RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2016-02517-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02517-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02517-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 16 de junio de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, negó las pretensiones de la demanda presentada por Gloria Elena Blandón Velásquez contra la Defensoría del Pueblo, por las razones expuestas en esta decisión. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 36 Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025) Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC 37

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-02517-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez
Demandado: Defensoría del Pueblo

Temas: Insubsistencia de empleado de libre nombramiento y remoción

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 16 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Gloria Elena Blandón Velásquez presentó demanda1 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 1115 del 15 de julio de 2016
en la que se declaró insubsistente su nombramiento como defensora del pueblo
regional de Antioquia.

1 Expediente en el link visible en el documento 4 de la digitalización de la primera instancia. La

demanda fue presentada el 16 de noviembre de 2016. Documento 3.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reintegro al cargo que desempeñaba al momento del retiro o a uno de
igual o superior categoría, sin solución de continuidad; ii) el pago de los salarios,
prestaciones sociales y «parafiscales» causadas desde el momento del retiro hasta
que se haga efectivo el reintegro; iii) la indexación del valor de la condena; y iv) la
condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. El 12 de septiembre de 2013, Gloria Elena Blandón Velásquez fue nombrada
como defensora regional de Antioquia, código 0040, grado 21, empleo del nivel
directivo y de libre nombramiento y remoción, del cual tomó posesión el 1 de octubre
de ese año.

3.2. Durante el ejercicio del cargo, realizó llamados de atención a algunos servidores
por presuntos incumplimientos relacionados con horarios, atención a usuarios,
respuesta oportuna a peticiones, uso de comisiones y demás obligaciones
funcionales; entre ellos, a Rosa María Marulanda, Wilmer Vélez, Gilberto Jimmy
Arroyave y Jesús Antonio Hincapié. Algunos de ellos pertenecían a la organización
sindical Asemdep, situación que generó un ambiente laboral conflictivo y dio lugar
a que se formularan quejas por supuesto acoso laboral en su contra, pero sin que
se le impusiera sanción alguna.

3.3. Jesús Antonio Hincapié, quien se desempeñaba como su conductor, mantuvo
una actitud irrespetuosa y grosera, situación que fue puesta en conocimiento de
funcionarios del nivel central, al punto de que se consideró la posibilidad de
reemplazarlo. Asimismo, algunos de los funcionarios mencionados realizaron
declaraciones en su contra ante medios de comunicación.

3.4. El 3 de julio de 2016, la directora de Talento Humano de la Defensoría del Pueblo
se comunicó con ella para conocer la situación presentada en la Regional Antioquia
y le manifestó su preocupación ante la posibilidad de que Jesús Antonio Hincapié y
Wilmer Vélez se «encadenaran públicamente», lo que podría generar un escándalo
para la entidad.

3.5. El 4 de julio de 2016 le solicitó al vicedefensor autorización para pronunciarse
ante los medios de comunicación y controvertir las declaraciones realizadas en su

3 Documento 1.

2

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

contra. Sin embargo, el funcionario le manifestó que un eventual escándalo podría
afectar la imagen institucional y sus aspiraciones de llegar al Consejo de Estado.

3.6. El 7 de julio de 2016, la demandante tuvo conocimiento de que el abogado
Wilmer Vélez habría manifestado a varios funcionarios que el vicedefensor le
solicitaría su renuncia o declararía la insubsistencia de su nombramiento en los días
siguientes y que, de no ocurrir ello, se concretaría la amenaza de encadenamiento.
Ese mismo día recibió información sobre presuntas amenazas de muerte realizadas
en su contra por Jesús Antonio Hincapié.

3.7. El 8 de julio de 2016, informó al vicedefensor que había presentado una denuncia
penal en contra de Jesús Antonio Hincapié y que, como consecuencia de ello, la
Policía Metropolitana de Medellín le había asignado un escolta. Ante la falta de
respuesta, reiteró dicha información el 12 de julio de 2016. En ese contexto, algunos
empleados manifestaron su respaldo ante la Vicedefensoría, sin que recibieran
respuesta.

3.8. El 15 de julio de 2016, mientras asistía a un homenaje en el que el Inpec
reconocía la labor de la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia, fue informada de
la decisión de declarar insubsistente su nombramiento, contenida en la Resolución
1115 de 2016.

3.9. El 19 de julio de 2016, presentó una queja ante la Procuraduría Regional de
Antioquia contra el vicedefensor Alfonso Cajiao Cabrera, por presunta
extralimitación de funciones, desviación de poder y violación del debido proceso. En
ella sostuvo que la declaratoria de insubsistencia obedeció a las presiones ejercidas
por el sindicato Asemdep y a intereses relacionados con las aspiraciones del
vicedefensor al Consejo de Estado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 25, 29, 53 y 125 de la Constitución
Política; las leyes 24 de 1992, 201 de 1995, 941 de 2005, 909 de 2004, 770 de 2005
y 1010 de 2006, y los decretos 4500 y 2539 de 2005, y 25, 26 y 1875 de 2014.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:

5.1. Aunque el empleo de defensora del pueblo regional es de libre nombramiento y
remoción, el acto administrativo por medio del cual se declaró la insubsistencia del
nombramiento fue expedido con desviación de poder, pues la facultad discrecional

4 Documento 1.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

no podía ejercerse de manera arbitraria ni con una finalidad distinta de la prevista
por la ley.

5.2. La decisión no estuvo orientada al mejoramiento del servicio pues se
desconocieron sus calidades, experiencia e idoneidad y fue consecuencia de la
situación laboral conflictiva existente en la Regional Antioquia y de las presiones
ejercidas por algunos funcionarios vinculados a Asemdep, quienes formularon
quejas por acoso laboral en su contra, procesos que no habían culminado al
momento de la insubsistencia y no se había determinado responsabilidad alguna.

5.3. Las amenazas de algunos empleados de encadenarse en las instalaciones de la
entidad generaron presión sobre el vicedefensor, quien habría utilizado la
declaratoria de insubsistencia como el mecanismo más expedito para evitar un
escándalo público que pudiera afectar la imagen institucional y, particularmente, sus
aspiraciones de llegar al Consejo de Estado, de modo que, de no haber mediado
ese interés personal, el vicedefensor habría actuado de manera diferente frente a la
situación laboral; razón por la que quedó demostrado que la finalidad perseguida
con la insubsistencia fuera ajena al buen servicio.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Defensoría del Pueblo se opuso a las pretensiones de la demanda, por las
razones que se expresan a continuación5:

6.1. La Resolución 1115 del 15 de julio de 2016 fue expedida en ejercicio de la
facultad discrecional del nominador, pues el cargo de defensora regional es del nivel
directivo y de libre nombramiento y remoción, conforme con el artículo 125 de la
Constitución y el Decreto 26 de 2014. En consecuencia, la demandante podía ser
desvinculada en cualquier momento y sin necesidad de motivación, en atención a
la naturaleza del empleo que se caracteriza por la especial confianza que se predica
del servidor.

6.2. Lafacultad de libre remoción tiene como finalidad permitir al nominador
conformar un equipo de trabajo que garantice el adecuado cumplimiento de los fines
de la administración, por ello, el buen desempeño, las calidades profesionales o la
experiencia de la funcionaria no le otorgaban un derecho a permanecer en el cargo
ni desvirtuaban la discrecionalidad del nominador.

6.3. El cargo de desviación de poder exige demostrar que el funcionario actuó con
una finalidad particular, personal o arbitraria, distinta de la prevista por el

5 Documento 13.

4

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

ordenamiento jurídico, elementos probatorios no aportados por la actora. Por el
contrario, la existencia de un ambiente laboral conflictivo en la Regional Antioquia
constituía una razón legítima para que el nominador perdiera la confianza en la
funcionaria y decidiera modificar su equipo de trabajo, con el propósito de mejorar
la prestación del servicio. Asimismo, que la decisión haya obedecido a las
aspiraciones personales del vicedefensor al Consejo de Estado son afirmaciones o
apreciaciones subjetivas de la demandante.

7. Finalmente propuso como excepción previa la caducidad del medio de control al
considerar que la radicación de la demanda tuvo lugar más de 4 meses después de
la notificación del acto demandado6; y como excepciones de fondo la que denominó
inexistencia de vicios o errores que anulen el acto administrativo atacado y la
genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, en sentencia
proferida el 16 de junio de 20257, negó las pretensiones de la demanda. Para tal
efecto se pronunció en los siguientes términos:

8.1. De acuerdo con los artículos 12 y 15 del Decreto 26 de 2014 el cargo de defensor
regional es de nivel directivo y de libre nombramiento y remoción, por lo que su retiro
podía disponerse mediante acto administrativo no motivado, en los términos del
artículo 41 de la Ley 909 de 2004. No obstante, la facultad discrecional no es
absoluta, pues debe ejercerse de acuerdo con los propósitos de la norma que lo
autoriza, tal como lo indica el artículo 44 del CPACA.

8.2. Aunque la ausencia de motivación expresa del acto no es impedimento para
examinar los motivos reales que determinaron su expedición, quien alega este vicio
debe demostrar de manera fehaciente que el nominador persiguió una finalidad
distinta de la prevista por el ordenamiento, de modo que no son suficientes las
inferencias o suposiciones.

8.3. De las pruebas testimoniales se encontró acreditada la existencia de un conflicto
laboral significativo en la Regional Antioquia y de una fuerte oposición de algunos
funcionarios, particularmente vinculados al sindicato Asemdep, frente a la gestión
de la demandante, pero tales circunstancias no permitieron establecer que el

6 En audiencia inicial celebrada el 12 de diciembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia,

Sala Cuarta de Oralidad, declaró no probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad
demandada, con fundamento en que el acto acusado fue notificado a la demandante el 15 de julio
de 2016 y radicó la demanda el 15 de noviembre de 2016, esto es, en forma oportuna.
7 Documento 2.

5

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

vicedefensor hubiera cedido a las presiones del sindicato o que existiera un acuerdo
previo para retirar a la demandante.

8.4. La referencia a las aspiraciones del vicedefensor de acceder al Consejo de
Estado fue insuficiente para acreditar que ese interés personal hubiera determinado
la expedición de la Resolución 1115 de 2016 porque, aunque los testimonios daban
cuenta de esa circunstancia y del contexto del conflicto laboral, no demostraban de
manera directa la intención del nominador ni que la decisión hubiera tenido como
finalidad evitar un escándalo o favorecer sus aspiraciones personales.

