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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02596-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02596-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones. Segundo. Condenar en costas a la parte demandada en segunda instancia, de Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 05001-23-33-000-2016-02596-01 (1275-2025) acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-02596-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02596-01 (1275-2025)
Demandante: Elizabeth Montoya Duque
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional

Tema: Marco normativo aplicable a la pensión de sobrevivientes de los
miembros de la fuerza pública. Beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes. Medios probatorios para demostrar la existencia
de la unión marital de hecho. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Elizabeth Montoya Duque instauró demanda contra la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional - Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 4040 del 2 de septiembre de 2015,
por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento de Luis Fernando Muñoz Giraldo.

A título de restablecimiento del derecho solicitó, como pretensiones principales, que
se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, en cuantía del
50% de las partidas computables, con efectividad fiscal desde el 3 de abril de 1997,
con los respectivos intereses moratorios.

Que se ordene a la demandada que proceda con su afiliación en el sistema de salud
de las fuerzas militares, así como a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de

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Policía ─CAPROVIMPO─, pagando el valor adeudado por concepto de aportes
mensuales por afiliación forzosa a esta última, desde el 3 de abril de 1997.

Como pretensión subsidiaria solicitó que se ordene el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, en cuantía del 75% de las partidas computables, con
efectividad fiscal desde el 3 de abril de 1997, con los respectivos intereses
moratorios.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que era la compañera permanente de Luis Fernando Muñoz Giraldo, quien falleció
el 3 de julio de 1997 y prestó sus servicios al Ejército Nacional por el término de 7
años, 9 meses y 22 días.

Que fruto de su relación sentimental procrearon a Lizeth Daniela y Yulieth Maritza
Muñoz Montoya.

Que el 5 de agosto de 2015 presentó petición ante el Ejército Nacional en la que
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual fue
contestada, de forma negativa, mediante la Resolución Nro. 4040 del 2 de
septiembre de 2015.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas el artículo 26 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; los artículos 1, 2, 5, 6, 9, 11 y 12 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el preámbulo y los artículos 1, 2,
9, 12 y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 25, 26,
29, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 93, 94, 209 y 366 de la Constitución
Política; las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980, 113 de 1985 y 71 de 1988;
el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 1, 11, 13, 46, 47, 48,
141, 272 y 288 de la Ley 100 de 1993; el artículo 1 de la Ley 717 de 2001; el artículo
3 de la Ley 923 de 2004; el artículo 9 de la Ley 973 de 2005; el artículo 88 de la Ley
1328 de 2009; los artículos 158, 185, y 189 del Decreto 1211 de 1990; el artículo 19
del Decreto 656 de 1994; y los artículos 8, 9, 20, 49, 50, 51, 52 y 53 del Decreto
1295 de 1994.

En el concepto de violación manifestó que el acto demandado infringió las normas
superiores en las que debía fundarse, porque se desconocieron los compromisos
internacionales que asumió el Estado colombiano y el desarrollo jurisprudencial que
hay sobre los derechos de la compañera permanente.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

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La demanda se admitió en auto del 26 de enero de 20171. La entidad accionada se
opuso a las pretensiones. Indicó que el acto demandado se expidió de conformidad
con la Ley 131 de 1985, en concordancia con el Decreto 2728 de 1968, razón por
la cual no adolece de ningún vicio de nulidad. Propuso como excepciones las de
improcedencia del derecho reclamado, incompatibilidad entre prestaciones e
innominada2.

El 12 de septiembre de 2018 se celebró audiencia inicial en la que se fijó el litigio y
se decretaron las pruebas 3. Se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó
sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del trece (13) de marzo de dos
mil veinticinco (2025), accedió parcialmente a las pretensiones. Indicó que, de
acuerdo con las pruebas relacionadas y no controvertidas por la entidad
demandada, la señora Elizabeth Montoya Duque acreditó haber convivido con el
señor Luis Fernando Muñoz Giraldo, como compañeros sentimentales, desde hacía
más de 30 años y hasta el día de su muerte, con quien procreó dos hijas.

