Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01389-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01389-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-01389-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01389-01 (1267-2025)
Demandante: Martha Rocío Urrego
Demandada: Nacion-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Tema: Pensión de sobrevivientes por causa de muerte de un agente de
la Policía Nacional
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la
demandante contra la sentencia del 28 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Martha Rocío Urrego presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) la Resolución 8420
del 10 de agosto de 1994, mediante la cual la Policía Nacional le reconoció a Angie
Paola Alvear Urrego3 las cesantías definitivas y la indemnización por muerte de
Mauro Alvear Arcos; ii) el Oficio S-2026-226166/ARPRE-GROIN-1.10 del 18 de
agosto de 2016, por medio del cual el jefe del Grupo de Orientación e Información
1 El 3 de mayo de 2017. Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo
«3ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua 2», documento 001 Demanda, página 9.
2 En adelante CPACA.
3 «Declarada hija extramatrimonial del causante según sentencia proferida por el Juzgado Primero
Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Popayán de fecha 17 de enero de 1994, representada
por Martha Rocío Urrego» (sic).
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de la Secretaría General de la Policía Nacional le negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes; y iii) el acto ficto generado por la falta de resolución del
recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes causada por la muerte de Mauro Alvear Arcos, así como las
mesadas de junio y diciembre de cada anualidad; ii) el pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o los previstos en el
CPACA» y iii) la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. En la demanda se expuso los siguientes hechos:
3.1. Mauro Alvear Arcos y Martha Rocío Urrego formaron una unión marital de hecho
y de ella nació Angie Paola Alvear Urrego el 4 de junio de 1989.
3.2. El causante se desempeñó como agente de la Policía Nacional desde el 21 de
abril de 1985 hasta el 8 de julio de 1990, día de su fallecimiento. En total cumplió
con 5 años, 3 meses y 14 días de servicio.
3.3. Martha Rocío Urrego solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
La anterior petición fue resuelta «mediante la resolución 08420 DE 10 AGOSTO DE
1994, negando la pensión de sobrevivientes y concediendo la indemnización por muerte a
favor de la menor de edad, en dicho acto administrativo no se le inform[ó] (…) que p[odía]
interponer los recursos de ley» (sic).
3.4. El 30 de junio de 2016, solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
el cual fue negado mediante el Oficio S-2026-226166/ARPRE-GROIN-1.10 del 18
de agosto de 2016 suscrito por el jefe del Grupo de Orientación e Información de la
Secretaría General de la Policía Nacional. Pese a que en dicho acto no se indicaron
los recursos procedentes, «la parte actora interpuso el recurso de apelación al oficio de
2016 y a la fecha de presentación del medio de control la entidad demandada
configurándose el acto ficto o presunto» (sic).
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 2, 5, 13, 43, 44, 48, 53 y 58 de la
Constitución Política; 6, 26 y 27 del Decreto 758 de 1990; y 141 y 288 de la Ley 100
de 1993.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos4:
4 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «3ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua 2»,
documento 001 Demanda, páginas 9 a 26.
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5.1. La entidad desconoció las normas antes mencionadas al omitir la aplicación del
principio de favorabilidad en materia pensional al caso concreto. Aunque al
momento del fallecimiento del causante (8 de julio de 1990) se encontraba vigente
el régimen especial de la Policía Nacional previsto en el Decreto 1213 de 1990, este
imponía unos requisitos más gravosos para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes que los determinados en el régimen general. Por tal razón, se debió
inaplicar el régimen especial y dar prevalencia a las disposiciones del Decreto 758
de 1990 al ser más favorable.
5.2. La aplicación del régimen especial vulneró los derechos a la igualdad, seguridad
social y protección constitucional de la familia pues, estableció condiciones que
hacían más difícil el acceso a la prestación pensional. De conformidad con el artículo
4 constitucional, deben prevalecer las normas constitucionales y, en virtud del
principio de favorabilidad, era deber de la administración remitirse y hacer
prevalecer la regulación más beneficiosa.
5.3. De acuerdo con el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia del
Consejo de Estado5 y de la Corte Constitucional6, cuando el régimen especial es
menos favorable que el régimen general en materia pensional procede inaplicar el
primero y reconocer la prestación con fundamento en las normas generales.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Ministerio de Defensa, Policía Nacional, se opuso a las pretensiones de la
demanda con sustento en lo siguiente 7:
6.1. Al momento del fallecimiento de Mauro Alvear Arcos se encontraba vigente el
Decreto 1213 de 1990, régimen especial aplicable a los miembros de la Policía
Nacional, el cual era el que debía regir el reconocimiento de las prestaciones
derivadas de su muerte, por lo que no era procedente acudir al régimen general
contenido en la Ley 100 de 1993. En todo caso, esta ley no era aplicable, porque
entró en vigencia con posterioridad al fallecimiento del causante, ocurrido en el año
1990, pues su aplicación implicaba desconocer el principio de irretroactividad de la
ley.
6.2. El principio de favorabilidad opera cuando concurren 2 normas vigentes que
regulan igual situación jurídica, lo cual no se cumplió en el caso concreto. El régimen
especial de la Fuerza Pública no podía compararse de forma aislada con el régimen
5 Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 23 de septiembre de 2010, radicado: 66001-23-
31-000-2004-00938-01 (2521-07); del 26 de abril de 2012, número interno (2729-08); del 5 de julio
de 2012, radicado: 76001-23-31-000-2008-00151-01 (2006-09).
6 T-547 de 2012.
7 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «3ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua 2»,
documento 006 ContestaciónDeLaDemanda.
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general, pues debía analizarse de manera integral y con atención al conjunto de
prestaciones que lo integran y que compensan las diferencias en determinados
beneficios.
6.3. Además, la demandante no acreditó su calidad de compañera permanente del
causante.
6.4. Propuso las siguientes excepciones: i) presunción de legalidad; ii) cobro de lo no
debido; e iii) inexistencia de vicios de nulidad.
1.3. La sentencia apelada
7. En sentencia del 28 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Para tal efecto,
señaló8:
7.1. Sibien la jurisprudencia ha reconocido la aplicación retrospectiva de la
Constitución Política de 1991, ello ha ocurrido respecto de la exclusión de
compañeros permanentes de quienes fallecieron en vigencia de la Constitución de
1886, y cuyo reconocimiento se solicitaba en vigencia de la nueva carta, con lo cual
se incluyó a quienes acreditaran tal calidad dentro del mismo ámbito de protección
otorgado a los cónyuges supérstites.
