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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-02617-01

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-02617-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, por los motivos expuestos en esta providencia SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte demandante sin fijación de agencias en derecho por las razones anotadas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2016-02617-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

27 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

ERROR JURISDICCIONAL-Actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y violatoria del debido proceso. ERROR
JURISDICCIONAL-Se deben interponer los recursos ordinarios procedentes y la providencia debe estar en
firme. CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término se contabiliza a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de acción u omisión causante del daño. CADUCIDAD POR ERROR JURISDICCIONAL-El término
para intentar la demanda en reparación directa comienza a partir del momento en que adquiere firmeza la
providencia. RESOLUCIÓN DE EXCEPCIONES -Su falta de resolución no es susceptible de configurar un error
jurisdiccional, cuando los hechos que la sustentan, no sean manifiestos u ostensibles. ALCANCE ERROR
JURISDICCIONAL - no puede emplearse para reabrir el debate propio de una instancia.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 18 de julio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Organización Terpel S.A. adelantó un proceso abreviado de restitución ante el
Juzgado 5 Civil del Circuito de Medellín contra Moncast Asociados Ltda., en el que
solicitó la entrega de la Estación de Servicio Terpel La María. En primera instancia
el juzgado ordenó la restitución; en segunda instancia el Tribunal Superior de
Medellín confirmó esa decisión el 9 de septiembre de 2014, calificando el contrato
como atípico e innominado. La acción de tutela que interpuso Moncast fue negada
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 30 de enero de
2015.

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

En el presente proceso Moncast Asociados Ltda. alegando que tanto el Tribunal
Superior de Medellín como la Corte Suprema de Justicia incurrieron en error
jurisdiccional en la modalidad de error de derecho, al dejar de aplicar los artículos
526 y 533 del Código de Comercio —que daban cuenta de la inexistencia del
contrato de administración por ausencia de solemnidades— siendo su deber
declararlo de oficio como excepción de mérito impropia, lo que a su juicio le causó
un perjuicio de mil millones de pesos ($1.000.000.000 m/l).

ANTECEDENTES
La demanda

El 28 de noviembre de 20161 la sociedad Moncast Asociados Ltda, elevó demanda
contentiva del medio de control de reparación directa contra la Nación-Rama
Judicial, en la que se consignaron las siguientes pretensiones:

(…) III. PRETENSIONES

PRIMERA: Que se declare a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
Administrativamente responsable de los perjuicios causados a la SOCIEDAD
MONCAST ASOCIADOS LTDA. Por las decisiones adoptadas mediante la sentencia
de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior de Medellín el día nueve(9) de
septiembre de 2014 , auto que negó la aclaración y adición de la sentencia notificado
por estado del dieciséis (16) de octubre de 2014, ejecutoriado el día diecinueve (19)
de octubre del mismo año, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, y el fallo
de tutela de enero veintiocho (28) de 2015, emitido por la Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil, por haber incurrido estas con las decisiones judiciales
mencionadas, en un error jurisdiccional en la modalidad de error de derecho y haber
causado con ello perjuicios a mi representada.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la
NACIÓN- RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO a pagar a la SOCIEDAD
MONCAST ASOCIADOS LTDA. La suma de mil millones de pesos m/l
($1.000.000.000.oo) por concepto de indemnización.

Como fundamento fáctico se expuso que, entre la sociedad Planta Terminal de
Distribución de Productos de Petróleo de Antioquia S.A. – TERPEL Antioquia S.A.-
de un lado y la sociedad Moncast Asociados Ltda. se suscribieron dos contratos de
administración, uno de diciembre de 1996 y el otro el 11 de septiembre de 1999,
sobre un establecimiento de comercio denominado «Estación de Servicio Terpel la
María» ubicada en la ciudad de Medellín.

1 Índice 00002 SAMAI 7ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, carpeta «01PRIMERA

INSTANCIA»; Subcarpeta C001PRINCIPAL, archivo: 001Demanda.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

En la demanda se expresó que los anteriores contratos fueron celebrados, con
incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 526 y 533 del Código
de Comercio, es decir, sin reconocimiento de su otorgamiento ante notario o
funcionario competente.

Se relató que el 1 de julio de 2004, por documento privado, Planta Terminal de
Distribución de Productos de Petróleo de Antioquía S.A: - Terpel Antioquía S.A.,
cedió su posición contractual en el contrato de administración de 11 de septiembre
de 1999, a la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Luego, el 11 de septiembre
2007 esta última sociedad informó a MONCAST ASOCIADOS LTDA. su intención
de terminar el contrato de administración con el fin que le fuera restituido el
establecimiento de comercio identificado como «Estación de servicio Terpel la
María». Ante esto último, la sociedad demandante excepcionó la inexistencia de un
contrato de administración, al calificar el contrato entre las referidas sociedades
como uno de arrendamiento.

En virtud de este conflicto las partes celebraron una audiencia de conciliación ante
la Cámara de Comercio de Medellín, los días 25 y 28 de septiembre de 2007, en la
cual llegaron a un acuerdo parcial, por el cual Moncast Asociados Ltda, podría
continuar administrando el establecimiento de comercio, durante el tiempo que
transcurriera el proceso jurisdiccional que adelantaría Organización Terpel S.A.

En efecto, esta última impulsó proceso abreviado de restitución ante el Juzgado 5
Civil de Circuito de Medellín, que tuvo por finalidad obtener la restitución del
establecimiento de comercio «Estación de servicio Terpel la María», cuya demanda
fue admitida mediante auto notificado el 4 de febrero del 2008. Dentro de dicho
proceso se profirió sentencia de primera instancia el 3 de abril de 2014, por la cual
se determinó que el contrato celebrado se trataba de un contrato de administración,
y por ende, ordenó la restitución del establecimiento de comercio.

Contra dicha decisión, por intermedio de su apoderado judicial, la sociedad Moncast
Asociados Ltda interpuso el recurso de apelación, donde arguyó que el contrato de
administración es inexistente, por no haber cumplido con los requisitos establecidos
en los artículos 526 y 533 del Código de Comercio. En tal sentido, en dicha
oportunidad se solicitó que se declarara dicha circunstancia como una excepción de

3

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

mérito impropia, es decir de aquellas cuya declaración no está condicionada a que
sea propuesta por el demandado (art. 306 C.P.C.).

En segunda instancia la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, por intermedio
de sentencia del 9 de septiembre de 2014, confirmó la sentencia apelada al
considerar que el contrato celebrado por las partes resultaba atípico e innominado,
si bien este tuvo por prestación principal la administración de un establecimiento de
comercio, no le resultaban aplicables los artículos 526 y 533 del Código de
Comercio. La solicitud de aclaración y adición de la anterior decisión fue denegada
por auto notificado por estado del 16 de octubre de 2014.

En virtud de los anteriores hechos, Moncast Asociados Ltda. interpuso tutela contra
la Nación- Rama Judicial del Poder Público, alegando la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, donde alegó la configuración de una vía de hecho
en la modalidad de un defecto sustantivo, en virtud de las providencias que
resolvieron el proceso abreviado, identificado con radicado 2007-00503.

Por fallo del 30 de enero de 2015, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia negó el amparo solicitado al considerar que no hubo vulneración al debido
proceso.

Contestación de la Nación-Rama Judicial2

La demanda fue contestada por la apoderada judicial de la Nación – Consejo
Superior de la Judicatura, mediante escrito radicado el 15 de marzo de 2018. La
parte demandada solicitó rechazar la totalidad de las pretensiones de la demanda,
sosteniendo que las actuaciones desplegadas por los funcionarios judiciales dentro
del proceso abreviado de restitución se ajustaron plenamente a los parámetros
legales y constitucionales del ordenamiento jurídico colombiano.