8.5. Por el contrario, la situación laboral podía ser valorada legítimamente por el
nominador para determinar la pérdida de confianza en la funcionaria y reorganizar
el equipo de trabajo, con el propósito de restablecer la armonía, gobernabilidad y
eficiencia de la regional, elementos esenciales para el ejercicio de empleos de
confianza y de libre nombramiento y remoción.

8.6. No había lugar a emitir condena en costas por no encontrarse probadas.

1.4. El recurso de apelación

9. Gloria Elena Blandón Velásquez presentó recurso de apelación con base en los
siguientes argumentos8:

9.1. La facultad discrecional del nominador en relación con los empleos de libre
nombramiento y remoción está limitada por la finalidad del buen servicio, razón por
la que, aunque los actos de declaratoria de insubsistencia de esta clase de
nombramientos no requieren una motivación expresa, dicha potestad sí debe
ejercerse de conformidad con los fines del servicio público y no puede obedecer a
razones personales del nominador ni a presiones ejercidas por terceros.

9.2. Los testimonios de Edith Julieth Álvarez Suaza, Rosa Cecilia Zapata Torres y
María del Carmen Fernández Restrepo demostraron que durante el tiempo en que
Gloria Elena Blandón Velásquez ejerció como defensora regional mejoró la
prestación del servicio, debido a que exigía a los funcionarios el cumplimiento de
sus horarios, obligaciones y demás disposiciones aplicables.

9.3. Larelación con la mayoría de los aproximadamente 70 servidores de la
dependencia era cordial y profesional y las dificultades se presentaron
principalmente con algunos miembros del sindicato Asemdep, quienes se oponían
a su gestión. Así, el ambiente laboral conflictivo no obedeció a una deficiente gestión

8 Documento 7.

6

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

de su parte, sino a la resistencia de un grupo de funcionarios frente a las exigencias
que imponía para garantizar el cumplimiento de las funciones.

9.4. Las declaraciones de los testigos también evidenciaron que después de su salida
de la entidad se produjo un deterioro en la prestación del servicio reflejado en la
disminución de la atención de usuarios y en los requerimientos realizados desde
Bogotá por los bajos porcentajes de atención de quejas. Siempre obtuvo excelentes
calificaciones de desempeño, recibió reconocimientos por su gestión y logró mejorar
la operatividad de la dependencia mientras estuvo en el cargo, circunstancias
desvirtúan la explicación según la cual la decisión fue adoptada para mejorar el
servicio.

9.5. La insubsistencia discutida fue anticipada por miembros del sindicato, quienes
conocían que su desvinculación se produciría antes de que efectivamente ocurriera
y emitieron expresiones como: «le quedan 2 días acá», «el nivel central de la Defensoría
del Pueblo nos cumplió la promesa de destituir a la doctora Blandón» y «ya logramos lo
que estábamos buscando».

9.6. La existencia de quejas por acoso laboral no podía justificar la declaratoria de
insubsistencia, puesto que, si efectivamente se hubieran acreditado dichas
conductas, correspondía a las autoridades competentes adelantar los
procedimientos y adoptar las medidas previstas en la Ley 1010 de 2006, lo que no
ocurrió. En consecuencia, el conflicto laboral no podía atribuirse a una conducta
suya reprochable, sino a las exigencias que imponía a los servidores para garantizar
el cumplimiento de sus deberes.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPCA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.

1.6. El Ministerio Público

11. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia10.

2. Consideraciones

9 Según se indicó en auto del 4 de septiembre de 2025.
10 Constancia en el documento 13 de la segunda instancia.

7

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

2.1. Problema jurídico

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia11, se circunscriben a
establecer ¿si la Resolución 1115 del 15 de julio de 2016, a través de la cual se
declaró insubsistente el nombramiento de Gloria Elena Blandón Velásquez, está
viciado de nulidad por desviación de poder porque esta decisión no tuvo como fin
mejorar el servicio?

2.2. Marco normativo. Aspectos generales de la función pública

2.2.1. Naturaleza jurídica de los empleos públicos

13. El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de
vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 12512 que, por

11 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
12 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan

los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los
demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la
ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un
empleo de carrera, su ascenso o remoción.

Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos,
en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue
elegido».

8

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera,
con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

14. Posteriormente, con el fin de desarrollar el mandato constitucional en mención,
el legislador expidió las leyes 27 de 199213, 443 de 199814 y 909 de 200415, y en el
artículo 1 de esta última normativa se determinó que hacen parte de la función
pública los empleos de i) carrera, ii) libre nombramiento y remoción, iii) período y iv)
los temporales.

15. Acorde con lo anterior, es importante precisar que la categorización y codificación
de los empleos públicos16 en la función pública goza de reserva legal, pues es del
resorte del legislador establecer las distintas categorías existentes de acuerdo con
unos criterios objetivos que permiten su clasificación dentro de la organización de
cada entidad, tales como el grado de confianza, la responsabilidad que se adquiere
en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones, esto es si son
meramente técnicas o de fijación de políticas, así como las competencias exigidas
para su desempeño, entre otros, lo que permite advertir que existe una diferencia
sustancial entre los empleos que la conforman. De esta manera se establece la
siguiente clasificación:

16. i)De carrera. Es la regla general de ingreso y ascenso de personal a la
administración pública, la cual permite la correcta y sistemática administración del
talento humano vinculado a la función pública. Dicho sistema de administración de
personal tiene como fin principal garantizar la materialización de los principios de
eficacia y eficiencia en el desarrollo de la función pública17, pues a través de este la
administración moderniza y racionaliza eficazmente los servicios y funciones que
están a su cargo.

17. Asimismo, este régimen es la herramienta de escogencia de talento humano
mediante la cual el Estado busca la adecuada y correcta prestación de la función
pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio

13 «Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre

administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras
disposiciones».
14 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones».
15 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y se dictan otras disposiciones».
16 El empleo público, en los términos del numeral 1 del artículo 19 de la Ley 909 de 2004 «es el

núcleo básico de la estructura de la función pública» y se ha entendido como «el conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los
fines del Estado».
17 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

9

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

de sus funciones. En efecto, históricamente18 este mecanismo respondió a la pugna
que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso a la
administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una facultad
discrecional del nominador19; de manera que, para contrarrestar los excesos
burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito en los
procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad del
trabajador para realizar una labor.

18. Respecto de este sistema el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 determinó:

«Artículo 27. Carrera administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico
de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso
y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia
en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad,
sin discriminación alguna».

19. De tal manera que, en el empleo público la regla general es el ingreso a través
del sistema técnico de carrera administrativa, el cual, entre otros garantiza la
estabilidad del empleo en la medida en que quien se inscriba en ella goza de la
confianza de que solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria
en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás
causales previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio
de sus funciones observe y cumpla la Constitución, la ley y el reglamento interno,
no será removido de él20. Además, la administración cuenta con la seguridad de que
la función pública será prestada acorde con los principios de eficiencia y eficacia.

20. En consecuencia, es claro que la naturaleza jurídica de los empleos de carrera
está determinada por el vínculo funcional con la entidad u organismo estatal, esto
es, implican el ejercicio de funciones meramente técnicas.

21. ii) De libre nombramiento y remoción. Ahora bien, ante la necesidad de contar
con personal que requiere mayor grado de confianza en la ejecución de la función
pública, el constituyente previó esta clase de empleos que corresponden a una
excepción a la carrera. En tal sentido, es necesario que el cargo a proveer se
encuentre legalmente previsto como tal, lo que brinda al nominador la

18 Tal y como se advierte de las disposiciones contenidas en la Ley 165 de 1938, por la cual se creó

la carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y municipales que presten
servicios administrativos permanentes y del Acto Plebiscitario de 1957, la creación de la carrera
administrativa para acceder a la función pública.
19 El «spoils system» o sistema de botín y el «merit system», Weber Max.
20 Corte Constitucional, sentencia C 479 del 13 de agosto de 1992. M.P. José Gregorio Hernández

Galindo y Alejandro Martínez Caballero.

10

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

discrecionalidad para designar (elegir o nombrar) al empleado al cual se le confiarán
ciertas funciones, toda vez que el cargo a ocupar exige plena confianza o implica
una decisión política21, esto es que la naturaleza de las labores que desempeñan
obedece a una relación subjetiva con el nominador quien demanda siempre de
plena confianza de sus colaboradores22. La provisión de dichos cargos responde a
la facultad discrecional de la autoridad nominadora, es decir, sin sujeción a ciertas
formalidades para su designación.

22. El constituyente de 1991 enumeró algunos casos específicos, tales como el de
los ministros, los directores de departamento administrativo, el gerente o director de
establecimiento público, entre otros. Sin embargo, facultó al legislador para fijar los
criterios que permitan identificar los cargos en mención, los cuales actualmente se
encuentran previstos en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004.

23. Así las cosas, para considerar que un empleo es de libre nombramiento y
remoción, la Corte Constitucional23 en reiteradas oportunidades, ha señalado que el
cargo a ocupar, según su naturaleza, debe reunir los siguientes requisitos: i) tener
fundamento legal, es decir que se encuentre como regla a la excepción de carrera;
ii) las funciones a ejercer deberán ser directivas, de manejo, conducción u
orientación institucional; iii) las funciones asignadas deberán tener un alto nivel de
confianza, el cual deberá ser superior al que se le puede exigir a cualquier otro
servidor.

24. A propósito de lo anterior, es necesario distinguir los empleos de libre
nombramiento y remoción según la naturaleza de las funciones encomendadas, los
cuales se pueden clasificar, a su vez, así: a) de naturaleza política, en el cual se
ejercen labores de dirección, conducción u orientación institucional, cuyo ejercicio
implica la adopción de políticas o directrices, es decir, establece lineamientos
institucionales de acción; y b) de naturaleza administrativa, aquellos que realizan
actividades profesionales de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo,
siempre que se encuentren adscritos al servicio directo e inmediato de los altos
funcionarios.

