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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02353-02

Fecha
8 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02353-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 14 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Antioquia que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-02353-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

8 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 05001233300020160235302 (2187-2024)
Demandante : Margarita del Socorro Hoyos Quintero
Demandado : Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reliquidación pensión de vejez
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el 14 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

l. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

Margarita del Socorro Hoyos Quintero mediante apoderado judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
para solicitar la nulidad de los siguientes actos administrativos1:

• Resolución GNR 39515 del 19 de febrero de 2015, que confirmó la
resolución que niega la reliquidación de su mesada pensional con base
en lo previsto en el Decreto 546 de 1971, con inclusión de todos los
factores salariales.

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Demandante: Margarita del Socorro Hoyos Quintero
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• Acto ficto o presunto con ocasión del recurso de apelación interpuesto
contra la decisión que negó la reliquidación de la pensión.

• Resolución GNR 351992 del 9 de noviembre de 2015 con radicado
2015-8709388, que negó la reliquidación de la pensión con Ley 33 de
1985.

• Resolución GNR 54750 del 22 de febrero de 2016, con radicado
N°2016-843426, que resuelve de forma negativa el recurso de
reposición de la reliquidación de la pensión contra el acto administrativo
anterior.

• Resolución VPB 17865 del 18 de abril de 2016, que resuelve el recurso
de apelación contra la decisión que negó la reliquidación con Ley 33 de
1985.

A título de restablecimiento del derecho pidió que se condene a la entidad
enjuiciada a (i) reconocer y pagar a la demandante una pensión de jubilación
con el Decreto 546 de 1971, por una suma equivalente al 75% del promedio de
la asignación mensual más elevada, o subsidiariamente con la Ley 33 de 1985,
(iii) indexar las sumas reconocidas en la sentencia, (iv) cumplir la sentencia en
los términos del artículo 187 del CPACA; y (v) condenar en costas y agencias
en derecho a la entidad enjuiciada.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:

Precisó que, la accionante nació el 15 de agosto de 1958 y a la fecha de
entrada en vigor del sistema general de pensiones acreditaba más de 35 años,
cumpliendo los requisitos del régimen de transición consagrado en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, el cual remite al Decreto 546 de 1971.

Enfatizó que mediante Resolución GNR 268295 del 25 de julio de 2.014, la
entidad demandada le reconoció la pensión de vejez en cuantía de 2.147.865
a partir del 12 de enero de 2014.

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Destaca que en desacuerdo con la decisión anterior interpuso recurso de
reposición y apelación solicitando la reliquidación con el Decreto 546 de 1971,
siendo resuelto el primero mediante resolución GNR 39515 del 19 de febrero
de 2015, y el segundo no fue decidido.

Precisa que solicitó la reliquidación de la pensión con la Ley 33 de 1985, la
cual le fue negada mediante Resolución GNR 351992 del 9 de noviembre de
2.015 y ante la negativa interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación.

Asegura que mediante Resolución GNR 54750 del 22 de febrero de 2016, la
entidad demandada resolvió el recurso de reposición por medio de la cual
reliquidó parcialmente la pensión de vejez en la suma de $2.185.125, pero
continúo desconociéndole su calidad de beneficiaria del régimen de transición.

Expone que mediante resolución VPB 17865 del 18 de abril de 2016,
Colpensiones resuelve el recurso de apelación y confirmó la decisión de negar
la reliquidación de la pensión con la Ley 33 de 1985.

Afirma que acredita 33 años cotizados con entidades públicas que equivalen
a 1.714 semanas, de las cuales 749.5 al servicio del Departamento de
Antioquia y 964.57 al servicio de la Fiscalía General de la Nación.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

Constitución Política, artículos; 2, 4, 5, 48 y 53; Acuerdo 049 de 1990, artículos
10, 11, 12, 13 y 14; Ley 100 de 1993, artículos 1, 21, 31, 36, 50, 141 y 288;
Ley 712 de 2001, artículos; 1, 2, 4, 8, 9, 12,14, 38 y 39, Ley 33 de 1985, artículo
1, Decretos1660 de 1.978, 691 de 1.994, 1919 de 1.994, 2150 de 1.995, 546
de 1.971y Ley 80 de 1.993.

Asegura que es beneficiaria del régimen de transición, en aplicación al
principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 superior y le asiste

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derecho a la reliquidación de la mesada pensional de conformidad con el
decreto 546 de 1971 o subsidiariamente de conformidad con la Ley 33 de 1985
que consagran de manera expresa el IBL que se debe tener en cuenta para
determinar el valor de la mesada pensional con la asignación mensual más
elevada de lo devengado en el último año de servicio con inclusión de todos
los factores salariales.

