2-IP-90.
32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial del proceso 575-IP-2015 e
interpretación prejudicial del proceso 2-IP-90
33 Incorporado por Ley 457 de 1998.
23
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en
cada país.
El Tribunal de Justicia, en la interpretación prejudicial del proceso 3-AI-9634
precisó que la aplicación inmediata significa que la norma comunitaria adquiere
automáticamente, de por sí, estatuto de derecho positivo en el orden interno a los
Estado a los que va dirigida (…). Agregó, además, que es de la esencia del
derecho comunitario que sus disposiciones no tengan que pasar por el tamiz
legislativo antes de su aplicación interna. En la interpretación perjudicial del
proceso 2-IP-8835 sostuvo que, frente a las normas comunitarias, las autoridades
no podían formular reservas u objeciones para inaplicar las Decisiones ni los
reglamentos, o escudarse en disposiciones vigentes o prácticas usuales de su
orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones
resultantes del derecho comunitario.
En esta línea, se reitera, el principio de aplicación inmediata implica que las
Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y las
Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina son
automáticamente incorporadas a la normativa interna de cada país miembro,
constituyendo, entonces, fuente inmediata de derechos y obligaciones y todo juez
tiene la obligación de aplicarla directamente.
El principio de efecto directo, aun cuando comprende el principio de aplicación
inmediata (anteriormente explicado), su concepto alude, sobre todo, a su carácter
exigible, es decir, a que los destinatarios de las normas pueden acudir a los jueces
a pedir la aplicación de la norma andina, bajo el entendido de que generan
derechos y obligaciones susceptibles de ser exigidos ante las autoridades36.
Los anteriores principios van de la mano con el concepto de supranacionalidad
–que involucra efectos especiales y directos sobre las normas internas–. Sobre el
particular, la Corte Constitucional en sentencia C 137 de 1996 precisó:
24. Como es sabido, el concepto de supranacionalidad - dentro del que se inscribe
el Acuerdo de Cartagena - implica que los países miembros de una organización
34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial del 24 de marzo de 1997 (proceso 3-
AI-96).
35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial del 25 de mayo de 1988 (proceso 2-
IP-88).
36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial del proceso 3-AI-96.
24
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
de esta índole se desprendan de determinadas atribuciones que, a través de un
tratado internacional, son asumidas por el organismo supranacional que adquiere
la competencia de regular de manera uniforme para todos los países miembros
sobre las precisas materias que le han sido transferidas, con miras a lograr
procesos de integración económica de carácter subregional. Las normas
supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos
internos de los países miembros del tratado de integración, que no se derivan del
común de las normas de derecho internacional. Por una parte, esta legislación
tiene un efecto directo sobre los derechos nacionales, lo cual permite a las
personas solicitar directamente a sus jueces nacionales la aplicación de la norma
supranacional cuando ésta regule algún asunto sometido a su conocimiento. En
segundo lugar, la legislación expedida por el organismo supranacional goza de un
efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia
y, por lo tanto, en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza (que no
deroga) - dentro del efecto conocido como preemption - a la norma nacional37.
El concepto de supranacionalidad encuentra claro fundamento en la Constitución
colombiana cuando ella establece que las relaciones internacionales del país se
"orientarán hacia la integración latinoamericana y del Caribe" (C.P., artículo 9).
En este sentido, el Congreso de la República podrá "aprobar o improbar los
tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho
internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente
determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por
objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados" (C.P.,
artículo 150-16). La filosofía integracionista, se reitera en el artículo 227 de la
Carta, a cuyo tenor: "el Estado promoverá la integración económica, social y
política con las demás naciones y especialmente, con los países de América
Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de
equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive
para conformar una comunidad latinoamericana de naciones" (C.P. artículo 227).
En esa línea, los principios de preeminencia, aplicación directa y efecto directo
constituyen, además de la razón de ser del ordenamiento jurídico andino, los
principios orientadores de la interpretación de las normas comunitarias por parte
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la vinculación o adherencia
obligatoria a esa interpretación por parte de los jueces nacionales de los países
miembros.
10. Sobre la solicitud de inaplicación de los artículos 5 y 6 de la Decisión 774 de
2012, como primera medida, la Sala deja claro y reitera el carácter preeminente de
las normas comunitarias, que obliga a las autoridades y a los jueces la aplicación
inmediata –y sin distinción– de las disposiciones que conforman el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina. Conforme a la regla comunitaria contenida en el
artículo 4 del Acuerdo de Creación del Tribunal de Justicia de la CAN, Los Países
Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para
asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico
37 Estos efectos fueron reconocidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en su
concepto de septiembre 6 de 1979, Consejero Ponente: Jaime Paredes Tamayo.
25
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
de la Comunidad Andina. De igual forma, se comprometen a no adoptar ni
emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo
obstaculice su aplicación.
10.1. Sobre las medidas de prevención y control de la minería ilegal, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, en interpretación prejudicial del proceso 575-IP-
2015, por solicitud de la Sección Quinta del Consejo de Estado, sostuvo que la
protección a la salud de la población, al medio ambiente, a los recursos naturales
y al desarrollo sostenible de los países miembros era uno de los objetivos del
Tratado de Creación de la CAN, y, en consonancia con esa finalidad,
implementaron una política andina de lucha contra la minería ilegal, actividad que,
además de causar daños irreversibles, tenía efectos en las regiones fronterizas de
la comunidad. Este instrumento, a partir de su publicación38, pasó a formar parte
de la normativa interna de cada uno de los países miembros de la Comunidad
Andina.
Entonces, la voluntad política de la Decisión 774 era y es contrarrestar y erradicar
la minería ilegal de los países miembros por la grave amenaza a la salud humana
y al medio ambiente (al no ser controlada por las autoridades ambientales
correspondientes y al realizarse en contravención a las exigencias previstas por
los países miembros). Conforme a la interpretación prejudicial en mención, en
virtud del principio de prevención que caracteriza al derecho ambiental, los países
comunitarios debían regular mecanismos y medidas destinadas a prevenir, vigilar
y evitar daños ambientales por la minería ilegal y estaban facultados, incluso, a
acudir a los instrumentos penales pertinentes para el efecto.