En cuanto a los hechos, la demandada aceptó los relacionados con el trámite del
proceso de restitución y de la tutela, y señaló que los hechos sobre el error
jurisdiccional y los perjuicios alegados eran materia de debate dentro del proceso

22
Índice 00002 SAMAI 7ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, carpeta «01PRIMERA
INSTANCIA»; Subcarpeta C001PRINCIPAL, archivo: 014ContestacionDela demanda.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

contencioso administrativo, sujetos a lo que resultara probado. Indicó que la
pretensión de la demandante apuntaba esencialmente a desconocer la calidad de
contrato de administración que había sido reconocida por múltiples despachos
judiciales, y a sustituirla por la de contrato de arrendamiento para obtener la
aplicación de las normas sobre renovación del arrendamiento comercial.

Invocó jurisprudencia de esta corporación relativa al alcance de la responsabilidad
del estado por error jurisdiccional, y con sustento en la misma, la demandada
concluyó que no existió error judicial ni falla del servicio, dado que las decisiones
adoptadas en los procesos cuestionados —por el Juzgado 5 Civil del Circuito, el
Juzgado 12 Civil del Circuito, el Tribunal Superior de Medellín y la Corte Suprema
de Justicia— se emitieron con total apego a los lineamientos legales y con plena
valoración de los hechos y pruebas recaudadas. Afirmó que el hecho de que esas
decisiones no le fueran favorables a Moncast no implica que puedan ser sometidas
a una nueva revisión ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativa como si
se tratara de una instancia adicional.

Como excepción de mérito, la parte demandada propuso la de cosa juzgada,
argumentando que las situaciones de hecho y de derecho debatidas en la demanda
corresponden a litigios ya fallados por la jurisdicción ordinaria, cuyas decisiones
gozan de firmeza y hacen tránsito a cosa juzgada. Sostuvo que reabrirlas en sede
contencioso-administrativa carecería de fundamento y vulneraría la seguridad
jurídica y la certeza judicial que protege esa institución.

Sentencia de primera instancia

Por sentencia del 18 de julio de 20253, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Decisión, negó las pretensiones de la demanda. Como problema jurídico,
el Tribunal estimó que debía establecerse si la actuación de la Rama Judicial dentro
del proceso abreviado de restitución identificado con radicado 2007 00503 00, y
dentro de la acción de tutela identificada con radicado 11 001 02 03 000 2014 02908
00, era susceptible de configurar el error jurisdiccional en la modalidad de error de
derecho alegado por la parte demandante.

3 SAMAI T.A. Índice 00037

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

Frente a la excepción de caducidad propuesta por la demandada, el Tribunal la
encontró no configurada. Estableció que la última providencia relevante fue el auto
que negó la aclaración de la sentencia del Tribunal Superior de Medellín,
ejecutoriado el 20 de octubre de 2014, de modo que el término bienal vencía el 21
de octubre de 2016. Sin embargo, la solicitud de conciliación extrajudicial fue
radicada el 19 de octubre de 2016, interrumpiendo el término faltando dos días para
su vencimiento. Entregada la constancia de conciliación el 25 de noviembre de 2016
y presentada la demanda el 28 de noviembre siguiente, la acción se ejerció
oportunamente.

En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal concluyó que no había lugar a declarar la
responsabilidad de la Nación – Rama Judicial por error jurisdiccional. Para arribar a
esa conclusión expuso tres razones. La primera, que el argumento central de
Moncast -la inexistencia del contrato de administración por incumplimiento de los
artículos 526 y 533 del Código de Comercio- no fue propuesto en la oportunidad
procesal correspondiente, esto es, como excepción de mérito en la contestación de
la demanda. Su invocación extemporánea, únicamente en la sustentación del
recurso de apelación, impidió que el superior conociera la cuestión, sin que ese
descuido procesal pudiera trasladarse al ejercicio jurisdiccional como error
imputable al juez. La segunda, que el propio fallo de tutela de la Corte Suprema de
Justicia respaldó esta conclusión al señalar que la conducta de Moncast no era leal,
dado que planteó el supuesto vicio del contrato cuando ya había vencido el plazo
para proponer mecanismos de defensa, y que la decisión del Tribunal Superior no
resultaba arbitraria.

La tercera, que la calidad del contrato y su refrendación ante funcionario competente
ya habían sido acreditadas mediante las sentencias del Juzgado 12 Civil del Circuito
de Medellín del 17 de noviembre de 2011 y la confirmatoria del Tribunal Superior
del 16 de diciembre de 2013, proferidas en proceso anterior entre las mismas partes.
En consecuencia, el a quo dispuso negar las pretensiones de la demanda y
condenar en costas a la demandante, fijando las agencias en derecho en el tres por
ciento (3%) del valor de las pretensiones, a favor de la demandada.

Recurso de apelación4

4 Samai T.A. índice 00042 archivo: «10_MemorialWeb_Recurso-050012333000201(.pdf) NroActua 42»

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

Dentro del término procesal oportuno, la parte demandante, por intermedio de
apoderado judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y solicitó su revocación para que, en su lugar, se accediera a la totalidad
de las pretensiones de la demanda.

El apelante cuestionó la tesis sostenida por el a quo y arguyó que la sentencia
incurrió en un error al fundar la negativa de las pretensiones exclusivamente en la
extemporaneidad con que fue propuesta la defensa de inexistencia del contrato.
Argumentó que la inexistencia del contrato de administración, por incumplimiento
de las solemnidades previstas en los artículos 526 y 533 del Código de Comercio,
constituye una excepción de mérito impropia que el juez está obligado a declarar de
oficio cuando aparece probada en el proceso, sin que su reconocimiento quede
condicionado a que el demandado la hubiera alegado oportunamente en la
contestación de la demanda5.

Indicó que el Tribunal Superior de Medellín sí abordó el punto de la inexistencia del
contrato en la sentencia de segunda instancia del proceso abreviado de restitución,
pero lo resolvió de forma equivocada al calificar el vínculo como un contrato atípico
e innominado, con la única finalidad de eludir la aplicación de las normas que daban
cuenta de su inexistencia. Señaló que esa misma omisión fue replicada por la Corte
Suprema de Justicia al negar la acción de tutela interpuesta contra dicho fallo, con
lo que también ese despacho incurrió en error jurisdiccional.

En relación con los elementos de la responsabilidad del Estado, el recurrente
sostuvo que todos se encontraban probados: el daño antijurídico consistió en la
orden de restitución del establecimiento de comercio denominado «Estación de
Servicio Terpel La María»; el perjuicio se acreditó en la suma de mil millones de
pesos ($1.000.000.000 m/l), equivalente al valor del establecimiento, monto que no
fue debatido en el proceso; y el nexo de causalidad derivaba directamente del
cumplimiento de las sentencias que contienen el error jurisdiccional alegado.

Por último, precisó que las tres providencias acusadas -sentencia del Tribunal
Superior de Medellín en el proceso de restitución, y sentencia de la Corte Suprema

5 En apoyo de esta tesis citó doctrina procesal de Quintero y Prieto (2008) y de López Blanco (2017), así como

la sentencia SC 663-2024 de la Corte Suprema de Justicia y una decisión de la Sala Tercera Civil de Decisión
del Tribunal Superior de Medellín del 10 de abril de 2025.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

de Justicia en la acción de tutela- fueron proferidas por funcionarios investidos de
autoridad judicial, y que contra ellas se agotaron todos los recursos procedentes.

Trámite en la segunda instancia

El 13 de agosto de 2025 el tribunal concedió el recurso de apelación6 y el 23 de
enero de 2026 este fue admitido7. En el término de ejecutoria de la anterior
providencia8, las partes guardaron silencio; de igual forma, en la oportunidad de la
que trata el numeral 6 del artículo 247 del CPACA (modificado por el artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021), el ministerio público no se pronunció.

CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 28 de noviembre de 2016, el régimen aplicable
es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a
regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, a partir del mentado
2 de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los
aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante
CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de las controversias
cuando se demande la ocurrencia de un daño, cuya causa sea una acción u omisión
de una entidad estatal según el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual

6 Índice 00043 SAMAI T.A. Archivo: «13Autoconcedere_20160261700CONCEDEAP(.pdf) NroActua 43»
7 Índice SAMAI00004.
8 Se notificó por estado del 2 de febrero de 2026.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es
competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor
supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $344’727.
500.oo millones de pesos9.

Medio de control procedente

3. La reparación directa (art. 140 CPACA) es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de una actuación u omisión de los agentes judiciales (art. 90 de
la CN y arts. 65 y ss. de la Ley 270 de 1996). En este caso procede este medio de
control por reclamarse la reparación de un daño causado por un supuesto error
jurisdiccional, materializado en las sentencias proferidas por el Tribunal Superior de
Medellín el 9 de septiembre de 2014 , así como el auto que negó la aclaración y
adición de esta sentencia, que refiere la demanda se notificó el 16 de octubre de
2014, ejecutoriado el día diecinueve (1) de octubre del mismo año, de la Sala Civil
del Tribunal Superior de Medellín, y el fallo de tutela de enero veintiocho (28) de
2015, emitido por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil.

Demanda en tiempo

4. De acuerdo con el artículo 164.2 del CPACA, se cuenta con un término de
«(…) dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción
u omisión causante del daño, (…) o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento de este si fue en fecha posterior (…)». En lo que toca a la oportunidad
para interponer la demanda, se precisa que en el plenario obra Oficio No. 067510
del 22 de marzo de 2019 del Secretario del Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Oralidad de Medellín, por la cual se dio respuesta al exhorto 1546 -ant del 6 de
marzo de 2019-11 donde se refirió:

(…), CERTIFICANDO que el 3 de abril de 2014, se emitió sentencia de primera
instancia dentro del juicio de trámite abreviado instaurado por la Organización Terpel
S.A. en contra de Moncast Asociados Ltda, notificada por edicto fijado el 9 de abril

9 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de [2016], [$689. 455.oo], por 500.
10 Índice 00002 SAMAI 7ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, carpeta «01PRIMERA

INSTANCIA»; Subcarpeta C001PRINCIPAL 025 Oficio
11 Índice 00002 SAMAI 7ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, carpeta «01PRIMERA

INSTANCIA»; Subcarpeta C001PRINCIPAL 021 Oficio

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

de 2014 y desfijado el 11 de abril siguiente; contra la citada decisión se interpuso
recurso de apelación resuelta por el Tribunal Superior de Medellín, Sola Civil, en
providencia del 9 de septiembre de 2014, confirmando; el edicto de notificación fue
fijado el 15 de septiembre de 2014 y desfijado el 17 de septiembre de esa misma
anualidad. Mediante providencia del 14 de octubre de 2014, el ad quem resolvió
solicitud de aclaración de sentencia, negando su procedencia, decisión que se
notificada por estado del 16 de octubre de 2014. Remitido el expediente a esta
judicatura de primera instancia, el 20 de noviembre de 2014, se profirió auto que
ordena cumplir lo dispuesto por el superior, notificado por estados de 25 de
noviembre de 2014 (…)

Si bien la certificación anterior no indicó la fecha de ejecutoria de la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, el 9 de septiembre de 2014,
se observa que dicha decisión quedó ejecutoriada el 22 de octubre de 2014. Lo
anterior se explica porque el auto del 14 de octubre de 2014, que negó la
procedencia de la aclaración, fue notificado por estado el 16 de octubre de 2014 y,
en los términos del artículo 331 del Código de Procedimiento Civil 12 -vigente para
la época de los hechos-, la ejecutoria de la sentencia coincide con la del referido
auto. Además, la certificación no informó sobre la concesión de un recurso
extraordinario de casación, conforme a los artículos 36913 y 37014 del CPC, que
hubiera diferido la firmeza de la decisión de segunda instancia.

En lo que respecta a la ejecutoria del fallo de tutela proferido por la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, el 28 de enero de 2015, no se aportó al plenario
constancia formal de su ejecutoria. Sin embargo, al consultar la plataforma
«Consulta de Procesos»15 se verifica que dicho fallo fue objeto de impugnación, la
cual fue concedida mediante auto del 11 de febrero de 2015, remitiéndose el
expediente a la Sala Laboral de esa misma corporación, la cual confirmó la decisión

12 (…) ARTÍCULO 331. Modificado por el art. 34, Ley 794 de 2003 Ejecutoria. Las providencias quedan
ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los
términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la
providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación
de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva. Las sentencias
sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida ésta. (…).
13 (…) ARTÍCULO 369. Oportunidad y legitimación para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse en

el acto de la notificación personal de la sentencia, o por escrito presentado ante el tribunal dentro de los cinco
días siguientes al de la notificación de aquélla. Sin embargo, cuando se haya pedido oportunamente adición,
corrección o aclaración de la sentencia, o éstas se hicieren de oficio, el término se contará desde el día siguiente
al de la notificación de la respectiva providencia.
No podrá interponer el recurso quien no apeló de la sentencia de primer grado, ni adhirió a la apelación de la
otra parte, cuando la del tribunal haya sido exclusivamente confirmatoria de aquélla. (…).
14 (…) ARTÍCULO 370. Justiprecio del interés para recurrir y concesión del recurso. (…)Interpuesto el recurso

en tiempo y por parte legitimada, el tribunal lo concederá en sala de decisión si fuere procedente, y dispondrá
el envío del expediente a la Corte una vez ejecutoriado el auto que lo otorgue y efectuadas las diligencias para
el cumplimiento de la sentencia. (…).
15 Ver link: Consulta de Procesos por Número de Radicación- Consejo Superior de la Judicatura Consultado el

17 de marzo de 2026.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

por sentencia del 4 de marzo de 201516. De igual manera, se constató en el sistema
de consulta de la Secretaría General de la Corte Constitucional que la referida
providencia no fue seleccionada para revisión, conforme al auto del 28 de mayo de
2015, notificado por estado el 4 de junio de 201517. En vista de lo anterior, se
concluye que la demanda fue presentada oportunamente el 28 de noviembre de
2016, teniendo en cuenta que entre la ejecutoria de la decisión de tutela- reprochada
de haber incurrido en un error jurisdiccional- y la interposición de la demanda no
transcurrieron más de dos años.

Por otro lado, observa la Sala que el cómputo del término de caducidad, estuvo
suspendido entre el 19 de octubre de 2016 y el 25 de noviembre de 2016 mientras
se intentó la conciliación extrajudicial, según lo registrado en constancia del 25 de
noviembre de 2016 de la Procuraduría 31 Judicial II Para Asuntos Administrativos18,
por lo cual, tenida en cuenta esta circunstancia, la demanda también se presentó
oportunamente frente al fallo proferido por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de
Decisión Civil.

Legitimación en la causa

5. En el presente caso, la sociedad Moncast Asociados Ltda. está legitimada
en la causa, como se deriva de la calidad de demandada en el proceso civil de
radicado No. 2007-00503-01, promovido por la sociedad Organización Terpel S.A.
que fue definido en primera instancia por sentencia el Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Medellín del 3 de abril de 2014 y en segunda instancia por el Tribunal
Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Civil, en fallo del 9 de septiembre
de 2014. Por su parte, dicha sociedad fungió como accionante en la tutela que fue
decidida en primera instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, el 28 de enero de 2015.

6. Comoquiera que el error jurisdiccional que se endilga frente a las decisiones
proferidas por el Tribunal Superior de Medellín, y la Sala de Casación Civil de la

16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 4 de marzo de 2015, STL2609-2015

Radicación n° 60463, M.P. Elsy Del Pilar Cuello Calderón.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 29

de marzo de 2019, Rad. 44.489 [fundamento jurídico 3].
18 Pp. 15 a 16.

