Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01375-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01375-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-01375-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de agosto de 2026
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01375-01 (1124-2025)
Demandante: María Teresa Tamayo de Rojas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01375-01 (1124-2025)
Demandante: María Teresa Tamayo de Rojas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – (UGPP)
Temas: Pensión de sobreviviente. Principio de condición más beneficiosa.
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia. Niega pretensiones de la
demanda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 14 de febrero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. La señora María Teresa Tamayo de Rojas por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, solicitó que
se declare la nulidad de las Resoluciones núm. RDP 040699 del 27 de octubre de 2016
que le negó una pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge del fallecido
Francisco Javier Rojas Jiménez, RDP 001449 del 19 de enero de 2017 y el acto ficto2,
que confirmaron la decisión anterior.
2. Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, peticionó: i) la
pensión de sobrevivientes a partir del 4 de diciembre de 2004, ii) la actualización de la
suma reconocida, entre otras condenas.
Hechos.
1 Folio 1 a 38 del expediente físico.
2 Producto de la no respuesta el recurso de apelación contra la Resolución núm. RDP 040699 del 27 de octubre de
2016.
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Demandante: María Teresa Tamayo de Rojas
3. Los señores María Teresa Tamayo de Rojas y Francisco Javier Rojas Jiménez
contrajeron matrimonio el 17 de diciembre de 1978, conviviendo bajo el mismo techo
de manera continua e ininterrumpida hasta su muerte el 4 de diciembre de 2004. De
la unión tuvieron dos hijos.
4. El finado laboró en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – (DIAN)
desde el 21 de enero de 1975 hasta el 31 de marzo de 1992, cotizando 884.28
semanas a Cajanal, por lo que al 1 de abril de 1994 contaba con más de 300 semanas
de cotización.
5. El 26 de julio de 2016 la actora peticionó la pensión de sobrevivientes. Solicitud
que fue resuelta en sentido negativo por medio de la Resolución núm. RDP 040699
del 27 de octubre de 2016, toda vez que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 797
de 2003, el afiliado no contaba con 50 semanas de cotización dentro de los 3 años
anteriores al fallecimiento.
6. En contra la decisión, la interesada interpuso los recursos de reposición y
apelación, solicitando le sea aplicado el Decreto 758 de 1990 por ser la condición más
beneficiosa. A través de la RDP 001449 del 19 de enero de 2017 y el acto ficto
configurado al no resolver la apelación la entidad confirmó el acto inicial.
Fundamentos de derecho y concepto de violación.
7. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: 13, 48 y 53 de la
Constitución Política y 21 del CSTSS; Decreto 758 de 1990; Leyes 797 de 2003 y 153
de 1887 y sentencias del Consejo de Estado3 y la Corte Constitucional4.
8. Al desarrollar el concepto de la violación, expuso que, de conformidad con
normativa citada, le son constitucionalmente aplicables por ser la condición más
beneficiosa las previsiones establecidas en el Decreto 758 de 1990 y no la Ley 797 de
2003. Y en ese orden, se cuenta con el número de semanas mínimas, esto es 300
cotizadas antes del 1 de abril de 1994.
Contestación de la demanda.
9. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – (UGPP)5 expuso que al haber fallecido el
causante el 4 de diciembre de 2004, la disposición aplicable es el artículo 12 de la Ley
797 de 2003 que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, según el cual, para que
3 Núm. Internos: 3637-01, 7212-05, 3945-04, 1259-09, 1510-07 y 0987-08.
4 T-190 de 1993, C - 461 de 1995 y T-547 de 2012.
5 Folios 87 a 89 del expediente físico.
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exista derecho a la pensión de sobrevivientes este debió haber cotizado 50 semanas
dentro de los 3 años anteriores a la muerte, hipótesis que no ocurrió en este caso.
Sentencia de primera instancia.