En cuanto a los procesos de formalización de minería tradicional, artesanal o de
pequeña escala, precisó el Tribunal de Justicia Andino que esta orden debía
entenderse no a partir de una protección a quien ejerce la actividad sin
autorización sino de una protección de un bien superior: el medio ambiente, es
decir, la orden estaba inspirada en asegurar la protección del medio ambiente,
ecosistemas, biodiversidad, recursos natuales y salud de la población cercana a
esas actividades. En ese orden, no podía ser aplicado ni interpretado en el sentido
de generar impunidad sino en servir de imperativo de protección del medio
ambiente.
38 Publicado el 10 de octubre de 2012 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena n°. 2103.
26
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
Frente a las medidas de decomiso, incautación, destrucción e inutilización de
maquinaria pesada (contenido en el artículo 6 de la Decision 774 de 2014), en
interpretación prejuidicial del proceso n°. 669-IP-201539, el Tribunal de Justicia
estimó que uno de los motivos que inspiraron el referido instrumento era el de
optimizar el control y la vigilancia, y el erradicar formas en las que tenía lugar la
minería ilegal y generaba mayor impacto al ambiente (sobre todo a cuencas
hidrográficas) y a la salud de la población vecina. De manera que, en consonancia
con ese motivo, la Decisión 774 estableció unas medidas de erradicación y facultó
de manera directa a los países miembros para aplicar las medidas de decomiso,
incautación, destrucción e inutilización de bienes, maquinarias pesadas, equipos e
insumos utilizados en la minería ilegal. Adicionalmente, encomendó a los países
andinos el deber de regular la oportunidad de la medida y el procedimiento. En
ese orden, se reitera, según la interpretación prejudicial, el artículo 6 estableció un
doble mandato: que el país miembro de la CAN aplique las medidas antes
mencionadas (sin distinción y sin condiciones); y, por el otro, que regule sobre
cómo debe ejecutarse la misma, cuál sería la autoridad competente para
practicarla, y, además, delimitar qué debía entenderse por maquinaria pesada. Se
extrae lo pertinente de la línea de interpretación:
Conviene dejar claramente establecido que la disposición prevista en el Artículo 6
de la Decisión 774 tiene el objetivo de combatir y erradicar la minería ilegal. Como
consecuencia de ello, en ningún caso, puede ser aplicada ni interpretada en el
sentido de generar impunidad respecto de dicha actividad que provoca graves
daños, en muchos casos irreversibles, a la salud de la población, al ambiente y los
recursos naturales, que ocasiona la pérdida de la cobertura vegetal y el suelo fértil,
que contamina los recursos hídricos, que altera los ecosistema naturales y que
amenaza gravemente la biodiversidad.
3.6. En efecto, no resulta posible considerar que, al amparo de lo previsto en el
Articulo 6 de la Decisión 774, se deba establecer una suerte de protección
respecto de las personas que realizan actividades de minerla a pequeña escala,
tradicional o artesanal, pues ese no es el propósito de dicha disposición. Por el
contrario, mediante el Artículo 6 precitado lo que se busca es generar herramientas
más efectivas para combatir y erradicar la minería ilegal en cada uno de los países
miembros y asl evitar los daños al ambiente, ecosistemas, biodiversidad, recursos
naturales y a la vida y salud de la población40.
Por otro lado, en la misma providencia andina se dio alcance a la facultad
reglamentaria de los gobiernos miembros de la CAN al sostener que los poderes
ejecutivos estaban facultados para reglamentar las medidas y que estas podían
39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial del proceso 669-IP-2015 del 17 de
febrero de 2017.
40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial del proceso 669-IP-2015 del 17 de
febrero de 2017.
27
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
ser implementadas, en el caso de Colombia, en un decreto reglamentario y que no
resultaba una ley ordinaria para instrumentalizar la orden comunitaria. Al respecto,
sostuvo el Tribunal de Justicia:
Ahora bien, en lo relativo a la parte en que el Artículo 6 de la Decisión 774
establece que " … los Gobiernos reglamentarán la oportunidad y el procedimiento
respectivo, a fin de hacer efectivas estas medidas" debe señalarse que los
gobiernos nacionales o poderes ejecutivos de los países miembros están
facultados para desarrollar normas reglamentarias que permitan hacer más
efectivas las medidas de decomiso, incautación, destrucción e inutilización de
bienes, maquinaria, equipos e insumos usados en la minerfa ilegal. Tales normas
reglamentarias {reglamentos administrativos) pueden ser aprobadas por decreto
supremo {Perú y Bolivia), decreto reglamentario (Colombia), decreto ejecutivo
{Ecuador) u otro tipo de norma reglamentaria, según la legislación interna de cada
país.
3.8. En ese orden de ideas, no resulta necesario que una ley ordinaria (u otra
norma con rango de ley) reglamente lo establecido en el Artículo 6 de la Decisión
774, sino que es suficiente que dicha reglamentación la realice el Gobierno
Nacional o Poder Ejecutivo de cada país a través de una norma reglamentaria
(reglamento administrativo); es decir, a través de los instrumentos normativos
mencionados en el párrafo precedente.
3.9. Conforme a lo expuesto, la Corte consultante deberá tener en cuenta que, en
atención a la disposición prevista en el Artículo 6 de la Decisión 774, los países
miembros de la Comunidad Andina sí se encuentran autorizados para decomisar e
incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes,
maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, para lo cual, también
pueden expedir normas reglamentarias en las que se desarrolle los aspectos que
resulten necesarios para hacer efectivas tales medidas41.
La “doctrina del acto aclarado”
10.2. Luego de hacer mención a dos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de
la CAN42, en los que se abordaron los temas objeto de solicitud de inaplicación en
el caso concreto, la Sala dará aplicación a la llamada “doctrina del acto
aclarado”43 en virtud de la cual si una norma comunitaria ya ha sido interpretada
por el Tribunal de Justicia Andino, es decir, si su contenido y alcance ya ha sido
decantado por el órgano judicial competente para ello, es deber de los jueces
41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial del proceso 669-IP-2015 del 17 de
febrero de 2017.
