Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-00314-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2017-00314-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-00314-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-00314-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
Demandante: Luis Eduardo Correa Arboleda
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Tema: Reliquidación pensional Decreto 546 de 1971 con el 75%
de la asignación mensual más elevada devengada en el
último año de servicio. MODIFICA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023) por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Luis Eduardo Correa Arboleda interpuso demanda en contra de
Colpensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución VPB 20917 del 10 de mayo de
2
2016 . A título de restablecimiento del derecho se ordene reliquidar y pagar la
pensión de vejez, «con sustento en el artículo 9.° de la Ley 71 de 1988, y 150 de la
Ley 100 de 1.993, concordante con el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971» tomando
como base salarial la asignación mensual más elevada devengada en el último año
de servicio anterior al retiro definitivo, entre el 1 de febrero de 2015 y el 31 de enero
de 2016, con la inclusión de los siguientes factores: «sueldo básico [100 %]
Bonificación por servicios prestados [1/12] Prima especial de servicios [100 %] Bonificación
judicial [100 %] prima de servicios [1/12] Bonificación actividad judicial junio [1/12]
1 Se advierte que el 4 de diciembre de 2024, el magistrado ponente manifestó impedimento para conocer del
asunto, el cual fue declarado infundado mediante providencia del 29 de enero de 2026, visible a índice 19.
2 «Por la cual se resuelve un recurso de apelación […] y se ordena el ingreso a nómina de una pensión de
vejez».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
Bonificación actividad judicial diciembre [100 %] Prima de vacaciones [100 %] Vacaciones
[100 %] Prima de navidad [100 %]».
3. Condenar a la entidad a reajustar anualmente la mesada, conforme al IPC.
Cancelar el valor de las diferencias de las mesadas pensionales adeudadas a partir
del 1 de febrero de 2016, teniendo en cuenta el valor de la mesada adicional del
mes de noviembre.
4. Que se cancelen los intereses moratorios previstos en los artículos 141 de la
Ley 100 de 1993 y 88 de la Ley 1328 de 2009 y se dé cumplimiento a la sentencia,
conforme a los artículos 192 a 195 del CPACA y se condene en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que laboró tanto en el sector privado como en el público, así: en Fabricato,
del 9 de mayo de 1978 al 23 de octubre de 1987; en el municipio de Bello, del 24 de
octubre de 1987 al 1 de agosto de 1993; en la Procuraduría General de la Nación,
del 3 de agosto de 1993 al 30 de octubre de 2001; y en la Rama Judicial, del 2 de
noviembre de 2001 al 31 de enero de 2016.
6. Que el extinto Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión conforme
al artículo 6 del Decreto 546 de 1971, en virtud del régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, el cual se hizo efectivo mediante las Resoluciones 033866
del 12 de diciembre de 2011 y 014208 del 22 de mayo de 2012.
7. Que el 9 de febrero de 2016, solicitó la inclusión en nómina de pensionados,
a partir del 1 de febrero de 2016 y la reliquidación de la prestación, según el artículo
9 de la Ley 71 de 1988, concordante con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
8. Que por Resolución 74305 del 9 de marzo de 2016, Colpensiones declaró
perdida de competencia para resolver, al encontrar que se presentó una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia, bajo el radicado: 05001-23-33-000-2013-00019-00.
9. Que interpuso recurso de apelación advirtiendo que el referido proceso tenía
como fin «el pago de un retroactivo pensional adeudado entre la fecha del
cumplimiento del estatus, más la inclusión de la prima especial de servicios»,
situación distinta a la que aquí se reclama.
10. Que por Resolución VPB 20917 del 10 de mayo de 2016, Colpensiones
modificó la resolución expedida el 9 de marzo de 2016, ordenó el ingreso a nómina
y determinó el valor de la mesada en el monto de $ 4.856.669, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según las reglas fijadas por las
sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, relativas al IBL. Frente a la petición
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
de aplicar el Decreto 546 de 1971, estimó que carecía de competencia para
pronunciarse.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
11. Considera violados los artículos: 1, 2, 4, 11, 13, 23, 25, 29, 42, 43, 44, 45, 48,
53, 85, 93, 150 numeral 19, literal e), 209 y 366 de la Constitución Política; 26 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 5, 6, 9 y 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 2 y 9 del Protocolo
de San Salvador, 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados; 19,29, 34 y 37 de la Ley 49 de 1919; 6 del Decreto 546 de 1971; 1 del
Decreto 1660 de 1978; el parágrafo transitorio 2.º del Acto Legislativo 01 de 2005;
9 de la Ley 71 de 1988; 11, 13, 36, 141, 150, 272 y 288 de la Ley 100 de 1993.
