Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2017-01273-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Del juez de segunda instancia: se ciñe a los cargos formulados por el apelante contra el fallo del a
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2017-01273-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2017-01273-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01273-01 (71.738)
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Demandado: Adrián Acevedo Colorado y otros
Referencia: Repetición - Ley 1437 de 2011
Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN - Demanda radicada en vigencia del CPACA / COMPETENCIA
DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA - Se ciñe a los cargos formulados por el apelante contra el fallo del a
quo / CONDICIÓN DE AGENTES DEL ESTADO - Se acreditó / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE - Ley 678
de 2001 - Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho - No se probó el hecho base de la
presunción alegada / COSTAS - No resulta procedente su imposición.
1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 17 de mayo de 2024, proferida por la Sala Sexta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las súplicas de
la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. La entidad demandante pretende que se declare la responsabilidad de los
señores Álvaro Fernando Bocanegra Parra, Javier Carvajal Carvajal, Carlos Polo
Ortega, Gustavo Londoño López, Jaime Humberto Arteaga Villa, Diego Hernán
Arroyave Céspedes, Walter de Jesús Gómez Álvarez, Adrián Acevedo Colorado y
Walter de Jesús Vélez Orozco y, como consecuencia, se les ordene reembolsar la
suma que pagó con ocasión de una condena que se le impuso en el marco de un
proceso de reparación directa, cuyo trámite se adelantó por los perjuicios derivados
de la muerte de un ciudadano, hecho que se produjo debido a las actuaciones
gravemente culposas de los agentes mencionados.
ANTECEDENTES
Demanda
3. El 28 de noviembre de 20161, la Nación -Ministerio de Defensa Nacional -Ejército
Nacional presentó demanda de repetición contra los señores Álvaro Fernando
Bocanegra Parra, Javier Carvajal Carvajal, Carlos Polo Ortega, Gustavo Londoño
López, Jaime Humberto Arteaga Villa, Diego Hernán Arroyave Céspedes, Walter de
Jesús Gómez Álvarez, Adrián Acevedo Colorado y Walter de Jesús Vélez Orozco,
con el fin de que se les condene a reintegrar la suma de $467’037.057, que tuvo
que pagar a los familiares de Erasmo de Jesús Avendaño Castaño, en cumplimiento
de la sentencia del 27 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, dentro del proceso de reparación directa con radicado 2003-03684-01.
4. Las pretensiones de la demanda corresponden a las siguientes (se transcriben
de forma literal):
1 Fls. 62 - 70 del c.1.
1
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01273-01 (71.738)
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Demandado: Adrián Acevedo Colorado y otros
Referencia: Repetición - Ley 1437 de 2011
“PRIMERO: se DECLARE responsable a los señores Capitán Álvaro Fernando
Bocanegra Parra, Sargento Viceprimero Javier Carvajal Carvajal, Cabo
Segundo Carlos Polo Ortega, cabo Tercero Gustavo Londoño López y a los
soldados profesionales Jaime Humberto Arteaga Villa, Diego Hernán Arroyave
Céspedes, Walter de Jesús Gómez Álvarez, Adrián Acevedo Colorado, Walter
de Jesús Vélez Orozco; de los perjuicios ocasionados a la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, como consecuencia del pago que la
entidad demandante efectuó (…) en cumplimiento de la decisión proferida por
el Juzgado 22 Administrativo del Circuito de Medellín, confirmada (…) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, providencia mediante la cual se condenó
a (…) a pagar (…) los perjuicios causados como consecuencia del fallecimiento
de ERASMO DE JESÚS AVENDAÑO CASTAÑO por impactos de arma de
fuego de dotación oficial, en hechos ocurridos el día 14 de junio de 2002.
SEGUNDO: Se CONDENE a los señores Capitán Álvaro Fernando Bocanegra
Parra, Sargento Viceprimero Javier Carvajal Carvajal, Cabo Segundo Carlos
Polo Ortega, cabo Tercero Gustavo Londoño López y a los soldados
profesionales Jaime Humberto Arteaga Villa, diego Hernán Arroyave
Céspedes, Walter de Jesús Gómez Álvarez, Adrián Acevedo Colorado, Walter
de Jesús Vélez Orozco, a cancelar la suma de (…) $467.037.057, a favor de la
NACIÓN COLOMBIANA-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, suma que
pagó esta entidad por concepto de capital (…) mediante la Resolución No.
10141 de fecha 18 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de la decisión
proferida por el Juzgado 22 Administrativo del Circuito de Medellín, confirmada
(…) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, providencia mediante la cual
se condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a pagar (…)
los perjuicios causados como consecuencia del fallecimiento de ERASMO DE
JESÚS AVENDAÑO CASTAÑO por impactos de arma de fuego de dotación
oficial, en hechos ocurridos el día 14 de junio de 2002.
