Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01342-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01342-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-01342-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Cinco (05) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 05001-23-33-000-2017-01342-01 (2934-2025)
Demandante : Álvaro Jaramillo Mazo
Demandada : Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reliquidación pensional
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y
demandada, contra la sentencia del Veintinueve (29) de agosto de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por la Sala Sexta de Oralidad, del Tribunal Administrativo de Antioquia,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.
1.1. Pretensiones.
1. El señor Álvaro Jaramillo Mazo, por conducto de apoderado judicial, promovió
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el propósito que se declare la nulidad de
las Resoluciones GNR 74368 del Diez (10) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016), GNR
88774 del Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016), VPB 33259 del
Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016) y GNR 254260 del Veintinueve (29)
de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), así como el acto ficto derivado del silencio
administrativo negativo, frente al recurso de apelación interpuesto el Dos (2) de junio de
Dos Mil Dieciséis (2016), actos administrativos mediante los cuales, se le reliquidó la
pensión de vejez, sin inclusión de las cotizaciones realizadas durante su ejercicio como
diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, y se ordenó el reintegro de sumas
percibidas, por concepto de mesadas pensionales.
1 Expediente digital – Samai – índice 00057 – 05001 23 33 000 2017 01342 00 HIBRIDO – 01PRIMERAINSTANCIA – C002 –
003EscritoDeSubsanacion.pdf Sala compuesta por los Magistrados: Dohor Edwin Varón Vivas, Rafael Darío Restrepo Quijano y
Vannesa Alejandra Pérez Rosales.
Número Interno: 2934-2025
Demandante: Álvaro Jaramillo Mazo
Demandada: Colpensiones
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la entidad demandada:
(i) reliquidar la pensión de vejez, con base en las cotizaciones efectuadas durante el
periodo comprendido entre el Primero (1°) de enero de Dos Mil Doce (2012) y el Treinta
y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Quince (2015); (ii) reconocer y pagar el retroactivo
correspondiente, con los intereses moratorios; (iii) abstenerse de exigir el reintegro de la
suma de Doscientos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil
Noventa y Dos Pesos ($241.454.092), percibida durante dicho lapso; y (iv) condenar en
costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
1.2. Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:
3. El señor Álvaro Jaramillo Mazo, nació el Trece (13) de octubre de Mil Novecientos
Cincuenta y Uno (1951); fue servidor público durante gran parte de su vida laboral,
efectuando cotizaciones al entonces Instituto de Seguros Sociales —hoy Colpensiones—
en distintos períodos.
4. Mediante Resolución No. 002436 del Ocho (8) de febrero de Dos Mil Once (2011),
el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció pensión de vejez, fijando una mesada inicial
para el año 2011, por valor de Tres Millones Setecientos Cuarenta Mil Cuatrocientos
Veinticuatro Pesos ($3.740.424), y teniendo como última entidad empleadora, al Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.
5. En las elecciones celebradas en octubre de Dos Mil Once (2011), fue elegido
diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, para el período comprendido entre
el Primero (1°) de enero de Dos Mil Doce (2012) y el Treinta y Uno (31) de diciembre de
Dos Mil Quince (2015), razón por la cual, solicitó la suspensión del pago de la pensión
antes de su posesión en el cargo.
6. Aunque la entidad dispuso la suspensión del pago de la prestación, continuó
recibiendo las mesadas pensionales, durante el tiempo en que ejerció el cargo de
diputado.
7. En el tiempo que fungió como diputado, realizó los respectivos aportes al sistema
de seguridad social, con base en los salarios devengados entre los años 2012 y 2015.
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Número Interno: 2934-2025
Demandante: Álvaro Jaramillo Mazo
Demandada: Colpensiones
8. Culminado el periodo como diputado, el Nueve (9) de febrero de Dos Mil Dieciséis
(2016), presentó solicitud de reliquidación de la pensión de vejez, con fundamento en las
cotizaciones efectuadas durante dicho lapso; no obstante, mediante Resolución GNR
74368 del Diez (10) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016), Colpensiones negó la
reliquidación.
9. Aunque posteriormente, en cumplimiento de un fallo de tutela, la entidad dispuso
una reliquidación pensional, excluyó las cotizaciones efectuadas durante el período en
que se desempeñó como diputado, al considerar cubierto el riesgo de vejez, al momento
de su reincorporación.
10. Mediante Resolución GNR 88774 del Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil
Dieciséis (2016), Colpensiones le ordenó reintegrar la suma de Doscientos Cuarenta y
Un Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Noventa y Dos Pesos $241.454.092,
por considerar incompatible la percepción simultánea de pensión de vejez y
remuneración como diputado; decisión contra la cual, interpuso los recursos de ley, los
cuales fueron resueltos desfavorablemente.
1.3. Normas violadas y concepto de violación.
11. La parte actora señaló como vulneradas las disposiciones contenidas en el artículo
4° de la Ley 171 de 1961, en concordancia con el artículo 1° del Decreto 583 de 1995 y
los artículos 16 y 18 del Decreto 1611 de 1962, que regulan la procedencia de la revisión
y reliquidación de la pensión de jubilación, cuando el pensionado se reincorpora al
servicio público por un término no inferior a tres (3) años, continuos o discontinuos,
incluidos los cargos de elección popular; así como el parágrafo 1° del artículo 29 de la
Ley 617 de 2000, que establece la compatibilidad entre la remuneración de los diputados
y las asignaciones originadas en pensiones; disposiciones que, en su criterio, fueron
desconocidas por la entidad demandada, al negar la reliquidación pretendida y ordenar
el reintegro de las sumas percibidas por concepto de mesadas pensionales; invocando
como causales de nulidad, la falsa motivación y la violación de norma superior.
