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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01241-01

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01241-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Confírmase la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala segunda), que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Ricardo Jerez Soto contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-01241-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

7 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 05001-23-33-000-2017-01241-01 (4667-2021)
Demandante : Ricardo Jerez Soto
Demandado : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional
Tema : Reconocimiento de tiempos dobles

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 23 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia (sala segunda), mediante la cual negó las súplicas
de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 1 a 19). El señor Ricardo Jerez Soto, por conducto
de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a
incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme
al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional, para que se acojan las pretensiones que
en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio 20135620703871: MDN-
CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU de 14 de agosto de 2013, por medio del cual
el Ejército Nacional negó al actor el reconocimiento del tiempo doble laborado
en su hoja de servicios, la corrección de esta y el posterior envío a la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil), para la reliquidación de su asignación
de retiro.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada corregir la
hoja de servicios en la que se compute «3 años, 4 meses y 2 días» como tiempo
doble para efectos prestacionales, según lo prevé el Decreto 1038 de 1984; el
pago de los correspondientes incrementos prestacionales, asumir costas
procesales y la indexación de las sumas adeudadas.

Adicionalmente, solicita «[…] tener como computo de tiempos, los datos
suministrados durante la presente pretensión y no los consignados dentro del
derecho de petición radicado en la FECHA 14 DE JUNIO DE 2013; toda vez

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ricardo Jerez Soto contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional

que en este último, por un error de transcripción, mi poderdante consigno unos
datos distintos a los aquí establecidos […]» (sic para toda la cita).

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que «[…] ingres[ó] como alumno
oficial al EJ[É]RCITO NACIONAL DE COLOMBIA, EL 2 DE MARZO DE
1980, empezando como Cadete ascendiendo regularmente dentro de la
respectiva Fuerza, hasta llegar al grado de Oficial como Teniente Coronel»
(sic).

Que «[…] fue enviado [el] 1º de diciembre de 1990 al BATALLÓN DE
SERVICIOS 13, DE GUARNICIÓN BOGOTA, en donde prestó sus servicios
durante dos años a partir de [la referida fecha] y hasta el 01 de diciembre de
1992; es decir, estuvo bajo la vigencia del Decreto 1038 de […] 1984 […], por
el cual se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio
de la República de Colombia […]; en consecuencia y como OFICIAL DEL
EJERCITO NACIONAL, TENÍA TODOS LOS DERECHOS,
OBLIGACIONES, DEBERES Y PRERROGATIVAS DE LOS OFICIALES
DE LAS FUERZAS MILITARES EN TIEMPO DE GUERRA O
TURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO entre ellos, [a] que se le computara
como tiempo doble el servicio durante la turbación del orden público, para
todos los efectos, menos para ascensos» (sic para toda la cita).

Sostiene que «[…] como OFICIAL DEL EJERCITO NACIONAL, participo
en operaciones militares de conservación o restablecimiento del orden público
en La región del Sumapaz localidad número 20 del Distrito Capital de Bogotá,
SOPORTADAS SIEMPRE EN ÓRDENES DE OPERACIÓN EMITIDAS
POR SUS SUPERIORES Y BAJO EL ESTADO DE PERTURBACIÓN DEL
ORDEN PÚBLICO, durante el tiempo comprendido del 01 de diciembre de
1990 y hasta el 4 de julio de 1991» (sic).

Que, por Resolución 4241 de 13 de septiembre de 2011, le fue concedida la
asignación de retiro como oficial, «[…] después de haber prestado sus servicios
durante 23 años, 02 meses y 25 días» (sic).

Dice que el 14 de junio de 2013 solicitó del director del Ejército Nacional el
reconocimiento del tiempo doble laborado antes descrito en su hoja de servicios
y el consecuente reajuste de la asignación de retiro.

Que la anterior petición fue negada con oficio 20135620703871: MDN-CGFM-
CE-JEDEH-DIPER-SJU de 14 de agosto de 2013, al considerar que si bien es
cierto que prestó el servicio durante el estado de sitio, también lo es que no
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Ejército Nacional

existe decreto proferido por el presidente de la República que especifique las
zonas en las cuales debía otorgarse tal prerrogativa.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 57, 58 y 59 de la
Constitución Nacional de 1886; 2, 23, 25 y 220 de la Constitución Política de
1991; 109 (letra c) y 155 del Decreto ley 2378 de 1971 y 121 (parágrafo 10)
del Decreto ley 613 de 1977; así como las Leyes 2ª. de 1945 y 1437 de 2011,
y los Decretos 1288 de 1965, 1814 de 1953, 1048 de 1970, 1249 de 1975, 1263
de 1976, 1131 de 1976, 1386 de 1974, 3061 de 1968, 739 de 1970, 3072 de
1968, 3187 de 1968, 586 de 1977; 2337, 2338 y 2340 de 1971; 2131 de 1976
y 1128 de 1970.