Expone que, Colpensiones al liquidar la pensión de vejez en la forma prevista
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con el promedio de lo cotizado en los
últimos 10 años, desconoce los postulados del Estado Social de Derecho y la
vigencia de un orden justo, el principio de legalidad, la seguridad social, «[…] el
principio de favorabilidad que impone que las dudas interpretativas y conflictos normativos se
resuelven a favor del trabajador, el cual está inspirado en el principio ecuménico
PROHOMINE, dado, incluso el plus protectivo que tiene en materia laboral extensivo a la
seguridad social; la intangibilidad de los derechos adquiridos, y el no quebrantamiento del
principio de buena fe, en su dimensión de las expectativas legítimas creadas con la
consagración del régimen de transición, que comporta la aplicación de la norma ex ante en
forma integral como lo manda el artículo 288 de Ley 100 de 1993».

Afirma que, es beneficiaria del régimen de transición del Decreto 546 de 1971
o de la ley 33 de 1985, siendo un imperativo, que comporta su aplicación en
forma integral, y no escindirlas como lo hace Colpensiones, así en principio
halle soporte en las sentencias C- 258 de 2013, SU 230 de 2015 de la Corte
Constitucional.

2. Contestación de la demanda

Colpensiones2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar
que:

Respecto al reconocimiento conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971,
explica que revisada la historia laboral de la demandante no logra acreditar 20
años de servicios en la Fiscalía General de la Nación, por lo tanto, no es

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posible dicho reconocimiento por cuanto solo demuestra 18 años de servicio
prestados.

Precisa que la actora es beneficiaria del régimen de transición reconocido en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la pensión le fue reconocida con los
requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985, pero la mesada no se puede
ajustar con base en el IBL del promedio del último año de servicio, toda vez
que, el ingreso base de liquidación para la pensión de vejez para los
beneficiarios de la transición se regula conforme el inciso 3° del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 que dispone «el ingreso base para liquidar la pensión de vejez
referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho,
será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuera superior y si faltare diez (10) año (sic) o más, el de los
últimos diez (10) años cotizados (artículo 21 Ley 100 de 1993)».

Que el inciso tercero de la citada norma establecía que la prestación de vejez
de los servidores públicos se liquidará con el promedio de lo cotizado por el
último año de servicio fue declarada inexequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-168 de 1995, la cual hace tránsito a cosa juzgada
constitucional.

Que el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, dispone que, ante la ocurrencia de
varios regímenes pensionales, se debe elegir el más favorable siempre que se
someta a la totalidad de la norma elegida, en virtud del principio de
inescindibilidad, no siendo posible aplicar en parte un régimen pensional y otro
de forma parcial.

Que los factores salariales de los servidores públicos del orden territorial o
nacional, están regulados en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003, la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1158 de
1994 que modificó los decretos 691 de 1994 y 1068 de 1995; normas que
taxativamente enumeran los factores salariales que deben tomarse para efecto
de la cotización del sistema general de seguridad social integral, en las cuales
no están contempladas el subsidio de transporte, prima de vacaciones, prima
de navidad, prima de vida.

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Que, los salarios con los cuales se liquidó la prestación de la demandante
fueron aquellos reportados al ISS por el empleador con los cuales se
efectuaron las correspondientes cotizaciones a pensión, por lo tanto, no podría
entrar a liquidar una pensión con cotizaciones que no han sido objeto de
declaración por el empleador en la autoliquidación mensual de aporte.

Propone como excepciones las que denominó como inexistencia de la
obligación de reliquidar la pensión de vejez con el Decreto 546 de 1971; con
la Ley 33 de 1985 y con el IBL del promedio del último año y con los factores
salariales no reportados, cobro de lo no debido, prescripción, inexistencia de
intereses moratorios, improcedencia de la indexación de la condena de
intereses comerciales e imposibilidad en condena en costas.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia por sentencia de 14 de febrero de 2024
negó las súplicas de la demanda y sin condena en costas, en consideración a
que:

Precisa que la demandante es beneficiaria del régimen de transición lo cual la
hace titular del derecho que, al momento de estudiar el reconocimiento del
derecho pensional, se tengan en cuenta los requisitos consagrados en el
régimen anterior al cual se encontraba afiliada, como lo dispone el inciso 2º
del artículo 36 de la Ley 100, creador de la transición.

