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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02469-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02469-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de 25 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las súplicas de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad promovido por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones en contra de la señora Elba Nelly Hurtado Cano y Cafesalud EPS S.A. liquidada, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. – Revocar los numerales segundo y tercero de la sentencia apelada. En consecuencia, NEGAR, en cuanto ordenaron a la señora Elba Nelly Hurtado Cano y a Cafesalud S.A. Liquidada, la devolución de las sumas recibidas por concepto del reconocimiento de la pensión de vejez, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. - Sin condena en costas en esta instancia, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 31 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 05001 23 33 000 2016 02469 01 (3069-2024) Demandante: COLPENSIONES CUARTO. - Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-02469-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 05001 23 33 000 2016 02469 01 (3069-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES
Demandado: Elba Nelly Hurtado Cano y la Entidad Promotora de Salud –
CAFESALUD S.A.
Temas: Nulidad traslado de régimen. Devolución de mesadas
percibidas de buena fe.
Decisión: Confirma parcialmente sentencia que accedió a las
pretensiones.

I. ASUNTO

1. La Sala decide los recursos de apelación presentados por la señora Elba
Nelly Hurtado Cano y la Entidad Promotora de Salud – CAFESALUD S.A. en
contra de la sentencia del 25 de abril de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia1 que accedió a las súplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

2.1.1. Las pretensiones

2. La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES-, por
intermedio de apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, solicitó la nulidad de
la Resolución GNR 100538 del 19 de mayo de 2013, mediante la reconoció una
pensión de vejez a la señora Elba Nelly Hurtado Cano.

3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada la
devolución de las sumas pagadas por concepto de pensión de vejez desde la
fecha de inclusión en nómina y hasta que se ordene su suspensión provisional o
se declare su nulidad, sumas que deben ser indexadas.

1 Con ponencia del magistrado Gonzalo Zambrano Velandia
2 Expediente físico folios 1 a 19

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Demandante: COLPENSIONES

4. Así mismo se ordene a la Entidad Promotora de Salud CAFESALUD EPS
reintegrar el valor girado por concepto de salud en favor de la señora Elba Nelly
Hurtado Cano desde la fecha de inclusión en nómina y hasta que se ordene su
suspensión provisional o se declare su nulidad, sumas que deben ser indexadas.

2.1.2. Hechos

5. El 6 de mayo de 2011, la señora Elba Nelly Hurtado Cano solicitó ante el
Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de una pensión de vejez,
para tal efecto aportó con la solicitud copia del oficio del 10 de marzo de 2009
emitido por la AFP Porvenir en el cual se le informó de la viabilidad del traslado
al RPM, actualización de la historia laboral emitida por la AFP Porvenir y copia
del oficio VA-DNAYR 2009-2870 del 26 de marzo de 2009.

6. Mediante comunicación 14217 del 20 de febrero de 2012, el ISS le
comunicó a la demandante que en Comité de Multivinculación del 27 de enero
de 2012, se decidió que la competencia para tramitar su pensión estaba en la
Administradora de Fondo de Pensiones Porvenir, teniendo en cuenta que si bien
en la consulta realizada a Asofondos aparecida reportada con código ISS, ante
la oficina de Devolución de Aportes de la Vicepresidencia de Pensiones el ISS,
no figura cambio en la competencia.

7. El 5 de mayo de 2012, mediante correo electrónico interno se informó que
en el caso de la demandada se legalizó el histórico AFP con la activación y
legalización del traslado soportado en fallo de tutela, en consecuencia, se
determinó como entidad definitiva el ISS.

8. El 27 de marzo y el 12 de julio de 2013, la demandada reiteró a
Colpensiones la solicitud de reconocimiento pensional, en respuesta a esa
solicitud la entidad sin tener en cuenta los antecedentes enunciados, profirió la
Resolución GNR 100538 del 19 de mayo de 2013, por la cual ordenó reconocer
pensión de vejez a la señora Elba Nelly Hurtado Cano, en virtud de lo ordenado
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en cuantía inicial de $1.496.588,
efectiva a partir del 1 de junio de 2013.

9. El 12 de julio de 2013, la demandada presentó recurso de reposición y en
subsidio apelación, en aras de obtener el pago del retroactivo pensional, recursos
que fueron reiterados en escrito del 12 de diciembre de 2013.

10. A través de la Resolución GNR 296351 del 7 de noviembre de 2013,
Colpensiones desató el recurso de reposición y resolvió confirmar en su
integridad el acto primigenio de reconocimiento pensional. El recurso de
apelación fue resuelto a través de la Resolución VPB 26070 del 19 de marzo de
2015, acto administrativo en el cual solicitó a la señora Elba Nelly Hurtado Cano
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Demandante: COLPENSIONES

autorización para revocar la Resolución GNR 100538 del 19 de mayo de 2013,
teniendo en cuenta que revisada su historia laboral se evidenció que presentaba
traslado del RAIS al RPM el 1 de mayo de 2009 y que para el 1 de abril de 1994
no acreditó 750 semanas de cotización o 15 años de servicio, razón por la que
no conservó el régimen de transición.

11. Mediante escrito radicado 2015_3314331 la demandada solicita la
revocatoria directa de la Resolución VPB 26070 del 19 de marzo de 2015 y no
dio autorización para revocar la Resolución GNR 100538 del 19 de marzo de
2013.

12. En respuesta a esa solicitud, Colpensiones expidió la Resolución GNR
204147 del 8 de julio de 2015, en la que resolvió no acceder a la solicitud de
revocatoria directa de la Resolución VPB 26070 del 19 de marzo de 2015.

13. El 25 de mayo de 2015 el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín
ordenó a Colpensiones reconocer y pagar a la señora Elba Nelly Hurtado Cano
la suma de $42.020.176 por concepto de retroactivo pensional, liquidado del 1 de
mayo de 2011 al 31 de mayo de 2013. Decisión que fue confirmada el 3 de
noviembre de 2015, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.

14. En acatamiento de la decisión judicial, la entidad profirió la Resolución
GNR 190328 del 28 de junio de 2016, en la que ordenó como pago único del
retroactivo de la pensión de vejez a favor de la señora Hurtado Cano la suma de
$83.499.559.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

15. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, el Decreto 3800 de 2003, el Acuerdo 049 de 1990
aprobado por el Decreto 758 del mismo año y la Circular 8 de 2014 de
Colpensiones.

16. En síntesis, señala que la señora Elba Nelly Hurtado Cano no es
beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, teniendo en cuenta que presentó traslado del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad al Régimen de Primera Media con Prestación definida,
sin acumular 15 años de cotizaciones al 1 de abril de 1994, en consecuencia
debe declararse la nulidad de la Resolución GNR 100538 del 19 de mayo de
2013, por medio de la cual se le reconoció pensión de vejez, atendiendo a los
beneficios del régimen de transición.

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Demandante: COLPENSIONES

2.2. Contestaciones de la demanda

2.2.1. Elba Nelly Hurtado Cano.

17. La señora Elba Nelly Hurtado Cano a través de su apoderado3, se refirió
al contenido de los hechos y se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
teniendo en cuenta que el reconocimiento pensional se efectuó conforme a
derecho, si bien la jurisprudencia ha orientado que las únicas personas que
pueden trasladarse en cualquier tiempo y conservando el régimen de transición
son aquellas con 15 años de servicios o 750 semanas cotizadas, también lo es
que la posición de la Corte Constitucional ha sufrido variaciones a lo largo del
tiempo, para el caso que nos ocupa debe considerarse el contenido de la
sentencia T-818 de 2007, teniendo en cuenta que en el caso de la demandada el
retorno al RPM fue ordenado por fallo de tutela proferido el 3 de marzo de 2009
por el Juzgado 19 Penal del Circuito de Medellín.

18. La sentencia T-818 de 2007 orienta que el régimen de transición adquiere
la característica de derecho adquirido para las personas que cumplieran alguno
de los dos requisitos, edad o tiempo de servicio, como ocurre con la demandada,
que acreditó el requisito de edad.

19. La Circular 8 de Colpensiones y las sentencias SU -0062 de 2010 y SU
130 de 2013 son posteriores al fallo de tutela que amparó el régimen de transición
en cabeza de la demandada, es más para la fecha en que se concedió el amparo
año 2009, la regla jurisprudencial cronológicamente vigente era la establecida por
la Corte Constitucional en sentencia T-818 de 2007

20. De otra parte señala que en caso de atenderse las súplicas incoadas por
la entidad, se tenga en cuenta que la demandada actuó de buena fe y no empleó
ninguna conducta fraudulenta para obtener el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez.

21. Colpensiones fue condenada por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de
Medellín a reconocer y pagar el retroactivo de la pensión de vejez en el marco de
la prestación que le había sido reconocida bajo el amparo del régimen de
transición.

22. Existe violación al principio de confianza jurídica, teniendo en cuenta que
la entidad expidió un acto administrativo que se presume legítimo y valido en el
que definió la situación jurídica de la demandada, creando en ella la plena
convicción de que le asistía el derecho reconocido.

23. Alegó la configuración de la cosa juzgada, teniendo en cuenta que el
Juzgado 19 Penal del Circuito de Medellín, resolvió una controversia idéntica a

3 Expediente físico folios 146 a 166
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Demandante: COLPENSIONES

la que se revisa, esto es la vigencia del régimen de transición en cabeza de la
demandada, decisión que debe ser acatada teniendo en cuenta que hace tránsito
a la cosa juzgada.