7.2. No obstante, la norma aplicable a la fecha del fallecimiento del causante era el
Decreto 1213 de 1990, por ser la vigente al momento de la causación del derecho,
y la garantía del derecho a la igualdad de las distintas formas de conformar familia
no implicaba desconocer ese régimen jurídico que era el aplicable al momento del
fallecimiento del causante.
7.3. El principio de favorabilidad no autorizaba la aplicación del Decreto 758 de 1990,
pues este estaba dirigido a los afiliados y cotizantes del Instituto de Seguros
Sociales (ISS) y no era procedente extender sus efectos a los miembros de la Policía
Nacional a quienes los regula un régimen especial.
7.4. De la valoración de las pruebas documentales y testimoniales no se demostró la
existencia de una convivencia efectiva de la demandante con el causante. Toda vez
que las declaraciones de los testigos fueron «vagas, generales y contradictorias entre
ellas, sin que hagan referencia a las circunstancias cómo se dio la convivencia, si bien
refieren a que la pareja tuvo una hija, lo anterior no otorga convicción de la existencia de tal
unión ni de que ésta se hubiera prolongado hasta el día de la muerte del causante, ni de
que se caracterizara por la manifestación inequívoca de afecto y solidaridad, además,
tampoco se arrojaron mayores detalles sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
los que se llevó a cabo la convivencia» (sic).
8 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 34.
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1.4. El recurso de apelación
8. Martha Rocío Urrego presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y lo sustentó así9:
8.1. El fallo recurrido omitió aplicar los criterios fijados por la Corte Constitucional
especialmente el contenido en las sentencias SU-317 de 2021, T-522 de 2020, T-
370 de 2016, T-547 de 2016 y T-028 de 2017, en las cuales se reconoce que «los
requisitos para acceder a los beneficios del Sistema General de Pensiones se acreditan
ante el sistema y no ante las entidades que lo conforman, como tampoco exige la
exclusividad en los aportes» , por lo que era procedente la aplicación de la norma más
favorable y la acumulación de tiempos de servicios, sin que fuese exigible que esa
afiliación correspondiera exclusivamente al del ISS o que el afiliado hubiese
pertenecido a un régimen pensional.
8.2. Se debieron observar los principios de favorabilidad y pro homine para privilegiar
la interpretación que brindara una mayor protección del derecho a la seguridad
social y, en ese sentido, se debió dar aplicación al Decreto 758 de 1990 por ser la
norma vigente para la fecha del fallecimiento del causante y la más favorable para
el reconocimiento de la pensión reclamada, tal y como lo ha reconocido el Consejo
de Estado en otras oportunidades10.
8.3. Las
declaraciones sí lograron acreditar con «claridad» la condición de
compañera permanente de la demandante respecto del causante.
1.5. Trámite en segunda instancia
9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.
1.6. Ministerio Público
10. El procurador delegado solicitó que se confirmara la sentencia recurrida, pero
por razones distintas12. El problema jurídico no debió centrarse inicialmente en
establecer si la demandante había acreditado la calidad de compañera permanente
del causante sino en determinar si este cumplía con los requisitos para causar una
pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios. Con fundamento en ello,
9 Samai de Tribunales y Juzgados índice 37.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de mayo de 2019, radicado:
Radicación número: 25000-23-42-000-2013 02235-01(2602-16) CE-SUJ-016-19 C.P.: William
Hernández Gómez.
11 Tal y como se indicó en el auto del 22 de julio de 2025. Samai, índice 5.
12 Samai, índice 11.
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Mauro Alvear Arcos, en su condición de agente de la Policía Nacional, estaba
amparado por el régimen especial previsto en el Decreto 1213 de 1990, cuyo
artículo 121 exigía el cumplimiento de 15 años de servicio para que sus beneficiarios
se hicieran acreedores de la prestación. Tal régimen prevalecía sobre el general, en
atención a los artículos 217 y 218 de la Constitución Política y 279 de la Ley 100 de
1993, que excluyen a los miembros de la Fuerza Pública del Sistema General de
Pensiones.
10.1. En todo caso, el principio de favorabilidad no permitía aplicar el Decreto 758 de
1990, porque este regulaba a «los trabajadores afiliados al ISS y, excepcionalmente, los
trabajadores del sector privado que efectúen cotizaciones al ISS o excepcionalmente los
empleados públicos que estuvieren afiliados al riesgo de pensión de esa entidad y, por
ende, efectúen cotizaciones al ISS, o a éste y otras entidades de previsión social» (sic),
supuesto con el que no se encontraba el causante.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Los problemas jurídicos
12. De conformidad con el recurso de apelación, se debe resolver los siguientes
interrogantes: ¿si con ocasión del fallecimiento del agente de policía Mauro Alvear
Arcos, se cumplieron con los requisitos para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes previsto en el Decreto 758 de 1990, en aplicación del principio de
favorabilidad? en caso de que la respuesta anterior sea afirmativa ¿si Martha Rocío
Urrego acreditó su calidad de compañera permanente del causante para acceder al
reconocimiento pensional como beneficiaria?
13. Con el fin de resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
de la pensión de sobrevivientes de acuerdo con el régimen especial de la Policía
Nacional y según el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual
año; segundo, se expondrán los hechos probados; y tercero, se resolverá el caso
concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
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2.3.1. Pensión de sobrevivientes en los miembros de la Fuerza Pública
14. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de
vida de aquellos13.
15. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de un
pensionado cuando ocurre su deceso o del afiliado que cumple con los requisitos
legalmente exigibles para ello, pero fallece; mientras que la pensión de
sobreviviente es aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado no
pensionado que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la
prestación14.
16. Atendiendo a las circunstancias temporales del caso, se tiene que el Decreto
1213 de 199015 reguló la carrera profesional de los agentes de la Policía Nacional y
sus prestaciones sociales fuese en actividad, por retiro, por incapacidad sicofísica,
por muerte en actividad, por muerte en retiro, por separación y para el caso de los
desaparecidos y prisioneros. Respecto de las prestaciones causadas por muerte en
actividad, el Capítulo IV del Título V, entre otras, determinó:
«ARTÍCULO 121. MUERTE SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD. Durante la vigencia del
presente Decreto, a la muerte de un Agente de la Policía Nacional en actividad, sus
beneficiarios en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes
prestaciones:
a. A que por el Tesoro Público se les pague una compensación equivalente a dos (2)
años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el
artículo 100 del presente Estatuto.
b. Al pago de cesantía por el tiempo de servicio del causante.
c. Si el Agente hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio, a que, por el Tesoro
Público, se les pague una pensión mensual la cual será liquidada y cubierta en la misma
forma de la asignación de retiro, de acuerdo con la categoría y tiempo de servicio del
causante.