Que la aplicación al régimen anterior presupone la existencia y la aplicabilidad
al sujeto que lo reclama, pero no ocurre respecto de la señora Hoyos Quintero
frente al régimen especial del Decreto 546 de 1971, pues las pruebas de la
vinculación con la Fiscalía General de la Nación datan del 8 de septiembre de
1994. Por lo tanto, la demandante no puede verse beneficiada por la transición
de un régimen especial que no le era aplicable con antelación a la Ley 100 de
1993; por no estar acreditada una vinculación anterior a la vigencia del nuevo
sistema y no puede sostenerse que la actora tuvo una expectativa legítima
susceptible de amparar por el régimen de transición aludido.

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Por otra parte, la entidad reconoce la procedencia de la Ley 33 de 1985 a la
demandante, como régimen prestacional que la cobija por cuanto acredita la
vinculación al servicio público anterior a la Ley 100 de 1993, como empleada
pública del departamento de Antioquia el 3 de julio de 1979.

Que la pensión de la demandante fue reconocida con el artículo 33 de la Ley
100 de 1993, con las modificaciones de la Ley 797 de 2003, lo que arrojó una
tasa de reemplazo actual del 76.69% como se indica en la Resolución GNR
54750 de 22 de febrero de 2016, que reliquidó la pensión.

Que para establecer el IBL de la pensión de los beneficiarios del régimen de
transición debe aplicarse los preceptos de la Ley 100 de 1993 y no lo
estipulado en el régimen anterior aplicable, porque a partir de los
pronunciamientos de la Corte Constitucional, acogidos por el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, se ha despejado
la duda sobre el monto de la pensión contenida en el inciso 2° del artículo 36
de la precitada norma, aclarando que la misma se refiere al porcentaje o tasa
de reemplazo donde surge que lo protegido por el régimen de transición es el
porcentaje del régimen anterior, mientras que para establecer el IBL está
contenida en la Ley 100 ibidem.

Que la actora tendría derecho a una pensión de vejez con un monto
equivalente al 75% conforme la Ley 33 de 1985, del promedio de los salarios
o rentas sobre lo cotizado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de
la pensión incluyendo únicamente los factores salariales que cotizó y esto
disminuiría la tasa de reemplazo del 76.69% con la cual fue liquidado y resulta
irrazonable que las pretensiones de la demandante busquen que su mesada
pensional sea disminuida.

Sobre los planteamientos formulados por la parte recurrente frente a las más
recientes sentencias de unificación del Consejo de Estado, con las que se
modificó el criterio de interpretación que se tenía sobre el IBL del régimen de
transición, cabe señalar que, aunque no existían para la fecha en que se

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presentó la demanda, guardan correspondencia con la tesis adoptada por la
Corte Constitucional con sentencia C-258 de 2013.

Que la pretensión subsidiaria de reliquidación de la pensión con base en la
actual postura del Consejo de Estado, desmejoraría la prestación, tal como lo
revelan los cálculos realizados por la entidad en los actos demandados, donde
se conserva el reconocimiento de la prestación con los requisitos de la Ley 100
de 1993 modificada por la Ley 797 por favorabilidad para la pensionada.

Finalmente, con relación a lo solicitado en los alegatos de conclusión en el
sentido de liquidar la prestación con el Decreto 758 de 1990, la Sala advierte
que la solicitud de reliquidación pensional sobre las cuales Colpensiones se
pronunció a través de los actos cuestionados se refirieron únicamente al
Decreto 546 de 1971 y la Ley 33 de 1985 y no existe reclamación previa
asociada con lo planteado tardíamente en los alegatos; además, la demanda
no incluyó una pretensión en tal sentido, lo que hace improcedente efectuar
un pronunciamiento de fondo sobre la materia.

4. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la apoderada de la parte demandante, disiente de
la sentencia atacada, y sustenta el recurso de alzada al considerar que:

Replica sobre el régimen pensional del Decreto 546 de 1971, aplicable a su favor,
es «independiente de la fecha de vinculación con la Rama Judicial o con el Ministerio Público, el
servidor oficial bien podría ser destinatario de cualquier régimen especial, por remisión expresa
de la Ley 33 de 1985, en comento. Eso sí, debía cumplir los requisitos del régimen especial, que
para el caso de los servidores judiciales era, 55 años de edad, para el caso de los hombres, y 50
años de edad, para las mujeres; y veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos, de los
cuales, por los menos diez (10) años, debían haber sido en la rama judicial o en el ministerio
público, o en ambas actividades».