TERCERO: Se CONDENE a los señores Capitán Álvaro Fernando Bocanegra
Parra, Sargento Viceprimero Javier Carvajal Carvajal, Cabo Segundo Carlos
Polo Ortega, cabo Tercero Gustavo Londoño López y los soldados
profesionales Jaime Humberto Arteaga Villa, Diego Hernán Arroyave
Céspedes, Walter de Jesús Gómez Álvarez, Adrián Acevedo Colorado, Walter
de Jesús Vélez Orozco, a cancelar intereses comerciales a favor del
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, desde la ejecutoria de la providencia
que ponga fin al presente proceso.
CUARTO: Que la sentencia que ponga fin al proceso reúna los requisitos de
los arts. 99, y 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (…), que en ella conste una obligación clara,
expresa y actualmente exigible a fin de que preste mérito ejecutivo (…)”.
5. Como fundamento fáctico de la demanda, se narró que el 14 de junio de 2002,
en desarrollo de la orden de operaciones 084 «Jeremías I», en el municipio de El
Peñol (Antioquia), fue asesinado el señor Erasmo de Jesús Avendaño Castaño, «a
manos de los [agentes] que comandaba el capitán Álvaro Fernando Bocanegra
Parra». Dicho personal estaba integrado, entre otros, por los hoy demandados,
adscritos al Batallón de Artillería 4 «Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez» del Ejército
Nacional.
6. Se indicó que momentos antes de su homicidio, el señor Avendaño Castaño fue
requerido por los mencionados uniformados, con el pretexto de que presuntamente
portaba «unas armas que nunca le encontraron» y lo amenazaron de muerte. El
referido señor al intentar escapar recibió múltiples disparos y se reportó como
muerto en combate con el alias de «Mechas».
7. Los familiares de la víctima instauraron demanda de reparación directa contra el
Ejército Nacional, con el fin de que se les indemnizara los perjuicios morales y
materiales ocasionados por su muerte.
8. Mediante sentencia del 28 de septiembre de 2009, el Juzgado 22 Administrativo
de Medellín declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación -Ministerio de
Defensa- Ejército Nacional-, a título de falla del servicio, por estimar que sus agentes
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01273-01 (71.738)
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Demandado: Adrián Acevedo Colorado y otros
Referencia: Repetición - Ley 1437 de 2011
participaron en la planeación y ejecución del homicidio del señor Erasmo de Jesús
Avendaño Castaño, determinación que el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó en su integridad, en providencia del 27 de junio de 2013.
9. A través de la Resolución 10141 del 18 de noviembre de 2014, el Ejército Nacional
ordenó pagar la suma de $467’037.057 a favor de los beneficiarios de la condena,
rubro que fue cancelado al apoderado de aquellos.
10. Adujo el demandante que en este caso procede la aplicación de la presunción
de culpa grave prevista en el numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, esto
es, violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, dado que los aquí
accionados (i) dispararon sus armas de dotación contra una persona que se hallaba
en estado de indefensión, pues no se le incautó material de guerra; (ii) alteraron la
versión de los hechos, en tanto no existió un combate; y (iii) omitieron los deberes
legales y constitucionales de proteger la vida e integridad de los ciudadanos.
11. De otra parte, mencionó la causal 4 del artículo 5 ibidem, que indica que existe
dolo cuando al funcionario público lo han condenado penal o disciplinariamente por
los mismos hechos que sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad
patrimonial del Estado; sin embargo, no refirió el supuesto fáctico que en el que
apoya esa presunción.
Contestación de la demanda
12. Los señores Álvaro Fernando Bocanegra Parra, Javier Carvajal Carvajal, Carlos
Polo Ortega, Gustavo Londoño López, Jaime Humberto Arteaga Villa, Walter de
Jesús Gómez Álvarez y Gustavo Londoño López, a través del mismo apoderado
judicial, manifestaron que el señor Erasmo de Jesús Avendaño Castaño «decidió
atacar la tropa, lo que generó una reacción armada y justificó el actuar en su contra».
13. Precisaron que los elementos de convicción obrantes al plenario no acreditaban
la presunción de culpa grave invocada. Tampoco había lugar a calificar un actuar
doloso, comoquiera que las personas antes referidas no han sido condenadas penal
o disciplinariamente por la muerte de la víctima directa.