ARTÍCULO 122. MUERTE EN ACTOS DEL SERVICIO. Durante la vigencia del presente
Estatuto, a la muerte de una Agente de la Policía Nacional en servicio activo, ocurrida
en actos del servicio o por causas inherentes al mismo, sus beneficiarios en el orden
establecido en el presente Decreto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague, por una sola vez, una compensación equivalente
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
14 Sentencia T-564 de 2015.
15 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional.»
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a tres (3) años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas
señaladas en el artículo 100 de este Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que por el Tesoro
Público se les pague una pensión mensual la cual será liquidada y cubierta en la misma
forma de la asignación de retiro, según el tiempo de servicio del causante.
ARTÍCULO 123. MUERTE EN ACTOS ESPECIALES DEL SERVICIO. Durante la
vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Agente de la Policía Nacional en
servicio activo, en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la
acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento o
restablecimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo
Segundo cualquiera que sea el tiempo de servicio, además sus beneficiarios en el orden
establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a
cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando
como base las partidas señaladas en el artículo 100 de este Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el Tesoro
Público le pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma
forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado conferido póstumamente.
d. Si el Agente no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios en el
orden establecido en el presente Estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán
derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al
cincuenta por ciento (50%) de las partidas señaladas en el artículo 100 de este Decreto.
PARAGRAFO. Se entiende por actos meritorios del servicio para todo efecto, aquellos
en que el Agente, se enfrente a grave e inminente peligro en defensa de la vida, honra y
bienes de las personas».
17. Por su parte, el artículo 132 ejustem señaló el orden de beneficiarios de las
prestaciones sociales por causa de muerte de los agentes de la Policía Nacional,
así:
ARTICULO 132.Orden de beneficiarios. Las prestaciones sociales por causa de
muerte de un Agente de la Policía Nacional en servicio activo o en goce de asignación
de retiro o pensión, se pagarán según el siguiente orden preferencial:
a. La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del causante, en
concurrencia estos últimos en las proporciones de ley.
b. Si no hubiere cónyuge sobreviviente la prestación se dividirá por partes iguales entre
los hijos.
c. Si no hubiere hijos, la prestación se dividirá así:
• Cincuenta por ciento (50%) para el cónyuge.
• Cincuenta por ciento (50%) para los padres en partes iguales.
d. Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, las prestaciones se dividirán entre los
padres, así:
• Si el causante es hijo legítimo llevan toda la prestación los padres. - Si el causante es
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hijo adoptivo la totalidad de la prestación corresponde a los padres adoptantes en igual
proporción.
• Si el causante es hijo extramatrimonial la prestación se dividirá en partes iguales entre
los padres.
• Si el causante es hijo extramatrimonial con adopción, la totalidad de la prestación
corresponde a los padres adoptivos en igual proporción.
• Si no concurriere ninguna de las personas indicadas en este artículo, llamadas en el
orden preferencial establecido, la prestación se paga, previa comprobación de que el
extinto era su único sostén, a sus hermanos menores de dieciocho (18) años.
• Los hermanos carnales recibirán doble porción de los que sean simplemente maternos
o paternos
• A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptivos, hermanos y
cónyuge, la prestación corresponderá a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional.»
18. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19,
literal e) de la Constitución Política de 1991, se expidió la Ley 923 de 200416,
mediante la cual se dispuso que el gobierno nacional, con sujeción a las normas,
criterios y objetivos allí contenidos, fijaría el régimen de la asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública. En ese
sentido, la citada ley previó los elementos mínimos para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes y el orden de beneficiarios que sería establecido con los
miembros del grupo familiar y el parentesco con el titular.
19. En desarrollo de esta ley, el gobierno nacional expidió el Decreto 4433 de 2004 17,
por medio del cual se fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la fuerza pública y dispuso el campo de aplicación de esta normativa
en su artículo 1, así:
«Las disposiciones aquí contenidas se aplicarán a los Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la
Policía Nacional, alumnos de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional y a los Soldados de las Fuerzas Militares, en los términos que se
señalan en el presente decreto.»
20. Asimismo, reguló los derechos a las prestaciones económicas periódicas de
quienes prestaran sus servicios a la Nación como miembros de la Fuerza Pública
que comprendía la asignación de retiro, la pensión de invalidez, y su sustitución, así
16 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política».
17
«[P]or medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública».
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como la pensión de sobrevivencia.
21. En ese contexto, tal y como se mencionó anteriormente, la pensión de
sobrevivientes tiene como finalidad amparar la contingencia derivada del
fallecimiento del servidor, con el objeto de garantizar la protección económica de los
miembros de su núcleo familiar. En el caso de los integrantes de la Fuerza Pública,
en particular de la Policía Nacional, esta prestación hace parte de su régimen
prestacional especial, el cual prevé, específicamente, el reconocimiento de
derechos económicos a favor de los beneficiarios de quienes fallezcan en servicio
activo.
2.3.2. Pensión de sobrevivientes del Decreto 758 de 1990
22. Para la Sala no cabe duda de que, en los asuntos relativos al derecho a una
pensión de sobrevivientes o su sustitución, la prestación se genera a partir de la
muerte del causante y, por lo tanto, en principio, la normativa aplicable es la vigente
al momento de la ocurrencia del deceso.
23. En atención al caso particular, se tiene que el presidente de la República expidió
el Decreto 1650 del 18 de julio de 197718, en ejercicio de las facultades
extraordinarias que le confirió la Ley 12 de 1977 para determinar la estructura,
régimen y organización de los Seguros Sociales Obligatorios y de las entidades que
los administran. Esta normativa estableció mecanismos de protección para las
contingencias de enfermedad en general, maternidad, accidentes de trabajo,
enfermedad profesional, invalidez, vejez, muerte y asignaciones familiares.
24. Para el efecto, le confirió al Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios
[creado por el artículo 36 del Decreto 1650 como un organismo del gobierno que
tendría a su cargo la formulación de políticas y la dirección general del régimen de
dichos seguros] la facultad de «[a]probar los reglamentos generales sobre las
condiciones y los términos necesarios para el reconocimiento y la efectividad de las
prestaciones correspondientes a los distintos seguros, previo concepto del Superintendente
de Seguros de Salud».