Arguye que en los casos de guerra exterior o de conmoción interior, el primer
mandatario, con la firma de todos los ministros, puede declarar turbado el orden
público y declarar el estado de sitio en todo el territorio nacional o parte de él,
y en virtud de esa declaración se profieren decretos de carácter provisional que
son obligatorios y que cualquier autoridad debe cumplir, los cuales buscan
adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

Que la legislación laboral estipuló la compensación en tiempo de servicio por
cada día laborado durante el lapso que permaneciera el país bajo las
condiciones descritas, así el resarcimiento debía hacerse con el
reconocimiento de un día adicional por cada uno que subsistiera el estado de
sitio, a lo cual se le denominó, en forma popular, como «tiempo doble», por
efectos de la disponibilidad de 24 horas diarias y las prolongadas operaciones
dentro de la selva o las ciudades bajo el acoso implacable del enemigo.

Afirma que cerca de un millar de militares fueron asesinados en la guerra y,
por tanto, la reclamación no solamente es jurídicamente válida, sino
reconocida por preceptos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
los que establecen que ese tiempo debe ser reconocido como doble o extra
laborado, pues de lo contrario se quebrantaría la Constitución, toda vez que se
incurriría en esclavitud.

Que es justo lo peticionado, comoquiera que comprende un derecho innegable
y cierto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 de la Constitución
Nacional de 1886 y 47 de la Ley 2ª de 1945, que disponen que la sola
declaración del estado de sitio otorga la prerrogativa de que los tiempos
trabajados en estas condiciones sean computados doblemente.

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Ricardo Jerez Soto contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional

Por último, cita doctrina relacionada con el derecho al trabajo y jurisprudencia
que considera es aplicable al caso en estudio.

1.5 Contestación de la demanda (ff. 81 a 93). La accionada, a través de
apoderada, asevera que «no le es dable a la entidad modificar la hoja de vida
del Teniente Coronel (R), reconociendo tiempos dobles, sin el debido sustento
legal, ya que los periodos sobre los cuales se solicita la modificación […] no
existe ningún acto administrativo por medio del cual, el Gobierno Nacional
haya determinado alguna zona en la cual se haya justificado y determinado el
reconocimiento de tiempo doble, ni norma alguna que establezca el derecho
a su favor. Así las cosas, […] no se cumplen con los requisitos exigidos como
el concepto previo del Consejo de Ministros sobre la viabilidad para el
reconocimiento [deprecado], ni del acto administrativo del Presidente que
reconozca tal derecho […]» (sic).

1.6 Providencia impugnada (ff. 185 a 194). El Tribunal Administrativo de
Antioquia (sala segunda), en sentencia de 23 de septiembre de 2021, negó las
súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que «[…] [el]l
establecimiento de los tiempos dobles bajo las condiciones señaladas
responde a las políticas salariales y prestacionales del legislador y del
gobierno de turno, quienes gozan de autonomía para definir quiénes pueden
ser beneficiarios de una prestación, atendiendo a factores discrecionales de
necesidad, conveniencia y razones del servicio, dadas las condiciones
políticas, sociales y económicas por las que atravesaba el país en esa época,
y en consecuencia, no puede pretenderse que siempre que se haya acudido a
la declaratoria del estado de sitio, dicha situación conlleve per se el
reconocimiento automático de tiempos dobles de servicio para todos los
funcionarios aunque no sean oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares
y de Policía o que aun siéndolo, no acrediten en debida forma todos y cada
uno de los requisitos que tanto el ordenamiento jurídico, como la
jurisprudencia del alto Tribunal de lo contencioso administrativo han previsto
para dichos efectos» (sic).