«Sobre las pretensiones secundarias o subsidiarias (reliquidación pensional, a partir del monto
pensional previsto en el artículo 1 de la Ley 33/85), la Corporación negó las pretensiones de la
demanda, acogiendo la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, radicación N° 52001-
23-33-000-2012-00143-01, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, y según la nueva

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interpretación que debe dársele al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es que, el ingreso base de
liquidación no hace parte del régimen de transición pensional.

En este orden, el régimen anterior aplicable por transición, conserva la edad, el monto y el
porcentaje, pero el IBL, es el previsto en el artículo 21 y en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

Además, advirtió que, la liquidación de la mesada pensional únicamente puede considerar los
factores sobre los cuales se hay realizado el aporte al sistema, consagrados taxativamente en el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985, en el Decreto 1158 de 1994.»

Que el replanteamiento jurisprudencial al IBL pensional, introducido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación dictada el 28 de agosto
de 2018, no debe acogerse por existir diferencia conceptual entre los vocablos
devengado y cotizado porque gramaticalmente son diferentes, además que, es
contraria al bloque de constitucionalidad, por la normatividad inserta de los
tratados suscritos por Colombia, la protección salarial y la providencia no
diferencia entre el ingreso base de cotización e ingreso base de liquidación.

Que la citada sentencia de unificación no esta acorde al principio de
progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, por
cuanto introdujo un abrupto cambio, frente a la posición de liquidación de
pensiones en el régimen de transición, sostenida hasta entonces por la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

En conclusión la parte actora pretende con el recurso de apelación revocar la
sentencia en su totalidad y acoger las siguientes alternativas (i) acoger las
pretensiones subsidiarias y apartándose de los efectos de la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018; (ii) considerar que el ingreso base de
liquidación pensional la demandada lo debe reliquidar y pagar tomando como
ingreso el 75% del promedio de todos y cada uno de los salarios base de
liquidación del promedio de todos y cada uno de los salarios devengados durante
los últimos 10 años de servicio; (iii) condenar a reajustar el monto de la mesada
pensional, e indexar la fecha de pago con cada una de las diferencias y (iv)

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subsidiariamente pide reliquidar la pensión conforme el Decreto 758 de 1990
equivalente al 90% del ingreso base de liquidación IBL.

5. Trámite del recurso Ley 2080 de 2021

Por auto de 3 de septiembre de 20243, el consejero sustanciador admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en
segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de
conclusión.
II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. La Sala se
pronunciará únicamente sobre las razones expuestas en la alzada.

2.2. Problema jurídico

Se circunscribe a establecer si Margarita del Socorro Hoyos Quintero, siendo
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a
la reliquidación de la pensión de vejez con el Decreto 546 de 1971 o
subsidiariamente con la inclusión de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicios, de conformidad con la Ley 33 de 1985.

Para desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: (i)
hechos probados; y (ii) caso en concreto.

2.2.1. Lo probado en el proceso

La señora Margarita del Socorro Hoyos Quintero nació el 15 de agosto de
19584.

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De la historia laboral de la señora Hoyos Quintero se detalla que prestó sus
servicios al Departamento de Antioquia y a la Fiscalía General de la Nación
así:

ENTIDAD DESDE HASTA NOVEDAD Días
Departamento de Antioquia 19790703 19880507 Tiempo de servicios 3232
Departamento de Antioquia 19890223 19940830 Tiempo de servicios 2015
Fiscalía Seccional de Medellín 19941006 19941231 Tiempo de servicios
Fiscalía Seccional de Medellín 19950101 19990802 Tiempo de servicios 1652
Fiscalía Seccional de Medellín 19991101 20040129 Tiempo de servicios 1529
Fiscalía Seccional de Medellín 20040201 20040429 Tiempo de servicios 89
Fiscalía Seccional de Medellín 20040501 20040528 Tiempo de servicios 28
Fiscalía Seccional de Medellín 20040601 20040628 Tiempo de servicios 28
Fiscalía Seccional de Medellín 20040701 20040829 Tiempo de servicios 59
Fiscalía Seccional de Medellín 20040901 20040929 Tiempo de servicios 29
Fiscalía Seccional de Medellín 20041001 20041028 Tiempo de servicios 28
Fiscalía Seccional de Medellín 20041101 20041229 Tiempo de servicios 59
Fiscalía Seccional de Medellín 20050101 20140111 Tiempo de servicios 3251

Resolución GNR 268295 de 25 de julio de enero de 2014, por medio de la cual
la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones le reconoció a la
demandante la pensión vitalicia de vejez en la suma de $ 2.147.865 pesos.

