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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-00162-01

Fecha
24 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-00162-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 20 de octubre de 2020, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió Luz Myriam Sánchez Arboleda en contra de la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. TERCERO. Reconocer personería jurídica a los abogados Carlos Yamid Mustafá Durán9 y Sandra Patricia Duarte Hernández10, en los términos de los poderes conferidos por la Procuraduría General de la Nación11. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-00162-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

24 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00162-01 (0311-2021).
Demandante: Luz Myriam Sánchez Arboleda.
Demandado: Procuraduría General de la Nación.
Tema: Concurso de mérito para la provisión de empleos de
procuradores judiciales. Valoración de la prueba de
antecedentes en la convocatoria 006-2015. Vulneración del
derecho al debido proceso.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 20 de octubre de 2020, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la actora.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la inaplicación de la Resolución nro.
040 del 20 de enero de 2015 —que convocó a concurso público de méritos las
vacantes existentes en los empleos de procurador judicial— y la nulidad de las
Resoluciones nro. 1683 del 27 de junio de 2016 y 345 del 8 de julio del mismo año,
por medio de las cuales se resolvió la reclamación presentada contra el resultado
de la prueba de valoración de antecedentes y se conformó la lista de elegibles para
proveer los cargos de procurador judicial II para la conciliación administrativa,
respectivamente.

3. Como restablecimiento del derecho exigió lo siguiente: i) adicionar quince (15)
puntos correspondientes al título de maestría en derecho que no fue tenida en
cuenta; ii) reclasificar la lista de elegibles; iii) proveer los cargos respetando el
nuevo orden de la lista; iv) nombrarla en el cargo de procuradora judicial II, y v)
reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el
mes de octubre de 2016.

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-00162-01 (0311-2021)
Demandante: Luz Myriam Sánchez Arboleda

4. Asimismo, reclamó la indexación de las sumas que resultaran a su favor, el
cumplimiento de la sentencia en los términos consagrados en el CPACA y la
condena en costas y agencias en derecho.

5. Hechos. La señora Luz Myriam Sánchez Arboleda labora al servicio de la Rama
Judicial desde el año 1990 y, para la fecha de presentación de la demanda, se
desempeñaba como jueza administrativa del circuito de Medellín.

6. Que participó en la convocatoria nro. 006 de 2015, en la que se ofertaron noventa
y cuatro (94) vacantes del cargo denominado procurador judicial, código y grado
EPJ-EC, asignados a la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa.

7. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 de la Resolución nro. 040 de
2015, que asignaba puntaje a los títulos de posgrado en la prueba de valoración de
antecedentes —especialización (7 puntos), maestría (15 puntos), doctorado (30
puntos) y posdoctorado (40 puntos)—, la actora aportó los diplomas
correspondientes a las especializaciones en derecho administrativo y derecho
procesal, así como el acta de grado de una maestría en derecho otorgada por la
Universidad de Antioquia.

8. Este último título tenía énfasis en derecho administrativo; sin embargo, explicó
que no aportó los documentos que acreditaban esa circunstancia, porque la
convocatoria únicamente permitía anexar el diploma o el acta de grado.

9. Igualmente, allegó certificación expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, con la que acreditó más de veinticuatro (24)
años de experiencia laboral. En esas condiciones, estimó que debía obtener
ochenta y nueve (89) puntos en la prueba de valoración de antecedentes; no
obstante, la procuraduría le asignó únicamente setenta y cuatro (74).

10. Comoquiera que el acto mediante el cual se publicó dicho puntaje no explicó las
razones que sustentaban esa calificación, se vulneró su derecho al debido proceso,
en la faceta de contradicción y defensa.

11. Sin embargo, dentro del término previsto interpuso la correspondiente
reclamación, en la que explicó que para ese momento consideraba que la
disminución del puntaje obedecía a la falta de reconocimiento de su experiencia
como jueza penal, pues desconocía que la maestría no había sido valorada. Solo
tuvo conocimiento de esa circunstancia con la expedición de la resolución que
decidió la reclamación.