Concluye que «[…] no reposa la constancia que acredite que entre el 02 de
marzo de 1988 y el 4 de julio de 1991, tiempo que solicita [el demandante] se
le reconozca como doble, hubiere prestado sus servicios en zona afectada por
situación de orden público, ni tampoco se allegó la copia de los decretos que
particularizaran su situación, es decir, aquellos que el Gobierno Nacional
debió proferir previo concepto del Consejo de Ministros, en los cuales se
establezcan las zonas en que la prestación del servicio podía ser objeto de
4

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Ejército Nacional

reconocimiento» (sic).

1.7 Recurso de apelación (ff. 199 a 202). Inconforme con la anterior
sentencia, el demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de
apelación, al estimar que el a quo «[…] viola DERECHOS
FUNDAMENTALES DE ORDEN CONSTITUCIONAL […] entre los que
se encuentran el DERECHO A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO,
AL TRABAJO, A LA SEGURIDAD SOCIAL[,] A LA CONFIANZA
LEGÍTIMA, DESCONOCIMIENTO DEL MÍNIMO VITAL,
DISCRIMINACIÓN LABORAL, PROTECCIÓN AL DERECHO DEL
TRABAJO Y GOCE DE LA PROTECCIÓN EN FORMA DIGNA Y JUSTA
[…]» (sic).

Que la exigencia de los decretos que determinen las zonas en las que aplicaría
el reconocimiento de tiempos dobles, es una «[…] afirmación [que] VIOLA
LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES CONSAGRADOS en la
Constitución de 1886 Art. 22 “No habrá esclavos en Colombia, el que, siendo
esclavo, pise el territorio de la Rep[ú]blica, quedará libre” concordante con
los Art. 13 y 25 de la [C]onstitución de 1991, el A Quo ha trasgredido los
derechos fundamentales del actor, al ser discriminado por el no
reconocimiento de una prestación de servicio de tiempo doble de jornada
laboral con disponibilidad las 24 horas, incluido los días festivos y domingo,
sometidos a servicios de noche […] y día, para garantizar al ciudadano el
ejercicio de sus libertades y derechos […]» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 21 de octubre de
2021 (f. 203 y vuelto) y admitido por esta Corporación a través de auto de 5
de mayo de 2022 (f. 209 y vuelto), en cumplimiento del artículo 247 del
CPACA1; y en virtud de lo establecido en el numeral 4 ibidem, el Ministerio
Público, por conducto del señor procurador tercero delegado ante esta
Corporación, presentó concepto2, para expresar que «[…] no basta con la
declaratoria de estado de sitio, porque como lo ha señalado el Consejo de
Estado, es necesario que el Gobierno nacional delimite las zonas de aplicación
del beneficio, previo concepto del Consejo de Ministros de la época, en el que
debía indicarse que la aplicación de la prerrogativa no era generalizada e
indiscriminada para todo el personal de las Fuerzas Armadas, sino para
quienes prestaban servicios en zonas determinadas a juicio del Gobierno y
1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
5

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Ejército Nacional

conforme a las condiciones especiales que ameritaran el reconocimiento,
atendiendo los factores de necesidad y conveniencia, tal como lo ha señalado
la línea jurisprudencial consolidada que se expuso […]. Conforme a lo
anterior, en consonancia a lo considerado por el a quo, el demandante debió
probar que durante los periodos servidos como suboficial del ejército nacional,
bajo la connotación del Estado de Sitio […], fue beneficiario de tal
prerrogativa. Puesto que “per se” la declaratoria del Estado de Excepción no
conllevaba el reconocimiento del denominado “tiempo doble” a la totalidad de
las Fuerzas Armadas tanto militares como de policía que sirviesen en el
territorio nacional. Por lo tanto para que el actor pudiese tener derecho al
reconocimiento de tiempo doble de servicios, debió haber probado que de
manera particular era sujeto de tal beneficio, razón suficiente para considerar
que no están llamadas a prosperar las pretensiones de la acción» (sic).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, corresponde
a la Sala determinar si resulta procedente reconocer como tiempo doble los
períodos laborados por el actor, en un total de «3 años, 4 meses y 2 días»; y,
en consecuencia, si le asiste derecho a la corrección de su hoja de servicios y
el respectivo reajuste de sus prestaciones sociales.

3.3 Marco normativo y jurisprudencial. En punto a la resolución del
problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el
correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución
jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

En principio, cabe recordar que los denominados tiempos dobles constituyen
una retribución en período laborado, que se reconoce al miembro de la fuerza
pública que hubiere prestado el servicio durante el estado de guerra o
conmoción interior, pero tal figura solo puede ser concedida en los casos en

3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), «[e]l juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
[…]
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».
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que se acrediten las condiciones que determine la norma que regula dicha
prerrogativa.