Al efectuar la valoración de las pruebas bajo el sistema de la sana crítica, advirtió
que tenían el poder de convicción sobre el hecho que se pretendía demostrar, esto
es, la convivencia del causante con la señora Elizabeth Montoya Duque, lo cual
conllevó, según los testigos, socorro, apoyo, ayuda, respeto mutuo, obligaciones
alimentarias entre sí y con sus descendientes. Que, además, se advirtió la
dependencia económica que tenía la demandante frente al causante, porque de
forma reiterada manifestaron que el fallecido era quien proveía el sustento
económico del hogar.

Se señaló que la liquidación de la mesada debía realizarse teniendo como base los
haberes correspondientes al grado conferido, esto es, de cabo segundo, sobre el
equivalente al 50% de las partidas. Que no se ordenaba ningún descuento por
concepto de compensación y cesantías dobles, porque no existió incompatibilidad
entre las prestaciones por muerte en combate reconocidas en la Resolución Nro.
13092 del 14 de octubre de 1997 y las que se ordena reconocer en virtud del Decreto
1211 de 1990.

En atención al fenómeno prescriptivo, ordenó el reconocimiento de la pensión a
partir del 3 de julio de 1997, pero con efectos fiscales desde el 5 de agosto de 2011
y determinó que la demandante no tenía derecho a la afiliación a CAPROVIMPO, ni
a que se le reconociera algún valor adeudado por aportes de afiliación forzosa.

Que tampoco había lugar a reconocer los intereses moratorios solicitados, porque
no se configuró el requisito que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993
para proceder con su pago, por cuanto solo se aplica para los eventos en que la
pensión se encuentre debidamente reconocida y la entidad pagadora incurra en

1 Véase a folio 67.
2 Véase a folios 80-84.
3 Véase a folios 160-163.

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mora en el pago de las mesadas pensionales 4.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que manifestó que no se
allegó prueba relacionada con la supuesta unión marital de hecho entre el causante
y la demandante, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 54 de 1990, modificado
por la Ley 979 de 2005.

Que la accionante no ostenta la calidad de compañera permanente porque no
aportó al proceso escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que
acreditara su condición; así como tampoco acreditó la supuesta dependencia
económica.

Que con los testimonios ─que no fueron claros, ni coherentes─, se dio por
acreditada la convivencia por un lapso de 5 años. Que el fallador de primera
instancia no era el competente para declarar la unión marital de hecho, toda vez
que la misma está atribuida a los jueces de familia en primera instancia 5.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 19 de mayo de 2025 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados 6.

Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público rindió concepto en
el que indicó que la demandante sí tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión sobrevivientes, razón por la que debe confirmarse la sentencia de primera
instancia7.

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si a la señora Elizabeth Montoya
Duque le asiste o no razón jurídica para reclamar la pensión de sobrevivientes, con
ocasión del fallecimiento del señor Luis Fernando Muñoz Giraldo, aduciendo su
condición de compañera permanente.

Marco normativo aplicable a la pensión de sobrevivientes de los miembros de
la fuerza pública

En vigencia de la Constitución Política de 1886, el Congreso de la República profirió
la Ley 66 de 1989, por medio de la cual se otorgó al presidente de la República
facultades extraordinarias para, entre otras, reformar los estatutos de carrera de los

4 Véase a índice 23 de SAMAI del Tribunal.
5 Véase a índice 26 de SAMAI del Tribunal.
6 Véase a índice 5 de SAMAI.
7 Véase a índice 10 de SAMAI.

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oficiales, suboficiales y agentes de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, en
virtud del numeral 12, del artículo 76 de la Constitución Política de 1886.

De acuerdo con lo anterior, se expidió el Decreto 1211 de 1990 que, en su Título V,
reguló las prestaciones sociales de sus destinatarios ya fuere en actividad, por
retiro, por separación, por incapacidad sicofísica, por muerte, por muerte en retiro y
para el caso de los desaparecidos y prisioneros.