11

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

Corte Suprema de Justicia, la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, cuenta con legitimación en la causa por pasiva en los
términos del artículo 159 del CPACA19.

Problema jurídico

7. Vista la demanda, la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación,
se observa por la Sala que deberá establecerse si el Tribunal Superior de Medellín,
Sala Tercera de Decisión Civil y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia incurrieron en un error jurisdiccional al proferir las sentencias del 9 de
septiembre de 2014 y del 28 de enero de 2015, respectivamente.

Para tal efecto, se deberá establecer si la inexistencia del contrato de administración
por incumplimiento de las formalidades previstas en los artículos 526 y 533 del
Código de Comercio constituye una excepción de mérito impropia que el juez está
obligado a declarar de oficio cuando aparece probada en el proceso. En este
sentido, habrá lugar a analizar si -contrario a lo concluido por el a quo- la falta de
prosperidad de dicho medio exceptivo, con independencia del momento procesal en
que fue invocado, configura un error jurisdiccional. Por otra parte, deberá abordarse
si la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al no haber amparado
el derecho al debido proceso de los ahora demandantes, incurrió en un error
jurisdiccional.

II. Análisis de la Sala

La responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional

8. En lo que concierne a los daños que se pueden originar de la función de
administrar justicia, con la Constitución Política de 1991 (art. 90) y su desarrollo en
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (L. 270 de 1996), se consagraron
en el derecho positivo los eventos típicos de la responsabilidad del estado derivada
de la prestación de este servicio público. Con lo cual se dejó atrás la inmunidad
patrimonial del Estado en la materia20, en los escenarios de i) su defectuoso

19 ARTÍCULO 159. CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN. (…) El Presidente del Senado representa a la Nación

en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa
en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía
General de la Nación.(…)
20 Consejo De Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo Sección, Tercera Subsección C, CP: Enrique Gil

Botero Bogotá D.C., 26 de marzo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 13001-23-31-000-1997-12710-

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

funcionamiento; ii) el error jurisdiccional; y iii) la privación injusta de la libertad (art.
65 ejusdem21).

9. En relación con el error jurisdiccional, el legislador lo definió en el artículo
66 de la Ley 270 de 199622, como aquel (…) cometido por una autoridad investida
de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso,
materializado a través de una providencia contraria a la ley (…) (subrayado por fuera
del texto original). Por su parte, el antecedente de la Corporación ha precisado que
el error jurisdiccional se configura (…) cuando se atribuyen falencias en las que se
incurre a través de providencias judiciales por medio de las cuales se interpreta, se
declara o se hace efectivo el derecho subjetivo (…)23.

Igualmente, el artículo 67 ejusdem24 determinó como presupuestos para la
declaratoria de responsabilidad estatal por error jurisdiccional los siguientes:

(…) 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos
en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando
ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme. (…)

Además de los anteriores presupuestos, la jurisprudencia del Consejo de Estado
aclaró que los recursos judiciales que se debían interponer se trataban de los
recursos ordinarios, sin que se asigne la carga al usuario de la administración de
justicia de hacer uso de recursos extraordinarios25.

01(30300) [Fundamento de derecho 2.2]«(…) Ahora bien, este evento de responsabilidad patrimonial no ha sido
del todo pacífico, pues desde que la jurisprudencia lo concibió como posibilidad, se han tejido teorías a favor, y
en contra; es decir, no ha tenido una aceptación uniforme al interior del Consejo de Estado. En un primer
momento, tuvo una negación absoluta, sustentada esta negativa, en la intangibilidad de la cosa juzgada. Por
ejemplo, la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de 10 de noviembre de 1967 (exp. 867),
hizo referencia a ella como “presupuesto fundamental de la sociedad y también dogma político”. Asimismo, la
Sala Plena, en sentencia de 16 de diciembre de 1987 (exp. R-12), señalaba que “la fuerza de la verdad legal”
que manifestaba la actividad jurisdiccional a través de las sentencias parecía “excluir toda responsabilidad
fundamentada sobre la falta6”. Luego, hubo una exigencia de consagración, que se consideró como necesaria
ante la existencia del artículo 40 del Código de normativa Procedimiento Civil, el que establecía la
responsabilidad subjetiva del juez, lo cual imposibilitó un progreso en este sentido.(…)»
21 (…) ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por

los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. (…).
22 (…) ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad

jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia
contraria a la ley. (…).
23Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP: Mauricio

Fajardo Gómez, Sentencia del 23 de febrero de 2012, Rad: 19001-23-31-000-1999-00529-01(22888)[
Fundamento de derecho 2.1].
24 (…) ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a

los siguientes presupuestos:1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos
en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en
virtud de una providencia judicial. 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme. (…).
25 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, CP: Ramiro De

Jesús Pazos Guerrero, Sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad: 08001-23-31-000-1998-01668-
01(33733)[Fundamento de derecho III]Allí se expresó que debía entenderse que los recursos de ley que

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

10. Ahora bien, en lo que respecta al alcance de la expresión «contraria a la ley»
–a efecto de las decisiones susceptibles de un error jurisdiccional–, la jurisprudencia
aclaró que tiene cabida en 2 hipótesis: i) una primera, al configurarse un error
fáctico en la decisión, por incurrir en una equivocación entre la realidad procesal y
la decisión judicial26; o ii) un error normativo, por residir en una aplicación
distorsionada del derecho.

Al respecto, si bien resulta claro que las autoridades judiciales están sometidas al
imperio de la ley (art. 230 C.P.), la apreciación de dicho deber no puede desconocer
el margen de discrecionalidad que concede el principio de autonomía judicial (art.
228 C. Política y art. 5 L. 270 de 199627) a las autoridades jurisdiccionales, para
valorar las pruebas e interpretar el alcance de las disposiciones jurídicas aplicables
a los casos que conocen28. De allí que, con el objetivo de conciliar estos conceptos,
la jurisprudencia de esta corporación, con apoyo en precedente de la Corte
Constitucional29, valore que la decisión judicial susceptible de calificarse como un
error jurisdiccional debe ser fruto de una actuación subjetiva, o caprichosa
arbitraria, o flagrantemente violatoria del debido proceso, sin que jamás pueda

menciona el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los recursos
extraordinarios.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 19

de noviembre de 2021, C.P. Nicolás Yepes Corrales, rad: 2008-003091-02 (42.018)[ Fundamento de derecho
6.2] (…) A título de ilustración puede ser los escenarios donde: (…)i) no valoró un hecho debidamente probado,
que era fundamental para adoptar una decisión de fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando
realmente no lo era; iii) no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar el
caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que era falso(…)
27 ARTÍCULO 5. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA RAMA JUDICIAL. La Rama Judicial es

independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia.
Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o
aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus
providencias.
28 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, CP: Nicolás

Yepes Corrales, Sentencia del19 de noviembre de 2021, Rad: 66001-23-31-000-2008-00309-02(42018)[
Fundamento de derecho6.3.2]. (…)Además, es importante resaltar que la Constitución Política en sus artículos
228 y 230 consagró la autonomía e independencia judicial en aras de garantizar el correcto funcionamiento de
las instituciones que administran justicia, de manera que, si bien se entiende que la actividad judicial está
sometida al imperio de la constitución y la ley, lo cierto es que la norma Superior reconoce en los citados artículos
que el juez goza de discrecionalidad para valorar el derecho que sea aplicable al caso concreto, lo que le otorga
un margen de autonomía e independencia. En especial, teniendo presente que “pueden existir vías jurídicas
distintas para resolver un caso concreto que [también] son admisibles [y] compatibles con las garantías y
derechos fundamentales de los sujetos procesales” .(…)
29 Corte Constitucional, Sentencia 5 de febrero de 1996, CP Vladimiro Naranjo Mesa, C-037 de 1996 [

Fundamento de derecho 3] (…) Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la
aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la
situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre
interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error
jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente
violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de
que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las
pruebas aportadas -según los criterios que establezca la ley-, y no de conformidad con su propio arbitrio. En
otras palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos
presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una
"vía de hecho".(…) Sentencia del 12 de junio de 2002, MP Marco Gerardo Monroy Cabra Criterio reiterado en
C-455 de 2002 [ Fundamento de derecho 9]

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

corresponder a una simple equivocación o desacierto que parta de la libre
interpretación jurídica.