14. Propusieron a título de excepciones: (i) «ineptitud de la demanda por falta de
requisitos formales o indebida acumulación de pretensiones», debido a que el Acto
Legislativo 01 de 2017 excluyó la acción de repetición para los miembros de la
fuerza pública cuando se hubieran cometido conductas punibles por causa, con
ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, lo que en
el sub-lite ocurrió; (ii) «falta de jurisdicción o de competencia», bajo el entendido de
que la Jurisdicción Especial para la Paz ostentaba la competencia exclusiva de los
actos antes descritos y aquellos se postularon ante esa autoridad para que juzgue
los hechos objeto de debate; (iii) «caducidad de la acción de repetición», en la
medida en que el plazo para impetrar la demanda corre «a partir de la fecha en la
que se efectúa el pago de la condena», pero no se aportó algún documento para
validar esa situación2.
15. A los señores Adrián Acevedo Colorado, Walter de Jesús Vélez Orozco y Diego
Hernán Arroyave Céspedes se les designó curador ad litem para que asumiera su
representación judicial; no obstante, el profesional del derecho no contestó la
demanda.
2 Fls. 134 - 143 del c.1.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01273-01 (71.738)
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Demandado: Adrián Acevedo Colorado y otros
Referencia: Repetición - Ley 1437 de 2011
16. En auto del 8 de julio de 2022, el a quo dio por terminado el proceso de repetición
frente a los señores Álvaro Fernando Bocanegra Parra, Javier Antonio Carvajal
Carvajal, Carlos Augusto Polo Ortega, Gustavo Londoño López, Jaime Humberto
Arteaga Villegas y Walter de Jesús Gómez Álvarez, tras verificar que, en el 2018,
estos se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los hechos
objeto del presente litigio3.
17. Señaló que, debido a dicha postulación, la autoridad judicial mencionada asumió
competencia exclusiva y prevalente del asunto y que, conforme a lo dispuesto en el
artículo transitorio 26 del Acto Legislativo 01 de 2017, la acción de repetición no
procede frente a los miembros de la fuerza pública que acuden a ese mecanismo
cuando las conductas punibles examinadas se cometieron por causa, con ocasión
o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, como aquí sucedió.
18. En relación con los demandados Diego Hernán Arroyave Céspedes, Adrián
Acevedo Colorado y Walter de Jesús Vélez Orozco definió que el asunto
continuaría, porque no se probó «la relación de conexidad necesaria para que opere
la (…) exclusión de la repetición»4. Frente a esa determinación las partes no
formularon oposición alguna.
Sentencia de primera instancia
19. Mediante fallo del 17 de mayo de 2024, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia negó las súplicas de la demanda, por estimar que no se
probó la calidad de agentes del Estado de los accionados para la fecha de los
hechos por los que resultó condenado el Ejército Nacional, esto es, el 14 de junio
de 2002.
20. El a quo consideró que, si bien al expediente se aportó la orden de operaciones
084 del 10 de junio 2002 y el informe de patrullaje de la misión «Jeremías I» del 15
de ese mismo mes y año, lo cierto era que del contenido de dichos documentos no
se extraía que los señores Adrián Acevedo Colorado, Walter de Jesús Vélez Orozco
y Diego Hernán Arroyave Céspedes integraran las filas militares o que hubieran
«participado en la conducta reprochada»5.
Recurso de apelación
21. El Ejército Nacional apeló la determinación anterior, para lo cual arguyó que las
pruebas a las que hizo referencia el a quo sí demostraban la calidad de agentes
estatales de los demandados y, además, que «estuvieron involucrados en el hecho
en el que perdió la vida el señor Erasmo de Jesús Avendaño Castaño».
22. Bajo ese contexto, pidió que se superara el análisis del requisito objetivo anterior
y se emitiera el juicio de responsabilidad por el actuar gravemente culposo de los
3 En el auto se razonó lo siguiente (se transcribe de forma literal):
«SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LA REPETICIÓN. Ahora que, de acuerdo con el artículo transitorio 26 del
Acto Legislativo 01 de 2017, resulta evidente que, frente a los miembros de la fuerza pública que se sometan a
la JEP por haber cometido conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el
conflicto armado interno, no procede la repetición. (…) Los hechos que dieron lugar a la demanda de reparación
directa que sustenta la repetición que nos ocupa son los mismos de los que se ocupa el proceso penal No. 9550
adelantado por la Fiscalía 106 Especializada de DDHH y DIH de Medellín, respecto del cual los demandados
ÁLVARO FERNANDO BOCANEGRA PARRA, JAVIER ANTONIO CARVAJAL CARVAJAL, CARLOS
AUGUSTO POLO ORTEGA, GUSTAVO LONDOÑO LÓPEZ, JAIME HUMBERTO ARTEAGA VILLEGAS y
WALTER DE JESÚS GÓMEZ ÁLVAREZ solicitaron su sometimiento a la JEP, esto es, el proceso penal sobre
el cual ya asumió competencia exclusiva y prevalente la JEP. Por lo tanto (…) no es procedente la repetición
respecto de los demandados (…)».