24. Formuló las excepciones de: ausencia de causa legal para pedir, violación
del principio de confianza legítima, cosa juzgada, caducidad, improcedencia del
restablecimiento del derecho, prescripción, legalidad y legitimidad de la pensión
de vejez bajo el régimen de transición reconocido a la demandada y la
innominada.

2.2.2. Entidad Promotora de Salud – CAFESALUD S.A.

25. Enterada de la existencia del presente asunto, contestó la demanda en
forma extemporánea, tal como da cuenta el acta de audiencia inicial celebrada
el 15 de noviembre de 2018 vista a folios 335 a 340 del expediente.

2.3. Medida cautelar4

26. A través de auto de 27 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, decretó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución GNR
100538 del 19 de mayo de 2013, por la cual se reconoció y ordenó el pago de
una pensión de vejez a favor de la señora Elba Nelly Hurtado Cano, así mismo
ordenó a Colpensiones una vez ejecutoriada la decisión, proferir un nuevo acto
administrativo correspondiente al reconocimiento pensional al que hubiere lugar,
sin excluir de nómina de pensionados a la demandada.

27. Se lee en el contenido de esa decisión que la señora Elba Nelly Hurtado
Cano para el 1 de abril de 1994, no tenía 15 años de servicios o 750 semanas
cotizadas, que se requerían para no perder los beneficios del régimen de
transición con el traslado de régimen pensional que efectuó el 1 de mayo de 2009,
a la fecha referida solo contaba con 3.524 días cotizados, por lo que el
reconocimiento pensional no debió tener en cuenta los beneficios del régimen de
transición.

28. No obstante, para el momento del reconocimiento pensional efectuado
mediante Resolución GNR 100538 del 19 de mayo de 2013, cumplía con los
requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993, esto es 55 años de edad y 1.200
semanas cotizadas, razón por la que si bien decretó la suspensión provisional del
acto demandado, también ordenó a la entidad proferir acto administrativo en el
que reconozca el derecho conforme a la norma aplicable a su situación jurídica,
sin excluirla de nómina de pensionados.

29. Finalmente señaló que si bien el traslado de régimen fue ordenado en fallo
de tutela del 3 de marzo de 2009, también lo es que esta Corporación ha admitido

4 Expediente físico folios 289 a 299
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la procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
la modalidad de lesividad, contra los actos que reconocen derechos pensionales
en cumplimiento de sentencias de tutela, al no ser el juez natural de la causa, y
en todo caso el acto de reconocimiento pensional propiamente dicho, no fue
expedido en cumplimiento de una decisión judicial.

2.4. Sentencia de primera instancia5

30. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia proferida el 25 de
abril de 2024, accedió a las súplicas incoadas en la demanda en consecuencia
declaró la nulidad de la Resolución GNR 100538 del 19 de mayo de 2013
expedida por Colpensiones, por medio de la cual se reconoció pensión de vejez
a la señora Elba Nelly Hurtado Cano con aplicación de régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993: así mismo ordenó a la demandada reintegrar
las sumas percibidas desde el 30 de marzo de 2015, en virtud del reconocimiento
pensional efectuado a su favor.

31. De otra parte, condenó a CAFESALUD EPS a reintegrar la totalidad de los
aportes pagados por Colpensiones por concepto de seguridad social en salud en
virtud del reconocimiento pensional efectuado a la señora Hurtado Cano.
Finalmente ordenó que las sumas reconocidas sean actualizadas y se abstuvo
de condenar en costas a la parte vencida.

32. Luego de efectuar el recuento normativo y jurisprudencial pertinente,
concluyó que la demandada nació el 21 de enero de 1956, lo que significa que
para el 1 de abril de 1994, contaba con 38 años de edad, de otra parte de
conformidad con su historia laboral, para el 31 de abril de 1994, contaba con 528
semanas cotizadas, esto es 10 años de servicios, por lo que cumplía con el
requisito de edad para ser beneficiaria del régimen de transición contenido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no obstante no hacia parte de la población
beneficiaria con la posibilidad de trasladarse en cualquier tiempo sin la pérdida
de los beneficios pensionales, por cuanto no cumplía el tiempo mínimo de
cotizaciones de 15 años a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

33. En ese escenario el traslado de régimen de la demandada del RAIS al
RPM el 1 de mayo de 2009, provocó la pérdida del beneficio de acceder a la
pensión de vejez con la edad, tiempo de cotización y monto del régimen anterior
a la Ley 100 de 1993, de manera que su pensión debía estudiarse con esta última
normativa, en consonancia con las modificaciones efectuadas por la Ley 797 de
2003, análisis que efectuó Colpensiones en la Resolución GNR 204147 del 8 de
julio de 2015, de acuerdo con la cual, a la señora Hurtado Cano le asiste el
derecho a percibir una pensión de vejez con una mesada equivalente a

5 Expediente digital primera instancia archivo 032SENTENCIA_1_C20160246900SENTENCI.pdf folios 1 a

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$1.272.298, para el año 2015 y no de $1.581.460, que es lo que venía pagando
para ese momento.

34. En ese orden de ideas, no cabe duda de que la Resolución GNR 100538
del 19 de mayo de 2013, expedida por Colpensiones se encuentra viciada de
nulidad, en tanto en contravía del ordenamiento jurídico se concedió una pensión
de vejez bajo una norma y en unos términos que no le eran aplicables a la
asegurada.

35. De otra parte respecto al reintegro de las sumas pagadas por la entidad
con ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez, si bien la demandada
recibió diferentes pagos en virtud de la prestación indebidamente reconocida,
dichas sumas fueron devengadas de buena fe y bajo el amparo de un acto
administrativo que se presume legal, sin embargo la presunción de buena fe se
desvirtuó en el momento en que la demandada fue notificada de la Resolución
VPB 26070 del 7 de noviembre de 2013, esto es 30 de marzo de 2015.

36. Por lo anterior, ordenó el reintegro de las sumas percibidas por la
demandada a partir del 30 de marzo de 2015, por concepto de la pensión de
vejez que le fue reconocida mediante Resolución GNR 100538 del 19 de mayo
de 2013.

37. Finalmente ordenó a Cafesalud reintegrar la totalidad de los aportes
pagados por la entidad demandante a la seguridad social en salud de la
demandada en calidad de pensionada.

2.5. Recursos de apelación.

2.5.1. ATEB Soluciones Empresariales S.A.S. mandataria con
representación de Cafesalud Liquidada. 6

38. Alegó que existen situaciones que impiden el cumplimiento de la
sentencia, teniendo en cuenta que mediante Resolución 007172 del 22 de julio
de 2019, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión de
los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para
liquidar Cafesalud.

39. Mediante Resolución 333 del 23 de mayo de 2022 el Liquidador de la
entidad dio por terminada la existencia legal de Cafesalud EPS, razón por la que
no existe subrogatorio legal, sustituto procesal, patrimonio autónomo o cualquier
otra figura jurídico procesal que surta los mismos efectos, sin perjuicio de los

6 Expediente digital primera instancia archivo 037_ MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION.pdf

folios 1 a 6

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activos contingentes y remanentes que se discuten judicial y
administrativamente.

40. En cumplimiento de lo dispuesto en el literal b) del artículo 9.1.3.6.3 del
Decreto 2555 de 2010, previa autorización de la Superintendencia Nacional de
Salud según comunicación 20221300000570911 del 10 de mayo de 2022, se
suscribió un contrato de mandato con representación con la sociedad ATEB
Soluciones Empresariales S.A.S., que se materializó el día 20 de mayo de 2022,
con el número 015 de 2022, no obstante la sociedad no es sucesor, ni
subrogatorio de la persona jurídica Cafesalud SA en liquidación y no tendrá
legitimación en la causa por pasiva para actuar en procesos judiciales o
administrativos que sean de interés de Cafesalud SA en liquidación.

41. A corte 31 de diciembre de 2021, los activos de Cafesalud EPS en
Liquidación ascienden a la suma de $1.153.415.433.90, comprometidos para el
pago de los gastos de administración en el proceso liquidatorio y para los créditos
no masa presentados y reconocidos en el proceso liquidatorio, debido a ello, no
será posible pagar los créditos reconocidos en las diferentes prelaciones ni
oportunos ni extemporáneos e igualmente no se podrá constituir reserva de
ningún tipo de condena por concepto de procesos ordinarios y sancionatorios en
curso o no reclamados en contra de la entidad, así como compensación por la
pérdida del poder adquisitivo de que trata el artículo 9.1.3.5.8 del Decreto 2555
de 2010, ni el pago del pasivo interno de la E.P.S. en liquidación, por el
agotamiento total de sus activos, configurándose un desequilibrio económico
entre los activos y los pasivos de la intervenida.

42. En ese orden de ideas y dado que se ha configurado el desequilibrio
financiero del proceso liquidatorio de la entidad, es imposible material y
financieramente constituir una reserva siquiera razonable de ningún tipo de
condena por concepto de procesos ejecutivos, coactivos, ordinarios y
sancionatorios en curso no reclamados con contra de Cafesalud EPS en
Liquidación por el agotamiento total de sus activos.

43. Cafesalud Liquidada tuvo capacidad para ser parte del proceso hasta el
23 de mayo de 2022 fecha en que se profirió la Resolución 331 de 2022, que
declaró probada su existencia legal y la cancelación de la matricula mercantil.

