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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01377-01

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01377-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 23 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala cuarta de oralidad), en cuanto negó las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por el señor Jarlín Darío David Urrego contra la Nación – Procuraduría General de la Nación y el departamento de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho, impuesta a la parte accionante. 3º. Reconócese personería al abogado Rafael Eduardo Bernal Vilaró, con cédula de ciudadanía 80.086.070 y tarjeta profesional 134.997 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la Nación – Procuraduría General de la Nación, en los términos del poder otorgado. 4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-01377-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

17 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 05001-23-33-000-2017-01377-01 (5881-2018)
Demandante : Jarlín Darío David Urrego
Demandados : Nación – Procuraduría General de la Nación y
departamento de Antioquia
Tema : Sanción disciplinaria de suspensión por tres (3) meses

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 23 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia (sala cuarta de oralidad), mediante la cual declaró de oficio
probadas las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda respecto de la
Resolución S2016060098158 de 6 de diciembre de 2016 y falta de
legitimación en la causa por pasiva del departamento de Antioquia y negó las
demás pretensiones del medio de control dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 1 a 37). El señor Jarlín Darío David Urrego, por
intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación –
Procuraduría General de la Nación y el departamento de Antioquia, para que
se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declaren nulos parcialmente: (i) la decisión
administrativa de primera instancia de 18 de diciembre de 2015, expedida por
el procurador regional de Antioquia, a través de la cual sancionó al accionante
disciplinariamente con suspensión por cinco (5) meses, convertidos en cinco
(5) meses de salario devengados para la época de los hechos como gerente de
la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital César Uribe Piedrahita de
Caucasia (Antioquia) [equivalentes a $32.042.462,oo], e inhabilidad especial
por el mismo término; (ii) el acto administrativo de segundo grado de 30 de
junio de 2016, con el que la procuraduría primera delegada para la
contratación estatal de la Procuraduría General de la Nación, al confirmar
parcialmente aquella determinación, modificó dichos correctivos para imponer

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jarlín Darío David Urrego contra la Nación – Procuraduría
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únicamente el de suspensión en el ejercicio del cargo por tres (3) meses; (iii)
el auto de 21 de octubre del mismo año, por cuyo conducto la última
dependencia corrigió el «fallo» que decidió el recurso de apelación en sede
administrativa; y (iv) la Resolución S2016060098158 de 6 de diciembre
siguiente, por medio de la cual el gobernador de Antioquia ejecutó la sanción.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte demandada pagar los perjuicios morales causados (100
salarios mínimos legales mensuales vigentes [smlmv]), debidamente
indexados; cancelar los antecedentes disciplinarios de su hoja de vida y dar
cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del CPACA. Por último,
se le condene en costas.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que la contraloría de
Antioquia dio traslado a la Procuraduría General de la Nación de los hallazgos
disciplinarios detectados en la auditoría realizada a la ESE Hospital César
Uribe Piedrahita de Caucasia, ente para el cual prestaba sus servicios como
gerente.

Que la Procuraduría General de la Nación lo sancionó con suspensión por tres
(3) meses, decisión que incurre en falsa motivación, por cuanto no se
determinó el elemento probatorio que comprometió su responsabilidad
disciplinaria.

1.3.1 Síntesis de las circunstancias que generaron la investigación
disciplinaria y la sanción. La Procuraduría General de la Nación sancionó en
2016 con suspensión por tres (3) meses al actor (en segunda instancia), en
razón a que, en su calidad de gerente de la ESE Hospital César Uribe
Piedrahita de Caucasia, «[…] celebró el 02 de enero de 2012 los contratos de
prestación de servicios AD-43, AD-44, AD-45, AD-46 y AD-47 con la
Sociedad Mejoras Públicas de Santa Rosa de Osos, cuyo objeto social para
ese entonces no contenía la posibilidad de que celebrara contratos con
entidades estatales para la realización de actividades como las contempladas
en el objeto de los referidos contratos […]» (sic; ff. 182 vuelto y 183).

El citado organismo de control lo halló responsable de la falta grave, a título
de culpa grave, consistente en «[…] desconocer el deber de cumplir los
estatutos de la entidad y el manual de funciones», conforme al numeral 1 del

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artículo 34 de la Ley 734 de 20021, en concordancia con el Acuerdo 31 de
2007 de la aludida ESE (artículos 3, 5 y 12), que contiene el estatuto de
contratación institucional.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos acusados el preámbulo y los artículos 25, 29 y 53 de la
Constitución Política; y 4º, 5º, 6º, 13, 16, 18, 19, 21, 34, 43 (numerales 1 y 9),
44, 47, 97, 128 y 142 de la Ley 734 de 2002.

Con el propósito de desvirtuar la presunción de legalidad que ampara las
decisiones censuradas, las acusa de violatorias de la normativa superior en que
debían fundarse.

Aduce que las pruebas recaudadas no evidencian su responsabilidad en los
hechos enjuiciados, pues si bien suscribió los contratos AD-43 a AD-47 con la
Sociedad de Mejoras Públicas de Santa Rosa de Osos, que por demás ya tenía
experiencia, dado que entre 2009 y 2011 «[…] desarroll[ó] varios contratos
de esa naturaleza sin ningún contratiempo, […] sin reparo alguno, y que
fueron avalados y revisados por otro órgano de control como lo es
Contraloría Departamental de Antioquia […]», lo hizo con respaldo en los
conceptos emitidos por los señores abogado y contador que vinculó (por
contrato de prestación de servicios) para revisar previamente la contratación a
su cargo.

Que el simple hecho de haber firmado los mencionados documentos no «[…]
amerita una sanción. Ya que de la lectura del fallo [disciplinario] se observa
que no logró establecer […] probatoriamente cual fue el deber funcional
afectado solo se limita teóricamente a señalar que con la firma se violó el
Acuerdo 31 en los artículos 3 que señala los principios que rigen la
contratación entre ellos la moralidad […]; la transparencia y […] la
capacidad para contratar […]» (sic).