25. En ejercicio de esta prerrogativa, el aludido órgano expidió el Acuerdo 049 del 1
de febrero de 199019, aprobado por el Decreto 758 de igual año. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1 de esta norma, estarían sujetos al seguro social obligatorio
contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional los
siguientes:
18 «Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y
se dictan otras disposiciones».
19 «por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y
Muerte».
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«1. En forma forzosa u obligatoria:
a) Los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a patronos
particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje;
b) Los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y,
c) Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con
las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas
totalmente por él.
2. En forma facultativa:
a) Los trabajadores independientes;
b) Los sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas y,
c) Los servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio de 1977
se encontraban registradas como patronos ante el ISS.
3. Otros sectores de población respecto de quienes se amplíe la cobertura del
régimen de los seguros sociales obligatorios».
26. Respecto de la pensión de sobrevivientes el artículo 25 del Decreto 758 de
1990 dispuso lo siguiente:
«Artículo 25. Pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común.
Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a
pensión de sobrevivientes en los siguientes casos:
a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y
densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de
invalidez por riesgo común y,
b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el
derecho a la pensión de invalidez o de vejez según el presente Reglamento.
Artículo 26. Causación y percepción de la pensión de sobrevivientes. El
derecho a la pensión de sobrevivientes se causa cuando se reúnen los requisitos
establecidos en el presente Reglamento y se reconoce y paga a partir de la fecha
del fallecimiento del asegurado o del pensionado.
Artículo 27. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por muerte por
riesgo común. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por riesgo
común, los siguientes derechos habientes:
[…]
3. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos, tienen
derecho en forma vitalicia, los padres del asegurado, incluidos los adoptantes, que
dependían económicamente del causante» [se destaca].
27. Así las cosas, tendrían derecho a la pensión de sobrevivientes los beneficiarios
del asegurado que cumplieran con los requisitos para la pensión de invalidez, los
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cuales se encontraban establecidos en el artículo 6 del mencionado decreto, así:
«Artículo 6 Requisitos de la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión
de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes
condiciones:
a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y,
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta
(150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de
invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al
estado de invalidez».
28. En este sentido, se concluye que la pensión de sobrevivientes contenida en el
Decreto 758 de 1990 se causaba para los beneficiarios que dependieran
económicamente del trabajador, siempre que se probara que cotizó 150 semanas
dentro de los 6 años anteriores al fallecimiento o 300 semanas en cualquier época.
29. Las disposiciones previamente citadas constituían el marco normativo aplicable
a la transmisibilidad del derecho pensional en relación con el Acuerdo 049 del 1 de
febrero de 199020, aprobado por el Decreto 758 de 1990.
2.3.3. Procedencia de la aplicación por favorabilidad y retrospectividad del
régimen general de pensiones
30. El artículo 288 de la Ley 100 de 1993 previó el principio de favorabilidad, así:
«Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en Leyes anteriores.
Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público
tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella
contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre
la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley
[…]».
31. El artículo 151 ibidem determinó que «[e]l sistema general de pensiones previsto en
la presente ley, regirá a partir del 1º de abril de 1994», por lo que las situaciones jurídicas
consolidadas a partir de su entrada en vigor son susceptibles de la aplicación del
señalado principio de favorabilidad.
32. Sobre el particular, el Consejo de Estado en la sentencia del 29 de abril de 2010 21
precisó que en materia laboral y en aplicación del artículo 288 de la Ley 100 de
1993, la citada ley podía ser aplicada de forma retrospectiva a ciertas situaciones o
hechos jurídicos que aun cuando han acaecido bajo la vigencia de una ley anterior
no tuvieron la virtud de obtener su consolidación de manera definitiva como derecho
20 «por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y
Muerte».
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, número interno 0548-2009.
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bajo la ley antigua.
22
33. Sin embargo, mediante sentencia del 25 de abril de 2013 se rectificó la posición,
oportunidad en la que se consideró que la ley aplicable sería aquella vigente al
momento en que se estructure el derecho, esto es en el caso de la pensión de
sobreviviente, la fecha en que se produjo la muerte. En efecto, señaló:
«[…] Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus
pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte […] se
consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que lleva
a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez que ello iría
en contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153 de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que se
produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y, solo por
excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el contenido
de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley 100 de 1993,
pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a partir del 1º de abril de
1994.
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho
pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que los
derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron en
vigencia de la normatividad anterior, la que exigía el requisito de tener 15 o más años de
servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su reconocimiento.
Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición
adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 y noviembre 1º de 2012, en las que, en
materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos
antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay
lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de
la pensión de beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no
una posterior […]».
23
34. Así las cosas, tal como lo ha señalado esta Sección , la posibilidad de exigir la
aplicación de la Ley 100 de 1993 en los términos del artículo 288 citado ante el
cotejo con lo expresado en normas anteriores a su vigencia, requiere que el derecho
reclamado con base en la normativa anterior se hubiere consolidado en vigencia de
la Ley 100 de 1993, es decir, que esta última estuviera rigiendo en el caso concreto.
35. En el mismo sentido, indicó que no es factible conceder el derecho reclamado y
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de
abril de 2013, Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 1605-2009.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 30 de marzo de 2017,
Consejero Ponente William Hernández Gómez, radicación: 05-001-23-33-000-2013-00843-01,
demandante: Luis Alfonso de Jesús Hoyos Molina, demandado: Universidad Nacional, número
interno 2245-2014; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 11 de mayo de 2017, Consejero Ponente William Hernández Gómez,
radicación 15-001-23-33-000-2013-00783-01, demandante: Luz Marina Tibavija Torres, demandado:
Departamento de Boyacá y otros, número interno 0870-2015.
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aplicar retrospectivamente el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, porque ello
conllevaría a la vulneración del principio de irretroactividad de la ley.
36. Lo anterior permite concluir la improcedencia de aplicar la Ley 100 de 1993 a
situaciones que se consolidaron antes de la entrada en vigencia de esa norma en
virtud del principio de favorabilidad, pues debe tenerse en cuenta la disposición
normativa vigente en el momento de los hechos que dieron origen a la consolidación
del derecho pensional.
37. Ahora bien, el Consejo de Estado24 de manera reciente, determinó que en
materia de pensión de sobrevivientes es posible aplicar la condición más
beneficiosa como un mecanismo para salvaguardar las expectativas legítimas de
quienes acreditaran el requisito de semanas mínimo de algún régimen derogado,
sin que ello desconociera el criterio según el cual el derecho a esa prestación se
causa al momento del fallecimiento del causante pues fue durante su vigencia
cuando se produjo el deceso y, por tanto, cuando se pudo consolidar el presunto
derecho reclamado, según las particularidades de cada caso.