Así las cosas, el estado de sitio estaba consagrado en el artículo 121 de la
Constitución Nacional de 1886, que disponía:

En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el
Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de
todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio
toda la República o parte de ella.

Mediante tal declaración quedará el Presidente investido de las facultades
que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el derecho de
gentes, para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento.
Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo
que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios
siempre que lleven la firma de todos los Ministros.

El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya
cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una
exposición motivada de sus providencias. Serán responsables
cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el
ejercicio de facultades extraordinarias.

Luego, el reconocimiento de los tiempos dobles estuvo regulado por la Ley 2ª
de 19454, que en el artículo 47 preceptuó:

El tiempo de servicio en guerra, desde la fecha en que se declare turbado
el orden público, hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca
la normalidad, se computa doble para todos los efectos, con excepción
del de ascensos.

PARÁGRAFO.- Para el cómputo de que trata el presente artículo, es
condición indispensable que la prestación del servicio se efectúe dentro
de la zona afectada [resaltado fuera de texto]

Dicha disposición, posteriormente, fue regulada en la Ley 126 de 19595, que
en su artículo 52 determinó:

El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las
zonas que el Gobierno determine desde la fecha en que se declare turbado
el orden público hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca

4
«Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales del Ejército, se señalan prestaciones sociales para los
empleados civiles del ramo de Guerra y se dictan otras disposiciones sobre prestaciones sociales a los
individuos de tropa».
5
«Por la cual se reorganiza la carrera de Oficiales de las Fuerzas Militares».
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la normalidad, se computará como tiempo doble de servicio.

Ahora bien, el artículo 158 del Decreto 3071 de 19686 estableció la posibilidad
de computar como tiempo doble, aquel que se hubiese prestado en guerra
internacional o conmoción interior, así:

El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las
zonas que determine el Gobierno, a juicio del Consejo de Ministros si las
condiciones justifican la medida, desde la fecha en que se establezca el
Estado de Sitio por turbación del orden público hasta la expedición del
Decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computará como
tiempo doble de servicio para efectos de prestaciones sociales.

Por su parte, el Decreto 2337 de 1971, «[p]or el cual se reorganiza la carrera
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares», en su artículo 181,
previó:

El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las
zonas que determine el Gobierno, a juicio del Consejo de Ministros si las
condiciones justifican la medida desde la fecha en que se establezca el
estado de sitio por turbación del orden público hasta la expedición del
Decreto por el cual se restablezca la normalidad se computará como
tiempo - doble de servicio para efectos de prestaciones sociales.

La anterior norma fue derogada por el Decreto 612 de 19777, sin embargo, el
parágrafo 1º de su artículo 140 respetó el reconocimiento de los tiempos dobles
por servicios prestados con anterioridad a la entrada en vigor de ese decreto.

Resulta oportuno anotar que el Decreto 612 de 1977 fue derogado por el
Decreto 89 de 1984 y este a su vez por el Decreto 95 de 19898, y finalmente
se impone sobre el anterior el Decreto 1211 de 1990, «[p]or el cual se reforma
el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares», en
el cual se estableció, entre otros, el cómputo de tiempos para efectos de la
asignación de retiro. Este último Decreto dispuso en su artículo 170 lo
siguiente:

Para efectos de asignación de retiro y demás prestaciones sociales, el
Ministerio de Defensa liquidar el tiempo de servicio, así:

a. Oficiales, el tiempo de permanencia en la respectiva Escuela de

6
«Por el cual se reorganizó la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares».
7
«Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares».
8
Vale la pena mencionar que los Decretos 89 de 1984 y 95 de 1989 mantuvieron los reconocimientos de los tiempos
dobles por períodos laborados antes de su expedición en el parágrafo 1º de los artículos 162 y 165, respectivamente.
8

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Formación de Oficiales, con un máximo de dos (2) años;
b. Suboficiales, el tiempo de permanencia como Soldado o Alumno de
una Escuela de Formación de Suboficiales, con un máximo de dos (2)
años;
c. El tiempo de servicio como Oficial o Suboficial.