12. Indicó que, al excluir las cotizaciones efectuadas durante su ejercicio como
diputado, la entidad efectuó una interpretación restrictiva y contraria a la jurisprudencia
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Número Interno: 2934-2025
Demandante: Álvaro Jaramillo Mazo
Demandada: Colpensiones
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en la materia, porque la orden de
reintegro de las mesadas percibidas, desconoció el régimen de compatibilidades, previsto
en el parágrafo 1° del artículo 29 de la Ley 617 de 2000.
13. Sostuvo que Colpensiones, en su condición de entidad pagadora de la prestación,
es la competente para efectuar la reliquidación y asumir el mayor valor, sin perjuicio de
repetir contra las entidades concurrentes, por lo que, al negar la reliquidación y ordenar
la devolución de las sumas percibidas, incurrió en falsa motivación y desconocimiento del
ordenamiento jurídico, configurándose la nulidad de los actos demandados.
2. Contestación de la demanda2.
14. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por conducto de
apoderado judicial, se opuso a las pretensiones, al sostener que, los actos administrativos
demandados, fueron expedidos por autoridad competente, con observancia del debido
proceso y en aplicación del régimen legal vigente, y, por lo tanto, se encuentran
amparados por la presunción de legalidad.
15. Adujo la improcedencia de la reliquidación de la pensión de vejez, con fundamento
en las cotizaciones efectuadas durante el período en que el señor Álvaro Jaramillo Mazo,
ejerció como diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, por cuanto, el artículo
4° de la Ley 171 de 1961, solo resulta aplicable a quienes se reincorporen a los cargos
taxativamente señalados en el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, hipótesis que no se
configura en el caso concreto.
16. Agregó que, el ingreso base de liquidación, no hace parte del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, en especial las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015,
razón por la cual, no es posible liquidar la prestación, con el promedio del último año de
servicios, ni incluir factores salariales no cotizados, debiendo aplicarse el promedio
establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
17. Durante el período en que el actor ejerció el cargo de elección popular, continuó
percibiendo mesadas pensionales, lo que configuró una doble asignación proveniente del
2 Expediente digital – Samai – índice 00057 – 05001 23 33 000 2017 01342 00 HIBRIDO – 01PRIMERAINSTANCIA – C002 –
014ContestacionDeLaDemanda.pdf
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Número Interno: 2934-2025
Demandante: Álvaro Jaramillo Mazo
Demandada: Colpensiones
tesoro público, contraria al artículo 128 de la Constitución Política; por ello, defendió la
legalidad de los actos que ordenaron el reintegro de las sumas pagadas, pues la entidad
actuó en cumplimiento del deber de proteger los recursos del sistema.
18. Finalmente, propuso como excepción previa la inepta demanda por indebida
individualización de los actos administrativos3, al considerar que no se demandaron todos
los actos que conforman la situación jurídica debatida; y, como excepciones de mérito, la
inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión, la improcedencia de incluir factores
no cotizados, el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad, el cobro de lo no
debido, la compensación, la prescripción y la improcedencia de condena en costas,
solicitando en consecuencia que se nieguen las pretensiones y se absuelva a
Colpensiones de toda condena.
3. La sentencia de primera instancia4.
19. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, mediante
sentencia del Veintinueve (29) de agosto de Dos mil veinticinco (2025), dispuso:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito propuestas por
la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, de "Inexistencia de
la obligación de reliquidar la pensión de vejez", "Inexistencia de la obligación de
reliquidar pensión con factores salariales no reportados", "Cumplimiento de las
obligaciones a cargo de Colpensiones", "Cobro de lo no debido", "Pago y
compensación", "Buena fe", "Prescripción".
DECLARAR PROBADAS las excepciones de mérito en lo que respecta al cobro de
lo no debido.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución GNR 74368 del 10 de
marzo de 2016, proferida por COLPENSIONES por medio de la cual se negó la
reliquidación pensional teniendo en cuenta los aportes como Diputado.
TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución VPB 33259 del
23 de agosto de 2016, proferida por COLPENSIONES, por medio de la cual se
resuelve un recurso de apelación contra la GNR 74368, ˙nicamente en cuanto negó
tener en cuenta las cotizaciones efectuadas durante el periodo en que el demandante
ejerció como Diputado para la reliquidación de su pensión de vejez.
CUARTO: Como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Administradora Colombiana de
Pensiones - COLPENSIONES que, en el término de treinta (30) días contados a partir
de la ejecutoria de esta providencia, proceda a reliquidar la pensión de vejez del
señor ÁLVARO JARAMILLO MAZO, identificado con cédula de ciudadanía No.
3 Excepción la cual se declaró no probada, por parte de la Sala Tercera de Oralidad, del Tribunal Administrativo de Antioquia, en
audiencia inicial llevada a cabo el Trece (13) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018). Expediente digital – Samai – índice 00057 –
05001 23 33 000 2017 01342 00 HIBRIDO – 01PRIMERAINSTANCIA – C002 –
020ActaDeAudiencia(InicialPruebasAlegatosYJuzgamiento).pdf
4 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despacho – índice 59.