2.4.Hechos probados
38. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
38.1. Mauro Alvear Arcos ingresó a la Policía Nacional y prestó sus servicios, así25:
Novedad Desde Hasta
Agente alumno 21 de abril de 1985 31 de octubre de 1985
Agente profesional 1° de noviembre de 1985 -
Retiro - 8 de julio de 1990
Alta de tres meses 8 de julio de 1990 8 de octubre de 1990
Total servicios 5 años, 3 meses y 14 días
38.2. El causante falleció el 8 de julio de 199026.
38.3. Mediante la Resolución 08420 del 10 de agosto de 1994, el subdirector general
de la Policía Nacional reconoció las cesantías definitivas y la indemnización por
muerte del agente a Angie Paola Alvear Urrego, «declarada hija extramatrimonial del
causante según sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del
Circuito Judicial de Popayán de fecha 17 de enero de 1994, representada por Martha Rocío
Urrego» (sic), por la suma de $1.843.765.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de
abril de 2024, radicación 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022).
25 De acuerdo con la hoja de servicio 004506 del 3 de octubre de 1990. Samai, índice 2,
EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «3ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua 2», documento 001
Demanda, páginas 64 y 65.
26 Registro civil de defunción. Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo
«3ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua 2», documento 001 Demanda, página 62.
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38.4. A través de escrito del «30 de junio de 2016»27 la demandante solicitó a la Policía
Nacional el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada por el
fallecimiento del agente Mauro Alvear Arcos; para lo cual adjuntó, entre otros
documentos las declaraciones extra-juicio de: i) Simón Bolívar Alvear Arcos28 y
Claudia Eliana Pinta Lasso29 del 14 de marzo de 2012, quienes afirmaron que Mauro
Alvear Arcos convivió con la actora en unión marital de hecho por 4 años de forma
estable, permanente y sin interrupciones y que, de dicha unión, procrearon a Angie
Paola Alvear Urrego, quien a la fecha del fallecimiento de su padre tenía 1 año y 1
mes. Asimismo, manifestaron que la demandante fue la encargada de su crianza y
sus gastos económicos, pues no contaba con quien le ayudara. Además, que para
ese momento no contaba con un trabajo estable; ii) Hilde Rocío Urbano Silva30 y
Rubiela Meneses de Burbano31 del 16 de junio de 2016 quienes aseguraron que les
constaba que convivió «en unión libre» con el causante por aproximadamente 4 años,
de manera continua y estable.
38.5. Por medio del Oficio S-2026-226166/ARPRE-GROIN-1.10 del 18 de agosto de
2016, el jefe del Grupo de Orientación e Información de la Secretaría General de la
Policía Nacional resolvió la anterior petición en los siguientes términos32:
«Revisado el expediente prestacional No 4814 definitive de 1990 adelantado al policial,
se puede evidenciar que el funcionario ingresó a la institución el 21 de abril de 1985 y
fue retirado por defunción el 8 de julio de 1990 acumulando un tiempo total de servicio
de cinco (05) años, tres (03) meses y catorce (14) días, su muerte calificada en Literal
“A” Simple Actividad. Una vez causado el fallecimiento del señor A AG. (F) MAURO
ALVEAR ARCOS, la Policía Nacional publicó edicto convocando a quienes pretendieran
acreditar la calidad de beneficiarios establecidos en el Decreto 1213 de 1990, respecto
de las prestaciones causadas con el deceso del uniformado, presentándose a reclamar
la señora MARTHA ROCIO URREGO, en calidad de esposa del causante y en
representación de la menor ANGIE PAOLA ALVEAR URREGO, hija extramatrimonial
reconocida por el causante.
Colorario de lo anterior, no es procedente reconocer pensión de sobrevivencia en vista
que las circunstancias hecho y derecho presentadas en su deceso se adecuan de
acuerdo al Decreto 1213 de 1990 artículo 121, régimen aplicable para la fecha en que
se encontraba activo en la Policía Nacional, no obstante en materia pensional la Policía
Nacional cuenta con un régimen prestacional especial de carácter constitucional el cual
está sujeto a lo dispuesto por el constituyente en sus artículos 217 v 218 donde
27 Según guía de Servientrega. Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo
«3ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua 2», documento 001 Demanda, página 49.
28 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «3ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua
2», documento 001 Demanda, página 58.
29 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «3ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua
2», documento 001 Demanda, página 59.
30 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «3ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua
2», documento 001 Demanda, páginas 52 y 53.
31 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «3ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua
2», documento 001 Demanda, página 55 y 56.
32 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «3ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua
2», documento 001 Demanda, páginas 46 a 49.
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consagraron que los miembros de las fuerzas militares y de Policía estarán sujetos a un
régimen especial "de carrera. prestacional y disciplinario”. determinado por la ley.
(Subrayado fuera del texto).
Teniendo en cuenta que la norma en ejusdem tiene un campo de aplicación diferente al
conglomerado social, ya que las fuerzas militares y de Policía Nacional tiene unas
condiciones especiales de protección en atención al peligro de su actividad laboral,
mereciendo así un tratamiento particular por causa de la naturaleza de sus servicios.
En ese sentido, es claro que no puede pretenderse aplicar una normatividad general a
un régimen expresamente excepcionado por la Constitución y por la Ley, conforme lo
establece el artículo 48 Constitucional.» (sic).
38.6. El «26 de agosto de 2016»33, la demandante presentó recurso de apelación con
fundamento en que, si bien la Policía Nacional cuenta con un régimen pensional
especial, este no podía ser más gravoso que el general. Por tal razón, en virtud de
los principios de favorabilidad e igualdad, debió aplicarse el régimen general más
favorable, esto es, el contenido en el Decreto 758 de 199034. «[A] la fecha de la
presentación del medio de control la entidad demandada no ha dado respuesta al mismo
configurándose el acto ficto o presunto» (sic)35.
39. En la audiencia de pruebas celebrada el 19 de julio de 2019 se recibió el
testimonio de Simón Bolívar Alvear Arcos y el 20 de febrero de 2020 de Yamile
Amparo Burbano Meneses, Rubiela Meneses y José Enrique Urrego, solicitados por
la parte demandante, de los cuales se extrae lo siguiente:
39.1. Simón Bolívar Alvear Arcos, hermano de Mauro Alvear Arcos, manifestó que
este había laborado en la Policía Nacional durante 4 o 5 años y fallecido en el año
1990, mientras se encontraba de vacaciones en Pasto como consecuencia de una
puñalada. Señaló que aquel convivía con Martha Rocío Urrego, con quien tuvo una
hija, Angie Paola Alvear Urrego, quien tenía 1 año a la fecha de la muerte de su
padre. Asimismo, indicó que después de la muerte de su hermano, la demandante
regresó a Medellín con la menor y asumió su crianza y gastos económicos.