12. En vista de lo anterior solicitó a la Universidad de Antioquia una certificación en
la que constara que la maestría cursada tenía énfasis en derecho administrativo.

13. Fundamentos de derecho. Se señalaron como vulnerados los siguientes
artículos: 1.°, 13, 29, 53, 125 y 209 de la Constitución Política, así como el 44 de la
Ley 1437 de 2011. Al desarrollar el concepto de violación, expuso que los actos

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Demandante: Luz Myriam Sánchez Arboleda

enjuiciados fueron expedidos con infracción de las normas en que debieron
fundarse y sin la motivación suficiente, como pasa a explicarse.

14. En relación con la primera causal, sostuvo que desconocer la maestría en
derecho con énfasis en derecho administrativo, bajo el argumento de que esa
denominación no figuraba expresamente en la convocatoria, constituye un exceso
ritual manifiesto que vulnera los derechos a la igualdad y al acceso a cargos
públicos.

15. Agregó que al señor Bernardo Cardona Yepes, participante de la Convocatoria
011 de 2015, inicialmente tampoco le fue reconocida una especialización por
razones similares; sin embargo, al resolverse la reclamación presentada se aceptó
la documentación adicional aportada. En su criterio, ello demuestra que el listado
de títulos previsto en la convocatoria no tenía carácter estrictamente taxativo.

16. Bajo ese entendido, afirmó que debía reconocerse la maestría en derecho con
énfasis en derecho administrativo y, como consecuencia, modificarse la lista de
elegibles correspondiente a la Convocatoria 006 de 2015.

17. En cuanto a la segunda causal, manifestó que la ausencia de motivación
respecto de los quince (15) puntos que dejaron de asignársele en la valoración de
antecedentes vulneró su derecho al debido proceso y el principio de publicidad de
los actos administrativos.

18. Contestación de la demanda1. Dentro de la oportunidad legal, la Procuraduría
General de la Nación ejerció su derecho de defensa y contradicción en los
siguientes términos:

19. Expuso que, de conformidad con el literal d) del numeral 45 del artículo 7.º del
Decreto Ley 262 de 2000, corresponde al procurador general de la Nación dirigir y
administrar el sistema de carrera de la entidad, competencia que comprende la
facultad de establecer las reglas del concurso, bajo criterios de igualdad para todos
los aspirantes.

20. En ejercicio de esa atribución, la Resolución nro. 040 de 2015 definió los
postulados para la valoración de antecedentes, entre ellos, la determinación
expresa de los títulos de posgrado susceptibles de puntuación en cada
convocatoria.

21. En ese contexto, indicó que los documentos aportados por la demandante para
acreditar su título de abogada y las especializaciones en derecho administrativo y
derecho procesal cumplieron las exigencias de la convocatoria y, por ello, fueron
tenidos en cuenta al asignar el puntaje correspondiente.

1 PDF «031ED_C01_18ContestaciónDemandaProcuraduríaGeneralDeLaNación», el cual puede ser
descargado en la opción de «Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.

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Demandante: Luz Myriam Sánchez Arboleda

22. Distinta fue la situación de la maestría en derecho con énfasis en derecho
administrativo, pues esa denominación no correspondía a ninguno de los posgrados
expresamente previstos en la convocatoria, razón por la cual no podía ser objeto de
valoración.

23. Así las cosas, sostuvo que la demandante conocía desde el inicio del proceso
de selección las reglas aplicables en la valoración de antecedentes y los títulos de
posgrado susceptibles de puntuación. En esas condiciones, al haberse sometido
voluntariamente a las reglas del concurso, las pretensiones de la demanda no
estaban llamadas a prosperar.

24. Sentencia de primera instancia2. Es la dictada el 20 de octubre de 2020, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte actora, con fundamento en las siguientes
consideraciones:

25. En primer lugar, advirtió que la Constitución Política y la ley atribuyen al
procurador general de la Nación la suprema dirección y administración del sistema
de carrera de la entidad.