44. Teniendo en cuenta que ATEB Soluciones Empresariales S.A.S. de
conformidad con el contrato de mandato 015 de 2022, no es sucesor procesal, ni
subrogatorio de la persona jurídica Cafesalud EPS SA hoy liquidada, y no tiene
legitimación en la causa por pasiva para actuar en procesos judiciales o
administrativos que sean de interés de la extinta sociedad, la segunda instancia
está llamada a verificar la capacidad de las partes en el curso del proceso,
partiendo del hecho que generó la extinción de la personalidad jurídica del
demandado y a su vez la pérdida de la capacidad de hacer parte en el proceso.
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2.5.2. Elba Nelly Hurtado Cano.7

45. Alega que quedó acreditado en el plenario que el traslado de regreso hacia
el régimen de prima media con prestación definida acaeció el 1 de mayo de 2009,
es decir años antes de expedirse la sentencia SU-130 de 2013 y al amparo de la
tesis por entonces vigente que fue vertida por la Corte Constitucional en
sentencia T-818 de 2007, en mérito de la cual pese a que la persona haya
pertenecido al régimen de los fondos privados, el beneficiario transicional se
conserva bien con la edad o con 15 años de servicios anteriores al 1 de abril de
1994 o al 30 de junio de 1995.

46. La Resolución GNR 100538 del 19 de mayo de 2013, no puede analizarse
como un acto ajeno o aislado del régimen de transición de regreso al Seguro
Social efectuado en el año 2009 con apoyo en la sentencia de tutela 087 del 3 de
marzo de 2009 proferida por el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de
Medellín, en atención a que en dicha providencia el Juez Constitucional motivó
el amparo consistente en dar respuesta y/o permitir el traslado de régimen de la
señora Elba Hurtado, no como una decisión aislada sino precisamente para que
pudiera acceder a la pensión de vejez bajo las prerrogativas del régimen de
transición.

47. La trasgresión alegada por Colpensiones respecto de la Resolución GNR
100538 del 19 de mayo de 2013, pierde asidero si se tiene en cuenta no solo que
la solicitud de pensión de vejez fue elevada el 6 de mayo de 2011, es decir
cuando la tesis referida seguía imperando en los órganos jurisdiccionales de
cierre, sino también que para el momento de la expedición y notificación del acto
administrativo, esta Corporación continuaba sosteniendo la misma postura
teniente a conservar la transición ante el cumplimiento alternativo de cualquiera
de los dos requisitos.

48. En ese orden de ideas se concluye que la Resolución GNR 100538 del 19
de mayo de 2013, fue expedida en un marco histórico jurídico temporal en el que
la jurisprudencia del Consejo de Estado avalaba la conservación del régimen de
transición a quienes pese haberse trasladado al régimen de ahorro individual
regresaban a Colpensiones cumpliendo bien sea la edad o el tiempo de servicio
previsto en la Ley 100 de 1993, tesis que varió a partir de la sentencia del 22 de
julio de 2014, es decir en fecha posterior a la expedición del acto administrativo
que se ataca en el presente asunto.

49. Para mayo de 2013 existía disparidad en la postura de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, pero como quiera que la Sentencia SU-
130 no es una decisión de constitucionalidad, la entidad pensional podía adoptar

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la interpretación o aplicación normativa más favorable, al amparo del principio
contenido en el artículo 53 Constitucional.

50. En el marco del proceso, la medida cautelar prosperó y Colpensiones
emitió una nueva Resolución otorgando a la señora Elba Nelly pensión de vejez
bajo el régimen general de pensiones, es decir sin régimen de transición, en
atención a que la accionada cuenta con 55 años de edad y más de 1.200
semanas cotizadas para el año 2011, de manera que la causa judicial se
diferencia de aquellas en las cuales la persona demandada carece incluso del
número mínimo de semanas para acceder a la pensión de vejez bajo el régimen
general.

51. No es razonable que el a quo tome como prueba irrefutable de male fe, el
hecho de que la demandada se haya negado a la solicitud de autorización para
la revocatoria directa del acto demandado, en atención a que no existe ningún
tipo de fraude o actuación maliciosa imputable a la demandada, además
constituye una tesis peligrosa mediante la cual la prueba del obrar doloso o lesivo
intencional pasa a ser monopolizada por la parte demandante, quien también
está aprovechando de su propia culpa, en desmedro del debate probatorio
estricto que se exige para derruir el postulado constitucional de la buena fe.

2.6. Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público

52. Dentro de esta etapa procesal tanto las partes como el agente del
Ministerio Público guardaron silencio.

53. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia.

54. Es competente esta Subsección para decidir los recursos de apelación
interpuestos por ATEB Soluciones Empresariales S.A.S. mandataria con
representación de Cafesalud Liquidada y la señora Elba Nelly Hurtado Cano
contra la sentencia de 25 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, dentro del proceso del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el
artículo 1508 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).

8«Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia. El Consejo de Estado, en

Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles
de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
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3.2. Aclaración previa y problema jurídico.

55. Sea lo primero señalar que el marco de competencia funcional de la
segunda instancia se encuentra delimitado por los aspectos que fueron objeto de
apelación, tal como lo dispone el inciso primero del artículo 328 del Código
General del Proceso.

56. En este caso la sentencia de primera instancia fue apelada por ATEB
Soluciones Empresariales S.A.S. mandataria con representación de Cafesalud
Liquidada y la señora Elba Nelly Hurtado Cano, a efectos de que se revoque en
su totalidad la decisión que accedió a las súplicas incoadas en la demanda.

57. En consecuencia, el problema jurídico planteado en el presente asunto se
contrae a determinar si la Resolución GNR 100538 del 19 de mayo de 2013 se
encuentra o no viciada de nulidad por los cargos expuestos en la demanda, en
especial se deberá determinar si la señora Elba Nelly Hurtado Cano debe o no
mantener la pensión de vejez que le fue reconocida con fundamento en el
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

58. Definido lo anterior se resolverá sobre las pretensiones consecuenciales,
esto es lo relacionado con la devolución de las sumas reconocidas a la
demandada por concepto de pensión de vejez y de los valores pagados a
Cafesalud por concepto de aportes a salud.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial.

3.3.1. Aplicación del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 a las personas que presentan traslado de régimen.

59. La Ley 100 de 19939 dispuso en su artículo 36 un régimen de transición a
favor de las personas que se encontraban vinculadas al sistema pensional
anterior, por esta razón el inciso 2º de la norma en cita, determinó que sus
beneficiarios serían quienes al momento de entrar en vigencia la ley tuvieran 35
años de edad en el caso de las mujeres y 40 años de edad en el caso de los
hombres y 15 o más años de servicios cotizados. Las personas amparadas por
el régimen de transición, conservarían la edad, tiempo de servicio o número de
semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez determinados conforme lo
establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

60. Así mismo, el inciso 4º del artículo en cita, determinó que el régimen de
transición no era aplícale “para las personas que al momento de entrar en
vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres
o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, cuando estas personas
voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad,
9 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
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caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho
régimen.” (Negrillas Extratexto)

61. En igual sentido el inciso 5º ibidem, estableció que tampoco sería aplicable
“para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad
decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.”

62. De otra parte, el artículo 13 de la Ley 100 de 199310 permitió a los afiliados
al Sistema General de Pensiones escoger el régimen pensional que prefieran, no
obstante, una vez efectuada la selección inicial, solo podrán trasladarse de
régimen por una sola vez cada 3 años, contados desde la selección inicial.

63. Disposición que fue retirada en el artículo 311 del Decreto 692 de 1994
“Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993”. Además, el artículo
11 de la disposición en cita señaló: “La selección del régimen implica la
aceptación de las condiciones propias de éste, para acceder a las pensiones de
vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya
lugar.”

64. Se concluye entonces que el legislador no estableció un término para
realizar la selección inicial de régimen pensional una vez entró a regir la Ley 100
de 1993, así como tampoco obligó a permanecer vitaliciamente en el régimen
escogido, orientación que se acompasa con el derecho del afiliado a la libre
escogencia de fondo.

65. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-789 de 200212
declaró exequibles condicionalmente los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, teniendo en cuenta que “no se aplican a quienes habían cumplido
quince (15) años o más de servicios cotizados, al momento de entrar en vigencia
el sistema de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993”, para quienes
el monto de la pensión debía calcularse con fundamento en las disposiciones
anteriores.”

