Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2017-01170-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2017-01170-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2017-01170-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2017-01170-01 (30376)
Demandante CERVECERÍA UNIÓN S.A. CERVUNIÓN S.A.
Demandada DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Temas Impuesto al consumo de cervezas, refajos, sifones y
mezclas. Noviembre 2012. Silencio administrativo positivo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 30 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, que decidió1:
PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones formuladas por el Departamento de Antioquia.
SEGUNDO: Declarar configurado el silencio administrativo positivo frente al recurso de
reconsideración presentada por Cervecería Unión S.A. contra la Liquidación Oficial de
Revisión 201500288059 del 10 de julio de 2015, proferida por el Departamento de Antioquia.
TERCERO: En consecuencia, declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión
201500288059 del 10 de julio de 2015, por medio de la cual se modifica la liquidación privada
que, por el mes de noviembre de 2012, presentó Cervecería Unión S.A. respecto del Impuesto
al Consumo de Cervezas, Sifones, Refajos y Mezclas, de producción nacional, ante el
Departamento de Antioquia; y la Resolución 2016060082686 del 25 de octubre de 2016, que
decide el recurso de reconsideración.
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, declarar en firme la liquidación privada del
periodo gravable, noviembre de 2012, que presentó Cervecería Unión S.A. respecto del
Impuesto al Consumo de Cervezas, Sifones, Refajos y Mezclas, de producción nacional, ante
el Departamento de Antioquia.
QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demandante
SEXTO: No condenar en costas.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Cervecería Unión S.A., en adelante Cervunión, presentó la declaración del impuesto
al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas correspondiente al período
gravable de noviembre de 2012, ante el Departamento de Antioquia.
Previa expedición del requerimiento especial, la Secretaría de Hacienda de la
Gobernación de Antioquia profirió la liquidación oficial de revisión 201500288059 del
10 de julio de 2015, que modificó la declaración privada, estableciendo un mayor
impuesto e impuso sanción por inexactitud del 160%.
Inconforme con la decisión, la sociedad interpuso recurso de reconsideración, el 15
de septiembre de 2015. El Departamento de Antioquia ordenó la apertura de una
1
Samai de tribunal, índice 38. Pág. 12.
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Demandante: Cervecería Unión S.A.
inspección tributaria mediante auto 2016080001915 del 5 de julio de 2016, para los
períodos de enero, marzo, abril, mayo, junio y noviembre del año 2012.
En resolución 2016060082686 del 25 de octubre de 2016, la administración confirmó
en su totalidad el acto recurrido. Esta decisión fue notificada en edicto fijado desde
el 21 de noviembre al 2 de diciembre de 2016.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
1) Que se declare probada la ocurrencia del Silencio Administrativo Positivo de conformidad
con los artículos 732 y 734 del Estatuto Tributario Nacional, respecto del recurso de
reconsideración presentado por Cervecería Unión S.A. contra la Liquidación Oficial de
Revisión núm. *201500288059* del 10 de julio de 2015.
2) En forma subsidiaria, se solicita que se declare la nulidad total de la actuación
administrativa integrada por los siguientes actos administrativos:
a. Liquidación Oficial de Revisión núm. *201500288059* del 10 de julio de 2015, por medio
de la cual se modifica la liquidación privada que por el mes de Noviembre de 2012,
presentó Cervecería Unión S.A. respecto del Impuesto al Consumo de Cervezas,
Sifones, Refajos y Mezclas, de producción nacional, ante el Departamento de
Antioquia.
b. Resolución núm. *2016060082686* del 25 de octubre de 2016, que decide el recurso de
reconsideración interpuesto por Cervecería Unión S.A. contra la ya referida
liquidación Oficial de Revisión núm. *201500288059*.
3) Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se restablezca el derecho de
Cervecería Unión S.A., declarando:
a. La firmeza de la liquidación privada que por el mes de Noviembre de 2012, presentó
Cervecería Unión S.A. respecto del Impuesto al Consumo de Cervezas, Sifones,
Refajos y Mezclas, de producción nacional, ante el departamento de Antioquia.
b. Que Cervecería Unión S.A. en relación con el Impuesto al Consumo de Cervezas,
Sifones, Refajos y Mezclas del período gravable Noviembre de 2012, no tiene
obligación de pagar al departamento de Antioquia, suma adicional, a lo que ya pagó
conforme a su liquidación privada, por concepto de impuesto, sanciones e intereses.