1
«DEBERES. Son deberes de todo servidor público:
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho
Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones,
las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes
superiores emitidas por funcionario competente.
[…]».
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Arguye que la Administración incurrió en falsa motivación, dado que no
advirtió que «[…] la Sociedad de Mejoras Públicas SÍ podía contratar con la
ESE, y los objetos contractuales desarrollados si estaban dentro de las
actividades que podía realizar, ya que […] según el certificado de existencia,
estaba en capacidad de celebrar contratos con entidades públicas, y la ESE
Hospital lo es, podía ejercer funciones públicas delegadas mediante contrato,
es decir, contratar con entidades públicas funciones propias de éstas, y con la
ESE Hospital lo hizo, y puede prestar servicios en otras latitudes distintas al
municipio de Santa Rosa, o sea, puede hacerlo en el municipio de Caucasia;
no podrá entonces interpretarse de manera restrictiva, sino por el contrario,
hacer una lectura extensiva, así las cosas, estamos ante una entidad sin ánimo
de lucro, con experiencia, que hace las cosas bien, que permite a la ESE
cumplir con sus fines al prestar en debida forma el servicio, sin duda es otro
elemento que da certeza al Gerente para realizar la contratación sin
considerar que existe una ilegalidad» (sic).

Que, contrario a la anotado por el ente de control demandado, aquí se
configuró un error invencible, pues actuó con la convicción de que los
contratos estaban revisados, habida cuenta de que contaban con el visto bueno
del abogado y el jefe de control interno; además, pese a su formación
profesional (abogado y especialista en derecho de los negocios) y experiencia
laboral como gerente, se asesoró previamente, lo que desvirtúa la
«desatención elemental e inexcusable» reprochada en las decisiones
administrativas acusadas.

1.5 Medida cautelar. El accionante, en el escrito de demanda, solicitó
suspender provisionalmente los efectos jurídicos de los actos cuestionados;
medida cautelar negada con auto de 18 de septiembre de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia (sala cuarta de oralidad) [ff. 140 a 150].

1.6 Contestaciones de la demanda.

1.6.1 Nación – Procuraduría General de la Nación (ff. 171 a 198 y 711 a
724 vuelto). Por conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda; se refirió a cada uno de los hechos, en el sentido
de que algunos son ciertos, otros parcialmente y los demás no.

Afirma que para el 2 de enero de 2012, es decir, cuando el demandante
suscribió los contratos AD-43 a AD-47, la Sociedad de Mejoras Públicas de
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Santa Rosa de Osos no tenía capacidad para celebrarlos, requisito cuya
verificación estaba a su cargo, conforme a los artículos 10 y 12 del Acuerdo
31 de 27 de diciembre de 2007, según los cuales «La competencia para dirigir
y manejar la actividad contractual corresponde al Gerente de la ESE» y «[…]
solo pueden celebrar contratos con la ESE las personas consideradas capaces
en las disposiciones vigentes […]», puesto que su objeto social (ornato y
embellecimiento del espacio público) no era de aquellos requeridos para la
ejecución pactada (procedimientos administrativos, logística de transporte de
pacientes y mercancía, suministro de medicamentos y dispositivos médicos y
quirúrgicos, atención de usuarios y facturación, etc).

Que si bien los contratos cuentan con el visto bueno del abogado asesor y el
director de control interno de la ESE, ello no justifica que una persona con la
trayectoria académica y laboral que tiene el actor no haya verificado los
requisitos del contratista, lo que «[…] permite concluir que […] obró con
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común le
imprime a sus actuaciones», lo que descarta el error invencible que aquel
pregona.

1.6.2 Departamento de Antioquia (ff. 207 a 210 vuelto). Por medio de
apoderado, se opone a las pretensiones de la demanda, para lo cual indica,
frente a los supuestos fácticos, que algunos son ciertos, otros parcialmente y
los restantes no le constan. De igual forma, propone las excepciones
denominadas legalidad del acto administrativo expedido por ese ente
territorial, ausencia de título jurídico de imputación e inexistencia de la
obligación indemnizatoria.

Sostiene que en el sub lite «[…] no se encuentra que exista casualidad física,
ni jurídica, entre algún comportamiento desplegado por el departamento de
Antioquia, y el supuesto daño antijurídico […]» (sic).

1.7 La providencia apelada (ff. 798 a 812). El Tribunal Administrativo de
Antioquia (sala cuarta de oralidad), en sentencia de 23 de agosto de 2018,
declaró de oficio probadas las excepciones de ineptitud sustantiva de la
demanda respecto de la Resolución S2016060098158 de 6 de diciembre de
2016 y falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de
Antioquia y negó las demás súplicas del medio de control (con condena en
costas), al considerar que (i) el citado acto administrativo, emitido por el
gobernador, «[…] es un acto de mera ejecución no susceptible de control
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judicial […]»; (ii) el ente territorial demandado no es el llamado a soportar los
reclamos del accionante, toda vez que no tuvo incidencia en la declaratoria de
responsabilidad disciplinaria enrostrada a este; y (iii) los medios de convicción
recaudados por las autoridades disciplinarias dan cuenta de que «[…] no solo
de la naturaleza de entidad sin ánimo de lucro de la Sociedad de Mejoras
Públicas de Santa Rosa de Osos, sino del objeto social que tenía antes de la
modificación efectuada el 05 de enero de [2012] […], que en nada se
relacionaba con los objetos contractuales a los que se había comprometido; y
el estatuto de contratación de la entidad, en el que, en forma clara se
expresaba la capacidad del Gerente para contratar y aquella que debían
acreditar quienes participara en sus procesos de contratación» (sic),
evidencian la comisión de la falta.

Que el demandante no probó el error invencible, toda vez que no hay
constancia de que hubiera delegado en otros funcionarios sus obligaciones de
revisión de los contratos a suscribir por la referida ESE, máxime cuando los
testigos expresaron que solo hacían verificaciones formales y de elaboración
de las respectivas minutas.

1.8 El recurso de apelación (ff. 816 a 821). Inconforme con el anterior fallo,
el actor interpuso recurso de apelación, al estimar que el a quo dejó de validar
la responsabilidad subjetiva, «[…] pues no basta solo con que el disciplinando
adecue su actuar a una conducta típica, […] sino que […] ese actuar sea
realizado violando los principios de ilicitud sustancial y culpabilidad […]. No
existen elementos […] que demuestren que […] incurrió en culpa, sino todo lo
contrario su actuar diligente lo llevo a contratar […] dos asesores […] con el
fin de, precisamente, evitar cometer irregularidades en la contratación
estatal», ello por cuenta de su alta carga laboral; «Ahora bien, […] la misma
Contraloría General de Antioquia, había analizado la contratación de la ESE
y no le había realizado ningún hallazgo por ello estaba seguro que su actuar
no lesionaba norma alguna» (sic).

Que, a pesar de que la demandada varió, en segunda instancia administrativa,
la culpabilidad de falta gravísima a grave, no quiere decir que su análisis haya
sido correcto, cuanto más si no tuvo la posibilidad de «[…] tomar conciencia
que la contratación […] comportaba una irregularidad y una falta
disciplinaria […]» (sic).