11. Por otro lado, como en todo proceso de responsabilidad patrimonial del
Estado, además de los anteriores presupuestos el demandante deberá acreditar
que la decisión causó un daño cierto y además, antijurídico30.

Caso concreto

12. Vista la demanda, se evidencia que las pretensiones principales se orientan a
que se declare el error jurisdiccional en que presuntamente incurrió el Tribunal
Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Civil, por no haber declarado la
inexistencia del contrato de administración, de conformidad con los artículos 526 y
533 del Código de Comercio, dentro del proceso civil con radicado 2007-00503, que
resolvió en segunda instancia la demanda, al considerar dicha circunstancia como
una «excepción de mérito impropia», que admitía pronunciamiento oficiosa. De igual
forma, se reprocha que el fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, el 28 de enero de 2015, no haya amparado el derecho
fundamental al debido proceso de la sociedad demandante.

13. A fin de obtener el reconocimiento de las pretensiones de la demanda, la parte
actora allegó al proceso los siguientes documentos: i) copia auténtica del «Contrato
de Administración» CA-71331431, suscrito entre las sociedades Terpel Antioquia
S.A. y Moncast Asociados Ltda., por medio del cual la primera confirió a la segunda
la administración de la estación anotada [Estación de Servicio La María], con una
duración pactada de un (1) año a partir del 11 de septiembre de 2011 (cláusula
cuarta); ii) copia auténtica del «Contrato de Administración» CA-10743659 32 ,
celebrado entre las mismas partes el 11 de septiembre de 1999.

14. Asimismo, obra en el expediente iii) copia del auto del 31 de enero de 2008,
por medio del cual se admitió la demanda promovida por la Organización Terpel
S.A. contra la sociedad Moncast Asociados Ltda., en la que se pretendió -según el

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C, C.P. Nicolás Yepes Corrales,

Sentencia del 19 de noviembre de 2021, rad: 2008-00309-02 (42018).
31
Índice 00002 SAMAI 7ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2, carpeta «01PRIMERA
INSTANCIA»; Subcarpeta C001PRINCIPAL, archivo: 001Demanda. pp. 17-22.
32 Ib. 23-30

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

recuento efectuado en la decisión- que esta última restituyera el «(…)
establecimiento de comercio consistente en la Estación de Servicio Terpel La María,
con todos los bienes que lo conforman (…)», dentro del proceso identificado con el
radicado 05001-31-03-005-2007-00503-0133. De igual forma, se aportó iv) la
sentencia del 3 de abril de 2014, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito
de Medellín, mediante la cual se resolvió en primera instancia el referido
procedimiento abreviado34, en el sentido de declarar judicialmente terminado el
contrato celebrado entre las partes y se ordenó a la demandada la restitución de la
mencionada estación de gasolina.

En la decisión se relató que el contrato originalmente celebrado entre la sociedad
demandante y Terpel Antioquia S.A. fue cedido por esta última a la sociedad
Organización Terpel S.A. Asimismo, se explicó que, dentro de dicho proceso, la
defensa alegó que el negocio jurídico celebrado entre las partes, pese a haberse
denominado contrato de administración, correspondía en realidad a un contrato de
arrendamiento de inmueble, en la medida en que el establecimiento de comercio no
era de propiedad de Organización Terpel S.A. En consecuencia, sostuvo que debía
tenerse por ineficaz la cláusula de terminación unilateral del contrato, a la luz de lo
dispuesto en el artículo 518 del Código de Comercio.

La sentencia explica que en el proceso civil se decretó la prejudicialidad a la espera
de la decisión que debía proferirse en el proceso ordinario rad. 2008-00523
adelantado en el Juzgado Doce Civil del Circuito, que fue decidido en primera
instancia por providencia del 17 de noviembre de 2011 y decidida la segunda
instancia por parte de la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior de Medellín
en sentencia del 16 de diciembre de 2013. Según lo expresado en la sentencia del
Juzgado Quinto Civil, las precitadas decisiones no acogieron las pretensiones de la
sociedad Moncast, al encontrar que el contrato atípico de administración celebrado
entre esta y la Organización Terpel no resultaba un contrato de arriendo comercial.

33 Ib. 31-36.
34 (…) Primero: Declarar judicialmente terminado el contrato de administración celebrado entre ORGANIZACIÓN

TERPEL S.A (cesionaria) y MONCAST ASOCIADOS LTDA, por decisión unilateral de la demandante de
administrar dicho establecimiento, causal estipulada en el literal f de la cláusula décimo novena del contrato.(…)
Segundo: Conceder a la parte demandada un término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de
este fallo, para que proceda a restituir el establecimiento comercial denominado ESTACIÓN DE SERVICIO
TERPEL LA MARÍA, ubicado en la carrera 64C autopista Norte Nro. 89 - 112 del Municipio de Medellín.
Tercero: En caso de que la demandada no proceda a restituir el establecimiento de comercio junto con el
inmueble dentro del término indicado en forma voluntaria, desde ahora se ordena comisionar a la Inspección de
Permanencia competente para que haga efectiva la entrega del establecimiento de comercio objeto de
restitución. (…)

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
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Proceso: Reparación Directa

En virtud de las anteriores providencias, el Juzgado Quinto Civil estuvo de
conformidad a lo resuelto por las precitadas sentencias y en tal virtud concluyó que
no existía mérito en las excepciones alegadas por la demandada, las cuales se
dirigían a desvirtuar la existencia de un contrato de administración entre las partes35.
Así, el juzgado consideró que la cláusula décimo novena del contrato de
administración que permitía la terminación unilateral del negocio por parte de la
Organización Terpel S.A. resultaba eficaz y aplicable al caso debatido.

También se aportó v) la providencia del 9 de septiembre de 201436, proferida por el
Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Civil, mediante la cual se
resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Moncast Asociados
Ltda. y se confirmó la decisión del 3 de abril de 2014.

Según lo deja ver la sentencia de segunda instancia, el reparo alegado al
interponerse el recurso de apelación no se dirigió a discutir la naturaleza del contrato
celebrado entre las partes, sino que se objetó que no había lugar a la restitución del
establecimiento de comercio, al no haberse constatado el preaviso estipulado por
los cocontratantes. Sin embargo, en la sustentación de la apelación ante el a quo,
la referida sociedad adicionó que el contrato celebrado por las partes por mandato
del Código de Comercio (art. 523 y 526) es solemne, por lo cual debía constar en
escritura pública o en documento privado reconocido ante notario, diligencia que se
omitió, por lo cual solicitó al tribunal declarar de oficio la prosperidad de la
«excepción de mérito impropia» relativa a la inexistencia del contrato.