66. De otra parte la aludida sentencia, declaró la exequibilidad del inciso 5 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que “el régimen de

10 Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tendrá

las siguientes características:
(…)
e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran.
Una vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada 3
años, contados a partir de la selección inicial, en la forma que señale el gobierno nacional;
11 Artículo 3o. Selección de Régimen pensional. A partir del 1° de abril de 1994, los afiliados al Sistema

General de Pensiones previsto en la ley 100 de 1993, podrán seleccionar cualquiera de los dos regímenes
que lo componen. En consecuencia, deberán seleccionar uno de los siguientes regímenes:
a) Régimen solidario de prima media con prestación definida;
b) Régimen de ahorro individual con solidaridad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 100 de 1993, ninguna persona podrá estar
simultáneamente afiliado a los dos regímenes del Sistema.
12 Sentencia del 24 de septiembre de 2002, MP Rodrigo Escobar Gil.
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transición se aplica a quienes, estando en el régimen de prima media con
prestación definida, se trasladaron al régimen de ahorro individual con
solidaridad, habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de
servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad
social en pensiones, y decidan regresar al régimen de prima media prestación
definida, siempre y cuando: a) trasladen a este todo el ahorro que efectuaron al
régimen de ahorro individual con solidaridad; y b) dicho ahorro no sea inferior al
monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren permanecido en
el régimen de prima media. En tal caso, el tiempo trabajado les será computado
en el régimen de prima media,”

67. Con posterioridad el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 modificó el artículo
13 de la Ley 100 de 1993 y estableció en su literal e) que una vez efectuada la
selección inicial de régimen pensional, solo podría trasladarse de régimen por
una sola vez cada cinco años, contados desde la selección inicial, y que
“Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá
trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir
la edad para tener derecho a la pensión de vejez.”13

68. Disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en
sentencia C- 1024 de 2004, bajo el entendido de que “las personas que reúnen
las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con
solidaridad, no se hayan regresado al régimen de prima media con prestación
definida, pueden regresar a este -en cualquier tiempo-, conforme a los términos
señalados en la sentencia C- 789 de 2002”.

69. Mas adelante el Decreto 3800 de 200314 dispuso que “el evento en que
una persona que a 1° de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios
prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con
Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo
con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan
las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y
cuando cumplan con los siguientes requisitos:

“a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen
de Ahorro individual con Solidaridad, y

13 Aparte declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1024-04 de 20 de octubre

de 2004, MP Rodrigo Escobar Gil.

14 Por el cual se reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de

la Ley 797 de 2003.

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b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el riego de vejez,
correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el Régimen de Prima
Media, incluyendo los rendimientos que se hubieran obtenido en este último
(…)

Para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b) anterior
no se tendrá en cuenta el valor del bono pensional.”

70. No obstante, este Corporación15 declaró la nulidad de las expresiones
“cumplan con los siguientes requisitos: “, “a) y “b) Dicho saldo no sea inferior al
monto total del aporte legal para el riesgo de vejez, correspondiente en caso que
hubieren permanecido en el Régimen de Prima Media, incluyendo los
rendimiento que se hubieran obtenido en este último”, así como del inciso final
que dispone que “Para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el
literal b) anterior no se tendrá en cuenta el valor del bono pensional”.

71. Sobre el particular en sentencia T- 818 de 200716 la Corte Constitucional
orientó que la exigencia de condiciones imposibles para ejercer el derecho de las
personas a cambiar de régimen aun faltándoles menos de diez años para obtener
el derecho a la pensión, es inconstitucional, puesto que no se puede condicionar
la realización del derecho a la libre escogencia de régimen pensional mediante
elementos que hagan imposible su ejercicio, por esta razón en esa oportunidad
ordenó a la AFP efectuar el traslado del actor, por el hecho de estar dentro del
régimen de transición, sin el cumplimiento de la equivalencia de ahorro
establecido en la sentencia C- 789 de 2002.

72. Mas adelante el Decreto 3995 de 2008, dispuso en su artículo 7 que “Para
todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje
correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS.”, mientras
que en el artículo 12 estableció que “Las personas vinculadas al RAIS a las que
les falten menos de 10 años para cumplir la edad para la pensión de vejez del
Régimen de Prima Medía, podrán trasladarse a este únicamente si teniendo en
cuenta lo establecido por las Sentencias C-789 de 2002 y la C-1024 de 2004,
recuperan el régimen de transición”; para ello la AFP a la cual se encuentre
vinculado el afiliado que presenta la solicitud de traslado, “deberá remitir toda la

15 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve,

sentencia del seis (6) de abril de dos mil once (2011). Radicado número 11001-03-25-000-2007-00054-00
(1095-07)
“En síntesis, la Sala recuerda que los requisitos que debe cumplir un afiliado para trasladarse nuevamente
al régimen de prima media con prestación definida sin perder el beneficio del régimen de transición son los
siguientes: a) Que el afiliado tenga a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones,
esto es, al 1º de abril de 1994, o a la fecha en que haya entrado en vigencia en el respectivo nivel territorial,
quince (15) años de servicios cotizados para la pensión de vejez, equivalentes a setecientas cincuenta (750)
semanas.
b) Que traslade al Instituto de Seguros Sociales todos los aportes para pensión que haya acumulado en su
cuenta de ahorro individual.
c) Que el ahorro efectuado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (aportes voluntarios y
obligatorios), incluidos sus rendimientos y el valor correspondiente del Fondo de Garantía de Pensión
Mínima del referido régimen, según lo previsto en el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 no resulte inferior
al monto total que habría obtenido en caso de que hubiere permanecido todo el tiempo en el Régimen de
Prima Media con Prestación Definida.”
16 Referencia: expediente T-1635513. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería.
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información necesaria para que el ISS realice el cálculo respectivo conforme a lo
señalado en el artículo 7° del presente decreto.”

73. Con fundamento en lo anterior la Corte Constitucional a través de la
sentencia SU-062 de 201017, ajustó la jurisprudencia constitucional a la
normatividad vigente y reiteró los planteamientos de la sentencia C- 789 de 2002
y C- 1024 de 2004, cuando manifestó que “algunas de las personas amparadas
por el régimen de transición pueden regresar, en cualquier tiempo, al régimen de
prima media cuando previamente hayan elegido el régimen de ahorro individual
o se hayan traslado a él, con el fin de pensionarse de acuerdo a las normas
anteriores a la ley 100 de 1993. Estas personas son las que cumplan los
siguientes requisitos:

“(i) Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años cotizados.
(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en
el régimen de ahorro individual
(iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al
monto total del aporte legal correspondiente en caso de que se hubieren
permanecido en el régimen de prima media.” (Negrillas Extratexto)

74. En igual sentido, en la citada sentencia de unificación, advirtió que : “es
factible que la imposibilidad de satisfacer la exigencia de la equivalencia del
ahorro no provenga, hoy en día, de las reglas sobre la distribución del aporte
contenidas en la ley 797 de 2003, sino que se derive de la diferencia en la
rentabilidad que producen los dos regímenes pensionales sobre los dineros
aportados”, aspecto al que se dio solución acudiendo a los argumentos de la
sentencia C-030 de 2009 y concluyó que “no se puede negar el traspaso a los
beneficiarios del régimen de transición del régimen de ahorro individual al
régimen de prima media por el incumplimiento del requisito de equivalencia del
ahorro sin antes ofrecerles la posibilidad de que aporten, en un plazo razonable,
el dinero correspondiente a la diferencia entre lo ahorrado en el régimen de
ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que
hubieren permanecido en el régimen de prima media.”

75. En ese orden de ideas y en una interpretación armónica de las sentencias
C- 789 de 2002, C- 1024 de 2004 y SU 062 de 20100 de la Corte Constitucional
y 1095 de 2007 de esta Corporación, así como de los Decretos 3800 de 2003 y
3995 de 2008, se concluye que las personas que se afiliaron al régimen de ahorro
individual con solidaridad, o que se trasladaron de este, pueden retornar el
régimen de prima media con prestación definida, en cualquier tiempo,
conservando los beneficios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, para pensionarse con el cumplimiento de los requisitos exigidos en
las normas anteriores al SGSS, siempre que acrediten los siguientes requisitos:

17 Referencia: expediente T-2021850. Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto
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1. Acreditar 15 o más años de servicios o semanas cotizadas a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
2. Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado
en el régimen de ahorro individual.
3. Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al
monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubieren
permanecido en el régimen de prima media, y de ser inferior, pagar el valor
correspondiente a la diferencia negativa que se presente.

76. Posición reiterada por la Corte Constitucional en sentencia SU – 130 de
2013, en la que orientó:

“(…)
10.5. En cuanto a la oportunidad para realizar el traslado del régimen de ahorro
individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, a
partir de la Sentencia C-1024 de 2004, se entendió que la prohibición contenida
en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100/93, en el sentido que no podrán
trasladarse quienes les falte diez (10) años o menos para cumplir la edad para
tener derecho a la pensión de vejez, no aplica para los sujetos del régimen de
transición por tiempo de servicios cotizados, quienes podrán hacerlo “en
cualquier tiempo”, conforme a los términos señalados en la Sentencia C-789 de
2002. La referencia hecha a este último fallo, por parte de la Sentencia C-1024
de 2004, no significa cosa distinta a que solo quienes cumplen con el requisito
de tiempo se servicios cotizados (15 años o más) pueden retornar sin límite
temporal alguno al régimen de prima media, pues son los únicos afiliados que
no pierden el derecho al régimen de transición por efecto del traslado.

10.6. No sucede lo mismo, en cambio, con quienes son beneficiarios del
régimen de transición por edad, pues como quiera que el traslado genera en
esta categoría de afiliados la pérdida automática del régimen de transición, en
el evento de querer retornar nuevamente al régimen de prima media, por
considerar que les resulta más favorable a sus expectativas de pensión, no
podrán hacerlo si les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para
tener derecho a la pensión de vejez, dada la exequibilidad condicionada del
artículo 13 de la Ley 100/93, declarada en la Sentencia C-1024 de 2004.