Resolución GNR 39515 de 19 de febrero de 2015, por medio de la cual se
resolvió el recurso de reposición contra la Resolución GNR 268295, y en la que
se confirmó el anterior, al establecer que la peticionaria acreditó 20 años de
servicio sumando tiempos con los empleadores Departamento de Antioquia y
Fiscalía General de la Nación, en esta última entidad demostró 10 años
prestados a la Rama Judicial, sin embargo, de la historia laboral la vinculación
con esta entidad fue el 9 de septiembre de 1994, sin lograr probar su ingreso con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, antes del 1 de abril de 1994;
finalmente concede el recurso de apelación y la entidad guardo silencio.

Resolución GNR 351992 de 9 de noviembre de 2015, por medio del cual niega
la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales
conforme la Ley 33 de 1985.

Resolución GNR 54750 de 22 de febrero de 2016, por medio del cual la entidad
demandada resuelve recurso de reposición y revoca la Resolución GNR 351992
de 9 de noviembre de 2015, en la cual resuelve:

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“ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución
GNR 351992 del 9 de noviembre de 2015 recurrida por la señora HOYOS
QUINTERO MARGARITA DEL SOCORRO, ya identificada, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reliquidar la pensión de VEJEZ a favor de la señora
HOYOS QUINTERO MARGARITA DEL SOCORRO, ya identificada, en los
siguientes términos y cuantías:

El disfrute de la presente pensión será a partir de 12 de enero de 2014:
$ 2.185.125
2015 2,265.101.00
2016 2,413,448,00

[…]

Resolución VPB 17865 de 18 de abril de 2016, por medio del cual resuelve
recurso de apelación y confirma en todas y cada una de sus partes la Resolución
351992 de 9 de noviembre de 2015.

2.3. Solución del caso concreto

Para dar solución al problema jurídico, la Subsección abordará el estudio de la
situación particular de la demandante con el fin de establecer si es beneficiaria
de la transición de la Ley 100 de 1993 y por tal razón le es aplicable en su caso
la liquidación de su pensión conforme los términos del Decreto 546 de 1971, la
Ley 33 de 1985 o el Acuerdo 758 de 1990, pero tomando en cuenta el último
año de servicios.

Es indiscutible que Margarita del Socorro Hoyos Quintero es beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por
cuanto acredita que, para el 1 de abril de 1994, tenía más de 35 años de edad.

Esta situación le impone en su caso que pueda verificarse que su prestación
periódica puede liquidarse conforme las regulaciones pensionales previas a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

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En su caso como prestó sus servicios tanto a la Rama Judicial como al
Departamento de Antioquia, la demanda y el recurso de apelación, sugieren que
podía optar por cualquiera de ellos, es decir, Decreto 546 de 1971 y Ley 33 de
1985.

Los dos regímenes mencionados tienen la particularidad que permiten que el
reconocimiento prestacional pueda hacerse con el promedio de lo devengado en
el último año de servicios.

Ahora bien, a la demandante le fue reconocida la pensión mediante Resolución
GNR 26895 de 25 julio de 2014, donde la entidad demandada al ponderar por
favorabilidad el régimen a aplicar, entre la Ley 33 de 1985 y la Ley 797 de 2003,
dispuso:

Nombre Fecha Fecha Valor Valor Mejor %IBL Valor Aceptada
Status Efectividad IBL 1 IBL 2 IBL Pensión
Mensual
1050 15 de 12 de enero 2.799.250 1 1 76.73 2.147.865 Si
semanas agosto de 2014
progresivas, de 2013
55 o 60 años
de edad Ley
797 de 2003
Legal
20 años y 55 15 de 12 de enero 2.799.250 1 1 75.00 2.099.438 No
de edad – ley agosto de 2014
33 –(trabajo de 2013
oficial)

Luego, mediante Resolución GNR 54750 de 22 de febrero de 2016, la entidad
reliquidó la pensión, así:

Nombre Fecha Fecha Valor Valor Mejo %IB Valor Aceptada
Status Efectividad IBL 1 IBL 2 r IBL L Pensión
Mensual

14

Interno: 2187-2024
Demandante: Margarita del Socorro Hoyos Quintero
Demandado: Colpensiones

De acuerdo con lo probado en el proceso, la demandante acreditó más de 20
años de servicios cotizados en el sector público, 10 de los cuales fueron
exclusivos de la Rama Judicial, empero la demandada reliquidó la prestación
de la actora con la Ley 797 de 2003, con un IBL del 76.69%, por virtud del
principio de favorabilidad.