26. Señaló que en desarrollo de esa competencia expidió la Resolución nro. 040 de
2015, en la que se establecieron los criterios y puntajes aplicables a la prueba de
valoración de antecedentes.

27. Agregó que al confrontar dicho acto administrativo con el ordenamiento jurídico
superior no se advertía incompatibilidad alguna. Por el contrario, concluyó que la
convocatoria se ajustó al marco constitucional y legal, así como a los criterios fijados
por la Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 2003.

28. En segundo lugar, sostuvo que la maestría en derecho acreditada por la
demandante no cumplía las exigencias previstas en la convocatoria para ser
valorada en la prueba de antecedentes. Explicó que, aunque estaba demostrado
que la señora Luz Myriam Sánchez Arboleda cursó y aprobó dicho programa en la
Universidad de Antioquia, del certificado expedido el 7 de diciembre de 2016 por el
coordinador de Posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, del
diploma de magíster, del trabajo de grado y de la Resolución nro. 16324 del 30 de
septiembre de 2015 no era posible concluir que el posgrado hubiera tenido énfasis
en alguna de las áreas específicas exigidas para el cargo de procurador judicial II
para la conciliación administrativa, ni, particularmente, en derecho administrativo.

29. Por esa razón, indicó que tanto en sede administrativa como en el proceso
judicial correspondía a la demandante aportar los documentos que acreditaran que
el programa de maestría tenía énfasis en alguna de las disciplinas expresamente
previstas en la convocatoria.

2 PDF «053ED_C01_40SentenciaNiegaLasPretensionesDeLaDemanda», ib.

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Demandante: Luz Myriam Sánchez Arboleda

30. Añadió que, de conformidad con el Decreto 1295 de 2010, en Colombia existen
dos modalidades de maestría: investigación y profundización. Si bien la demandante
acreditó que cursó una maestría en profundización, orientada al desarrollo
avanzado de competencias para la solución de problemas y el análisis de
situaciones disciplinares, interdisciplinarias o profesionales mediante la apropiación
de conocimientos y metodologías especializadas, esa circunstancia no permitía
concluir que el programa hubiera tenido énfasis o profundización en derecho
administrativo.

31. En suma, consideró que tampoco se acreditó la vulneración del derecho a la
igualdad frente al señor Bernardo Cardona Yepes, por cuanto el título de posgrado
aportado por este sí correspondía a uno de los expresamente previstos en la
convocatoria y, por esa razón, podía ser objeto de valoración.

32. En tercer lugar, aseguró que la ausencia de motivación individualizada del acto
mediante el cual se publicaron los resultados de la prueba de valoración de
antecedentes no vulneró el derecho al debido proceso de la demandante. Ello, por
cuanto la participante conocía previamente el mecanismo dispuesto por la
Procuraduría General de la Nación para divulgar los resultados de las pruebas y el
procedimiento previsto para formular las reclamaciones correspondientes.

33. Tal situación podía versar tanto sobre los títulos de formación académica como
sobre la experiencia relacionada. En consecuencia, no resultaba admisible afirmar
que la falta de una motivación detallada le hubiera impedido controvertir el resultado
o aportar la documentación que pretendía demostrar el énfasis de la maestría.

34. Finalmente, como la parte actora resultó vencida en el proceso, el tribunal la
condenó al pago de las costas procesales.

35. Recurso de apelación3. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de
la parte demandante la recurrió en apelación con fundamento en los siguientes
argumentos:

36. Sustentó que el verdadero problema jurídico del asunto consistía en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En
su criterio, el hecho de que la Procuraduría General de la Nación no hubiera
explicado, siquiera de manera sumaria, a qué correspondían los setenta y cuatro
(74) puntos obtenidos en la prueba de valoración de antecedentes le impidió aportar
oportunamente los documentos que acreditaban que la maestría en derecho
cursada en la Universidad de Antioquia tenía énfasis en derecho administrativo.
37. Finalmente, solicitó revocar la condena en costas porque la valoración debe
observar una serie de factores —temeridad y mala fe—, los cuales no ocurrieron en
el presente caso.