Al respecto, tras realizar su propio análisis de las cláusulas contractuales,
concluyendo que el contrato celebrado entre las partes fue uno atípico e innominado
que combinaba elementos de administración, suministro y obedecimiento de
órdenes37. Para llegar a esta caracterización, el Tribunal se apoyó parcialmente en

35 In extenso allí se precisó: « (…) Así las cosas, se tiene probado que el contrato que se allegó con la demanda

es un contrato atípico el cual fue denominado por las partes “contrato de administración”, hecho que ya se
decidió en el proceso ordinario que se adelantó en el Juzgado Doce Civil del Circuito de esta localidad, lo que
implica que las excepciones de mérito planteadas, las cuales se encausan en desvirtuar la existencia contrato
de administración, o las excepciones de no estar frente a un contrato de administración sino frente a un contrato
de arrendamiento no tiene vocación de prosperidad, a su vez, se hace inocuo transcribir las pruebas allegadas
por la parte demandada con las cuales pretendía desvirtuar el contrato de administración, pues la sentencia
proferida por el juzgado referenciado hace tránsito a cosa juzgada y no puede ser desconocida por este
delegado.(…)»
36 Ib. pp. 52-74.
37 In concreto, la referida decisión expresó: (…) Despejándose el camino para analizar de nuevo esa

caracterización; tarea liminar pues de descifrar la índole del contrato, pende la resolución de la controversia
sub-análisis: examinadas una a una y en su conjunto las cláusulas contractuales, se concluye que existe un
entrelazamiento de contratos de administración por la demandada de establecimiento comercial propiedad de

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
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Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

la cosa juzgada del proceso paralelo, que fijó como verdad incuestionable que el
contrato no era de arrendamiento, aunque aclaró que en aquel proceso el juez había
traspasado su competencia al dejarse llevar por la mera denominación del
documento sin analizar a fondo la naturaleza de la relación negocial.

Frente al argumento de la demandada sobre la inexistencia del contrato por
ausencia de solemnidad, el Tribunal fue enfático en señalar que el ordenamiento
jurídico comercial es consensualista (art. 824 C. Co.), por lo que el contrato de
administración de establecimiento comercial no requería escritura pública ni
reconocimiento notarial para existir, siendo suficiente cualquier medio probatorio;
además, calificó esta postura como una deslealtad procesal, pues la demandada
había reconocido expresamente la celebración del contrato en primera instancia y
solo en segunda instancia planteó su inexistencia. En cuanto a la terminación, el
Tribunal encontró probado que la demandante cumplió con el preaviso de treinta
días pactado contractualmente, por lo que la restitución del establecimiento
comercial era una obligación exigible.

La sociedad Moncast Asociados Ltda. solicitó la aclaración38 de esta sentencia, con
el propósito de señalar la falta de claridad en varios apartes de la decisión, y sostuvo
que su argumento relativo a la inexistencia del contrato no constituía una actuación
desleal, por corresponder a la primera actuación procesal surtida en la segunda
instancia. Mediante auto del 14 de octubre de 201439, la Sala Tercera de Decisión
Civil del Tribunal Superior de Medellín negó la solicitud de aclaración, al considerar
que la providencia resultaba clara y que dicho mecanismo no podía utilizarse para
reabrir el debate jurídico ni para efectuar un ejercicio didáctico del fallo.

15. Por último, obra copia de la sentencia de primera instancia, del 28 de enero de
201540 mediante la cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
negó la acción de tutela interpuesta por la sociedad Moncast Asociados Ltda. (rad.
11001-02-03-000-2014-02908-00), al considerar que la providencia dictada por el
Tribunal no constituía una vía de hecho, dado que sus razonamientos se

la demandante; más no de preposición; de suministro por ésta de sus productos para ser vendido por aquella,
a cambio del pago de un porcentaje (C.de Cio. Art. 968); de obedecimiento de órdenes en referencia a los
aspectos puntuales que se insertan en el escrito que consigna el consentimiento ; en resumen, de ese
cruzamiento de contratos surgieron para los contratantes varias obligaciones con prestación de hacer: lo que
es propio de los contratos atípicos o inominados (…)
38 Ib. pp. 75-77.
39 Ib. pp. 78-84
40 Ib. pp. 85-91

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

sustentaban en una sentencia con efectos de cosa juzgada, proferida por esa misma
Corporación, en la que ya se había definido que el contrato celebrado entre las
partes correspondía a un pacto atípico y eficaz de administración.

Asimismo, la Corte respaldó el reproche de deslealtad procesal, al advertir que
Moncast solo alegó la inexistencia del contrato por falta de solemnidad en la
segunda instancia, cuando ya había vencido la oportunidad para proponer
excepciones, conducta que -concluyó- no resultaba antojadiza ni arbitraria de
sancionar.

16. Expuestas las decisiones aportadas con la demanda y de las cuales se alega la
configuración de un error jurisdiccional, a juicio de la Sala, en el caso de marras no
se reunieron los presupuestos para su configuración. En primer lugar, vale recalcar
que de conformidad al artículo 67 de la Ley 270 de 1996 41, la declaratoria de error
jurisdiccional está supeditada a que el afectado haya interpuesto los recursos de
ley, contra la decisión cuestionada y a que la misma esté en firme.

Ahora bien, en el caso de la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro del radicado 11001-02-03-000-2014-
02908-00, encuentra esta Sala de Decisión que no resulta procedente analizar si la
misma incurrió en un yerro por desconocer el derecho al debido proceso de la
sociedad Moncast Asociados Ltda., habida cuenta de que no fue la providencia que
adquirió firmeza dentro del referido trámite de tutela. En efecto, como se expuso al
examinar la oportunidad del medio de control, dicha decisión fue objeto de
impugnación, la cual fue resuelta por la Sala de Casación Laboral de esa misma
Corporación, mediante sentencia del 4 de marzo de 2015.

Sin embargo, contra esta última decisión no se dirigieron los cargos de la demanda
ni fue aportada por la parte demandante en los términos del artículo 167 del Código
General del Proceso. En tal medida, a juicio de la Sala, no resulta procedente
pronunciarse sobre los posibles yerros en que pudo incurrir la providencia proferida

41 “Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes
presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo
70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una
providencia judicial […] 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme […]”.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, puesto que esta no
adquirió firmeza al haber sido objeto de impugnación.

Tampoco es posible analizar el eventual yerro en el que hubiera podido incurrir la
Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación al resolver la impugnación,
pese a que dicha decisión haya definido de manera definitiva la acción de tutela
interpuesta por Moncast Asociados Ltda. y haya adquirido firmeza, en tanto los
cargos de la demanda no se dirigieron contra dicha providencia, lo que impediría su
estudio so pena de desconocer el principio de congruencia (artículo 281 del CGP42).

17. Ahora bien, frente a las decisiones proferidas dentro del proceso con radicado
05001-31-03-005-2007-00503, la parte demandante reprocha la omisión en la
aplicación de los artículos 526 y 533 del Código de Comercio, que, a su juicio,
imponía declarar la inexistencia del contrato de administración celebrado entre
Moncast Asociados Ltda. y la Organización Terpel S.A., por ausencia de un requisito
ad substantiam actus.

Al respecto, advierte la Sala que las decisiones cuestionadas por error jurisdiccional
no incurrieron en un yerro susceptible de configurar la responsabilidad de la Nación
• Rama Judicial. En efecto, se observa que la negativa a declarar la inexistencia del
contrato de administración, con fundamento en lo preceptuado en los artículos 526
y 533 del Código de Comercio, fue un asunto abordado en las decisiones criticadas,
sin que la argumentación contenida en ellas configurara un error que permitiera
calificarlas como caprichosas, arbitrarias o subjetivas.

18. Sea primero aclarar que la providencia del 9 de septiembre de 201443, proferida
por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Civil, resolvió el
recurso de apelación interpuesto por la sociedad Moncast Asociados Ltda. contra la
sentencia del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín del 3 de abril de 2014, y
adquirió firmeza (ver ut supra). En consecuencia, resulta procedente para la Sala

42 (…) Artículo 281. Congruencias La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda
ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le
reconocerá solamente lo último. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo
del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda,
siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. (…).
43 Ib. pp. 52-74.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

realizar el análisis de fondo respecto de dicha decisión, así como del auto que negó
su aclaración, en tanto ambos son susceptibles de configuración de un error
jurisdiccional.