42 Sobre el carácter vinculante de las providencia e interpretaciones del Tribunal de Justicia de la CAN, la
Corte Constitucional, en Sentencia 227 de 1999, sostuvo que Las competencias atribuidas al tribunal Andino
de Justicia en modo alguno pugnan con la Constitución Política. Por el contrario, la integración económica se
promueve en la medida en que un tribunal especializado en el derecho comunitario, por la vía arbitral, se erige
en foro para resolver las controversias que giren en torno a este ordenamiento jurídico, incluidas las que le
sometan los particulares. Las sentencias y laudos proferidos en ejercicio de esta función, serán precisamente
las fuentes de una rica doctrina que servirá para orientar, sobre bases de seguridad y de permanente
adecuación a la realidad, el proceso de integración. La circunstancia de que los jueces nacionales sean
instancias propias de aplicación del derecho comunitario, le brinda sustento adicional a esta modalidad de
justicia arbitral fundada en el acuerdo de las partes, como quiera que siempre se dispondrá de una vía franca
para acceder a la jurisdicción.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 20 de abril de 2023,
C.P. Augusto Serrato Valdés.
28
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
nacionales adherirse a esos lineamientos fijados. Sobre el particular, dijo el órgano
de justicia andino en la nota de prensa n° 01-2023/TJCA de 13 de marzo de 2023:
«(…) La interpretación prejudicial es un instrumento de cooperación entre el juez
nacional y el TJCA que tiene por objeto garantizar que las normas andinas se
interpreten y apliquen de manera coherente y uniforme en todos los Países
Miembros de la Comunidad Andina.
En las sentencias adoptadas el día de hoy, el Tribunal destaca que, cuando una
norma ha sido interpretada con anterioridad, el juez nacional no está obligado a
solicitar que esa misma norma se vuelva a interpretar, pues su contenido y alcance
ya ha sido aclarado.
Los criterios jurídicos interpretativos que determinan cuándo se está ante un acto
aclarado y cuáles son los deberes y facultades de los jueces nacionales, son los
siguientes:
a) El acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo
párrafo del artículo 33 del Tratado de creación del TJCA y en el artículo 123 de su
Estatuto.
b) Por virtud del acto aclarado, en aquellos casos en los que el juez nacional de
única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar
o se discuta una norma del derecho andino, no estará obligado a solicitar
interpretación prejudicial al TJCA si es que este ya ha interpretado dicha norma
con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la GOAC.
c) La obligatoriedad (del juez nacional de solicitar la consulta prejudicial) prevista
en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de creación del TJCA y en el
artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica cuando: (i) El TJCA no ha
emitido interpretación prejudicial respecto de la norma andina que va a aplicar el
juez nacional; (ii) El TJCA ha emitido interpretación prejudicial respecto de una o
más normas andinas pero no respecto de otra u otras, todas ellas aplicables a la
misma controversia, caso en el cual se efectuará la consulta respecto de las que
no; (iii) Si bien el TJCA ha emitido interpretación prejudicial previa, el juez nacional
considera imperativo que la corte andina precise, amplíe o modifique el criterio
jurisprudencial contenido en dicha interpretación prejudicial; o, (iv) Si bien el TJCA
ha emitido interpretación prejudicial previa, el juez nacional tiene preguntas
insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o
están vinculadas con la norma andina interpretada, y que deben ser aclaradas
para resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia inmersa en el
proceso nacional.
El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, conforme al principio de
economía procesal, tiene las siguientes ventajas para los usuarios del sistema
andino de solución de controversias: a) Evitará la formulación de consultas y la
emisión de interpretaciones prejudiciales, repetitivas, sin desconocer la posibilidad
de que el TJCA precise, amplíe o modifique un criterio jurisprudencial, cuando
corresponda; b) Los procesos judiciales nacionales en los que se debe aplicar o se
controvierta el derecho andino se resolverán con mayor rapidez; c) El TJCA emitirá
las interpretaciones prejudiciales en plazos menores a los actuales; y, d) El TJCA
resolverá con mayor celeridad los otros procesos judiciales […]»44
44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, nota de prensa n° 01-2023/TJCA de 13 de
marzo de 2023.
29
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
En ese orden, en virtud de los principios de preeminencia, aplicación directa y
efecto directo, y en el deber que tienen los jueces nacionales de interpretar las
normas comunitarias bajo las directrices del Tribunal de Justicia de la CAN (previa
interpretación prejudicial), como los temas regulados en la Decisión 774 –
mencionados en el recurso– ya fueron objeto de interpretación prejudicial por parte
del referido Tribunal de Justicia de la CAN, la Sala dará aplicación de “la doctrina
del acto aclarado” y, en este aspecto, es decir, en cuanto a la solicitud de
inaplicación de los artículos 5 y 6 de la Decisión 774 de 2012 (puntualmente a las
medidas de decomiso y desturcción de maquinaria empleada en la minería ilegal)
–como ya fueron objeto de interpretación– se atenderá a lo determinado en las
interpretaciones prejudiciales 575-IP-2015 y 669-IP-2015 del 17 de febrero de
2017 proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.
Además, se abstendrá de un análisis normativo porque se carece de competencia
para darle alcance interpretativo a las disposiciones comunitarias. El juez interno
sólo está facultado para exigir –vía judicial- su aplicación, mas no para definir las
pautas interpretativas de las distintas normas que conforman el ordenamiento
jurídico de la CAN. Así las cosas, no hay lugar a inaplicar los artículos 5 y 6 de la
Decisión 774 de 2012.
11. Conforme al recurso de apelación, se debía inaplicar –vía excepción de
inconstitucionalidad– el Decreto 2235 de 2012, por medio del cual se
reglamentó el artículo 6 de la Decisión 774 de 2012. Al respecto, indicó que el
decreto era un acto reglamentario que no hacía parte del ordenamiento jurídico
andino y, además, debía enmarcarse en competencias fijadas por una Ley
ordinaria, circunstancia que no tuvo lugar, pues se expidió sin habilitación legal
para hacerlo. Precisó que el ejecutivo no tenía competencia para regular
conductas con reserva legal (artículo 80 de la C.N.), lo que constituyó un exceso
en la potestad reglamentaria que afectó el principio de legalidad, separación de
poderes. Además, sostuvo que las disposiciones contenidas en el Decreto
desconocieron el debido proceso, la defensa, la contradicción, la impugnación; la
propiedad privada y sus limitaciones constitucionales. En ese orden, el Decreto
2235 de 2012 desconocía normas y debía inaplicarse en el caso concreto a partir
de la excepción de inconstitucionalidad.
Excepción de inconstitucionalidad
30
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
12. El artículo 4 de la Constitución, al denominar al texto constitucional “norma de
normas”, establece la supremacía constitucional. En virtud de ese precepto, en
todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y cualquier norma jurídica
interna, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales.