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Demandante: Álvaro Jaramillo Mazo
Demandada: Colpensiones
71.576.049, incluyendo los aportes realizados y el tiempo servido en el cargo de
Diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia entre el 1 de enero de 2012 y
el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley
171 de 1961.
QUINTO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES que pague al demandante las diferencias resultantes entre las
mesadas pensionales efectivamente canceladas y las que resulten de la reliquidación
ordenada, a partir del 1 de enero de 2016.
SEXTO: NEGAR las pretensiones de nulidad de las Resoluciones GNR 88774 del 29
de marzo de 2016, GNR 254260 del 29 de agosto de 2016 y del acto ficto negativo
que resolvió la apelación, mediante las cuales se ordenó el reintegro de dineros. En
consecuencia, NEGAR la pretensión de no reintegro de los dineros recibidos por
concepto de pensión durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y
el 31 de diciembre de 2015.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: Sin condena en costas.
NOVENO: Désele cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 189
y 192 del CPACA.
20. El Tribunal consideró que, si bien el actor ostentaba la calidad de pensionado, al
momento de reincorporarse al servicio público en un cargo de elección popular, dicha
situación se encontraba amparada por la excepción prevista en el Decreto 583 de 1995;
y al haber permanecido en el cargo por más de tres (3) años —entre el Primero (01) de
enero de Dos Mil Doce (2012) y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Quince
(2015)— y efectuado las correspondientes cotizaciones, cumplía los presupuestos del
artículo 4 de la Ley 171 de 1961, para acceder a la revisión o reliquidación de su pensión
de vejez, razón por la cual, los actos administrativos que negaron la inclusión de tales
aportes, desconocieron normas superiores.
21. No obstante precisó que, el régimen excepcional de reintegro, impone de manera
imperativa, la suspensión del pago de la mesada pensional, mientras el pensionado
desempeña el cargo público, en armonía con la prohibición contenida en el artículo 128
de la Constitución Política. En ese contexto, concluyó que, las resoluciones que
ordenaron el reintegro de los dineros recibidos en dicho lapso, se ajustaron a derecho.
22. Finalmente, negó la pretensión relacionada con el reconocimiento de intereses
moratorios, al no configurarse una mora injustificada atribuible a la entidad demandada,
dado que, la controversia jurídica sobre la compatibilidad de asignaciones y la
procedencia de la suspensión del pago, impedía predicar la existencia de una obligación
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Número Interno: 2934-2025
Demandante: Álvaro Jaramillo Mazo
Demandada: Colpensiones
clara, expresa y exigible durante el período discutido; en consecuencia, dispuso la
reliquidación pensional a partir del Primero (01) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016),
ordenó el pago de las diferencias resultantes y negó las demás pretensiones.
4. Los recursos de apelación.
4.1. Parte demandada5.
23. Colpensiones, por intermedio de apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación contra la decisión de primera instancia; sosteniendo que, el A quo desconoció
que la pensión de vejez fue reconocida en aplicación del régimen de transición, previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, al encontrarse cubierto el riesgo de vejez desde
esa fecha, cesó la obligación de cotizar al Sistema General de Pensiones, de conformidad
con el artículo 4 de la Ley 797 de 2003 y la Circular Interna 01 de 2012, lo que torna
improcedente cualquier reliquidación con base en cotizaciones posteriores.
24. Iteró que el cargo de diputado, no se encuentra comprendido en las excepciones
previstas en el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, a las que remite el Decreto 583 de
1995, por lo que, no resulta aplicable el régimen excepcional de reintegro, que habilita la
revisión pensional prevista en el artículo 4 de la Ley 171 de 1961; por lo tanto, las
cotizaciones realizadas entre el Primero (01) de enero de Dos Mil Doce (2012) y el Treinta
y uno (31) de diciembre de Dos Mil Quince (2015), no pueden producir efectos para
reliquidar una prestación ya reconocida, pues ello implicaría admitir una doble asignación
proveniente del erario.
25. Finalmente, señaló que, en el evento de considerarse procedente la revisión, el
Ingreso Base de Liquidación no hace parte de los aspectos protegidos por el régimen de
transición, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional —especialmente la
Sentencia SU-230 de Veintinueve (29) de abril de Dos mil quince (2015)—, por lo que,
no es posible efectuar la reliquidación, con fundamento exclusivo en el promedio de los
últimos tres (3) años de servicio; razón por la cual, solicitó la revocatoria de la sentencia
apelada y la absolución de Colpensiones.
4.2. Parte demandante6.
5 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despacho – índice 59.
6 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despacho – índice 60.
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Demandante: Álvaro Jaramillo Mazo
Demandada: Colpensiones
26. El señor Álvaro Jaramillo Mazo, por intermedio de apoderado judicial, apeló la
decisión de primera instancia, frente a la negativa de declarar la nulidad de los actos
administrativos que dispusieron el reintegro de las sumas de dinero percibidas a título de
pensión, en el tiempo en que fungió como diputado.
27. Como fundamento de la alzada, sostuvo que, el A quo desconoció la buena fe del
demandante, quien informó oportunamente a Colpensiones, su elección como diputado
y solicitó la suspensión de la mesada pensional, desde el Primero (01) de enero de Dos
Mil Doce (2012), petición que dio lugar a la expedición de las Resoluciones No. 002900
de febrero de Dos Mil Doce (2012) y No. 006808 de Quince (15) de marzo de Dos Mil
Doce (2012), mediante las cuales, se ordenó su retiro de nómina; no obstante, la entidad
no materializó dicha suspensión por causas ajenas al actor, razón por la cual, no puede
atribuírsele la recepción de un pago indebido, ni imponérsele la obligación de reintegro
de sumas de dinero.