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II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación interpuesto fue concedido con auto de 11 de
septiembre de 2018 (f. 822) y admitido por esta Corporación a través de
proveído de 9 de octubre de 2019 (f. 832), en el que se dispuso la notificación
personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en
cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 15 de febrero de 2021 (f. 839), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada
por el accionante y la Nación – Procuraduría General de la Nación para
reiterar sus argumentos de apelación y defensa, en su orden2.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Actos acusados.

3.2.1 Decisión administrativa de primera instancia de 18 de diciembre de
2015, expedida por la procuradora regional de Antioquia de la Procuraduría
General de la Nación, a través de la cual sancionó disciplinariamente al
demandante con suspensión por cinco (5) meses, convertidos en cinco (5)
meses de salario devengados para la época de los hechos como gerente de la
Empresa Social del Estado (ESE) Hospital César Uribe Piedrahita de
Caucasia, e inhabilidad especial por el mismo término (ff. 126 a 136).

3.2.2. Acto administrativo de segundo grado de 30 de junio de 2016, con el
que la procuradora primera delegada para la contratación estatal modificó la
determinación anterior, en el sentido de reducir la sanción de suspensión en el
ejercicio del cargo a tres (3) meses y revocar la de inhabilidad (ff. 43 a 171);
corregido con auto de 21 de octubre siguiente, en el sentido de aclarar la

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Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada SAMAI.
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autoridad disciplinaria de primera instancia3 (ff. 216 a 217).

3.3 Problema jurídico. La Sala debe determinar si la sentencia apelada fue
ajustada a derecho, en cuanto el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala
cuarta de oralidad) negó las pretensiones de la demanda. Para tal propósito,
examinará si los actos acusados fueron expedidos sin medios de convicción
suficientes para imponer la sanción y con violación del debido proceso,
conforme a las acusaciones de la demanda, o si fueron legales, como lo
concluyó el a quo.

3.4 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación
con el problema jurídico derivado de las causales de nulidad invocadas en el
asunto sub judice:

i) Constancia proveniente de la ESE Hospital César Uribe Piedrahita de
Caucasia, según la cual el actor prestó sus servicios como gerente de esta, del
25 de julio de 2008 al 31 de marzo de 2012 (ff. 299 y 300).

ii) Oficio 2013100008120 de 31 de mayo de 2013 (ff. 219 a 235), por el que
la contraloría auxiliar de auditoría integrada de la contraloría de Antioquia da
«TRASLADO [DE] PRESUNTOS HALLAZGOS DISCIPLINARIOS» a la
Procuraduría General de la Nación, «[…] irregularidades [detectadas en la]
Auditoría Integral vigencia 2012» en la mencionada ESE, en la que se
consignan las siguientes observaciones, entre otras:

3. En los siguientes contratos [AD-43 a AD-46 de 2 de enero de 2012],
los servicios ejecutados no son acorde con el objeto principal de la
empresa, el cual está definido así; “El objeto principal de la sociedad de
Mejoras Públicas es la prestación de servicios que con lleven al cuidado,
defensa embellecimiento, mantenimiento y adecuación del espacio
público; además el mantenimiento adecuación y funcionalidad del
relleno sanitario, al igual que pretender por el espacio físico, ecológico,
social, cultural y por la promoción y conformación de una conciencia
cívica comprometida en el municipio de Santa Rosa de Osos y su área de
influencia”. Contraviniendo el Artículo 5 del Estatuto de Contratación de
la ESE […] (sic para toda la cita).

iii) Certificación expedida por la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, en la que figura que el objeto social de la Sociedad de Mejoras
3
En la decisión de 30 de junio de 2016, la autoridad disciplinaria consignó que la de primera instancia fue
emitida por la procuraduría regional de Nariño, cuando lo correcto es la de Antioquia, yerro que se enmendó.
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Públicas de Santa Rosa de Osos, persona jurídica sin ánimo de lucro, antes del
5 de enero de 2012, consistía en «[…] la prestación de servicios que con
lleven al cuidado, defensa embellecimiento, mantenimiento, y adecuación del
espacio público; además el mantenimiento, adecuación y funcionalidad del
relleno sanitario, al igual que propender por el espacio físico, ecológico,
social, cultural y por la promoción y conformación de una conciencia cívica
comprometida en el Municipio de Santa Rosa de Osos y su área de
influencia» (sic), como que «Para desarrollar su objeto social […] podrá»,
entre otras actividades, «Celebrar contratos con las entidades de derecho
público y privado, acorde a su objeto social» (ff. 285 y 285 vuelto).

iv) Contratos de prestación de servicios AD-43 a AD-47 de 2 de enero de
2012 (ff. 312 a 385), suscritos por el accionante, en su condición de gerente de
la ESE Hospital César Uribe Piedrahita, y el representante legal de la
Sociedad de Mejoras Públicas de Santa Rosa de Osos:

Contrato Objeto Duración y valor
AD-43 «GARANTIZAR LOS PROCESOS Y 2 de enero a 31 de octubre
SUBPROCESOS DE TRASPORTE DE de 2012 (9 meses y 29 días).
PACIENTES Y MERCANC[Í]A […]» $78.995.521,oo
AD-44 «GARANTIZAR LOS PROCESOS Y 2 de enero a 31 de octubre
SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS DE de 2012 (9 meses y 29 días).
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y $65.288.046,oo
DISPOSITIVOS M[É]DICO QUIRÚRGICOS»
AD-45 «GARANTIZAR LOS PROCESOS Y 2 de enero a 31 de octubre
SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS DE de 2012 (9 meses y 29 días).
ADMISIONES DE URGENCIAS, CONSULTA $113.329.073,oo
EXTERNA, PROMOCI[Ó]N Y
PREVENCI[Ó]N DE LA ESE […]»
AD-46 «GARANTIZAR LOS PROCESOS Y 2 de enero a 31 de octubre
SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS DE de 2012 (9 meses y 29 días).
FACTURACI[Ó]N A LA D.S.S.A. [dirección $117.534.867,oo
seccional de salud de Antioquia], LAS EPS Y
LOS REG[Í]MENES ESPECIALES»
AD-47 «GARANTIZAR LOS PROCESOS Y 2 de enero a 31 de octubre
SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA de 2012 (9 meses y 29 días).
LA ATENCI[Ó]N DE USUARIOS DE LOS $117.534.867,oo
SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDE LA
ESE […]»

En dichos contratos se incluyó, dentro de las obligaciones del contratista
(cláusula quinta), la de «[…] Acreditar la idoneidad, para la atención de los
procesos y subprocesos contratados […]», y se consignó que entre los anexos

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figura «El certificado de existencia y representación legal de la contratista»
(cláusula décima cuarta).

v) Acta 1 de 5 de enero de 2012, en la que consta que en esa fecha se realizó
asamblea de asociados de la sociedad citada en el numeral precedente
(registrada en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, según
consta en certificado de existencia y representación legal expedido el 24 de
diciembre de 2012), con el propósito de reformar el objeto social consignado
en sus estatutos:

3- el señor presidente comenta que debido a la posibilidad de operar en
otras regiones del departamento y a nivel nacional es necesario, ampliar
el objeto social de la sociedad […].