25. Sobre el particular, la Corte Constitucional indicó que «como base para determinar
cuándo un empleo puede ser de libre nombramiento y remoción, hay que señalar en primer
término que tenga fundamento legal; pero además, dicha facultad del legislador no puede
contradecir la esencia misma del sistema de carrera, es decir, la ley no está legitimada para
producir el efecto de que la regla general se convierta en excepción. En segundo lugar,

21 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
22 Sentencia T-317 de 2013, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
23 Entre otras, las Sentencias C-195 de 1994 C-1177 de 2001, C- 161 de 2003, C-312 de 2003, C-

553 de 2010, C-284 de 2011, C-814 de 2014, entre otras.

11

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

debe haber un principio de razón suficiente que justifique al legislador para establecer
excepciones a la carrera administrativa, de manera que la facultad concedida al nominador
no obedezca a una potestad infundada. Y, por último, no hay que olvidar que por su misma
naturaleza, los empleos que son de libre nombramiento y remoción son aquellos que la
Constitución establece y aquellos que determine la ley, (art. 125), siempre y cuando la
función misma, en su desarrollo esencial, exija una confianza plena y total, o implique una
decisión política. En estos casos el cabal desempeño de la labor asignada debe responder
a las exigencias discrecionales del nominador y estar sometida a su permanente vigilancia
y evaluación»24.

26. iii) De período. Por mandato constitucional25 o legal26 son aquellos empleos que
se proveen por un lapso previamente establecido en el ordenamiento jurídico, en
razón a su representación política o democrática o la independencia e imparcialidad
que se predica frente al ejercicio de sus funciones, esto es que a la administración
se ingresa para ejercer la función pública por determinado tiempo, como es el caso
de los contralores, los personeros, el fiscal general de la nación, el registrador
nacional del estado civil, el procurador general de la nación, el defensor del pueblo,
el auditor general de la nación, los rectores de universidades públicas, miembros de
las Comisiones Reguladoras, magistrados de altas corporaciones, gerentes o
directores de las empresas sociales del Estado, entre otros.

27. Según el periodo para el cual se vincularon con la administración estos se
subdividen en empleos de periodo institucional y empleos de periodo personal.

27.1. a) Los de periodo institucional son aquellos sobre los cuales se tiene certeza
de la fecha de iniciación y la de terminación de su periodo, bien porque tales fechas
se encuentren determinadas constitucional o legalmente, o bien porque dichas
fechas sean determinables a la luz de lo previsto en disposiciones de la misma
índole. Dichos cargos se vinculan con la administración como representantes
políticos y democráticos del constituyente primario27.

27.2. b) Los de periodo individual o personal se diferencian de los primeros, toda
vez que las fechas de iniciación y terminación no han sido definidas y tampoco son
determinables; no obstante, la fecha de finalización del empleo público se encuentra

24 Sentencia C-195 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
25 “Artículo 125. […] PARÁGRAFO. <Artículo 125 […] Parágrafo. Adicionado por el artículo 6º del

A.L. 01 de 2003 así: Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de
elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales
cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual
este fue elegido.
26 A manera de ejemplo ver los: artículos 12 de Decreto Ley 1210 de 1993; 21 de la Ley 143 de 1994;

15, 34, 44, 53,76 de la Ley 270 de 1996; 20 de la Ley 1797 de 2016, entre otros.
27 Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 12 de marzo de 2012,

expediente 11001-03-06-000-2012-00022-00, M.P. William Zambrano Cetina.

12

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

dada por aquella en la que la persona toma posesión del empleo. Asimismo, este
tipo de cargos encuentra sustento en los principios de independencia e
imparcialidad en donde los procedimientos establecidos para la designación son
variados28.

28. iv) Los temporales como una categoría de empleados que se vinculan con la
administración de forma excepcional para cumplir funciones que, por uno u otro
motivo, no realiza el personal de planta, bien porque no forma parte de las
actividades permanentes de la entidad, o también, porque por las necesidades del
servicio lo requiere, como en aquellos casos en los que por hechos excepcionales
existe sobrecarga laboral. Al respecto el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 previó:

«Artículo 21. Empleos de carácter temporal.

1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les
aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal
empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las
siguientes condiciones:

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las
actividades permanentes de la administración;
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos
excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no
superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza
de la institución.

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la
motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal
para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.

3. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> El ingreso a estos empleos se
efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de
carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas.
De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las
capacidades y competencias de los candidatos.

4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El nombramiento en los empleos temporales se
efectuará mediante acto administrativo en el que se indicará el término de su duración,
al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente.
Sin embargo, antes de cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad
nominadora podrá declarar la insubsistencia del nombramiento, cuando el servidor no
cumpla las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la creación de los
mismos, de acuerdo con la evaluación que se establezca para el efecto y mediante acto
administrativo motivado; o darlo por terminado, cuando no se cuente con las

28 Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 8 de octubre de 2020,

expediente 11001-03-06-000-2020-00158-00, M.P. Álvaro Namén Vargas.

13

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

disponibilidades y apropiaciones para financiar el empleo de carácter temporal, como
consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para su financiación.

De igual manera, el retiro del servicio de los empleados temporales se podrá efectuar
por las causales consagradas en los literales d), h), i), j), k), m) y n) del artículo 41 de la
Ley 909 de 2004».

29. En esas condiciones, la naturaleza jurídica de los empleos públicos está
determinada por las funciones, deberes y responsabilidades asignadas al cargo o
el grado de confianza que ha de depositarse en el servidor público 29, esto es que
guarda relación directa con el modo como se ha estructurado el empleo en la entidad
y las tareas oficiales que se le asignan30; de ahí que exista una diferencia sustancial
entre uno que se exhibe como de carrera y otro de periodo, no solo por las razones
aquí anotadas, sino por el límite en el tiempo para el ejercicio de sus labores; esto
es así, pues el primero exige continuidad y permanencia y las causales de retiro
están expresamente determinadas en la ley, es decir, se rigen por los principios de
especificidad o taxatividad, en tanto que los de periodo tienen una fecha cierta de
inicio y finalización prevista en la Constitución o la ley, o determinable en relación
con la fecha de su posesión, lo que hace que corresponda a un elemento objetivo
del empleo31 y conlleva a que este sea estable y perentorio, es decir, que no se
extiende más allá del lapso fijado para su culminación32.

2.2.2. Formas de provisión de los empleos

30. Ahora bien, el legislador definió las formas de ingreso y ascenso al empleo
público, esto es, que las vacancias definitivas y temporales existentes en las
respectivas plantas de personal de las entidades y organismos del Estado deben
proveerse a través de las figuras definidas para el efecto.

31. i) Por nombramiento de carácter ordinario para los empleos cuya naturaleza
jurídica es de libre nombramiento y remoción, tal y como lo disponen los artículos
23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 33.
En todo caso, el servidor debe acreditar los requisitos exigidos para el desempeño
del cargo.

32. ii) En encargo es un derecho preferencial que le asiste a los servidores que
ocupan empleos de carrera. En efecto, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, con las

29 Corte Constitucional, sentencia C-553 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
30 Corte Constitucional, sentencia C-408 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
31 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2095 del 12 de marzo de 2012,

radicado 11001-03-06-000-2012-00022-00, C.P. William Zambrano Cetina.
32 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1860 del 6 de diciembre de 2007,

C.P. Gustavo Aponte Santos.
33 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».

14

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

modificaciones que le introdujo el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019 34, autoriza a
efectuar encargos en empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva,
mientras se surte el proceso de selección. Así las cosas, esta modalidad opera para
quienes a) se encuentren inscritos en el régimen de carrera, b) acrediten los
requisitos de ley para su ejercicio, c) posean aptitudes y habilidades propias del
cargo a acceder, d) no hayan sido sancionados en el último año de servicio; y
e) hayan obtenido una calificación sobresaliente en la última evaluación de
desempeño.

33. En relación con este último requisito, la norma señala que, de no existir
empleados de carrera con evaluación sobresaliente, debe examinarse el personal
de planta que tenga las más altas calificaciones descendiendo del nivel
sobresaliente al satisfactorio; en todo caso, el empleado deberá reunir las
condiciones y requisitos previstos en la ley.

34. De esta manera, la jurisprudencia ha señalado que esta modalidad se constituye
en una medida o mecanismo para garantizar la protección de los derechos del
personal de carrera35.

35. iii) La provisionalidad es una medida «subsidiaria y excepcional que procede
cuando no fuere posible la provisión de los empleos vacantes en las plantas de personal de
las entidades públicas, bajo la modalidad de encargo con servidores de carrera
administrativa»36.

36. Al efecto, el Decreto 1227 de 2005 dispuso que mientras se elabore la lista de
elegibles para el cargo vacante, la Comisión Nacional del Servicio Civil puede
autorizar el nombramiento en provisionalidad. Esto señala la norma:

«Artículo 8. Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de
los empleos, estos podrán ser provistos mediante encargo a empleados de carrera, de
conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004.

El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses, salvo
autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil cuando el concurso no se hubiere
culminado en el término previsto en el presente decreto, caso en el cual este se
extenderá hasta que se produzca el nombramiento en período de prueba.37

34 «Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras

disposiciones».
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado

11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado

11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
37 El texto tachado fue declarado NULO mediante sentencia del 12 de abril de 2012, proferida por la

Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-
00215-01(9336-05), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

15

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

Parágrafo transitorio. [Modificado por el Decreto Nacional 3820 de 2005, Modificado
por el art. 1, Decreto Distrital 1937 de 2007, Modificado por el Decreto Distrital 4968 de
2007] La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos y nombramiento
provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de
reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de
estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el encargo
o el nombramiento provisional no podrán superar los seis (6) meses, término dentro del
cual se deberá convocar el empleo a concurso. El nombramiento provisional procederá
de manera excepcional cuando no haya personal que cumpla con los requisitos para ser
encargado y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.

Artículo 9°. De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias
temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento
provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores
públicos de carrera, por el término que duren las situaciones administrativas que las
originaron.

Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de
libre nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera.
El carácter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del
cargo, el cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido
en el presente decreto, mediante acto administrativo expedido por el nominador».

37. De tal manera que la provisionalidad, como forma de proveer un cargo, es una
excepción o una forma de provisión extraordinaria y puede darse mientras se surte
el proceso de selección convocado para la provisión del empleo cuya naturaleza es
de carrera administrativa.