10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 14 de febrero
de 20256, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó a la UGPP reconocer
y pagar en favor de la actora una pensión de sobrevivientes sobre el 100% en calidad
de beneficiaria del fallecido, en los términos del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el
Decreto 758 de 1990, y declaró la prescripción de las mesadas anteriores al 26 de julio
de 2013.
11. Para ello encontró demostrado que el señor Javier Rojas Jiménez laboró para
la Dian en calidad de empleado público desde el 21 de enero de 1975 hasta el 31 de
marzo de 1992 y para 1 de abril de 1994, el señor contaba con más de 300 semanas
de cotización, esto es 884.28 aportadas a Cajanal.
12. Ahora, dado que el fallecimiento ocurrió el 4 de diciembre de 2004, para la
pensión de sobrevivientes se debe aplicar la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley
797 de 2003, requisitos que no cumple la actora, pues el afiliado no cotizó 50 semanas
en los 3 años anteriores a la muerte.
13. Sin embargo, dado que, sí cumple los presupuestos para obtener la prestación
con la normativa anterior, Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990,
hay lugar a aplicar esta disposición por ser más favorable, en virtud de la condición
más beneficiosa.
14. Precisó que, las pensiones reconocidas bajo estas normas no se limitan a los
aportes hechos exclusivamente al ISS, sino que también permite contabilizar y tomar
en cuenta los tiempos de servicios cotizados a otras entidades. Por lo que, en este
caso «se considera justificable, razonable y ajustado al ordenamiento, en orden a
garantizar el derecho a la seguridad social y la equidad, dar el mismo tratamiento para
los casos donde, como en el presente, los aportes fueron hechos en su totalidad a otra
caja o fondo de previsión social.»
15. Y ya que, para el momento en que entró a regir el Sistema General de
Pensiones la actora tenía la totalidad de semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990,
para la pensión de sobreviviente, se configuró una expectativa legítima bajo las
previsiones de tal Acuerdo.
16. Finalmente concluyó que la accionante cumple con los requisitos para la
pensión de sobrevivientes previstos en el literal a) del artículo 25 y el numeral 1 del
6 Expediente digital visible en SAMAI. Gestión en otros despachos. “014Sentencia_ok00020170137500PENS.pdf”.
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artículo 27, esto es, 150 semanas cotizadas dentro de los 6 años anteriores al
fallecimiento o 300 semanas en cualquier época.
Recurso de apelación.
17. El apoderado de la UGPP7, inconforme con la decisión, solicitó se revoque la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la
demanda, por cuanto no se cumplen con los presupuestos para pensionarse bajo el
régimen aplicable, es decir, los establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
modificado por la Ley 797 de 2003, por cuanto la muerte ocurrió el 4 de diciembre de
2004 y el afiliado dejó de cotizar al sistema el 31 de marzo de 1992.
18. Y es que, reconocer la prestación en uso de normas no aplicables, como es, el
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, afecta la sostenibilidad
financiera del Sistema General de Pensiones.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
19. Mediante auto del 20 de junio de 20258 se admitió el recurso de
apelación. Dentro de la oportunidad legal, las partes guardaron silencio y la agente
del Ministerio Público rindió concepto9, en el que solicitó revocar la sentencia de
primera instancia, por cuanto, para la fecha del fallecimiento el Decreto 758 de 1990
se encontraba derogado, siendo la norma vigente la Ley 797 de 2003, que impone
acreditar 50 semanas de cotización dentro de los 3 años antes, requisito que no
cumplió la demandante.
20. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia.
21. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo10.
7 Expediente digital – “016_MemorialWeb_Recurso-Recursoapelacionse.pdf”.
8 Índice 5 en SAMAI.
9 Índice 11 en SAMAI.
10«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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22. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó el recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.
Problema jurídico.