39.2. Yamile Amparo Burbano Meneses y Rubiela Meneses señalaron que habían
conocido a la pareja cuando tomaron en arriendo un apartamento ubicado en la
casa familiar de la familia Meneses, en Popayán, entre 1987 y 1990. Durante ese
periodo la demandante y el causante convivieron de forma permanente, compartían
el hogar, eran conocidos por los familiares y vecinos y conocidos del agente. De esa
unión nació Angie Paola Alvear. Mauro Alvear Arcos trabajaba en la Policía Nacional
y era quien sustentaba económicamente a su familia, mientras que Martha Rocío
Urrego era ama de casa. Mauro Alvear Arcos falleció en Pasto cuando se
33 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «3ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua
2», documento 001 Demanda, página 32.
34 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «3ED_ExpedienteEscaneadoz(.zip) NroActua
2», documento 001 Demanda, páginas 33 a 45.
35 De conformidad con lo expuesto en la demanda, la cual fue presenta el 3 de mayo de 2017.
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encontraba de visita a su familia y que, tras la muerte, la demandante se trasladó a
Medellin.
39.3. José Enrique Urrego, hermano de la demandante, manifestó que Mauro
Alvear Arcos desde que prestó el servicio en la Estación de Policía en el barrio el
Pedregal convivía con su hermana, es decir, por 4 o 5 años. La pareja convivió
inicialmente en la casa de su madre en Medellin, luego en Popayán y posteriormente
en Pasto. De la relación nació Angie Paola Alvear Urrego y que tanto esta como su
hermana dependían económicamente de Mauro Alvear Arcos y nunca se separaron.
No recordaba las fechas precisas en las que inició la relación ni de los traslados
entre las ciudades mencionadas.
2.5. Caso concreto
40. De conformidad con el marco normativo expuesto, las pruebas que obran en el
expediente y los cargos formulados en el recurso de apelación, la Sala analizará el
caso concreto conforme con cada uno de los problemas jurídicos planteados.
41. Para tal efecto, se advierte que el a quo negó las pretensiones de la demanda
con fundamento en que, si bien la jurisprudencia había admitido la aplicación
retrospectiva de la Constitución Política para extender la protección de derechos
pensionales a los compañeros permanentes frente a hechos ocurridos bajo la
Constitución de 1866, ello no desplazaba el régimen jurídico vigente al momento de
la causación del derecho. En consecuencia, al haber ocurrido el fallecimiento del
causante en vigencia del Decreto 1213 de 1990, esta era la norma aplicable, sin
que el principio de favorabilidad permitiera acudir al Decreto 758 de 1990, mediante
el cual se aprobó el Acuerdo 049 de ese año, por tratarse este de un régimen propio
de los afiliados al ISS y no de los miembros de la Policía Nacional.
42. Además, las pruebas aportadas no acreditaban la existencia de unión marital de
hecho ni una convivencia efectiva entre la demandante y el causante, por lo que
esta no había demostrado la calidad de beneficiaria de la prestación.
43. Por su parte, la demandante manifestó que el fallo de primera instancia había
desconocido la jurisprudencia constitucional36 al omitir que las prestaciones del
Sistema General de Pensiones se acreditan frente al sistema y no ante una
administradora en particular. Se vulneraron los principios de favorabilidad y pro
homine, al exigir que la afiliación hubiese sido exclusiva al ISS para la aplicación del
Decreto 758 de 1990 y descartar la posibilidad de aplicar la norma general más
favorable a quien perteneció a un régimen especial, pero más gravoso.
44. Aunado a lo anterior, las pruebas testimoniales sí acreditaban de manera
suficiente su calidad de compañera permanente del causante.
36 SU-317 de 2021, T-522 de 2020, T-370 de 2016, T-547 de 2016 y T-028 de 2017.
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45. De acuerdo con lo acreditado en el proceso Mauro Alvear Arcos ingresó a la
Policía Nacional el 21 de abril de 1985 y prestó sus servicios hasta el 8 de julio de
1990, fecha en la que falleció. Con ocasión de su muerte, mediante la Resolución
08420 del 10 de agosto de 1994, la Policía Nacional reconoció las cesantías
definitivas y la «indemnización por muerte en servicio, pero no por causa y razón del
mismo, [según] concepto emitido por el comandante del Departamento de la Policía Cauca
en el informativo prestacional No. 033/90» (sic).
46. Si bien al expediente no se aportó el informe administrativo, el contenido de la
citada resolución permite inferir que el fallecimiento fue calificado como «muerte
simplemente en actividad». Según lo expuesto, el régimen aplicable era el previsto en
el artículo 121 del Decreto 1213 de 199037, vigente al momento del fallecimiento (8
de julio de 1990), disposición que exigía para el reconocimiento de una pensión
mensual a los beneficiarios del causante en el evento en el que el agente hubiese
cumplido 15 o más años de servicio, de acuerdo con la categoría y tiempo de
servicio de este. No obstante, se demostró que el causante únicamente prestó sus
servicios por 5 años, 3 meses y 14 días, razón por la cual no reunía el tiempo exigido
para causar la prestación en discusión, limitándose el reconocimiento a las
cesantías definitivas y la indemnización por muerte a través de la Resolución 08420
del 10 de agosto de 1994.
47. Por otra parte, aunque en la demanda se afirmó que hubo una petición que
originó la anterior resolución en la que solicitó la pensión de sobrevivientes, tal
documento no obra dentro del proceso. En efecto, no se allegó la petición que dio
lugar a tal acto y, por el contrario, de su contenido se desprende que la demandante
actuó exclusivamente en representación de su hija, para ese entonces menor, Angie
Paola Alvear Urrego, para reclamar las cesantías y la indemnización por muerte.
Asimismo, para esa actuación administrativa no se aportó prueba que acreditara la
condición de la demandante como compañera permanente del causante, motivo por
el cual la menor fue reconocida como única beneficiaria. Solo hasta la solicitud
realizada el «30 de junio de 2016» la actora reclamó expresamente la pensión de
sobrevivientes y allegó las declaraciones extra-proceso con el propósito de
demostrar tal calidad.