38. Esta forma de provisión del empleo público ha sido desarrollada en el
ordenamiento jurídico colombiano a través de las siguientes normas: Decreto Ley
2400 de 1968, el Decreto reglamentario 1950 de 1973, las leyes 61 de 1987, 27 de
1992, 443 de 1998, 909 de 2004, en las cuales se previó que ante la imposibilidad
de proveer el cargo de carrera administrativa a través del sistema del mérito, se
garantizaría la continuidad en la prestación del servicio público con personal
vinculado en provisionalidad hasta cuando se pueda realizar tal provisión con uno
de carrera, pues no puede existir solución de continuidad en el servicio por falta de
personal.

39. iv) Por nombramiento en período de prueba, la entidad nominadora, con sumo
respeto del orden de elegibilidad, y en consideración a las normas que informan la
carrera, designa de la lista de elegibles a las personas que superaron las etapas del
respectivo concurso de méritos, con el fin de que aquella pueda «evaluar los méritos
en relación con las condiciones de ingreso a la carrera judicial y con el desempeño de las
funciones»38 del empleado en su capacidad de adaptación, sus competencias,

38 Corte Constitucional, sentencias C-295 de 2002 y T-488 de 2004.

16

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

habilidades y aptitudes para el ejercicio de la función pública. Una vez finalizado
dicho lapso, el servidor será inscrito en el registro público de carrera o en caso
contrario se declarará insubsistente su nombramiento.

40. v) Por nombramiento en propiedad se vincula con la administración a aquellas
personas que, además de cumplir con los requisitos generales y especiales para
desempeñar el cargo, han superado las etapas del concurso de méritos o que
siendo de libre nombramiento y remoción lo «desempeñe en propiedad»39.

2.2.3. Estabilidad laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción

41. La estabilidad laboral es aquella garantía de orden constitucional y legal por la
cual se logra la integración social de los empleados, se cumple con las exigencias
emanadas del principio de solidaridad social y la cláusula del Estado social de
derecho, se protege a aquellos empleados susceptibles de ser discriminados en la
relación laboral y que se concreta en la seguridad de permanecer en el empleo 40, a
menos que exista una «justificación o [esté] relacionada con su condición»41.

42. Dicha regla fue incorporada en nuestro ordenamiento colombiano antes de la
expedición de la Constitución de 1991 y acorde con los focos de protección al
trabajador desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo42, entre los
que se encuentran los Convenios 158 de 198243, 159 de 198344 y la Recomendación
166 de 198245, entre otros, según los cuales la terminación de la relación laboral no
debe obedecer a prácticas clientelistas, ni ser producto de la arbitrariedad del
empleador.

43. Posteriormente este principio, encontró sustento normativo en los artículos 1, 13,
25 y 53 de la Constitución Política, que resaltan la obligación constitucional del
Estado de adoptar medidas protectoras a favor de los empleados y especialmente
de aquellos grupos en condiciones de debilidad o vulnerabilidad.

39 Consejo de Estado, Sala de Consulta y del Servicio Civil, concepto del 12 de diciembre de 2002,

expediente 1477. M.P. Susana Montes de Echeverri.
40 Al respecto, ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 10 de

julio de 2025 M.P. Dr. Juan Enrique Bedoya Escobar, radicado 25000-23-42-000-2022-00310-01
(0185-2024) y del 15 de febrero de 2024 M.P. Dr. Jorge Edison Portocarrero Banguera, radicado
25000-23-42-000-2018-01641-02 (661-2023).
41 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-141 del 28 de marzo de 2016. M.P. Alejandro

Linares Cantillo; sentencia T-434 del 1° de octubre de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera; sentencia
SU-087 del 9 de marzo de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
42 En adelante OIT.
43 Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo.
44 Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas invalidas).
45 Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo.

17

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

44. Sin embargo, esta garantía constitucional no es absoluta y no se predica de
aquellos empleos de libre nombramiento y remoción, pues frente a estos se
constituye una excepción que se sustenta en la naturaleza de las funciones, pues,
como se explicó en líneas anteriores, exigen plena confianza o implican una
decisión política. De otra parte, con el propósito de que esta facultad discrecional
que ostenta el nominador para la provisión y desvinculación de estos cargos no se
convierta en la regla general, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en
señalar que para que un empleo público sea de libre nombramiento y remoción
debe: i) tener fundamento legal, es decir que se encuentre como excepción a la
regla general de carrera; ii) las funciones a ejercer deberán ser directivas, de
manejo, conducción u orientación institucional; y iii) las funciones asignadas
deberán tener un alto nivel de confianza, el cual deberá ser superior al que se le
puede exigir a cualquier otro servidor.

45. Al respecto esta Corporación ha señalado que « [l]a declaratoria de insubsistencia
de un empleado de libre nombramiento y remoción, como el demandante, es procedente
de forma inmotivada, sin procedimientos o condiciones, y goza de presunción de legalidad
tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado46».

46. Asimismo, la Corte Constitucional, al estudiar la estabilidad laboral de quienes
ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, explicó que, por regla general,
estos servidores no ostentan estabilidad laboral47:

«Según el primer criterio, son de libre nombramiento y remoción los empleos “de
dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de
políticas o directrices” (literal a) o, como los denomina el literal siguiente, “los altos
funcionarios del Estado”. Esta categoría de servidores públicos, en los términos del
artículo 5.2.a de la Ley 909 de 2004, integra a los empleos públicos de más alto nivel
jerárquico al interior de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de los Órganos de Control,
en la administración central y descentralizada del nivel nacional, en la administración
central y órganos de control del nivel territorial, y en la administración descentralizada
del nivel territorial. Dada esta condición, les corresponde la dirección, conducción y
orientación de las entidades estatales de las que hacen parte. En atención a su alta
calidad y elevadas responsabilidades, se trata de los empleos públicos que exigen el
máximo grado de confianza por parte de sus nominadores y, por tanto, de
discrecionalidad en cuanto a su nombramiento y remoción».

47. Ahora bien, en relación con el retiro de estos empleados, el artículo 41 de la Ley
909 de 2003, dispuso:

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 1º de noviembre de 2007, Expediente No. 250002325000199902672 01 (4249-2004).
47 Corte Constitucional, sentencia SU-003 de 2018.

18

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa
se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del
resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de
carrera administrativa;
c) [Literal INEXEQUIBLE]
d) Por renuncia regularmente aceptada;
e) [Literal condicionalmente exequible] Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación
o vejez;
f) Por invalidez absoluta;
g) Por edad de retiro forzoso;
h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario;
i) [Literal condicionalmente exequible] Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso
de abandono del mismo;
j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño
del empleo, de conformidad con el artículo 5o. de la Ley 190 de 1995, y las normas que
lo adicionen o modifiquen;
k) Por orden o decisión judicial;
l) Por supresión del empleo;
m) Por muerte;
n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.
PARÁGRAFO 1o. [Parágrafo INEXEQUIBLE]
PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de
conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá
efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.»

48. De la norma en cita se advierte que el legislador diferenció el retiro del servicio
con ocasión de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento cuando se trata
de empleados de libre nombramiento y remoción [literal a], por cuanto estableció
como excepción que esta facultad se efectuaba a través de un acto no motivado.

2.2.4. Naturaleza del cargo de defensor del pueblo regional

49. La Ley 24 de 199248, expedida en desarrollo del artículo 283 de la Constitución
Política, estableció la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.
En su artículo 13 dispuso que el defensor del pueblo podría establecer el número y
las sedes de las defensorías del pueblo regionales, de acuerdo con las necesidades
del servicio y señaló que sus titulares ejercerían las funciones que les asignara el
Defensor del Pueblo. Por su parte, el artículo 20 ibidem incluyó expresamente el
cargo de defensor regional dentro del nivel directivo, lo que quiere decir que desde

48 «Por la cual se establecen la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se

dictan otras disposiciones en desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política de Colombia.»

19

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

la regulación inicial de la entidad el empleo fue concebido como parte de su
estructura directiva y territorial.

50. Posteriormente, el artículo 136 de la Ley 201 de 1995 49, «por la cual se estableció
la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación» y se dictaron
disposiciones relacionadas con el Ministerio Público, incluyó expresamente al
defensor regional entre los empleos de libre nombramiento y remoción de la entidad.

51. El Congreso de la República expidió la Ley 1642 de 2013, mediante la cual otorgó
facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar la estructura
orgánica de la Defensoría del Pueblo, su régimen de competencias interno, su
organización y funcionamiento, así como para determinar el sistema de
nomenclatura y clasificación de sus empleos. En ejercicio de dichas facultades
fueron expedidos los decretos 25 y 26 de 2014, que sustituyeron la regulación
anterior.

52. El Decreto 25 de 2014 modificó la estructura orgánica y estableció la organización
y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Dentro de su estructura incluyó de
manera expresa a las defensorías regionales y atribuyó al defensor del pueblo, entre
otras funciones, la de nombrar y remover a los servidores de la entidad. A su vez,
el artículo 18 estableció las funciones de los defensores regionales dentro de sus
respectivas circunscripciones territoriales, lo que evidencia su condición de
autoridades encargadas de dirigir y desarrollar las funciones misionales de la
Defensoría en el ámbito territorial.

53. Por su parte, el artículo 3 del Decreto 26 de 2014 estableció el sistema de
nomenclatura y clasificación de los empleos de la Defensoría del Pueblo y los
clasificó según la naturaleza de sus funciones y responsabilidades en los niveles
directivo, asesor, profesional, técnico y administrativo. Dentro del nivel directivo
ubicó los empleos a los que corresponden funciones de dirección general,
formulación de políticas y adopción de planes, programas y proyectos, mientras que
a través del artículo 15 clasificó como empleos de libre nombramiento y remoción
aquellos de dirección, conducción y orientación institucionales e incluyó
expresamente al defensor regional dentro de esta categoría.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

54. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

49 «Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y

se dictan otras disposiciones».

20

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

54.1. Mediante
la Resolución 1298 del 12 de septiembre de 2013 Gloria Elena
Blandón Velásquez fue nombrada en el cargo de defensora regional de Antioquia
de la Defensoría del Pueblo50, empleo del que tomó posesión el 1 de octubre de
201351.

54.2. El 6 de julio de 2016, un grupo de 36 empleados de la Defensoría del Pueblo
Regional Antioquia emitieron un «comunicado a la opinión pública» en el que
rechazaron las manifestaciones de otros servidores relacionadas con un presunto
acoso laboral y discriminación de su parte y respaldaron su labor como defensora
del pueblo de esa regional52.