10.7. Así las cosas, más allá de la tesis jurisprudencial adoptada en algunas
decisiones de tutela, que consideran la posibilidad de trasladado “en cualquier
tiempo”, del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, con
beneficio del régimen de transición para todos los beneficiarios de régimen, por
edad y por tiempo de servicios, la Corte se aparta de dichos pronunciamientos
y se reafirma en el alcance fijado en las sentencias de constitucionalidad, en el
sentido de que solo pueden trasladarse del régimen de ahorro individual al
régimen de prima media, en cualquier tiempo, conservando los beneficios del
régimen de transición, los afiliados con 15 años o más de servicios cotizados a
1° de abril de 1994.
(…)

10.11. En el caso de las personas que al momento de entrar en vigencia el
Sistema General de Pensiones, tuvieren treinta y cinco (35) años o más si son
mujeres, o cuarenta (40) años o más si son hombres, éstas pueden trasladarse
de régimen por una sola vez cada cinco (5) años contados a partir de la
selección inicial, salvo que les falte diez (10) años o menos para cumplir la edad
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para tener derecho a la pensión de vejez, evento en el cual no podrán ya
trasladarse. En todo caso, de ser viable dicho traslado o haberse efectuado el
mismo al momento de proferirse la presente providencia, ello no da lugar, bajo
ninguna circunstancia, a recuperar el régimen de transición.

10.12. Finalmente, no está por demás precisar que, respecto de los demás
afiliados al SGP, es decir, quienes no son beneficiarios del régimen de
transición, para efectos del traslado de régimen pensional, también se les aplica
la regla anteriormente expuesta, contenida en el literal e) del artículo 13 de la
Ley 100/93, conforme fue modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003,
ambas normas interpretadas por la Corte, con efectos de cosa juzgada
constitucional, en las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004.

10.13. Así las cosas, con el fin de reconocerle efectos vinculantes a la presente
decisión, en la parte resolutiva de este fallo, se incluirá el criterio de unificación
adoptado en torno al tema del traslado de regímenes pensionales, en el sentido
de que únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios
cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Sistema
General de Pensiones, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen
de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación
definida, conservando los beneficios del régimen de transición.
(…)”

77. Conforme a lo expuesto, la Corte Constitucional unificó jurisprudencia
respecto a la pérdida del derecho de transición por traslado de régimen,
orientación de la que se extraen las siguientes conclusiones:

1. Conservan los beneficios del régimen de transición contenido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y pueden trasladarse en cualquier tiempo del
RAIS AL RPM, las personas que, al 1 de abril de 1994 o 30 de junio de
1995, según sea el caso, acumulen 15 o más años de servicios.

2. Las personas beneficiarias del régimen de transición, por edad, lo
conservarán si habiendo elegido el régimen de prima media con prestación
definida, se mantienen en dicho régimen una vez expedida la Ley 100 de
1993; o si ocurrió un traslado al régimen de ahorro individual con
solidaridad que no era jurídicamente viable o voluntario.

3. Las personas que inicialmente son beneficiaria del régimen de transición
por edad pero no cumplen el requisito de los 15 años de servicios a la
fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo pierden al
trasladarse voluntariamente al RAIS, aunque pueden trasladarse de
régimen por una sola vez cada 5 años contados a partir de la selección
inicial, salvo que les falte 10 años o menos para cumplir la edad para tener
derecho a la pensión de vejez, y en todo caso, precisó la Corte, de haberse
efectuado el traslado al momento de proferirse la sentencia SU-130 de
2013, esta circunstancia no da lugar a recuperar el régimen de transición.18
18 Ver párrafo 10.11 de las consideraciones de la sentencia SU-130 de 2013.
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3.3.2. Devolución de sumas percibidas de buena fe.

78. El artículo 164, numeral 1, literal c del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estableció la siguiente premisa
normativa según la cual no hay lugar a recuperar las prestaciones periódicas
pagadas a particulares de buena fe.

79. Es preciso tener en cuenta que el principio de buena fe fue consagrado
en el artículo 83 de la Constitución Política, en los siguientes términos:

“Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas.”

80. En la ponencia relativa al principio de buena fe en la Asamblea Nacional
Constituyente se señaló que este tiene dos elementos fundamentales:

81. El primer elemento lo constituye el deber genérico de obrar de buena fe,
lo que implica un límite a los derechos de los particulares, quienes no pueden
abusar del ejercicio de las prerrogativas que el ordenamiento les reconoce y
además, sirve de barrera para evitar la desviación de poder de las autoridades.

82. El segundo elemento, se encuentra en la presunción de buena fe en la
actuación de los particulares, la cual se justificó en los siguientes términos:

“Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia ha sido
sustituido por una general desconfianza hacia el particular. Esta concepción
negativa ha permeado todo el sistema burocrático colombiano, el cual, so pretexto
de defenderse del asalto siempre mal intencionado de los particulares, se ha
convertido en una fortaleza inexpugnable ante la cual sucumben las pretensiones
privadas, enredadas en una maraña de requisitos y procedimientos que terminan
por aniquilar los derechos sustanciales que las autoridades están obligadas a
proteger”19.

83. En relación con este principio la Corte Constitucional ha señalado:

“(…) bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente
que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no
obre prueba en contrario, la presunción de la buena fe que protege las actuaciones
de los particulares se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no
es que se presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que el margen de
la presunción que favorece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios
públicos deben atenerse al principio de constitucionalidad que informa la ley y el
principio de legalidad que nutre la producción de los actos administrativos. Por
consiguiente, podría decirse entonces que la presunción de buena fe que milita a

19Cfr, Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nro. 24. Título: Buena Fe.

Autores: Álvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional 19, marzo 11
de 1991. p. 3.
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favor de los particulares, en la balanza Estado-administración hace las veces de
contrapeso institucional de cara a los principios de constitucionalidad y legalidad
que amparan en su orden a la ley y a los actos administrativos”20.

84. Esta Subsección considera que el argumento de la entidad apelante no
goza de vocación de prosperidad ya que, se entiende que, para los efectos de la
devolución de prestaciones pagadas de buena fe, no basta con que el particular
haya recibido unas sumas que no encuentran fundamento en una norma jurídica,
pues es necesario que haya acudido a una maniobra fraudulenta o deshonesta
con la cual se haya inducido en error a la administración21.

85. Significa lo anterior, conforme al desarrollo del principio de buena fe, que
no basta con que el pago no sea acorde con el ordenamiento jurídico, sino que
es necesario que medie una maniobra deshonesta o con falta de lealtad respecto
del Estado.

3.4. Análisis crítico de los medios de prueba y solución del caso concreto.

86. Se encuentra demostrado en el plenario que la señora Elba Nelly Hurtado
Cano nació el 21 de enero de 1965, lo anterior significa que a la fecha cuenta con
60 años de edad.22

87. De conformidad con el formato de actualización de historia laboral
expedido por Porvenir23, con corte al 31 de diciembre de 1994, la señora Elba
Nelly Hurtado Cano, acreditaba las siguientes cotizaciones:

Entidad Desde Hasta
Calcetería Nacional S 18 de junio de 1975 09 de marzo de 1976
Ing y Consl LTDA 09 de marzo de 1976 11 de noviembre de 1977
Coopifarma 27 de marzo de 1978 15 de febrero de 1979
Carlos Adolfo Pomient 12 de marzo de 1979 14 de mayo de 1980
Uniformes Industriales 07 de noviembre de 1980 08 de mayo de 1981
Confama 16 de abril de 1985 25 de octubre de 1985
Aseso y Sostenimiento 26 de julio de 1988 14 de octubre de 1988
Restaurantes Industri 18 de octubre de 1988 01 de marzo de 1989
Vestimundo SA 02 de abril de 1990 31 de diciembre de 1994

88. El Juzgado 19 Penal del Circuito de Medellín, en fallo de tutela proferido
el 3 de marzo de 2009 tuteló los derechos fundamentales a la seguridad social y
a la libre escogencia de régimen pensional invocados por la señora Elba Nelly
Hurtado Cano, en consecuencia ordenó al apoderado general de la AFP Porvenir

20 Corte Constitucional, sentencia C – 840 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Jaime Araújo

Rentería.
21 En este sentido véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 14 de febrero de 2019, expediente 3096-16, magistrado ponente: William Hernández Gómez;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de marzo de
2000, expediente 12.971, magistrado ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda.
22 Folios 28 a 31
23 Folio 34
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S.A. que en el término de 48 horas, proceda a autorizar el traslado de la señora
Elba Nelly Hurtado Cano al Seguro Social, así mismo trasladar la totalidad del
ahorro efectuado por la afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad,
al seguro social.

89. Se extrae del contenido de esa decisión que la demandada cumple con
los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para ordenar su traslado de la
AFP Porvenir S.A. al ISS y hacer efectivo su derecho de pensión por hacer parte
del régimen de transición, teniendo en cuenta que para la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía 38 años de edad, cumpliendo a cabalidad
los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición.

90. Oficio calendado el 10 de marzo de 200924, dirigido a la señora Elba Nelly
Hurtado Cano, suscrito por el Subgerente de servicios de Provenir, por medio del
cual le informa que de acuerdo con el fallo de tutela emitido por el Juzgado 19
Penal del Circuito de Medellín, se ordenó autorizar su traslado del régimen de
ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación
definida administrado por el ISS, razón por la cual se trasladó su afiliación al ISS
y se iniciaron las gestiones para en el menor tiempo posible realizar el giro al ISS
de los aportes efectuados.