La Corte Constitucional inicialmente sostuvo que, en virtud de la cosa juzgada
constitucional, se prohibía la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad45.
Sin embargo, modificó dicha posición para advertir que la inaplicación de una
norma procedía para salvaguardar derechos fundamentales en un caso concreto,
decisión que, en todo caso, y únicamente, generaba efectos inter partes46. En ese
entendido, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional la excepción de
inconstitucionalidad es una figura que se aplica cuando la norma reprochada: (i)
sea contraria a la Constitución y no se ha producido un pronunciamiento abstracto
sobre su constitucionalidad; (ii) reproduzca otra disposición que, en juicio abstracto
de constitucionalidad, haya sido declarada contraria a la Constitución, o (iii) se
ajuste a la Constitución, pero su aplicación al caso concreto trasgreda
disposiciones constitucionales47.
Como características inherentes de esta figura, se encuentran: (i) la decisión a
tomar corresponde a las autoridades jurisdiccionales (en virtud del principio de
aplicación preferente de la carta política; (ii) es de carácter particular y concreto y
sus efectos solo tienen alcance al caso en concreto en el que se estudie y aplique
(su desaplicación se contrae a la especie objeto del litigio); (iii) es un complemento
del sistema de control constitucional, y iv) procede de oficio o a petición de parte48.
«(…)Podría adicionarse esta enumeración con una forma de autocontrol
denominada en algunos sistemas “vía de excepción”, en virtud de la cual todo
funcionario que ejerza jurisdicción, no importan a qué rama del poder esté adscrito
orgánicamente, está obligado a dejar de aplicar las normas que considere
inconstitucionales, sin que esa actuación invalide la norma dejada de aplicar ni
tega efectos del caso en que sí se actúe”.49 En otras palabras, este mecanismo
45 Corte Constitucional, sentencia C-600 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
46 Corte Constitucional, sentencia SU-599 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
47 Corte Constitucional, sentencia SU-109 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
48 Bernal Cano, Natalia, “La excepción de inconstitucionalidad y su aplicación en Colombia”, páginas 50 y 51.
49 Sáchica, Luis Carlos, Panorama general de los Controles de Constitucionalidad, página 43.
31
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
judicial va dirigido directamente a la eficacia de la norma (de manera concreta) con
efectos en el caso particular y no afecta la validez de la misma.
Sobre esta figura (o facultad), su procedencia y aplicabilidad ha dicho la Corte
Constitucional:
La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de
inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta)
de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como
una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades
no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara
contradicción entre la disposición aplicable a una caso concreto y las normas
constitucionales”.50 En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de
proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos
fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior
jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro
de la Constitución Política.
Adicionalmente a lo expuesto, la jurisprudencia ha establecido que, cuando el
funcionario inaplica la excepción solicitada por las partes, siendo procedente,
genera específicamente, un defecto sustantivo por inaplicación de la excepción de
inconstitucionalidad. Éste defecto se presenta cuando “la actuación controvertida
se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (a) la norma
perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley, (b) es inconstitucional, (c) o
porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso. También puede darse en circunstancias en las que a pesar
del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, se produce (d) un grave error en la interpretación de la norma
constitucional pertinente, el cual puede darse por desconocimiento de sentencias
de la Corte Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la decisión judicial se
apoya en una interpretación claramente contraria a la Constitución.
Se considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que la providencia judicial
tenga problemas determinantes relacionados, (e) con una insuficiente sustentación
o justificación de la actuación que afecte derechos fundamentales; (f) cuando se
desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente; o (g) cuando el juez
se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por
alguna de las partes en el proceso.” 51 (Negrilla fuera del texto)
La razón por la cual se considera que el no hacer uso de la excepción de
inconstitucionalidad da lugar a un defecto sustantivo es debido a que, el juez
competente empleó una interpretación normativa sin tener en cuenta que ésta
resultaba contraria a los derechos y principios consagrados en la Carta
Fundamental. Por lo tanto, basó su decisión en una norma que, de acuerdo con el
principio de interpretación conforme a la Constitución, no podría existir en nuestro
ordenamiento. En consecuencia, se expide un fallo con fundamento en normas
que, siendo de menor jerarquía, van en contra de los principios y derechos
establecidos en la Constitución Política y, así, se genera un quebrantamiento de la
misma.
50 Véase en sentencia T-389 de 2009.
51 Sentencia T-178 de 2012. Véase también en sentencias como la T-172 de 2012, T-118 de 2012, SU-448 de
2011, T-018 de 2011, T-786 de 2011, T-033 de 2010, T-217 de 2010, T-976 de 2008, T-808 de 2007, T-047
de 2005, SU-159 de 2002, SU-1184 de 2001, T-1031 de 2001, entre otras.
32
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
Además, existe una causal específica de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales determinada como violación directa a la Constitución cuyo
origen deviene de la interpretación legal inconstitucional o inaplicación de la
excepción de inconstitucionalidad52, es decir, se configura cuando el funcionario
judicial adopta una decisión que desconoce los principios y derechos contenidos en
la Constitución Política o inaplica la excepción de inconstitucionalidad de una
norma inferior a las constitucionales y contraria a las mismas. 53
Se concluye entonces que, siempre que un juez se encuentra ante una norma que
contraría lo estipulado por la Constitución, éste tiene el deber de inaplicar dicha
norma bajo la excepción de inconstitucionalidad realizando un trabajo
argumentativo en el cual determine claramente que el contenido normativo de la
regla resulta contrario a la Constitución Política.
Es importante mencionar que la violación directa a la constitución también se
puede desarrollar por las entidades administrativas cuando éstas impongan una
disposición legal que contradiga los principios y derechos protegidos por la propia
Constitución. 54.55
Esta herramienta, entonces, se emplea con el fin de proteger –en un caso
concreto y con efecto inter partes– los derechos fundamentales que estén en
riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y
evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política 56. Así
las cosas, se procederá a estudiar si las disposiciones contenidas en el Decreto
2235 de 2012 deben ser inaplicadas para el estudio del caso concreto, es decir,
para prescindir de esa reglamentación en el estudio de la falla del servicio
alegada (y que será objeto de análisis al abordar el tercer problema jurídico).