4) En forma subsidiaria, en caso de no accederse a las anteriores pretensiones, se anule la
sanción pecuniaria impuesta en la Liquidación Oficial de Revisión núm.
*201500288059* del 10 de julio de 2015, por no corresponder a la realidad fáctica de la
norma que la autoriza, ni encajar en la hipótesis sancionable.
5) Que se condene en costas al demandado.
Invocó como normas violadas los artículos 2, 6, 13, 23, 29, 83, 95 (numeral 9), 209,
286, 287 y 363 de la Constitución Política; 647, 683, 703, 707, 730, 732, 734 y 746
del Estatuto Tributario; 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011; y 194, 197 y 198 de la
Ley 223 de 1995.
El concepto de violación se resume a continuación:
2
Samai, índice 5. PDF46 demanda y anexos, pág. 3.
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En cuanto a la ocurrencia del silencio administrativo, indicó que el artículo 734 del
Estatuto Tributario (aplicable al caso concreto en virtud de las leyes 223 de 1995 y
788 de 2002) prevé esta figura cuando el acto administrativo no fue expedido dentro
del término establecido en la ley3; que, para el presente asunto, es el artículo 732
ibidem, que dispone un plazo de un año para resolver el recurso de reconsideración.
Por lo que, al ser interpuesto por la compañía el «14 de septiembre de 2015», la
administración debió notificar la resolución antes del «14 de septiembre de 2016».
Respecto de lo anterior, advirtió que, si bien el Departamento de Antioquia hizo
referencia a una inspección tributaria que se decretó mediante auto del 5 de julio de
2016, esta nunca le fue notificada, ni se dio traslado del informe de dicha inspección,
por lo que, al no haberse realizado válidamente la diligencia, no era procedente la
suspensión del término
En ese sentido, manifestó que la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración contra la liquidación oficial de revisión fue notificada por edicto
desfijado el 2 de diciembre de 2016, es decir, por fuera del término legal.
Precisó que el recurso fue presentado dentro de la oportunidad legal, teniendo en
cuenta que el día del vencimiento, esto es, el «13 de septiembre de 2015» era un día
inhábil, por lo que se trasladaba al día hábil siguiente, que era el lunes «14 de
septiembre» de la misma anualidad4.
Sostuvo que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración está viciada
de nulidad por la notificación fuera del término, para lo cual reiteró lo expuesto en el
cargo anterior, aclarando que en esta situación aplica lo dispuesto en el numeral 3
del artículo 730 del Estatuto Tributario, que consagra la nulidad de los actos cuando
son notificados por fuera del término legal.
Con relación a la violación al debido proceso por desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa5, alegó que la compañía no tuvo oportunidad de controvertir las
pruebas recaudadas durante las dos inspecciones tributarias que según la autoridad
departamental se realizaron en el trámite del proceso de fiscalización. Agregó que
tal omisión fue expuesta tanto en la respuesta al requerimiento especial como en el
recurso de reconsideración. Además, en este último escrito invitó a la entidad a
verificar la contabilidad y los soportes con el fin de aclarar las supuestas
inconsistencias.
Cuestionó la indebida aplicación del artículo 647 del Estatuto Tributario, puesto que
el hecho sancionable es inexistente, teniendo en cuenta que la presunción de
veracidad de la declaración privada no fue desvirtuada, se fundamentó en registros
contables y en el cumplimiento de la obligación tributaria sobre los productos
gravados con el impuesto al consumo. Además, expuso la prohibición de imponer
sanciones con fundamento en criterios únicamente objetivos, porque de acuerdo
con el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012, vigente al momento de los hechos, se
deben de consultar aspectos de naturaleza subjetiva6.
Por último, señaló que se evidenciaba una diferencia de criterios, porque la sociedad
aplicó al caso en concreto, un análisis riguroso y constitucional del hecho generador,
3
Citó la sentencia del 19 de febrero de 2015, exp. 17044, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Citó la sentencia del 18 de junio de 2014, exp. 18820, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
5
Citó la sentencia del 18 de febrero de 2016, exp. 19433, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
6
Citó las sentencias C-690 de 1996; y del 6 de marzo de 2003, exp. 13027, M.P. Juan Ángel Palacio.
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el cual fue entendido de forma diferente por la demandada, lo que hace
improcedente la sanción por inexactitud impuesta.