Particularmente, la Sección I del Capítulo V de ese título consagró las prestaciones
por muerte en actividad, para lo cual dispuso lo siguiente:

«Artículo 189. Muerte en combate. A partir de la vigencia del presente Estatuto,
a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo,
en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en
conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden
público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior,
cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus
beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las
siguientes prestaciones:

a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación
equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado
conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo
158 de este Decreto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio,
a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada
y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado
y tiempo de servicio del causante.

d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus
beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción de los
hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión
mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata
el artículo 158 de este Decreto» (subrayas fuera de texto).

Por su parte, el artículo 185 del Decreto 1211 de 1990 consagró el orden de
beneficiarios de las prestaciones sociales por causa de muerte de un oficial o
suboficial, así: i) la mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del
causante, en concurrencia estos últimos en las proporciones de ley; ii) si no hubiere
cónyuge sobreviviente, las prestaciones corresponderían íntegramente a los hijos
en las proporciones de ley; iii) a falta de hijos, las prestaciones se dividirían en
proporción del 50% para el cónyuge y 50% para los padres, en partes iguales; y iv)
si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, las prestaciones se dividirían entre los
padres, conforme con las reglas que allí se establecieron.

Ahora bien, dentro de un sistema integral de protección del derecho a la seguridad
social, la inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares
fundamentales, en cuanto la ausencia definitiva de la persona que atendía el
sostenimiento del grupo familiar deja en situación de desamparo a los integrantes
de este.

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Con la finalidad de atender dicha contingencia, se consagró el derecho a la pensión
de sobreviviente o la sustitución pensional como un mecanismo de protección a los
familiares del trabajador o pensionado, que busca suplir la ausencia repentina del
apoyo económico que brindaba un afiliado al grupo familiar y, así, evitar que su
deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de
subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Este derecho es una
protección directa a la familia, cualquiera que sea su origen o fuente de
conformación.

Por consiguiente, como el objeto de la pensión de sobrevivencia es atender la
contingencia derivada del deceso del trabajador, se estima que la figura tampoco
es ajena al régimen prestacional aplicable a los miembros de las fuerzas públicas,
específicamente, a los del Ejército Nacional, pues, como puede advertirse, la
normativa que ha regulado las prestaciones sociales de los miembros de dicha
institución consagró los diversos beneficios en favor de los familiares de los oficiales
y suboficiales que fallecen en actividad.

En punto a esta situación, advierte la Sala que el beneficio prestacional de
sobrevivencia, en los términos del artículo 185 del Decreto 1211 de 1990, solo exige
para su otorgamiento que se demuestre la calidad del parentesco con el causante
de la pensión ─a excepción del supuesto de los hermanos menores de edad del
agente, quienes debían demostrar la dependencia económica─, para lo cual cobra
relevancia probatoria la presentación del registro civil de matrimonio ─en el caso
que el beneficiario fuese el cónyuge─ o del registro civil de nacimiento ─en el caso
que los beneficiarios fuesen los hijos o los padres─.

De la aplicación extensiva del marco normativo aplicable al régimen de
prestaciones por muerte en actividad, al caso de los compañeros y
compañeras permanentes

Como se anotó previamente, el Decreto 1211 de 1990 se expidió en vigencia de la
Constitución Política de 1886, norma bajo la cual no existía la figura de los
compañeros permanentes, razón por la que no se hizo la inclusión de estos en el
artículo 185 del mencionado decreto, que consagra el orden de beneficiarios de las
prestaciones sociales por causa de muerte de un oficial o suboficial de las fuerzas
militares.

Sin embargo, refiriéndose a casos en los que estaban en pugna los intereses de
cónyuges y compañeros permanentes, la Corte Constitucional ha concluido que:

«[…] todas las prerrogativas, ventajas o prestaciones y también las cargas y
responsabilidades que el sistema jurídico establezca a favor de las personas
unidas en matrimonio son aplicables, en pie de igualdad, a las que conviven sin
necesidad de dicho vínculo formal. De lo contrario, al generar distinciones que
la preceptiva constitucional no justifica, se desconoce la norma que equipara
las dos formas de unión (artículo 42 C.P.) y se quebranta el principio de igualdad
ante la ley (artículo 13 C.P.), que prescribe el mismo trato a situaciones
idénticas»8.