Quedaría de la siguiente forma: Tiene como Objeto Social la prestación
de servicios generales que requieran las empresas del sector público y
privado, apoyo con personal para actividades administrativas y
operacionales, aseo, recolección de residuos sólidos, poda y
mantenimiento de áreas verdes, barrido y limpieza de vías, áreas
públicas, transporte y disposición de residuos sólidos, gestión de
almacén, manejo de inventarios, mantenimiento de edificaciones, y
todas aquellas actividades principales y de apoyo que requieran los
clientes y que se puedan desarrollar conforme a la ley, en el
departamento de Antioquia y en todo el territorio nacional.

vi) Oficio 1353 de 30 de abril de 2015, mediante el cual la mencionada ESE
informa a la Procuraduría General de la Nación que para el 2 de enero de
2012, fecha en que se suscribieron los contratos cuestionados, (i) entre los
servidores que tenían a cargo funciones contractuales y precontractuales se
encontraban el demandante, en su condición gerente, y el señor Sergio de
Jesús Restrepo Pérez (asesor jurídico), al paso que el señor Félix Olmedo
Arango Correa, jefe de control interno, laboró del 15 de febrero al 31 de
diciembre de 2012; y (ii) entre 2011 y 2012 «[…] no se delegó ningún tipo de
función pública a los contratistas de prestación de servicios» (ff. 498 a 500).

vii) Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los
señores Sergio de Jesús Restrepo Pérez y Félix Olmedo Arango Correa,
quienes relataron circunstancias concernientes a la actividad contractual de la
ESE Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia en 2012 (ff. 749 y 754 a
756).

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A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver los cargos
planteados en la apelación del fallo.

3.5 Debido proceso en el procedimiento disciplinario. Los artículos 29 de la
Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único
(CDU) establecen la garantía del debido proceso, que comprende un conjunto
de principios materiales y formales de obligatorio acatamiento por parte de las
autoridades disciplinarias, en cuanto constituyen derechos de los sujetos
disciplinables que se traducen, entre otras cosas, en la posibilidad de
defenderse, presentar y controvertir pruebas e impugnar las decisiones que los
afecten; cuando ello no ocurre el sancionado puede acudir ante el juez de lo
contencioso-administrativo en demanda de nulidad de las decisiones
adoptadas por los funcionarios administrativos, si se evidencia una violación
del debido proceso.

Congruente con lo anterior, también la jurisprudencia constitucional ha sido
particularmente reiterativa en que, en todos los trámites de naturaleza
disciplinaria, los respectivos funcionarios deberán observar y aplicar de
manera rigurosa el derecho fundamental al debido proceso, lo que incluye,
además de aquellas garantías que, según se explicó, conforman su contenido
básico aplicable en todos los casos, las que la jurisprudencia ha señalado como
propias de este tipo de procedimientos:

A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado desde
sus inicios el mínimo de aspectos inherentes a la noción de debido
proceso, cuya vigencia es indispensable en todo tipo de actuación
disciplinaria. Esos criterios, que se traducen en deberes de la autoridad
disciplinaria, son los siguientes4:

“i) La comunicación formal de la apertura del proceso
disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles
de sanción;
ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o
escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa
las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan
lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas
disciplinarias;
iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que

4
Sobre este tema ver especialmente la sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada
en otras posteriores, entre ellas T-433 de 1998 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-1034 de 2006 y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto) y C-542 de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
11

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fundamentan los cargos formulados;
iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda
formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y
allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes
mediante un acto motivado y congruente;
vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la
motivaron; y
vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir,
mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las
decisiones.”

En la misma línea, la jurisprudencia se ha referido también a los
siguientes elementos o principios, derivados del artículo 29 superior y
aplicables a todas las actuaciones disciplinarias5: “(i) el principio de
legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de
publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de
contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble
instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de
imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de
cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus” 6.

3.6 Caso concreto relativo al problema jurídico derivado de las causales
de anulación invocadas en la demanda. De antemano, reitera esta
Colegiatura que si bien la garantía del debido proceso abarca un conjunto de
principios materiales y formales de obligatoria observancia por parte de las
autoridades, que a la vez constituyen derechos de los sujetos disciplinables,
tampoco se puede desconocer que los actos de la Administración gozan de la
presunción de legalidad, hoy por expresa disposición del artículo 88 del
CPACA7, indemnidad que adquiere mayor connotación cuando se trata de
decisiones sancionatorias de carácter disciplinario, en virtud de que su
formación estuvo precedida de la participación activa del investigado y de su
apoderado, mediante defensa técnica, con ejercicio de los derechos de
contradicción y defensa. De ahí que en sede judicial se realice un juicio de
validez de la actuación disciplinaria, no de corrección, y por ello no cualquier
defecto procesal tiene el poder de afectar la presunción de legalidad que
ampara dichos actos administrativos.

5
Cfr. especialmente la sentencia C-555 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), además de las ya
citadas T-1034 de 2006, C-213 de 2007 y C-542 de 2010.
6
Sentencia T-429 de 2014, M. P. Andrés Mutis Vanegas.
7
«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen
legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]».
12

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3.6.1 Se estableció la comisión de la falta (tipicidad), la ilicitud sustancial
de la conducta que motivó la sanción y la responsabilidad del actor. Para
dilucidar este tema, resulta importante recordar que, a través del Acuerdo 31
de 21 de diciembre de 2007, la junta directiva de la ESE Hospital César Uribe
Piedrahita de Caucasia «[…] ADOPTA UN NUEVO ESTATUTO DE
CONTRATACIÓN […]» (ff. 329 a 341), en el que se destaca:

ARTÍCULO 2º. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. Toda la
contratación que realice la ESE se sujetará a las normas de que trata el
presente Acuerdo y a las disposiciones que para cada una de ellas
establece el derecho privado.
[…]

ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA
CONTRATACIÓN.- En la contratación, la ESE aplicará los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad,
publicidad, eficiencia y equidad, previstos en los artículos 209 y 267 de
la Constitución Política.