4 Archivo del expediente digital: 021ED_018AutoTerminaParcia.pdf.
5 Archivo del expediente digital: 034ED_031SentenciaPrimeraI.pdf
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01273-01 (71.738)
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Demandado: Adrián Acevedo Colorado y otros
Referencia: Repetición - Ley 1437 de 2011
agentes del Estado debido a la ejecución extrajudicial de un civil inocente ajeno al
conflicto6.
Trámite en segunda instancia
23. En proveído del 17 de octubre de 2024, esta Corporación admitió el recurso de
apelación y, como no se decretaron pruebas7, el asunto ingresó para dictar
sentencia. Los sujetos procesales no intervinieron en esta etapa.
CONSIDERACIONES
24. La Sala resolverá la alzada presentada por la parte actora contra la sentencia
de primera instancia, teniendo en cuenta que no se advierte la configuración de
alguna causal de nulidad que invalide lo actuado, y se evidencia el cumplimiento de
los presupuestos procesales de: jurisdicción, competencia, caducidad y legitimación
en la causa por activa y por pasiva.
25. Para lo anterior, la presente decisión se edificará bajo el siguiente esquema: (i)
el problema jurídico; (ii) la condición de agentes del Estado de los accionados; (iii)
la presunción de culpa grave; (iv) la imputación de responsabilidad; y (v) la condena
en costas en segundo grado.
Problema Jurídico
26. La Subsección determinará (i) si se encuentra o no probado el elemento objetivo
que el juez de primera instancia echó de menos, esto es, la calidad de agentes del
Estado para la fecha en la que ocurrió el hecho dio origen a la condena cuyo
reintegro se reclama; y (ii) en caso de ser procedente, si les asiste responsabilidad
a los demandados por la aplicación de la presunción de culpa grave referente a la
violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.
27. Los demás requisitos para la prosperidad del medio de control de repetición se
encuentran demostrados -la existencia y pago de la condena- y no fueron objeto de
cuestionamiento alguno en el recurso en la apelación.
Análisis de los cargos de apelación formulados
Condición de agentes del Estado de los demandados
28. De conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Carta Política, ostentan
la condición de servidores públicos: los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado y de la
comunidad y ejercen sus funciones en la forma indicada por la Constitución, la ley
y el reglamento, inclusive, de manera excepcional, a los particulares, por expresa
delegación legal o concesión8.
29. En el caso particular, la Sala observa que, contrario a lo colegido por el a quo,
en el informe de patrullaje de la misión «Jeremías I» del 15 de junio 2002, rendido
por el comandante del Ejército Nacional Álvaro Fernando Bocanegra Parra, los
señores Adrián Acevedo Colorado, Walter de Jesús Vélez Orozco y Diego Hernán
Arroyave Céspedes, en su condición de soldados profesionales, participaron en el
6 Archivo del expediente digital: 040ED_037ApelacionEjercito.pdf
7 Archivo del expediente digital: 045Autoqueadmite_71738ADMITEREPpdf.pdf
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18
de noviembre de 2024, expediente 71.795, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01273-01 (71.738)
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Demandado: Adrián Acevedo Colorado y otros
Referencia: Repetición - Ley 1437 de 2011
operativo militar en el que se produjo el deceso del señor Erasmo de Jesús
Avendaño Castaño9. A su turno, la Fiscalía 37 Especializada de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario informó a esta causa que tales personas, en
su calidad de militares, fueron vinculados a la investigación penal que se sigue por
el mencionado homicidio10.
30. A partir de la valoración conjunta de esas piezas procesales11 y, atendiendo al
criterio de la Sala en controversias con supuestos fácticos y jurídicos semejantes al
sub judice12, se infiere que las personas aludidas eran miembros de la institución
para la fecha de los hechos objeto de debate, con lo cual, contrario a lo considerado
por el a quo, se encuentra acreditado el requisito objetivo propio de la demanda de
repetición y, por tanto, se procederá al estudio del presupuesto subjetivo.
Presunción de culpa grave
31. La Sala expondrá unas consideraciones generales acerca de las presunciones
de culpa grave contempladas en la Ley 678 de 2001, norma que resulta aplicable al
sub-lite, puesto que el hecho que dio origen a la condena ocurrió el 14 de junio de
2002.