54.3. El 7 de julio de 2016, sostuvo una conversación a través de
la aplicación
WhatsApp con el contacto denominado «Doctor Cajiao». La conversación fue la
siguiente53:

«Las llamadas y mensajes enviados a este chat ahora están seguros con cifrado de
extremo a extremo.
7/7/16, 07:26 - gblandonv2015: Hola doctor buenos días, soy la regional [Antioquia],
quiero contarle que el abogado Wilmer Vélez ha manifestado a varios empleados de la
entidad, que usted manifestó que en dos días tomaba una decisión, la cual debe ser para
ellos pedirme la renuncia o declararme insubsistente, en caso de que usted no tome una
de estas dos decisiones, el señor conductor y él se [encadenan]
7/7/16, 07:26 - gblandonv2015: sigo esperando sus instrucciones, buen día doctor
7/7/16, 07:27 - gblandonv2015: ah también les ha manifestado a los empleados que no
solo será mi echada si no que detrás de mi saldrán todos aquellos que han venido
simpatizando con mi trabajo
7/7/16, 07:29 - Doctor Cajiao: Buenos días. El presidente del sindicato estuvo en mi
oficina contándome de la situación que le habían comentado allá. Y que era inminente
que el conductor se iba a encadenar y que los medios iban a cubrir las denuncias. Le
pedí prudencia y que esperábamos el desarrollo de los acontecimientos.
7/7/16, 07:30 - Doctor Cajiao: Yo he estado muy pendiente del asunto y de los medios y
creo se hasta ahora el asunto va bien.
7/7/16, 07:31 - Doctor Cajiao: No he anunciado medida alguna de retiro de personas
7/7/16, 07:31 - Doctor Cajiao: Esto es parte de la misma campaña.
7/7/16, 07:32 - gblandonv2015: ok doctor solo que el plazo que ellos dieron para mi salida
es el día de hoy
7/7/16, 07:32 - Doctor Cajiao: Continuemos labrando y vemos cómo evolucionan las
cosas. Mantenga contacto con Wilson en comunicaciones.
7/7/16, 07:33 - gblandonv2015: ok doctor mil gracias
7/7/16, 07:33 - Doctor Cajiao: Enterado...buen día.
7/7/16, 07:33 - gblandonv2015: igualmente
7/7/16, 14:18 gblandonv2015: doctor acaba de salir de mi oficina la señora del aseo y
me ha manifestado que lleva tres días sin dormir porque don Antonio el conductor le ha

50 Folio 23 del documento 1.
51 Folio 24 del documento 1.
52 Folios 33 al 35 del documento 1.
53 Folios 40 al 43 del documento 1.

21

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

manifestado que ha intentado matarme, y que el día que [tuvo] la oportunidad de tirar el
carro por un precipicio, así el también se matara, lo detuvo la imagen que se le vino a la
cabeza del hijo menor de él
7/7/16, 14:18 - gblandonv2015: Yo voy a colocar la denuncia en fiscalía y voy a pedir
protección
7/7/16, 15:32 - Doctor Cajiao: Doctora. Esto es una versión de terceros. Esperemos un
poco a que se calmen los ánimos.
7/7/16, 16:00 - gblandonv2015: Si pero ella vino llorando, pues si la tragedia se da ni
modo pero si quiero dejar la denuncia en fiscalía, si yo no me cuido, yo he dicho desde
el mes de estar acá que ese señor es violento que no me inspira seguridad, y por ello
debo colocar la denuncia si yo no cuido de mi vida tengo muy claro que nadie lo hará
7/7/16, 16:06 - Doctor Cajiao: Proceda entonces como considere.» [sic]

54.4. El 7 de julio de 2016, en horas de la tarde, por conducto de la Fiscalía General
de la Nación en el marco de la denuncia penal con consecutivo
050016000206201631224, se solicitó a la Unidad Nacional de Protección y al
comandante de la «Estación de Policía»54 realizar las actividades pertinentes para
brindarle protección policiva55, la cual le fue concedida por parte del Comando de la
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá56.

54.5. El 8 de julio de 2016 envió un correo electrónico a las direcciones
acajiao@defensoria.gov.co y anahernandez@defensoria.gov.co en el que informó
que desde el 1 de julio de ese año miembros de la asociación sindical habían
realizado declaraciones en medios cuestionando su gestión, frente a lo cual se
abstuvo de pronunciarse por instrucciones del vicedefensor, quien manifestó
preocupación por la imagen institucional. Que había recibido amenazas contra su
vida, por lo que presentó la respectiva denuncia y solicitó medidas de protección,
reiterando su preocupación por la conducta de su conductor y solicitando su retiro;
y que Wilmer Vélez anunció su próxima salida de la entidad y los miembros del
sindicato amenazaban con encadenarse en las instalaciones si no se producía su
desvinculación. Finalmente, manifestó sentirse desprotegida por el nivel central y
advirtió que acudiría a los medios para defender su imagen y reputación57.

54.6. A través de la Resolución 1115 del 15 de julio de 2016 el defensor del pueblo58
declaró insubsistente su nombramiento59.

54.7. El 19 de julio de 2016 presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría

54 El documento no indicó a qué estación estaba dirigido.
55 Folios 53 al 57 del documento 1.
56 Folios 58 al 70 del documento 1.
57 Folios 44 y 45 del documento 1.
58 Para el momento de la declaratoria de insubsistencia Alfonso Cajiao, ex vicedefensor del pueblo,

ejercía como defensor del pueblo encargado con ocasión de la renuncia presentada por Jorge
Armando Otálora. El encargo tuvo lugar entre enero y septiembre de 2016.
59 Folio 25 del documento 1.

22

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

Regional Antioquia en contra de Alfonso Cajiao Cabrales, entonces vicedefensor
del pueblo, Alexis Villamil, Fernando Echeverri, Antonio Hincapié, Gilberto Yime,
Cruz Elena González, Luis Carlos Álvarez, Wilmer Vélez y Aurora Vizcaino,
empleados de la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia, por «extralimitación de
funciones, desviación de poder y violación del debido proceso», con ocasión de una
serie de situaciones de origen laboral y personal que generaron la declaratoria de
insubsistencia de su nombramiento60.

54.8. Al proceso se aportaron copias de las publicaciones realizadas por algunos
medios periodísticos con los siguiente titulares: «Destituyen a defensora del Pueblo en
Antioquia tras denunciar amenazas»61; «Despiden a defensora del Pueblo de Antioquia,
tras denunciar amenazas»62; «Alfonso Cajiao un Defensor politiquero»63; «Gloria Blandon
Amenazada De Muerte»64; «Defensor del Pueblo destituye a delegada en Antioquia por sus
aspiraciones al Consejo de Estado»65; «Defensora del Pueblo de Antioquia denuncia
amenazas de muerte»66; «Tras ser despedida, Defensora del Pueblo en Antioquia denunció
amenazas de muerte»67; «Defensora del Pueblo Regional Antioquia denuncia amenazas
de muerte en su contra»68; «Despiden a defensora del Pueblo de Antioquia, denunciar
amenazas»69; «Defensor del Pueblo rechaza y lamenta las amenazas a la saliente
defensora de Antioquia»70; «Defensora del Pueblo de Antioquia denunció amenazas de
muerte en su contra»71; «Defensor del Pueblo rechazó amenazas que recibió la defensora
de Antioquia»72; «Exdefensora del Pueblo de Antioquia dice que no contó con apoyo del
defensor Cajiao»73; «Tras su despido, Defensora de Antioquia denuncia amenazas contra
su vida»74; «Defensoría pide a Fiscalía investigar amenazas a exfuncionaria»75; y «Defensor
Alonso Cajiao respondió a denuncias de la defensora regional saliente de Antioquia»76.

54.9. Se allegaron copias de las actas de reuniones sostenidas entre Gloria Elena
Blandón Velásquez y algunos servidores de la Defensoría del Pueblo regional
Antioquia en las que se trataron temas como atención a usuarios, registro de
peticiones y quejas, revisiones de trabajos de campo, diligenciamiento del sistema,
cargas laborales, irregularidades con el buzón de peticiones, quejas, reclamos,

60 Folios 28 al 32 del documento 1.
61 Blu Radio Medellín, 18 de julio de 2016. Folio 75 del documento 1.
62 Antioquialocales, 18 de julio de 2016, folio 80 del documento 1.
63 Ruta Noticias, 21 de julio de 2016, folio 84 del documento 1.
64 Ruta Noticias, [s. f], folio 94 del documento 1.
65 Caracol Radio, 18 de julio de 2016, folio 97 del documento 1.
66 El Tiempo, 18 de julio de 2016, folio 98 del documento 1.
67 El Colombiano, 18 de julio de 2016, folio 99 del documento 1.
68 W Radio, [s. f.], folio 100 del documento 1.
69 RCN Radio, [s. f.], folio 101 del documento 1.
70 Caracol.com.co, [s. f.] Folio 102 del documento 1.
71 La F.M, [s. f.], Folio 103 del documento 1.
72 La F.M, [s. f.], Folio 104 del documento 1.
73 La F.M, [s. f.], Folio 105 del documento 1.
74 El Colombiano, [s. f.], folio 106 del documento 1.
75 El Tiempo, [s. f.], folio 108 del documento 1.
76 RCN Radio [s. f.], folio 109 del documento 1.

23

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

sugerencias, denuncias y felicitaciones, entre otros asuntos77.

54.10. En la audiencia de pruebas celebrada el 13 de marzo de 2018 se recibió la
siguiente declaración de parte y testimonios78:

54.10.1. GloriaElena Blandón Velásquez. Declaró que al asumir el cargo de
defensora regional de Antioquia encontró una dependencia con deficiencias en el
cumplimiento de horarios, metas, indicadores y planes de acción. Implementó
controles, seguimiento a la atención de usuarios y el sistema de gestión de calidad,
medidas que mejoraron la prestación del servicio, pero generaron oposición de
algunos funcionarios, especialmente algunos vinculados al sindicato Ascendep.
Dichos servidores promovieron quejas por supuesto acoso laboral, difundieron
críticas sobre su gestión, realizaron manifestaciones públicas para lograr su salida,
divulgaron información sobre su lugar de residencia y sostenían que la consigna era
lograr su salida de la entidad. Los mencionados servidores violentaron el buzón de
sugerencias para meter supuestas felicitaciones con datos falsos o de personas que
no habían acudido a la defensoría, presentaban un bajo rendimiento laboral que no
mejoró ni siquiera con cambio de funciones. Jesús Antonio Hincapié, su conductor,
le hacía comentarios personales sobre su aspecto físico o le sugería a quien «sacar»
o qué movimientos laborales hacer en la Defensoría, por lo que debió establecer un
límite que el servidor no recibió de buena manera. Ese mismo empleado le
manifestó a otra servidora que había intentado atentar contra su vida dejando ir el
carro por un precipicio, pero que no lo había hecho por pensar en su hijo menor,
además utilizaba el vehículo de la entidad para asuntos personales. Todas esas
actuaciones fueron informadas al nivel central de la Defensoría del Pueblo sin que
se adoptaran medidas frente a ellas porque el entonces vicedefensor Alfonso Cajiao
tenía aspiraciones al Consejo de Estado y no quería verse envuelto en escándalos,
pues el conductor y otros servidores amenazaron con encadenarse en las
instalaciones de la entidad y dar a conocer el hecho a los medios de comunicación.