ARTÍCULO 4º. RESPONSABILIDAD EN LA ACTIVIDAD
CONTRACTUAL. La responsabilidad de la dirección y manejo de la
actividad contractual será del gerente de la ESE, quien no podrá
trasladarla a la Junta Directiva, ni a los Comités Asesores, ni a los
organismos de Control y Vigilancia de la misma.

ARTÍCULO 5º. TRANSPARENCIA. La selección de contratistas
deberá ser objetiva y transparente, de tal manera que la escogencia se
haga al ofrecimiento más favorable a la ESE y a los fines de ésta.
[…]

ARTÍCULO 10º. COMPETENCIA PARA CONTRATAR.- La
competencia para dirigir y manejar la actividad contractual corresponde
al Gerente de la ESE, quien podrá delegarla total o parcialmente en los
empleados del nivel directivo, siempre que la cuantía sea igual o inferior
a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
[…]

ARTÍCULO 12º. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Pueden
celebrar contratos con la ESE las personas consideradas legalmente
capaces en las disposiciones vigentes, los consorcios y uniones
temporales.

[…] (subraya la Sala).

13

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De acuerdo con lo anterior, es en el gerente de la citada ESE en quien recae la
responsabilidad y obligación de velar porque la contratación atienda los
lineamientos legales y reglamentarios, en aras del buen servicio, y constatar
que los contratistas no solo cumplan estos, sino que también colmen los
requisitos, características, experiencia y capacidad para desarrollar las
actividades pactadas.

Dicha asunción de responsabilidades está consignada igualmente en el manual
de funciones, contenido en el Acuerdo 28 de 7 de octubre de 2005 (ff. 301 a
304), que en lo atinente al empleo de gerente, estipula:

MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO
Plantear las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la
institución, velando por el cumplimiento de los términos y condiciones
establecidas para su ejecución, además de dirigir, controlar y velar por el
cumplimiento de los objetivos de la institución y/o dependencias en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

[…]

19. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los
Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos
Internos de la Empresa.
[…]

21. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la
dependencia a la que se encuentra adscrito y la ejecución de los procesos
en que interviene en razón del cargo.
[…]

25. Las demás que se le asignen y que sean afines a la naturaleza del
cargo.
[…]

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
• Políticas planteadas y planes adoptados relacionados con la institución,
velando por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas
para su ejecución.

[…] (sic para toda la cita).

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Por otra parte, en lo que concierne a la capacidad de una persona jurídica para
contratar, el Código de Comercio, en su artículo 99, preceptúa:

La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la
empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos
en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y
los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las
obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y
actividad de la sociedad [se destaca].

En cuanto al objeto social de una sociedad comercial, el numeral 4 del
artículo 110 del mencionado Código prevé:

La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se
expresará:
[…]

4) El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad,
haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales.
Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se
extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no
tengan una relación directa con aquél;
[…].

No obstante, comoquiera que la contratista Sociedad de Mejoras Públicas de
Santa Rosa de Osos es una entidad sin ánimo de lucro, resulta necesario
remitirnos al Decreto ley 2150 de 5 de diciembre de 19958, que dispone:

ARTÍCULO 40. SUPRESION DEL RECONOCIMIENTO DE
PERSONERÍAS JURÍDICAS. Suprímese el acto de reconocimiento
de personería jurídica de las organizaciones civiles, las corporaciones, las
fundaciones, las juntas de acción comunal y de las demás entidades
privadas sin ánimo de lucro.

Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por
escritura pública o documento privado reconocido en el cual se
expresará, cuando menos, lo siguiente:
[…]

3. La clase de persona jurídica.
4. El objeto.
[…]

8
«Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública».
15

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ARTÍCULO 43. PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL. La existencia y la representación legal
de las personas jurídicas de derecho privado a que se refiere este
capítulo, se probará con certificación expedida por la Cámara de
Comercio competente, la cual llevará el registro de las mismas, con
sujeción al régimen previsto para las sociedades comerciales y en los
mismos términos, tarifas y condiciones que regulan sus servicios.

Sobre el objeto social de las personas jurídicas y su importancia en el régimen
contractual del Estado, esta Corporación ha dicho que define la capacidad
jurídica de aquellas, para lo cual la legislación comercial adoptó la teoría ultra
vires u objeto específico, que impone que los estatutos definan de manera
precisa las actividades que pueden desarrollar. Sobre el particular, la sección
tercera del Consejo de Estado, en fallo de 14 de febrero de 20189, dijo:

De lo expuesto se tiene que dentro del objeto social de las sociedades
están comprendidos (i) los actos y actividades propias que permiten el
desarrollo del mismo, en palabras de la Corte Suprema de Justicia “los
actos expresivos del objeto social”, (ii) los indispensables para que la
sociedad pueda existir y (iii) los que estén conectados con la actividad
social. […]

Como se observa la doctrina nacional, a través de la distinción del objeto
principal y secundario, coincide con la idea de la jurisprudencia citada y
que aquí se recoge. Igualmente, esta Corporación, a través de su Sala de
Consulta y Servicio Civil, al resolver una consulta que giraba en torno al
alcance del concepto de los contratos conexos que integran el giro de los
negocios de las entidades financieras de carácter estatal, precisó10:

• Para que un acto o contrato celebrado por una persona
jurídica sea válido debe encontrase comprendido dentro del objeto
señalado bien por la ley o por los estatutos, según el tipo de entidad
de que se trate.

• El objeto social o de la empresa, se compone, a su vez, de: i)
actos que están comprendidos en la noción de la actividad; ii) actos
que están directamente relacionados con esa actividad; y iii) otros
actos que tienen como finalidad “(...) ejercer los derechos y las
obligaciones, legal y convencionalmente derivados de la existencia y
actividad de la sociedad”.

9
Sección tercera, subsección B, consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero, radicación 17001-23-31-000-
2003-00896-01 (37485).
10
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 29 de mayo de 2003, rad. 1.488, M.P.
Susana Montes de Echeverri.
16

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• El objeto principal de una sociedad o de una empresa está
integrado por los actos propios de la actividad económica que tal
entidad está llamada a desarrollar.

[…]

De lo expuesto, […] en un entendimiento integral del objeto social, el
cual incorpora dentro del mismo los “i) actos que están comprendidos en
la noción de la actividad; ii) actos que están directamente relacionados
con esa actividad; y iii) otros actos que tienen como finalidad “(...)
ejercer los derechos y las obligaciones, legal y convencionalmente
derivados de la existencia y actividad de la sociedad” […] (se destaca).