32. Según lo establecido en el artículo 66 del Código Civil13, las presunciones
permiten tener como cierto o probable un hecho que se infiere a través de un juicio
lógico que realiza el juez acudiendo a las máximas de la experiencia y a la sana
crítica14, de ahí que se considere que tienen por virtud invertir las condiciones
generales de la carga de la prueba a favor de quien las invoca. Aquellas, son de tipo
legal (iuris tantum), cuando admiten prueba en contrario, o de derecho (iuris et de
iure), cuando se considera definitivamente como cierto el hecho presumido y, por el
contrario, no es posible desacreditarlo.
33. Ahora bien, cuando el Estado ha sido condenado a la reparación patrimonial de
los daños antijurídicos originados en alguna de las hipótesis consignadas en el
artículo 6 de la Ley 678 de 2001, el legislador previó una serie de presunciones
legales como mecanismos procesales encaminados a tornar efectiva la acción de
repetición prevista en la Constitución Política y así hacer eficaz la responsabilidad
civil de los servidores públicos por las condenas que su acción u omisión generen.
34. Tales presunciones son de naturaleza legal15, lo que significa que la entidad
actora tiene la carga de probar únicamente los supuestos de hecho a los que alude
dicha disposición normativa16, puesto que «la parte que niegue el hecho presumido
9 Fls. 56 - 59 del c.1.
10 Fl. 61 del c.1.
11 Se advierte que en la orden de operaciones 084 del 10 junio 2002 no se relacionan los nombres de los
soldados que participaron en la misión.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2
de junio de 2023, expediente 67.170, M.P. José Roberto Sáchica Méndez; y sentencia del 20 de noviembre de
2023, expediente 69.858, M.P. María Adriana Marín.
13 «Artículo 66. Presunciones. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o
circunstancias conocidas.
Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la
presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque
sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace
expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias.
Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba
contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias».
14 Francesco Carnelutti, La prueba civil, Buenos Aires, 1955, página 19.
15 Betancur Jaramillo, Carlos, Derecho Procesal Administrativo, Medellín, Seña Editora, 2013, página 124.
16 En los antecedentes legislativos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 27 del Código Civil (voluntas
legislatoris), se mencionó que el establecimiento de estas presunciones legales tenía por objeto tornar eficaz la
acción de repetición e invertir la carga de la prueba, ya que el demandado debe desacreditar el hecho que le
da origen a aquella. Así fue narrado en la ponencia para primer debate en el Senado: «[E]l legislador debe
facilitar el debate probatorio para no hacer de la acción de repetición una misión imposible. Señalar causales
de presunción de dolo y la culpa grave resulta conveniente y necesario, puesto que en el proceso de repetición
sólo deberá probarse el supuesto de hecho en que se funda la presunción, con el objeto de invertir la carga de
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01273-01 (71.738)
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Demandado: Adrián Acevedo Colorado y otros
Referencia: Repetición - Ley 1437 de 2011
está sujeta a la carga de probar el hecho contrario»17. Así lo ha mencionado esta
Subsección:
“Las presunciones de culpa grave contenidas en la Ley 678 de 2001 son legales.
Esto se debe a que así lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia C-
374 de 2001 al decidir acerca de la constitucionalidad del artículo 6 de esa
normativa (…). Concluyó la Corte Constitucional que las presunciones que
contempla la Ley 678 de 2001 son legales, pues, de haberlas calificado de
derecho, la acción de repetición carecería de sentido.
Si se tratara de presunciones de derecho [que no admiten prueba en contra, por
fundarse en el orden público], el demandado en una acción de repetición no
tendría la oportunidad de demostrar que la conducta que se le reprocha no
ocurrió a título de culpa grave. Simplemente se encontraría en una posición en
la cual no podría ejercer su derecho de defensa, lo que implicaría la violación
del artículo 29, según el cual toda persona tiene derecho a presentar pruebas y
a controvertir las que se alleguen en su contra18.
De tal manera que se comparten las consideraciones expuestas por la Corte
Constitucional acerca de que la Ley 678 de 2001 incorporó presunciones
legales, toda vez que de esta manera se garantiza el ejercicio del derecho de
defensa, como vía para hacer valer la presunción de inocencia en desarrollo de
una demanda de repetición, escenario judicial que se instauró precisamente
para definir la responsabilidad o no del servidor o ex servidor del Estado”19.
35. Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia C-374 de 2002, indicó que,
para hacer efectivo el artículo 90 de la Constitución Política, con el fin de proteger
la moralidad y el patrimonio público, se buscó relevar al Estado de la carga de la
prueba cuando ejercía la acción de repetición y alegaba a su favor una presunción,
sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuarla mediante prueba en
contrario, ya que no constituye un juicio anticipado que desconozca la garantía de
la presunción de inocencia20.