3 PDF «058ED_C01_45RecursoApelaciónApoderadaDemandante», el cual puede ser descargado en la opción

de «Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.

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Demandante: Luz Myriam Sánchez Arboleda

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

38. La admisión del recurso. Mediante auto del 16 de marzo de 20214 se admitió
la alzada. Posteriormente, a través de la providencia del 12 de julio del mismo año
se corrió traslado para la presentación de los alegatos de conclusión. Dentro de la
oportunidad concedida solo intervino la parte demandante, quien solicitó revocar la
sentencia de primera instancia con argumentos similares a los planteados en el
recurso de apelación.

39. Control de legalidad5. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

40. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,6 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de la referencia.

41. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por la
recurrente, corresponde determinar si:

42. ¿La Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho al debido proceso de
la señora Luz Myriam Sánchez Arboleda al calificar con setenta y cuatro (74) puntos
la prueba de análisis de antecedentes, sin indicar de manera individualizada los
factores y documentos que sustentaron esa calificación?

43. ¿La condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia se
encuentra ajustada a derecho?

44. El caso concreto. Resolución de los interrogantes planteados.

45. Primer interrogante: ¿la Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho
al debido proceso de la señora Luz Myriam Sánchez Arboleda al calificar con
setenta y cuatro (74) puntos la prueba de análisis de antecedentes, sin indicar de
manera individualizada los factores y documentos que sustentaron esa calificación?

46. Para resolver el asunto, es pertinente recordar que la apertura y reglamentación
del proceso de selección para proveer los cargos de procuradores judiciales se
efectuó mediante la Resolución nro. 040 del 20 de enero de 2015. En ese acto se
establecieron las condiciones generales del concurso, los documentos admisibles
para acreditar los estudios y la experiencia, los criterios de valoración de

4 Actuación visible en el índice 5 de la plataforma SAMAI.
5 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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antecedentes, la forma de publicación de los resultados y el procedimiento para
presentar reclamaciones, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO TERCERO: CONVOCATORIA. La convocatoria es la norma
reguladora de este concurso y permite informar a los posibles aspirantes: la fecha
de apertura de inscripciones, la identificación y ubicación inicial de los empleos, el
propósito principal, los requisitos, funciones esenciales, las pruebas a aplicar, las
condiciones para el desarrollo de las distintas etapas, los requisitos para la
presentación de documentos y demás aspectos concernientes al proceso de
selección, reglas que son obligatorias tanto para la administración como para los
participantes.

[…]

ARTÍCULO OCTAVO: DOCUMENTACIÓN PARA ADJUNTAR DURANTE LA
FASE DE INSCRIPCIÓN. En la fase de inscripción, los aspirantes deben anexar en
el aplicativo web, de conformidad con lo dispuesto en el instructivo respectivo y las
reglas del proceso de selección, los archivos electrónicos de los documentos y/o
certificaciones, tanto para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos al empleo seleccionado, como para demostrar los estudios y
experiencia profesional adicional que tengan por objeto la asignación de
puntaje en la prueba de análisis de antecedentes.

En el aplicativo es necesario diligencias el formulario de inscripción, previa la
revisión y aceptación de las reglas del proceso.

Los documentos que se deben adjuntar en este módulo son los siguientes:

a. Copia de la cédula de ciudadanía. En el evento que la cédula esté en trámite,
se debe adjuntar copia del comprobante (contraseña) expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que aparezca la foto e impresión
dactilar del aspirante y la firma del funcionario correspondiente.

b. Documentos que acreditan los títulos de estudio. Se debe allegar copia del
diploma, acta de grado o tarjeta profesional. Si dicho título es obtenido en el
exterior es necesario aportar copia del diploma y del acto administrativo de
convalidación expedido por las autoridades públicas competentes, de
conformidad con las disposiciones aplicables.

c. Certificados de experiencia profesional.

