Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-01181-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
1 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 05001-23-33-000-2017-01181-01 (945-2021)
Demandante : José Augusto Rueda Cortés
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional
Litisconsorte necesario Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)1
Tema : Prima de actualización; procedencia de condena en
costas
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación (parcial) interpuesto por el
demandante contra la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual negó las súplicas de la
demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 2 a 14). El señor José Augusto Rueda Cortés, a
través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, para que se acojan las pretensiones que
en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio 20163171142431: MDN-
CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 de 31 de agosto de 2016,
mediante el cual «[…] se niega el derecho al cómputo de la Prima de
Actualización, la Reliquidación y el correspondiente reajuste de la asignación
de retiro solicitado por el Actor […]» (sic).
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada «[…] el cómputo de la Prima de Actualización, la
Reliquidación y el correspondiente reajuste del sueldo básico […]» (sic) desde
1992 y los reajustes anuales a partir del «1° de enero de 1996» y, en
consecuencia, se proceda a la reliquidación de su asignación de retiro; indexar
1
Vinculada en el auto admisorio de la demanda de 12 de mayo de 2017 (ff. 28 y 29).
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José Augusto Rueda Cortés contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional
las sumas adeudadas, sufragar los respectivos intereses moratorios y dar
cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA; por último, se le
condene en costas.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que prestó servicios al Ejército
Nacional por 20 años, 5 meses y 12 días y fue retirado a partir del 19 de junio
de 2002.
Que, por medio de Resolución 3074 de 18 de junio de 2002, la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares (Cremil) le reconoció asignación de retiro desde el 20
de los mismos mes y año, en un porcentaje del 70% de su asignación básica, sin
computarle la prima de actualización.
Dice que presentó reclamación ante la accionada el 24 de agosto de 2016 para
obtener el pago de la prima de actualización, negado a través del oficio acusado.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 4, 13 y 53 de la
Constitución Política; 13 de la Ley 4ª de 1992, 15 del Decreto 335 de 1992, 28
del Decreto 25 de 1993, 28 del Decreto 65 de 1994 y 29 del Decreto 133 de
1995.
Aduce que el acto administrativo acusado trasgrede las precitadas normas, pues
«[…] el trabajo es un derecho y una obligación social que debe gozar de
especial protección, igualmente, se vulnera el derecho a la seguridad social,
servicio público de carácter obligatorio a cargo del [E]stado, el cual debe
prestarse con sujeción a los principios de eficacia y universalidad en los
términos que establece la ley» (sic).
1.5 Contestación de la demanda:
1.5.1 Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (ff. 41 a 52). Por intermedio de
apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones
denominadas falta de legitimidad en la causa por pasiva, pago frente al reajuste
de la asignación de retiro a partir del 1° de enero de 1996, caducidad de la acción
y prescripción del derecho.
Asevera que «[…] la Sala Plena del Consejo de Estado ha proferido fallos en
segunda instancia y dentro de Recursos Extraordinarios de Súplica, con los
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cuales ha fijado un criterio jurisprudencial sobre la no procedencia del reajuste
de la Asignación de Retiro por concepto de la Prima de Actualización […]»,
según el cual tal prestación «[…] fue creada con carácter temporal y no puede
extenderse más allá del término de su vigencia, o sea el 31 de diciembre de
1995» (sic), «[…] lo que quiere decir que 1996 no existen normas que
establezcan la prima de actualización, no existe norma para liquidar la prima
de actualización, y mucho menos existe norma que establezca porcentaje
alguno de liquidación […] con posterioridad al 31 de diciembre de 1995 […]»
(sic).
1.5.2 Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (ff. 80 a
86). La cartera accionada, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones y se refirió a cada uno de los hechos de la demanda, en el
sentido de que algunos son ciertos y otros se deben probar. Afirma que «[…]
no le asiste razón a la parte demandante pues el tema salarial para los
miembros de la fuerza pública como el personal civil a la fecha ha sido fijado
por el Gobierno Nacional en cumplimiento de la Ley 4ª de 1992 [y] está en
cabeza del Gobierno la facultad de determinar los salarios a devengar y no
puede hablarse de discriminación teniendo en cuenta que el mismo
constituyente lo faculta» (sic).