Oposición de la demanda
El Departamento de Antioquia solicitó negar la totalidad de las pretensiones7, para
lo que afirmó que los actos administrativos fueron expedidos de conformidad con la
norma aplicable. Indicó que el artículo 85 de la Ley 1437 de 2011 prevé que el
silencio administrativo debe ser protocolizado, consagrando que cuando la parte
encuentre probadas las condiciones legales deberá protocolizar la constancia de
presentación del recurso, con una declaración jurada que manifieste que la decisión
no fue notificada dentro del término legal.
Aclaró que, si bien hay jurisprudencia del Consejo de Estado que determina que en
materia tributaria dicho procedimiento no es necesario por existir norma de carácter
especial que lo regula, invitaba al tribunal a analizar íntegramente las disposiciones
de la Ley 1437 de 2011 y la intención del legislador al momento de su expedición,
que consagró que en lo no previsto en la norma especial debía acudirse al
procedimiento administrativo común.
Agregó que la jurisdicción contencioso administrativa carecía de competencia para
declarar el silencio administrativo positivo, puesto que esta solo recae en la
administración tributaria, de conformidad con el artículo 734 del Estatuto Tributario.
Explicó que los auditores en sede administrativa verificaron que algunas objeciones
alegadas por la demandante eran procedentes, mientras que otras persistían, como
los valores no soportados que descontó la compañía en su declaración mensual,
razón por la que el estudio fue detallado y no caprichoso.
Respecto al control de transporte como único elemento probatorio admitido en sede
administrativa, manifestó que la causación del impuesto se genera cuando el
productor entrega en fabrica el producto para su distribución, según el artículo 93
de la Ordenanza 62 de 2014, en concordancia con el artículo 188 de la Ley 223 de
1995. Así, las tornaguías sirven para efectos de determinar el hecho de que los
productos salieron de fabrica para el consumo8.
Expuso que en el caso en concreto la sociedad adujo no ser responsable del
impuesto por el mes de noviembre porque hubo productos que se devolvieron para
su destrucción, no obstante, la autoridad departamental consideró que el impuesto
sí se causó, toda vez que se cumplió el supuesto establecido en la norma. Advirtió
que el pago del tributo no puede quedar supeditado a hechos que ocurrieron con
posterioridad a su causación.
Por último, señaló que Cervunión tenía la obligación legal de tener la información
contable que permita revisar inventarios y sistema de producción, entre otros, con
el fin de verificar la base de liquidación del impuesto al consumo; lo que causó que
se desvirtuara la presunción de legalidad de la declaración privada, y dio origen a la
imposición de la sanción por inexactitud.
Finalmente, planteó como excepciones de mérito, i) inepta demanda por falta de
protocolización del silencio administrativo positivo e improcedencia de la pretensión
7
Samai, índice 5. PDF 51 contestación, págs. 169 a 181.
8
Citó las sentencias del 28 de enero de 2010, exp. 16198, M.P. William Giraldo Giraldo; del 16 de diciembre de 2012, exp.
18598, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, y del 25 de julio de 2016, exp. 18985, M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
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relativa a la declaratoria de su configuración, para lo que reiteró los argumentos de
la defensa; ii) debida determinación de inexactitud y sanción, porque el
procedimiento se ajustó a la norma aplicable de carácter nacional y departamental;
iii) procedencia de la sanción ya que se contó con todos los fundamentos fácticos
para determinar la conducta en el período gravable, iv) inexistencia de la obligación
de indemnizar o restablecer el derecho, dado que los actos se expidieron conforme
con la norma; y v) cualquier otra excepción diferente que se encuentre probada9.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad encontró probado el
silencio administrativo positivo respecto del recurso de reconsideración, en
consecuencia, decretó la nulidad de los actos demandados, y a título de
restablecimiento del derecho declaró la firmeza de la declaración privada del mes
de noviembre del año 2012, negó las demás pretensiones, y no condenó en costas a
la parte demandada10, por las siguientes consideraciones:
Relacionó la normativa y jurisprudencia aplicable al caso en concreto destacando
que el Consejo de Estado11 aclaró que, dentro del plazo establecido para resolver
el recurso de reconsideración, la administración debía expedir y notificar el acto,
por lo que de no cumplirse se configuraría el silencio administrativo positivo. Expuso
los hechos probados dentro del expediente, resaltando que la directora de rentas
departamentales de Antioquia certificó que la inspección tributaria se realizó desde
el auto que la decretó, 5 de julio de 2016, hasta el 24 de octubre de la misma
anualidad, fecha en la que se notificó el informe de la auditoria.