36. La previsión legal no constituye una imputación automática de culpabilidad en
cabeza del agente contra el cual se dirige la acción de repetición, en tanto, si este
puede aducir medios de convicción en contrario, ello supone que, para efectos de
la acción de repetición, el juez debe realizar una nueva evaluación de la conducta
del agente. Por esta razón, el simple hecho de que el legislador suponga en estos
eventos la responsabilidad civil del agente estatal no impide que esta presunción
pueda ser destruida con la presentación de pruebas de descargo.
37. La Sala ha concluido que la previsión del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 no
entraña que las causales enunciadas sean las únicas respecto de las cuales puede
calificarse una conducta como gravemente culposa, porque el juez podrá deducir
otros supuestos de hecho que puedan calificarse como tales al apreciar el caso
puesto a su consideración21; empero, en relación con estos últimos, no podrá
aludirse a la aplicación de una presunción y, por tal razón, la entidad estatal deberá
la prueba para hacer de la acción una herramienta efectiva y eficaz. En otras palabras, resultará suficiente para
la parte demandante demostrar una de las causales que se señalan para presumir que el funcionario actuó con
dolo o culpa y, por consiguiente, a la parte demandada demostrar que el supuesto de hecho que se alega no
se configuró» (Congreso de la República, Gaceta del Congreso 14 del 10 de febrero de 2000, página 16).
17 Hernando Devis Echandía, Teoría general de la prueba judicial, Tomo II (Bogotá: Temis, 2017), 681.
18 Original de la cita: «El inciso 4º del artículo 29 constitucional señala:
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y
a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos
veces por el mismo hecho».
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6
de julio de 2017, expediente 45.203, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, reiterada en decisión del 4 de diciembre
de 2020, expediente 65.086, M.P. María Adriana Marín.
20 Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernádez.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29
de mayo de 2014, expediente 40.755, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, reiterada en decisión del 4 de
junio de 2024, expediente 70.438, M.P. María Adriana Marín.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01273-01 (71.738)
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Demandado: Adrián Acevedo Colorado y otros
Referencia: Repetición - Ley 1437 de 2011
probar no solo el supuesto de hecho de aquella sino, también, la conducta del
funcionario público.
Imputación de responsabilidad
38. Descendiendo al caso concreto, se advierte que el Ejército Nacional alegó que
los señores Adrián Acevedo Colorado, Walter de Jesús Vélez Orozco y Diego
Hernán Arroyave Céspedes incurrieron en culpa grave, en los términos del numeral
1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, dado que vulneraron manifiesta e
inexcusablemente las normas de derecho que les eran exigibles, concretada en que
accionaron sus armas de dotación, sin justificación; alteraron la versión de los
hechos; y omitieron el deber que les asistía de proteger la vida de un ciudadano.
39. Para verificar lo anterior, la Subsección trae a colación los elementos de juicio
que reposan en el expediente y se relacionan directamente con el hecho objeto de
análisis22:
40. Por medio de la orden de operaciones 084 «Jeremías I» del 10 de junio de 2002,
el comandante del Batallón de Artillería 4 «Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez» del
Ejército Nacional estableció la misión con el objetivo de adelantar operaciones
ofensivas, registro y destrucción en el municipio de Concepción (Antioquia) y sus
alrededores para ubicar, neutralizar y combatir los integrantes de la cuadrilla 90 de
las FARC y el ELN23.
41. En el informe de patrullaje del 15 de junio de 2002, el comandante del pelotón
Batería Bombarda del Ejército Nacional explicó que, en cumplimiento de lo antes
señalado, falleció el señor Erasmo de Jesús Avendaño Castaño «alias Mechas (…),
bandolero del ELN». Al respecto, en dicho documento se consignó (se transcribe de
forma literal)24:
“(...) En cumplimiento de lo ordenado en la orden de operaciones No. 084
JEREMÍAS 1, se inicia el 1020:00 JUN 2002, con infiltración nocturna desde
Alejandría hasta la Vereda Nichi en coordenadas 06-22-45 75-10-50, desde allí
se inicia registro ofensivo por el área boscosa hasta la vereda las Mercedes en
06-21-20 75-11-32, allí se instalan observatorios en el día y en la noche
emboscadas sobre los caminos que comunican con la vereda Pantanos y
Trinidad, el día 13 se sostiene combate de encuentro en coordenadas 06-20-25
75-12-00, por parte del primer pelotón de la Batería contra un grupo de 06
bandoleros los cuales vestían de civil y llevaban dos bestias con 57 tarros de
aceite y un bulto de jabón lavaloza los cuales les fueron destruidos, los bandidos
evadieron el cerco de las tropas y huyeron con dirección a la represa, se
continuó registrando el área sin lograr restablecer el contacto. En las horas de
la tarde se inicia infiltración en las horas de la noche hacia la vereda la
Despensa en donde al parecer es el sitio por donde se encuentra un grupo de
15 bandoleros del ELN, la tropa se ubica entre las veredas Trinidad y la
Despensa y el día 14 inicia un movimiento con una sección del primer pelotón
de la Batería hasta Coordenadas 06-19-44 75-13-24 en donde a las 08:20 horas
se inicia un combate de encuentro con un grupo de tres bandoleros los cuales
estaban recolectando víveres (pescado) y al detectar la presencia de la tropa
pretenden eludir el combate las tropas maniobran rápidamente y en cruce de
disparos es dado de baja el antisocial conocido con el alias del MECHAS,
bandolero del ELN, el cual porta la cédula de ciudadanía (…) de Amalfi a
nombre del Avendaño Castaño Erasmo de Jesús (...)”.