28. Insistió en que la remuneración como diputado, es compatible con la percepción
de pensión, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 617 de 2000, el
cual exceptúa de la incompatibilidad, las asignaciones originadas en pensiones; por lo
que la decisión de ordenar la devolución de las mesadas, desconoce dicha disposición y
la jurisprudencia que ha avalado la compatibilidad entre los honorarios de diputados y la
percepción de la pensión. Añadió que, Colpensiones ha efectuado descuentos
mensuales bajo el concepto de «nota crédito», por valores que ascienden a la suma total
de $109.517.856, los cuales, en caso de confirmarse la orden de reintegro, deben ser
tenidos en cuenta, como abono al monto inicialmente fijado en $241.454.092.
29. Finalmente, manifestó inconformidad con la negativa de reconocer intereses
moratorios, por la falta de pago oportuno de la reliquidación pensional, al estimar
configurados los presupuestos previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y el
artículo 1 de la Ley 700 de 2001, así como en la jurisprudencia del Consejo de Estado y
la Corte Constitucional, según la cual, el retardo en el reconocimiento o pago de mesadas,
genera automáticamente la obligación de pagar intereses, sin que sea necesaria la
acreditación de mala fe; en consecuencia, solicitó revocar parcialmente la sentencia,
exonerarlo del reintegro de las sumas percibidas entre el Primero (01) de enero de Dos
Mil Doce (2012) y el Treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Quince (2015), y ordenar
el pago de los intereses moratorios correspondientes.
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Demandante: Álvaro Jaramillo Mazo
Demandada: Colpensiones
5. Trámite de segunda instancia
30. Por auto del Catorce (14) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)7, el
consejero ponente admitió el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el artículo
247 del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso
ingresó al Despacho para fallo.
6. Concepto del Ministerio Público.
31. El Ministerio Público, no presentó concepto dentro del presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
32. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
2.2. Problema jurídico
33. Corresponde a la Sala determinar, si debe revocar la sentencia del Veintinueve
(29) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, debiendo
estudiarse lo siguiente:
i) Si debe mantenerse la legalidad de los actos administrativos de
reliquidación pensional, que excluyeron las cotizaciones realizadas durante
el período comprendido entre el Primero (01) de enero de Dos Mil Doce
(2012) y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Quince (2015);
ii) Si los actos administrativos que ordenaron el reintegro de la suma de
Doscientos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil
Noventa y Dos Pesos ($241.454.092), se ajustaron al régimen jurídico
aplicable al caso concreto;
7 Samai - índice 00005.
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Número Interno: 2934-2025
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iii) Si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses
moratorios, previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
34. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Hechos probados; y 2.5 Caso
concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993
35. La Ley 100 de 1993, instituyó el Sistema General de Pensiones y, con el propósito
de armonizar la diversidad de regímenes existentes, estableció un régimen de transición
en su artículo 36, orientado a salvaguardar las expectativas legítimas de quienes, al 1°
de abril de 1994, se encontraban próximos a consolidar el derecho pensional.
36. En virtud de dicha disposición, a los beneficiarios del régimen de transición, se les
aplican las reglas anteriores en materia de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo;
sin embargo, el Ingreso Base de Liquidación, no quedó cobijado íntegramente por la
ultractividad normativa, pues el legislador fijó reglas específicas en el inciso tercero del
citado artículo 36.
37. Así, si al entrar en vigencia el sistema, faltaban menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, el IBL corresponde al promedio de lo devengado en el tiempo faltante
o al promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, el que resulte superior, actualizado
con el índice de precios al consumidor. En los demás casos, se aplica la regla general
prevista en el artículo 21 ibidem, esto es, el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales se cotizó durante los últimos diez (10) años.
38. Este entendimiento fue precisado por la Corte Constitucional8 y acogido por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación de 28 de agosto de 20189, al señalar que, el IBL aplicable a los beneficiarios
del régimen de transición, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
8 Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013.
9 Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013, C.P. César Palomino Cortés.
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Demandante: Álvaro Jaramillo Mazo
Demandada: Colpensiones
de 1993, y que únicamente deben incluirse los factores sobre los cuales se hubieren
efectuado cotizaciones al sistema.
39. En consecuencia, la entidad de previsión social, al momento de efectuar la
liquidación pensional, debe aplicar las reglas del IBL previstas en la Ley 100 de 1993,
dentro de las alternativas allí contempladas, garantizando la aplicación de la opción más
favorable al afiliado, sin extender la transición, a aspectos no previstos por el legislador.
2.3.2. Régimen prestacional y de seguridad social de los diputados
40. El artículo 299 de la Constitución Política dispone que, los diputados estarán
amparados por un régimen de seguridad social «en los términos que fije la ley». En
desarrollo de dicho mandato, el artículo 29 de la Ley 617 de 2000, estableció que, se
encuentran sujetos al régimen de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993.
41. No obstante, debe tenerse en cuenta que, aquellos diputados que se encuentren
cobijados por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
conservan, en materia prestacional, el régimen previsto para los servidores públicos en
la Ley 6ª de 1945 y las disposiciones que la adicionen o reformen, de conformidad con la
Ley 48 de 1962, el Decreto 1723 de 1964 y el Decreto 1222 de 1986.