Precisó que en materia tributaria el silencio administrativo no está sometido al
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, razón
por la que no era procedente el argumento de la entidad demandada sobre la
protocolización.
Además, indicó que el artículo 733 del Estatuto Tributario dispuso que el término
para resolver los recurso se suspenderá mientras dure la inspección tributaria, y no,
hasta la notificación del acta de cierre como lo pretendía la administración; en
consecuencia, argumentó que la inspección solicitada se realizó el mismo día en
que fue decretado, esto es, el 5 de julio de 2016, siendo su duración de 1 día.
Por lo anterior, expuso que el recurso fue interpuesto el 15 de septiembre de 2015,
entendiendo entonces que con el día que duró la suspensión, el plazo para resolver
y notificar el acto vencía el 16 de septiembre de 2016; no obstante, la resolución fue
notificada por edicto desfijado el 2 de diciembre de la misma anualidad, es decir,
por fuera del término legal establecido, perdiendo así la administración competencia
temporal por la configuración del silencio.
En consecuencia, al prosperar el cargo del silencio administrativo, no se pronunció
sobre las demás excepciones y cargos de la demanda. Se abstuvo de condenar en
costas por no haberse causado dentro del proceso.
9
En audiencia inicial celebrada el 7 de diciembre de 2017, el Tribunal señaló que se trataban de argumentos que
cuestionaban el fondo del asunto, por lo que no podían resolverse en esa etapa.
10
Samai de tribunal, índice 38.
11
Citó la sentencia del 13 de agosto de 2020, exp. 22923, M.P. Milton Chaves García.
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Recurso de apelación
La demandada sustentó su recurso de apelación12 indicando que el a quo interpretó
erróneamente el artículo 733 del Estatuto Tributario, toda vez que, la inspección
tributaria no tuvo una duración de un día, aunque el acta fuese suscrita el mismo
día en que se profirió el auto que la ordenó; por lo que el tribunal debió verificar la
certificación emitida por la administración, que indicó que la inspección se extendió
hasta el 24 de octubre de 2016, fecha en la que se notificó el informe
correspondiente.
Por lo señalado, expuso que en el caso en concreto no operó el silencio
administrativo positivo, por cuanto existió una suspensión de términos que duró
varios meses, expidiéndose así la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración dentro del plazo legal establecido. Advirtió que el término fue
suspendido desde el 5 de julio hasta el 24 de octubre de 2016, esto es, desde la
expedición del auto y hasta la notificación del informe final.
Sostuvo que, hubo una indebida aplicación del silencio administrativo positivo,
teniendo en cuenta que en el presente caso no hubo una solicitud formal u oficiosa
para efectos de su configuración, por lo que no se cumplió con el procedimiento
legal. Además, reiteró que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, dispone que las actuaciones administrativas se rigen
por el procedimiento administrativo común y principal, en consecuencia, lo que no
se encuentre establecido en norma especial seguirá las disposiciones previstas en
dicha normal general. Aclaró que el Estatuto Tributario no estableció de forma
expresa un procedimiento para invocar dicho silencio, puesto que solo indicó
cuando opera, por lo que se debe de aplicar la norma general, en este caso la Ley
1437 de 2011.
Oposición a la apelación
La parte demandante guardó silencio.
Intervención del ministerio público
El agente del ministerio público13 solicitó que se confirmara la sentencia apelada.
Planteó que en el presente asunto se configuró el silencio administrativo positivo,
toda vez que se encuentra probado que la inspección tributaria realizada fue
decretada y levantada el mismo día, 5 de julio de 2016, por lo que la suspensión del
término para resolver el recurso de reconsideración fue de un día, de conformidad
con lo expuesto en el artículo 733 del Estatuto Tributario.
De este modo, explicó que el recurso fue interpuesto el 15 de septiembre de 2015,
razón por la cual la administración tenía plazo para expedir el respectivo acto hasta
el 16 de septiembre de 2016, no obstante, al haber sido expedido el 25 de octubre
de la misma anualidad y notificado el 2 de diciembre de 2016, se entiende que fue
realizado por fuera del término legal establecido.