ARTÍCULO NOVENO: FORMA DE ACREDITAR Y PRESENTR DOCUMENTOS
DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA REQUISITOS MÍNIMO Y
LA PRUEBA DE ANÁLISIS DE ANTECEDENTES. Los soportes, certificaciones,
constancias y/o documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de los
requisitos mínimos exigidos para el ejercicio de los empleos ofertados y los relativos
a títulos de estudios y experiencia profesional adicionales que tengan por objeto la
asignación de puntaje en la prueba de análisis de antecedentes se deben adjuntar
en el módulo de inscripción, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas que
se determinen en el instructivo respectivo y las siguientes disposiciones:

1. Estudios:

El requisito de estudio mínimo exigido para los cargos de procurador judicial I (3PJ-
EG) y Il (3PJ-EC) es el título de abogado expedido o revalidado conforme a la ley.
Para la acreditación del mismo, el participante debe allegar copia del diploma o
acta de grado, expedidos por institución de educación superior autorizada, o la
respectiva tarjeta profesional.

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Con el fin de acreditar los títulos de posgrado del nivel profesional (especializaciones
maestrías, doctorados y posdoctorados) que pueden ser objeto de puntaje en la
prueba de análisis de antecedentes se debe adjuntar copia del diploma o acta de
grado emitidos por institución de educación superior autorizada, de acuerdo con las
condiciones previstas en esta Resolución.

Los títulos de estudios otorgados en el exterior solo serán valorados en este
concurso mediante la presentación de la copia del diploma y del correspondiente
acto administrativo de convalidación proferido por las autoridades públicas
competentes, según las disposiciones legales aplicables.

En ningún caso se aceptan órdenes de matrícula ni recibos de pago de ésta o de
derechos de grado, estudiantiles o similares, ni reportes de notas, certificados de
asistencia o de aprobación o terminación de materias, ni los demás documentos
irrelevantes que no correspondan a los indicados o que no cumplan con los
requisitos exigidos en este acto administrativo.

2. Experiencia profesional:

[…]

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: PRUEBA DE ANÁLSIS DE ANTECEDENTES. Es
una prueba de carácter clasificatorio que tiene por objeto evaluar los títulos de
estudios de posgrado y la experiencia profesional adicionales, que sean adjuntados
en el módulo de inscripciones o que reposen en su hoja de vida laboral si se trata
de servidores de la Entidad, así como los libros presentados en original y en físico
por los concursantes que superen la prueba de conocimientos, en la fecha y lugar
que se establezcan en el aviso respectivo.

La prueba de análisis de antecedentes corresponde al 20% del total del concurso y
se califica de cero (0) a cien (cien (100) puntos máximo (sic), según las reglas y
puntajes indicados en esta Resolución.

Al momento de la prueba de análisis de antecedentes se revisan nuevamente el
título de estudio y la experiencia profesional que acreditan el cumplimiento de los
requisitos mínimos del cargo; si se establece que dichos requisitos no fueron
soportados por los concursantes según las condiciones en esta Resolución se
procederá a la exclusión.

Los títulos de estudios y experiencia profesional exigidos como requisitos mínimo
(sic) para ejercer los empleos objeto de la convocatoria respectiva no otorgan
puntaje en la prueba de análisis de antecedentes. En esta prueba solo se puntúan
los títulos estudios, experiencia profesional relacionada y publicaciones de libros que
se acrediten con el lleno de los requisitos exigidos para este concurso.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: CRITERIOS Y VALORES DE PUNTUACIÓN EN
LA PRUEBA DE ANÁLSIS DE ANTECEDENTES. Dentro de esta prueba se
valorarán dos criterios:

1. Títulos de posgrado.
2. Experiencia profesional relacionada adicional y publicaciones de libros.

1. Títulos de posgrado

Por el criterio de posgrado se puede obtener un máximo de 40 puntos en la prueba
de análisis de antecedentes.