De conformidad con lo anterior, el objeto social de un ente jurídico determina,
entre otras condiciones, la capacidad que tiene para ofrecer las actividades
comerciales para las que fue creado y de las que satisface los requisitos para
su debida prestación; por ende, la Administración, en condición de
contratante, debe validarlo, por constituir requisito para garantizar los fines
propios de la contratación estatal11.

En este orden de ideas, no resulta arbitrario o caprichoso el reproche de la
conducta endilgada por el organismo de control al accionante (como lo alega
este), pues, como se vio en líneas anteriores, los contratos de prestación de
servicios AD-43 a AD-47 de 2 de enero de 2012 fueron suscritos por este a
pesar de que el contratista, para ese momento, no contaba con un objeto social
acorde con los servicios pactados, esto es, mientras que estos se circunscribían
a asuntos relacionados con (i) transporte de pacientes y mercancía, (ii)
suministro de medicamentos y dispositivos médico-quirúrgicos, (iii) trámites
administrativos de admisiones de urgencias, consulta externa, promoción y
prevención; (iv) facturación y (v) atención de usuarios, aquella solo prestaba
servicios de mantenimiento, adecuación y capacitación en temas de espacio
público y relleno sanitario, únicas actividades respecto de los cuales la
Sociedad de Mejoras Públicas de Santa Rosa de Osos podía «Celebrar
contratos con las entidades de derecho público y privado, acorde a su objeto
social», como se anotó en sus estatutos.

11
Según el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, «DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL», «Los
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecución de dichos fines» (se subraya).
17

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Empero, a pesar de lo clara y contundente de dicha información contenida en
el certificado de existencia y representación, que por demás era un anexo
obligatorio de cada uno de los contratos suscritos, el gerente, responsable
directo de la dirección y manejo de la actividad contractual de la ESE, no
prestó mientes en tal asunto.

Al respecto, la autoridad disciplinaria, en sede de apelación administrativa,
concluyó:

[…] es preciso reiterar el contenido de la pieza acusatoria formulada
contra el señor JARLIN DARIO DAVID URREGO, Gerente de la ESE
HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA DE CAUCASIA, en virtud
de la cual se le cuestionó por haber celebrado el 02 de enero de 2012, los
contratos de prestación de servicios […] con la Sociedad Mejoras
Públicas de Santa Rosa de Osos, por cuanto dentro de su objeto social no
estaban contempladas las actividades previstas en el objeto de los
referidos contratos; razón por la cual habría omitido cumplir los artículos
3, 5 y 12 del acuerdo Nº 31 del 21 de diciembre de 2007 [...], conducta
con la que presuntamente habría incumplido su deber de servidor público
de cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en los
estatutos de la entidad, deber contenido en el numeral 1 del art. 34 de la
Ley 734 de 2002.

[…] Por esta razón, el investigado […] no podía haber suscrito dichos
actos de voluntades, porque al hacerlo quebrantó el artículo 12 del
Acuerdo 31 de 2007 […]

Ahora bien, contrario a la manifestado por la defensa, la capacidad legal
exigida a la contratista era para el momento en que suscribió los
contratos de prestación de servicios, sin importar que tres días después,
es decir, el 5 de enero de 2012, se hayan modificado los estatutos con el
fin de incluir dentro de su objeto social, las actividades pactadas en los
citados negocios jurídicos, como en efecto ocurrió.

3.6.2 El gerente de la ESE Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia sí
es responsable por suscribir los contratos sin verificar el objeto social del
contratista. El demandante arguye que el Tribunal Administrativo de
Antioquia (sala cuarta de oralidad) no estudió con suficiencia el argumento
según el cual «[…] su actuar diligente lo llevo a contratar […] dos asesores
uno jurídico y el otro para control interno con el fin de, precisamente, evitar
cometer irregularidades en la contratación estatal. Ahora bien, no puede
tampoco decirse que […] actuó con culpa cuando en años anteriores la
misma Contraloría General de Antioquia, había analizado la contratación de
18

Expediente: 05001-23-33-000-2017-01377-01 (5881-2018)
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la ESE y no le había realizado ningún hallazgo por ello estaba seguro que su
actuar no lesionaba norma alguna» (sic; f. 818).

Para dilucidar los reparos del apelante, la Sala considera necesario establecer
si incurrió en inobservancia de reglas de obligatorio cumplimiento, como lo
adujo la Procuraduría General de la Nación en los actos administrativos
enjuiciados.

La Ley 80 de 28 de octubre de 1993, «Por la cual se expide el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública», entre cosas,
preceptúa:

ARTÍCULO 11. DE LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR
LICITACIONES Y PARA CELEBRAR CONTRATOS
ESTATALES. En las entidades estatales a que se refiere el
artículo 2o.:
[…]

3o. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad
respectiva:
[…]

c) Los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos
los órdenes y niveles.
[…]

ARTÍCULO 12. DE LA DELEGACIÓN PARA
CONTRATAR. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley
1150 de 2007> Los jefes y los representantes legales de las entidades
estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para
celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o
concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel
directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> <Inciso adicionado por el
artículo 21 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> En
ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales
quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de
control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.
[…]

ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En
virtud de este principio:

19

Expediente: 05001-23-33-000-2017-01377-01 (5881-2018)
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1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento
de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de
los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y
omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen
por razón de ellas.
[…]

5o. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad
contractual y la de los procesos de selección será del jefe o
representante de la entidad estatal, quien no podrá trasladarla a las
juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de
elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control
y vigilancia de la misma.

[…] (subraya la subsección).

Hasta aquí, se encuentra que el gerente, como representante legal y
responsable de la administración de la ESE Hospital César Uribe Piedrahita de
Caucasia12, es la autoridad encargada no solo de suscribir los contratos que
sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los fines estatales a su cargo,
sino de vigilar y promover su debida ejecución, y si bien puede trasladar tales
deberes a otros funcionarios, ello no lo exonera de su responsabilidad ni del
deber de dirección, instrucción y orientación, como lo dispone igualmente el
artículo 34 del CDU, así:

ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los
demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de
trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

12
Conforme a la Ley 100 de 1993, «La prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por
las entidades territoriales, se hará a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una
categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al
régimen jurídico previsto en este capítulo» (artículo 194).
Asimismo, con Ordenanza 44E de 1993, la asamblea de Antioquia creó la ESE Hospital César Uribe
Piedrahita de Caucasia, «[…] categoría especial de entidad pública descentralizada, con autonomía
administrativa y financiera del orden departamental»
(https://www.hcup.gov.co/assets/files/miscelaneos/0uz20190831150404-gr.PDF).
20

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[…]

10. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder
por el ejercicio de la autoridad que se le delegue, así como por la
ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las situaciones
anteriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la
correspondiente a sus subordinados [subraya la Sala].