Justamente, este es uno de los motivos de inconformidad planteados por el
recurrente, al esgrimir que pese a tener más de diez años laborados en la
Rama Judicial, en este caso la Fiscalía General de la Nación, no se le aplicó
el régimen del Decreto 546 de 1971.

Sobre este reparo debe decir la Sala que se comparten las conclusiones a las
que arribó el Tribunal de instancia y que de paso respaldaron la argumentación
contenida en los actos administrativos demandados, esto es, que la situación
pensional de la accionante no puede estudiarse a la luz del Decreto 546 de
1971, luego que la vinculación con la Fiscalía General de la Nación fue a partir
del 6 de octubre de 1994, lo que se traduce en que fue posterior a la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993, el 1 de abril de ese mismo año.

Este criterio ha sido sostenido5 por el Consejo de Estado.

Por consiguiente, la regulación que debía aplicarse a la situación pensional de
la accionante era la Ley 33 de 1985, como en efecto determinó la entidad
demandada en los actos acusados, pues era la regulación pensional previa
que la cobijaba al momento de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

Otra cosa, es que la entidad demandada, ponderó que, aunque era
beneficiaria de la Ley 33 de 1985, por hallarse inmersa en la transición

5
Subsección A, C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas, Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés
(2023), radicación: 05001-23-33-000-2016-01862-01 (1066-2021), Demandante: Jorge Juan Barrera Gómez,
Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones (Colpensiones). Providencia donde se dijo: «Pues bien, pese
a que el demandante pretende la aplicación del artículo 6 del Decreto 546 de 1971 con el fin de lograr la reliquidación
de su pensión de jubilación, la Sala advierte que su vinculación a la Procuraduría General de la Nación fue a partir
del 23 de diciembre de 1994, esto es, después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, el 1.º de
abril de 1994.
En este orden de ideas, es preciso señalar que quienes pretendan ser beneficiarios del régimen contemplado en el
Decreto 546 de 1971 deben acreditar su vinculación a la Rama Judicial o al Ministerio Público antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993.»

15

Interno: 2187-2024
Demandante: Margarita del Socorro Hoyos Quintero
Demandado: Colpensiones

normativa de la Ley 100 de 1993, por favorabilidad se le debía aplicar la Ley
797 de 2003.

En ese entendido, lo que debe auscultarse para la resolución del caso, es sí
la transición de la Ley 100 de 1993 cobija la integridad del régimen pensional
o en su defecto solo los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo.

Y en esa dirección, esta Subsección procederá a aplicar las sentencias de
unificación definidas por esta Corporación en virtud del deber de aplicación
uniforme, el cual «debe ser observado por todas las autoridades6 […]» Toda vez, que
estos constituyen un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de
casos fáctica y jurídicamente iguales7. Sin que exista excusa, para no aplicarlo
porque la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, precisó que se
aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos
en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables.»

En este aspecto, la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición fijada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue la
siguiente:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo
y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33
de 1985.»

6 Corte Constitucional sentencia C-588 de 2012.
7
La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del artículo 102 de la
Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó: “[…] sólo a la
jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional,
ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella,
las autoridades judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la negación completa
del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por
eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la
facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo
cumplimiento de determinadas condiciones (…)”.

16

Interno: 2187-2024
Demandante: Margarita del Socorro Hoyos Quintero
Demandado: Colpensiones

La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición,
es la siguiente:
[…]

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley
100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL,
que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos
aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los
principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la
viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que
el periodo de transición abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan
adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de
cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el
mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla
establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el
régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión
en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los
mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables. (…)”.»

Ahora bien, la primera subregla se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó
en los siguientes términos:

«[…]

Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE. […].»

La segunda subregla estableció «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema
de Pensiones.» En ella destacó:
«[…]

17

Interno: 2187-2024
Demandante: Margarita del Socorro Hoyos Quintero
Demandado: Colpensiones

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual, en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad,
el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones

[…]»

De acuerdo con las reglas del precedente, el IBL para quienes están en
transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los
requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto
en la Ley 33 de 1985.»

En la línea formulada en el fallo anterior, la Sección Segunda, el once (11) de
junio de dos mil veinte (2020), radicación número: 15001-23-33-000-2016-
00630-01(4083-17) CE-SUJ-S2-021-20, Actor: Cándida Rosa Araque de
Navas, Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones –
(Colpensiones), sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20, se establecieron
las siguientes reglas de unificación:

“«De lo expuesto anteriormente se extraen las siguientes reglas de unificación de la
jurisprudencia en el tema puesto a consideración:

4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los
siguientes presupuestos:

i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el
ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito
territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o,
b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.

ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del
Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para
consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años
si es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios,
continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que
tuvo lugar el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10
años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público,
o a ambas actividades.

18

Interno: 2187-2024
Demandante: Margarita del Socorro Hoyos Quintero
Demandado: Colpensiones

iii) Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen
anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad
de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20
años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho
decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas
actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%, e) el ingreso base de liquidación de
que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso, es
decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento
de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE,
si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será: (i) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior
actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y con los factores
de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual
que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de
1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto
2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según
se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público,
siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.»”

Quiere decir que para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, bien sea porque hayan laborado veinte años de servicios en
entidades públicas o porque al menos diez años de ellos lo hayan sido para la
Rama Judicial o la Procuraduría General de la Nación, se les aplica el régimen
contemplado en la Ley 33 de 1985 o en el Decreto 546 de 1971.

Sin embargo, esta prerrogativa solo cobija la edad, el tiempo de servicios y la
tasa de reemplazo del 75%. Se excluye el ingreso base de liquidación pues
este se realiza conforme los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y a la luz
del Decreto 1158 de 1994, al igual que para los que trabajen en la Rama
Judicial: «por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de
1996; 1. ° del Decreto 610 de 1998; 1. ° del Decreto 1102 de 2012; 1. ° del Decreto 2460 de
2006; 1. ° del Decreto 3900 de 2008; y 1. ° del Decreto 383 de 2013.»

Por consiguiente, Margarita del Socorro Hoyos Quintero no tiene derecho a la
reliquidación de su pensión de vejez incluyendo lo devengado durante el último
año de servicios.

En efecto, de la lectura de la Resolución GNR 54750 de 22 de febrero de 2016,
la cual le reliquidó la pensión a la actora, se advierte que se aplicó el artículo 34
de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, esto
es, con una tasa de reemplazo equivalente al 76.69%.

19

Interno: 2187-2024
Demandante: Margarita del Socorro Hoyos Quintero
Demandado: Colpensiones

Quiere decir, que, a la accionante, aunque era beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto le era aplicable la Ley 33 de
1985, se le liquidó su pensión de jubilación en los términos del régimen8 de la
Ley 100 de 1993.

Así las cosas, la Sala precisa que la pretensión de reajustar la pensión es
improcedente, pues la accionante no es acreedora a la inclusión de lo
devengado en el último año de servicios, comoquiera que a la entrada en vigor
la Ley 100 de 1993, le faltaban más de diez años para adquirir su estatus
pensional. Así pues, su ingreso base de liquidación debió determinarse con
«el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE », de conformidad con el inciso tercero del artículo

36 de la Ley 100 de 1993, y con la inclusión de los factores salariales
señalados en el Decreto 1158 de 1994.

Este aserto, sirve para desestimar el otro reproche expresado con la alzada
según el cual, de liquidarse la pensión de jubilación conforme los lineamientos
del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se tendrían en cuenta

8
ARTICULO 34. Monto de la Pensión de Vejez. El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las
primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas
adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo
de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400,
este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base
de liquidación.
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima
de que trata el artículo siguiente.
A partir del 1º de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:
El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del
equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la
fórmula siguiente:

r = 65.50 - 0.50 s, donde:

r =porcentaje del ingreso de liquidación.

s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del
ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con
base en la fórmula señalada. El 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas.
Adicionalmente, el 1º de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en
el año 2015.

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se
incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el
70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en
la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del
ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.

20

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Demandante: Margarita del Socorro Hoyos Quintero
Demandado: Colpensiones

todos los factores salariales devengados durante los últimos diez años, lo cual
se traduciría en un desconocimiento tanto del Decreto 1158 de 1994 como de
la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018.

Por consiguiente, no es admisible la tesis expuesta con el recurso porque
implicaría tomar como relevantes factores salariales sobre los cuales no se
realizó aporte o cotización.

En este estado de la discusión, es pertinente traer a colación que si bien esta
Sección, en sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, sostuvo que “el
listado de factores salariales sobre los cuales se calcula el ingreso base de liquidación de la
pensión de jubilación, según lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del
mismo año, no es taxativo. Además, deben incluirse todos aquellos factores que constituyen
salario, independientemente de su denominación, es decir, cualquier pago que se realice de
manera habitual como retribución directa del servicio, y no solo los especificados en la normativa
mencionada”.