[…]

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Los puntajes se asignan de la siguiente manera:

a) Por cada título de especialización 7 puntos
b) Por cada título de maestría 15 puntos
c) Por cada título de doctorado 30 puntos
d) Por cada título de posdoctorado 40 puntos

En la prueba de análisis de antecedentes únicamente se otorga puntaje a los
posgrados (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados en derecho)
que sean específicos respecto de la convocatoria y empleo correspondiente, para lo
cual se aplicará la siguiente tabla:

CARGOS POR ÁREA TÍTULOS DE POSGRADOS PARA PUNTAJE POR
DE TRABAJO Y ÁREA DE TRABAJO
CONVOCATORIAS
PROCURADORES DERECHO ADMINISTRATIVO: CONTENCIOSO
JUDICIALES PARA ADMINISTRATIVO; DERECHO PROCESAL PÚBLICO;
LA CONCILIACIÓN DERECHO PÚBLICO; GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA;
ADMINISTRATIVA DERECHO TRIBUTARIO; DERECHO DE LA HACIENDA
(Convocatorias 006 PÚBLICA; DERECHO PÚBLICO ECONÓMICO;
y 013 de 2015) DERECHO PÚBLICO FINANCIERO; DERECHO
ELECTORAL O RÉGIMEN O LEGISLACIÓN ELECTORAL;
CONTRATACIÓN ESTATAL O PÚBLICA;
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y
EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO;
RESPONSABILIDAD ESTATAL O DEL ESTADO;
RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE;
RESPONSABILIDAD LEGAL MÉDICA Y DE
INSTITUCIONES DE SALUD; RESPONSABILIDAD
MÉDICA O LEGAL MÉDICA; DERECHO DE LA
RESPONSABILIDAD O DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL;
DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL; FUNCIÓN
PÚBLICA; REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
O EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS;
ARBITRAJE O ARBITRAMENTO O LITIGIO ARBITRAL
NACIONAL; DERECHO DE LAS
TELECOMUNICACIONES; DERECHO MINERO Y DE
PETROLEOS; DERECHO MINERO; DERECHO EN
NEGOCIO MINERO; DERECHO URBANO O
URBANÍSTICO. (Nacional).

Los siguientes títulos de posgrados otorgan puntaje para los cargos de todas las
convocatorias (001 a 014 de 2015):

DERECHO CONSTITUCIONAL; CIENCIAS CONSTITUCIONALES; DERECHOS
FUNDAMENTALES; DERECHO EN INSTITUCIONES JURÍDICAS PROCESALES;
DERECHO PROCESAL; DERECHO PROCESAL CONTEMPORÁNEO; DERECHO
PROCESAL Y PRUEBAS JUDICIALES; DERECHO EN GARANTÍAS
PROCESALES Y PRUEBAS; DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL;
DERECHO SUSTANTIVO Y CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL; DERECHO
PROBATORIO; DERECHOS HUMANOS; DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS; DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO;
DEFENSA, PROMOCIÓN Y/O PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS;
DERECHO DISCIPLINARIO; CONCILIACIÓN.

[…]

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-00162-01 (0311-2021)
Demandante: Luz Myriam Sánchez Arboleda

Parágrafo primero: Para asignar puntaje en la prueba de análisis de antecedentes,
solo se tienen en cuenta los títulos de estudios obtenidos y la experiencia profesional
relacionada adquirida con posterioridad a la obtención del correspondiente título de
abogado (incluida experiencia docente y publicaciones de libros) y hasta el día de
cierre de la fase de inscripción, siempre que sean acreditados con los documentos
y en la forma señalada en este acto administrativo. Las certificaciones y documentos
que no cumplan con las condiciones establecidas en este acto administrativo no
serán tenidas en cuenta para el desarrollo del proceso, no darán lugar a puntaje y
no podrán ser objeto de posterior complementación.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE CADA
UNA DE LAS PRUEBAS APLICADAS. La publicación de los resultados
individuales de cada una de las tres pruebas se hará en la página web de la Entidad,
a través del aplicativo electrónico diseñado para consulta personal, para lo cual el
participante digitará los números de inscripción y de cédula de ciudadanía y/o los
demás datos personales que el sistema requiera para la identificación.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: RECLAMACIONES RESPECTO DE LAS
PRUEBAS O INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN. Dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes a la publicación de los resultados de cada una de las tres pruebas, los
concursantes solo pueden presentar reclamaciones a través del módulo electrónico
dispuesto por la Entidad, debidamente sustentadas y dirigidas al Jefe de la Oficina
de Selección y Carrera. Para resolver las reclamaciones no se tendrán en cuenta
los documentos que no hubieren sido adjuntados en el aplicativo de inscripción…»