91. Oficio del 26 de marzo de 2009 suscrito por el Jefe del Departamento
Nacional de Afiliación y Registro del ISS, del que se extrae que en acatamiento
del fallo de tutela proferido por el Juzgado 19 Penal del Circuito de Medellín, de
fecha 4 de marzo de 2009, se procedió a activar la afiliación en pensiones al
Seguro Social para la señora Elba Nelly Hurtado Cano.25

92. El 6 de mayo de 2011, Cafesalud EPS certificó como afiliada a la señora
Elba Nelly Hurtado Cano, con fecha de afiliación 27 de julio de 2001, cotizante
independiente, semanas cotizadas 478. Aportante: Fundación Educativa
Almalegre.26

93. El 20 de febrero de 2012, el Departamento de Atención al Pensionado del
ISS seccional Antioquia, en respuesta a un derecho de petición radicado por la
demandada, le informó que:27

“(…)
La Oficina de Devolución de Aporte de la Vicepresidencia de Pensiones
del ISS, certificó que en su Comité de Multivinculación realizado el
27/01/2012, se decidió la competencia para tramitar su prestación
económica a favor de la Administradora de Fondo de Pensiones Porvenir.

Igualmente le informamos que verificado su expediente, no obra

24 Folio 33 vto.
25 Folio 34 vto.
26 Folio 35 – 36 vto.
27 Folio 37
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información diferente al respecto. Es decir aparece la competencia para
la AFP Porvenir. Realizada la consulta, por Asofondos aparece reportada
con código del ISS. Pero ante la Oficina De Devolución de Aportes de la
Vicepresidencia de Pensiones del ISS, no figura cambio alguno en la
competencia.

Por lo anterior la Seccional Antioquia ha oficiado a la Oficina de
Devolución de Aportes, para que se aclare su situación.
(…)”

94. Reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido por el ISS de fecha
23 de mayo de 201228, donde se reportan las siguientes cotizaciones a favor de
la señora Elba Nelly Hurtado Cano:

• Calcetería Nacional del 18 de junio de 1975 al 09 de marzo de 1976 – 8
meses 21 días.
• ING Y CONST LTDA del 09 de marzo de 1976 al 11 de noviembre de 1977
– 1 año – 8 meses y 2 días.
• Coopifarma del 27 de marzo de 1978 al 15 de febrero de 1979 – 10 meses
y 18 días.
• Carlos Adolfo Pimien del 12 de marzo de 1979 al 14 de mayo de 1980 – 1
año, 2 meses y 2 días.
• Uniformes Industriales del 7 de noviembre de 1980 al 8 de mayo de 1981
– 6 meses y 1 días.
• CONFA Del 16 de abril de 1985 al 25 de octubre de 1985 – 6 meses y 9
días.
• Aseo y Sostenimiento del 26 de julio de 1988 al 14 de octubre de 1988 –
2 meses y 18 días.
• Restaurantes Industri del 18 de octubre de 1988 al 1 de marzo de 1989 –
4 meses y 1 día.
• Vestimundo S.A. del 2 de abril de 1990 al 31 de diciembre de 1994 – 4
años, 8 meses y 29 días.

ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 10 AÑOS, 8 MESES Y 11
DÍAS.

• Vestimundo S.A Vesa del 1 de enero de 1995 al 30 de junio de 1998 – 3
años y 6 meses.
• Autotecnica de Colombia del 1 de junio de 1998 al 28 de febrero de 2001
– 2 años y 9 meses.
• José del 1 de febrero de 2004 al 30 de abril de 2004 – 3 meses.
• Restaurantes Industri del 1 de abril de 2004 al 31 de agosto de 2004 – 5
meses.
• Javier Robledo Vélez del 1 de febrero de 2005 al 28 de febrero de 2007 –
2 años y 28 días.
28 Folio 42 vto. a 46 y 170 a 179
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• Servialimentos SA del 1 de febrero de 2007 al 30 de noviembre de 2009 –
2 años y 10 meses.
• Fundación Centro de del 1 de diciembre de 2009 al 31 de julio de 2010 –
8 meses.
• Elba Nelly Hurtado C del 1 de agosto de 2010 al 31 de enero de 2011 – 6
meses.
• Fundación Educativa del 1 de febrero de 2011 al 30 de abril de 2011 – 4
meses.
• Elba Nelly Hurtado C del 1 de febrero de 2011 al 28 de febrero de 2011. 1
mes.
• Fundación Educativa Almalegre del 01 de febrero de 2011 al 30 de abril
de 2011. 3 meses.

TOTAL TIEMPO DE SERVICIO 24 AÑOS, 4 MES Y 9 DÍAS.

95. Colpensiones a través de la Resolución GNR 100538 del 19 de mayo de
29
2013 , reconoció pensión de vejez a la señora Elba Nelly Hurtado Cano, a partir
del 1 de junio de 2013, en cuantía de $1.496.588, con fundamento en el Decreto
758 de 1990, atendiendo a que era beneficiaria del régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

96. Inconforme con esa decisión la demandada presentó recurso de
reposición y en subsidio apelación, aduciendo que el reconocimiento debió
efectuarse desde el 1 de mayo de 2011 y no desde el 1 de junio de 2013.30

97. El recurso de reposición fue desatado a través de la Resolución No. GNR
296351 del 7 de noviembre de 2013, a través del cual se confirmó en su
integridad el acto recurrido.31Se lee en el contenido de ese acto administrativo
que la demandada acumuló un total de 1.201 semanas cotizadas y que para esa
fecha acumulaba 57 años de edad, así mismo que por acreditar al 1 de abril de
1994, más de 40 años de edad, la cobijó el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que la mesadas pensional fue reconocida
con fundamento en el Decreto 758 de 1990.

98. El recurso de apelación formulado por la demandada, fue desatado a
través de la Resolución VPB 26070 del 19 de marzo de 201532, por medio de la
cual Colpensiones solicitó a la señora Elba Nelly Hurtado Cano su autorización
para revocar la Resolución GNR 100538 del 19 de mayo de 2013, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

“(…)

29 Folios 59 a 60 del expediente
30 Folio 61
31 Folios 63 a 66 del expediente
32 Folios 75 vto. a 77
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Que una vez revisada la Historia Laboral de la asegurada, se evidencia que
presenta traslado del Régimen de Ahorro Individual (RAI) al Régimen de Prima
Media (RPM) el 1 de mayo de 2009, por lo tanto, se establece:

De acuerdo al precedente judicial de las sentencias C- 789 de 2002, C- 754 de
2004, C- 1024 de 2004, SU 062 de 2010, Su 130 de 2013 y SU 856 de 2023, la
ley 797 de 2003, los Decretos 3800 de 2003 y 3995 de 2008 y la circular 06 de
2011 emitida por la superintendencia financiera de Colombia, el cálculo de
rentabilidad se exige con base en las siguientes reglas:

“(…) 5. Los afiliados que se trasladaron acogiéndose a la sentencia C- 1024 del
20 de octubre de 2004, que comprende el periodo entre el 20 de octubre de
2004 y el 02 de febrero de 2010, día anterior a la fecha de la sentencia SU-062
de 2010, NO requieren del cálculo de rentabilidad para una exigencia previa
para perfeccionar el traslado. De manera que su se registra un traslado válido
por sentencia C- 1024 de 2004, se entiende recuperado el régimen de
transición, siempre y cuando acredite 15 años de servicio a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 (…)”

Que conforme a lo anterior se evidencia claramente que la recurrente perdió el
régimen de transición por no acreditar 15 años de servicio.

Que conforme a lo anterior el reconocimiento de la pensión debió estudiarse a
la luz de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, que señala
como requisitos para acceder a la presión de vejez:
(…)

Que conforme a lo anterior, el interesado acredita un total de 8.413 días
laborados, correspondientes a 1.201 semanas.

Que nació el 21 de enero de 1956 y actualmente cuenta con 59 años de edad.

Por lo anterior, una vez recibida la autorización de su parte, COLPENSIONES
procederá a revocar el acto administrativo e inmediatamente realizará el
reconocimiento de la pensión de vejez conforme a la normatividad aplicable.
(…)”

99. Colpensiones a través de la Resolución GNR 204147 del 8 de julio de
2015 no accedió a la solicitud de revocatoria directa de la Resolución VPB 26070
del 19 de marzo de 2015, formulada por la señora Elba Nelly Hurtado Cano.33

100. En cumplimiento del auto de 27 de junio de 2018, proferido en el curso de
este proceso por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Colpensiones profirió la
Resolución SUB 234606 del 6 de septiembre de 201834, por medio de la cual
reconoció pensión de vejez conforme a la Ley 797 de 2003 a la señora Elba Nelly
Hurtado Cano, así:

Estatus: 21/01/2011
Régimen Pensional: Ley 797 de 2003
Pensión=IBL 2.340.043X64%

33 Folios 85 a 87
34 Folios 345 a 349
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Mesada 14 – fecha de ingreso en nómina año 2018: SI
Valor de la mesada a 1 de septiembre de 2018= $1.497.628.

101. Se lee en el contenido de ese acto administrativo que la señora Elba Nelly
Hurtado Cano acreditó un total de 8.503 días laborados correspondientes a 1.214
semanas y cuenta con 62 años de edad.

3.4.1. Sobre la pérdida del régimen de transición por traslado de régimen
pensional.

102. Conforme a lo probado en el proceso, para la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, 1 de abril de 1994, la señora Elba Nelly Hurtado Cano,
contaba con 38 años de edad y 10 años, 8 meses y 11 días de servicios, así
mismo está acreditado que se trasladó en forma voluntaria del Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida el 1 de mayo de 2009.