12. Sostuvo que la posición adoptada por Colpensiones en la Resolución VPB
20917 del 10 de mayo de 2016 no se ajustaba a derecho, pues modificó la forma de
determinar IBL con fundamento en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015
de la Corte Constitucional, desconociendo la liquidación de la prestación que
previamente había efectuado el extintito ISS, con fundamento en el Decreto 546 de
1971, y que había sido reconocida en las Resoluciones 0033866 del 12 de diciembre
de 2011 y 014208 del 22 de mayo de 2012. A su juicio, tal actuación vulneró el
debido proceso y el principio de respeto del acto propio.
13. Que, al ser beneficiario del régimen de transición, debió acogerse en su
integridad el régimen anterior, en virtud del principio de inescindibilidad, por lo que
no es procedente acudir a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 ni a los
factores previstos en el Decreto 1158 de 1994. Como sustento citó, entre otras, las
sentencias del 20 de octubre de 20053 y del 12 de septiembre de 20144.
14. Que también se afectaron los derechos al mínimo vital y al reajuste oportuno
y periódico de la pensión, que ocurre con el retiro del cargo, por cuanto, en lugar de
conservar el monto calculado por el ISS, la demandada fijó la cuantía mediante un
sistema y promedio distintos.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
15. El 24 de marzo de 2017 fue admitida la demanda. La entidad5 considera que
las pretensiones no estaban llamadas a prosperar, por cuanto los actos
administrativos demandados se ajustaron a la normativa y jurisprudencia aplicables.
Que el régimen de transición conserva la edad, el tiempo de servicio y el monto de
la pensión, mas no las reglas relativas a la determinación del IBL, que debe
establecerse conforme a las reglas de la Ley 100 de 1993 y con los factores
3 «Véase: Sección Segunda, Subsección A, del 20 de octubre de 2005, radicado, 3701-04, con ponencia de la
doctora Ana Margarita Olaya Forero, entre otras».
4 «[…] sentencia de unificación de 12 de septiembre de 2014, Expediente N° 25000-23-42-000-2013-00632-01
(1434-2014)».
5 Folios 104 a 130.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994, siempre que sobre ellos se
hubieran efectuado las cotizaciones. Invocó las sentencias C-258 de 2013 y SU-230
de 2015, para señalar que, aunque reconocía la existencia de la postura del Consejo
de Estado, conforme a la cual el «monto» comprende tanto la tasa de reemplazo
como la base de liquidación, se apartaba de aquella, dado que las sentencias que
profiere la Corte Constitucional tienen el valor de cosa juzgada constitucional y son
de obligatorio cumplimiento.
16. Finalmente, alegó la existencia de un proceso judicial anterior, bajo el
radicado 05001-23-33-000-2013-000-1900, que involucraba las mismas partes y
pretensiones y se encontraba pendiente de decisión en segunda instancia.
17. Propuso como excepciones las de «inexistencia de la obligación de reliquidar
la pensión de vejez con el IBL del promedio del último año de servicio», «inexistencia
de la obligación de reliquidar la pensión con factores salariales no reportados»,
«cobro de lo no debido», «pago y compensación», «improcedencia de la indexación
de las condenas», «buena fe», «imposibilidad de condena en costas» y
«prescripción».
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
18. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del veinticuatro
(24) de mayo de dos mil veintitrés (2023)6, declaró la nulidad parcial de la
Resolución VPB 20917 del 10 de mayo de 2016, al considerar que era necesario
realizar una reliquidación conforme con las reglas de la sentencia de unificación del
11 de junio de 2020. Declaró probada parcialmente la excepción de pleito pendiente
únicamente con relación a la inclusión de la prima especial de servicios como factor
salarial. Para ello, estableció que en el proceso con radicado 05001-23-31-000-
2013-000-1900, que se encontraba pendiente para fallo ante el Consejo de Estado,
existía identidad de partes y de objeto respecto de dicha pretensión, al estar
encaminadas ambas demandas a obtener el reajuste con la inclusión de dicho
emolumento.