47. De dicha regulación se destacan varios aspectos: i) la convocatoria constituía
la norma reguladora del concurso y era obligatoria tanto para la administración como
para los participantes; ii) en la prueba de análisis de antecedentes únicamente se
valoraban los títulos de posgrado específicos para el área y el empleo
seleccionados, así como la experiencia profesional relacionada adicional y las
publicaciones de libros; iii) los títulos de posgrado debían acreditarse durante la
fase de inscripción mediante el diploma o el acta de grado; iv) se permitió el aporte
de documentos adicionales a los diplomas o actas de grado para la sumatoria de
puntos en cuanto a los estudios realizados; v) los documentos no aportados
oportunamente no podían ser objeto de posterior complementación; vi) los
resultados individuales serían publicados en el aplicativo dispuesto por la entidad,
sin que se hubiera previsto expresamente un desglose de cada documento
valorado; y vii) los participantes podían formular reclamaciones contra los
resultados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su publicación.

48. En el sub examine, no existe controversia respecto de que la señora Luz Myriam
Sánchez Arboleda participó en la convocatoria 006-2015, destinada a proveer 94
cargos de procurador judicial II en la Procuraduría Delegada para la Conciliación
Administrativa, y que ocupó el puesto ciento once (111) en la lista de elegibles
conformada mediante la Resolución nro. 345 del 8 de julio de 20167.

49. La inconformidad de la apelante se circunscribe a que la entidad publicó el
resultado de la valoración de antecedentes —setenta y cuatro (74) puntos— sin
explicar a qué títulos o periodos de experiencia correspondía esa calificación. Según

7 Carpeta «56ED_C01_CD01_FOLIO 201A», contentivo del expediente digital el cual puede ser descargado en

la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.

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Demandante: Luz Myriam Sánchez Arboleda

manifestó, esa circunstancia la llevó a formular la reclamación respecto de la
experticia profesional, pues solo conoció que la maestría en derecho no había sido
valorada cuando se expidió la Resolución nro. 1683 del 27 de junio de 2016.

50. En criterio de la Sala, no es de recibo la pretensión de la recurrente, pues la
convocatoria no exige la depuración del puntaje obtenido. En efecto, el artículo
décimo octavo de la Resolución nro. 040 de 2015 dispuso que los resultados
individuales de las pruebas serían publicados en la página web de la entidad, a
través del aplicativo electrónico de consulta personal, sin establecer que dicha
divulgación debía contener una explicación individualizada o un desglose de cada
título o certificación valorada. A su vez, el artículo décimo noveno contempló
expresamente la posibilidad de formular reclamación contra el resultado dentro de
los dos (2) días hábiles siguientes, mecanismo mediante el cual la concursante
podía solicitar la revisión de la calificación y controvertir la valoración efectuada,
situación que en efecto ocurrió.

51. La Sala comparte las consideraciones del tribunal, en tanto que la prueba de
análisis de antecedentes estaba conformada por criterios previamente definidos y
conocidos por los participantes, concretamente los títulos de posgrado, la
experiencia profesional relacionada adicional y las publicaciones de libros. Por
tanto, la demandante se encontraba en posibilidad de controvertir el resultado
respecto de cualquiera de esos factores mediante la reclamación prevista en el
artículo décimo noveno de la convocatoria.

52. Recuérdese que el mecanismo de reclamación tenía por finalidad que los
participantes pudieran solicitar la revisión de la calificación obtenida y exponer las
razones por las cuales consideraban que alguno de los documentos oportunamente
aportados no había sido valorado o había recibido un puntaje incorrecto. La señora
Sánchez Arboleda hizo uso de ese instrumento, de modo que la publicación del
resultado global no le impidió ejercer su derecho de contradicción.