103. En ese orden de ideas y conforme al recuento normativo y jurisprudencial
efectuado en precedencia, perdió el régimen de transición al cual tuvo derecho
inicialmente por edad, porque se trasladó del régimen de ahorro individual al
régimen de prima media, sin acreditar al 1 de abril de 1994 15 años de servicio.

104. En consecuencia, no le asiste derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de vejez en los términos de las normas anteriores a la Ley 100 de 1993,
por lo que le asistió razón al a quo en cuanto a la declaratoria de nulidad de la
Resolución GNR 100538 del 19 de mayo de 2013.

105. Ahora bien, en el contenido del recurso de apelación el apoderado de la
demandada alega que existe fallo de tutela proferido el 3 de marzo de 2009, por
el Juzgado 19 Penal del Circuito de Medellín, en el que se ordenó el traslado de
régimen de la señora Elba Nelly Hurtado Cano, atendiendo a que para la fecha
de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, acumulaba más de 35 años de
edad, lo anterior en atención a la orientación impartida por la Corte Constitucional
en sentencia T- 818 de 2007, decisión que a criterio del apelante no puede ser
desconocida.

106. Además, alega que en el caso de la señora Hurtado Cano el traslado de
régimen se produjo con anterioridad a la expedición de la sentencia SU – 230 de
201335, razón por la cual se debe aplicar la orientación jurisprudencial vigente
para la fecha del traslado (1 de mayo de 2009), esto es la contenida en la
sentencia de tutela T-818 de 2007.

107. Sobre el particular, debe señalar la Sala que la Sentencia SU – 130 de
2013, unificó las condiciones para la conservación del régimen de transición en

35 Publicada el 13 de marzo de 2013
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caso de traslados, decisión que por su naturaleza tiene efectos erga-omes, y por
tanto de obligatorio cumplimiento para los operadores judiciales, además para la
fecha en que fue proferido el acto acusado Resolución GNR 100538 del 19 de
mayo de 2013, dicha decisión ya se encontraba surtiendo plenos efectos
jurídicos, teniendo en cuenta que fue publicada el 13 de marzo de 2013.

108. Adicional a lo dicho, en la aludida sentencia de unificación la Corte aclaró
que se apartaba de los fallos de tutela que permitieron la conservación del
régimen de transición sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma,
teniendo en cuenta que “solo pueden trasladarse del régimen de ahorro individual
al régimen de prima media, en cualquier tiempo, conservando los beneficios del
régimen de transición, los afiliados con 15 años o más de servicios cotizados a
1° de abril de 1994.”

109. Además, con anterioridad a la expedición de la sentencia C-130 de 2013,
la Corte profirió las sentencias C- 789 de 2002 y C- 1024 de 2004, en las que en
sede de control de constitucionalidad analizó las normas que consagran el
régimen de transición, así como la pérdida del mismo y la posibilidad de traslado
entre regímenes pensionales con sus correspondientes restricciones, decisiones
que hicieron tránsito a cosa juzgada, por tanto, tiene carácter definitivo,
incontrovertible e inmutable.

110. En ese orden de ideas y contrario a lo afirmado por el apelante para la
fecha en que se definió el derecho pensional en cabeza de la señora Elba Nelly
Hurtado Cano, existía amplia línea jurisprudencial que orientaba sobre la pérdida
del régimen de transición en caso de traslado de régimen, con menos de 15 años
de servicios al 1 de abril de 1994.

111. Ahora bien, en el curso del proceso el a quo ordenó la suspensión
provisional de los efectos de la Resolución GNR 100538 del 19 de mayo de 2013,
teniendo en cuenta que la demandada no era beneficiaria del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no obstante ordenó
a Colpensiones “proferir acto administrativo correspondiente de reconocimiento
pensional al que hubiere lugar, sin que en todo caso, la accionada se le excluya
de nómina, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta providencia”.

112. En cumplimiento de esa orden, Colpensiones profirió la Resolución SUB
234606 del 6 de septiembre de 2018, por medio de la cual reconoció pensión de
vejez a favor de la señora Elba Nelly Hurtado Cano, con fundamento en la Ley
797 de 2003, en cuantía de $1.497.628, prestación que ingresó a nómina en el
mes de octubre del año 2018.

113. En ese orden de ideas y si bien a la demandada no le asiste derecho al
reconocimiento pensional con aplicación del régimen de transición contenido en
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el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, también lo es que acredita los requisitos
para ser beneficiaria de una prestación pensional con fundamento en la Ley 797
de 2003, tal como fue reconocido por la entidad demandante.

3.4.2. Sobre la devolución de las sumas devengadas en virtud del
reconocimiento pensional.

114. Resuelto lo anterior, procede la Sala analizar si resulta o no procedente la
devolución de las sumas pagadas a la señora Elba Nelly Hurtado Cano por
concepto de reconocimiento de pensión de vejez, teniendo en cuenta que, a
criterio del apelante, dichas sumas fueron recibidas de buena fe.

115. Sobre el particular, encuentra la Sala que el Tribunal Administrativo de
Antioquia en la sentencia objeto de recurso, ordenó a la demandada la devolución
de las sumas que le fueron reconocidas por concepto de pensión de vejez a partir
del 30 de marzo de 2015, esto es la fecha de notificación de la Resolución VPB
26070 del 7 de noviembre de 2013, por medio de la cual se solicitó su
autorización para revocar la Resolución GNR 100538 del 19 de mayo de 2013,
lo anterior teniendo en cuenta que para el a quo a partir de esa fecha se desvirtuó
la presunción de buena fe que amparaba a la demandada.

116. Para la Sala, contrario a lo concluido por el a quo en el plenario no existe
medio de prueba que lleve a concluir que la señora Elba Nelly Hurtado Cano usó
maniobras engañosas para defraudar a la administración y así obtener el
reconocimiento de la pensión de vejez, toda vez que el hecho de que no haya
autorizado la revocatoria de la Resolución GNR 100538 del 19 de mayo de 2013,
no puede interpretarse como mala fe en su actuar.

117. Además, es pertinente recordar que la señora Elba Nelly Hurtado Cano, si
bien no es beneficiaria del régimen de transición contenido en la Ley 100 de 1993,
lo que le permitiría tener derecho a la pensión con fundamento en el régimen
pensional anterior, lo cierto es que, si cumple con los requisitos previstos en la
Ley 797 de 2003, razón por la que Colpensiones, ordenó el reconocimiento
pensional a su favor, tal como se analizó en precedencia.

118. En ese orden de ideas, por el simple hecho de no autorizar la revocatoria
directa del acto demandado, no se puede extraer la mala fe del pensionado, razón
que impone revocar el numeral 2 de la sentencia apelada, en cuanto accedió a
la pretensión de ordenar a la demandada la devolución de las sumas percibidas
por concepto de pensión de vejez.

3.4.3. Devolución de aportes a salud.

119. ATEB Soluciones Empresariales S.A.S. mandataria con representación de
Cafesalud Liquidada solicita se verifique la capacidad de Cafesalud E.P.S para
ser parte en el proceso, partiendo del hecho de que se generó la extinción de su
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personería jurídica y por ende la capacidad para ser parte del proceso, además
alega que se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a la sentencia que
ordenó la devolución de las sumas que fueron pagadas por concepto de aportes
a salud, teniendo en cuenta que no cuenta con los recursos que garanticen el
pago ordenado.

120. En ese orden de ideas, se analizará si la entidad está legitimada para
actuar en el presente asunto y una vez definido lo anterior, si hay o no lugar a la
devolución de las sumas pagadas por concepto de aportes en salud.

121. Mediante Resolución 331 del 23 de mayo de 2022, expedida por el
liquidador de Cafesalud EPS Liquidada, se declaró terminada la existencia legal
de la entidad y se determinó que no existía subrogatorio legal, sustituto procesal,
patrimonio autónomo o cualquier otra figura procesal que surta los mismos
efectos, sin perjuicio de los activos contingentes y remanentes que se discuten
judicial y administrativamente.

122. Por lo anterior Cafesalud EPS S.A. liquidada suscribió contrato de
mandato 015 de 2002 con ATB Soluciones Empresariales S.A.S., con el objeto
de:
“CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO: Por medio del presente
contrato EL MANDANTE encarga AL MANDATARIO la realización de las
actividades debidamente establecidas en la Cláusula Tercera, sin perjuicio de
aquellas adicionales que deba surtir, correspondientes al proceso de liquidación
de CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN, así como la representación de
dicha entidad para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

En desarrollo del objeto mencionado, EL MANDATARIO deberá administrar los
recursos y bienes que se entreguen al momento del cierre del proceso
liquidatorio de CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN y los demás que
ingresaren en virtud del recaudo de cartera, y la recuperación de excedentes y
rendimientos financieros y demás recursos que ingresen conforme a lo instruido
por el mandante.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos a realizarse de las obligaciones
contractuales y legales serán hasta concurrencia de los recursos entregados en
administración y los dineros a recuperar, a fin de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones del MANDANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El presupuesto del Mandato se encuentra
consignado en el anexo No. 6. La modificación del presupuesto deberá
someterse a aprobación del Comité de Seguimiento y Conciliación, para lo cual
EL MANDATARIO presentará un informe que soporte la solicitud.

PARÁGRAFO TERCERO: EL MANDATARIO en ningún momento
comprometerá el patrimonio social o propio para el cumplimiento de las
actividades encomendadas, y en consecuencia responderá única y
exclusivamente hasta la concurrencia de los recursos entregados en la
administración.