42. Sobre el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en
Concepto No. 1700 del Catorce (14) de diciembre de Dos Mil Cinco (2005), precisó:
En conclusión, hasta tanto el legislador se pronuncie, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 299 de la Constitución Nacional el régimen prestacional de los Diputados
es el establecido en la Ley 6 de 1945, con las modificaciones introducidas en materia
de seguridad social por la Ley 100 de 1993, que es ley derogatoria de los regímenes
generales y especiales de pensiones, razón por la cual en esta materia la Ley 6 sólo
es aplicable a los Diputados en los términos del régimen de transición o sea del
artículo 36 de la Ley.
43. En igual sentido se pronunció esta Sala, en sentencia del Veintisiete (27) de julio
de Dos Mil Once (2011), radicado 23001-23-31-000-2005-00770-03 (0211-11), al reiterar
que, el régimen prestacional de los diputados, en lo no modificado por la Ley 100 de 1993,
continúa siendo el previsto para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945.
44. Asimismo, la Ley 5ª de octubre Trece (13) de Mil Novecientos Sesenta y Nueve
(1969), estableció que, para efectos de la jubilación, las sesiones ordinarias y
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extraordinarias se computarán «como si el Congresista o Diputado hubiese servido los
doce meses del respectivo año calendario»; De este marco normativo se desprende que,
el legislador otorgó un tratamiento específico a los diputados en materia prestacional,
permitiendo el cómputo anual de sesiones y la inclusión de diversas asignaciones en la
liquidación de la prestación, sin perjuicio de la aplicación del régimen general del Sistema
de Seguridad Social Integral cuando corresponda.
2.3.3. De la reliquidación por reincorporación en cargos de elección popular
45. En relación con la figura de la reincorporación del pensionado al servicio oficial,
los artículos 4° y 5° de la Ley 171 de 1961 establecen:
«ARTÍCULO 4º. Al pensionado por servicios a una o más entidades de derecho
público, que haya sido o sea reincorporado a cargos oficiales y haya permanecido
o permanezca en ellos por tres (3) años o más (…) le será revisada su pensión
(…) con base en el sueldo promedio de los tres últimos años de servicios».
«ARTÍCULO 5°. Las pensiones oficiales que se causen a partir de la presente ley
se liquidarán con base en el promedio de lo devengado en el último año (…) o
sobre el promedio de lo devengado en los tres (3) últimos años, a opción del
trabajador».
46. Esta Corporación, en sentencia de Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Diez
(2010), precisó que dicha disposición: «no fue derogada expresamente por la Ley 100 de
1993 (…) tampoco fue derogada tácitamente (…) porque los aspectos relativos a la
reincorporación del pensionado al servicio público y la posterior revisión de la pensión no
fueron objeto de regulación en el nuevo sistema de seguridad social».
2.4. Hechos probados.
47. Con fundamento en el material probatorio, se tiene por acreditado lo siguiente:
48. Al señor Álvaro Jaramillo Mazo, le fue reconocida pensión de vejez, mediante
Resolución No. 002436 del Ocho (8) de febrero de Dos Mil Once (2011), con efectos
fiscales a partir del Veintiocho (28) de octubre de Dos Mil Diez (2010)10, en aplicación del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, concordado con
la Ley 33 de 1985, al acreditar más de 55 años de edad y 20 años de servicio al Estado;
10 Expediente digital – Samai – índice 00057 – 05001 23 33 000 2017 01342 00 HIBRIDO – 01PRIMERAINSTANCIA – C002 –
003EscritoDeSubsanacion.pdf – folio 24 a 26.
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para efectos de la liquidación, la entidad aplicó el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, tomando como ingreso base de liquidación el promedio de lo devengado o
cotizado durante los últimos diez (10) años o toda la vida laboral, conforme al principio
de favorabilidad, estableciendo un IBL de $4.833.994 y una mesada equivalente al 75%
de dicho ingreso.
49. El demandante fue elegido diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia,
para el período constitucional comprendido entre el Primero (01) de enero de Dos Mil
Doce (2012) y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Quince (2015)11, cargo de
elección popular que ejerció durante la totalidad del cuatrienio.
50. Antes de asumir el cargo, el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Once (2011) 12,
el señor Álvaro Jaramillo Mazo, puso en conocimiento del Instituto de Seguros Sociales
– ISS, su elección como diputado y solicitó pronunciamiento sobre la procedencia de
suspender el pago de la mesada pensional, en consideración a su nueva vinculación al
servicio público.
51. Mediante Resoluciones No. 002900 del Diez (10) de febrero de Dos Mil Doce
(2012) y No. 006808 del Quince (15) de marzo de Dos Mil Doce (2012)13, la entidad
administradora dispuso su retiro de la nómina de pensionados; sin embargo, la
suspensión ordenada no se materializó en la práctica, por lo que, el demandante continuó
percibiendo las mesadas pensionales durante el tiempo en que ejerció el cargo de
diputado.
52. Durante el período comprendido entre el Dos (02) de enero de Dos Mil Doce (2012)
y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Quince (2015)14, la Asamblea
Departamental de Antioquia efectuó aportes al Sistema General de Pensiones a favor del
actor, con base en las asignaciones devengadas en ejercicio del cargo de elección
popular.
53. Culminado el período, el demandante solicitó la reliquidación de su pensión con
11 Expediente digital – Samai – índice 00057 – 05001 23 33 000 2017 01342 00 HIBRIDO – 01PRIMERAINSTANCIA – C002 –
003EscritoDeSubsanacion.pdf – folio 27 a 30.