Por último, aclaró que no es procedente la aplicación del artículo 85 de la Ley 1437
de 2011, al existir una regulación especial y autónoma en el Estatuto Tributario.
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Samai de tribunal, índice 41.
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Samai, índice 34
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Corresponde a la Sección establecer si se encuentra probada la configuración del
silencio administrativo positivo frente al recurso de reconsideración interpuesto por
Cervecería Unión S.A. contra la liquidación oficial de revisión 201500288059 del 10
de julio de 2015, mediante la cual se modificó la declaración privada del impuesto
al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas, por el período de noviembre de
2012.
Análisis del caso concreto
La apelante solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, precisando que el
a quo interpretó erróneamente el artículo 733 del Estatuto Tributario, en el sentido
que consideró que la inspección tributaria realizada duró solo un día, al tener en
cuenta que el informe final se suscribió el mismo día del auto que la decretó,
ignorando que el Departamento de Antioquia certificó que dicha actividad se
extendió hasta la notificación del citado informe. Agregó que, el tribunal aplicó
indebidamente el silencio administrativo positivo, toda vez que, no se cumplió con
el procedimiento legal para su reconocimiento, que es la solicitud formal de parte o
la declaración de este de forma oficiosa, reiterando que aplicaba lo dispuesto en la
Ley 1437 de 2011.
Respecto a este último punto, se advierte que las situaciones en que es aplicable la
norma de carácter general, es solo cuando no exista disposición especial que regule
la materia; en el caso en concreto se encuentra que el silencio administrativo
positivo se encuentra regulado en el artículo 734 del Estatuto Tributario, en los
siguientes términos «Si transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del
recurrente, en cuyo caso, la Administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará»; razón
por la que no procede la argumentación presentada por la demandada sobre este
particular.
En cuanto a la solicitud previa para efectos de declarar la configuración del silencio
administrativo positivo, esta Sección14 ha señalado que no se requiere, toda vez
que esta figura se genera cuando la administración no expide ni notifica el acto que
resuelve el recurso de reconsideración dentro del término de un año, plazo señalado
en el artículo 732 ibidem, como lo indicó la norma citada previamente.
La Sección ha reiterado que «En todo caso, es relevante precisar que la protocolización del
silencio administrativo positivo establecida en el artículo 85 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo tiene un valor declarativo más no constitutivo.
Lo anterior, dado que en los términos del artículo 85 de la Ley 1437 de 2011, las personas que se
hallen en circunstancias previstas en disposiciones especiales, como a modo de ejemplo lo es la
normativa tributaria, en las cuales se estipule la figura del silencio administrativo positivo, la ausencia
de pronunciamiento por parte de la administración constituye la decisión positiva, cuya
protocolización tiene un valor puramente declarativo.» 15.
En dicho sentido, se ha manifestado que no es necesario «exigir a la contribuyente
protocolizar la constancia de interposición del recurso interpuesto junto con la declaración jurada de
14
Sentencia del 11 de agosto de 2022, exp 26223, M.P. Milton Chaves García.
15
Sentencia del 3 de mayo de 2018, exp 22243 M.P. Milton Chaves García.
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no habérsele notificado la resolución del recurso dentro del término legal»16.
Precisado lo anterior, para resolver el asunto se debe observa que el artículo 733
del Estatuto Tributario dispone que «Cuando se practique inspección tributaria, el término
para fallar los recursos, se suspenderá mientras dure la inspección, si ésta se practica a solicitud del
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, y hasta por tres (3) meses cuando se
practica de oficio», entendiéndose, entonces, que si la inspección fue a petición de
parte, la suspensión será solo la duración de la diligencia, mientras que de ser de
oficio, será hasta de 3 meses.
Teniendo esto presente, en el caso en concreto, se encuentran probados los
siguientes hechos:
· El Departamento de Antioquia profirió la liquidación oficial de revisión 201500288059
del 10 de julio de 2015, por medio de la cual modificó la declaración privada por
impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas, por el período de
noviembre de 201217.
· Cervunión interpuso recurso de reconsideración el 15 de septiembre de 2015, en el
que «solicitó a la Administración, respetuosamente, que de manera previa a la decisión del
presente recurso, practique inspección tributaria a la contabilidad y soportes de la sociedad
[…]»18.