12.1. La demanda alega una falla del servicio de la Nación-Ministerio de Defensa,
Policía Nacional por actuación arbitraria y extralimitación en el ejercico de sus
funciones con motivo de la ejecución de la medida de destrucción de maquinaria
pesada en el proyecto minero de Edilberto López Betancur. Según los
antecedentes, el 20 de agosto de 2014, servidores de la Unidad Nacional contra
la Minería Ilegal-UNIMIL de la Policía Nacional, amparados en el Decreto 2235 de
2012, destruyeron seis máquinas excavadoras que estaban en el lugar en el que
Edilberto López Betancur ejecutaba si actividad minera, circunstancia que le
impidió continuar con su actividad (dependiente de las máquinas destruidas).
52 Véase en la sentencia T-551 de 2010.
53 El concepto de violación directa a la constitución puede verse en Sentencias como la T-551 de 2010, T-
1028 de 2010, SU-195 de 2012, entre otras.
54 Véase en la sentencia T-049 de 2002.
55 Corte Constitucional, sentencia SU 132 de 2013.
56 Ibidem.
33
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
El marco del estudio de la excepción de inconstitucionalidad es, entonces, el
Decreto 2235 de 2012, por medio del cual se reglamentó el artículo 6 de la
Decisión 774 de 2012 y el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011.
12.2. Como se explicó en los capítulos anteriores, el Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores de los países miembros de la comunidad –en desarrollo
de su objetivo de proteger la seguridad, el medio ambiente y el desarrollo
sostenible de los países integrantes de la CAN– expidió la Decisión 774 de 3 de
mayo de 2012, por medio de la cual fijó “la política andina de lucha contra la
minería ilegal”.
Dentro de los considerandos de esa disposición normativa andina, la minería ilegal
(actividad sin autorización y sin requisiyos legales) provocaba y provoca graves
daños –en muchos casos irreversibles– a la salud de la población, al medio
ambiente y a los recursos naturales. En ese contexto, los países que integran la
Comunidad Andina de Naciones-CAN debían implementar acciones de prevención
y lucha contra este tipo de minería57.
El artículo 6 de la Decisión 774 de 2012 facultó a los países miembros de la
comunidad para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y
neutralizar, los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería
ilegal. Además, facultó a los Gobiernos el reglamentar la oportunidad y el
procedimiento respectivo para hacer efectivas estas medidas.
Antes de le expedición de la Decisión comunitaria 774, dado el impacto sobre los
recursos naturales que generaba una actividad sin el debido control y seguimiento
por parte de las autoridades mineras y ambientales, la Ley del Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014 estableció una prohibición concreta al empleo de maquinaria
pesada en esas labores de exploración y extracción de minería sin título minero y
sin el lleno de requisitos legales. Al respecto, el artículo 106 señaló que, a partir de
la vigencia de la mencionada ley, se prohíbía y prohibe en todo el territorio
nacional, la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos
mecánicos en las actividades mineras que no contaran con título minero inscrito
en el Registro Minero Nacional.
57 Considerandos y art 1 de la Decisión 774 de 2012.
34
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
El incumplimiento de esta prohibición, conforme al mismo artículo 106, además de
la acción penal correspondiente y sin perjuicio de otras medidas
sancionatorias, daría y dará lugar al decomiso de dichos bienes y a la
imposición de una multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales
vigentes, que impondrá la autoridad policiva correspondiente. Además, que
correspondía al Gobierno Nacional reglamentar la materia.
En cuanto a las solicitudes que actualmente se encontraban en trámite para
legalizar la minería con minidragas de la que trata el artículo 30 de la Ley 1382 de
2010, serían rechazadas de plano por la autoridad minera.
En ese marco definido por la Ley, y en virtud de la orden de la Decisión 774 de
2012, el gobierno expidió el Decreto 2235 de 2012, por el cual se reglamentó el
artículo 6° de la Decisión número 774 del 30 de julio de 2012 de la Comunidad
Andina de Naciones y el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 (en relación con el
uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras sin las
autorizaciones y exigencias previstas en la legislación).
Según lo previsto en el artículo 1° del Decreto 2235, cuando se realice exploración
o explotación de minerales por cualquier persona natural o jurídica, sin contar con
título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental o su
equivalente, cuando esta última se requiera, procederá la medida de destrucción
de maquinaria pesada y sus partes prevista en el artículo 6° de la Decisión 774 de
2012 de la Comunidad Andina de Naciones, independientemente de quién los
tenga en su poder o los haya adquirido. Entiéndase como maquinaria pesada las
dragas, retroexcavadoras, buldóceres u otro tipo de maquinaria para el arranque
de minerales, con similares características técnicas (parágrafo 1 del artículo 1°).
La medida de destrucción de que trata el artículo 6° de la Decisión 774 de 2012 de
la Comunidad Andina de Naciones, se precisó en el mismo Decreto, es autónoma
y no afecta ni depende de las acciones penales o administrativas en curso o
susceptibles de ser iniciadas (parágrafo 2 del artículo 1°).
El artículo 2 del Decreto 2235 de 2012, vigente al momento de los hechos que se
demandan (antes de ser derogado por el Decreto 1035 de 2024) asignó en la
Policía Nacional la competencia para ejecutar la medida de destrucción de la
35
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
maquinaria pesada y sus partes que esté siendo utilizada en actividades de
exploración o explotación de minerales sin el correspondiente título minero inscrito
en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental, cuando esta última se
requiera.
A la autoridad minera nacional, por solicitud de la fuerza pública, correspondía
aportar la información sobre la existencia o no de título minero vigente inscrito en
el Registro Minero Nacional (artículo 2 del Decreto 2235 de 2012). Por su parte, al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, informará sobre la existencia de
licencia ambiental o su equivalente, cuando esta se requiera (artículo 2 del
Decreto 2235 de 2012). A su turno, el artículo 4 del mismo decreto dispuso que,
en caso de ejecución de la medida de destrucción, se dejaría constancia mediante
informe escrito que contemple, entre otros aspectos, un registro fílmico y
fotográfico, así como la plena identificación de los bienes objeto de destrucción.
12.3. La reglamentación que hoy pide inaplicar –vía de excepción de
inconstitucionalidad– la parte demandante (para resolver su caso concreto) fue
expedida en virtud de dos órdenes, una legal y otra supranacional de obligatorio
cumplimiento (artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 y Decisión 774 de 2012), y en
el marco de un contexto ambiental y social de actividades mineras sin el lleno de
requisitos legales y ambientales.