54.10.2. Sergio Alberto Mazo de Lorza. Laboraba en la Defensoría del Pueblo
Regional Antioquia desde hacía más de 25 años y, durante aproximadamente los
10 años anteriores, había disminuido el control y seguimiento sobre el cumplimiento
de las funciones y horarios, lo que generó prácticas de incumplimiento entre algunos
servidores. Ejerció como defensor regional encargado hasta el nombramiento de
Gloria Elena Blandón Velásquez y también recibió quejas en su contra por acoso
laboral, formuladas por exigir el cumplimiento de las labores, las cuales fueron
desestimadas por carecer de fundamento. La demandante asumió una dirección
enfocada en exigir el cumplimiento de las funciones y fortalecer las actividades de

77 Folios 121 al 209 del documento 1.
78 Audiencia en las carpetas de los CDS 5 y 6 del expediente de la primera instancia.

24

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, lo que generó
inconformidad en un grupo de servidores. Aunque la actora inicialmente contó con
respaldo del nivel nacional, posteriormente surgieron denuncias públicas y
solicitudes de retiro. Antes de la declaratoria de insubsistencia no tuvo conocimiento
de un procedimiento formal por acoso laboral en su contra; por el contrario, varios
funcionarios, incluidos integrantes de otro sindicato y servidores no sindicalizados,
suscribieron una carta de respaldo y solicitaron al nivel nacional que no adoptara
decisiones sin escuchar a todo el personal.

54.10.2.1. Poco antes de la insubsistencia, algunos funcionarios anunciaron que la
demandante sería retirada e incluso amenazaron con encadenarse en la institución
si ello no ocurría. Después de una reunión de varios servidores con un funcionario
del nivel nacional, se conoció que el secretario general, Felipe Vargas, había viajado
desde Bogotá y entregado al sindicato una copia del acto administrativo de
insubsistencia, lo que generó entre quienes respaldaban a la demandante la
percepción de que el grupo que promovía su salida tenía influencia ante el nivel
nacional. Viajó a Bogotá para manifestar ante la Dirección de Talento Humano que
las dificultades de la Regional no obedecían a la gestión de la demandante, pues
cualquier funcionario que exigiera el cumplimiento de las funciones y ejerciera
controles podría enfrentar un conflicto similar.

54.10.2.2. Aunque no podía afirmar la existencia de una amenaza de muerte, tuvo
conocimiento de que la actora la había denunciado ante la Fiscalía y puesto en
conocimiento del defensor del pueblo, por lo que consideró que la institución debió
brindarle protección y verificar su gravedad. Después de su salida, Felipe Vargas
asumió temporalmente la dirección, seguido por John Jairo González y,
posteriormente, por John Jaime Zapata Ospina. La gestión de la demandante en
materia de promoción y defensa de los derechos humanos fue particularmente
intensa y tras su salida se produjo una especie de «calma chica», pues algunos
funcionarios percibieron que no contarían con respaldo del nivel nacional y evitaron
nuevos conflictos, aunque persistieron incumplimientos que podrían generar
nuevamente dificultades si se retomaran los controles.

54.10.2.3. De acuerdo con información suministrada por el nivel nacional, la Dirección
de Quejas había pasado de recibir aproximadamente 20.000 quejas 79 anuales a
unas 2.000 o 3.000, información que podía verificarse en el sistema Visión Web.
Durante la gestión de Gloria Elena Blandón el número de quejas había comenzado
a recuperarse, pero posteriormente volvió a disminuir. El problema no se limitaba al
número de quejas, sino también a su clasificación y trámite, pues las solicitudes

79 Quejas de usuarios relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales en los que se

solicitaba la intervención de la Defensoría.

25

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

registradas en el Registro Único de Peticiones podían corresponder a denuncias por
vulneraciones de derechos humanos o derecho internacional humanitario,
solicitudes de mediación, gestiones directas o simples asesorías, pero muchas
actuaciones eran registradas como asesorías, aunque consistieran únicamente en
orientar al usuario para acudir a otra entidad, sin una actuación efectiva de defensa
de derechos, lo que habría incidido en la calidad de la atención y en la confianza de
los usuarios en la institución.

54.10.3. Edith Juliet Álvarez Suaza80 conoció a Gloria Elena Blandón en razón de
su vinculación profesional con la Defensoría del Pueblo, primero como defensora
pública y posteriormente como funcionaria de la entidad y nunca tuvo con ella
relaciones de amistad íntima, negocios, vínculos contractuales o de parentesco.
Para la época de la declaratoria de insubsistencia se desempeñaba como
profesional administrativo, grado 19, y observó un conflicto laboral protagonizado
por varios funcionarios del programa de quejas pertenecientes al sindicato
Ascendep, quienes manifestaban públicamente ser víctimas de acoso laboral,
acudieron a medios de comunicación y fijaron afiches en las instalaciones de la
Regional. Ante esta situación, la mayoría de los funcionarios que no participaban en
las protestas suscribieron un documento dirigido al nivel central para solicitar su
intervención y verificar el ambiente laboral, sin que dicha solicitud fuera atendida.

54.10.3.1. En los días previos a la insubsistencia, Wilmer Vélez manifestó
reiteradamente que Gloria Elena Blandón tenía «los días contados» y que en 2 días
sería retirada, afirmación que se relacionaba, según lo manifestado por los propios
funcionarios, con una reunión entre directivas sindicales, Felipe Vargas y Alfonso
Cajiao. Aunque no pudo verificar que hubieran conocido anticipadamente el acto
administrativo, la insubsistencia se produjo en el término anunciado y,
posteriormente, Wilmer Vélez, Jesús Antonio Hincapié, Fernando Echeverri y Alexis
Villamil celebraron la salida de la actora y manifestaron que el nivel central había
cumplido lo que se les había prometido. También se hicieron expresiones sobre la
eventual salida de otros funcionarios que no los habían apoyado, lo que generó
temor e incertidumbre entre el personal. No tuvo conocimiento directo de que se
hubiera adelantado un procedimiento disciplinario o formal contra Gloria Elena
Blandón.

54.10.3.2. Después de la insubsistencia, la Regional permaneció aproximadamente
una semana sin defensor y luego Felipe Vargas asumió temporalmente esas
funciones, con presencia limitada a una o dos veces por semana para atender
asuntos urgentes y firmar documentos, situación que dificultó la gestión de la

80 Abogada, especialista en Derecho Penal y Criminalística y en Derechos Humanos, se desempeñó

como personera municipal, abogada litigante, defensora pública durante aproximadamente 10 años,
funcionaria de la Defensoría del Pueblo durante 2 años y posteriormente ingresó a la Rama Judicial.

26

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

Regional. Posteriormente, John Jairo González Espinosa asumió el cargo en
comisión durante aproximadamente un año. A diferencia de Gloria Elena Blandón,
quien ejercía un alto nivel de autoridad y exigencia, particularmente durante el
proceso de certificación de la Regional, John Jairo González tenía un estilo más
flexible, lo que generó una disminución del control sobre horarios, permisos y
cumplimiento de las labores. Durante la gestión de la actora, la Regional había
recuperado presencia y reconocimiento en materia de derechos humanos, mediante
el trabajo territorial, la atención a los ciudadanos y el seguimiento de las situaciones
denunciadas, hasta alcanzar nuevamente el primer lugar nacional en rendimiento;
además, el Inpec le otorgó un reconocimiento por su labor con la población
carcelaria de Antioquia. En el área de atención y trámite de quejas, durante su
administración se exigía el cumplimiento de los turnos, la atención del mayor
número posible de usuarios y la continuidad de los trámites, mientras que después
de su salida se presentaron restricciones en la atención, como la entrega limitada
de fichas aun cuando permanecieran usuarios esperando y la remisión de estos a
otras entidades. En consecuencia, la disminución del nivel de exigencia y control
posterior a la salida de Gloria Elena Blandón estuvo acompañada de un deterioro
en la prestación del servicio y en los niveles de rendimiento de la Regional.

54.10.3.3. Los funcionarios vinculados al sindicato tenían influencia sobre parte de la
planta y algunos continuaron incurriendo en conductas como incumplimiento de
horarios, prolongación de los tiempos de almuerzo, retiro anticipado y limitación de
la atención al público, sin que existiera un control equivalente al ejercido durante la
administración de la actora. Escuchó a Wilmer Vélez y Jesús Antonio Hincapié
mencionar que, para ese momento, Alfonso Cajiao aspiraba a un cargo de
magistrado de una alta corte y que los escándalos de la Regional podían perjudicar
dicha aspiración.