48. Por consiguiente, bajo el régimen especial aplicable a los agentes de la Policía
Nacional, vigente para la fecha del fallecimiento del causante, no se acreditaron los
requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
49. Ahora bien, la parte actora argumentó que, en aplicación del principio de
favorabilidad y pro homine, debía darse prevalencia al Decreto 758 de 1990, por ser
la norma más favorable frente al régimen especial al que pertenecía el causante,
cuyas exigencias para acceder a la prestación eran más gravosas.
37 Entró en vigencia el 8 de junio de 1990.
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45. Sobre el particular, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese
año, reglamentó el régimen de invalidez, vejez y muerte administrado por el
entonces ISS. En materia de pensión de sobrevivientes, dispuso que tendrían
derecho a dicha prestación los beneficiarios del asegurado que reuniera las
cotizaciones exigidas para la pensión de invalidez o hubiera causado el derecho a
una pensión de invalidez o de vejez conforme con ese reglamento.
46. Al respecto, resulta importante resaltar que con el fin de acreditar el cumplimiento
del número de semanas exigidas por la norma estudiada, la Corte Suprema de
Justicia38 consideraba que no era posible sumar los períodos no cotizados al ISS,
por cuanto, a su juicio, la norma exigía que esos tiempos fueran cotizados
directamente a tal entidad previsional y la posibilidad de computar períodos
laborados en el sector oficial, la permitían los artículos 13, literal f) y 33 de la Ley
100 de 1993, esto es, dentro del régimen de prima media con prestación definida,
creado por el Sistema General de Pensiones, de manera que no era posible escindir
las normas para aplicar lo más favorable de cada una de ellas39. No obstante, con
posterioridad modificó su postura y permitió sumar semanas cotizadas al seguro
social y los tiempos laborados al servicio de entidades públicas para el
reconocimiento pensional40. Además, consideró que fue el legislador el que permitió
el cómputo de esos tiempos con el fin de no dejar en situación de desprotección a
los afiliados o sus beneficiarios cuando hayan prestado servicios en el sector público
y privado41.
47. Esta postura guarda correspondencia con las consideraciones expuestas por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 201442. Allí precisó que i) para
efectos de acceder al reconocimiento pensional, es posible acumular tiempo
laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no hubiese
efectuado las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social, con las
aportadas al ISS; y ii) es viable acumular tiempos cotizados a entidades públicas o
fondos de previsión para contabilizar las semanas requeridas, en tanto que el
artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, no exige que las cotizaciones se hayan
efectuado de manera exclusiva al ISS.
38 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;
23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
39 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;
23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
40 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 1.º de julio de 2020, radicación
70918 (SL1947-2020), M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez, en el mismo sentido ver, entre otras,
SL1981-2020, SL1947-2020, SL 74937, 26 ago. 2020, SL 55270, 26 ago. 2020 y SL5147-2020, 21
oct. 2020.
41 Entre otras, en la sentencia CSJ SL5147-2020, CSJ SL2222-2022.
42 Corte Constitucional, sentencia SU-769 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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48. En línea con lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación, en
providencias del 7 de noviembre de 201943 y del 23 de abril de 202044 reconoció la
posibilidad de acumular tiempos de servicios públicos con las cotizaciones
efectuadas en el ISS para obtener el beneficio a que alude el Acuerdo 049 de 1990.
Lo anterior, toda vez que debía tenerse en cuenta que dentro de las disposiciones
que beneficiaban a quienes se encontraban cobijados por el régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 1993, estaba la Ley 71 de 1988 que permitía que aquellas
personas que acreditaran 20 años de aportes «sufragados en cualquier tiempo y
acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del
orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto
de los Seguros Sociales» accedieran a un beneficio pensional. Es decir que solo
quienes se encontraran en la situación que dio lugar a la interpretación a la que llegó
la Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 2014, podrían acceder a la
pensión prevista en el Acuerdo 049 de 1990, esto es, aquellos que no completaron
los requisitos para pensionarse con las leyes 71 de 1988 o 100 de 1993 (modificada
por la Ley 797 de 2003).
49. Esta Sección ha considerado que esta acumulación aplica a quienes no cumplen
con los requisitos de pensión bajo las leyes 33 de 1985, 71 de 1988 o 100 de 1993
[modificada por la Ley 797 de 2003], evitando así la pérdida de beneficios del
régimen de transición45.
50. Sin embargo, a tales conclusiones ha llegado la sala en asuntos en los que el
interesado en la prestación efectuó cotizaciones al ISS, las cuales, de acuerdo con
los antecedentes reseñados, pueden ser acumuladas con otras realizadas en otras
cajas o administradoras de pensiones46.
51. Empero, en el sub judice se encuentra acreditado que Mauro Alvear Arcos prestó
sus servicios exclusivamente como agente de la Policía Nacional, sin que exista
prueba de afiliación o cotización al ISS. En esas condiciones, no se configura el
supuesto fáctico al que se refiere la jurisprudencia antes citada, de manera que la
circunstancia de haber acreditado más de 300 semanas de cotización no es
suficiente para reconocer la pensión de sobrevivientes con fundamento en esa
normativa.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, i) sentencia del 7 de noviembre de 2019,
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17); y ii) sentencia
del 7 de noviembre de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 25000-23-42-
000-2015-03699-01(3798-17).
44 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2020, radicado
25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
45 Sentencia del 6 de febrero de 2025, radicado 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024), C.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de julio de 2026, radicado
25000-23-42-000-2020-00258-01 (1296-2025).
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52. Tampoco es posible acudir al principio de la condición más beneficiosa para
desplazar el régimen jurídico objetivamente aplicable, pues dicho principio
constituye un criterio orientado a proteger las expectativas legítimas de los
trabajadores frente a los cambios normativos, pero no autoriza al juez para construir
un régimen híbrido, seleccionar aisladamente disposiciones pertenecientes a
estatutos distintos o inaplicar los requisitos expresamente establecidos por el
legislador. En consecuencia, no resulta jurídicamente viable acudir al Acuerdo 049
de 1990 para reconocer la prestación, razón por la cual la Sala despachará
desfavorablemente este cargo.