PARÁGRAFO 1o. Los tiempos dobles que en virtud de lo dispuesto en
el artículo 181 del Decreto 2337 de 1971 y disposiciones legales
anteriores sobre la misma materia, se hayan reconocido o se reconozcan
por servicios prestados con anterioridad a la vigencia del presente
Decreto, se tendrán en cuenta para la liquidación de las prestaciones
sociales de los Oficiales y Suboficiales favorecidos con tales
reconocimientos. Dichos tiempos en ningún caso serán computables para
el reconocimiento de prestaciones por servicios al Estado en calidad de
empleado civil.

PARÁGRAFO 2o. Las fracciones mayores de seis (6) meses se
consideran como año completo para la liquidación del auxilio de cesantía,
pero no para las demás prestaciones sociales.

Por otro lado, a través del Decreto 4433 de 2004, «[p]or medio del cual se fija
el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública», se determinó, en el artículo 8º, respecto del cálculo del tiempo doble,
que: «[a] quienes hubieren adquirido derecho al cómputo de tiempo doble por
servicios prestados antes de 1974, se les continuará teniendo en cuenta para
efecto del cómputo del tiempo para la asignación de retiro o pensiones,
conforme lo hubieren señalado las normas correspondientes».

De conformidad con el anterior recuento normativo, resulta viable el
reconocimiento de tiempos dobles a aquellos uniformados de las fuerzas
militares, que prestaron sus servicios durante la conmoción interior o guerra
exterior, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i)
promulgación del decreto que establezca el inicio del estado de sitio, (ii) el
establecimiento de las zonas cuyas condiciones justifiquen la perturbación del
orden público y (iii) la autorización del Gobierno nacional o del consejo de
ministros que habiliten el reconocimiento de tiempo doble.

Al respecto, esta Corporación ha sido pacífica9 al reconocer que el

9
Sentencia de 26 de junio de 2008, sección segunda, subsección A, con ponencia del consejero Alfonso Vargas
Rincón, expediente: 11001-03-25-000-2003-00172-01(1056-03); 26 de noviembre de 2009, sección segunda, con
ponencia del consejero Luis Rafael Vergara Quintero, expediente: 11001-03-25-000-2005-00237-01(10024-05); 8
de agosto de 2011, sección segunda, subsección A, con ponencia del consejero Alfonso Vargas Rincón, expediente:
11001-03-25-000-2006-00113-00(1795-06); 9 de octubre de 2014, sección segunda, subsección B, con ponencia
del consejero Gerardo Arenas Monsalve, expediente 25000-23-42-000-2012-00094-01(3730-13); y 27 de abril de
2018, sección segunda, subsección B, expediente 73001-23-33-000-2014-00741-01(2355-16).
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Expediente 05001-23-33-000-2017-01241-01 (4667-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ricardo Jerez Soto contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional

establecimiento de los tiempos dobles a partir de las condiciones indicadas
respondía a las políticas salariales y prestacionales del legislador y del
gobierno de turno, que gozaron de autonomía para definir cuáles serían los
beneficiarios de tal prestación10, en atención a factores discrecionales de
necesidad, conveniencia y razones del servicio dadas las condiciones políticas,
sociales y económicas por las que atravesaba el país en esa época y por ello
no puede pretenderse que siempre que se haya acudido a la declaratoria de
estado de sitio, dicha situación conllevara per se el reconocimiento automático
de tiempos dobles de servicio para todos los funcionarios, aunque no fueran
oficiales o suboficiales de las fuerzas militares y de la policía o que aun
siéndolo no acreditaban en debida forma todos los requisitos que tanto el
ordenamiento jurídico como la jurisprudencia contencioso-administrativa han
precisado.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Según hoja de servicios 3-79415117 proferida por la dirección de
prestaciones sociales del Ejército Nacional (ff. 31 a 33), el actor fue alumno
oficial de esa institución del 2 de marzo de 1988 al 30 de noviembre de 1990,
día en el cual inició su desempeño como oficial (hasta el 31 de octubre de 2011),
y su último grado fue el de teniente coronel.

b) Mediante Resolución 4241 de 13 de septiembre de 2011, el director general
de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le concedió al actor asignación de
retiro, a partir del 1° de noviembre de esa anualidad (ff. 21 a 23).

c) El 14 de junio de 2013 el demandante solicitó del Ejército Nacional el
reconocimiento de tiempo doble del «1 de mayo de 1984 al 4 de julio de 1991»
(sic) y la respectiva corrección de la hoja de servicios (ff. 24 a 26).

d) Mediante oficio 20135620703871: MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU
de 14 de agosto de 2013, la accionada negó la anterior solicitud, al considerar
que, para el reconocimiento de tiempo doble de servicios, no es suficiente la
declaratoria del estado de sitio en el territorio nacional, pues se requiere,
además, concepto previo del consejo de ministros (ff. 27 y 28 vuelto).