23. Le corresponde a la Subsección determinar sí, contrario a lo decidido por el
tribunal, para determinar la pensión de sobrevivientes de la actora no es aplicable el
Decreto 758 de 1990 en virtud del principio de condición más beneficiosa, sino la Ley
100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
24. A fin de dar respuesta al problema jurídico, la Sala abordará los siguientes
temas: I) Aplicación del Acuerdo 049 de 1990 en materia de pensión de sobreviviente
por principio de la condición más beneficiosa y II) Caso concreto.
Aplicación del Acuerdo 049 de 1990 en materia de pensión de
sobreviviente por principio de la condición más beneficiosa.
25. El principio de la condición más beneficiosa habilita a que el reconocimiento de
una prestación pensional se examine conforme a un régimen derogado, es decir,
anterior al vigente al momento de causación del derecho, por ser aquel más favorable
para el afiliado o el beneficiario, en aplicación del artículo 53 de la Constitución Política.
26. Esta máxima tiene por finalidad proteger las expectativas legítimas frente a
cambios normativos abruptos que dificulten la adquisición del derecho. De manera
que, para que haya lugar a su aplicación el interesado debe contar con: i) una
expectativa legítima de pensionarse conforme a la normativa antecedente y ii) no
haberse previsto un régimen de transición en la nueva disposición11.
27. Ahora, una norma derogada anterior a la Ley 100 de 1993 12, con las
modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, en materia de pensión de
sobreviviente es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, que
en literal a) del artículo 25 establece que, para tener derecho a la prestación, a la fecha
del fallecimiento el asegurado debe haber reunido la densidad de cotizaciones que se
exigen para la pensión de invalidez por riesgo común, esto es 150 semanas dentro de
los 6 años anteriores o 300 semanas en cualquier tiempo13.
11 Corte Constitucional, sentencia SU – 174 del 13 de mayo de 2025.
12 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones»
13 Artículo 6° Requisitos de la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común,
las personas que reúnan las siguientes condiciones: […] b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o
trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.
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28. Régimen que resulta menos exigente, respecto del periodo en el cual debieron
realizarse las cotizaciones, pues la norma posterior, el artículo 12 de la Ley 797 de
2003, impone para efectos de adquirir la pensión de sobreviviente por parte de los
miembros del grupo familiar afiliado al sistema que «éste hubiere cotizado cincuenta
semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento».
29. Visto lo anterior, en aquellos casos en que el causante fallece en vigencia de la
Ley 797 de 2003, en virtud del principio de condición más beneficiosa es dable aplicar
de manera ultractiva el Acuerdo 049 de 1990. Sobre el particular, la Corte
Constitucional en sentencia SU-005 de 2018, reiterada en sentencia SU-174 de 2025,
fijó las siguientes reglas:
«[E]n en aquellos casos en los que el causante fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003,
el principio de la condición más beneficiosa permite la aplicación plusultractiva del Acuerdo
049 de 1990, en cuanto a la verificación de las semanas de cotización necesarias para el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. Lo anterior, a condición de que se
cumplan los siguientes tres requisitos: (i) el causante falleció en vigencia de la Ley 797 de
2003; (ii) el beneficiario acredita que, en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, el causante
reunía la densidad de semanas cotizadas exigidas para el reconocimiento de la prestación;
y (iii) el beneficiario se encuentra en una situación de vulnerabilidad.»
30. Para resolver el caso concreto, precisa la Sala que, de acuerdo con la postura
actual de la Subsección14, solo existe expectativa legítima de pensionarse conforme a
las disposiciones aplicables a los afiliados del ISS, esto es, Decreto 758 de 1990 15, si
el interesado demuestra que estuvo afiliado o realizó cotizaciones a dicho instituto
antes de que esta norma fuera derogada por la Ley 100 de 1993. De manera particular,
en materia de pensión de sobrevivientes se ha considerado que:
«[S]e trataba de una norma especial dirigida por disposición del legislador para un
grupo específico de la población en materia de riesgos de vejez, invalidez y muerte, no
de un régimen general a la que pudieran acceder para la época, los empleados
públicos o sus causahabientes para ser beneficiarios de las prestaciones
allí contenidas, excepto aquellos que realizaron cotizaciones al ISS.»16
Caso concreto.