19. No obstante, precisó que aquella no se extendía a las demás pretensiones,
por cuanto el proceso anterior tenía por objeto la nulidad parcial de las Resoluciones
033866 de 2011 y 014208 de 2012 expedidas por el ISS, relacionadas con el
reconocimiento inicial de la pensión en aplicación del régimen contenido en el
Decreto 546 de 1971, para efectos de que se incorporara la prima especial de
servicios y se pagara la prestación con efectos fiscales desde la adquisición del
estatus el 22 de octubre de 2010; mientras que el presente proceso se dirigía contra
la Resolución VPB 20917 del 10 de mayo de 2016 proferida por Colpensiones con
la finalidad obtener la reliquidación con base en la asignación más alta del último
año de servicio, antes del retiro que se produjo en febrero de 2016, y la inclusión de
los factores salariales devengados durante dicho período, entre los cuales se
6 Índice 46 de SAMAI del tribunal.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
encuentra la prima especial de servicios.
20. Determinó que el señor Luis Eduardo Correa Arboleda era beneficiario del
régimen de transición, por cuanto para la entrada en vigencia del Sistema General
de Pensiones contaba con más de quince años de servicio o cotizaciones. En
consecuencia, estableció que su situación pensional se encontraba sometida al
régimen anterior, esto es, al Decreto 546 de 1971.
21. Frente a la forma de determinar el ingreso base de liquidación, acogió la
interpretación conforme a la cual, tratándose de beneficiarios del régimen de
transición, el IBL debía establecerse con arreglo a las disposiciones de la Ley 100
de 1993, sin perjuicio de la aplicación de la tasa de reemplazo prevista en el régimen
anterior, en virtud de lo dispuesto en la sentencia de unificación de esta
corporación7. En ese sentido, consideró que la pensión debía calcularse sobre el
promedio de lo devengado durante los diez años anteriores al retiro, conforme al
artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
22. Expresó que, si bien la prima de servicios, las primas de navidad y de
vacaciones y las vacaciones no constituían factores de aporte para el cálculo de las
cotizaciones al Sistema General de Pensiones, ni bajo la vigencia del Decreto 546
de 1971 ni bajo el Decreto 1158 de 1994, se encontraba acreditado que había
devengado la bonificación judicial y la bonificación por actividad judicial, conceptos
que, conforme a la sentencia citada, constituían factores salariales integrantes del
IBL.
23. Ordenó a la entidad reliquidar la pensión aplicando una tasa de reemplazo
del 75% sobre el IBL correspondiente al promedio de lo devengado durante los diez
años anteriores al 1.º de febrero de 2016, incluyendo los emolumentos previstos en
el Decreto 1158 de 1994, la bonificación por actividad judicial y la bonificación
judicial que «hacen parte de la base para calcular las cotizaciones al Sistema
General de Pensiones de quienes disfrutan del régimen de transición y están
cobijados por el Decreto 546 de 1971, siempre y cuando sobre los mismos se
hubiesen realizado los respectivos aportes o cotizaciones al sistema».
24. En relación con la prescripción, concluyó que no había operado dicho
fenómeno, toda vez que el retiro del servicio ocurrió el 1 de febrero de 2016, la
solicitud de reliquidación fue presentada el 9 de febrero de 2016 y la demanda fue
instaurada el 31 de enero de 2017, sin que hubieran transcurrido tres años desde la
exigibilidad del derecho reclamado. Finalmente, negó las demás pretensiones de la
demanda y se abstuvo de imponer condena en costas.
7 «[…] En cuanto a factores, se atienden las previsiones del Decreto 1158 de 1994, al igual que por los artículos
14 de la Ley 4ª de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1° del Decreto 610 de 1998; 1° del Decreto
1102 de 2012; 1° del Decreto 2460 de 2006; 1° del Decreto 3900 de 2008; y 1° del Decreto 383 de 2013, según
se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público […]».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
RECURSOS DE APELACIÓN
25. La parte demandada8 interpuso recurso de apelación en el que expresó el
demandante fue pensionado bajo el régimen especial del artículo 6.º del Decreto
546 de 1971, el cual no contempla los incrementos pensionales previstos en el
artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 que no
es procedente combinar ambos regímenes para aplicar tales beneficios, pues ello
desconocería los principios de favorabilidad e inescindibilidad de la ley. Que la
elección de un régimen pensional implica su aplicación integral, sin que puedan
tomarse disposiciones de otro.