Sobre la facultad reglamentaria a nivel interno en cada país miembro de la CAN
–potestad derivada de la Decisión 774 frente a las medidas de decomiso,
incautación, destrucción e inutilización de maquinaria pesada–, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en interpretación prejuidicial,
sostuvo que los países andinos tenían el deber de regular las medidas contra la
minería ilegal señaladas en cuanto a: (i) su oportunidad, (ii) procedimiento y (iii)
autoridades competentes. En ese orden, se reitera, según la interpretación
prejudicial, los gobiernos (sin necesidad de Ley ordinaria interna por aplicación
directa de la norma comunitaria) tenían y tienen la obligación y potestad de
reglamentar las referidas medidas en los puntos sujetos de regulación arriba
mencionados.
En la misma providencia de interpretación prejudicial se sostuvo que los poderes
ejecutivos de cada país miembro de la CAN estaban facultados para reglamentar
36
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
las medidas y estas podían ser implementadas y/o ejecutadas de manera
inmediata. En el caso de Colombia, por medio de un decreto reglamentario. Y no
se requería una ley ordinaria previa para instrumentalizar la orden comunitaria58.
En ese orden, los temas regulados en el Decreto 2235 de 2012 se enmarcaron en
dos facultades previas (con efecto directo en el ordenamiento jurídico interno): la
primera, para aplicar medidas de decomiso, destrucción, entre otras; y la segunda,
para reglamentar el procedimiento y autoridad compentente para ejecutar la
medida. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la CAN, los países miembros estaban y están
obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina. Asimismo, se comprometen a no adoptar ni emplear medida
alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su
aplicación.
En tal virtud, conforme al deber que le asiste a los jueces y a las autoridades
públicas de no adoptar ni emplear medidas que obstaculicen la aplicación de las
normas comunitarias59, y, en consonancia con la interpretación prejudicial del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones citada, la Sala advierte
que el tema regulado en el Decreto 2235 de 2012 no desbordó la facultad
reglamentaria, pues se enmarcó en una facultad legal y en una orden de carácter
comunitario de obligatorio cumplimiento. Además, como el decreto pretende
proteger bienes superiores de protección constitucional y comunitaria (protección
del medio ambiente, de los recursos naturales, y la salud de las personas), no se
inaplicará –vía excepción de inconstitucionalidad- el Decreto 2235 de 2012 y, en
su lugar, será parámetro normativo para resolver la pretensión indemnizatoria en
el caso concreto.
13. En cuanto al tercer problema jurídico planteado, esto es, la falla del
servicio alegada por la destrucción de las retroexcavadoras en diligencia de
allanamiento y registro, el recurso sostuvo que la sentencia de primera instancia
no tuvo en cuenta que el Juzgado Promiscuo del Circuito absolvió al demandante
de la comisión del delito de “invasión aérea de especial importancia ecológica” y
58 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación perjuidical n°. 669-IP-215 de 17 de febrero de
2017.
59 Artículo 5 del Acuerdo de Cartagena.
37
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
del delito de “explotación ilícita de minerales”. En relacion con el delito de
explotación ilícita (Articulo 332 del C.P.), se agregó que no había lugar a declarar
la responsabilidad penal porque Edilberto López Betancur estaba a la espera del
proceso la legalización NEU-101381, circunstancia que, según el juez penal, dejó
sin piso la ilicitud de la conducta.
Sostuvo, además, que la entidad demandada, al ejecutar la medida de
destrucción, desconoció el deber de suspender la diligencia hasta tanto no se
resolvieran las solicitudes de legalización de quienes ejercían actividades mineras
sin título. El empleo de la maquinaria pesada en la zona de la actividad del
demandante, conforme dijo el recurrente, estaba respaldada por la Ley y no
desconocía las exigencias legales previstas.
Agregó que la falla del servicio también se concretó en la ausencia de orden de
Fiscalía o juez penal para destruir las retroexcavadoras del demandante. La orden
de allanamiento expedida por la Fiscalia de Recursos Naturales los facultaba
única y exclusivamente a incautar los bienes del área registrada con fines
probatorios.
El Estado, propietario del subsuelo y de los recursos no renovables
14. Conforme a lo dispuesto en el artículo 332 de la C.N., el Estado es propietario
del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los
derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. Los
minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en
cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin
consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes
terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o
grupos (artículo 5 del Código de Minas).
La propiedad estatal de los recursos naturales no renovables es inalienable e
imprescriptible. El derecho a explorarlos y explotarlos sólo se adquiere mediante el
otorgamiento de los títulos enumerados en el artículo 14 del Código de Minas. En
ese orden, ninguna actividad de prospección, exploración o explotación o de
posesión material de dichos recursos, sea cual fuere su antigüedad, duración o
38
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
características, conferirá derecho o prelación alguna para adquirir el título minero o
para oponerse a propuestas de terceros (artículo 6 del Código de Minas).
El artículo 334 de la C.N. prevé que el Estado, intervendrá, por mandato de la ley,
en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción,
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano
nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y
los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
En cuanto al derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, el Código
de Minas prevé que únicamente se podrá constituir, declarar y probar ese derecho
mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el
Registro Minero Nacional, salvo los derechos provenientes de las licencias de
exploración, permisos o licencias de explotación, contratos de explotación y
contratos celebrados sobre áreas de aporte, vigentes a cuando entró a regir el
Código de Minas. Igualmente quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales,
subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas
perfeccionadas antes de la vigencia de ese estatuto (artículo 14).
Así, quien pretenda ejercer la minería –actividad que puede incluir la
exploración, explotación minerales y las correspondientes servidumbres–,
deberá cumplir con los requisitos, formalidades; aportar documentos y pruebas
señaladas en la Ley 685 de 2001 –Código de Minas–, los que serán, en
principio los únicos exigibles a los interesados para la procedencia de las
propuestas o para la expedición, perfeccionamiento y ejercicio del título
minero, sin perjuicio de la competencia de la autoridad ambiental. (artículos 84
de la C.N. y 4 de la Ley 678).
La Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) estableció, en su
artículo 106, una prohibición concreta de emplear maquinaria pesada en esas
labores de exploración y extracción de minería sin título minero y sin el lleno
de requisitos legales. Se prohibió, entonces, en todo el territorio nacional, la
utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos
en las actividades mineras que no contaran con título minero inscrito en el
39
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
Registro Minero Nacional. De inclumpirse esta prohibición, conforme al mismo
artículo 106, además de la acción penal correspondiente y sin perjuicio de otras
medidas sancionatorias, daría y dará lugar al decomiso de dichos bienes y a la
imposición de una multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales
vigentes, que impondrá la autoridad policiva correspondiente.
Al año siguiente, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de los
países miembros de la Comunidad Andina de Naciones expidió la Decisión 774 de
3 de mayo de 2012 y fijó “la política andina de lucha contra la minería ilegal”.
Según la disposición andina, la ejecución de una minería ilegal (sin autorización de
entidad minera y ambiental competente y sin seguimiento estatal) provocaba
graves daños a la salud de la población, al medio ambiente y a los recursos
naturales, los países miembros quedaban facultados para implementar acciones
para prevenir y erradicar este tipo de minería.
El artículo 6 de la Decisión 774 de 2012 otorgó a los países miembros de la
comunidad para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y
neutralizar, los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería
ilegal. Además, facultó a los Gobiernos el reglamentar la oportunidad y el
procedimiento respectivo para la efectividad de las medidas.
El artículo 2 del Decreto 2235 de 2012, vigente al momento de los hechos que se
demandan, asignó en la Policía Nacional la competencia para ejecutar la medida
de destrucción de la maquinaria pesada que esté siendo utilizada en actividades
de exploración o explotación de minerales sin el correspondiente título minero
inscrito en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental, cuando esta última se
requiera. Por maquinaria pesada, según el mismo decreto, se debía entender
como las dragas, retroexcavadoras, buldóceres u otro tipo de maquinaria para el
arranque de minerales con similares características técnicas.
A la autoridad minera nacional, por solicitud de la fuerza pública, correspondía
aportar la información sobre la existencia o no de título minero vigente inscrito en
el Registro Minero Nacional. Por su parte, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, informará sobre la existencia de licencia ambiental o su equivalente,
cuando esta se requiera.
40
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
15. Las pruebas del proceso dan cuenta de los siguientes hechos:
15.1. Edilberto López Betancur era poseedor de seis retroexcavadoras destinadas
a su actividad minera: (i) Una “Orugas” línea SK210 LC, marca Kobelco, modelo
2004, de 21 toneladas, Serie No. YQ08U1579, chasis No. YQ08J1579, Motor No.
6D34-097303: (ii) una “Orugas” línea 320CL marca Caterpillar modelo 2006, de 21
toneladas, serie CAT0320CCPAB01675, Chasis CAT0320CCPAB01675, motor N°
7JK75550, con motor Mitsubishi 3066; (iii) una “Orugas” línea CX 240 marca Case,
modelo 2005, de 24 toneladas, con serial N° DAC241518, chasis DAC24518,
motor N°46475761; (iv) una “Orugas” línea E240 B marca Caterpillar, modelo
1989, de 24 toneladas, serie No. 1CK00892, chasis 9PF00075, motor No.
16660972; (v) una “Orugas” línea 320B Caterpillar, modelo 1999, de 21 toneladas,
serial ' 3MR05969, Motor 7JK35951, arreglo 75K3595, con motor Mitsubishi 3066,
y (vi) una “Orugas”, línea 320C Caterpillar, modelo 2003, de 21 toneladas, serie
No. CAT0320CTFBA02566, chasis CAT0320CTFBA02566, motor No 7JK6902560.
15.2. Las seis retroexvacadoras fueron incineradas y destruidas en las
coordenadas N° 06° 44 18 W 75° 51 31, en zona rural del municipio de Buriticá,
vereda Mogotos, en el frente minero a cargo de Edilberto López Betancur61.
15.3. Está acreditado que la Fiscalía 21 Especializada de Protección a los
Recursos Naturales– ordenó diligencia de allanamiento y registro en la vereda
Mogotos, finca “Tesorero” a orillas del río Cauca62 por la presunta comisión de los
delitos de explotación ilícita de minerales e invasión aérea de especial importancia
ecológica.
15.4. El 20 de agosto de 2020, la Unidad contra la Minería Ilegal de la Policía llegó
al frente minero de Edilberto López Betancur, en las coordenadas n° 06° 43 56”, a
orillas del río Cauca, observaron varias retroaxcavadoras en funcionamiento y en
labores de explotación. Por medio de comunicación satelital consultaron a la
Agencia Nacional de Minería sobre la existencia de títulos mineros a nombre de
Edilberto López Betancur o sobre el proyecto ejecutado en esas coordinadas.
Servidores de esa entidad, en tiempo real, informaron que no existía título minero
vigente, ni licencia u otro permiso ambiental. Acto seguido, conforme a las
60 Numerales 5.2, 5.3 y 5.4 de la presente sentencia.
61 Numeral 5.3. de la presente sentencia.
62 F. 782-785 C. 4.
41
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
facultades del Decreto Reglamentario 2235 del 2012 los agentes de la Policía, en
compañía de técnicos antiexplosivos, procedieron a destruir la maquinaria pesada
ejerciendo actividad minera sin autorización, sin licencia ambiental y sin planes de
manejo ambiental vigente63.
Del daño: primer elemento de la responsabilidad del Estado
16. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En desarrollo de
este postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad
patrimonial del Estado, corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que,
estando debidamente demostrado, determina el posterior juicio de imputación para
efectos de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado.
En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad
patrimonial de Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración
de un daño, sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de
los demás requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto
para un juicio de imputación que incluye, entre otros, la calificación de
antijuridicidad a las voces del artículo 90 C.P.
De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración o
lesión a un interés legítimo y lícito64-65 es el primer elemento que debe quedar
certera y suficientemente probado —en tanto no es posible presumirlo—, sin cuya
existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido
la doctrina nacional expone:
“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la
reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y
63 F. 782, 783 y 784 C. 4.
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2
de junio de 2023. Exp: 61.340.
65 Por su parte, el doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como “(…) toda afrenta a los intereses lícitos
de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de
colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que,
gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la
responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran reunidos”. En: Le
dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit
français, tesis doctoral, Universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007.