12 Expediente digital – Samai – índice 00057 – 05001 23 33 000 2017 01342 00 HIBRIDO – 01PRIMERAINSTANCIA – C002 –
003EscritoDeSubsanacion.pdf – folio 35 a 36.
13 Expediente digital – Samai – índice 00057 – 05001 23 33 000 2017 01342 00 HIBRIDO – 01PRIMERAINSTANCIA – C002 –
003EscritoDeSubsanacion.pdf – folio 37 a 38.
14 Expediente digital – Samai – índice 00057 – 05001 23 33 000 2017 01342 00 HIBRIDO – 01PRIMERAINSTANCIA – C002 –
003EscritoDeSubsanacion.pdf – folio 70 a 45.
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inclusión de las cotizaciones realizadas durante su desempeño como diputado15; petición
que fue resuelta negativamente por Colpensiones mediante las Resoluciones GNR 74368
del Diez (10) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016) y VPB 33259 del Veintitrés (23) de
agosto de Dos Mil Dieciséis (2016)16.
54. Mediante Resolución GNR 88774 del Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil
Dieciséis (2016)17, confirmada por la Resolución GNR 254260 del Veintinueve (29) de
agosto de Dos Mil Dieciséis (2016)18, notificada personalmente el Veintiséis de
septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016)19, Colpensiones ordenó el reintegro de la suma
de Doscientos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Noventa y
Dos Pesos ($241.454.092), correspondientes a mesadas pensionales percibidas durante
el periodo en que el actor ejerció el cargo de diputado. El fundamento expreso, de dicha
decisión, fue que el pensionado, encontrándose activo en nómina de pensionados,
ejercía simultáneamente el cargo de Diputado de la Asamblea Departamental de
Antioquia entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, circunstancia que
—a juicio de la entidad— configuraba la prohibición prevista en el artículo 128 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, según la
cual nadie puede recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, salvo
las excepciones legales.
2.5. Caso concreto
2.5.1. De la reliquidación pensional, por reincorporación a un cargo de elección
popular
55. Con base en el marco normativo y jurisprudencial expuesto, cuando se reincorpora
un pensionado al servicio público, a un cargo autorizado por la ley—entre ellos los de
elección popular— y permanece en él, por un término no inferior a tres (3) años, tiene
derecho a la revisión de la pensión «con base en el sueldo promedio de los tres últimos
años de servicios», de conformidad con el artículo 4° de la Ley 171 de 1961.
15 Expediente digital – Samai – índice 00057 – 05001 23 33 000 2017 01342 00 HIBRIDO – 01PRIMERAINSTANCIA – C002 –
003EscritoDeSubsanacion.pdf – folio 39 a 45.
16 Expediente digital – Samai – índice 00057 – 05001 23 33 000 2017 01342 00 HIBRIDO – 01PRIMERAINSTANCIA – C002 –
003EscritoDeSubsanacion.pdf – folio 57 a 118.
17 Expediente digital – Samai – índice 00057 – 05001 23 33 000 2017 01342 00 HIBRIDO – 01PRIMERAINSTANCIA – C002 –
003EscritoDeSubsanacion.pdf – folio 128 a 133.
18 Expediente digital – Samai – índice 00057 – 05001 23 33 000 2017 01342 00 HIBRIDO – 01PRIMERAINSTANCIA – C002 –
003EscritoDeSubsanacion.pdf – folio 144 a 154.
19 Expediente digital – Samai – índice 00057 – 05001 23 33 000 2017 01342 00 HIBRIDO – 01PRIMERAINSTANCIA – C002 –
003EscritoDeSubsanacion.pdf – folio 143.
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56. Esta Sala20 ha precisado que, la procedencia de dicha revisión exige la
concurrencia de tres presupuestos: «i) que la persona reingresada sea pensionada por
servicios a una o más entidades públicas; ii) que se reintegre a cargos oficiales
autorizados por la ley o de elección popular; y iii) que el jubilado permanezca en el cargo
por tres (3) años o más».
57. En igual sentido, en providencia de Quince (15) de febrero de Dos Mil Veinticuatro
(2024), en el proceso con radicación 25000-23-42-000-2014-00292-02 (3129-2021), esta
Corporación reiteró que, la reincorporación válida, habilita la revisión pensional, siempre
que se cumplan los requisitos legales.
58. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación21, ha sido uniforme en señalar
que, los cargos de elección popular constituyen una excepción expresa a la prohibición
general de reincorporación de pensionados, por tratarse de empleos cuya investidura
emana directamente del mandato ciudadano.
59. En el presente asunto, se encuentra acreditado que: (i) al señor Álvaro Jaramillo
Mazo, le fue reconocida pensión de vejez mediante Resolución No. 002436 del Ocho (08)
de febrero de Dos Mil Once (2011), con efectos a partir del Veintiocho (28) de octubre de
Dos Mil Diez (2010), (ii) fue elegido diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia,
para el periodo comprendido entre el Primero (01) de enero de Dos Mil Doce (2012) y el
Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Quince (2015), (iii) permaneció en dicho cargo
por un término superior a tres (3) años y (iv) durante ese lapso se efectuaron cotizaciones
al Sistema General de Pensiones.