31. Expone la UGPP, que contrario a lo considerado por el tribunal, la demandante
no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en los términos del Decreto 758 de
1990, pues la disposición normativa vigente a la fecha del fallecimiento del afiliado es
la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003.
14 Ver sentencia del 18 de junio de 2026, núm. Interno: 5315-2023, C. P. Juan Camilo Morales Trujillo y sentencia
del 14 de mayo de 2026, núm. Interno: 1270-2023, C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
15 Se debían afiliar de manera obligatoria según su artículo 1: i) trabajadores nacionales o extranjeros que presten
sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje; ii) funcionarios de seguridad
social del Instituto de Seguros Sociales y, iii) pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser
compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por él.
16 Sentencia del 9 de noviembre de 2023, núm. Interno: 1443-2022. C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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32. La Sala encuentra acreditado que los señores María Teresa Tamayo de Rojas
y Francisco Javier Rojas Jiménez contrajeron matrimonio el 17 de diciembre de 197817.
33. El señor Francisco Javier Rojas Jiménez laboró desde el 21 de enero de 1975
hasta el 31 de marzo de 1992 como técnico administrativo en el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, es decir, durante 17 años, 4 semanas y 10 días, lapso respecto del
cual se realizaron aportes exclusivamente a Cajanal18.
34. El 4 de diciembre de 2004 el empleado falleció19. Con ocasión al deceso, el 27
de julio de 2016, la demandante solicitó la pensión de sobrevivientes20, la cual fue
negada mediante la Resolución núm. RDP 040699 del 27 de octubre de 201621 por no
cumplir el requisito del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por Ley 797 de
2003, esto es, 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la muerte.
35. Contra la decisión, la interesada interpuso los recursos de reposición y en
subsidio apelación, el cual, expuso como reparo que la «entidad se encuentra negando
el derecho a mi mandante sin aplicar la condición más beneficiosa, es decir, lo estudia
bajo los parámetros establecidos por el artículo 46 de la Ley 797 de 2003, que modifica
la Ley 100 de 1993, cuando le sería más beneficioso el aplicarle lo establecido por el
Decreto 758 de 1990, por cuanto el fallecido acredita más de 300 semanas con
anterioridad a la fecha de su fallecimiento y al 01 de abril de 1994 (fecha en la cual
entró en vigencia la Ley 100 de 1993)».
36. Al resolver la reposición a través de la Resolución núm. RDP 001449 del 19 de
enero de 201722, la entidad confirmó el acto anterior con fundamento en el artículo 1
del Decreto 758 de 1990 que previó su aplicación a los afiliados obligatorios al ISS y
la Ley 797 del 2003 vigente para la fecha del deceso del causante. Sin embargo, no
se dio respuesta al recurso de apelación, configurándose un acto ficto.
37. Ahora bien, de conformidad con la normativa transcrita en el acápite anterior, la
disposición vigente al momento de la muerte del señor Rojas Jiménez, 4 de diciembre
de 2004, en cuanto a las semanas cotizadas para acceder a la pensión de
sobrevivientes, es la Ley 797 de 2003, sin embargo, al no preverse un régimen de
transición sobre dicho punto, con el fin de proteger las expectativas de quienes tenían
la potencialidad de pensionarse con los regímenes anteriores, es posible acudir, en
aplicación del principio de la condición más beneficiosa a las normas derogadas,
17 Inscripción de matrimonio católico visible a folio 70 del expediente físico.
18 Certificado de información laboral formato 1 visible a folio 57 del expediente físico.
19 Registro civil de defunción a folio 69 del expediente físico.
20 El acto refiere a reliquidación de la pensión de sobrevivientes, pero verificado el expediente no se advierte un
reconocimiento anterior, por lo que en realidad se trata de una petición de pensión.