8 Corte Constitucional. Sentencia T-553 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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Esa Corporación también ha indicado que «[…] a la luz de la Constitución Política
de 1991, las normas que establezcan un trato discriminatorio injustificado entre
cónyuges y compañeros permanentes, deben ser objeto de una interpretación
extensiva, en el sentido de ampliar el ámbito de aplicación de los beneficios
establecidos en las disposiciones, previstos en principio exclusivamente para
cónyuges, a los compañeros permanentes»9.

Bajo la misma lógica, al examinar las normas que excluían al compañero
permanente del orden de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de los
miembros de las Fuerzas Armadas frente a los derechos que sobre la misma
prestación tenían el o la cónyuge sobreviviente, sostuvo que el ordenamiento
superior otorgaba especial protección a la institución familiar y que estaba prohibida
la discriminación debido al vínculo natural o jurídico del cual se derivaba la familia 10.

Así, destacó la igualdad imperante entre cónyuges y compañeros permanentes bajo
la Constitución de 1991, motivo por el cual no era procedente excluir a los últimos
del derecho a la pensión de sobrevivientes, pues debía tenerse en cuenta la
necesidad de interpretar la normativa conforme con los postulados del
ordenamiento superior y, por lo tanto, las solicitudes de aquel grupo poblacional en
relación con la mentada prestación, debían atenderse a la luz de la cláusula de no
discriminación en razón del origen familiar.

En ese sentido, si bien es cierto que la normativa transcrita señala únicamente en
el orden de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a la cónyuge sobreviviente,
también lo es que, a la luz de la Constitución Política de 1991, las disposiciones que
establezcan un trato discriminatorio injustificado entre esta y la compañera
permanente, deben ser objeto de una interpretación extensiva, para cobijar,
amparar o responsabilizar a la última.

Así las cosas, respecto a la titularidad de la pensión de sobrevivientes, rige el
principio de igualdad entre cónyuges y compañeras supérstites porque, al ser la
familia el interés jurídico a proteger no es jurídicamente admisible privilegiar un tipo
de vínculo específico al momento de definir quién tiene derecho a ese beneficio.

Resolución del caso concreto

Se encuentra debidamente acreditado que el señor Luis Fernando Muñoz Giraldo
prestó sus servicios al Ejército Nacional por el término de 7 años, 9 meses y 22
días 11; y que falleció el 3 de julio de 1997, tal y como se inscribió en el registro civil
de defunción con indicativo serial Nro. 236711312.

Su muerte se calificó como «ocurrida en el servicio, por causa y razón del mismo,
por acción directa del enemigo» a través del informe administrativo por muerte Nro.
077 del 10 de julio de 1997 13.

9 Corte Constitucional. Sentencia T-932 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
10 Corte Constitucional. Sentencia C-121 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
11 Véase a folio 46.
12 Véase a folio 48.
13 Véase a folio 49.

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La demandante radicó una petición el 5 de agosto de 2015, en la que solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes 14, la cual se contestó, de
forma negativa, a través de la Resolución Nro. 4040 del 2 de septiembre de 2015 15.
La negativa se fundamentó en que:

«[…] teniendo en cuenta las normas antes citadas, se puede concluir en forma
clara que por el fallecimiento del Cabo Segundo (P) del Ejército Nacional,
MUÑOZ GIRALDO LUIS FERNANDO, no se generó el derecho al
reconocimiento de la pensión a favor de la señora ELIZABETH MONTOYA
DUQUE, en calidad de presunta compañera permanente del causante, toda
vez, que la normatividad vigente y aplicable al caso concreto no contempla tal
beneficio».

Ahora bien, con el fin de acreditar la convivencia entre la demandante y el señor
Luis Fernando Muñoz Giraldo, se tienen los registros civiles de nacimiento de Lizeth
Daniela16 y Yulieth Maritza Muñoz Montoya 17, hijas de la accionante y del causante,
quienes nacieron el 10 de abril de 1994 y el 1° de agosto de 1995, respectivamente.