60. Así las cosas, es claro para la Sala que, en el particular, se satisfacen los
presupuestos del artículo 4° de la Ley 171 de 1961, esto es, la calidad de pensionado del
demandante, la reincorporación a un cargo de elección popular; y la permanencia en la
Asamblea Departamental de Antioquia por espacio superior a tres años; en
consecuencia, al señor Álvaro Jaramillo Mazo, le asiste derecho a la revisión de su
pensión, con base en el promedio de los tres (3) últimos años de servicios como diputado,
teniendo en cuenta exclusivamente, los factores sobre los cuales se hubieren efectuado
cotizaciones, conforme a la regla fijada por la sentencia de unificación de Veintiocho (28)
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de mayo de 2021, rad. 0809-2014. C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de noviembre de 2016, rad. 08001-23-31-000-2008-00069-
01. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018).
61. Vistas así las cosas, no prospera el argumento de la entidad apelante, según el
cual, el riesgo de vejez ya se encontraba cubierto, y por lo tanto, no era posible la
reliquidación pretendida; toda vez que, la revisión pensional por reincorporación, no
constituye el reconocimiento de una nueva prestación, sino la actualización del quantum
conforme a un nuevo periodo válido de servicios, expresamente autorizado por la ley.
62. Ahora bien, tampoco resulta atendible la alegada contradicción entre el artículo 4°
de la Ley 171 de 1961 y lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 797 de 2003, así como,
en la Circular Interna 01 de 2012 invocada por la entidad; en efecto, mientras la Ley 797
de 2003 regula, como regla general, la cesación de la obligación de cotizar una vez
cubierto el riesgo de vejez dentro del Sistema General de Pensiones, el artículo 4° de la
Ley 171 de 1961, consagra una hipótesis especial y excepcional: la reincorporación válida
del pensionado al servicio oficial por un término no inferior a tres (3) años, evento en el
cual, el legislador autorizó expresamente, la revisión del monto pensional.
63. En esa medida, la disposición contenida en la Ley 797 de 2003, no establece una
prohibición de efectuar aportes con posterioridad a la consolidación del estatus pensional,
sino que delimita el carácter obligatorio de la cotización, una vez satisfechos los requisitos
para acceder a la prestación; por consiguiente, el estatus pensional no puede entenderse
como una barrera jurídica absoluta, que invalide aportes posteriores derivados de una
nueva vinculación legítima, ni como un obstáculo que impida la aplicación de una norma
especial que, como el artículo 4° de la Ley 171 de 1961, autoriza expresamente la revisión
del monto de la pensión cuando el beneficiario retorna válidamente al servicio público en
los términos allí previstos.
64. La Sala resalta que, se trata de un régimen particular que no resulta desplazado
por la normativa general posterior, pues, regula una situación jurídica distinta y autónoma,
reconocida además por el Decreto 583 de 1995. En ese orden, no existe contraposición
normativa, sino coexistencia armónica bajo el principio de especialidad.
65. La Sala advierte que, la orden impartida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, no circunscribe la reliquidación exclusivamente al promedio de los tres (3)
últimos años, como equivocadamente parece entenderlo la entidad apelante, sino que,
reconoce la inclusión del período servido como diputado —entre el 1° de enero de 2012
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y el 31 de diciembre de 2015— para efectos de la revisión pensional, con observancia de
las reglas del Ingreso Base de Liquidación previstas en la Ley 100 de 1993 y en la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018.
66. Como se ve, la decisión de primera instancia no desconoce el marco normativo
vigente en materia de IBL, sino que, integra el tiempo válido de servicios y las
cotizaciones efectivamente realizadas dentro de las alternativas legales aplicables,
garantizando la aplicación de la opción más favorable conforme al ordenamiento jurídico.
67. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en cuanto declaró la nulidad de los actos administrativos que,
al reliquidar la pensión del demandante, excluyeron las cotizaciones efectuadas entre el
Primero (01) de enero de Dos Mil Doce (2012) y el Treinta y Uno (31) de diciembre de
Dos Mil Quince (2015).
2.5.2. De la orden de reintegro de las mesadas percibidas
68. El artículo 128 de la Constitución Política, prohíbe percibir simultáneamente más
de una asignación proveniente del tesoro público, salvo las excepciones previstas por el
ordenamiento jurídico; sin embargo, el parágrafo 1° del artículo 29 de la Ley 617 de 2000,
establece expresamente la compatibilidad entre la remuneración de los diputados y las
asignaciones originadas en pensiones, así:
PARAGRAFO 1o. La remuneración de los diputados es incompatible con cualquier
asignación proveniente del tesoro público, excepto con aquellas originadas en pensiones o
sustituciones pensionales y las excepciones establecidas en la Ley 4a. de 1992.
69. Esta Corporación, ha sostenido de manera reiterada que, la prohibición del artículo
128 constitucional, debe interpretarse en armonía con las excepciones expresas y en
materia de cargos de elección popular, existe un tratamiento diferenciado en atención a
la naturaleza democrática de la investidura.
70. En este sentido, esta Sala ha precisado que22, la reincorporación de un pensionado
al servicio público, no desconoce per se, la prohibición del artículo 128, en la medida en
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de noviembre de 2010, exp. 1708-09 C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
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Demandada: Colpensiones
que el legislador ha previsto hipótesis específicas de compatibilidad y que la investidura
proviene del mandato ciudadano.