26. La parte demandante9 también interpuso recurso de apelación por
considerar que el tribunal desconoció los principios de respeto del acto propio,
inmutabilidad de los actos administrativos, inescindibilidad y favorabilidad, al aplicar
la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, pese a que la pensión había
sido reconocida por el extinto ISS bajo el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971, con
el 75 % de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de
servicio, en cuantía de $ 3.707.105. Agregó que, para obtener dicho valor, la entidad
tuvo en cuenta el sueldo, la prima de servicios, la bonificación por servicios
prestados, la bonificación por actividad judicial, la prima de vacaciones y la prima
de navidad. Por lo que, se consolidó una situación jurídica que no podía ser
modificada en su perjuicio.
27. Que el cálculo del IBL, en los términos de la citada providencia, a partir de lo
consagrado en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 es inadecuado, por cuanto no
armoniza con la noción amplia del concepto de salario desarrollada a la luz del
convenio 95 de la OIT. Indicó que su incorporación no podía limitarse a lo previsto
en el decreto citado ni condicionarse frente a los que se hubieran efectuado
cotizaciones, pues deben considerarse todas las sumas percibidas como
contraprestación directa del servicio. Agregó que, la eventual falta de aportes es
una omisión imputable al empleador.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
28. El 24 de octubre de 2023 se admitieron los recursos y se dispuso que, una
vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.
29. Las partes y el agente del Ministerio Público no se pronunciaron.
Se decidirá previas las siguientes,
8 Índice 49 de SAMAI del tribunal.
9 Índice 48 de SAMAI del tribunal.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
CONSIDERACIONES
30. Deberá resolver la subsección si es procedente aplicar la sentencia de
unificación del 11 de junio de 2020 para determinar el ingreso base de liquidación
de la pensión del demandante, pese a que el extinto Instituto de Seguros Sociales
reconoció previamente la prestación con fundamento en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971.
Marco normativo y jurisprudencial
Régimen de transición artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y régimen especial de
pensión establecido en el Decreto 546 de 1971.
31. La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones», en su artículo 3610, consagró un régimen
de transición en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas
que estaban próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes
pensionales que quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de
mantenerles algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones
particulares más favorables.
32. La jurisprudencia de esta corporación consideraba que el régimen de
transición implicaba que, a quien resultara beneficiado por aquel, se le debía aplicar
en su integridad la normativa anterior que regía su situación particular 11. La
disposición prevista en el Decreto 546 de 1971, establece:
«(…) Art. 6º.- Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto
tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad si son hombres, y de 50 si son
mujeres, y cumplir veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos
anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos
diez (10) lo hayan sido exclusivamente en la Rama Jurisdiccional o al Ministerio
Público, o a ambas actividades a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la asignación mensual
más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio, en las
actividades citadas (…)».
10 «(…) Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto
de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años
de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será
la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en
la presente Ley (…)»
11 En las siguientes sentencias: Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de
noviembre de 2010. Exp. 25000232500020060833501 (1490-2009) C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 28 de septiembre de 2006. Exp.
76001233100020040157201 (0249-2006) C.P Alberto Arango Mantilla.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
33. Se decía que la especialidad del régimen se traduce en que la pensión se
liquida con el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último
año de servicios, siempre y cuando el funcionario cumpla por lo menos diez (10)
años de labores en las citadas entidades y que en ese contexto, se podía evidenciar
que el régimen especial, incluía tanto los requisitos de edad y tiempo de servicios
como el monto de la prestación, último elemento que está integrado por la
asignación básica mensual más elevada, devengada durante el último año de
servicios.
Posición actual de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
34. A través de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de
2016, la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en
el régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto
en la Ley 100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad,
monto y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en el régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.
35. Esa situación, implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables,
pues, de un lado, esta corporación venía sosteniendo que el IBL lo constituían los
factores salariales devengados en el último año; mientras que la Corte
Constitucional concluyó que el IBL estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.
36. Ante esa disparidad de criterios entre lo establecido por la Corte
Constitucional y lo que venía señalando el Consejo de Estado, con respecto a la
interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dentro del
régimen de transición de la Ley 33 de 985, la Sala Plena del Consejo de Estado
emitió Sentencia de Unificación el 28 de agosto de 2018, dentro del expediente
52001-23-33-000-2012-00143-01, en la que fijó como regla jurisprudencial que el
IBL del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hace parte del régimen
de transición para aquellos beneficiarios que se pensionen con los requisitos de
edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la
Ley 33 de 1985.