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Así en el caso del Decreto 1048 de 1970, solo extendió ese beneficio a los oficiales y suboficiales, dejando por
fuera de su reconocimiento, entre otros a los agentes de policía.
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Expediente 05001-23-33-000-2017-01241-01 (4667-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ricardo Jerez Soto contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional

De las pruebas enunciadas se desprende que el accionante (i) se incorporó al
Ejército Nacional el 2 de marzo de 1988 en condición de alumno oficial, hasta
el 30 de noviembre de 1990, cuando inició su desempeño como oficial (que
culminó el 31 de octubre de 2011), y su último grado fue el de teniente coronel;
(ii) con Resolución 4241 de 13 de septiembre de 2011, el director general de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le concedió asignación de retiro; y (iii)
el 14 de junio de 2013 reclamó del Ejército Nacional el reconocimiento de
tiempos dobles por el período del «1 de mayo de 1984 al 4 de julio de 1991»
(sic) y la respectiva corrección de la hoja de servicios, negado con el oficio
acusado.

Se tiene entonces que lo pretendido por el demandante consiste en que le sea
reconocido como tiempos dobles el lapso laborado desde el 2 de marzo de
1988 hasta el 4 de julio de 199111, puesto que aduce que durante ese interregno
prestó sus servicios, mientras el país se encontraba en estado de sitio.

Ahora bien, durante ese período que laboró, el Gobierno nacional declaró
perturbado el orden público y el estado de sitio, mediante Decreto 1038 de
1984; no obstante, lo cierto es que no obra en el expediente prueba documental
que permita establecer las zonas concretas en las que aquel, previo concepto
del consejo de ministros, autorizó el reconocimiento de tiempos dobles.

Por tanto, el mencionado Decreto está dirigido únicamente a declarar el
referido estado de sitio, sin que con este se pueda entender en cuáles lugares
del país los miembros de las fuerzas militares podían acceder al
reconocimiento de los tiempos dobles; valga precisar que aquel solo disponía:
«[A]RTÍCULO PRIMERO. Declarase turbado el orden público y en estado de
sitio todo el territorio de la República» y «ARTÍCULO SEGUNDO. Este
Decreto rige desde la fecha de su expedición». Por ende, en virtud de las
facultades extraordinarias conferidas por la Ley 7ª de 1970, era el Gobierno
nacional el competente para fijar en cuáles zonas del territorio nacional se
otorgaría, pues en esos términos lo preceptuaron las Leyes 2ª de 1945 y 126
de 1956, y el Decreto 2337 de 1971.

Aclárase que no se niega la existencia del decreto que declaró el estado de sitio
en el territorio nacional, sin embargo, ese solo hecho no genera el
reconocimiento de tiempos dobles para los miembros de la fuerza pública que
laboraron durante el lapso que aquel estuvo vigente. En efecto, se insiste, era

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De conformidad con la aclaración efectuada en el escrito de la demanda
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Expediente 05001-23-33-000-2017-01241-01 (4667-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ricardo Jerez Soto contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional

al Gobierno nacional al que le correspondía determinar en cuáles lugares
existieron disturbios y concretar a quiénes les era aplicable tal beneficio, toda
vez que al decretarse aquel esto no significaba que en todo el territorio
nacional estuviese perturbado el orden público.

Por ello el período reclamado por el actor no es dable reconocerse como
tiempo doble para efectos prestacionales, puesto que para ser beneficiario se
requiere acreditar la prestación del servicio en aquellas zonas en las que recaía
la aludida prerrogativa, razón por la cual la decisión adoptada en primera
instancia está ajustada a derecho y será confirmada.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto con las
reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular se
confirmará la sentencia, que negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. Confírmase la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia (sala segunda), que negó las
pretensiones de la demanda incoada por el señor Ricardo Jerez Soto contra la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, conforme a lo
expuesto en la parte motiva.

2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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