19. En segundo lugar, en el proceso en el cual se predica el error jurisdiccional se
hizo referencia a lo decidido en un proceso ordinario adelantado ante el Juzgado
Doce Civil del Circuito, bajo el radicado 2008-523, y en segunda instancia por la
Sala Primera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, cuyo trámite
motivó la suspensión por prejudicialidad del proceso de restitución de inmueble.
Según se expone en las decisiones que resolvieron la demanda de restitución del
inmueble, en dicho proceso ordinario no se acogieron las pretensiones de Moncast
Asociados Ltda., orientadas a que se declarara la nulidad del contrato de
administración y se le otorgaran al negocio celebrado entre las partes los efectos de
un contrato de arrendamiento, por los siguientes motivos:

(…) Dicha sentencia fue confirmada por providencia del 16 de diciembre de 2013 de
la Sala Primera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín donde se concluyó
lo siguiente: ‘conforme con lo anterior, se concluye que el contrato celebrado entre las
partes no es típico y nominado de arrendamiento sino un contrato atípico e innominado,
denominado de “administración¨ al cual no le son aplicables las normas específicas y
relativas al contrato de arrendamiento comercial por lo que la cláusula de terminación
unilateral plasmada en los contratos de “administración” no resulta anulable atendiendo
lo dispuesto en los artículos 518 y 524 del Código de Comercio, según lo expresado en
la demanda. (…)44

Visto lo anterior, se resalta por la Sala que, en el plenario, no obra la contestación
de la demanda de Moncast Asociados Ltda en el proceso de restitución de inmueble
arrendado dentro del proceso abreviado de restitución de inmueble de radicado
050013103005200700503, ni se aportó el expediente o las sentencias proferidas en
el proceso ordinario conocido bajo el radicado 2008-523. La ausencia de dichas
piezas, impide determinar si los hechos relativos a la presunta inexistencia del
contrato de administración (con fundamento en lo preceptuado 526 y 533 del Código
de Comercio) fueron alegados en la contestación de la demanda o el alcance de los
efectos de la cosa juzgada, con fundamento a lo resuelto en el proceso 200700503,
en el proceso de restitución de inmueble arrendado.

20. Precisado lo anterior, en tercer lugar, la Sala aclara que la competencia del
juez para declarar oficiosamente una excepción, en el proceso donde se profirieron

44 Extracto de la sentencia del 3 de abril de 2014, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín.

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Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

las decisiones señaladas de haber incurrido en error, está delimitada por lo
dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, que dispuso:

(…) Artículo 306.Resolución sobre excepciones. Cuando el juez halle probados los
hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente, en la
sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán
alegarse en la contestación de la demanda.

Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las
pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar las restantes. En este
caso, si el superior considera infundada aquella excepción resolverá sobre las otras,
aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia.

Cuando se proponga la excepción de nulidad o la de simulación del acto o contrato
del cual se pretende derivar la relación debatida en el proceso, el juez se pronunciará
expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean
parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario, se limitará a
declarar si es o no fundada la excepción. (…) (negrilla por fuera del original).

21. Con lo anterior previsto, en la demanda se alegó que el cargo de inexistencia
del contrato de administración (con fundamento en los artículos 526 y 533 del
Código de Comercio) constituía una «excepción de mérito impropia» que, según lo
expuesto en el recurso de apelación, debió ser abordada oficiosamente por los
jueces de instancia. Al respecto, la Sala recuerda que la demanda promovida por la
Organización Terpel S.A. 45 se encaminó a obtener la restitución de la tenencia
(artículo 408‑10 del Código de Comercio) del establecimiento de comercio donde
operaba la Estación de Servicio Terpel “La María”, ante la terminación unilateral del
contrato ejercida por la Organización Terpel S.A.

Si bien, a juicio de la Sala, la declaratoria de inexistencia de dicha relación negocial
(arts. 89746 y 898 ejusdem47) podía constituir un medio exceptivo susceptible de
oponerse a la restitución del inmueble, esta solo podía prosperar en la medida en
que el juez efectuara la conversión del negocio jurídico al efectivamente perseguido
por las partes, con fundamento en el artículo 904 del Código de Comercio48. Ello

45 Las pretensiones de la demanda (reformada) fueron transcritas en auto del 31 de enero de 2008.
46 Artículo 897. Ineficacia de pleno derecho. Cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos,

se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial.
47 «(…) Artículo 898. Ratificación expresa e inexistencia. La ratificación expresa de las partes dando
cumplimiento a las solemnidades pertinentes perfeccionará el acto inexistente en la fecha de tal ratificación,
sin perjuicio de terceros de buena fe exenta de culpa.

Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley
exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales. (…)»
48 (…) Artículo 904. Transformación de contrato nulo: El contrato nulo podrá producir los efectos de un contrato

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
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Proceso: Reparación Directa

implicaría reconducir la relación a un contrato cuyo marco jurídico permitiera a
Moncast Asociados Ltda. alegar un derecho subjetivo de carácter exceptivo frente
a la Organización Terpel S.A.S., como ocurre con el contrato de arrendamiento
comercial cuya existencia pretendía que se declarara.

En tal medida, pese a que era susceptible de un pronunciamiento oficioso 49, no se
trataba de un razonamiento ostensible ni manifiesto que pudiera exigírsele al juez,
so pena de incurrir en un error jurisdiccional. En la propia jurisprudencia de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, respecto de la declaratoria
oficiosa de la nulidad absoluta de un contrato, se ha condicionado dicha facultad a
que el vicio sea manifiesto y ostensible 50 . Extendido este razonamiento a la
facultad oficiosa de los jueces para reconocer una excepción, no puede calificarse
de arbitraria o caprichosa la decisión que no la declare cuando las circunstancias
de hecho que podrían configurarla no resultan manifiestas, evidentes y claras, y
cuando su identificación exige un proceso hermenéutico complejo.

diferente, del cual contenga los requisitos esenciales y formales, si considerando el fin perseguido por las
partes, deba suponerse que éstas, de haber conocido la nulidad, habrían querido celebrar el otro contrato. (…).
49 En relación con la posibilidad de pronunciar oficiosamente excepciones, la Sala Casación Civil de la Corte

Suprema de Justicia, ha referido que no vulneran el principio de congruencia siempre y cuando los hechos sobre
los cuales se sustenta el pronunciamiento no se funde en hechos que el juzgador inventa o imagina. Al respecto
ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de abril de 2024, SC663-2024,rad n°
25899-31-03-002-2015-00367-0, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque [ Fundamento de derecho 2.1](…) A partir
de esta normatividad, jurisprudencia y doctrina han establecido que el vicio de incongruencia adopta la
modalidad objetiva cuando, desentendido de esos mandatos, el juez concede en exceso lo pedido sin
encontrarse autorizado (ultra petita); omite resolver alguna pretensión o las excepciones de mérito propuestas,
o deja de reconocer las que admiten pronunciamiento oficioso (mínima petita); o decide aspectos que no fueron
materia del litigio, incluida la declaración de prescripción, nulidad relativa y/o compensación, cuya formulación
es de exclusiva incumbencia de las partes (extra petita). Por otro lado, el yerro adquiere un cariz fáctico cuando
el fallador decide con apoyo en hechos que «imagina o inventa», al margen de aquellos en que los contendientes
fundaron sus aspiraciones (SC362 de 2023, SC312 de 2023).
En relación con este último defecto, la Corte ha predicado que «…tiene cabida cuando, producto de una
imaginación judicial, la sentencia termina transformando los hechos sometidos a controversia, en otros
distintos», (CSJ SC 070 18 ag. 2008, exp.C-4851, reiterada en SC 6037-2015), y más recientemente que se
presenta cuando hay un «completo alejamiento del fallo con la plataforma fáctica invocada en la demanda y
contestación» (SC1641-2022), con lo cual ha significado «que el juzgador resuelve el proceso con total y
absoluto desconocimiento de los fundamentos de hecho esgrimidos por su gestor, esto es, soportado en una
causa petendi en verdad inexistente, fruto de su inventiva, en tanto que hace caso omiso de los planteamientos
en los que aquél respaldó la acción» (SC042-2022, reiterada en SC2850-2022).(…)
50 Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Civil, M.P. Arturo Solarte Rodríguez, Sentencia del cinco 5 de

agosto de dos mil catorce 2014, Rad. SC10326-2014, Rad. 25307-31-03-001-2008-00437-01 «(…) Reza el
artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, en lo pertinente, que “[l]a
nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de
manifiesto en el acto o contrato; (…). Sin duda, la norma otorga a los juzgadores de instancia la facultad oficiosa
y, simultáneamente, les impone el deber de pronunciarse en la sentencia con la que resuelvan el asunto
sometido a su composición, sobre la nulidad absoluta de los actos o contratos que se hayan hecho valer en él,
con la condición expresa de que el vicio de que adolezcan aparezca de manifiesto, esto es, de manera
ostensible o evidente, en ellos.(…)». [Cargo segundo, Fundamento de Derecho 3]