· La autoridad departamental en auto 2016080001915 del 5 de julio de 2016, ordenó
realizar la inspección tributaria solicitada, e indicó «que la suspensión del término para
resolver los recursos de reconsideración iniciará con la notificación del presente auto de
inspección y finalizará con el respectivo informe de auditoría, el cual, será notificado al
contribuyente»19.
· Luego, una vez realizada la diligencia, se profirió un informe final que contenía el
análisis realizado por la administración, el cual indica que «De acuerdo a lo anterior, se
dio por terminado el examen en mención, el día 05 de julio de 2016»20.
· El Departamento de Antioquia expidió la resolución 2016060082686 del 25 de octubre
de 2016, mediante la cual resolvió el recurso de reconsideración21.
· La anterior resolución fue notificada mediante edicto fijado desde el 21 de noviembre
de 2016 al 2 de diciembre de la misma anualidad22.
· Previo requerimiento del tribunal, el 13 de abril de 2018, la administración certificó
que la auditoría solicitada por el contribuyente «se inició con el Auto de Inspección
Tributaria No. 2016080001915 del 5 de julio de 2016, la cual término el 24 de octubre del
mismo año, fecha en que se dio por notificado el informe correspondiente de dicha auditoría
[…]»23.
De este modo, se observa que la inspección tributaria fue a petición del
contribuyente, por lo que la suspensión de términos aplicable al caso en concreto
es la establecida en el primer supuesto de la citada norma, por lo que el plazo se
suspendió durante el tiempo que duró la diligencia, es decir, un día, teniendo en
cuenta la fecha de suscripción del informe final.
16
Sentencia del 31 de marzo de 2022, exp 25677 M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
17
Samai, índice 5. PDF 63 memoriales, págs. 111 a 120.
18
Ibidem, págs. 3 a 10.
19
Ibidem, pág. 127.
20
Ibidem, págs. 128 a 142.
21
Ibidem, págs. 121 a 126.
22
Ibidem, PDF 46 demanda y anexos, pág. 52.
23
Cuaderno principal, fl. 324 y revés.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01170-01 (30376)
Demandante: Cervecería Unión S.A.
Lo anterior, toda vez que, la parte demandada no explicó ni en el escrito de
apelación ni en las demás actuaciones por qué no era aplicable la fecha de
suscripción del informe final de la inspección, o si existió algún error en el
documento; pues solo se limitó a indicar que dicho informe fue notificado el 24 de
octubre de 2016, por lo que ésta última fecha era la que se entendía como la
finalización de la diligencia.
Adicionalmente, tampoco manifestó si se adelantó alguna otra actividad o estudio
entre el 5 de julio de 2016 (fecha en que se decretó y practicó la inspección
tributaria) hasta su notificación.
Ahora bien, esta Sección en sentencia del 28 de septiembre de 202324 resolvió un
proceso entre las mismas partes, con similitud fáctica y jurídica, en el que se estudió
la configuración del silencio administrativo positivo para el impuesto de junio del año
2012; mes que se incluyó también dentro de los aspectos a analizar dentro de la
inspección tributaria, la cual cobijó «los períodos gravables de enero, marzo, abril, mayo, junio
y noviembre de 2012 […]»25. En esa oportunidad se determinó que la inspección se
decretó y practicó en un solo día, 5 de julio de 2016, como en el presente asunto.
Con base en lo anterior, se tiene que la interpretación del a quo sobre el artículo
733 del Estatuto Tributario, fue realizada en debida forma, por lo que se encuentra
demostrada la configuración del silencio administrativo positivo, dado que el
término, al ser suspendido por un día, se amplió solo hasta el 16 de septiembre de
2016 y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se notificó el 2 de
diciembre del mismo año.
Por lo expuesto, no prospera la apelación de la demandada; en consecuencia, se
confirmará la decisión de primera instancia.
Costas
No se realizará pronunciamiento sobre la decisión del tribunal de no condenar en
costas, dado que no fue apelada la decisión.
En cuanto a esta instancia, y según el acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre
de 2025, como se confirmará la sentencia dictada por el a quo, es procedente
condenar a la apelante por concepto de agencias en derecho. Para el efecto, se
tasan en un (1) SMMLV, y se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de
liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del Código
General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 30 de mayo de 2025,
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad.
24
Exp. 27322, M.P. Milton Chaves García.
25
Samai, índice 5. PDF 63 memoriales, pág. 127.
9
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01170-01 (30376)
Demandante: Cervecería Unión S.A.
2. CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandada. En consecuencia,
ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
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10
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