37. En igual sentido, la Sala Plena de esta Corporación, a través de la Sentencia
de Unificación proferida el 11 de junio de 2020, dentro del expediente 15001-23-33-
000-2016-00630-01, unificó la jurisprudencia frente al régimen de transición de los
servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público consagrado en el Decreto
546 de 1971, en el sentido de establecer, que solo se mantiene del régimen anterior,
especial de la Rama Judicial y del Ministerio Público, la edad, el tiempo de servicios
y el monto de la prestación, pero no el ingreso base de liquidación. Así, se definieron
los parámetros para liquidar esa prestación, de la siguiente manera:
«(…) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo
6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de
55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o
discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a
la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la
tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que tratan
los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir,
si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC
certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho
a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado
en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el
tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC
certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por
el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la
Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610
de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del
Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de
magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público (…)».
(Negrita fuera de texto).
38. Específicamente, en cuanto a los factores de liquidación determinó que se
debían incluir los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, es decir: la asignación
básica mensual; los gastos de representación; la prima técnica, cuando sea factor
de salario; las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean
factor de salario; la remuneración por trabajo dominical o festivo; la remuneración
por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y la
bonificación por servicios prestados.
39. También, indicó que, en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio
cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales en la
liquidación de su pensión los siguientes:
«(…) Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley
4ª. de 1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial.
La bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998 para
los magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los magistrados y agentes
del Ministerio Público ante magistrados de tribunales.
La prima de productividad para los empleados judiciales ordenada por el
Decreto 2460 de 2006.
La bonificación por actividad judicial establecida por el Decreto 3900 de
2008 para los jueces y procuradores judiciales 1.
La bonificación judicial instituida por el Decreto 383 de 2013 para los
servidores de la Rama Judicial (…)»
40. Lo anterior, porque las normas señaladas establecieron que constituyen
factores de salario por lo que se tienen en cuenta para efectos de determinar el
ingreso base de cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado
los aportes correspondientes. De ahí que la providencia en cita consideró que las
prestaciones como: prima de vacaciones, de servicios y de navidad, no deben ser
incluidas en la liquidación de la pensión, por no constituir factor salarial.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
Resolución del caso concreto
41. La sala precisa que no estudiará los argumentos expuestos por la parte
demandada, dado que estos se dirigen a cuestionar la procedencia de los
incrementos pensionales del 14 % por cónyuge a cargo o del 7 % por hijo menor de
edad, asunto que no fue objeto de debate ni hizo parte de la decisión adoptada. La
controversia se circunscribe, entonces, a determinar si, la pensión del demandante
debía reliquidarse con fundamento en las reglas fijadas por la sentencia de
unificación del 11 de junio de 2020, o si, por el contrario, debía respetarse la
situación pensional previamente definida por el extinto Instituto de Seguros Sociales
con fundamento en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
42. Se encuentra acreditado que el señor Luis Eduardo Correa Arboleda es
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y que su situación pensional se encontraba sometida al régimen especial
previsto en el Decreto 546 de 1971. Que se desvinculó el 31 de enero de 2016,
según Acuerdo 022 del 3 de diciembre de 2015, a través del cual se le aceptó la
renuncia al cargo de juez promiscuo municipal de Maceo - Antioquia, en propiedad,
a partir del 1 de febrero de 201612.
43. Para lo que interesa al caso concreto, se observa que mediante Resolución
033866 del 12 de diciembre de 201113, el extinto Instituto de Seguros Sociales
reconoció la pensión de vejez, en cuantía de $3.707.105 para el año 2011,
equivalente al 75 % de la asignación mensual más elevada devengada durante el
último año de servicio, de conformidad con el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971,
condicionada al retiro del servicio. Para determinar dicha prestación, la entidad tuvo
en cuenta los siguientes factores: sueldo, prima de servicios, bonificación por
servicios prestados, bonificación por actividad judicial, prima de vacaciones y prima
de navidad14.
44. Contra dicha decisión, el actor interpuso recurso de apelación15 con el objeto
de que se incluyera la prima especial de servicios como factor salarial y se
reconociera el retroactivo pensional con efectos fiscales a partir del 22 de octubre
de 2010. El ISS confirmó la decisión mediante Resolución 014208 del 22 de mayo
de 201216. En dicha oportunidad, frente al ingreso a nómina, señaló: «dado que no
obra prueba documental de la renuncia a la entidad estatal DIRECCIÓN
SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL, se dejará en reserva hasta tanto el asegurado
acredite la aceptación de la renuncia a la entidad pública y así proceder a efectuar
los pagos de las mesadas pensionales». En cuanto al emolumento a incorporar,
precisó que «la liquidación se efectuó teniendo en cuenta los factores salariales del
DECRETO 546 DE 1971, ARTÍCULO 6.°, que la prima especial que solicita no se
12 Folio 40.
13 Folios 42 a 43.
14 Archivo denominado «GRP-HPE-02-2013_4040401-20130823235515» visible en el cd «Expediente
Administrativo» página 67.