21 Folios 46 a 48 del expediente físico.
22 Folios 53 a 56 del expediente físico.
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siempre y cuando, existiera una expectativa legítima23 real de obtener la prestación
conforme a ellas, como sucede con el Decreto 758 de 1990.
38. Precisa la Sala que, no toda norma anterior crea expectativas legítimas o
derechos eventuales frente al peticionario, pues este, en primer lugar, debió ser
destinatario de la disposición en su momento y, en segundo lugar, cumplir al menos
uno de los requisitos legales contenidos en ella, so pena de contrariar el orden
jurídico24.
39. Así las cosas, en el sub lite, en oposición a lo considerado por el tribunal, no se
tenía una expectativa legítima de pensionarse con el régimen administrado por el
Instituto del Seguro Social, previsto en el Decreto 758 de 1990, pues no se demostró
que, en su condición de empleado público, el causante hubiera estado afiliado o
cotizado al ISS en pensiones o que la entidad empleadora hubiera realizado aportes a
su favor en dicho instituto.
40. En ese orden, al no satisfacer este presupuesto que le permitiera optar por dicha
disposición para efectos pensionales, no le era dable al fallador de primera instancia
ordenar su aplicación en uso de la condición más beneficiosa. Y es que, si bien bajo
el Acuerdo 049 de 1990 es posible computar tiempos de servicio aportados a otras
cajas de previsión, en este caso, ni la demandante ni el causante fueron alguna vez
beneficiarios del régimen destinado a los afiliados al ISS, condición necesaria para su
aplicación.
41. En todo caso, de acudir al régimen antecedente que sí le era extensivo al
fallecido por haber cotizado durante su vigor, esto es, las Leyes 12 de 1975 y 33 de
1985, tampoco se cumplen las condiciones para obtener la prestación.
42. El artículo 1 de la Ley 12 de 1975, adicionado por la Ley 113 de 1985, previó
una pensión de sobrevivientes para el cónyuge o compañero, pero solo si el fallecido
«hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley», supuesto
de hecho que no ocurrió, pues el finado no realizó cotizaciones ni laboró durante los
20 años continuos ni discontinuos exigidos por el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 para
acceder a la pensión de jubilación.
43. Así las cosas, la norma que debe guiar a la administración y al fallador al
analizar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la parte actora no es otra
que la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003,
que exige, entro otras condiciones, 50 semanas de cotización dentro de 3 años
23 «[T]endrá una expectativa legítima o derecho eventual cuando logre consolidar una situación fáctica y jurídica
concreta en virtud de la satisfacción de alguno de los requisitos relevantes de reconocimiento del derecho
subjetivo.» (Corte Constitucional, sentencia T – 832 del 14 de noviembre de 2023).
24 [L]a actuación del juez de segunda instancia debe orientarse por el principio de preservación del orden jurídico.
Dicho principio impone el deber de asegurar que las decisiones judiciales sean coherentes con el marco normativo
vigente y que el reconocimiento de derechos prestacionales se funde en situaciones que satisfagan plenamente los
requisitos legales. (Sentencia del 6 de noviembre de 2025, núm. Interno: 0465-2025).
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anteriores al deceso, supuestos que no se cumple, pues el finado laboró y aportó hasta
1992 y falleció en el año 2004.
44. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 14 de febrero de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la
demanda, para, en su lugar, negar lo solicitado.
Condena en costas
45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
46. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
47. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
48. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, parte vencida,
en ambas instancias, por cuanto la sentencia de primera instancia será revocada en
su totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Revocar la sentencia del 14 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su
lugar:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01375-01 (1124-2025)
Demandante: María Teresa Tamayo de Rojas
«PRIMERO. Negar las pretensiones de la demanda»
SEGUNDO. Condenar a la parte demandante en costas en ambas instancias.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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