PARÁGRAFO CUARTO: EL MANDATARIO no será sucesor, ni subrogatario de
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Demandante: COLPENSIONES

la persona jurídica de CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN y no tendrá
legitimación en la causa por pasiva (a título personal) para actuar en procesos
judiciales o administrativos que sean del interés de CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN, toda vez que sus atribuciones se limitan a las previstas en el
presente contrato.”

123. En cuanto a las obligaciones del mandatario ATB Soluciones S.A., se
precisó entre otras la de “(…) 7 Atender de manera directa o a través de
apoderados la defensa judicial y las actuaciones constitucionales o
administrativas de CAFESALUD EPS SA y CAFESALUD EPS S.A EN
LIQUIDACIÓN, en aquellos PROCESOS JUDICIALES o ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS, o de otro tipo en los cuales sea parte, tercero, interviniente
o litisconsorte CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN, existentes al cierre del
proceso liquidatorio, así como en aquellos que deban iniciarse por activa para la
defensa, recuperación, recaudo, transferencia, legalización o entrega de los
ACTIVOS entregados en administración. (…)”

124. En ese orden de ideas y si bien es cierto una persona jurídica liquidada no
es sujeto de derechos y obligaciones, lo que conlleva a que no pueda demandar
ni ser demandada, no puede pasarse por alto que la pérdida de capacidad legal
de Cafesalud E.P.S. S.A. ocurrió el 23 de mayo de 2022, siendo esta la fecha a
partir de la cual no puede iniciarse acción judicial en su contra.

125. Sin embargo, en el presente asunto la demanda se presentó el 9 de
noviembre de 2016 y fue admitida el 14 de febrero de 2017, esto es, cuando la
entidad tenía activa y vigente su matrícula, contaba con personería jurídica y era
plenamente capaz, teniendo en cuenta que para ese momento no se encontraba
en proceso de intervención y menos aún de liquidación.

126. Si bien Cafesalud E.P.S. S.A. fue liquidada, antes de su extinción suscribió
contrato de mandato con representación No. 015 de 2022 con ATEB Soluciones
Empresariales S.A., en virtud del cual se comprometió atender de manera directa
o a través de apoderados la defensa judicial de la EPS en los procesos en los
cuales fuera parte, tercero, interviniente o litisconsorte, y que existieran al cierre
del proceso liquidatorio.

127. Así las cosas y teniendo en cuenta que la demanda fue presentada antes
del cierre del proceso liquidatorio36, corresponde a la mandataria ATEB
Soluciones Empresariales S.A. dar continuidad a la defensa judicial de Cafesalud
E.P.S. S.A., en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

128. Aclarado lo anterior, se procede analizar la viabilidad de la devolución de
los aportes en salud realizados a Cafesalud y de ser procedente esta pretensión

36 23 de mayo de 2022
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Demandante: COLPENSIONES

se analizará la capacidad de pago de la entidad, argumento central del recurso
de apelación.

129. La jurisprudencia Constitucional ha reiterado que los recursos de la
seguridad social en salud, en particular las cotizaciones que se recaudan entre
los afiliados al régimen contributivo, son contribuciones parafiscales y, por tanto,
tienen naturaleza pública y una destinación específica.

130. En Sentencia C-040 de 1993, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad
de pronunciarse sobre las contribuciones fiscales, y las definió de la siguiente
manera: «(…) son fruto de la soberanía fiscal del Estado, son obligatorias, no
guardan relación directa ni inmediata con el beneficio otorgado al contribuyente
(…) no generan una contraprestación directa y equivalente por parte del Estado
[y] (…) no entran a engrosar el erario público».37

131. Frente a la protección constitucional de los recursos de la Seguridad Social
y la destinación específica de los aportes a salud y pensión, la Corte ha señalado:

«Teniendo en cuenta este mandato superior, la jurisprudencia ha reconocido de
manera uniforme y pacífica que los recursos que ingresan al Sistema de
Seguridad Social, tanto en salud como en pensiones, con independencia de la
denominación que de ellos se haga (cotizaciones, aportes, cuotas
moderadoras, copagos, tarifas, deducibles, bonificaciones, etc.), no pueden
ser utilizados para propósitos distintos a los relacionados con la
seguridad social debido a su naturaleza parafiscal. Al referirse al alcance
del artículo 48 de la Constitución en este aspecto, la Corte ha explicado lo
siguiente:
“En relación con dicho precepto superior [artículo 48 CP] la Corte
Constitucional en numerosas decisiones de tutela ha estado
llamada a examinar el tratamiento que se debe dar a los recursos
de la seguridad social que se encuentren depositados en entidades
financieras en liquidación para asegurar precisamente el mandato
de destinación y utilización exclusiva de los recursos de las
instituciones de seguridad social.

Al respecto la Corte ha hecho énfasis en i) la naturaleza parafiscal
de los recursos de la seguridad social tanto en materia de salud
como en pensiones ii) en el tratamiento particular que debe dársele
a dichos recursos en los procesos de liquidación de las entidades
financieras y iii) en la imposibilidad de asimilar el caso de los
depósitos de recursos parafiscales de la seguridad social en las
entidades financieras con las indemnizaciones debidas por
concepto de contratos de reaseguro de las enfermedades de alto
costo”.

3.1.2 Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los
recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud (C-
577/97, C-542/98, T-569/99, C1707/00) como en pensiones (C-179/97),
llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos,
copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones

37 Corte Constitucional, Sentencia C-040 de 1993. M.P. Ciro Angarita Barón.
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parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen,
fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a
determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones
y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la
tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones (C086/02, C-789/02). [Negrilla fuera de texto].»

132. En la sentencia de unificación CE-SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de
septiembre de 202138, esta Corporación realizó un análisis sobre la procedencia
de la devolución de los aportes efectuados en exceso al sistema de Salud en el
caso de los contratistas a los que se haya declarado la existencia de relación
encubierta. Al respecto, estimó que dicha devolución resultaba improcedente en
función a su naturaleza parafiscal de los aportes, pues estos eran de obligatorio
pago y recaudo para un fin específico y, por lo tanto, independientemente de la
prestación del servicio de salud, no constituían un crédito a favor del interesado.

«En atención a la naturaleza parafiscal de los recursos de la Seguridad Social,
el parágrafo del artículo 182 de la Ley 100 de 1993 ordena a las empresas
promotoras de salud (EPS) manejar los recursos provenientes de las
cotizaciones de los afiliados «en cuentas independientes del resto de rentas y
bienes de la entidad». Esto, porque tales dineros únicamente pueden ser
previstos y empleados para garantizar la prestación de los servicios sanitarios
en los dos regímenes (subsidiado y contributivo), sin que quepa destinarlos para
otros presupuestos. Asimismo, estos recursos ostentan la condición de ingresos
no gravados fiscalmente, pues su naturaleza parafiscal (establecida en la Ley
100 de 1993, en desarrollo del artículo 48 constitucional) prohíbe su destinación
y utilización para fines distintos a los consagrados en ella.

Las anteriores razones han conducido a esta Sección39 a considerar
improcedente la devolución de los aportes a salud realizados por el contratista,
a pesar de que se haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente. Como se ha indicado, en función de su naturaleza
parafiscal,40 estos recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin
específico y, por tanto, independientemente de que se haya prestado o no el
servicio de salud, no constituyen un crédito a favor del interesado, pues su
finalidad era garantizar la prestación de los servicios sanitarios para los dos
regímenes que integran el sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad
que sobre los mismos pretenda el actor ejercer».41

133. Ahora bien, como se señaló los aportes en salud en función de su
naturaleza parafiscal, son recursos de obligatorio pago y recaudo para un fin
específico, y, por tanto, independientemente de que se haya prestado o no el
servicio de salud, no constituyen un crédito en favor del interesado, pues tiene
como finalidad garantizar la prestación de los servicios sanitarios que integran el

38 Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo- Sentencia de Unificación CE-SUJ-025-CE-

S2-2021 de 9 de septiembre de 2021. Radicación 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16)
39 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681

2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación 76001 23 33

000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
41 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681

2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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sistema.

134. Por lo anterior se revocará el numeral tercero de la sentencia apelada, en
cuanto ordenó a Cafesalud EPS reintegrar la totalidad de los aportes pagados
por Colpensiones por concepto de aportes a salud, teniendo en cuenta que los
recursos girados a la entidad tenían como finalidad garantizar los servicios de
médico asistenciales en el sistema.

3.5. Condena en costas de segunda instancia

135. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer extensiva esa
interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los argumentos presentados
por la parte apelante, no puede observarse dicha situación, contrario a ello, se
observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de los intereses y,
por ende, no se condenará en costas.

136. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO. - CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de 25 de abril de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las
súplicas de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en la modalidad de lesividad promovido por la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones en contra de la señora Elba Nelly
Hurtado Cano y Cafesalud EPS S.A. liquidada, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. – Revocar los numerales segundo y tercero de la sentencia apelada.
En consecuencia, NEGAR, en cuanto ordenaron a la señora Elba Nelly Hurtado
Cano y a Cafesalud S.A. Liquidada, la devolución de las sumas recibidas por
concepto del reconocimiento de la pensión de vejez, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. - Sin condena en costas en esta instancia, de acuerdo con lo
expuesto en esta providencia.

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CUARTO. - Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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