Por consiguiente, el actor no puede justificar su omisión de velar por el
acatamiento de la normativa que regula el régimen contractual, pues él era el
garante de este en virtud de los postulados legales y reglamentarios citados en
precedencia; además, si en gracia de discusión se aceptara que la negligencia
estuvo en cabeza de otros funcionarios a su cargo, de la revisión del contrato
de prestación de servicios profesionales AD-40 de 2 de enero de 2012, por el
cual la referida ESE vinculó al señor Sergio de Jesús Restrepo Pérez para
brindar apoyo jurídico, se observa que dentro del objeto y obligaciones
asignadas a este, aunque figura la de emitir conceptos y realizar labores de
coordinación en materia contractual, en todo caso no hay ninguna atañedera a
la suscripción o revisión de contratos13 (ff. 395 a 396 vuelto).

Asimismo, se debe anotar que el señor Restrepo Pérez fue vinculado a la
investigación disciplinaria y absuelto por la demandada (en primera instancia),
al estimar que, pese a que «[…] se le encargó de coordinar la contratación de
la ESE, […] su actuación se limitó a dar el visto bueno como asesor jurídico,
es decir, su actuación se limitó al desarrollo de una actividad puntual […], no
se aprecia de una lectura de los estudios previos de tales contratos que él
hubiere participado en la elaboración de los mismos ni […] que se le hubiera
asignado la función de contratación en su conjunto […], es decir, que si
durante los años 2011 y 2012 la ESE […] no delegó ningún tipo de función
pública a los contratistas de prestación de servicios […] ello evidencia que él
no desarrollaba función pública […]» (sic; f. 600 vuelto).

En lo concerniente al señor Félix Olmedo Arango Correa, entonces asesor de
control interno contable y de costos hospitalarios, en declaraciones rendidas
en sedes administrativa y judicial, adujo que no tuvo injerencia en temas
contractuales, y si bien los contratos cuestionados tienen su visto bueno («Vo.

13
«[…] OBJETO: EL CONTRATISTA […] prestará asesoría jurídica y representación judicial a la ESE;
coordinará la contratación de la ESE; absolverá consultas verbales o por escrito en asuntos de materia
jurídica; asistirá el gerente de la ESE cuando sea citado a los Despachos Judiciales […]; llevará a efecto el
cobro pre jurídico de la cartera vencida de la ESE; contestará […] todas las demandas presentadas contra la
ESE y asistirá a todas las audiencias […] y demás trámites procesales […]».
21

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Bo. Control Interno»), lo fue porque «Dentro de las funciones de asesorías
[…] revisaba que la lista de chequeo correspondiera efectivamente con todos
los soportes anexos al contrato. La firma era constancia de dicha revisión»
(ff. 534 a 536); en tal virtud, causa extrañeza a la Sala que el accionante haya
pasado por alto o dejara de indagar (no probó otra cosa), dadas esas funciones
formales y mecánicas que tenía el contratista, la legalidad o pertinencia de los
aludidos documentos, máxime cuando, dada su formación profesional como
abogado y especialista en derecho de los negocios, conocía las implicaciones
que conllevaba no validar los requisitos que se le exigían colmar.

Agrégase a lo expuesto que sin perjuicio de que eventualmente el demandante
hubiera delegado funciones de revisión final a alguno de los contratistas, lo
cierto es que no tendría ningún efecto, toda vez que ello no lo exoneraba de
sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual
(artículo 12 de la Ley 80 de 1993), puesto que la dirección y manejo de esa
actividad solo podía asignarla a empleados del nivel directivo, condición que
aquellos no tenían (artículo 10 del Acuerdo 31 de 2007 de la ESE Hospital
César Uribe Piedrahita de Caucasia).

Tampoco resulta acertado el dicho del actor en cuanto a que como la
contraloría de Antioquia «[…] había analizado la contratación de la ESE y no
le había realizado ningún hallazgo por ello estaba seguro que su actuar no
lesionaba norma alguna» (f. 818), pues no puede desviar el cumplimiento de
sus funciones en terceros cuyas responsabilidades difieren de las asignadas a
él.

En tal sentido, la Procuraduría General de la Nación, en la decisión
disciplinaria de segunda instancia acusada, coligió:

[…] es preciso aclararle a la defensa que la función fiscal y la
disciplinaria son distintas, lo cual permite que las dos se puedan
adelantar inclusive simultáneamente y con resultados diferentes, ello
significa que aunque no se imponga una sanción fiscal por parte de la
Contraloría, no pueda determinarse responsabilidad disciplinaria frente
a unos mismo hechos, tanto es así, que las presentes diligencias
iniciaron con ocasión de un traslado con presunto hallazgo
disciplinario, enviado por la Contraloría General de Antioquía con
fundamento en la auditoría practicada a la ESE […], en el que
estimaron irregular que en los contratos AD-43 [a] AD-47, los servicios
ejecutados no estuvieran acorde con el objeto social de la empresa
contratista.
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[…] (sic para toda la cita)14.

En lo atañedero a la inobservancia del cuidado necesario que cualquier
persona del común imprime a sus actuaciones que, como se vio, fue el
elemento que las autoridades disciplinarias tuvieron en cuenta para imponer la
sanción reprochada en el sub lite, la jurisprudencia ha precisado que es la que
no corresponde esperar de una persona que ejerce funciones públicas a quien,
por lo demás, se le exige un particular nivel de responsabilidad15.

Conforme a lo anotado, si bien la desatención elemental (culpa gravísima) y la
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime
a sus actuaciones (culpa grave) tienen matices similares que no permiten
diferenciarlos tan fácilmente, puesto que ambas recriminan del sujeto la falta
de prudencia y diligencia en sus actividades cotidianas, lo cierto es que a los
servidores públicos se les exige un mayor nivel de cuidado y esmero, no solo
porque sus acciones u omisiones pueden afectar el deber funcional a su cargo,
sino porque en tal calidad deben ser garantes y ejemplo del cumplimiento de
los deberes contemplados en la Constitución Política y la ley.

Todo lo anterior demuestra que la conducta irregular imputada al accionante
tuvo ocurrencia, lo que constituyó incumplimiento del deber funcional y que
corresponde a la descripción típica de carácter grave y culposa, como se
concluyó en el trámite disciplinario, lo que desvirtúa, igualmente, el reparo en
cuanto a que las pruebas no denotan «[…] conciencia que la contratación
adelantada por la E.S.E. comportaba una irregularidad y una falta
disciplinaria […]», pues en este se determinó que la conducta censurada
acaeció por la inobservancia del cuidado necesario que el servidor público
debió imprimir a sus actuaciones16.