1.6 Providencia apelada (ff. 228 a 235 vuelto). El Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante sentencia de 9 de diciembre de 2020, negó las súplicas de
la demanda (con condena en costas), al considerar que «[…] el actor […]
percibió la prima de actualización respecto de los años 1992 a 1995, no hay
duda que en el caso concreto, a partir del momento en que fue reconocida su
prestación pensional, esto es, el 18 de junio de 2002, la misma tuvo en cuenta
el valor de la prima de actualización» (sic).
Por último, en aplicación del artículo 365 del Código General del Proceso,
condenó en costas al accionante por ser la parte vencida en juicio y ordenó
liquidar las agencias en derecho conforme al artículo 366 ibidem.
1.7 Recurso de apelación (ff. 240 y 241). El accionante, por conducto de
apoderado, interpuso recurso de apelación (parcial), en el que expresó su
inconformidad únicamente frente a la condena en costas, pues su imposición no
atiende a los postulados de buena fe y lealtad procesal ni tiene en cuenta los
precedentes judiciales de las subsecciones A y B de la sección segunda del
Consejo de Estado sobre la materia, que han establecido la necesidad de analizar
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José Augusto Rueda Cortés contra la Nación – Ministerio de Defensa
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diversos aspectos para su interposición y han descartado la apreciación objetiva
para condenar a quien resulte desfavorable la sentencia.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto fue concedido mediante proveído de 26 de
enero de 2021 (f. 243) y admitido por esta Corporación a través de auto de 24
de marzo de 2022 (f. 251), en el que se dispuso la notificación personal al agente
del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 20 de mayo de 2022 (f. 253), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con el artículo 247
del CPACA, oportunidad aprovechada por el accionante2 para reiterar en forma
idéntica sus argumentos de apelación.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación (parcial)
interpuesto3, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si procede o
no la condena en costas al demandante, de conformidad con el artículo 188 del
CPACA.
3.3 Caso concreto. Respecto de la condena en costas, el artículo 188 del
CPACA dispone que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
2
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai. Se deja constancia
de que, pese a que en el índice 15 de Samai obra escrito de alegatos de conclusión presentado por la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, la apodera que los presenta no aporta poder para actuar y
tampoco está reconocida en el proceso, por lo que no serán tenidos en cuenta.
3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «[e]l juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
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José Augusto Rueda Cortés contra la Nación – Ministerio de Defensa
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ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [CPC]».
Por otra parte, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 del Código General
del Proceso (CGP)4, aplicable al caso por remisión del referido artículo 188 del
CPACA, «[s]olo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación».
Frente a la interpretación que debe hacerse del artículo 188 del CPACA, el
Consejo de Estado, sección primera, en providencia de 17 de octubre de 2013,
con ponencia del doctor Guillermo Vargas Ayala, dentro del expediente 15001-
23-33-000-2012-00282-01, precisó:
En ese orden, como las costas procesales se orientan a sancionar el
ejercicio abusivo de los instrumentos judiciales o el desgaste procesal
innecesario de la parte demandada y de la propia administración de
justicia5, su reconocimiento debe atender tal naturaleza y las
circunstancias de cada caso.
[…]
5.2.7.- No puede entonces imponerse una condena a la parte que obró
de buena fe, con unos presupuestos jurídicos ciertos y con la confianza
legítima de existencia de las decisiones que a su juicio eran contrarias
el ordenamiento jurídico, pues aunque la terminación del proceso se da
por una manifestación suya, en el fondo se deriva de una actuación del
demandado.
En consecuencia, nos encontramos frente a una variante de las causales
típicas en que no es viable una condena en costas, para no dar paso a una
aplicación exegética del orden jurídico que antes que garantizar los
derechos procesales de las partes, finalidad para la cual fue erigida la
administración de justicia, los desconocería [resalta la Sala].
Criterio reiterado por esta subsección, en sentencia de 1.º de diciembre de 20166,
al considerar:
4
Que entró en vigor el 1° de enero de 2014 y en su artículo 626 (letra c) derogó el CPC.
5
Sentencia T-342 de 2008: “Al respecto cabe señalar, que de acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación, se
entiende por costas procesales los gastos que se deben sufragar en el proceso; la noción incluye las expensas y las
agencias en derecho. Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros, pólizas,
etc...Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que
el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en el numeral
3° del artículo 393 del C.P.C…, y que no necesariamente deben corresponder a los honorarios pagados por dicha
parte a su abogado.”