15 Archivo denominado «GRP-HPE-02-2013_4040401-20130823235515» visible en el cd «Expediente
Administrativo» páginas 68 a 73.
16 Folios 46 a 47.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
encuentra entre los factores salariales, por tal motivo la prestación económica se
encuentra ajustada a derecho».
45. Posteriormente, mediante la Resolución VPB 20917 del 10 de mayo de 2016 17,
Colpensiones dispuso el ingreso a nómina del demandante a partir del 1.º de febrero
de 2016, con ocasión de su retiro definitivo del servicio. No obstante, al determinar
el valor de la mesada, fijado en $ 4.856.669, acudió a las reglas previstas en los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, conforme a los criterios expuestos en las
sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 y modificó los parámetros establecidos
por el ISS.
46. En este punto, resulta necesario recordar que la Constitución Política de 1991,
en su artículo 58, modificado por el artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 1999,
garantiza los derechos adquiridos y establece que estos no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Esta garantía fue reafirmada, de
manera particular en materia pensional por el Acto Legislativo 01 de 2005, mediante
el cual se modificó el artículo 48 de la Constitución Política.
47. Se está en presencia de un derecho adquirido cuando el interesado ha
satisfecho la totalidad de los requisitos exigidos por el régimen jurídico aplicable
para acceder a la prestación. En estos eventos, el derecho se incorpora de manera
definitiva al patrimonio de su titular y queda protegido frente a modificaciones
legislativas posteriores. Así lo ha considerado la Corte Constitucional:
«[…] Ante las distintas reformas pensionales, la jurisprudencia de la
Corporación, ha decantado lo que constituye un derecho adquirido, siendo
enfática en establecer la diferencia que existe con las simples expectativas. Los
derechos adquiridos constituyen derechos intangibles que no pueden ser
desconocidos, ni alterados una vez se consolidaron al amparo de la legislación
preexistente.18 Tratándose de pensión de vejez o jubilación, quien ha cumplido
los requisitos de edad y tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas
exigidas por la ley para acceder a dichas prestaciones económicas, tiene
el derecho adquirido a gozar de las mismas, por cuanto se entienden
incorporados de modo definitivo al patrimonio del titular de tal manera que
queda cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la
Constitución lo protege.19 Precisa la Corte que ante el tránsito legislativo, para
que se consolide el derecho, deben reunirse los requisitos contemplados en la
ley anterior para adquirirlo.
Las meras expectativas, por el contrario, son aquellas probabilidades o
esperanzas que se tienen de obtener un derecho, en consecuencia, pueden ser
modificadas discrecionalmente por el legislador, es así como en materia
pensional, quien aún no ha completado el tiempo de servicio o llegado a la edad
prevista en la norma legal, no tiene un derecho adquirido, sino que se haya
apenas ante una simple expectativa de alcanzarlo en el momento de reunir la
condición faltante […].20».
17 Folios 59 a 62.
18 C-126-1995.
19 C-1681995, C-475-2013.
20 C-596-1997, C-789 de 2002.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
48. Esta garantía adquiere especial relevancia en el presente asunto, pues el
demandante no se encontraba frente a una mera expectativa de pensionarse bajo
el régimen especial. Para el momento en que el ISS expidió las Resoluciones
033866 de 2011 y 014208 de 2012, la entidad había verificado el cumplimiento de
los requisitos del actor y había reconocido expresamente su derecho a la pensión
de jubilación bajo el mencionado decreto.
49. En ese contexto la sala considera que si bien, para la época en que se
produjo el acto administrativo acusado (2016), existía una divergencia
jurisprudencial respecto de las reglas aplicables para determinar el IBL de las
pensiones reconocidas bajo el régimen de transición, dicha circunstancia no
facultaba a la administración para desconocer o modificar unilateralmente una
situación consolidada.
50. Tampoco se comparte el razonamiento del tribunal, según el cual la sentencia
de unificación del 11 de junio de 2020 imponía la reliquidación de la prestación
conforme a las reglas allí establecidas. Es cierto que dicha providencia previó que,
para los beneficiarios del régimen de transición del Decreto 546 de 1971, el ingreso
base de liquidación debía determinarse conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993. Sin embargo, la aplicación del precedente al caso concreto exigía
establecer previamente cuál era la situación jurídica pensional del actor.