También se aportó la declaración extraproceso rendida el 8 de julio de 1997 por las
señoras María Eunice de los Dolores Duque Henao y María Rocío Montoya
Vásquez, quienes afirmaron que por cinco años conocieron que la demandante y el
causante convivieron en unión libre hasta la fecha de fallecimiento de este, que
procrearon dos hijas y que la señora Elizabeth Montoya Duque dependía
económicamente de su compañero 18.

En la audiencia de pruebas celebrada el 9 de mayo de 2019, se practicaron los
testimonios de las señoras Diana María Ángel Ibarra y María Rocío Montoya
Vásquez.

La señora Diana María Ángel Ibarra, vecina de la demandante, manifestó que la
conocía desde hacía 25 años. Que vive en Manrique, en la ciudad de Medellín,
desde 1992 y que la señora Elizabeth Montoya Duque se mudó al barrio en 1993,
junto con el señor Luis Fernando Muñoz Giraldo, con quien tuvo dos hijas, quienes
nacieron una vez residían allí. Informó que la accionante y el causante vivieron
juntos por alrededor de siete años, cuya convivencia fue continua, hasta la fecha en
que el causante falleció.

Indicó, igualmente, que la señora Elizabeth Montoya Duque y sus hijas dependían
económicamente del causante. Que una vez falleció el señor Luis Fernando Muñoz
Giraldo, la demandante trabajó en cocinas y fue ella quien asumió la manutención
del hogar y de sus hijas. Que la accionante no recibe ningún tipo de pensión o
subsidio.

La señora María Rocío Montoya Vásquez, vecina de la demandante, indicó que la
conocía desde hacía 42 años. Que la accionante y el causante vivían juntos desde
antes que nacieran sus dos hijas, es decir, convivían desde hacía dos o tres años y
que su convivencia fue continua, pues no tuvo conocimiento de algún tipo de

14 Véase a folios 57-59.
15 Véase a folios 61-65.
16 Véase a folio 55.
17 Véase a folio 56.
18 Véase a folio 54.

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separación.

También manifestó que la señora Elizabeth Montoya Duque y sus hijas dependían
económicamente del causante. Que una vez falleció el señor Luis Fernando Muñoz
Giraldo, la demandante trabajó en casas por días y fue ella quien asumió la
manutención del hogar y de sus hijas. Que la accionante no recibe ningún tipo de
pensión o subsidio.

El acervo probatorio recaudado denota que la señora Elizabeth Montoya Duque, al
momento del fallecimiento del señor Luis Fernando Muñoz Giraldo, tenía con él un
vínculo marital vigente por alrededor de 4 años, según lo sostenido por las señoras
Diana María Ángel Ibarra y María Rocío Montoya Vásquez, tanto en la prueba
documental como en la testimonial.

Ahora bien, del recurso logra extraerse que la entidad demandada increpa que la
sentencia de primera instancia dio por acreditada una relación de convivencia entre
la demandante y el causante, por un lapso de 5 años. En esa medida, lo primero
que debe advertirse es que atendiendo al hecho que la causación del derecho que
se discute es el 3 de julio de 1997, fecha del fallecimiento del causante, el régimen
de seguridad social aplicable es el Decreto 1211 de 1990, norma con la que se
estudiará el caso.

En efecto, el artículo 185 del Decreto 1211 de 1990 prescribe como requisitos para
que en forma vitalicia se conceda la pensión de sobrevivientes, los que a
continuación se relacionan:

i) La calidad de cónyuge, el cual es un presupuesto que está relacionado
con la legitimación para reclamar el derecho, es decir, quién tiene la
vocación para pretender la titularidad de este.

En este punto la Sala advierte que, si bien la norma aplicable al caso solo
aludía a la figura de «cónyuge» y no de compañera permanente, en virtud
de la aplicación de la Constitución Política de 1991, no es procedente
excluir a las últimas del derecho a la pensión de sobrevivientes, pues
debe tenerse en cuenta la necesidad de interpretar la normativa conforme
con los postulados del ordenamiento superior y, por lo tanto, las
solicitudes de aquel grupo poblacional deben, en relación con la mentada
prestación, atenderse a la luz de la cláusula de no discriminación en
razón del origen familiar.