6
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
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Expediente 05001-23-33-000-2017-01181-01 (945-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José Augusto Rueda Cortés contra la Nación – Ministerio de Defensa
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En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la
sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se
contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean
impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su
liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.
De acuerdo con el artículo 188 del CPACA arriba transcrito y como lo ha
precisado la subsección, la referida normativa deja a disposición del juez la
procedencia o no de la condena en costas, toda vez que para ello debe examinar
la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple
hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues
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esa imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por
aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de
la parte actora, no habría lugar a imponer condena en costas.
Dicha interpretación guarda armonía con la concepción misma del Estado social
de derecho, puesto que, como lo precisó la Corte Constitucional, en la sentencia
T-406 de 1992, con ponencia del doctor Ciro Angarita Barón, «[…] el término
“social”, ahora agregado a la clásica fórmula del Estado de Derecho, no debe
ser entendido como una simple muletilla retórica que proporciona un elegante
toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado […]»; y en ese
sentido, «En el sistema jurídico del Estado social de derecho se acentúa de
manera dramática el problema -planteado ya por Aristóteles- de la necesidad de
adaptar, corregir, acondicionar la aplicación de la norma por medio de la
intervención del juez. Pero esta intervención no se manifiesta sólo como el
mecanismo necesario para solucionar una disfunción, sino también, y sobre
todo, como un elemento indispensable para mejorar las condiciones de
comunicación entre el derecho y la sociedad, es decir, para favorecer el logro
del valor justicia (de la comunicación entre derecho y realidad), así ello conlleve
un detrimento de la seguridad jurídica».
En el presente asunto, no basta con aplicar la ley procesal general (CGP) en
igualdad de condiciones a todos los procesos judiciales, cualquiera que sea su
naturaleza, como lo interpretó el a quo (al invocar como sustento de la imposición
de la condena en costas el numeral 1 del artículo 365 del CGP), habida cuenta de
que ha de tenerse en consideración que el proceso contencioso-administrativo
reviste de una especial naturaleza7, máxime cuando las partes que intervienen en
él carecen a todas luces de calidades idénticas, por tanto, la intervención del juez
no puede reducirse a la aplicación de la ley, sino a la búsqueda del equilibrio entre
el interés general, la preservación del orden jurídico y el patrimonio público (por
una parte) y la justicia material y la efectividad de los derechos subjetivos en
cabeza de los particulares que concurren al proceso (por otra).
Lo anterior, en atención a que «La dispersión de intereses en la sociedad
capitalista actual, ha diezmado la importancia del concepto de interés general,
repercutiendo así en la legitimidad del órgano legislativo y de la ley misma. Esta
deficiencia de la legitimidad tradicional ha sido compensada con el
7
Ley 1437 de 2011, artículo 103: «Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la
preservación del orden jurídico».
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fortalecimiento de la capacidad estatal para crear consenso y para encontrar
soluciones producto no solo del imperio de la ley sino también de la negociación
y de la adecuación a las circunstancias específicas del conflicto. En estas
condiciones, la idea de control judicial aparece como la clave funcional para
evitar un desbordamiento de poder y para lograr una adaptación del derecho a
la realidad social. Depositario de las ventajas propias del sabio alejado de la
sociedad, que piensa en la objetividad de los valores y dotado de las ventajas de
quien tiene el compromiso de tomar cotidianamente en consideración “la
realidad viviente de los litigios”, el juez está en plena capacidad, como ningún
otro órgano de régimen político, de desempeñar ese papel 5. En síntesis, el control
ejercido por jueces y tribunales en el Estado constitucional contemporáneo
resulta siendo la fórmula para la mejor relación seguridad jurídica-justicia»
(ibidem).
Igualmente, cabe destacar que esta Sala no observa una conducta dilatoria o de
mala fe en el asunto sub examine, pues estas tienen lugar cuando se demuestre en
el expediente el ejercicio abusivo de los instrumentos judiciales o un desgaste
procesal innecesario, conductas que no se evidenciaron en el caso por parte del
demandante.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2020
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la
demanda incoada por el señor José Augusto Rueda Cortés contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, conforme a lo expuesto en
la parte motiva.
5
Alexander Bickel The least dangerous branch, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1962
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Expediente 05001-23-33-000-2017-01181-01 (945-2021)
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Nacional – Ejército Nacional
2°. Revócase la condena en costas impuestas al demandante, por las razones
expuestas.
3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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