Definición reiterada en el artículo: Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su
unificación sustancial en todas las acciones contra el estado, publicado en la Revista de Derecho Privado,
Universidad Externado de Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva La responsabilidad
extracontractual del Estado. XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado
de Colombia, 2015, p. 35. Esta definición de daño fue adoptada, además, por la Corte Constitucional en
sentencia SU-080 de 2020.
42
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos,
en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se
puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo
esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la
conducta del autor resultará necio e inútil”66.
El daño —para que sea indemnizable— debe ser cierto67, es decir, que su
existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe
ser personal, es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación 68. Y
también debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar
claramente sus características.
Además, el daño debe ser probado, teniendo en cuenta que es el actor quien tiene
la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el
artículo 167 del Código General del Proceso, prescribe: “incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen”, de ahí que no es suficiente que “en la demanda se hagan
afirmaciones sobre la existencia del daño, porque el demandante no puede
limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo
probatorio”69.
17. El daño cuya reparación se pretende consiste en la destrucción de seis (6)
retroexcavadoras –que el demandante tenía en posesión– y que destinaba a sus
actividades mineras. No obstante, esta Sala advierte que la existencia de esta
lesión no está acreditada.
El ejercicio de la actividad de minería, al involucrar recursos no renovables y
generar un impacto en el ecosistema en el que se ejerce la actividad, supone la
carga para quien la desarrolla de que la autoridad ambiental pueda revisar y hacer
seguimiento a sus actuaciones, así como formular requerimientos adicionales para
66 Hinestrosa, F. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan Carlos. El
daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. P. 36.
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre
de 2006. Exp: 13.186: “(…) el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga
derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún
modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación
cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad
pública”. Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Sentencia del 13 de abril de 2000, Exp: 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario
avanzar en el análisis de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a
reparar el perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.”
68 Henao, J.C. El Daño. Universidad Externado de Colombia, Primera Edición, julio 1998. P. 88 y 104.
69 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021, Rad. 50802 [fundamento
jurídico 4.3].
43
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
poder realizar esta. Asimismo de que las demás autoridades mineras (y la fuerza
pública) hagan seguimiento a (i) la ejecución de labores de exploración,
explotación y extracción (ii) los materiales empleados (iii) la existencia de títulos
que respalden esas actividades y (iv) el impacto de esas labores sobre el medio
ambiente intervenido. En ese orden, no es una situación extraña ni sorpresiva a
quien ejerce la actividad de minería –y conoce el ejercicio y riesgo de la actividad–
la eventual suspensión de sus actividades de exploración y explotación con
fundamento en motivos legales o judiciales.
Por otro lado, el demandante no podía perder de vista que, en virtud del artículo
106 de la Ley 145 de 2011, el empleo de maquinaria pesada en esa actividad (sin
contar con título minero vigente) estaba prohibido en todo el territorio nacional (sin
considerar procesos de legalización en curso u otra excepción). La norma, en este
aspecto, era y es implacable en la conducta descrita.
Como se ha insistido en la presente sentencia, el artículo 6 de la Decisión 774 de
2012 otorgó a los países miembros de la comunidad para destruir los bienes,
maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal. Medida que, al ser
reglamentada en el Decreto 2235 de 2012, se asignó en la Policía Nacional la
competentencia para ejecutarla.
En el caso que nos ocupa, el demandante a cargo de un frente minero sin título
minero vigente, así como sin licencia o permisos ambientales no podía usar –bajo
ninguna circunstancia– maquinaria pesada (como lo era la retroexcavadora). La
medida de destrucción de la maquinaria pesada del 20 de agosto de 2014, a cargo
de la Policía, se ajustó a las disposiciones andinas, legales y reglamentarias y no
significaron un desbordamiento en el ejercicio de las funciones. Una vez llegaron
al lugar de los hechos, y luego de consultar en tiempo real a las autoridades
mineras y ambientales, constataron la ausencia de título minero y licencia vigente.
Puestas las cosas de este modo, se reitera, la Sala no puede tener por existente el
daño alegado en la demanda. Existía una prohibición legal de empleo de
maquinaria pesada en actividades mineras sin registro minero y sin licencia
ambiental vigente, y, además, las autoridades, una vez observado el
comportamiento descrito en la norma prohibitiva, estaban facultadas por aplicar la
44
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
medida de destrucción de la maquinaria. Las anteriores circunstancias impiden
demostrar la afectación de un interés legítimo en cabeza de la parte demandante.
Ahora bien, si se removiera del ordenamiento jurídico andino la decisión 774 de
2012, o de llegarse a inaplicar el Decreto Reglamentario 2235 de 2012 –vía
excepción de inconstitucionalidad–, esta ausencia “aparente” de normas o
reglamentación de ninguna manera daría lugar a concluir que el demandante, al
perder sus bienes en posesión, sufrió una afectación a un interés protegido por el
ordenamiento, puesto que, se reitera, la Ley 1415 de 2011, en su artículo 106,
vigente antes de las disposiciones atacadas en el caso concreto, prescribió la
conducta prohibida en la que incurrió el demandate.
18. Según el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión expresa de los artículos
168 y 267 del CCA, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que prevén el efecto jurídico que persiguen y, por lo tanto, quien alega un
hecho debe demostrar su ocurrencia para que se produzca el efecto pretendido, ya
que la sola afirmación de la demandante no es suficiente para acreditarlo.
Conclusión de todo lo expuesto, se tiene que en el proceso no quedó demostrado
que la destrucción de seis excavadoras empleadas en actividades mineras sin
título constituyó un daño, Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada,
pero por los motivos contenidos en esta sentencia.
19. El artículo 188 del CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. El artículo
365 del CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.
A su turno, el numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que “solo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”. Para el reconocimiento y liquidación de agencias en derecho, el
juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas.
45
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
Revisado el expediente, la sentencia de primera instancia no condenó en costas a
la parte demandante –vencida en la primera instancia–, y sobre este aspecto se
guardó silencio en el recurso de apelación.
Por otro lado, luego de que el Despacho admitió el recurso, se observa que la
entidad demandada no se pronunció en relación con el recurso del demandante
(artículo 247 del CPACA numeral 4). Además, como no se solicitó la práctica de
pruebas, el proceso ingresó para fallo. En tal virtud, ante la ausencia de una gestión
por parte del apoderado de la demandada, no se condenará en agencias en
derecho en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de marzo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
46
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02280-02 (71.369)
Demandante: Edilberto López Betancur
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa
FIMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
47
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.