53. En todo caso, la ausencia de un desglose individualizado no fue la circunstancia
que le impidió allegar los documentos con los cuales pretendía demostrar el énfasis
de la maestría. De acuerdo con las reglas de la convocatoria, todos los soportes
académicos y laborales que los aspirantes pretendieran hacer valer debían
aportarse durante la fase de inscripción, y los documentos omitidos en esa
oportunidad no podían ser complementados posteriormente ni tenidos en cuenta al
resolver las reclamaciones.

54. Así las cosas, el derecho de contradicción permitía cuestionar la valoración de
los documentos aportados dentro del término previsto, pero no habilitaba a la
participante para completar, mejorar o adicionar su inscripción después de conocer
el puntaje obtenido. Admitir lo contrario desconocería el carácter vinculante de la
convocatoria y otorgaría a la demandante una oportunidad adicional frente a los
demás participantes, con afectación de los principios de igualdad, transparencia y
mérito.

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55. Por consiguiente, incluso si se estimara deseable una explicación más detallada
del resultado, esa circunstancia únicamente podría justificar la revisión o aclaración
de la calificación con fundamento en los documentos oportunamente aportados,
pero no la recepción de nuevos elementos probatorios destinados a acreditar
posteriormente el contenido o énfasis de la maestría.

56. De otra parte, la Sala se abstendrá de estudiar la presunta vulneración del
derecho a la igualdad, toda vez que en el recurso de apelación la parte recurrente
no explicó de qué manera concreta se produjo su desconocimiento, ni identificó el
trato diferenciado alegado, los sujetos objeto de comparación o las razones por las
cuales dicho tratamiento carecería de justificación. En consecuencia, la sola
invocación de ese derecho, desprovista de una carga argumentativa mínima, no
permite efectuar un pronunciamiento de fondo.

57. En consecuencia, este cargo no prospera.

58. Segundo interrogante: ¿la condena en costas impuesta en primera instancia
se encuentra ajustada a derecho?

59. Pues bien, pese a lo afirmado por el apoderado de la parte demandante, pone
de presente la Sala que la condena en costas impuesta en la sentencia del 20 de
octubre de 2020 se ajustó al criterio objetivo-valorativo vigente para la época de su
expedición. Además, dicho discernimiento no fue desplazado por el enfoque
subjetivo incorporado posteriormente por la Ley 2080 de 2021, tal como lo ha dejado
claro esta Subsección en múltiples decisiones, entre ellas, la del 22 de mayo de
20268. En consecuencia, se confirmará la imposición de la condena en costas.

60. Corolario, y dado que el recurso de apelación no alcanzó el fin pretendido por
la parte actora, se confirmará la sentencia impugnada.

61. Condena en costas en esta instancia. La modificación del artículo 188 del
C.P.A.C.A., efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

62. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del C.P.A.C.A. se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del C.G.P.

8 C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, expediente nro. 20001-23-33-000-2022.00299-01 (0779-2025).

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63. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.

64. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto en la
presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en el recurso de
apelación por ella presentado. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 20 de octubre de 2020, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la
demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovió Luz Myriam Sánchez Arboleda en contra de la Procuraduría
General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de este
proveído.

SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta
instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

TERCERO. Reconocer personería jurídica a los abogados Carlos Yamid Mustafá
Durán9 y Sandra Patricia Duarte Hernández10, en los términos de los poderes
conferidos por la Procuraduría General de la Nación11.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

9 Identificado con la cédula de ciudadanía nro. 13.511.867 y tarjeta profesional nro. 123.757 del Consejo
Superior de la Judicatura
10 Identificado con la cédula de ciudadanía nro. 51.997.263 y tarjeta profesional nro. 190.461 del Consejo

Superior de la Judicatura
11 Visible en los índices 13 y 17 de la plataforma SAMAI.

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Demandante: Luz Myriam Sánchez Arboleda

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
consejeros de Estado en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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