Posteriormente, la Corte Constitucional, en las sentencias C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018, entre otras, destacó la relación
de correspondencia entre los aportes realizados por el trabajador a lo largo de
su vida laboral al sistema general de seguridad social y los principios de
solidaridad y sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Con todo, y en atención a los pronunciamientos mencionados, la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018, estableció una regla general y dos subreglas respecto a la aplicación
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Esta decisión, que constituye
un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y
jurídicamente similares, precisó que dichas pautas se aplicarían con efectos
retrospectivos; por lo que, al ceñirnos a este derrotero jurisprudencial, no hay
lugar a admitir el reajuste pedido al suponer que el régimen de transición también
cobija el ingreso base de liquidación, lo cual como se expuso en precedencia
está excluido.

Precisamente, con relación a uno de los puntos enrostrados con la alzada frente
a la inaplicación de la tesis del 28 de agosto de 2018, con fundamento en que

21

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Demandante: Margarita del Socorro Hoyos Quintero
Demandado: Colpensiones

era contraria al bloque de constitucionalidad e inconvencional por no diferenciar
entre el ingreso base de cotización y el ingreso base de liquidación y quebrantar
el principio de progresividad, debe decir la Subsección que precisamente el
propósito del censurado fallo fue «garantizar la viabilidad futura del Sistema General de
Pensiones», por lo que mantener una interpretación como la que venia
sosteniendo esta Corporación desde el 2010, iba en detrimento de todo el
conglomerado porque generaba un privilegio en favor de la generalidad de los
demás trabajadores.

Es por esta razón, que el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, acogió el
criterio expuesto por la Corte Constitucional en la paradigmática C-258 de 2013,
de la cual destacamos los siguientes razonamientos por su pertinencia para
resolver el cargo propuesto: «…,la forma como viene siendo interpretada la disposición,
conduce a la existencia de ventajas claramente desproporcionadas a favor de un grupo de
personas en una situación socio-económica mejor que la del resto de la población, y que implican
un sacrificio injustificado de los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia que rigen la
seguridad social, así como un obstáculo al cumplimiento del mandato de ampliación progresiva
del sistema de seguridad social para cubrir a las personas de menores ingresos que viven su
vejez en condiciones de alta vulnerabilidad.»

De modo que no hay lugar a pregonar que existe una interpretación
inconstitucional por parte de esta Corporación cuando emitió la sentencia del 28
de agosto de 2018 y menos que fuera regresiva pues justamente lo que buscaba
era brindar herramientas para que el sistema general de pensiones se sostuviera
en pro de todos los asociados.

Asimismo, tampoco hay lugar a decir que fue inconvencional, porque además
de hacerlo de forma general no existe en el plenario evidencia que con lo
expuesto el 28 de agosto de 2018, se esté vulnerando la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

Y por último en cuanto a que no se diferenció apropiadamente entre el ingreso
base de cotización con el ingreso base de liquidación, debe expresarse que no
existe equívoco, sino que simplemente se adoptó el relacionado con los aportes

22

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Demandante: Margarita del Socorro Hoyos Quintero
Demandado: Colpensiones

efectuados, de modo que corresponden a los factores salariales consignados en
el decreto 1158 de 1994.

Tomar el criterio del ingreso base de liquidación según sugiere la apelación,
seria precisamente retomar el que rectificó el fallo del 28 de agosto de 2018, en
otras palabras, sobre todos los factores que se perciban como parte de una
remuneración del servicio prestado, lo cual como se vio en precedencia no está
vigente.

Por otra parte, en el recurso de alzada la actora solicita subsidiariamente
reliquidar la pensión conforme el Decreto 758 de 1990 equivalente al 90% del
ingreso base de liquidación IBL, sin embargo, sobre esta solicitud no se identifica
un agotamiento de la actuación administrativa y menos en las pretensiones
propuestas en la demanda, razón por la cual se hace improcedente hacer
pronunciamiento alguno sobre este punto.

Estas razones imponen en consecuencia confirmar el fallo apelado, por las
razones anotadas en precedencia.

Condena en costas

No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que
dichas normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las
costas, lo cual implica examinar la actuación procesal de la parte vencida,
verificar con certeza su causación y constatar que la conducta desplegada
revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado adverso del
proceso9.

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes
a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se
abstendrá de imponerlas en esta sede.

9
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-
33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

23

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Demandante: Margarita del Socorro Hoyos Quintero
Demandado: Colpensiones

III. DECISIÓN

En atención a las anteriores consideraciones, la Sala desestima el recurso de
apelación presentado por la parte demandante; por ende, confirma la sentencia de
primera instancia proferida el 14 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 14 de
febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Antioquia que negó las pretensiones
de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

(Firmada electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmada electrónicamente) (Firmada electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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