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
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Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

22. Ahora bien, en el asunto resuelto mediante la sentencia del 9 de septiembre
de 2014, proferida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión
Civil, se analizó de manera amplia la calificación jurídica del contrato celebrado
entre las partes y el alcance de las obligaciones pactadas. Se destaca que,
conforme se registró en la sentencia de primera instancia obrante en el plenario, en
la contestación de la demanda la sociedad Moncast Asociados Ltda. alegó la
inexistencia del contrato de administración con fundamento en tres cargos
distintos51, sin que en dicha oportunidad se invocaran los artículos 526 y 533 del
Código de Comercio.

Si bien no obran en el expediente los escritos mediante los cuales la parte
demandante interpuso y sustentó el recurso de apelación, de la síntesis efectuada
por el Tribunal Superior de Medellín se desprende que el cargo relativo a la
inexistencia del contrato de administración, con fundamento en los artículos antes
citados, fue planteado únicamente en la sustentación del referido recurso.

Asimismo, dicho reparo fue examinado en la sentencia de segunda instancia, en la
cual, con apoyo en lo decidido en el proceso ordinario identificado con el radicado
200700503, se descartó la calificación del negocio jurídico como contrato de
administración y, a su vez, se negó su tipificación como contrato solemne. Además,
se precisó que tampoco se trataba de un contrato de preposición —artículos 1332
a 1339 del Código de Comercio—, en tanto no se otorgó a Moncast Asociados Ltda.
facultad de representación alguna. En consecuencia, se concluyó que se trataba de
un contrato atípico, consensual y válido 52 . Finalmente, la decisión calificó como
desleal (art. 71 del CPC53) la conducta procesal del demandado por alegar dicho
vicio únicamente hasta la segunda instancia.

51 Los cargos fueron:(…)1. “Excepción de inexistencia de un contrato de administración sobre el establecimiento

de comercio Estación de Servicio Terpel la María”; 2. Excepción de inexistencia de un contrato de administración
del inmueble en la carrera 64C Nr. 89-112 de Medellín y por contrario, existencia de un contrato de
arrendamiento de inmueble ubicado en la carrera 64C Nro.89-112 de Medellín y por contrario, existencia de un
contrato de arrendamiento de inmueble ubicado en la dirección y destinado a local comercial, de acuerdo con
la aplicación de los artículos 524 y 897 del Código de Comercio Colombiano”; y “3.Excepción de Inexistencia de
un contrato de adhesión que implica que las cláusulas que solo benefician a la parte que las confecciona sean
interpretadas a favor de la parte débil del contrato(…) ”.
52 (…) Mezcla de contrato que no encuadra en el precepto del C.de CIo. Art. 53, que en armonía con el artículo

526.ib ordena a manera de imperativo categórico que los contrato que enlisata reclaman para su existencia la
solemnidad de inserción del consentimiento en escritura pública o
53 (…) Artículo 71. Deberes de las partes y sus apoderados: Son deberes de las partes y sus apoderados: 1.

Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. (…)

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
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Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

Dado el análisis anterior, a juicio de la Sala la demanda, lejos de evidenciar un yerro
susceptible de constituir un error jurisdiccional, revela que su propósito fue impugnar
la hermenéutica o interpretación que las autoridades judiciales otorgaron al contrato
celebrado entre Moncast Asociados Ltda. y Organización Terpel S.A., sin que se
haya demostrado que dicha interpretación fuera arbitraria, caprichosa o ajena a la
libre valoración jurídica que les es propia. Por el contrario, se advierte que la
decisión de instancia no se limitó a calificar como desleal el argumento presentado
por Moncast Asociados Ltda., sino que procedió a examinarlo de fondo y a negarlo,
al concluir que el contrato objeto de la litis era atípico y consensual, razón por la
cual no resultaban aplicables los artículos 526 y 533 del Código de Comercio.

Por consiguiente, los razonamientos expuestos en la demanda y en el recurso de
apelación no resultan suficientes para calificar la decisión del 9 de septiembre de
2014, proferida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Civil,
como caprichosa o arbitraria y, por ende, susceptible de configurar la
responsabilidad de la Nación – Rama Judicial. En efecto, se observa que la
demanda se orientó a reabrir el debate propio de la instancia, asunto que escapa al
alcance del proceso de reparación directa por error jurisdiccional.

23. Adicionalmente, en el plenario no existían elementos probatorios suficientes
para realizar un examen de legalidad de la sentencia respecto de los cargos
propuestos por Moncast Asociados Ltda., toda vez que las decisiones proferidas
dentro del proceso identificado con el radicado 2007‑00503 -en el cual también se
debatió la naturaleza del contrato objeto del proceso abreviado de restitución de
inmueble- no fueron aportadas al expediente.

En efecto, al no haberse controvertido la legalidad de las decisiones referidas y al
encontrarse estas revestidas de la autoridad de la cosa juzgada, lo allí decidido
vinculaba el razonamiento de los jueces en el proceso abreviado de restitución de
inmueble arrendado. Por ello, la prosperidad de las pretensiones de la demanda
exigía su examen, pues lo decidido en el proceso de restitución de inmueble debía
ser coherente con lo resuelto en el proceso ordinario mencionado. En tal medida, al
resultar necesarias para evaluar los cargos de la demanda, correspondía a la parte
demandante asumir la carga de aportarlas -artículo 167 del CGP- para obtener una
sentencia de mérito favorable a sus pretensiones. Por lo tanto, no hay lugar a

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
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Proceso: Reparación Directa

declarar un error jurisdiccional respecto de la sentencia proferida el 9 de septiembre
de 2014 por la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín.

Por último, también se negarán las pretensiones respecto del auto proferido el 16
de octubre de 2014, frente al cual no se formuló un reparo concreto de ilegalidad ni
por error jurisdiccional, ni este se desprende de manera evidente de las pruebas
obrantes en el plenario.

En consecuencia, la Sala se dispondrá a confirmar la decisión proferida por Tribunal
Administrativo del Antioquia, Sala Sexta de Decisión el 18 de julio de 2025 que negó
las pretensiones de la demanda, por los motivos expresados en la presente
decisión.

Costas

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por el Código General del Proceso.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «(…) están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las agencias
en derecho (…)». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas
que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, el
numeral 1 del mismo artículo establece que «se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo
366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las
hubiere.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02617-01 (73.397)
Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

En este sentido, por no haber prosperado el recurso de apelación de la parte
demandante, se le condenará en costas en esta instancia; sin embargo, la Sala no
fijará suma de agencias en derecho en segunda instancia a cargo de esta, por
observarse que, en el desarrollo de esta etapa procesal, la demandada no efectuó
actos de gestión judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de julio de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, por los motivos
expuestos en esta providencia

SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte demandante sin
fijación de agencias en derecho por las razones anotadas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

VF

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Demandante: Moncast Asociados Ltda
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/document
os/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación
escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al
expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema Samai.

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