71. Asimismo, en sentencia del Diecisiete (17) de noviembre de Dos Mil Dieciséis
(2016)23, esta Sala reiteró que, cuando el legislador establece una excepción expresa a
la regla del artículo 128 Superior, no puede la administración desconocerla, so pretexto
de aplicar una prohibición general, pues ello implicaría restringir injustificadamente el
derecho reconocido por la ley.
72. En el expediente se encuentra acreditado que, el señor Álvaro Jaramillo Mazo
informó oportunamente, el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Once (2011), su elección
como diputado, y solicitó la suspensión del pago de la pensión; si bien Colpensiones
expidió las Resoluciones No. 002900 del Diez (10) de febrero de Dos Mil Doce (2012) y
No. 006808 del Quince (15) de marzo de Dos Mil Doce (2012), ordenando su retiro de
nómina, dicha suspensión no se materializó por causas atribuibles a la entidad.
73. En estas condiciones, dada la compatibilidad legal entre la pensión de vejez
percibida por el demandante, y lo percibido en calidad de diputado, asiste razón al
recurrente, al reprochar la decisión de primera instancia, que mantuvo la legalidad de los
actos administrativos que dispusieron la devolución de las mesadas pensionales
percibidas entre los años 2012 a 2015.
74. Ahora bien, en el recurso de apelación, la parte actora afirmó que, Colpensiones
ha venido efectuando descuentos mensuales bajo el concepto de «nota crédito», los
cuales ascenderían a la suma de Ciento Nueve Millones Quinientos Diecisiete Mil
Ochocientos Cincuenta y Seis Pesos ($109.517.856), y solicitó que, en caso de
confirmarse la orden de reintegro, dichos valores fueran tenidos en cuenta como abono
al monto inicialmente fijado.
75. Sobre el particular, la Sala advierte que, tales descuentos no se encuentran
debidamente acreditados dentro del plenario mediante prueba idónea que permita
verificar su existencia, periodicidad, concepto jurídico y cuantía exacta; en efecto, en el
expediente no obran certificaciones contables, desprendibles de pago, actos
administrativos adicionales o documentos oficiales expedidos por la entidad, que
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de noviembre de 2016, exp. 00069-01 C.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
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permitan constatar con certeza los valores efectivamente descontados y su imputación
específica.
76. Adicionalmente, debe precisarse que, la eventual devolución o compensación de
sumas descontadas, no constituye una pretensión autónoma formulada en la demanda,
ni fue objeto de delimitación en el litigio desde la fijación del problema jurídico, razón por
la cual, la Sala no puede pronunciarse de fondo sobre un aspecto que no integró la causa
petendi, so pena de vulnerar el principio de congruencia, previsto en el artículo 281 del
Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del CPACA.
77. Vistas así las cosas, cualquier controversia relativa a descuentos efectuados con
posterioridad a la expedición de los actos demandados o a la ejecución de los mismos
deberá ventilarse, de ser el caso, a través de los mecanismos administrativos o judiciales
pertinentes, pero no puede ser resuelta en esta providencia, cuyo ámbito de decisión se
circunscribe a la legalidad de los actos administrativos expresamente acusados.
78. Por las razones expuestas, la Sala revocará la decisión del A – quo, en cuanto
mantuvo la validez de los actos administrativos que ordenaron el reintegro de la suma de
Doscientos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Noventa y Dos
Pesos ($241.454.092), para en su lugar declarar la nulidad de las resoluciones GNR
88774 del Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016), GNR 254260 del
Veintinueve (29) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016) y del acto ficto negativo que
resolvió el recurso de apelación.
2.5.3. Del pago de intereses moratorios
79. El artículo 141 de la Ley 100 de 1993, prevé el reconocimiento de intereses
moratorios, cuando exista mora en el pago de mesadas pensionales; no obstante, la
jurisprudencia ha señalado que dichos intereses proceden cuando la obligación es clara,
expresa y exigible, y la administración incurre en retardo injustificado24.
80. En el presente asunto, la controversia jurídica gira en torno a la interpretación del
régimen de compatibilidades y en la procedencia de la revisión pensional, asuntos que
24 Consejo de Estado — Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de marzo de 2024. Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, Radicación: 08001-23-33-000-2016-00903-01 (6602-2022).
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Demandada: Colpensiones
no podían considerarse pacíficos al momento de la decisión administrativa.
81. Por las razones anteriormente expuestas, la Sala considera que no se configura
mora injustificada que habilite la condena al pago de intereses moratorios, con sustento
en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual, se confirmará la decisión del
A -quo en este punto.
2.6. Condena en costas
82. Sobre la condena en costas, es importante destacar que, no procede de manera
automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General
del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación […]».
83. Teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se hayan causado, ni de
las partes, un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida.
84. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia proferida
el Veintinueve (29) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), por la Sala Sexta de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso promovido por el señor
Álvaro Jaramillo Mazo contra la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual
quedará así:
SEXTO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones GNR 88774 del
Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016), GNR 254260 del
Veintinueve (29) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016) y del acto ficto negativo
que resolvió el recurso de apelación, mediante las cuales se ordenó el
reintegro de dineros por concepto de mesadas pensionales, percibidas
durante el periodo comprendido entre el Primero (1°) de enero de Dos Mil
Doce (2012) y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Quince (2015).
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Demandada: Colpensiones
En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que
el señor Álvaro Jaramillo Mazo, no se encuentra obligado a reintegrar la suma
de Doscientos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil
Noventa y Dos Pesos ($241.454.092), correspondiente a las mesadas
pensionales percibidas en dicho lapso.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Una vez en firme esta sentencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
21
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