53. Precisado lo anterior, de las sentencias SU-317 de 2021, T-522 de 2020, T-028
de 2017, T-370 de 2016 y T-547 de 2016, se advierte que:
54. En la sentencia T-547 de 2016, la Corte Constitucional examinó un caso en el
que el accionante se desempeñó como servidor público en el Inurbe, desde el 16
de septiembre de 1970 hasta el 14 de noviembre de 1983 y en el Ministerio de
Educación entre el 20 de marzo de 1987 y el 29 de agosto de 1989, y aportó para
pensión ante el ISS desde el 9 de mayo de 1994 hasta el 29 de febrero de 2008. En
ese caso, las semanas cotizadas al sector público no fueron tenidas en cuenta para
reconocer y pagar la pensión de vejez, bajo el argumento de que el actor no se
encontraba afiliado al ISS durante el tiempo de prestación de tales servicios. Según
se indicó por la entidad demandada, los requisitos exigidos solo serían aplicables a
aquellas personas que de manera exclusiva hubieran cotizado al ISS. La Corte
señaló que el Decreto 758 de 1990 en ninguno de sus apartes mencionaba la
imposibilidad de realizar tal acumulación y tampoco se desprendía que fuese
requisito cotizar exclusivamente al ISS.
55. Por su parte, la sentencia T-028 de 2017, al estudiar el caso de una persona que
laboró para el Departamento de Cundinamarca entre el 18 de marzo de 1983 y el
14 de julio de 1996, indicó que para efectos de verificar el cumplimiento de los
requisitos para hacerse acreedor a una pensión de vejez bajo el régimen de
transición, «no solo resulta admisible, sino necesario, contabilizar las cotizaciones que se
hicieron por el afiliado con independencia de a qué administradora de pensiones se realizó
el pago correspondiente, motivo por el cual, una interpretación en contrario, termina por
afectar los derechos fundamentales de las personas». En ese asunto, Colpensiones
había negado la pensión con sustento en que el interesado solo contaba con 250
semanas cotizadas ante el ISS durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la
edad mínima. Sin embargo, la Corte Constitucional señaló que, al examinar la
historia laboral del trabajador, este registraba 685 semanas cotizadas durante ese
periodo, comoquiera que había trabajado ininterrumpidamente entre el 18 de marzo
de 1983 y el 14 de julio de 1996 para el citado departamento.
56. A su vez, en la sentencia T-522 de 2020, la Corte Constitucional reiteró que, para
la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, no era exigible que las cotizaciones hubiesen
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sido exclusivas al ISS, pues están podían acumularse con las realizadas a otros
fondos o entidades del sistema pensional. En ese contexto, señaló que «las personas
cubiertas por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, (iii)
tienen el derecho a que Colpensiones, al definir el reconocimiento de la pensión, acumule
el número de semanas cotizadas al ISS con otros tiempos de cotización públicos, a fin de
acreditar el cumplimiento de los requisitos prescritos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de
1990» (sic). Asimismo, reiteró la regla jurisprudencial fijada en la sentencia SU-769
de 2014.
57. De igual forma, la sentencia SU-317 de 2021 concluyó que, en el asunto allí
analizado, las autoridades judiciales habían interpretado de manera errónea el
Acuerdo 049 de 1990, al no aplicar de manera conjunta el artículo 33 de la Ley 100
de 1993. Como consecuencia de ello, habían desconocido que los beneficiarios del
régimen de transición podían acumular las semanas cotizadas al ISS con las
aportados a otros regímenes pensionales para efectos de cumplir con los requisitos
para acceder a la prestación. En este pronunciamiento, la Corte reiteró el
precedente vinculante consolidado en la sentencia SU-769 de 2014 y reafirmó lo
expuesto en las sentencias T-370 de 2016 y T-522 de 2020, precisando que tal regla
también era aplicable a quienes no se encontraban afiliados al ISS antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, siempre que hubiesen estado afiliados
a otro régimen pensional. En tal sentido, recordó la regla según la cual «a efectos del
reconocimiento de la pensión de vejez, es posible acumular los tiempos de servicio
cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas de cotización
efectuadas al ISS, independientemente de si la afiliación a dicho Instituto se dio con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por cuanto se trata de
exigencias no contempladas en el Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990)».
58. En ese orden de ideas, el principio de favorabilidad y el derecho a la seguridad
social, bajo los anteriores precedentes, impiden la adopción de interpretaciones
restrictivas. Es decir, bajo las condiciones fácticas y jurídicas analizadas en los
anteriores precedentes, negar la aplicación del Decreto 758 de 1990 únicamente
porque el interesado no cotizó de forma exclusiva al ISS vulnera tales principios. Sin
embargo, como se expuso con anterioridad, Mauro Alvear Arcos pertenecía a un
régimen especial y no se acreditó que hubiese realizado aportes al ISS.
59. En consecuencia, no era procedente la aplicación del Decreto 758 de 1990, pues,
aquellos asuntos no guardan similitud fáctica ni jurídica con el presente. En efecto,
contrario a lo expuesto por la parte actora, las referidas sentencias no sostienen que
el citado decreto sea aplicable a cualquier persona que no hubiese tenido un vínculo
o cotizado al ISS.
60. Comoquiera que no eran aplicables las normas previstas en el Decreto 758 de
1990 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada, la Sala
prescinde de analizar el problema jurídico planteado relativo a si Martha Rocío
Urrego acreditó su calidad de compañera permanente del causante para acceder al
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reconocimiento pensional como beneficiaria.
61. En tales términos, la Sala confirmará la sentencia del 28 de febrero de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de
la demanda.
2.6. Conclusión
50. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala concluye que no se acreditaron
los requisitos para acceder a la pensión reclamada, luego de analizados los
regímenes solicitados. En primer lugar, porque no se acreditaron los requisitos
exigidos en el Decreto 1213 de 1990, régimen vigente aplicable a los miembros de
la Policía Nacional, para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
que pudiera causarse a favor de la demandante. En segundo lugar, Mauro Alvear
Arcos prestó sus servicios exclusivamente como agente de la Policía Nacional, sin
que exista prueba de afiliación o cotización al ISS. En esas condiciones, no se
configura el supuesto fáctico al que se refiere la jurisprudencia para la aplicación del
Decreto 758 de 1990. Finalmente, las sentencias alegadas por la parte accionante
no guardan similitud fáctica y jurídica con el presente asunto y de ellas no se
desprende que, bajo el principio de favorabilidad, sea procedente la aplicación del
citado decreto a quien nunca efectuó cotizaciones al ISS.
2.7. Costas
51. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
52. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
53. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
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aplicación razonable de la norma47.
54. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
55. En el caso concreto, como no se evidenció que, la parte demandada actuara con
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 28 de febrero de 2025, que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Martha Rocío Urrego, contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
47En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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