22 Cabe decir que, aunque la abogada de los demandados que fueron excluidos de este proceso aportó copia
de las solicitudes de sometimiento y de las decisiones en las que la JEP asumió el conocimiento respectivo,
última actuación dentro de la que se observan dos declaraciones rendidas en el proceso penal que se surte por
la muerte de la víctima directa y un informe sobre las supuestas armas que se incautaron el día de los hechos
en comento, no se valorarán porque no fueron solicitadas como prueba trasladada y, además, en la audiencia
de pruebas esos documentos no fueron incorporados, decisión contra la que no se formuló reparo.
23 Fls. 52 - 55 del c.1.
24 Fls. 56 - 59 del c.1.
8
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01273-01 (71.738)
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Demandado: Adrián Acevedo Colorado y otros
Referencia: Repetición - Ley 1437 de 2011
42. A través de fallo del 28 de septiembre de 2009, el Juzgado 22 Administrativo de
Medellín declaró la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional, a título de falla
del servicio, por la muerte del señor Erasmo de Jesús Avendaño Castaño, y
condenó a pagarle a sus familiares los perjuicios extrapatrimoniales y materiales
generados25.
43. Sobre el particular, adujo que, «según el material probatorio del expediente», se
infería que el daño no se produjo por enfrentamiento militar, sino que se trató de
«una ejecución extrajudicial, pues la víctima fue ajusticiada de forma irregular».
Puntualizó que, a pesar de que los uniformados aseguraron que la víctima directa
portaba armas, no se halló prueba del supuesto decomiso ni de su entrega a la
autoridad competente; asimismo, indicó que los testimonios recaudados apuntaban
a que fue requerido por los agentes, quienes lo amenazaron de muerte y aquel en
el intento de huir fue alcanzado por los disparos que estos le propinaron; y, además,
descartaban la existencia de un combate26.
44. Mediante sentencia del 27 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó el proveído anterior, bajo argumentos idénticos27.
45. El 7 de octubre de 2016, la Fiscalía 37 Especializada de Medellín informó que
adelanta la investigación penal por los hechos ocurridos el 14 de junio de 2002,
entre otros, contra los señores Adrián Acevedo Colorado, Walter de Jesús Vélez
Orozco y Diego Hernán Arroyave Céspedes28.
46. El comandante del batallón al que pertenecen los accionados comunicó al
Ministerio de Defensa que no adelantó actuación disciplinaria al respecto 29.
47. En atención a las pruebas reseñadas, esta Subsección concluye que no se
probó el supuesto de hecho que permite la aplicación de la presunción aludida, por
las razones que pasa a explicar:
48. Si bien la entidad actora no identificó el componente normativo presuntamente
desatendido y, con apego al sustento fáctico expuesto en la demanda, se puede
entender que corresponde a lo establecido en los artículos 2 y 6 de la Constitución
Política30, lo cierto es que no se tiene certeza de las circunstancias de tiempo y
modo que rodearon la muerte del señor Erasmo de Jesús Avendaño Castaño ni se
allegaron pruebas a este proceso que permitan determinar la conducta de los
demandados.
49. En efecto, si bien en la orden de operaciones del 10 de junio de 2002 se observa
la autorización para que los accionados ejecutaran tareas tendientes a combatir y
neutralizar a los miembros de grupos al margen de la ley y el informe de patrullaje,
expedido 5 días después, evidencia que el señor Erasmo de Jesús Avendaño
Castaño falleció en un cruce de disparos que se presentó entre miembros del ELN
y el personal del Ejército, cuando intentó huir «de la tropa», lo cierto es que ninguno
de los referidos documentos permite establecer de forma cierta cómo se desarrolló
el hecho causante del daño y tampoco obran en el proceso otros medios de
convicción que le permitan a la Sala afirmar sin hesitación alguna que los agentes
estatales actuaron con culpa grave, pues ni siquiera es posible determinar con
certeza quién o quiénes dispararon y en qué condiciones.