54.10.4. Rosa Cecilia Zapata Torres conoció a Gloria Elena Blandón desde la
Universidad de Medellín y posteriormente coincidió con ella en la Defensoría del
Pueblo, primero cuando se desempeñó como defensora pública y luego como
defensora regional de Antioquia. Para la época de su gestión, se desempeñaba en
el área de atención y trámite de quejas y no tenía una relación de amistad con la
actora. Al inicio de su administración, la relación con los funcionarios era cordial; sin
embargo, la situación cambió cuando Gloria Elena Blandón empezó a exigir el
cumplimiento de horarios, la presentación de certificaciones de las diligencias
realizadas fuera de la entidad y el cumplimiento de las metas establecidas por el
nivel nacional. En particular, Wilmer Vélez, quien inicialmente mantenía una buena
relación con la actora, empezó a mostrar inconformidad frente a esas exigencias.
Las reuniones periódicas de seguimiento permitieron identificar incumplimientos e
irregularidades y, posteriormente, algunos funcionarios comenzaron a distorsionar
en los pasillos las observaciones realizadas por la actora. Wilmer Vélez grababa las

27

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

reuniones sin autorización y difundía su contenido entre quienes no habían asistido,
lo que contribuyó a generar un ambiente de confrontación. La relación entre la
actora y este grupo se deterioró durante el segundo año de su administración. Los
principales promotores de las actuaciones contra Gloria Elena Blandón fueron
Wilmer Vélez Castaño, Alexis Villamil, Jesús Antonio Hincapié, Luis Carlos Álvarez
y Rosa María Marulanda, quienes acudieron a medios de comunicación para
cuestionar su gestión. Jesús Antonio Hincapié fijó carteles en las instalaciones de
la Regional con señalamientos de maltrato y acoso laboral. No tuvo conocimiento
directo de que contra Gloria Elena Blandón se hubiera adelantado una queja formal
por acoso laboral.

54.10.4.1. Antes de la llegada de Gloria Elena Blandón, la Regional Antioquia había
perdido posicionamiento y presentaba bajos niveles de cumplimiento. La actora
impulsó un proceso de recuperación institucional mediante el seguimiento diario de
las actividades registradas en el sistema Visión Web, la exigencia del cumplimiento
de metas, la atención oportuna de quejas, peticiones y solicitudes de intervención,
así como la realización de actividades de descentralización. Las alertas de
incumplimiento eran objeto de seguimiento y los responsables debían justificar y
corregir las situaciones que afectaban los indicadores. La Regional pasó de niveles
de competitividad aproximados del 15% o 20% a alcanzar el 100%; recuperó
reconocimiento a nivel nacional, departamental y municipal y fortaleció la atención
en cárceles, colegios y zonas de población vulnerable, incluida la reactivación de la
Casa de Derechos de Granizal.

54.10.4.2. La actora mantenía una relación profesional y cordial con la generalidad de
los funcionarios, realizaba reuniones periódicas de seguimiento y, aunque
desarrollaba actividades fuera de la sede, permanecía pendiente de la Regional,
dejaba funcionarios encargados durante sus desplazamientos y efectuaba
seguimiento telefónico y mediante el sistema. En jornadas ordinarias permanecía
en la sede desde aproximadamente las 6:00 o 6:15 de la mañana hasta las 6:30 o
7:00 de la noche. También implementó o hizo exigibles controles sobre los horarios
y las salidas personales y oficiales, exigiendo que estas fueran registradas y
justificadas porque los servidores salían sin pedir permiso o incumplían el horario.
Lo que generó la implementación del control del horario fue que en una oportunidad
la defensora llegó a buscar a «Silvio Carvajal y no lo encontró, cuando ella se asomó a
la ventana de la oficina vio que él estaba caminando por Junín, entonces lo llamó y le dijo
que él que hacía y él dijo que estaba haciendo una vuelta personal».

54.10.4.3. En los días previos a la insubsistencia se intensificaron las actuaciones del
grupo inconforme. En los pasillos se decía que Gloria Elena Blandón tenía «los días
contados» y que ya se había logrado su salida. El día en que la actora recibiría un
reconocimiento del Inpec por su trabajo con la población carcelaria de Antioquia,

28

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

funcionarios vinculados a Ascendep se retiraron de la Regional para reunirse con
un funcionario del nivel central y posteriormente regresaron con la noticia de la
insubsistencia. Los funcionarios conocieron la decisión antes que la propia actora,
llegaron con una copia del acto administrativo y celebraron que un sindicato hubiera
logrado retirar a una defensora. Posteriormente se conoció que Felipe Vargas,
entonces secretario general, había viajado a Medellín para entregar la comunicación
al sindicato. Después de su salida, Felipe Vargas asumió temporalmente las
funciones de defensor regional, con presencia intermitente en Antioquia y apoyo de
John Jairo González Espinosa y Sergio Mazo para la atención de asuntos urgentes.

54.10.4.4. La gestión regional se deterioró: disminuyeron los niveles de atención y los
porcentajes de cumplimiento, aumentaron los requerimientos del nivel central y se
redujo la atención efectiva de usuarios. Posteriormente, John Jairo González
Espinosa asumió en comisión, pero su gestión tampoco produjo una recuperación
significativa, debido a un menor nivel de autoridad y exigencia. La Regional pasó a
un nivel medio-bajo de desempeño y perdió parte del posicionamiento alcanzado
durante la administración de Gloria Elena Blandón. La influencia del grupo sindical
frente al nivel central se relacionó con el hecho de que sus integrantes fueron
informados anticipadamente de la decisión de insubsistencia y mantuvieron
contacto directo con funcionarios del nivel central. La actora tenía capacidad de
liderazgo y organización del equipo y frente a funcionarios con dificultades de
desempeño procuraba reubicarlos en actividades acordes con sus capacidades
antes que perjudicarlos, como ocurrió con Luis Carlos Álvarez.

2.4. Análisis sustancial

55. ElTribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda en consideración a la naturaleza del empleo, la facultad
discrecional del nominador y la falta de pruebas sobre la desviación de poder
alegada.

56. La demandante solicitó que se revocara la decisión adoptada en primera instancia
por 3 razones principales: i) la facultad discrecional no se ejerció por razones del
buen servicio, sino por presiones de un grupo sindical; ii) los testimonios dieron
cuenta de la mejora del servicio público desde su llegada y la desmejora desde el
momento de la insubsistencia; y iii) las dificultades laborales obedecían a la
resistencia de un grupo de servidores a cumplir cabalmente con sus funciones.

57. Pues bien, tal como explicó en el acápite del marco normativo, el cargo de
defensor regional de la Defensoría del Pueblo siempre ha tenido una naturaleza
directiva y de libre nombramiento y remoción incluso desde la vigencia de las leyes
24 de 1992 y 201 de 1995, característica que se mantuvo con la expedición de los

29

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

decretos 25 y 26 de 2014 y que no fue objeto de cuestionamiento por ninguna de las
partes, lo que quiere decir que el defensor del pueblo del nivel nacional ostentaba la
facultad nominadora y la declaratoria de insubsistencia procedía de forma
inmotivada, sin procedimientos o condiciones.

58. Lo anterior, en atención a que la especial confianza en el servidor público
vinculado en un empleo de libre nombramiento y remoción es lo que justifica su
permanencia en el cargo y habilita al nominador para disponer de su retiro de
manera discrecional, sin que sea necesario u obligatorio expresar los motivos que
lo llevaron a adoptar tal decisión, en tanto se presume que fue emitida en aras de
mejorar el servicio público, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de
Estado81.

59. En este punto, resulta necesario resaltar que la estabilidad en este tipo de
empleos es precaria en atención a la naturaleza de las labores que se cumplen, ya
que requieren siempre de la plena confianza del nominador, la cual se enmarca en
la afinidad funcional entre el superior y el trabajador que le permita a aquel definir y
ejecutar de manera mancomunada las políticas elaboradas hacia determinado
propósito. De ahí que la jurisprudencia de esta corporación haya señalado en
reiterados pronunciamientos que «hay eventos en los que la administración requiere
cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de
las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello»82.

60. En ese sentido, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que «un
empleado en tal cargo que no esté en sintonía con el representante y responsable de la
institución pública, al margen de sus capacidades y desempeño, bien puede ser separado
del empleo, ya que en la dinámica administrativa, la facultad discrecional está instituida,
entre otras, para ese tipo de situaciones, sin que ello suponga sanción o juicio de valor a la
actividad laboral»83, situación que impide cuestionar la decisión de quien ha perdido
la confianza en su colaborador.

61. En talsentido, la declaratoria de insubsistencia de un nombramiento de un
empleo de esta categoría no requiere que se adelante un procedimiento
administrativo establecido, comoquiera que quien desempeña un cargo de libre
nombramiento y remoción al no estar amparado por los derechos que confiere la
carrera administrativa ni por algún fuero de estabilidad, se encuentra bajo el imperio
de una potestad discrecional del nominador y, en consecuencia, en una situación de

81 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de febrero de 2023,
radicación 2019-01708-01 (2994-2022)
82 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2018, radicación 25000-23-42-

000-2013-01223-02 (4578-16).
83 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicado

54001-23-33-000-2014-00135-01 (3598-2015) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

30

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

confianza distinta de la que se advierte en los demás niveles de la administración84.
Lo anterior deviene aún más relevante si se toma en consideración que el empleo
de defensor regional corresponde a un cargo que además de ser de libre
nombramiento y remoción, es de naturaleza política, pues en él se ejercen funciones
de dirección, conducción y orientación institucional.

62. Ahora, si bien estos motivos no se reflejan en forma expresa de la lectura del acto
administrativo acusado, no pueden pasar inadvertidos, aunque no sean presupuesto
para la validez del acto, por cuanto la desviación de poder se dirige a demostrar que
con su actuación el nominador pretendía satisfacer intereses personales o de
terceros que se distanciaban de la prestación eficiente, oportuna y correcta del
servicio, lo que, se insiste, exige al demandante llevar al juez a esa convicción, pues
no puede exigírsele a la entidad que demuestre que su actuar estuvo ajustado a la
legalidad porque, en virtud de la ley, esta se presume.

63. Pues bien, la Sala considera que los elementos de juicio recaudados sí permiten
tener por acreditada la existencia de un conflicto laboral en la Defensoría Regional
de Antioquia durante el periodo en el que la demandante ejerció el cargo. Sin
embargo, de estas circunstancias no se desprende, por sí sola, que la decisión de
retiro hubiera obedecido a la presión ejercida por un grupo sindical ni que su
nominador hubiera subordinado el ejercicio de su competencia nominadora a los
intereses de terceros.

64. Los testimonios de Sergio Alberto Mazo de Lorza, Edith Julieth Álvarez Suaza y
Rosa Cecilia Zapata Torres dan cuenta de que la demandante, durante el tiempo en
que ejerció como defensora regional, implementó mayores controles sobre el
cumplimiento de horarios, funciones, metas e indicadores, circunstancia que generó
resistencia entre algunos funcionarios. Esta situación también fue referida por el
testigo que había desempeñado funciones de defensor regional encargado, quien
explicó que antes de la llegada de la demandante existía una ausencia de controles
y seguimiento sobre las actividades de los servidores y que, cuando se intentaron
implementar mecanismos de vigilancia sobre el cumplimiento de las funciones,
algunos empleados calificaron tales medidas como acoso laboral.