51. En otras palabras, la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 no
podía ser utilizada para justificar la alteración de una situación pensional que, para
el momento en que se expidió la Resolución VPB 20917 de 2016, ya había sido
reconocida y definida por el ISS bajo los parámetros del artículo 6.º del Decreto 546
de 1971. La aplicación de aquella debió armonizarse con las garantías
constitucionales de los derechos adquiridos, la seguridad jurídica, la confianza
legítima y el respeto por las situaciones jurídicas particulares y concretas.
52. Definido lo anterior, resulta pertinente diferenciar la situación pensional
previamente consolidada de la reliquidación derivada del retiro definitivo. Al
respecto, el artículo 150 de la Ley 100 de 1993 establece que los funcionarios y
empleados públicos que hubieren sido notificados de la resolución de jubilación y
no se hubieren retirado del cargo tienen derecho a que se les reliquide el ingreso
base para calcular la pensión, incluyendo los sueldos devengados con posterioridad
a la fecha de notificación de aquella. El actor continuó laborando después de que el
ISS reconociera su pensión y hasta el 31 de enero de 2016, fecha en la que se
desvinculó. Por tanto, el reajuste solicitado constituye un cálculo actualizado de la
prestación, sin que ello comporte el desconocimiento de la situación concedida bajo
el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971.
53. De acuerdo con lo señado, la prestación inicialmente reconocida debe ser
respetada en los términos en que fue definida por el ISS, mientras que la
reliquidación con ocasión del retiro definitivo debe resolverse conforme a las reglas
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
jurisprudenciales aplicables, únicamente en lo que concierne a los emolumentos
que integran la base de liquidación. Se reitera que para la fecha en la que se hizo
la solicitud (2016) existían distintos criterios frente al IBL, cuestión que
posteriormente fue unificada mediante la sentencia del 11 de junio de 2020.
54. Por las razones expuestas, la subsección modificará la sentencia de primera
instancia, en cuanto declaró la nulidad parcial de la Resolución VPB 20917 del 10
de mayo de 2016 y ordenó reliquidar la prestación con fundamento en las reglas
previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. De otra parte, se revocará
el numeral cuarto de la decisión. Se ordenará a Colpensiones reliquidar la pensión
del accionante, conservando el régimen especial reconocido con fundamento en el
artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 y la tasa de reemplazo del 75 %, sobre la
asignación mensual más elevada devengada durante el último año de servicio.
55. Para determinar los factores que integran la base de liquidación, deberá
observarse la regla fijada en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020,
sobre este aspecto21. No obstante, la aplicación de aquella, en este punto, no
comporta la exclusión de ninguno de los factores que ya habían sido reconocidos22
por el ISS en la Resolución 033866 de 2011, pues estos hacen parte de la situación
pensional previamente consolidada y la supresión en el reajuste implicaría
desmejorar el derecho reconocido.
56. En lo que concierne a la incorporación de la prima especial de servicios, debe
precisarse que, aunque el juez declaró probada la excepción de pleito pendiente
respecto de dicho factor, durante el trámite en este asunto, el 26 de junio de 2025,
se profirió sentencia en el proceso con radicado 05001-23-33-000-2013-00019-01
(4764-2014), mediante la cual esta corporación se pronunció sobre su inclusión en
la base de liquidación de la prestación pensional del demandante. Por tanto, para
efectos de la reliquidación aquí ordenada, deberá atenderse a lo dispuesto en dicha
providencia.
57. Colpensiones deberá pagar las diferencias que resulten al dar cumplimiento
de lo ordenado en esta providencia en favor del actor, y realizar los descuentos en
aportes en pensión sobre los factores que deben incluirse en virtud del reajuste
ordenado. Para ello se autoriza a la entidad, en el evento de que no lo haya
hecho, descontar de los valores adeudados al actor en virtud de la condena, los
saldos pendientes parciales o totales en su contra si existen por concepto de
cotizaciones a pensión por los factores que se incorporen en la proporción que como
trabajador le correspondía efectuar por el período de su relación laboral con la Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
21 « […] los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por
los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;284 1.° del Decreto 610 de
1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del
Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público,
siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas».