25
Fl. 21 - 44 del c.1
26
Fls. 13 - 24 del c.1.
27
Fls. 25 - 43 del c.1.
28
Fl. 60 del c.1.
29
Fl. 51 del c.1.
30
Relacionados con la obligación de proteger la vida de las personas residentes en Colombia y los principios de legalidad y
responsabilidad por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
9
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01273-01 (71.738)
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Demandado: Adrián Acevedo Colorado y otros
Referencia: Repetición - Ley 1437 de 2011
50. Lo mismo ocurre con los fallos de reparación directa que motivaron la demanda
de repetición, ya que, en línea con el precedente de esta Corporación 31, esas
decisiones no tienen la suficiencia, per se, de edificar el actuar gravemente culposo,
a lo sumo, podría servir de punto de partida para determinar cuál es el hecho que
se predica constitutivo de culpa grave32, esto es, que la víctima directa falleció por
causa de disparos de arma oficial, lo que aquí no está en discusión.
51. De hecho, la Sala ha reiterado que no se puede replicar como cierto lo expuesto
en la motivación de esas providencias judiciales, habida cuenta de que no sería el
juez de la causa a quien le correspondería analizar las pruebas para formar su
propia convicción sobre los hechos controvertidos, sino que estaría ligado a aceptar
el razonamiento que sobre los mismos se formó otro juez, asunto que contradice los
principios básicos del derecho procesal, porque las partes en este escenario no
podrían contradecir las pruebas ni intervenir en su producción33.
52. En otras palabras, dado el carácter autónomo e independiente que el legislador
le imprimió al referido medio de control, el juez de este tipo de procesos no puede
limitarse a reproducir automáticamente los razonamientos de la sentencia objeto de
recaudo, sino que debe evaluar la conducta personal y subjetiva del repetido, con
apoyo en los medios de prueba oportuna, regular y debidamente allegados a este
nuevo juicio.
53. En igual sentido, se pronunció la Corte Constitucional, en la sentencia SU-354
de 2020, al indicar que la entidad demandante debe probar plenamente y, al margen
del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del Estado,
«la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a título
(…) culpa grave»34.
54. En suma, el Ejército Nacional no cumplió con la carga probatoria que le asistía,
sino que solicitó la declaratoria de responsabilidad de los accionados, en mayor
medida, a partir de los derroteros que cimentaron las sentencias de reparación
directa, los cuales, se reitera, no constituyen plena prueba del actuar irregular de
los agentes del Estado.
55. Por último, cabe mencionar que, en el caso hipotético de estudiar la presunción
de dolo del artículo 5.4 de la Ley 678 de 2001 a la que hizo alusión la parte actora
en la demanda -sin ningún sustento fáctico-, la decisión no mutaría, debido a que
no se aportó prueba que permita inferir que los demandados fueron condenados
penal o disciplinariamente por los mismos hechos que sirvieron de fundamento para
declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.
56. Lo hasta aquí expuesto conduce a confirmar la sentencia apelada, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Costas
57. De conformidad con el artículo 18835 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
31 Sobre el particular, ver, entre otras, las sentencias del 11 de febrero de 2009, expediente 33.450, y del 22 de
julio de 2009, expediente 22.779, ambas con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez
32 Las decisiones fueron dictadas el 18 de febrero, 4 y 22 de noviembre de 2022, expedientes 68.336 y 67.486
y 66.590, M.P. María Adriana Marín.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
24 de octubre de 2025, expediente 72.074, M.P. María Adriana Marín.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-254 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
35 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
10
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01273-01 (71.738)
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Demandado: Adrián Acevedo Colorado y otros
Referencia: Repetición - Ley 1437 de 2011
el estatuto procesal civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se
ventila un asunto de interés público.
58. Asimismo, de acuerdo con lo sostenido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-832 de 2001, el proceso de repetición, al estar encaminado a la
protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los
fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos que ventila un
interés público. Por esta razón, la Sala no condenará en costas en esta instancia a
la parte vencida en este proceso, pese a que se le resolvió de manera desfavorable
el recurso de apelación36.
59. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 17 de mayo de 2024, proferida por la Sala
Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el
expediente de este proceso al Tribunal de origen y FINALIZAR y ARCHIVAR esta
actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a
la derecha.
VF
Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12
de agosto de 2019, expediente 63.519, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 3 de octubre de 2019,
expediente 49.865 y sentencia del 10 de septiembre de 2020, expediente 64.790.
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