65. Lo anterior, sin embargo, no conduce a concluir que la demandante hubiera
acreditado que su gestión era necesariamente incompatible con los intereses del
servicio o que el nominador estuviera obligado a mantenerla en el cargo por haber
obtenido buenos resultados. Las declaraciones sobre el mejoramiento de la
organización de la Regional, los reconocimientos recibidos y la percepción positiva

84 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 17 de octubre y el 30 de

marzo de 2017, radicados: 15001-23-31-000-2009-00058-01 y 81001-23-33-000-2014-00006-02, M.
P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

31

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

que algunos funcionarios y entidades tenían sobre su gestión constituyen elementos
que respaldan su desempeño profesional, pero no tienen la virtualidad de demostrar
que el nominador conservara indefinidamente la confianza depositada en ella.

66. En los empleos de libre nombramiento y remoción, el buen desempeño constituye
un aspecto relevante, pero no elimina la posibilidad de que el superior jerárquico,
por razones de dirección, coordinación, confianza o manejo del equipo de trabajo,
considere necesario disponer el retiro del funcionario. Tampoco puede otorgarse el
alcance pretendido por la apelante a las circunstancias ocurridas con posterioridad
a su desvinculación, pues, aunque algunos testimonios refieren una disminución en
la atención de usuarios y dificultades en el funcionamiento de la Regional después
de la salida de la demandante, tales hechos son posteriores a la expedición de la
Resolución 1115 de 2016 y, por tanto, no permiten establecer cuál era la situación
existente al momento en que el nominador adoptó la decisión ni cuál fue la razón
que determinó su voluntad.

67. De ese modo, la eventual desmejora del servicio tampoco permite concluir,
retrospectivamente, que la insubsistencia hubiera sido contraria a los fines de la
facultad discrecional. Lo anterior es importante porque para efectos del control de
legalidad, el acto debe examinarse en atención a las circunstancias existentes al
momento de su expedición.

68. Ahora bien, los denominados «anuncios previos» respecto de la declaratoria de
insubsistencia por parte de miembros del sindicato constituyen un indicio sobre el
conocimiento que tenían algunos funcionarios respecto de la eventual salida de la
demandante, pero no demuestran el origen de esa información. No existe prueba
directa de que el defensor hubiera comunicado a los integrantes del sindicato la
decisión que adoptaría, ni de que hubiera convenido con ellos la desvinculación de
la funcionaria.

69. Por el contrario, en la conversación sostenida por la aplicación WhatsApp y
aportada a este proceso se observa que el interlocutor de la demandante manifestó
que no había anunciado medida alguna de retiro de personas y atribuyó las
afirmaciones que circulaban en la Regional a la situación de conflictividad existente.

70. Ahora bien, la Sala debe advertir que las conversaciones de WhatsApp aportadas
no permiten establecer con plena certeza la identidad de los interlocutores, la
autenticidad de los mensajes, ni el contexto integral de su contenido. En línea con
lo anterior, las capturas de pantalla provenientes de aplicaciones de mensajería
instantánea constituyen mensajes de datos que, al ser incorporados al proceso
mediante impresiones o reproducciones, tienen la naturaleza de prueba documental.

32

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

71. En ese sentido, su valoración debe realizarse conforme con las reglas que rigen
la apreciación de dicha prueba y debe atender criterios como su autenticidad,
integridad y correspondencia con los demás elementos probatorios obrantes en el
expediente. No obstante, la facilidad con la que estos archivos pueden ser
manipulados o alterados cuando no existen los soportes técnicos que permitan
verificar su origen o trazabilidad reduce su fuerza demostrativa, por lo que esta
dependerá del análisis junto con los demás medios de convicción allegados al
proceso.

72. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-043 de 2020 señaló que,
frente a las capturas de pantalla de conversaciones provenientes de aplicaciones de
mensajería instantánea, la doctrina especializada había advertido su debilidad
probatoria debido a la posibilidad de alteración de su contenido, razón por la cual su
valoración debía efectuarse junto con los demás medios de prueba. En esa
oportunidad se indicó que:

«[…] los operadores judiciales diariamente deben analizar elementos extraídos de
aplicaciones de mensajería instantánea […] o solo capturas de pantallas respecto de
ciertas afirmaciones o negaciones realizadas por una de las partes en el litigio. Sobre
estas últimas, la doctrina especializada les ha concedido el valor de prueba indiciaria
ante la debilidad de dichos elementos frente a la posibilidad de realizar alteraciones en
el contenido, por lo cual deben ser valoradas de forma conjunta con los demás medios
de prueba»

73. Posteriormente, en la sentencia T-232 de 2022 reiteró que las capturas de
pantalla deben ser apreciadas con cautela, bajo los principios de la sana crítica y la
buena fe, y valoradas de manera integral. En decisiones posteriores, entre ellas las
sentencias T-467 de 202285 y T-186 de 202386 precisó que las impresiones de
mensajes de datos o capturas de pantalla no deben considerarse exclusivamente
como indicios, sino apreciarse conforme con las reglas de la prueba documental,
sin perjuicio de que su fuerza demostrativa dependa de la verificación de su
autenticidad y de su concordancia con los demás medios de convicción.

85 Al respecto la Corte señaló: «Las copias impresas de los mensajes de datos son medios de

convicción que deberán ser valorados según las reglas generales de los documentos y las reglas de
la sana crítica, y su fuerza probatoria dependerá del grado de confiabilidad que le pueda asignar el
juez atendiendo a las particularidades de cada caso. […] La confiabilidad se determina por la (i)
autenticidad y por (ii) la veracidad de la prueba […]».
86 La Corte reiteró que «las capturas de pantalla tomadas a mensajes de datos de la aplicación

Whatsapp en materia de valor probatorio deben asimilarse a la prueba documental y […] se revisan
en conjunto con los demás medios probatorios presentados y según los criterios de la sana crítica».

33

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

74. Esta postura también ha sido acogida por el Consejo de Estado, entre otras, en
la sentencia proferida el 23 de febrero de 202687 en la cual reconoció que las
capturas de pantalla constituyen documentos que deben apreciarse en los mismos
términos de las pruebas documentales y dentro del marco de la sana crítica, así:
«por tratarse de capturas de pantalla impresas de la plataforma Google Maps deben ser
apreciadas bajo los presupuestos de la prueba documental […] No obstante, […] se
analizará si estas capturas de pantalla cumplen con los requisitos formales exigidos para la
prueba documental».

75. En el caso concreto, los pantallazos de WhatsApp no permiten verificar el número
telefónico del contacto denominado «Doctor Cajiao», la integridad del contenido ni el
contexto completo de la conversación, por lo que, su valor probatorio resulta
precario y sin la suficiente fuerza demostrativa para acreditar la desviación de poder
alegada sin vulnerar los estándares constitucionales del debido proceso y la
valoración racional de la prueba.

76. En cuanto a las quejas por supuesto acoso laboral, debe decirse que tampoco
permiten acreditar que la existencia de tales quejas, de denuncias públicas y una
confrontación creciente entre la demandante y algunos servidores hubiera sido
considerada por el nominador como un elemento relevante para valorar la situación
de la Regional y la confianza necesaria para continuar ejerciendo un cargo directivo.

77. En este punto, resulta relevante destacar que la facultad discrecional no exige
que el nominador demuestre que el funcionario incurrió en una falta disciplinaria,
que su desempeño hubiera sido deficiente o que hubiera cometido conductas
constitutivas de acoso laboral. Precisamente por tratarse de un empleo de libre
nombramiento y remoción, particularmente en consideración a su absoluta
confianza, la pérdida de esta puede estar relacionada con la forma en que el
directivo desarrolla sus relaciones con el equipo de trabajo, con las dificultades para
ejercer la dirección de la dependencia o con la necesidad de introducir cambios en
su conducción. Por ello, la ausencia de una investigación que hubiera declarado
responsable a la demandante por acoso laboral no demuestra que la decisión de
retiro hubiera perseguido una finalidad ajena al mejoramiento del servicio.

78. Tampoco encuentra la Sala acreditada la alegada finalidad personal del
vicedefensor relacionada con las supuestas aspiraciones de acceder al Consejo de
Estado. Si bien algunos testimonios hicieron referencia a ese interés y lo
relacionaron con la posibilidad de evitar conflictos o controversias que pudieran
afectar su imagen, no existe prueba que permita establecer una conexión concreta
entre dicha aspiración y la expedición de la Resolución 1115 del 15 de julio de 2016.

87 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de febrero de 2026, radicado

23001-23-33-000-2016-00593-01. M.P. Adriana Polidura Castillo.

34

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

79. Se trata, en consecuencia, de una inferencia construida a partir del contexto
político y laboral de la época, insuficiente para acreditar que ese hubiera sido el
propósito real y determinante de la decisión. Así las cosas, las pruebas recaudadas
permiten establecer dos circunstancias que deben diferenciarse, por una parte,
existió oposición de algunos servidores frente a la gestión de la demandante y se
presentaron manifestaciones y actuaciones dirigidas a obtener su salida, mientras
que, por otra, no se acreditó que esa oposición hubiera determinado la voluntad del
nominador ni que la decisión cuestionada haya sido adoptada necesariamente para
satisfacer los intereses del sindicato.

80. En consecuencia, los argumentos formulados en el recurso de apelación no
desvirtuaron la presunción de legalidad de la Resolución 1115 del 15 de julio de
2016, razón por la que se confirmará la sentencia del 16 de junio de 2025, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

81. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

82. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

83. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.88

88En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

35

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

84. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

85. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

86. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
desviación de poder en la expedición de la Resolución 1115 del 15 de julio de 2016,
por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento de Gloria Elena
Blandón Velásquez en el cargo de defensora del pueblo regional Antioquia, pues
obedeció a la facultad discrecional del nominador, como elemento esencial del
empleo de libre nombramiento y remoción derivado de la naturaleza misma del
cargo previsto en la ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 16 de junio de 2025, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, negó las pretensiones
de la demanda presentada por Gloria Elena Blandón Velásquez contra la Defensoría
del Pueblo, por las razones expuestas en esta decisión.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

36

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02517-01 (2121-2025)
Demandante: Gloria Elena Blandón Velásquez

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC

37

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.