Por otra parte, el demandante arguye que el comportamiento por el que fue
sancionado no amerita el título de culpa grave, por cuanto aunque «[…] en
efecto […] suscribió los contratos [y] realizó un hecho que es típico […]», no
se analizó «[…] la responsabilidad subjetiva […], pues […] en materia
disciplinaria no basta solo con que el disciplinado adecue su actuar a una
conducta típica, de las consagradas en la Ley 734 del 2002, sino que además

14
Folio 663.
15
Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
16
Parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2012: «[…] La culpa será grave cuando se incurra en falta
disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus
actuaciones».
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se requiere que ese actuar sea realizado violando los principios de ilicitud
sustancial y culpabilidad» (f. 818).

Es inadmisible lo insinuado aquí por el accionante. Recuerda la Sala que lo
que el régimen sancionatorio administrativo castiga de los servidores estatales
es la conducta violatoria del deber funcional a su cargo sin justificación, no el
resultado.

Al respecto, ha sostenido la Corte Constitucional que «[C]on el régimen
disciplinario se pretende garantizar “la obediencia, la disciplina y el
comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos,
con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su
cargo”; propósito que está en armonía con lo preceptuado en el artículo 209
de la C.P. [Constitución Política], porque como se expresó antes, sin un
sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos,
resultaría imposible al Estado garantizar que la Administración Pública
cumpliese los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad” a que hace referencia la norma
constitucional17» (sentencia C-721 de 2015).

Lo anterior subyace en la teleología del artículo 5° («ILICITUD
SUSTANCIAL») de la Ley 734 de 2002, que preceptúa que «La falta será
antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna», asunto
en torno al cual también ha expresado la jurisprudencia constitucional que lo
que genera el reproche de la Administración al agente estatal no es
propiamente la voluntad de lesionar los intereses protegidos de la función
pública, sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto o
defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan18.

Por ende, a pesar de que las omisiones endilgadas eventualmente no hubieran
sido permitidas con intención, ello no es óbice para descartar la ilicitud de
aquellas, pues los deberes y prohibiciones exigibles al regente de la ESE
Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia, como de todos los servidores
públicos, se encuentran ligados a los principios que gobiernan el ejercicio de
la función pública19, razón por la cual, para que la conducta trascienda al
17
Sentencias de la Corte Constitucional C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-811 de 2003 M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
18
Sentencia C-181 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra
19
Artículo 22 del CDU: «GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El sujeto disciplinable, para
salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad,
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campo de la responsabilidad disciplinaria, debe no solo desconocer
formalmente el contenido mismo del deber, sino también su finalidad.

En similares términos coligió la procuraduría primera delegada para la
contratación estatal, que en la decisión sancionatoria de segunda instancia
anotó:

[…] el investigado tenía un deber funcional de celebrar los contratos
como titular de la entidad que representaba, lo cual debía hacer
observando lo dispuesto en los estatutos y la ley en todo momento, lo
cual no hizo. Ello permite concluir entonces que con su
comportamiento si afectó del deber funcional, dado que, al celebrar los
contratos […] con una persona jurídica que no cumplía con uno de los
requisitos exigidos en el manual y en la ley, pudo generar la nulidad de
dichos actos de voluntades [sic para toda la cita].

Los razonamientos expuestos revelan, entonces, que las decisiones acusadas
colmaron los presupuestos de validez, dada su conformidad con el
ordenamiento jurídico superior al que estaban sometidos para su expedición;
fueron adecuados a los fines de la norma que los autoriza, y proporcional a los
hechos que les sirvieron de causa, que descartan la existencia del vicio de falsa
motivación, alegado por el demandante.

De modo que, la aludida emisión irregular de los actos demandados no existe
en lo sustancial o material, ni en lo formal, en virtud de que se sujetaron al
ordenamiento jurídico en cuanto a los motivos, los fundamentos, el
procedimiento y la competencia de la autoridad disciplinaria que los emitió.

En lo concerniente a los derechos del actor, constata la subsección que durante
el curso de la actuación administrativa se le respetaron todas las garantías
procesales y sustanciales para ejercer las prerrogativas de contradicción y
defensa, así, durante el curso de la investigación disciplinaria fue escuchado,
tuvo la oportunidad de solicitar y aportar pruebas, presentar descargos,
nulidades y alegaciones finales e interponer recursos, etc., por mencionar
algunas; es decir, que no se afectó su participación en el procedimiento, ni las
garantías sustanciales y procesales iusfundamentales.

imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el
desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las
prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos
de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes».
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Así las cosas y bajo una sana hermenéutica jurídica, se arriba a la convicción
de que los actos administrativos censurados fueron expedidos con apego al
orden jurídico vigente, por lo tanto, se confirmará el fallo apelado, que negó
las súplicas de la demanda.

Por último, dado que el accionante en el recurso de apelación solicita se
revoque en su integridad el fallo de primera instancia, incluida la condena en
costas, la Sala estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no
estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino
que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención
preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena. En este
sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1º de diciembre de
201620, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por

20
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial
o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión,
la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del
proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas
(artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta subsección considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, análisis que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal
proceder del demandante, se revocará la condena en costas.

Sin más consideraciones y a partir de una sana hermenéutica jurídica, la Sala
arriba a la convicción de que los actos administrativos demandados conservan
su validez y eficacia al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad
que los ampara, por lo tanto, se confirmará parcialmente la sentencia apelada,
en cuanto negó las súplicas de la demanda; y se revocará la condena en costas,
que incluye las agencias en derecho, impuesta a la parte actora.

Por otro lado, en atención a que quien se halla legalmente habilitado para ello
confirió poder en nombre de la Nación – Procuraduría General de la Nación,
se reconocerá personería al profesional del derecho destinatario de aquel21.

21
Obrante en el índice 13 del expediente digital contenido en la herramienta electrónica SAMAI.
27

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 23 de agosto de 2018 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala cuarta de oralidad), en
cuanto negó las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por el
señor Jarlín Darío David Urrego contra la Nación – Procuraduría General de la
Nación y el departamento de Antioquia, por las razones expuestas en la parte
motiva.

2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho,
impuesta a la parte accionante.

3º. Reconócese personería al abogado Rafael Eduardo Bernal Vilaró, con
cédula de ciudadanía 80.086.070 y tarjeta profesional 134.997 del Consejo
Superior de la Judicatura, para representar a la Nación – Procuraduría General
de la Nación, en los términos del poder otorgado.

4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

28

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