22 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 8 de abril de 2021. Expediente: 25001
2342 000 2017 01278 01 (3963-2019). C.P Gabriel Valbuena Hernández.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
58. Igualmente, deberá realizar las actuaciones interadministrativas
correspondientes para que se adelante el cobro respectivo ante la Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial frente a las sumas faltantes por
concepto de cotizaciones a pensión por los factores que sean objeto de
inclusión y que le habría correspondido como empleadora. Lo anterior, sin
interrumpir la efectividad de la mesada pensional.
59. La reliquidación de la pensión que se reconoce tendrá los reajustes de ley.
Así mismo, el monto de la condena que resulte se ajustará, mes por mes, en los
términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, acudiendo a la siguiente fórmula:
R = Rh Índice final
Índice inicial
60. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH) que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de mesada
pensional con inclusión de los reajustes de ley, por el guarismo que resulte de dividir
el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha
de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente a la fecha en que debieron
efectuarse cada uno de los pagos.
De la condena en costas en ambas instancias
61. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
62. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
63. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
64. En consecuencia, no se impondrán costas a la parte demandante porque las
peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de forma parcial. No
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
así respecto de la parte demandada, quien deberá ser condenada en costas, por
ser la parte vencida y toda vez que no prosperaron los argumentos de impugnación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Modificar el numeral segundo de la sentencia del veinticuatro (24) de
mayo de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, para en su lugar disponer lo siguiente:
«DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución VPB 20917 del 10 de mayo de
2016, expedida por Colpensiones, en cuanto modificó los parámetros de
liquidación de la prestación previamente reconocida al señor Luis Eduardo
Correa Arboleda por el extinto Instituto de Seguros Sociales.
.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR a Colpensiones reliquidar la pensión del demandante con ocasión
de su retiro definitivo del servicio, tomando como período de referencia el último
año laborado, conservando el régimen especial reconocido con fundamento en
el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 y la tasa de reemplazo del (75 %). Para
determinar los factores que integran la base de liquidación, deberá observarse
la regla fijada en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, en relación
con este aspecto, conforme lo indicado en la parte considerativa de esta
providencia. No obstante, la aplicación de aquella, en este punto, no comporta
la exclusión de ninguno de los factores que ya habían sido reconocidos e
incorporados por el ISS en la Resolución 033866 de 2011, pues estos hacen
parte de la situación pensional previamente consolidada.
En lo que concierne a la prima especial de servicios, deberá atenderse a lo
dispuesto en la sentencia proferida el 26 de junio de 2025 dentro del proceso
bajo el radicado 05001-23-33-000-2013-00019-01 (4764-2014).
Colpensiones deberá pagar las diferencias que resulten al dar cumplimiento de
lo ordenado en esta providencia en favor del demandante, a partir del 1 de
febrero de 2016, y realizar los descuentos en aportes en pensión sobre los
factores que deben incluirse en virtud del reajuste ordenado. Para ello se
autoriza a la entidad, en el evento de que no lo haya hecho, descontar de los
valores adeudados al actor en virtud de la condena, los saldos pendientes
parciales o totales en su contra si existen por concepto de cotizaciones a
pensión por los factores que se incorporen en la proporción que como trabajador
le correspondía efectuar por el período de su relación laboral con la Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Igualmente, deberá realizar las actuaciones interadministrativas
correspondientes para que se adelante el cobro respectivo ante la Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial frente a las sumas
faltantes por concepto de cotizaciones a pensión por los factores que sean
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00314-01 (4389-2023)
objeto de inclusión y que le habría correspondido como empleadora. Lo anterior,
sin interrumpir la efectividad de la mesada pensional.
La reliquidación de la pensión que se reconoce tendrá los reajustes de ley. Así
mismo, el monto de la condena que resulte se ajustará, mes por mes, en los
términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, acudiendo a la fórmula
indicada en la parte considerativa».
Segundo: Condenar en costas a la parte demandada en esta instancia.
Tercero: Se ORDENA a la demandada, dar cumplimiento a esta sentencia con
observancia de lo dispuesto en los artículos 192 a 195 del CPACA.
Cuarto: Reconocer personería a la abogada Karina Vence Peláez, identificada con
cédula 42.403.532 y tarjeta profesional 81621 para actuar como apoderada de
Colpensiones, de conformidad con el poder visible en el índice 12 de SAMAI.
Igualmente, reconocer personería a la abogada Yeliseth Carreño Quintero
identificada con cédula 1.065.649.382 y tarjeta profesional 274.071 para representar
a la entidad demandada, de acuerdo con el poder de sustitución obrante en referido
índice.
Quinto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.