En todo caso, para la fecha en que falleció el causante ya estaba vigente
la Ley 54 de 1990, razón por la que la disposición del Decreto 1211 de
1990 debe interpretarse con la debida inclusión de la compañera
permanente, como beneficiaria de las prestaciones que se causen por la
muerte en actividad o en retiro de un oficial o suboficial de las fuerzas
militares.

ii) La vida marital con el causante. Este requisito está referido a demostrar
la vida bajo un mismo techo, las situaciones de socorro y ayuda mutua de
la pareja, que constituyen elementos fundamentales de un núcleo familiar,

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02596-01 (1275-2025)

protegido por la Constitución y las leyes.

Por ello, quien aduzca tener la condición de beneficiario de la sustitución
pensional, debe acreditar un compromiso de vida real y con vocación de
permanencia, lo cual pretende dejar de lado aquellas conductas que
pudieran dirigirse únicamente a obtener el beneficio económico de
manera artificial e injustificada.

Así las cosas, del análisis del acervo probatorio, la Sala advierte que los dos
requisitos que exige la norma se encuentran acreditados, pues las testigos fueron
contestes al sostener que: i) entre la demandante y el causante hubo un vínculo
marital vigente por alrededor de 4 años; ii) que de dicho vínculo procrearon dos
hijas; y iii) que al momento del fallecimiento del señor Luis Fernando Muñoz Giraldo,
dicho vínculo marital estaba vigente.

Respecto a esto último, nótese que la norma aplicable al caso, en ningún momento,
prescribía que para ser beneficiario de las prestaciones por muerte debía
acreditarse la convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos,
inmediatamente anteriores a su muerte; por el contrario, la norma determinaba que
solo debía acreditarse la vida en común al momento del deceso del oficial o
suboficial, lo cual quedó suficientemente probado, pues ambas testigos
manifestaron que la señora Elizabeth Montoya Duque convivió con el causante
hasta la fecha de su fallecimiento, lo cual no fue desvirtuado por la entidad
demandada.

Por consiguiente, no le asiste razón a la entidad apelante cuando sostiene que debe
revocarse el fallo de primera instancia y negarse las pretensiones porque la
accionante no probó tener vida marital con el causante durante los últimos 5 años
anteriores a la muerte de este, así como porque no probó la dependencia
económica, pues, se insiste, el Decreto 1211 de 1990 no contempló tales
exigencias.

En cuanto a que no se allegó prueba relacionada con la supuesta unión marital de
hecho entre el causante y la demandante, la Sala pone de presente que la
jurisprudencia constitucional ha establecido que:

«[…] para demostrar la existencia de la unión marital de hecho, en orden a lograr
consecuencias jurídicas distintas a la declaración de los efectos económicos de
la sociedad patrimonial, se puede acudir a cualquiera de los medios ordinarios
de prueba previstos en el ordenamiento procesal como lo son los testimonios o
las declaraciones juramentadas ante notario. De allí que, exigir determinadas
solemnidades para tales efectos, desconoce el principio de libertad probatoria
que rige en la materia y, además, vulnera el derecho fundamental al debido
proceso de quienes pretenden derivar de ella efectos tales como: reparaciones
económicas, reconocimientos pensionales, beneficios de la seguridad social y
exención del servicio militar obligatorio, entre otros»19.

Entonces, como las pruebas recaudadas dieron cuenta que entre los señores Luis
Fernando Muñoz Giraldo y Elizabeth Montoya Duque existieron lazos afectivos,
sentimentales, de apoyo, solidaridad y ayuda mutua, aunado a que había

19 Corte Constitucional. Sentencia C-131 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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intencionalidad de convivencia como pareja ─a pesar de la distancia─, así como la
convicción de ambos de mantener vigente su unión marital, resulta palmario que sí
se acreditó y probó que la actora tuviera la calidad de compañera permanente del
causante.

Conforme con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida el trece (13) de
marzo de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por
medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

De la condena en costas en segunda instancia

La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada, por cuanto se niega
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el trece (13) de marzo de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual
se accedió parcialmente a las pretensiones.

Segundo. Condenar en costas a la parte demandada en segunda instancia, de

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acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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